Sentencia C-652 de diciembre 3 de 1997 

CORTE CONSTITUCIONAL 

SALA PLENA

VIOLENCIA INTRAFAMILIAR

TÉRMINO PARA SOLICITAR PROTECCIÓN

EXTRACTOS: «Texto de la norma acusada. El tenor literal de la norma es el siguiente, con la aclaración de que se subraya y resalta lo demandado.

“LEY 294 DE 1996

Normas para prevenir, remediar, y sancionar la violencia intrafamiliar.

ART. 9º—La petición de medida de protección podrá ser presentada personalmente por el agredido, por cualquier obra persona que actúe en su nombre, o por el defensor de familia cuando la víctima se hallare en imposibilidad de hacerlo por sí misma.

La petición de una medida de protección podrá formularse por escrito, en forma oral, o por cualquier otro medio idóneo para poner en conocimiento del juez los hechos de violencia intrafamiliar, y deberá presentarse a más tardar dentro de los ocho (8) días hábiles siguientes a su acaecimiento”.

(...).

El propósito del legislador, al expedir la Ley 294 de 1996, fue el de crear un procedimiento breve y sumario que, en forma oportuna y eficaz, otorgue protección a los miembros de la familia y a los intereses jurídicamente tutelados contra posibles comportamientos violentos que alteren el normal desarrollo de las relaciones familiares. Se destaca su carácter eminentemente preventivo, lo cual, evidentemente, exige implementar un mecanismo ágil para que la adopción de medidas por parte de las autoridades competentes brinden la protección requerida, evitando en lo posible que se cause un daño o que el mismo sea mayor; en todo caso, buscando preservar la unidad familiar. Para llegar a esta conclusión, deben citarse también algunos de los principios rectores que según el artículo 3º de la propia ley, deben tenerse en cuenta para su interpretación y aplicación:

“ART. 3º—Para la interpretación y la aplicación de la presente ley se tendrán en cuenta los siguientes principios: (...).

c) La oportuna y eficaz protección especial a aquellas personas que en el contexto de una familia sean o puedan llegar a ser víctimas, en cualquier forma, de daño físico o síquico, amenaza, maltrato, agrario, ofensa, tortura o ultraje, por causa del comportamiento de otro integrante de la unidad familiar; (...).

h) La eficacia, celeridad, sumariedad y oralidad en la aplicación de los procedimientos contemplados en la presente ley”. (Negrillas fuera de texto).

Dentro de este contexto, la Corte encuentra razonable el término máximo de ocho (8) días hábiles que el legislador ha dispuesto en el artículo 9º de la Ley 294 de 1996, para que el agredido, cualquier persona que actúe a su nombre o el defensor del pueblo, soliciten al juez competente la aplicación de la medida de protección inmediata. En efecto, si, como se anotó, lo que persigue la citada ley es solucionar una situación de violencia inminente, es razonable y justificado que la víctima o cualquiera de las personas habilitadas, recurran a la autoridad competente, en los días inmediatamente subsiguientes a la ocurrencia de tales hechos, para que la misma, de conformidad con el procedimiento establecido en la ley, proceda oportunamente a conjurar el daño o precaver su ocurrencia.

Obsérvese entonces que es de la esencia de la “medida de protección inmediata” la exigencia a los particulares de acudir a la autoridad de manera pronta y oportuna —dentro de los ocho días hábiles siguientes a la ocurrencia del hecho—, pues el conocimiento tardío de la conducta violenta conduce necesariamente a la inoperancia de la medida de protección y, en consecuencia, a la imposibilidad jurídica de que el Estado pueda ofrecer mayores recursos y oportunidades para la protección de los derechos fundamentales. Ello en manera alguna implica que el agresor quede impune pues, tal como lo prescribe el artículo 19 de la ley objeto del presente debate, los procedimientos allí consagrados “no sustituyen ni modifican las acciones previstas en la constitución y en la ley para la garantía de los derechos fundamentales, ni para la solución de los conflictos jurídicos intrafamiliares”.

Así las cosas, contrario a lo sostenido por el actor, no considera la Corte que el término dispuesto en la norma acusada frustre el derecho de acceso a la administración de justicia e impida al Estado cumplir con su obligación de proteger a la familia como institución básica de la sociedad. Como se ha venido sosteniendo, el legislador, con fundamento en la cláusula general de competencia y por mandato expreso del artículo 42 constitucional, a través de la Ley 194 de 1996, ha consagrado un mecanismo especial, ágil y eficaz, que persigue proteger a los miembros de la familia y a sus bienes, cuando éstos resulten afectados o amenazados por la conducta violenta de alguno de sus integrantes; mecanismo que, por su naturaleza preventiva y protectora, exige términos relativamente cortos.

Permitir que la solicitud de protección inmediata puede presentarse sin límite de tiempo, como lo pretende el impugnante, fuera de oponerse a los fines de prevención y erradicación de la violencia intrafamiliar perseguidos por el legislador con la expedición de la Ley 294 de 1996, podría dar lugar a actuaciones dilatorias y dolosas de las partes en conflicto, lo que resulta contrario al principio constitucional según el cual “Las actuaciones de los particulares y de las autoridades públicas deberán ceñirse a los postulados de la buena fe” (art. 83 de la C.P.). Adicionalmente, tal interpretación iría en contravía del principio de seguridad jurídica en las actuaciones judiciales y del deber constitucional que tiene todo ciudadano de colaborar con la justicia, y con su prestación recta y eficaz (art. 95-7 de la C.P.).

Finalmente, debe la Corte precisar que en cualquier caso, trátese de violencia física o síquica de amenaza, maltrato, agravio, ofensa, tortura o ultraje, el término a que hace referencia la norma acusada empieza a contarse a partir del último día de la ocurrencia de tales hechos. Esto sin perjuicio de que, entratándose de agresiones permanentes o que se prolongan en el tiempo, como ocurre en el caso de la violencia moral, la víctima pueda acudir a la protección especial ofrecida por esta ley sin necesidad de esperar a que finalice la conducta.

Decisión

En mérito de lo expuesto, la Sala Plena de la Corte Constitucional, oído el concepto del señor Procurador General de la Nación y cumplidos los trámites previstos en el Decreto 2067 de 1991, administrando justicia en nombre del pueblo y por mandato de la constitución,

RESUELVE.

Declarar EXEQUIBLE la expresión “y deberá presentarse a más tardar dentro de los ocho (8) días hábiles siguientes a su acaecimiento”, contenida en el inciso segundo del artículo 9º de la Ley 294 de 1996.

Cópiese, notifíquese, publíquese, comuníquese, insértese en la Gaceta de la Corte Constitucional y archívese el expediente».

(Sentencia C-652 de diciembre 3 de 1997. Magistrado Ponente: Dr. Vladimiro Naranjo Mesa).

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