Sentencia C-665 de junio 28 de 2005 

CORTE CONSTITUCIONAL

SALA PLENA

Sentencia C-665 de 2005

Ref.: Expediente D-5441

Magistrado Ponente:

Dr. Rodrigo Escobar Gil

Demanda de inconstitucionalidad contra los artículos 471, inciso 2º y 474, inciso 2º (parciales) de la Ley 906 de 2004.

Demandante: Luis Eduardo Mariño Ochoa.

Bogotá, D.C., veintiocho de junio de dos mil cinco.

EXTRACTOS: «II. Texto de la norma acusada

A continuación se transcribe el texto de las disposiciones acusadas, conforme a su publicación en el Diario Oficial Nº 45.658 de 1º de septiembre de 2004. Se subrayan y resaltan los apartes demandados.

LEY 906 DE 2004

(Agosto 31)

“Por la cual se expide el Código de Procedimiento Penal”.

El Congreso de la República

Decreta

ART. 471.—Solicitud. El condenado que se hallare en las circunstancias previstas en el Código Penal podrá solicitar al juez de ejecución de penas y medidas de seguridad la libertad condicional, acompañando la resolución favorable del consejo de disciplina, o en su defecto del director del respectivo establecimiento carcelario, copia de la cartilla biográfica y los demás documentos que prueben los requisitos exigidos en el Código Penal, los que deberán ser entregados a más tardar dentro de los tres (3) días siguientes.

Si se ha impuesto pena accesoria de multa, su pago es requisito imprescindible para poder otorgar la libertad condicional.

(...)

ART. 474.—Procedencia. Para conceder la suspensión condicional de la ejecución de la pena, se dará cumplimiento a lo dispuesto en el Código Penal y se fijará el término dentro del cual el beneficiado debe reparar los daños ocasionados con el delito, salvo que haya bienes secuestrados, decomisados o embargados, que garanticen íntegramente la indemnización.

Si se ha impuesto pena accesoria de multa, su pago es requisito imprescindible para poder otorgar la condena de ejecución condicional, salvo las excepciones de ley.

(...).

VI. Consideraciones de la Corte

1. Competencia.

Por dirigirse la demanda contra unas disposiciones que forman parte de una ley de la República, la Corte Constitucional es competente para decidir sobre su constitucionalidad, según lo prescribe el artículo 241-4 de la Carta Fundamental.

2. Problemas jurídicos.

De acuerdo con los cargos formulados en la demanda de inconstitucionalidad, en esta oportunidad le corresponde a la Corte establecer si la condición de haber pagado la multa como requisito indispensable para otorgar la libertad condicional y la suspensión condicional de la ejecución de la pena, es contraria a la prohibición constitucional contenida en el artículo 28 superior de privar la libertad por deudas. Así mismo, si resulta discriminatorio hacia las personas de escasos recursos supeditar el otorgamiento de los subrogados penales anteriores al pago de una multa.

Previamente la Corte debe precisar si las expresiones acusadas tienen un contenido normativo igual a las frases comprendidas en los artículos 4º y 5º de la Ley 890 de 2004 y que fueron declaradas exequibles por esta corporación en la Sentencia C-194 de 2005, con el fin de establecer si debe reiterarse la jurisprudencia sentada en dicha ocasión y, por ende, adoptar la misma decisión de declararlas exequibles.

3. Reiteración de jurisprudencia en relación con los dos cargos invocados en la demanda.

3.1. Es preciso señalar que esta corporación se pronunció recientemente sobre unas disposiciones contenidas en el Código Penal que tienen el mismo contenido que el de las expresiones actualmente objeto de estudio. En efecto, en la Sentencia C-194 de 2005 la Corte declaró la exequibilidad de las frases “Su concesión estará supeditada al pago total de la multa” y “En todo caso su concesión estará supeditada al pago total de la multa” contenidas en los artículos 4º y 5º de la Ley 890 de 2004. Dichas normas establecen que la concesión de los subrogados penales de suspensión condicional de ejecución de la pena y de libertad condicional está supeditada al pago de la multa.

Las normas ahora demandadas, aunque incluidas en un cuerpo normativo diferente, el Código de Procedimiento Penal, y con una redacción distinta, son expresión del mismo contenido normativo. En efecto, mientras que en la Sentencia C-194 de 2005 se demandaron las frases que supeditaban la concesión de los subrogados penales contenidas en la Ley 890 de 2004 que adicionó y modificó el Código Penal, en el presente proceso se demandaron unas expresiones similares pero contenidas en el Código de Procedimiento Penal. Confrontados los textos que han sido sometidos en el pasado al control constitucional y los que lo son ahora en la demanda de la referencia, la Sala Plena encuentra que regulan la misma situación jurídico-procesal, pues hacen referencia a la exigencia de pagar la pena accesoria de multa impuesta por el juez penal por la comisión de un delito como condición necesaria para el otorgamiento de los subrogados penales de libertad condicional y suspensión condicional de la ejecución de la pena.

3.2. En la Sentencia C-194 de 2005 la Corte Constitucional se planteó los siguientes problemas jurídicos que resultan relevantes para el análisis de la presente demanda:

“a) ¿Vulnera el principio constitucional de igualdad el hecho de que, para conceder el beneficio de la suspensión condicional de la ejecución de la pena, el legislador exija al condenado el pago total de la multa? En el mismo sentido, ¿es constitucional que se exija el pago total de la multa al condenado que solicita el reconocimiento de la libertad condicional?

b) ¿Constituye la exigencia del pago de la multa, como requisito para acceder al beneficio de la suspensión condicional de la ejecución de la pena, una manifestación de la prohibición constitucional del artículo 28 de imponer prisión por deudas?” (C-194/2004, M.P. Marco Gerardo Monroy Cabra).

Como se puede observar, los cargos analizados en dicha oportunidad coinciden con los esgrimidos en la presente demanda de inconstitucionalidad, pues en esta ocasión el accionante solicita el retiro del ordenamiento jurídico de las normas demandadas exactamente por las mismas razones estudiadas anteriormente por esta corporación: i) la vulneración del inciso tercero del artículo 28 superior que prohíbe la prisión y el arresto por deudas, bajo el entendido que la multa es una deuda que se tiene con el Estado y por ende la concesión de los subrogados penales no puede supeditarse al pago de dicha deuda, y ii) la vulneración del derecho a la igualdad consagrado en el artículo 13 de la Constitución, porque la norma prevé el mismo tratamiento para los que tienen y para los que no tienen la capacidad económica para pagar la multa impuesta.

3.3. En esta medida, la Corte reiterará la posición jurisprudencial establecida en la Sentencia C-194 de 2005 en la que declaró la exequibilidad del artículo 4º de la Ley 890 de 2004.

Destaca la Corte que el análisis sobre la constitucionalidad de los artículos 4º y 5º de la Ley 890 de 2004 anteriormente señalados se realizó bajo el marco del nuevo sistema penal acusatorio introducido en la Carta Política por el Acto Legislativo 03 de 2002, y que el examen de constitucionalidad que ahora debe hacer la Corte en relación con los artículos 471 y 474 de la Ley 906 de 2004 se desenvuelve en el mismo contexto constitucional, sin que, desde ese punto de vista, exista circunstancia alguna que dé lugar a una aproximación diferente a la expresada por la Corte en la Sentencia C-194 de 2005, razón por la cual se reiterará la posición jurídica allí contenida.

3.4. En relación con el cargo por la vulneración del artículo 28 superior, la corporación señaló, por un lado, que como quiera que la imposición de una multa dentro de un proceso penal obedece a una sanción por haber incurrido en una conducta punible, la exigencia de pagarla como requisito para conceder los beneficios de los subrogados penales no se encuentra comprendida dentro la prohibición constitucional de castigar con prisión o arresto el no pago de una deuda.

En dicha oportunidad se resaltó que, según lo ha venido sosteniendo reiteradamente la jurisprudencial constitucional, el inciso 3º del artículo 28 de la Constitución hace referencia exclusivamente a deudas de origen civil (1) . Siendo la multa una manifestación de la potestad punitiva del Estado, el hecho de que se refiera a una pena de índole pecuniaria a favor del tesoro público cuyo medio liberatorio sea el dinero, no la convierte en una deuda de aquellas comprendidas en la prohibición constitucional. Lo anterior es así porque “(...) el origen de la multa es el comportamiento delictual del individuo, no su capacidad transaccional, y su finalidad no es el enriquecimiento del erario, sino la represión de la conducta socialmente reprochable. Más aún, la multa no es una carga pecuniaria de naturaleza resarcitoria que persiga reparar el daño provocado por el delito” (2) .

En su momento también se resaltaron las formas de modificar o extinguir las obligaciones de carácter civil y que no pueden predicarse de las multas atendiendo su naturaleza sancionatoria:

“En este contexto, la multa no es susceptible de conciliación, no puede compensarse y, mucho menos, puede extinguirse mediante el fenómeno de la confusión. No está en poder del sujeto pasivo la transacción del monto de la misma o la posibilidad de negociar su imposición, así como no podría este —pese a una eventual aquiescencia del Estado— ceder su crédito a un particular distinto, pues la finalidad de la multa es la de castigar al infractor de la ley”.

Atendiendo las razones anteriores, esta corporación concluyó que las expresiones acusadas no violan la regla constitucional contenida en el inciso 3º del artículo 28 de la Constitución que prohíbe la prisión y el arresto por deudas.

3.5. Respecto del cargo por la presunta vulneración del artículo 13 superior, la Corte analizó los criterios señalados en el Código Penal para imponer, graduar el monto y determinar la clase de multa a imponer por la comisión de un delito. Destacó que el inciso tercero del artículo 39 de la Ley 599 de 2000 exige que la graduación de la multa sea motivada y de acuerdo a las unidades de multa establecidas en el numeral segundo del mismo artículo, teniendo en cuenta “(...) el daño causado con la infracción, la intensidad de la culpabilidad, el valor del objeto del delito o el beneficio reportado por el mismo, la situación económica del condenado deducida de su patrimonio, ingresos, obligaciones y cargas familiares, y las demás circunstancias que indiquen su posibilidad de pagar”.

Se resaltó, también, que si bien en principio la multa debe pagarse de manera inmediata, en los numerales 6º y 7º del mismo artículo mencionado el legislador dispuso mecanismos sustitutivos para su pago. Así, cuando el condenado acredite su incapacidad material para pagar la multa inmediatamente, el juez puede amortizar el pago de la multa señalando plazos para su pago o autorizando la realización de trabajos no remunerados “(...) en asunto[s] de inequívoca naturaleza e interés estatal o social”. El juez, además, puede convertir la multa en arrestos progresivos de fin de semana.

De todo lo anterior, la Corte concluyó que “(...) la capacidad o incapacidad de pago del individuo no es irrelevante —por el contrario, es indispensable— para determinar el monto de la multa, así como su forma de pago e, incluso, la posibilidad de amortizarla mediante trabajo o, en casos extremos, de convertirla en arresto de fin de semana” (3) . Por lo que declaró exequible las expresiones acusadas, teniendo en consideración el hecho de que el juez penal debe atender capacidad económica del condenado no solo al momento de determinar su valor, sino también al momento de efectuar su pago, pudiendo acudir a diferentes alternativas ante la demostrada incapacidad económica del condenado. En conclusión “(...) la ley sí dispensa un trato diferenciado para situaciones que realmente lo merecen, por lo que la norma no encarna discriminación alguna” (4) .

Atendiendo las consideraciones anteriores, declaró exequibles las expresiones “Su concesión estará supeditada al pago total de la multa” y “En todo caso su concesión estará supeditada al pago total de la multa” contenidas en los artículos 4º y 5º de la Ley 890 de 2004.

3.6. En consecuencia, no cabe duda que los criterios expuestos en la sentencia antes citada resuelven plenamente los problemas jurídicos planteados en la demanda que ahora estudia la Corte, por lo que la Sala Plena, respetando el precedente en la materia, procede a reiterar su jurisprudencia y a declarar exequibles las expresiones “su pago es requisito imprescindible para poder otorgar la libertad condicional” y “su pago es requisito imprescindible para poder otorgar la condena de ejecución condicional” contenidas en los incisos segundos de los artículos 471 y 474 de la Ley 906 de 2004 respectivamente.

VII. Decisión

En mérito de lo expuesto, la Corte Constitucional, administrando justicia, en nombre del pueblo y por mandato de la Constitución,

RESUELVE:

1. Declarar EXEQUIBLES las expresiones “su pago es requisito imprescindible para poder otorgar la libertad condicional” y “su pago es requisito imprescindible para poder otorgar la condena de ejecución condicional” contenidas en los incisos segundos de los artículos 471 y 474 de la Ley 906 de 2004.

Cópiese, notifíquese, publíquese, comuníquese, insértese en la Gaceta de la Corte Constitucional y archívese el expediente».

(1) Sentencias C-628 de 1996 (M.P. Hernando Herrera Vergara y C-041 de 1994 (M.P. Eduardo Cifuentes Muñoz).

(2) Sentencia C-194 de 2005 (M.P. Marco Gerardo Monroy Cabra).

(3) Sentencia C-194 de 2005 (M.P. Marco Gerardo Monroy Cabra).

(4) Sentencia C-194 de 2005 (M.P. Marco Gerardo Monroy Cabra).

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