Sentencia C-659 de diciembre 3 de 1997 

CORTE CONSTITUCIONAL

SALA PLENA

Ref.: Expediente D-1721

Demanda de inconstitucionalidad contra los artículos 260 y 261 del Código Penal.

Actor: Orlando Muñoz Neira

Magistrado Ponente:

Dr. José Gregorio Hernández Galindo

Sentencia aprobada en Santafé de Bogotá, D.C., a tres de diciembre de mil novecientos noventa y siete.

I. Antecedentes

El ciudadano Orlando Muñoz Neira, haciendo uso del derecho consagrado en le artículo 241, numeral 5º, de la Constitución Política, ha presentado ante la Corte una demanda de inconstitucionalidad contra los artículos 260 y 261 del Código Penal (D. 100/80).

Cumplidos como están los trámites y requisitos exigidos en el Decreto 2067 de 1991, se entra a resolver.

II. Texto

El texto acusado es del siguiente tenor literal:

“DECRETO NÚMERO 100 DE 1980

(Enero 23)

“Por el cual se expide el nuevo Código Penal”.

El Presidente de la República de Colombia,

en uso de sus atribuciones constitucionales y legales, y

CONSIDERANDO:

(...).

DECRETA:

(...).

ART. 260.—Bigamia. El que ligado por matrimonio válido contraiga otro, o el que siendo libre contraiga matrimonio con persona válidamente casada, incurrirá en prisión de uno (1) a cuatro (4) años.

ART. 261.—Matrimonio ilegal. El que con impedimento dirimente para contraer matrimonio lo contraiga, o el que se case con persona impedida, incurrirá en prisión de seis (6) meses a tres (3) años”.

(...).

En ese contexto, habiendo optado espontáneamente por el matrimonio —que, implica someterse a un estatuto compuesto por reglas, derechos y obligaciones predeterminadas por la ley—, el contrayente asume, con conocimiento de causa, las consecuencias que se siguen de la celebración del contrato. Una de ellas, directamente derivada del texto constitucional (art. 42), es la de que únicamente es admitido en Colombia el matrimonio celebrado entre un hombre y una mujer, pues la familia que se acoge por el constituyente no es otra que la monogámica.

Así las cosas, la persona casada que adelanta trámites para contraer un nuevo vínculo y en efecto lo contrae, exhibe, al menos ante el funcionario eclasiástico o estatal que bendice o sanciona el matrimonio, un estado civil —el de soltero— que no tiene, defrauda a quien era su cónyuge y generalmente hace lo propio con la persona con quien se une en segundas nupcias, factores todos estos que, entendidos por el legislador como dañinos para la institución familiar —cuya estabilidad y transparencia resultan comprometidas—, contrarios al interés de la colectividad y perjudiciales para la seguridad jurídica, ameritan, según su criterio, la consagración de la aludida conducta como delictiva y la previsión de la pena correspondiente.

El artículo 261 del Código Penal, también acusado, busca castigar el comportamiento de quien establece el vínculo matrimonial sabiendo que, en su caso o en el de la persona con la cual se une, existe un impedimento dirimente, es decir uno de aquellos que, de conformidad con la ley civil, acarrean la nulidad del matrimonio.

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