Sentencia C-657 de noviembre 28 de 1996 

CORTE CONSTITUCIONAL 

SALA PLENA

INTERCEPTACIÓN DE COMUNICACIONES

REQUIERE ORDEN JUDICIAL

EXTRACTOS: «El Código de Procedimiento Penal establece, a partir de su artículo 103, las causales de impedimento y de recusación, así como los trámites que se generan en uno y otro caso. El actor, en la demanda que ahora ocupa la atención de la Corte, pretende la declaración de inconstitucionalidad de la expresión “de plano”, contenida en el artículo 114 que se refiere a la sanción imponible por el superior jerárquico al funcionario o empleado que omita declararse impedido.

En primer término, es necesario puntualizar que por regla general, la regulación de los diversos procedimientos judiciales en la medida que no hayan sido efectuados directamente por el constituyente, corresponde al legislador y, para tal efecto, se le reconoce cierto margen de acción que se inscribe dentro de la denominada libertad de configuración.

La imposición “de plano” de una multa, hasta el equivalente a diez meses de salarios mínimos, que como sanción contempla el artículo 114 del Código de Procedimiento Penal, en contra del funcionario o empleado que omita declararse impedido tiene lugar “cuando prospere la causal de recusación”, y ello supone el adelantamiento previo del trámite pertinente que, de conformidad con lo normado por el Decreto-Ley 2700 de 1991, comprende proposición por escrito (i), realizada ante el funcionario que está conociendo del asunto (ii), con prueba de los hechos en que se funde (iii) y con exposición de motivos sobre ellos (iv) (CPP, art. 108). Es conveniente anotar que el funcionario recusado puede aceptar los motivos aducidos y disponer que el expediente pase al funcionario que le sigue en turno, o por el contrario estimar que no se presenta la causal alegada e incluso de acuerdo con la doctrina, que no está debidamente probada, debiendo, entonces enviar el expediente al superior.

Sin embargo, pese a que la decisión de imponer la referida multa está precedida del respectivo trámite incidental, la Corte considera que asiste razón al demandante cuando afirma que la imposición “de plano” quebranta el debido proceso ya que la actuación anterior, regulada en el Código de Procedimiento Penal, se orienta, primordialmente, a establecer si se configura la causal alegada y no a deducir la responsabilidad del funcionario que, siendo cosa totalmente diferente, debe dar lugar a un procedimiento en el que se le otorgue y garantice a quien, de acuerdo con lo alegado, se considere que ha debido declararse impedido, por lo menos la oportunidad de ser oído sobre ese específico aspecto, lo cual no significa que se vuelva a abrir el debate acerca de la causal de impedimento, pues es claro que esa cuestión queda definida al término del incidente promovido.

Así las cosas, de lo que se trata es de garantizarle al funcionario la oportunidad procesal de exponer sus razones, ya que una actitud contraria, como la que se deriva del aparte acusado, atenta contra el debido proceso, particularmente contra la presunción de inocencia y desconoce, además, el principio constitucional de buena fe, contemplado en el artículo 83 superior.

El cargo formulado en contra de la expresión “de plano” contenida en el artículo 114 del Código de Procedimiento Penal está llamado a prosperar.

Interceptación y reproducción de comunicaciones (art. 351).

El artículo 351 del Código de Procedimiento Penal indica que “En caso de flagrancia las autoridades de policía judicial podrán interceptar y reproducir las comunicaciones con el objeto de buscar pruebas”, regulación que el demandante considera inconstitucional pues, a su juicio, nadie, sin previa orden judicial está autorizado “para violar la correspondencia y comunicaciones”.

La Constitución Política, en su artículo 15 establece que “La correspondencia y demás formas de comunicación privada son inviolables. Sólo pueden ser interceptadas o registradas mediante orden judicial, en los casos y con las formalidades que establezca la ley”.

“El secreto de las comunicaciones —manifiesta la Corte— garantizado por el precepto constitucional en cita, es considerado por la doctrina como un derecho individual resultado del status libertatis de la persona, que, como ya se dijo, garantiza a ésta un espacio inviolable de libertad y privacidad frente a su familia, a la sociedad y al Estado”(20) y de acuerdo con lo señalado en el artículo 15, inciso 3º de la Carta Política para que las comunicaciones privadas puedan ser interceptadas o registradas deben cumplirse tres condiciones: que haya orden judicial, que exista una ley en la que se contemplen los casos en los cuales procede tal medida y que se cumplan las formalidades fijadas en la ley.

(20) Cf. Sentencia T-349 de 1993, M.P. Dr. José Gregorio Hernández Galindo.

El segmento normativo demandado autoriza a las autoridades de policía judicial para que, en casos de flagrancia, intercepten y reproduzcan comunicaciones, sin que se requiera la orden judicial que el artículo 15 superior prevé.

En acápites anteriores se puso de presente qué exigencias similares contempla el artículo 28 de la Constitución que al regular la libertad individual y la inviolabilidad del domicilio introduce una reserva legal y otra judicial; régimen que, sin embargo, la propia Carta Política exceptúa en el caso de los supuestos normados por los artículos 28, inciso 2º y 32 superiores, tal como fue brevemente explicado.

Es claro que también el artículo 15 en su inciso tercero consigna en relación con la correspondencia y con las demás formas de comunicación las aludidas reservas legal y judicial; empero, se echa de menos en la disciplina constitucional de estas materias la consagración de excepciones al perentonio requisito de la orden judicial para proceder a interceptar o registrar y tampoco aparece en la Carta, autorización al legislador para establecerlas. Así las cosas y por ser las excepciones de interpretación estricta, no es acertado ni jurídico pretender una extensión de lo plasmado en el artículo 32 de la Carta cuyo tenor literal es por lo demás nítido, para cobijar por la excepción allí contemplada, los supuestos regulados por el artículo 15 superior cuyo texto, destacado más arriba en la parte pertinente, utiliza el adverbio “sólo” para significar que en ningún evento podrá procederse a interceptar o a registrar la correspondencia y las demás formas de comunicación privada sin que medie la orden judicial. Lo que corresponde al dominio legal es el señalamiento los casos y del procedimiento, mas no está autorizada la ley para dispensar de la orden judicial.

En todos los casos que la ley establezca se requiere, entonces, orden judicial para interceptar o registrar las comunicaciones lo que “implica una clara y terminante exclusión constitucional de la autoridad administrativa”. Tanto es cierto lo anterior en el caso que nos ocupa que ni siquiera en el artículo 38 de la Ley 137 de 1994, estatutaria de los estados de excepción, que se refiere a las facultades del gobierno durante el estado de conmoción interior, se prescinde de la orden de autoridad judicial competente. En efecto, de acuerdo con el literal e el gobierno puede adoptar la siguiente medida: (...).

“e) Disponer con orden de autoridad judicial competente, la interceptación o registro de comunicaciones con el único fin de buscar pruebas judiciales o prevenir la comisión de delitos.

“Cuando existan circunstancias de urgencia insuperables y sea necesario proteger un derecho fundamental en grave e inminente peligro, la autorización judicial previamente escrita podrá ser comunicada verbalmente”.

Al examinar la constitucionalidad de este artículo la Corte apuntó:

“De ahí que el constituyente haya confiado de manera privativa a los jueces, como funcionarios encargados de administrar justicia la tarea de ordenar la interceptación o registro de correspondencia, para evitar la arbitrariedad y el abuso en que pudieron incurrir autoridades administrativas encargadas de ejecutar esas medidas, protegiendo a la vez los derechos a la intimidad, a la libertad y a la tranquilidad que son precisamente los que se verían amenazados o vulnerados”(21).

(21) Sentencia Nº C-179 de 1994, M.P. Carlos Gaviria Díaz.

El aparte acusado del artículo 351 del Decreto 2700 de 1991, viola el artículo 15 de la Constitución y será declarado inexequible.

...

En mérito de lo expuesto, la Sala Plena de la Corte Constitucional, oído el concepto del señor Procurador General de la Nación, administrando justicia en nombre del pueblo y por mandato de la Constitución,

RESUELVE:

3. Declarar inexequibles los segmentos demandados de los siguientes artículos:

– Del artículo 114 la expresión “de plano” contenida en el inciso primero.

– Del artículo 351 el último inciso que dice: “En caso de flagrancia las autoridades de policía judicial podrán interceptar y reproducir las comunicaciones con el objeto de buscar pruebas”».

(Sentencia C-657 de noviembre 28 de 1996. Magistrado Ponente: Dr. Fabio Morón Díaz).

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