Sentencia C-660 de junio 8 de 2000 

CORTE CONSTITUCIONAL 

SALA PLENA

Ref.: Expediente D-2645

Actor: Fabián López Guzmán

Magistrado Ponente:

Dr. Álvaro Tafur Galvis

Demanda de inconstitucionalidad parcial contra el numeral 1º del artículo 6º de la Ley 25 de 1992.

Santafé de Bogotá, D.C., ocho de junio de dos mil.

EXTRACTOS: «El siguiente es el texto de la norma acusada, según su publicación en el Diario Oficial 40.693; para mayor claridad se subraya la parte demandada

“LEY 25 DE 1992

(Diciembre 17)

Por la cual se desarrollan los incisos 9º, 10, 11, 12 y 13 del artículo 42 de la Constitución Política.

ART. 6º—El artículo 154 del Código Civil, modificado por la Ley Primera de 1976, quedará así:

Son causales de divorcio:

1. Las relaciones sexuales extramatrimoniales de uno de los cónyuges, salvo que el demandante las haya consentido, facilitado o perdonado”.

(...).

VI. Consideraciones y fundamentos

1. Competencia.

De conformidad con el artículo 241, numeral 4º, de la Constitución Nacional, la Corte Constitucional es competente para decidir sobre la constitucionalidad de la norma parcialmente acusada.

2. Materia sujeta a examen.

La Corte deberá decidir si la expresión “salvo que el demandante las haya consentido, facilitado o perdonado”, en cuanto enerva las relaciones sexuales extramatrimoniales como causal de divorcio, resulta inconstitucional. Teniendo en cuenta que el divorcio es una de las causales de disolución del matrimonio, el análisis de constitucionalidad tendrá lugar desde el punto de vista de éste, como forma de conformar una familia.

Tal como lo ha sostenido esta corporación (2) , la Asamblea Constituyente descartó el carácter puramente asistencial que le otorgaba a la familia el proyecto de reforma constitucional presentado por el gobierno y optó por definirla como institución básica de la sociedad (C.N., arts. 5º y 42) y la asoció a la primacía de los derechos inalienables de la persona humana (C.N., art. 5º), al tiempo que estableció como formas posibles de constituirla “la decisión libre de un hombre y una mujer de contraer matrimonio” o “la voluntad responsable de conformarla” (C.N., art. 42).

(2) T-08/92, Fabio Morón Díaz, Simón Rodríguez Rodríguez y Jaime Sanín Greiffenstein.

De otra parte, el ordenamiento constitucional asigna al Estado (C.N., arts. 5º y 42) los cometidos de amparar a la familia “como institución básica de la sociedad” y de garantizar su “protección integral”, al tiempo que defiere a la ley la función de regular las formas de matrimonio, la edad y capacidad para contraerlo, los deberes y derechos de los cónyuges, su separación y la disolución del vínculo, así como lo concerniente con los efectos civiles de los matrimonios religiosos y los de las sentencias de nulidad que profieran las autoridades de la respectiva religión.

Dentro del marco general enunciado procede, entonces, determinar hasta dónde la norma demandada es contraria o no al texto íntegro de la Constitución Política, especialmente si se tiene en cuenta que una primera aproximación a la misma indica que su objetivo coincide con el de mantener la unidad de la familia, también consagrado en el artículo 42 de la Constitución Nacional. Para ello procede, en primer término establecer la relación entre la familia y el matrimonio (3) , con el fin de indagar, posteriormente, sobre el alcance del poder normativo del Estado y la forma como interactúan los derechos de los cónyuges dentro de ámbito matrimonial.

(3) Como es sabido los doctrinantes —principalmente civilistas—, enfrentados en la discusión sobre el carácter contractual o institucional del matrimonio, trataron, aunque no siempre lo lograron, de no involucrar en ella el concepto de familia; sin lugar a dudas porque la concepción de la familia como entidad jurídica fue el problema de “mayor entidad sustantiva” que tuvo que afrontar el derecho civil en la determinación de su “contenido propio o específico”, problemática generada por la tesis del profesor Antonio Cicu, hoy superada, de conformidad con la cual al derecho de familia se le debía asignar, en la distinción bipartita entre derecho público y derecho privado, un lugar independiente. Este ilustre profesor fundamentó su propuesta en que el carácter institucional de la familia debía significar el sometimiento de la voluntad de sus integrantes a un fin superior a la desaparición de su personalidad individual; calificó este interés de “supraindividual” con el propósito de distinguirlo del interés particular inspirador del derecho privado como el “interés de Estado”, que a su juicio distingue al derecho público.

En consecuencia, en su tarea actual de “homologación o concordancia” de su contenido propio con el nuevo orden constitucional resulta posible al derecho la adopción, sin temor, del concepto de familia así como el carácter institucional de ésta. Aceptación que, no obstante su trascendencia, no implica el desconocimiento de los derechos individuales fundamentales de sus integrantes.

3. Los principios y reglas constitucionales sobre la familia y el matrimonio.

Del análisis de la Constitución Política, especialmente de sus artículos 5º y 42, resulta clara la distinción de la familia como institución frente al matrimonio establecido como uno de los mecanismos aptos para el surgimiento de aquella. Diferenciación esta que, por lo demás, ha sido consagrada en el derecho internacional de manera reiterada durante largo tiempo y cuya aplicación resulta pertinente en los términos de los artículos 93 y 94 de la Constitución Política, enlistados entre las reglas constitucionales que el demandante estima vulneradas. En efecto, esta es la orientación de la Declaración Americana de Derechos y Deberes del Hombre, del Pacto internacional de derechos económicos, sociales, culturales y políticos (arts. 10 y 11, aprobado L. 74/68), del Pacto internacional de derechos civiles y políticos (art. 23, aprobado L. 74/68), de la Convención americana sobre derechos humanos (art. 17, aprobado L. 16/72).

Ahora bien, respecto de la familia surgen para el Estado precisos cometidos de preservación y protección que se orientan a garantizar la existencia y el desarrollo de esta institución como básica de la sociedad (C.N., art. 5º), según ha quedado dicho. Y entre las potestades que el ordenamiento superior le asigna al legislador está la de regular las formas de disolución del acuerdo matrimonial, acuerdo que la legislación interna ha definido como “contrato solemne por el cual un hombre y una mujer se unen con el fin de vivir juntos, de procrear y de auxiliarse mutuamente” (C.C., art. 113). De esta manera, habrá de entenderse que las potestades normativas que consagren el régimen legal matrimonial deben condicionarse, además de lo que en este aspecto prevé expresamente la Constitución, a la naturaleza y características que el ordenamiento superior asigna a la familia.

El régimen constitucional de la familia, cuya piedra angular es el artículo 42, en concordancia con el artículo 5º, busca hacer de esta institución el ámbito adecuado para que dentro de un clima de respeto, no violencia, e igualdad, sus integrantes puedan desarrollarse a plenitud como seres humanos, con la garantía de intimidad que permita el transcurso de la dinámica familiar sin la intromisión de terceros. Busca, así mismo, lograr un equilibrio entre la estabilidad necesaria para el desarrollo de sus miembros con la dignidad y el libre desarrollo de la personalidad a que tienen derecho cada uno de sus integrantes, aspecto éste donde cobra especial importancia la existencia de un ambiente de respeto por cada persona y de libre expresión de los afectos y emociones. Porque la Constitución Nacional reconoce en la familia una institución esencialmente dinámica y vital, donde cobran especial importancia los derechos fundamentales al libre desarrollo de la personalidad, la libertad de conciencia, el derecho a la intimidad.

Por lo demás, el reconocimiento que hace la Constitución Nacional de la familia como fundamento de la nacionalidad por su natural tendencia a la unidad, afinidad, coherencia y estabilidad, no permite, antes por el contrario proscribe, la utilización de mecanismos coactivos para imponer la permanencia de la pareja. En efecto, según los principios, reglas y orientaciones de la Carta Política, es la estabilidad del grupo familiar, más no la duración del matrimonio, la que permite la realización humana de sus integrantes y por ende la que persigue el orden superior. De ahí que el propio artículo 42 de la Constitución Política prevea que los efectos civiles de todo matrimonio cesen “por divorcio, con arreglo a la ley civil”.

4. La competencia del legislador respecto de la disolución del matrimonio.

Como ya se ha expuesto, el artículo 42 de la Constitución Política asigna a la ley el cometido de regular la disolución del vínculo conyugal. En el ejercicio de esta función debe tener en cuenta las consideraciones ya hechas sobre las características de la institución familiar en el ordenamiento superior, marco que conduce a evaluar si en ejercicio de esta atribución puede o no la ley prever, en algunas circunstancias, la indisolubilidad de aquél.

Para la Corte la dignidad humana, el principio del libre desarrollo de la personalidad y la inalienabilidad de los derechos de la persona de los cónyuges, constituyen criterios de interpretación suficientes para afirmar que no se les puede obligar a mantener el vínculo matrimonial en contra de su voluntad e interés, por las mismas razones por las cuales resulta imposible coaccionarlos para que lo contraigan, aunadas con el imperativo constitucional de propender por la armonía familiar, necesariamente resquebrajada cuando un conflicto en la pareja conduce a uno de sus integrantes, o a ambos, a invocar su disolución.

Además, los principios que antaño se expusieron a favor de la institución matrimonial y de los hijos menores para hacer del matrimonio un estado inamovible, hoy no resultan válidos. No lo son en relación con la institución familiar porque, como se ha expuesto, ella persigue la estabilidad del grupo familiar como presupuesto del sistema social y como lugar propicio para el desarrollo integral de los hombres y mujeres que la integran, en todos los órdenes; de ahí que si el vínculo existente entre la pareja no garantiza sino que, por el contrario, perturba la estabilidad familiar, desaparecen los intereses éticos, sociales y jurídicos que justifican su permanencia. Tampoco pueden invocarse estos argumentos como válidos en interés de los hijos menores, en razón a que si los padres involucrados en un conflicto conyugal solicitan, individual o conjuntamente el divorcio, es porque, como intérpretes reales de las circunstancias vividas, consideran que a los hijos les resulta mejor enfrentarse a la realidad de una ruptura que verse abocados a crecer en un ambiente hostil.

De otra parte ha de tenerse en cuenta que si bien el ordenamiento jurídico reconoce al matrimonio la naturaleza jurídica de un acto convencional, de un contrato en los términos del citado artículo 113 del Código Civil, las especiales características de su principal consecuencia, la familia, impiden aplicar a esta modalidad de acuerdo de voluntades en sus diversas etapas, los mismos criterios que se aplican dentro del régimen general de los actos jurídicos y de los contratos en particular. Tampoco pueden predicarse a la responsabilidad que surge entre los cónyuges por efecto del matrimonio los criterios determinantes de la misma en otra clase de relaciones jurídicas. Ello es particularmente evidente en materia de culpa.

En efecto, los componentes afectivos y emocionales que comprende la relación matrimonial impiden considerar el aparente descuido de uno de los cónyuges ante faltas que el ordenamiento legal consagre como causales de divorcio y que cometa el otro, como un acto de negligencia asimilable a la propia culpa como eximente de responsabilidad. Tampoco, por las mismas razones, puede atribuirse al perdón dentro del matrimonio un efecto definitivo y fijo. E inclusive, el aparente consentimiento de uno de los integrantes de la pareja ante una conducta impropia del otro, no puede verse como una manifestación de culpa o dolo que con el tiempo enerve la posibilidad del cónyuge ofendido para solicitar el divorcio.

5. Examen particular de los cargos.

Establecidas las características que dentro del ordenamiento constitucional colombiano cabe reconocer a la familia y al matrimonio (arts. 1º, 5º, 42), así como la comprensión de la competencia estatal, y particularmente del legislador, en las materias objeto de la controversia, abarcadas en el análisis de los artículos constitucionales enunciados en la demanda como disposiciones superiores violadas por la norma legal acusada, es pertinente detenerse en el examen particular de algunos de ellos.

Considera la Corte, al respecto, que asiste razón al demandante cuando expresa que la norma parcialmente demandada viola los artículos 15, 16 y 18 de la Constitución Nacional. En primer término esta corporación encuentra que la expresión “salvo que el demandante las haya consentido, facilitado o perdonado”, referida a las relaciones sexuales extramatrimoniales como causal de divorcio, es contraria al derecho a la intimidad que consagra la primera de las normas constitucionales mencionadas.

Así, al atribuirle al perdón o a! consentimiento que haya prestado uno de los miembros de la pareja a las relaciones sexuales extramatrimoniales del otro, un efecto como el que asigna la norma demandada, el legislador se está inmiscuyendo en el fuero intimo de los cónyuges, en el devenir de sus emociones y sus afectos, en su esfuerzo por adecuarse en un momento dado a las conductas de su pareja. De esa manera atribuye a estas emociones, afectos y esfuerzos propios de una relación esencialmente mutante y vital unos efectos definitivos, e ignora que estas formas de aceptación y justificación de conductas ofensivas en muchos casos pueden ser admitidas por el ofendido sin que él tenga real conciencia del daño que ha sufrido. Consciencia que puede cobrar fuerza con el paso de los años y transformar en intolerable lo que en otro momento se consideró aceptable o justificable. Se contraría, pues, el artículo 15 del ordenamiento superior, que dispone que “todas las personas tienen derecho a su intimidad personal y familiar”, la cual es deber del Estado respetar y hacer respetar.

Además, de la decisión íntima de perdonar las relaciones sexuales extramatrimoniales del otro no puede derivarse para quien las padece, la consecuencia de perder el derecho a intentar la reestabilización de su vida mediante la declaración de divorcio porque puede ocurrir que la actitud de perdonar no incluya la intención de mantener la vida en común.

Respecto de las intenciones personales ha sostenido esta corporación:

(...). La intención de una persona, referida a una eventual acción futura, difícilmente puede ser objeto de control. No se ve cómo un juez pueda pronunciarse sobre el plano de las intenciones personales (...).

(...) Las acciones moralmente elogiables que están por fuera de los deberes legales o que las exceden, no pueden tener otro fundamento distinto que el consentimiento de quien las asume y no admiten, por lo tanto, constreñimiento alguno para su realización o para que se persista en las mismas (4) .

(4) T-062/96, M.P. Eduardo Cifuentes Muñoz.

En concordancia con los artículos 15 y 16 de la Constitución Nacional, el artículo 18 del mismo ordenamiento consagra la libertad de conciencia, en virtud de la cual “nadie puede ser molestado por razón de sus convicciones o creencias o compelido a revelarlas u obligado a actuar en contra de su conciencia”. Reconoce esta disposición que los grupos humanos, concepto que comprende a la pareja, no responden a ideas absolutas sino a convicciones individuales, complejas, no siempre coincidentes. De ahí que el facilitar o consentir las relaciones sexuales del otro, por pertenecer a una realidad entrelazada con factores personales profundos y dinámicos, impide la calificación jurídica de culpa.

Por consiguiente, la norma demandada contraría el derecho al libre desarrollo de la personalidad de los cónyuges (C.P. art. 16) y su libertad de conciencia al valorar actitudes individuales o conjuntas propias de la intimidad de la pareja, así éstas consistan en facilitar, consentir o perdonar las relaciones sexuales extramatrimoniales del otro. En síntesis, las realizaciones corporales o afectivas propias del vivir en pareja corresponden a la esfera individual de cada uno de sus miembros y ni siquiera el cónyuge está autorizado para censurarlas.

Para la Corte, en conclusión, la norma parcialmente demandada, es inconstitucional porque ante la realidad de la ruptura conyugal, el legislador no puede imponer la indisolubilidad del vínculo matrimonial tal como se ha analizado (C.P., arts. 1º, 2º, 5º y 42, en consonancia con los arts. 93 y 94 ibíd.), ni inmiscuirse en el fuero íntimo de los miembros de una pareja a través de la valoración de los mecanismos que sus integrantes elijan conjunta o individualmente para la realización del amor conyugal, así ésta no se consiga (C.P., arts. 15,16 y 18). Y, además, como de conformidad con los presupuestos constitucionales el legislador no puede negar a los cónyuges, ante una situación de fracaso, la reestabilización de sus vidas en todos los órdenes (C.P., arts. 1º, 2º, 5º y 42), la expresión demandada es inconstitucional y así deberá declararse.

VII. Decisión

En mérito de los expuesto, la Corte Constitucional de la República de Colombia, en nombre del pueblo y por mandato de la Constitución,

RESUELVE:

Declarar INEXEQUIBLE la expresión “salvo que el demandante las haya consentido facilitado o perdonado” que hace parte del numeral 1º del artículo 6º de la Ley 25 de 1992 modificatorio del numeral 1º del artículo 154 del Código Civil.

Notifíquese, comuníquese, publíquese, insértese en la Gaceta de la Corte Constitucional y archívese el expediente».

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