Sentencia C-663 de junio 8 de 2000 

CORTE CONSTITUCIONAL

SALA PLENA

DERECHO DE HUELGA

NO SE GARANTIZA EN LOS SERVICIOS PÚBLICOS DOMICILIARIOS

EXTRACTOS: «A continuación se transcribe el texto de las normas acusadas y se resalta con negrilla lo demandado.

“LEY 142 DE 1994

(Julio 11)

Por la cual se establece el régimen de los servicios públicos domiciliarios y se dictan otras disposiciones.

El Congreso de Colombia,

DECRETA:

TÍTULO PRELIMINAR

CAPÍTULO I

Principios generales

ART. 4º—Servicios públicos esenciales. Para los efectos de la correcta aplicación del inciso primero del artículo 56 de la Constitución Política de Colombia, todos los servicios públicos, de que trata la presente ley, se considerarán servicios públicos esenciales.

CAPÍTULO II

Definiciones especiales

ART. 14.—Definiciones. Para interpretar y aplicar esta ley se tendrán en cuenta las siguientes definiciones:

14.2. Actividad complementaria de un servicio público. Son las actividades a las que también se aplica esta ley, según la precisión que se hace adelante, al definir cada servicio público. Cuando en esta ley se mencionen los servicios públicos, sin hacer precisión especial, se entienden incluidas tales actividades”.

(...).

1. Alcance del fallo de la Corte.

1.1. Dada la unidad normativa que presenta el artículo 4º de la Ley 142 de 1994, el pronunciamiento de la Corte se extenderá a la totalidad de esta disposición y no únicamente a la expresión que se acusa.

1.2. La Corte no se pronunciará en relación con los cargos formulados contra el artículo 14-2 de la Ley 142 de 1994, porque el demandante no señaló concretamente qué normas reguladoras de las actividades complementarias de la prestación de los servicios públicos domiciliarios, que se encuentran en diferentes disposiciones, violan la Constitución. Omitió, por consiguiente, integrar en este caso la proposición, jurídica completa, lo cual era necesario para realizar cabalmente el examen de constitucionalidad, pues la referida norma remite a un contenido normativo que se encuentra incorporado a otros preceptos.

Conforme lo ha señalado la jurisprudencia de esta corporación(1), no es posible realizar el estudio de constitucionalidad de una norma cuando ella por sí sola no integra una proposición jurídica completa, sino que remite a otros contenidos normativos que la complementan.

(1) Ver, sentencia C-710 de 1996, M.P. Jorge Arango Mejía.

La Sala observa que efectivamente la norma acusada no regula materialmente cuáles son las actividades complementarias de los servicios públicos domiciliarios; simplemente se limita a expresar que son aquellas actividades “a las que también se aplica esta ley, según la precisión que se hace más adelante al definir cada servicio público” y que cuando en la ley se mencionan los servicios públicos, sin hacer precisión especial se entienden incluidas tales actividades.

Es así como la ley alude, en posteriores disposiciones, a las actividades complementarias de acueducto (14.22), alcantarillado (14.23), aseo (14.24), energía eléctrica (14.25), telefonía pública básica conmutada (14.26), larga distancia nacional e internacional (14.27), gas combustible (14.28), las cuales no fueron objeto de censura por parte del actor. Esta omisión, por consiguiente, impide a la Corte hacer el examen material de cada una de las tareas o labores que configuran las actividades complementarias de los correspondientes servicios.

Por lo anterior, la Corte se declarará inhibida para fallar en relación con el artículo 14.2. de la Ley 142 de 1994.

2.El problema jurídico planteado.

Según los términos de la demanda, las intervenciones registradas en el curso del proceso y el concepto emitido por el Procurador General de la Nación, habrá la Corte de establecer, si la norma acusada, en cuanto dispone que, para los efectos de la correcta aplicación del artículo 56 de la Constitución, “todos los servicios públicos, de que trata la presente ley, se consideran servicios públicos esenciales”, infringe o no la Constitución habida consideración de que, según la opinión del actor, dicha disposición amplió indebidamente el ámbito de la concepción de dichos servicios, al incluir actividades que materialmente no corresponden a ella.

3.La solución al problema.

3.1. La Corte(2) en diferentes oportunidades se ha ocupado de analizar la naturaleza, alcance y restricciones constitucionales y legales de la huelga. En cuanto este último aspecto, ha expresado que en aquellos casos en que se presenta una colisión entre los derechos de los trabajadores que han acudido a la huelga con el fin de presionar unas mejores condiciones laborales y los beneficiarios de los servicios públicos, debe prevalecer el interés general de los últimos, sin perjuicio que los trabajadores puedan acudir a otros medios legales para obtener mejores logros salariales(3).

(2) Se pueden consultar entre otras, las siguientes sentencias: T-443/92, M.P. José Gregorio Hernández; C-473/94, M.P. Alejandro Martínez Caballero; C-450/95, M.P. Antonio Barrera Carbonell; C-432/96, C-075/97, M.P. Hernando Herrera Vergara; C-567/2000, M.P. Alfredo Beltrán Sierra.

(3) T-423/96, M.P. Hernando Herrera Vergara.

La Corte, en las sentencias C-473/94(4) C-450/95(5) ha trazado ciertos criterios que sirven para delimitar la restricción establecida por el artículo 56 de la Constitución.

(4) M.P. Alejandro Martínez Caballero.

(5) M.P. Antonio Barrera Carbonell.

En efecto, la Corte ha esta establecido dos condiciones para que se pueda restringir el derecho de huelga: “En primer término es necesario que ésta sea materialmente un servicio público esencial. Y, en segundo término, desde el punto de vista formal, es necesario que el legislador haya expresamente definido la actividad como servicio público esencial y restringido el derecho de huelga en ella”(6).

(6) Sentencia C-473 de 1994, M.P. Alejandro Martínez Caballero.

3.2. La Corte en la sentencia C-450 de 1995 reiteró las ideas expuestas, en el sentido de que aun cuando el legislador goza de cierta libertad para hacer la definición de los servicios públicos esenciales, ella encuentra su límite en la necesidad de que se evalúe materialmente, con arreglo a los criterios de utilidad, racionabilidad, razonabilidad y finalidad y frente a los valores, principios, derechos y deberes constitucionales, la esencialidad o no del servicio y consecuentemente, la justificación de la restricción de la huelga. Dijo la Corte en la aludida sentencia:

“... La definición de los servicios públicos esenciales, atendiendo a su materialidad, debe consultar, entre otros, los siguientes criterios, no taxativos o exhaustivos, sino meramente indicativos:

La esencialidad del servicio no debe considerarse exclusivamente por el servicio mismo, esto es, por su naturaleza intrínseca, ni por la importancia de la actividad industrial, comercial o prestacional en la economía global del país y consecuentemente en relación con la magnitud del perjuicio que para ésta representa su interrupción por la huelga. Tampoco, aquélla puede radicar en la invocación abstracta de la utilidad pública o de la satisfacción de los intereses generales, la cual es consustancial a todo servicio público.

El carácter esencial de un servicio público se predica, cuando las actividades que lo conforman contribuyen de modo directo y concreto a la protección de bienes o a la satisfacción de intereses o a la realización de valores, ligados con el respeto, vigencia, ejercicio y efectividad de los derechos y libertades fundamentales. Ello es así, en razón de la preeminencia que se reconoce a los derechos fundamentales de la persona y de las garantías dispuestas para su amparo, con el fin de asegurar su respeto y efectividad.

El concepto de servicios públicos esenciales necesariamente comporta una ponderación de valores e intereses que se suscita entre los trabajadores que invocan su derecho a la huelga y los sacrificios válidos que se pueden imponer a los usuarios de los servicios.

El derecho de los trabajadores a hacer la huelga con el fin de mejorar sus condiciones de trabajo y sociales, si bien representa un derecho constitucional protegido, en el sentido de que contribuye a la realización efectiva de principios y valores consagrados en la Carta, no es oponible a los derechos fundamentales de los usuarios de los servicios públicos, por el mayor rango que estos tienen en el ordenamiento constitucional. Además, es mayor el perjuicio que se causa en sus derechos fundamentales a los usuarios, cuando aquellos son afectados, que los beneficios que los trabajadores derivan de la huelga para mejorar sus condiciones de trabajo. Es obvio, que la balanza de los intereses y derechos en conflicto debe inclinarse en favor de los derechos fundamentales.

De lo dicho se infiere, que al valorar los intereses en conflicto, a efectos de hacer la definición de los servicios públicos esenciales, el legislador debe partir de bases serias, objetivas y razonables, de modo que la respectiva regulación guarde proporcionalidad entre el respeto a los derechos fundamentales de los usuarios y el derecho de los trabajadores a la huelga”(7).

(7) C-450/95, M.P. Antonio Barrera Carbonell.

3.3. Hechas las precisiones anteriores, procede la Sala a contestar los cargos del demandante de la siguiente manera:

a) La Corte, en sentencia C-636 de 2000(8) se pronunció en los siguientes términos:

(8) M.P. Antonio Barrera Carbonell.

“Es de la esencia de la filosofía política que inspira al Estado social de derecho la de asegurar, como cometido básico de éste, inherente a su finalidad social, la atención y satisfacción de las necesidades insatisfechas de salud, educación, saneamiento ambiental, agua potable, y otras, que aseguren el bienestar general y el mejoramiento de la calidad de vida, con el fin de hacer efectiva la igualdad material entre todos los integrantes de la comunidad. De este modo, la realización y la eficacia sustantiva del Estado social de derecho se mide por la capacidad de éste para satisfacer, a través de la prestación de los servicios públicos, las necesidades vitales de la población, mediante el suministro de concretas prestaciones que tiendan a ello y, consecuentemente, de lograr por esta vía la igualación de las condiciones materiales de existencia de las personas.

La prestación del servicio, que debe cubrir las necesidades de “todos los habitantes del territorio nacional, a quienes se les debe asegurar su prestación eficiente” tiene como destinatario a los usuarios, esto es, a quienes son titulares de dichas necesidades y demandan por consiguiente su satisfacción”.

b) El carácter no absoluto del derecho de huelga se explica por la repercusión que su ejercicio puede causar, hasta el punto de que llegue a afectar los derechos y libertades fundamentales de las personas que no son actoras del conflicto. De esta manera, no es posible concebir la huelga como una simple afirmación de la libertad sindical ni como una relación privada entre trabajadores y empleadores, porque normalmente sus objetivos, la magnitud del conflicto, y las condiciones y características de su ejecución, rebasan los aludidos ámbitos, de manera tal que se pueden ver vulnerados o amenazados los derechos e intereses de la comunidad y del propio Estado, como ocurre cuando se afecta el funcionamiento de los servicios públicos esenciales.

Las circunstancias anotadas explican las razones por las cuales el artículo 56 superior defiere al legislador la reglamentación del ejercicio del derecho de huelga y la definición de los servicios públicos esenciales en los cuales la huelga no se garantiza.

La determinación de dichos servicios comporta la necesidad de sopesar el derecho de los trabajadores a interrumpir el trabajo y los derechos de los usuarios de los servicios públicos esenciales en que se mantenga la continuidad de la prestación de los mismos, conforme lo observó la Corte en la aludida sentencia C-473 de 1994.

c) Conforme con lo anterior, el artículo 4º de la Ley 142 de 1994 objeto de impugnación se ajusta a la Constitución, porque el legislador no hizo cosa diferente que desarrollar, tanto el mandato del artículo 56 en cuanto lo habilita para definir los servicios públicos esenciales en los cuales la huelga no esta garantizada, como los artículos 365 y 366, según los cuales, los servicios públicos domiciliarios constituyen instrumentos adecuados para asegurar las finalidades sociales del Estado, en lo que atañe con el bienestar general y el mejoramiento de las condiciones de vida de los integrantes de la comunidad. En tales circunstancias, es evidente que los servicios públicos de acueducto, alcantarillado, aseo, energía eléctrica, telefonía pública básica conmutada, larga distancia nacional e internacional, gas combustible, contribuyen al logro de los mencionados cometidos sociales, y a la realización efectiva de ciertos derechos fundamentales de las personas. Por lo tanto, ningún reparo constitucional encuentra la Corte a la decisión del legislador de calificarlos como esenciales.

d) No es cierto, como lo asevera el demandante, que la determinación de los servicios públicos esenciales es una competencia que sólo puede ejercitar el legislador mediante la expedición del estatuto del trabajo, previsto en el artículo 53 de la Constitución, porque éste goza de la facultad que le otorga específicamente el artículo 56 para hacer la definición de tales servicios. Además, entre las materias que deben integrar dicho estatuto no se encuentra incluida la relativa a la regulación del derecho de huelga.

e) Por lo demás, a juicio de la Corte no resulta irrazonable ni desproporcionada la norma jurídica mencionada, en cuanto consideró que dichas actividades constituyen servicios públicos esenciales.

Acorde con los anteriores razonamientos la Corte declarará la exequibilidad del artículo 4º de la Ley 142 de 1994.

VII. Decisión

En mérito de lo expuesto, la Sala Plena de la Corte Constitucional, administrando justicia en nombre del pueblo y por mandato de la Constitución,

RESUELVE:

1. Declararse INHIBIDA para emitir un pronunciamiento de fondo acerca del artículo 14.2 de la Ley 142 de 1994.

2. Declarar EXEQUIBLE el artículo 4º de la Ley 142 de 1994.

Notifíquese, comuníquese, publíquese, insértese en la Gaceta de la Corte Constitucional y archívese el expediente».

(Sentencia C-663 de junio 8 de 2000. Magistrado Ponente: Dr. Antonio Barrera Carbonell).

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