Sentencia C-653 de agosto 5 de 2003 

CORTE CONSTITUCIONAL

SALA PLENA

Sentencia C-653 de 2003 

Ref.: Expediente D-4435

Magistrado Ponente:

Dr. Jaime Córdoba Triviño

Actor: Édgar Eduardo Manrique Muñoz.

Bogotá, D.C., agosto cinco de dos mil tres.

Demanda de inconstitucionalidad contra los artículos 28 (parcial) de la Ley 21 de 1982 y 3º (parcial) de la Ley 789 de 2002.

EXTRACTOS: «II. Texto de las normas acusadas

A continuación se transcribe el texto de las normas objeto del proceso y se resalta lo acusado:

“LEY NÚMERO 21 DE 1982 (1)

(1) Diario Oficial del 5 de febrero de 1982.

(Enero 22)

“Por la cual se modifica el régimen del subsidio familiar y se dictan otras disposiciones”.

El Congreso de Colombia,

DECRETA:

CAPÍTULO IV

De las personas a cargo

(...).

ART. 28.—Los hijos legítimos, los naturales, los adoptivos, los hijastros y los hermanos huérfanos de padre se consideran personas a cargo hasta la edad de dieciocho (18) años.

Sin embargo, a partir de los doce (12) años se deberá acreditar la escolaridad en establecimiento docente oficialmente aprobado con un mínimo de cuatro (4) horas diarias o de ochenta (80) mensuales.

Cuando la persona a cargo sobrepase la edad de dieciocho (18) años y empiece o esté haciendo estudios post-secundarios, intermedios o técnicos dará lugar a que por él se pague el subsidio familiar, hasta la edad de 23 años cumplidos, acreditando la respectiva calidad de estudiante post-secundario, intermedio o técnico”.

“LEY NÚMERO 789 DE 2002 (2)

(2) Diario Oficial del 27 de diciembre de 2002.

(Diciembre 27)

Por la cual se dictan normas para apoyar el empleo y ampliar la protección social y se modifican algunos artículos del Código Sustantivo de Trabajo.

El Congreso de Colombia,

DECRETA:

ART. 3º—Régimen del subsidio familiar en dinero. Tienen derecho al subsidio familiar en dinero los trabajadores cuya remuneración mensual, fija o variable no sobrepase los cuatro (4) salarios mínimos legales mensuales vigentes, smlmv, siempre y cuando laboren al menos 96 horas al mes; y que sumados sus ingresos con los de su cónyuge o compañero (a), no sobrepasen seis (6) salarios mínimos legales mensuales vigentes, smlmv.

Cuando el trabajador preste sus servicios a más de un empleador, se tendrá en cuenta para efectos del cómputo anterior el tiempo laborado para todos ellos y lo pagará la caja de compensación familiar a la que está afiliado el empleador de quien el trabajador reciba mayor remuneración mensual. Si las remuneraciones fueren iguales, el trabajador tendrá la opción de escoger la caja de compensación. En todo caso el trabajador no podrá recibir doble subsidio.

El trabajador beneficiario tendrá derecho a recibir el subsidio familiar en dinero durante el período de vacaciones anuales y en los días de descanso o permiso remunerado de ley, convencionales o contractuales; períodos de incapacidad por motivo de enfermedad no profesional, maternidad, accidentes de trabajo y enfermedad profesional.

PAR. 1º—Darán derecho al subsidio familiar en dinero las personas a cargo de los trabajadores beneficiarios que a continuación se enumeran:

1. Los hijos que no sobrepasen la edad de 18 años, legítimos, naturales, adoptivos y los hijastros. Después de los 12 años se deberá acreditar la escolaridad en establecimiento docente debidamente aprobado.

2. Los hermanos que no sobrepasen la edad de 18 años, huérfanos de padres, que convivan y dependan económicamente del trabajador y que cumplan con el certificado de escolaridad del numeral 1º.

3. Los padres del trabajador beneficiario mayores de 60 años, siempre y cuando ninguno de los dos reciba salario, renta o pensión alguna. No podrán cobrar simultáneamente este subsidio más de uno de los hijos trabajadores y que dependan económicamente del trabajador.

4. Los padres, los hermanos huérfanos de padres y los hijos, que sean inválidos o de capacidad física disminuida que les impida trabajar, causarán doble cuota de subsidio familiar, sin limitación en razón de su edad. El trabajador beneficiario deberá demostrar que las personas se encuentran a su cargo y conviven con él.

5. En caso de muerte de una persona, a cargo por la cual el trabajador estuviere recibiendo subsidio familiar, se pagará un subsidio extraordinario por el mes en que éste ocurra, equivalente a 12 mensualidades del subsidio en dinero que viniere recibiendo por el fallecido.

6. En caso de muerte de un trabajador beneficiario, la caja de compensación familiar continuará pagando durante 12 meses el monto del subsidio por personas a cargo, a la persona que acredite haberse responsabilizado de la guarda, sostenimiento o cuidado de ellos. El empleador dará aviso inmediato de la muerte de un trabajador afiliado a la caja de compensación.

7. Podrán cobrar simultáneamente el subsidio familiar por los mismos hijos el padre y la madre, cuyas remuneraciones sumadas no excedan de cuatro (4) salarios mínimos legales mensuales vigentes, smlmv.

PAR. 2º—Tendrán derecho a subsidio familiar en especie y servicios para todos los demás servicios sociales los trabajadores cuya remuneración mensual fija o variable, no sobrepase los cuatro (4) salarios mínimos legales mensuales vigentes, smlmv, y tendrán derecho a estos subsidios las personas a cargo enunciadas en el parágrafo 1º del presente artículo, incluyendo el (la) cónyuge y el trabajador.

En el caso del parágrafo 1º, los consejos directivos de las cajas de compensación familiar fijarán las tarifas y montos subsidiadas que deberán ser inversamente proporcional al salario devengado”.

(...).

VI. Consideraciones de la Corte Constitucional y fundamentos de la decisión

1.Competencia.

De conformidad con lo dispuesto en el artículo 241 numeral 4º de la Constitución Política, la Corte es competente para conocer de la presente demanda por estar contenida la norma parcialmente demandada en una ley de la República.

2.Cuestión previa. Inhibición por la derogación de una de las normas objeto de control e ineptitud sustancial de la demanda respecto de algunos reproches de inconstitucionalidad.

Conforme lo han advertido algunos de los intervinientes y el señor Procurador General de la Nación, el artículo 28 de la Ley 21 de 1982 que contenía parte de la normatividad sobre las personas a cargo del trabajador que daban derecho al subsidio familiar, fue derogado por el artículo 3º de la Ley 789 de 2002 al haber establecido una regulación integral de la materia, y prescrito en su artículo 52 que derogaba “las disposiciones que le sean contrarias”.

Desde esta perspectiva es un principio general del derecho, que una regulación de la misma materia por una ley posterior implica la derogación de la norma precedente, el cual está positivizado en el artículo 3º de la Ley 153 de 1887.

La Corte Constitucional ha reiterado que en función de la guarda de la integridad y supremacía de la Constitución, ella debe conocer de disposiciones que hayan sido acusadas y se encuentren derogadas únicamente cuando tales normas continúen produciendo efectos jurídicos (7) . En cambio, si el precepto demandado excluido del ordenamiento jurídico no sigue surtiendo efectos jurídicos o nunca los produjo, el pronunciamiento de constitucionalidad resulta inocuo, por carencia de objeto (8) .

(7) Entre otras pueden estudiarse las sentencias C-541 de 1993, M.P. Hernando Herrera Vergara, C-104 de 1994, M.P. Alejandro Martínez Caballero.

(8) Sobre este particular puede estudiarse la Sentencia C-332 de 1995, M.P. Alejandro Martínez Caballero.

En el presente caso, la Sala encuentra que la norma en cuestión no está produciendo efectos, por cuanto a partir de la entrada en vigencia de la Ley 789 de 2002 el régimen del subsidio familiar en dinero es el que allí se establece, sin que se presenten circunstancias que permitan advertir lo contrario.

Por esta razón, esta corporación habrá de declararse inhibida para pronunciarse sobre el artículo 28 de la Ley 21 de 1982, decisión ésta que restringe el juicio de constitucionalidad a las expresiones acusadas de los numerales 1º y 2º del parágrafo 1º del artículo 3º de la Ley 789 de 2002.

Así mismo, a pesar de que en aplicación del principio pro actione (9) la demanda de inconstitucionalidad fue admitida, con ocasión de la adopción de la decisión constitucional, encuentra la Sala que las acusaciones fundadas en la supuesta vulneración del preámbulo y los artículos 1º, 2º, 5º, 16, 26, 27, 41, 42, 45, 60, 64, 68 a 71, 95, y 366 de la Constitución Política, por cuenta de la disposición legal objeto de control presentan una formulación apenas aparente, lo cual impide la realización del diálogo (10) entre el ciudadano, las autoridades estatales comprometidas en la expedición o aplicación de la norma objeto de reproche y el juez competente para juzgarla a la luz del ordenamiento superior, propio de los procesos de constitucionalidad.

(9) Cfr. Corte Constitucional. Sentencias C-898 de 2001, M.P. Manuel José Cepeda Espinosa, C-520 de 2002, M.P. Álvaro Tafur Galvis y C-406 de 2003, M.P. Manuel José Cepeda Espinosa, entre otras.

(10) Cfr. Corte Constitucional Sentencia C-1052 de 2001, M.P. Manuel José Cepeda Espinosa.

Sobre este particular en la Sentencia C-1052 de 2001 (11) la Corte explicó que:

(11) M.P. Manuel José Cepeda Espinosa.

La efectividad del derecho político depende, como lo ha dicho esta corporación, de que las razones presentadas por el actor sean claras, ciertas, específicas, pertinentes y suficientes. De lo contrario, la Corte terminará inhibiéndose, circunstancia que frustra “la expectativa legítima de los demandantes de recibir un pronunciamiento de fondo por parte de la Corte Constitucional”.

Por lo anterior, ante la ineptitud sustantiva parcial de la demanda no se confrontará el aparte acusado del artículo 3º de la Ley 789 de 2002 con las disposiciones constitucionales citadas, profiriéndose en su lugar decisión inhibitoria.

3.Planteamiento del problema jurídico.

La demanda de inconstitucionalidad instaurada contra las expresiones “Después de los 12 años se deberá acreditar la escolaridad en establecimiento docente debidamente aprobado” y, “y que cumplan con el certificado de escolaridad del numeral 1º contenidas en los numerales 1º y 2º, respectivamente del parágrafo 1º del artículo 3º de la Ley 789 de 2002, se refiere a la presunta violación de los artículos 13, 44 y 67 de la Constitución al inferirse por el actor y algunos intervinientes que dichos enunciados prodigan injustificadamente un trato diferenciado a los niños que por escasos recursos económicos o a causa de afecciones físicas o mentales no pueden acceder al sistema educativo, por lo que sus padres no pueden cumplir con el requisito legal impuesto en los apartes normativos demandados y como consecuencia de ello no son beneficiarios del subsidio familiar.

Para el señor Procurador General de la Nación, la Superintendencia de Subsidio Familiar y Ministerio de Educación las expresiones acusadas resultan acordes a la Carta Política por cuanto garantizan que los menores de edad se encuentren estudiando y no sean expuestos o utilizados por sus padres en actividades de tipo laboral, siendo de esa manera una fuente adicional de ingresos para el grupo familiar, en detrimento de su derecho a la formación académica.

En estas condiciones corresponde a la Corte Constitucional, establecer si el requisito que imponen las expresiones demandadas consistente en acreditar la escolaridad de los hijos del trabajador beneficiario del subsidio familiar mayores de 12 años y menores de 18, así como de los hermanos de la misma edad, huérfano de padres que convivan y dependan económicamente del trabajador, resulta razonable a la luz del ordenamiento constitucional o si por el contrario con su aplicación se desconocen los derechos de los niños, a la educación y a la igualdad.

4.Subsidio Familiar y libertad de configuración del legislador.

El legislador definió el subsidio familiar como una prestación social pagadera en dinero, especie y servicios a los trabajadores de medianos y menores ingresos, en proporción al número de personas a cargo, y su objetivo fundamental consiste en el alivio de las cargas económicas que representa el sostenimiento de la familia como núcleo básico de la sociedad (12) .

(12) Esta definición está contenida en el artículo 1º de la Ley 21 de 1982.

La Corte Constitucional, a su vez, ha analizado en múltiples oportunidades dicha prestación, señalando entre otros aspectos (13) , su naturaleza jurídica, desarrollo histórico y doctrinal, sus características más relevantes y los criterios de fundamentalidad que lo hacen exigible excepcionalmente a través de la acción de tutela (14) .

(13) Corte Constitucional. Sentencias C-508 de 1997, M.P. Vladimiro Naranjo Mesa, C-559 de 2001 M.P. Álvaro(sic) Araújo Rentería y C-1173 de 2001, M.P. Clara Inés Vargas Hernández.

(14) Sobre este tema la Corte ha señalado que el derecho a recibir el subsidio familiar, que ha sido reconocido como una derivación prestacional del derecho a la seguridad social, puede ser reclamado por vía de tutela cuando el afectado es un menor de edad, pues la Constitución lo eleva en estos casos a la categoría de derecho fundamental. Cfr. Sentencias T-223 de 1998, M.P. Vladimiro Naranjo Mesa y T-753 de 1999, M.P. Alejandro Martínez Caballero.

Esta corporación también ha señalado que el subsidio familiar ostenta una triple condición, por cuanto es: i) una prestación legal de carácter laboral, ii) un mecanismo de redistribución del ingreso y iii) una función pública desde la óptica de prestación del servicio (15) .

(15) Corte Constitucional. Sentencia C-1173 de 2001, M.P. Clara Inés Vargas Hernández.

En la Sentencia C-508 de 1997 (16) se dijo sobre este particular lo siguiente:

(16) M.P. Vladimiro Naranjo Mesa.

(...) el subsidio familiar en Colombia ha buscado beneficiar a los sectores más pobres de la población, estableciendo un sistema de compensación entre los salarios bajos y los altos, dentro de un criterio que mira a la satisfacción de las necesidades básicas del grupo familiar. Los medios para la consecución de este objetivo son básicamente el reconocimiento de un subsidio en dinero a los trabajadores cabeza de familia que devengan salarios bajos, subsidio que se paga en atención al número de hijos; y también en el reconocimiento de un subsidio en servicios, a través de programas de salud, educación, mercadeo y recreación. El sistema de subsidio familiar es entonces un mecanismo de redistribución del ingreso, en especial si se atiende a que el subsidio en dinero se reconoce al trabajador en razón de su carga familiar y de unos niveles de ingreso precarios, que le impiden atender en forma satisfactoria las necesidades más apremiantes en alimentación, vestuario, educación y alojamiento.

La regulación del subsidio familiar y las instituciones jurídicas que a él atañen corresponde al legislador al cual la Constitución Política reconoce una amplia competencia, la cual debe ejercer conforme a los principios y valores que el texto fundamental establece (C.P., art. 6º). Esa libertad de configuración tiene sustento en los artículos 48, 53 y 150-23 de la Constitución al ser dicho subsidio una especie del género de la seguridad social.

Así lo ha advertido esta corporación al señalar que “dada la estrechez del sistema actual de seguridad social y las dificultades económicas, confió al legislador la tarea de ampliar progresivamente la cobertura de los servicios de seguridad social, con la participación de los particulares, a todos los habitantes (C.P., art. 48). Así las cosas, es al legislador a quien corresponde constitucionalmente la apreciación de las condiciones en que los servicios de seguridad social deben ser prestados de manera que se cumpla con el objetivo trazado en la Constitución” (17) .

(17) Corte Constitucional. Sentencia C-149 de 1994, M.P. Eduardo Cifuentes Muñoz.

Nótese entonces, que a pesar de existir unos límites constitucionales dentro de los cuales debe enmarcarse la labor del legislador al regular el tema de la seguridad social y dentro de éste el del subsidio familiar, el constituyente le confirió aquél una amplia libertad de apreciación y configuración, circunstancia que como ha explicado esta Corte, exigen que en estricto respeto de la Carta Política el juez constitucional realice un escrutinio judicial dúctil para que de esa manera la rama judicial no invada las competencias propias del legislativo (C.P., art. 113) (18) .

(18) Corte Constitucional. Sentencia C-93 de 2001, M.P. Alejandro Martínez Caballero.

De esta manera, el legislador cuenta con una amplia competencia para establecer los presupuestos para acceder a una determinada prestación social dentro de las cuales se encuentra el subsidio familiar. Empero, no podría en ejercicio de esas atribuciones desconocer los derechos garantizados en la Carta Política, consagrando requisitos que desconozcan fines constitucionalmente válidos o manifiestamente desproporcionados al sacrificar sin justificación valores y derechos constitucionales, con lo cual la medida no sería razonable, criterio este que debe enmarcar las decisiones de las autoridades en el Estado social de derecho (preámbulo, C.P. arts. 1º y 2º).

5. Constitucionalidad del requisito de la acreditación de escolaridad de los niños mayores de doce (12) años para beneficiarse del subsidio familiar.

La Ley 789 de 2002 por medio de la cual el Congreso de la República dictó normas para apoyar el empleo y ampliar la protección social, estableció en su artículo 3º el marco normativo actual del régimen del subsidio familiar en dinero, derogando tácitamente lo que sobre esa materia consagraba la Ley 21 de 1982.

Así, en dicha ley se estableció que: “tienen derecho al subsidio familiar en dinero los trabajadores cuya remuneración mensual, fija o variable no sobrepase los cuatro (4) salarios mínimos legales mensuales vigentes, smlmv, siempre y cuando laboren al menos 96 horas al mes; y que sumados sus ingresos con los de su cónyuge o compañero (a), no sobrepasen seis (6) salarios mínimos legales mensuales vigentes, smlmv”.

El parágrafo 1º del artículo citado establece en los numerales 1º y 2º que dan derecho al subsidio familiar en dinero las personas a cargo de los trabajadores beneficiarios, entre ellas, los hijos que no sobrepasen la edad de 18 años, legítimos, naturales, adoptivos y los hijastros, así como los hermanos menores de edad, huérfanos de padres, que convivan y dependan económicamente del trabajador, prescribiendo para uno y otro caso, que después de los doce (12) años se debe acreditar la escolaridad en establecimiento docente debidamente aprobado.

Quienes abogan por la inconstitucionalidad de la norma consideran desproporcionado e irrazonable que se condicione el beneficio de subsidio familiar a la acreditación de la escolaridad del niño y sólo a partir de los doce (12) años. Además, aducen que la escasez de recursos económicos de las familias colombianas, la falta de cupos o las discapacidades físicas o mentales de los menores, son situaciones que impedirían acceder a un establecimiento educativo, lo cual a la luz del requisito señalado no permitiría el pago del subsidio familiar.

Para la Corte, ninguno de esos reproches resulta fundado para declarar la inexequibilidad de las expresiones demandadas, ya que el presupuesto de la acreditación de la escolaridad, desarrolla los derechos de los niños y niñas a la igualdad y a la educación.

En efecto, los trabajadores que son titulares de esa prestación devengan al menos un (1) salario mínimo, es decir, tienen una fuente de ingresos para atender, en alguna medida, las cargas económicas que representan la educación de sus menores hijos, con lo cual se desvirtúa el argumento del actor, ya que la norma parcialmente acusada no tiene por destinatarios a familias de escasos recursos, esto es, a quienes ni siquiera cuentan con un empleo.

Conforme lo establece el artículo 67 de la Carta, el Estado, la sociedad y la familia son responsables de la educación, así las cosas el requisito impuesto en la norma parcialmente demandada, está acorde con la obligación que el constituyente atribuyó a los padres respecto del acceso al conocimiento de sus hijos.

El citado precepto constitucional, establece además que la educación será gratuita en las instituciones del Estado, sin perjuicio del cobro de derechos académicos a quienes puedan sufragarlos, mandato que garantiza que los bajos recursos económicos de una familia no sean obstáculo para que los padres cumplan con su responsabilidad de brindar educación y la cultura a sus hijos menores de edad (C.P., art. 44). De esta manera, el Estado cumple primariamente con el deber que en materia de educación impuso la Constitución.

No obstante, las cajas de compensación encargadas de cancelar el subsidio familiar sólo de manera excepcional, y en casos donde esté demostrada la diligente y sostenida actividad de la familia en orden a la consecución del cupo escolar en establecimientos educativos públicos, y éste, no se haya obtenido por razones debidamente probadas e imputables al Estado, podrán valorar esa situación particular en aras al reconocimiento del subsidio.

La difícil situación económica del país no puede significar que las familias colombianas no hagan uso de los mecanismos y canales que el propio ordenamiento superior consagra para incidir en la aplicación efectiva del mandato constitucional que garantiza el derecho a la educación de los niños, como desarrollo del principio de participación que informa el funcionamiento del Estado (C.P., arts. 1º y 2º).

Como se advierte, el requisito fijado por el legislador se orienta a garantizar que los padres cumplan con la responsabilidad de educar a sus hijos, y les brinda correlativamente mediante el subsidio familiar una ayuda en dinero para contribuir en los gastos que por el sostenimiento de ésta se causen.

En lo que concierne a la presunta transgresión del artículo 13 superior, cuyo sentido y alcance ha fijado en reiterada jurisprudencia esta corporación, la Sala considera que el requisito de la acreditación de la escolaridad no sólo persigue un fin constitucionalmente válido sino que, como se ha indicado, armoniza con los artículos 44 y 67 de la Carta en cuanto a la responsabilidad de la familia en la educación de los niños.

En este sentido, todos los menores a los que se les aplica la norma cuentan no sólo con padres o hermanos que tienen una vinculación laboral, sino que a partir de la descripción normativa, ninguno de esos niños tienen algún tipo de discapacidad que les impida asistir a un establecimiento docente debidamente aprobado. Así, la norma parcialmente demandada brinda a todos los niños cuyos padres o hermanos trabajadores tienen derecho al subsidio familiar el mismo trato jurídico.

La norma parcialmente acusada, no atenta entonces contra el derecho de los niños y las niñas a la educación y ni a beneficiarse a través de sus padres y hermanos del subsidio familiar, lo cual está en consonancia con los principios de protección especial e interés superior del menor que, como lo ha establecido la jurisprudencia constitucional, provienen no sólo de la legislación sino de los tratados y convenios internacionales adoptados por Colombia, que a la luz del artículo 93 superior prevalecen sobre la normatividad interna.

En relación con los niños inválidos o que padecen de algún tipo de discapacidad, que según el actor y algunos intervinientes no estarían en posibilidad de acceder al sistema educativo y que por lo mismo no podrían beneficiarse del subsidio familiar, la Corte advierte que el numeral 4º del parágrafo 1º del artículo 3º de la Ley 789 de 2002 incluyó dentro del régimen de subsidio familiar en dinero a esas personas, al establecer que:

“4. Los padres, los hermanos huérfanos de padres y los hijos, que sean inválidos o de capacidad física disminuida que les impida trabajar, causarán doble cuota de subsidio familiar, sin limitación en razón de su edad. El trabajador beneficiario deberá demostrar que las personas se encuentran a su cargo y conviven con él” (19) .

(19) Una disposición similar consagraba el artículo 30 de la Ley 21 de 1982.

De esta manera, no asiste razón al demandante al sostener la violación del derecho a la igualdad de los niños discapacitados frente a los demás, por cuanto la regla jurídica por él demandada no es aplicable al supuesto fáctico en que funda el cargo de inconstitucionalidad como se acaba de anotar.

Finalmente, para la Sala el requisito de acreditación de escolaridad a que hacen referencia los apartes acusados del artículo 3º de la Ley 789, es una medida no sólo admisible sino que busca la realización de objetivos constitucionalmente importantes, como impedir que los niños mayores de doce (12) años desarrollen actividades de tipo laboral en lugar de desarrollar las labores académicas propias de quien está en proceso de formación. Esto justifica entonces que a partir de esa edad deba cumplirse con el requisito de la acreditación de la escolaridad.

Una interpretación contraria, llevaría a la irrazonable conclusión que en el caso de un recién nacido también tendría que acreditarse el mencionado requisito. Como bien lo anota uno de los intervinientes, con el precepto parcialmente demandado se impide que se utilicen a los hijos o hermanos menores de edad como una fuente de ingresos adicionales del grupo familiar y asegurar en buena medida que se cumpla con la responsabilidad que le asiste a los padres y a quienes hacen sus veces en el caso de los huérfanos de padres, en la formación de los niños que dependen económicamente de ellos.

Las anteriores consideraciones permiten a la Corte concluir que el requisito demandado se ajusta a los preceptos constitucionales analizados en esta sentencia.

VII. Decisión

Con fundamento en las precedentes motivaciones, la Sala Plena de la Corte Constitucional, administrando justicia en nombre del pueblo y por mandato de la Constitución,

RESUELVE:

1. Declararse INHIBIDA para emitir pronunciamiento de fondo por carencia actual de objeto con respecto al artículo 28 de la Ley 21 de 1982.

2. Declararse INHIBIDA para emitir pronunciamiento de fondo en relación con los cargos de violación del preámbulo y de los artículos 1º, 2º, 5º, 16, 26, 27, 41, 42, 45, 60, 64, 68 a 71, 95, y 366 de la Constitución Política en que supuestamente incurrió parcialmente el legislador con la aprobación del artículo 3º de la Ley 789 de 2002.

3. Declarar EXEQUIBLES las expresiones “Después de los 12 años se deberá acreditar la escolaridad en establecimiento docente debidamente aprobado” y, “y que cumplan con el certificado de escolaridad del numeral 1º” contenidas en los numerales 1º y 2º, respectivamente del parágrafo 1º del artículo 3º de la Ley 789 de 2002, por los cargos analizados en esta sentencia.

Cópiese, notifíquese, comuníquese, insértese en la Gaceta de la Corte Constitucional, cúmplase y archívese el expediente.

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