Sentencia C-664 de junio 8 de 2000 

CORTE CONSTITUCIONAL

SALA PLENA

PROCESO EJECUTIVO HIPOTECARIO

COBRO DE LAS CUOTAS NO VENCIDAS

EXTRACTOS: «A continuación se transcribe el texto de la disposición demandada, conforme a su publicación en el Diario Oficial Nº 39.013 de 7 de octubre de 1989, y se subraya lo demandado:

“DECRETO 2882 DE 1989

(Octubre 7)

Por el cual se introducen algunas modificaciones al Código de Procedimiento Civil.

El Presidente de la República,

en ejercicio de las facultades que le confiere la Ley 30 de 1987, y oída la Comisión Asesora por ella establecida,

DECRETA:

ART. 1º—Introdúcense las siguientes reformas al Código de Procedimiento Civil: (...).

Numeral 302. El artículo 554 quedará así:

Requisitos de la demanda. La demanda para el pago de una obligación en dinero con el sólo producto de los bienes gravados con hipoteca o prenda, además de cumplir los requisitos de toda demanda ejecutiva, deberá especificar los bienes objeto de gravamen (...).

Si el pago de la obligación a cargo del deudor se hubiere pactado en diversos instalamentos, en la demanda podrá pedirse el valor de todos ellos, en cuyo caso se harán exigibles los no vencidos”.

(...).

2. El problema jurídico.

En criterio del demandante, el precepto impugnado es contrario a los artículos 42 y 51 de la Constitución Política, por cuanto aquél autoriza al demandante, dentro del proceso ejecutivo hipotecario para exigir la totalidad de la deuda, si la obligación se pacta en diversos instalamentos, aun los no vencidos, hecho que a su vez permite la pérdida del inmueble, pese a que la Carta Política garantiza el derecho a tener una vivienda digna en aras de proteger a la familia.

Ahora bien, el tema que debate la Corte en esta oportunidad, tiene que ver con el proceso de ejecución con título hipotecario o prendario, reglamentado en los artículos 554 a 556 del Código de Procedimiento Civil. Lo primero que debe advertir esta corporación es que el proceso ejecutivo con título hipotecario es la formalidad procesal que estableció el legislador colombiano, en virtud del artículo 29 de la Carta, para hacer efectivo el cobro jurídico del derecho real de prenda o hipoteca constituido sobre inmuebles, naves, aeronaves y en general todo tipo de bienes.

3. El proceso ejecutivo hipotecario. Desarrollo del artículo 29 Constitucional.

La ejecución con título hipotecario se caracteriza por cuanto existe previamente una garantía a favor del acreedor sin tomar en consideración quién hubiere gravado el bien. Para la Corte como ya ha tenido oportunidad de reiterarlo en varias sentencias, entre otras en la C-383 de 1997 (M.P. Fabio Morón Díaz), y en la C-192 de 1996 (M.P. Jorge Arango Mejía), la hipoteca no es otra cosa que una seguridad real e indivisible, que consiste en la afectación de un bien al pago de una obligación, sin que haya desposesión actual del constituyente, y que le permite al acreedor hipotecario, vencido el plazo, embargar y hacer rematar ese bien, sea quien fuere la persona que estuviere en posesión de él, para hacerse pagar de preferencia a todos los demás acreedores con títulos quirografarios.

De otra parte, estima la Corte que es necesario precisar que este tipo de procesos se caracterizan por ser especiales, por cuanto para su existencia se exige previamente una garantía real (prenda o hipoteca) a favor de un acreedor, se persigue el bien frente al actual propietario en todos los casos, puesto que la obligación no es personal, vale decir, no se persigue para el pago a quien hubiere constituido el gravamen sino al actual propietario, el cual ha debido conocer la situación jurídica de la cosa antes de su adquisición.

Ahora bien, a juicio de la corporación, cada proceso está concebido para cumplir una determinada función que no puede ser desbordada hacia finalidades no previstas en el esquema de las relaciones jurídicas que le sirven de fundamento. El proceso ejecutivo con título hipotecario o prendario está diseñado y concebido con el propósito específico de que una vez vencido el plazo de la obligación, la seguridad jurídica real e indivisible del bien gravado cobre su plenitud y pueda el acreedor con título real hacer efectivo su crédito, independientemente de si el plazo del cumplimiento de la obligación se pactó instantáneamente o por instalamentos; por ende, esta acción se caracteriza por dirigirse únicamente sobre la garantía real ya que previamente el acreedor la estima suficiente para cubrir su crédito, sin que sea necesario perseguir otros bienes distintos del gravado con la garantía real.

Así las cosas, en concepto de esta Corte, el legislador, en el inciso cuarto del artículo 554 del Código de Procedimiento Civil, no estableció un criterio caprichoso ni desproporcionado ni irracional, pues simplemente este diseñó, en ejercicio de su libertad de configuración, una formalidad, una serie de reglas procedimentales, con el fin de garantizar el contenido y la eficacia material del derecho real de hipoteca y prenda, para que los atributos de persecución y preferencia que se desprenden del mismo, adquieran su plenitud legal.

4. El examen de los cargos formulados contra el inciso cuarto del artículo 554 del Código de Procedimiento Civil.

Bajo la perspectiva anteriormente señalada, estima la Corte que el actor incurre en una equivocación, al considerar en su demanda que el artículo 554 del Código de Procedimiento Civil, únicamente se aplica a los préstamos hipotecarios para la adquisición de vivienda, hecho que, a su vez, puede ocasionar la pérdida del inmueble, pues a través de un proceso de ejecución hipotecaria los deudores demandados, al no cancelar la obligación, pueden dar lugar a que se remate el inmueble con la consiguiente pérdida patrimonial.

Para la Corte es claro que el artículo 554 del Código de Procedimiento Civil, en lo acusado, no contradice ni conculca ningún mandato superior, ya que la norma en cuestión, por un lado establece los requisitos para la demanda específica, que pretende el pago de una suma de dinero, únicamente con el producto de los bienes gravados con hipoteca o prenda, lo cual constituye un proceso especial, único, dentro de una amplia gama de modalidades de ejecución forzosa establecidas por el legislador, en virtud del cual, el acreedor de una obligación responderá con su título real, pero por otra parte, el legislador dispuso de una vía procesal apta para obtener su pago, exigiendo judicialmente su garantía real. En consecuencia, el artículo 554 del Código de Procedimiento Civil involucra, en opinión de la Corte, dos hipótesis no excluyentes, para que el acreedor de una obligación pueda exigir judicialmente su crédito. En efecto, el acreedor real tiene dos acciones cuando el crédito garantizado con título especial se hace exigible para hacerlo efectivo, una vez vencido el plazo del mismo, esto es, una acción personal nacida del derecho de crédito contra el deudor de éste y otra de carácter real, cuyo origen es un negocio jurídico de hipoteca o prenda, título que le otorga los atributos de persecución y preferencia contra el dueño del bien gravado.

Así las cosas, la Corte juzga oportuno precisar que el crédito está reglamentado como fenómeno jurídico y económico en múltiples disposiciones de orden técnico, especialmente en el campo del derecho privado, en donde el principio de la autonomía de la voluntad es esencial en la configuración del tráfico jurídico y en la definición, celebración y ejecución de los negocios jurídicos, especialmente entre particulares, principio que naturalmente, es amparado y garantizado por el artículo 16 de la Carta, salvo las limitaciones que consagra el orden jurídico y los derechos de los demás.

En este orden de ideas, en un negocio jurídico de mutuo o de cualquier otro que comporte el otorgamiento de crédito a corto, mediano y largo plazo, en el que se hubiere pactado el pago de diversos instalamentos, respaldados con una hipoteca o una prenda válidamente celebrada, los signatarios del contrato o de la convención, pueden estipular libremente que, en caso de incumplimiento, en la cancelación de alguno o de algunos instalamentos o cuotas, el acreedor podrá pedir el valor de todos ellos, en cuyo caso pueden hacer exigibles los aún no vencidos (C.C., arts. 1602 y 1546). Esta cláusula de aceleración, en criterio de la Corte, no contradice normas constitucionales, porque las partes contratantes, en ejercicio del principio de la autonomía de la voluntad pueden estipularlas libremente en sus negocios jurídicos, con el objeto de darle sentido o contenido material a los contratos, siempre y cuando no desconozcan los derechos de los demás, ni el orden jurídico que le sirven de base o fundamento, pues con ello se afectaría la validez del acto o del negocio jurídico.

En consecuencia de lo anterior, al adelantarse el proceso ejecutivo con título hipotecario o prendario, tomando como base la cláusula aceleratoria prevista en el negocio de mutuo y respaldada con hipoteca o prenda, se debe respetar la plenitud de las formas propias que diseñan el rito de este proceso. La Corte debe aclarar que el legislador a través del artículo 554 del Código de Procedimiento Civil, al establecer los requisitos de forma que debe contener la demanda ejecutiva, ofrece garantías procesales que no solamente protegen los intereses del acreedor sino que también permiten al deudor desplegar su defensa técnica, en aras de proteger sus legítimos derechos, pues, repárese, que la ley procesal establece igualdad de trato para las partes procesales, dotándolas de herramientas y de opciones procedimentales para que los particulares busquen la satisfacción completa de una obligación civil o comercial, independientemente del trámite procesal para obtener el pago de la obligación.

Así las cosas, estima la Corte, que la hipoteca no siempre recae sobre bienes destinados a vivienda, como lo aduce el actor en su demanda, sino sobre otro tipo de bienes, tales como naves, aeronaves, y automotores, este último, para efectos de la prenda, todo ello con el fin de respaldar el cumplimiento satisfactorio de las obligaciones civiles, comerciales, financieras y en general las que nazcan de la voluntad libre de los particulares; de lo contrario, el acreedor no tendría una verdadera garantía que le permitíese lograr el pago total de la acreencia. Luego, no puede la Corte aceptar que se afecta el derecho previsto en el artículo 51 de la Constitución Política, a una vivienda digna, por el simple hecho de que el acreedor inicie un proceso especial de cobro con título hipotecario o prendario, pues, recuérdese, que los procesos judiciales y aún los administrativos son vías indispensables, creadas por el ordenamiento jurídico, a través de requisitos formales o materiales para concretar y hacer efectivos derechos fundamentales y sustanciales consagrados en la legislación. Las formas procesales, como los mandatos que consagran derechos subjetivos, forman parte integrante de la Carta que esta Corte debe guardar y respetar. En consecuencia, el principio de prevalencia del derecho sustancial debe entenderse en su verdadero sentido, esto es, las formas y el contenido deben ser inseparables para la efectividad del derecho material. Por lo tanto, la interpretación adecuada de los procedimientos legales, adquiere su sentido pleno en la prevalencia de los derechos de las personas.

Por último, debe la Corte reiterar, en esta ocasión, que la Constitución Política sirve de fundamento a las obligaciones que tiene el deudor para cancelar el crédito y el acreedor para exigirlo en su totalidad, todo ello como un elemento central de un orden social justo, constituido sobre la base de que todas las personas cumplan con sus obligaciones adquiridas en los negocios jurídicos válidamente celebrados, mientras no sean invalidados por mutuo acuerdo de las partes o por causas legales.

Finalmente, estima la Corte que el inciso acusado del artículo 554 del Código de Procedimiento Civil, desarrolla uno de los principios rectores del proceso civil colombiano como lo es el de la celeridad procesal, que unido al de la economía, se enderezan hacia la agilidad en el trámite de los asuntos sustanciales, los cuales se verían afectados si se aceptara el argumento central de la demanda, ya que la ley procesal ofrece opciones procedimentales para que los particulares busquen satisfacer plenamente sus derechos, plasmados en obligaciones civiles, comerciales, financieras, y en general todas aquellas que comporten un crédito, independientemente del trámite procesal para obtener el pago de la obligación, lo que no se revela desproporcionado respecto de los derechos del ejecutado, pues la decisión de presentar la demanda ejecutiva hipotecaria para el cobro de la totalidad de las obligaciones, es subjetiva y sólo obedece a los intereses concretos de cada acreedor, y tiene como finalidad exclusiva dar cumplimiento a los principios de economía y de simplificación en las controversias que se pueden suscitar entre acreedor y deudor. Por lo tanto, la exigibilidad automática de una deuda y la imposición de un término breve y menor que el ordinario para satisfacer las pretensiones, no es una práctica abusiva, ni discriminatoria, ni ofensiva que recaiga sobre una persona débil, sino que se constituye en una herramienta que el ordenamiento jurídico establece para la satisfacción material de derechos sustanciales amparados con garantías reales y protegidos por el ordenamiento superior, dentro de la libertad de configuración que posee el legislador para diseñar formalidades procesales en virtud del artículo 29 de la Carta, con el propósito de hacer efectivo el cobro jurídico del derecho de hipoteca o de prenda, constituido sobre bienes inmuebles, naves o aeronaves y en general sobre todo tipo de bienes.

VII. Decisión.

En mérito de lo expuesto, la Corte Constitucional administrando justicia en nombre del pueblo y por mandato de la Constitución,

RESUELVE:

DECLARAR EXEQUIBLE la expresión normativa “si el pago de la obligación a cargo del deudor se hubiere pactado en diversos instalamentos, en la demanda podrá pedirse el valor de todos ellos, en cuyo caso se harán exigibles los no vencidos”, contenida en el artículo 554 del Código de Procedimiento Civil (modificado por el art. 1º num. 302 del D. 2282/89).

Notifíquese, comuníquese, publíquese en la Gaceta de la Corte Constitucional, archívese el expediente y cúmplase».

(Sentencia C-664 de junio 8 de 2000. Magistrado Ponente: Dr. Fabio Morón Díaz).

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