Sentencia C-666 de agosto 16 de 2006 

CORTE CONSTITUCIONAL

SALA PLENA

Sentencia C-666 de 2006 

Ref.: Expediente D-6172

Magistrada Ponente:

Dra. Clara Inés Vargas Hernández

EXTRACTOS: «II. Textos de la normas acusadas

Se transcribe a continuación el texto de los artículos 45, parcial, del Decreto-Ley 760 de 2005 y 74 de la Ley 998 de 2005:

“DECRETO NÚMERO 760 DE 2005

(Marzo 17)

Departamento Administrativo de la Función Pública 

Por el cual se establece el procedimiento que debe surtirse ante y por la Comisión Nacional del Servicio Civil para el cumplimiento de sus funciones.

El Presidente de la República de Colombia,

en ejercicio de las facultades extraordinarias que le confiere el numeral 1º del artículo 53 de la Ley 909 de 2004,

DECRETA:

ART. 45.—La Comisión Nacional del Servicio Civil señalará el valor de los derechos que se causarán por concepto de acreditación a cargo de las universidades y las instituciones de educación superior públicas o privadas que adelantarán los procesos de selección.

La Comisión Nacional del Servicio Civil establecerá el valor de los derechos que se causen por concepto de participación en los concursos a su cargo o realizados por delegación suya”.

“LEY NÚMERO 998 DE 2005

(Diciembre 1º)

El Congreso de Colombia

Por la cual se decreta el presupuesto de rentas y recursos de capital y la ley de apropiaciones para la vigencia fiscal del 1o de enero al 31 de diciembre de 2006

ART. 74.—De conformidad con el artículo 45 del Decreto-Ley 760 de 2005 y para financiar los costos que se destinen para el fin allí establecido, la Comisión Nacional del Servicio Civil cobrará, una suma equivalente a un salario mínimo legal diario para los empleados pertenecientes a los niveles técnicos y asistenciales, y de un día y medio de salario mínimo legal diario para los empleados pertenecientes a los demás niveles, a cargo de los aspirantes, como derechos que se causen por la participación en los concursos de ingreso en empleos de carrera administrativa o en ascenso en la misma. El recaudo lo hará la Comisión Nacional del Servicio o quien esta delegue.

Si el valor recaudado es insuficiente para atender los costos que genere el proceso de selección, el faltante será cubierto por la respectiva entidad que requiera proveer el cargo, de conformidad con lo señalado por el artículo 30 de la Ley 909 de 2004”».

EXTRACTOS: «VI. Consideraciones de la Corte Constitucional

1. Competencia.

La Corte Constitucional es competente para conocer y decidir sobre la demanda de inconstitucionalidad de la referencia, de conformidad con el numerales 4º y 5º del artículo 241 de la Constitución Política.

2. Problemas jurídicos a resolver.

La Corte debe entrar a examinar los siguientes problemas jurídicos:

1. Si el Presidente de la República al expedir el inciso 2º del artículo 45 del Decreto-Ley 760 de 2005, excedió las facultades extraordinarias conferidas por el numeral 1º del artículo 53 de la Ley 909 de 2004, al autorizar a la Comisión Nacional del Servicio Civil establecer el valor de los derechos que se causen por concepto de participación en los concursos a su cargo o realizados por delegación suya.

2. En caso negativo, estudiará si las normas acusadas, vulneran el inciso 2º del artículo 338 de la Constitución, al autorizar el cobro de un valor sin que se señale en ellas el método para definir los costos y beneficios, y la forma de hacer su reparto. En caso de resultar prospero el cargo planteado en numeral primero, este problema jurídico se analizará solo respecto del artículo 74 de la Ley 909 de 2004.

3. Si al establecerse por las normas acusadas el cobro de un valor a cargo de los aspirantes como derecho de participación en los concursos por parte de la Comisión Nacional del Servicio Civil se vulnera los artículos 2º, 13, 40-7 y 125 de la Constitución, por cuanto en opinión del actor no guarda ninguna relación con la determinación de los méritos y calidades de los aspirantes, impide el acceso a los cargos públicos de quienes no tienen los medios económicos para poder participar o se encuentran desempleados, discrimina por razones económicas y no realiza los fines esenciales del Estado.

Las intervenciones del Ministerio de Hacienda y Crédito Público, del Departamento Administrativo de la Función Pública (2) y de la Comisión Nacional del Servicio Civil, coinciden en solicitar a la Corte la exequibilidad de las disposiciones acusadas.

Consideran que no se violó el artículo 150-10 de la Carta, por cuanto la norma habilitante no está otorgando a la CNSC facultad para cobrar un valor por la inscripción. En cumplimiento del artículo 30 de la Ley 909 de 2004, se establece de forma general que los costos generados por el concurso estarán a cargo de los presupuestos de las entidades respectivas, por lo que el legislador extraordinario con el artículo 45 del Decreto-Ley 760 de 2005, no autorizó ni fijó el cobro de un valor, pues, esta facultad fue desarrollada por el artículo 74 de la Ley 998 de 2005. El Ministerio de Hacienda y Crédito Público además considera que este cargo no es apto por no cumplir con el presupuesto de pertinencia exigible a las demandas de inconstitucionalidad. Al respecto, la Corte observa que al haberse podido determinar un problema jurídico a resolver, como aparece reseñado en el punto 1 de esta decisión, no está llamada a prosperar la solicitud de inhibición constitucional, máxime cuando el mismo interviniente realizó el estudio material de la norma parcialmente acusada.

En cuanto al cargo por violación del artículo 338-2 de la Constitución, considera el Ministerio de Hacienda y Crédito Público que el valor establecido no satisface los presupuestos de una tasa al no constituir una contraprestación a un servicio público prestado. Para el Departamento Administrativo de la Función Pública y la Comisión Nacional del Servicio Civil, el mismo legislador fijó directamente la tarifa, autorizó el recaudo y señaló los sujetos activos y pasivos. El método y el sistema se deben establecer solamente cuando el legislador autoriza a una autoridad para que fije las tarifas de las tasas y contribuciones, lo cual consideran que no se presentó en este caso.

En relación con los demás cargos señalan que i) el valor establecido por la inscripción al concurso hace parte del deber constitucional de contribuir al financiamiento de los gastos del Estado y del principio de solidaridad, ii) el monto previsto resulta exiguo por cuanto solo alcanza a cubrir una mínima parte de los gastos que implica la realización de un concurso de méritos, iii) todos los aspirantes deben pagar por igual los valores indicados, iv) la realización del concurso de méritos demanda una planeación, organización y ejecución de los procesos de selección, es decir, requiere de instrumentos técnicos y logísticos y de una infraestructura adecuada cuyos costos rebasan la capacidad económica del Estado, máxime cuando se presenta un represamiento en la provisión definitiva de los empleos que imposibilita por su magnitud la financiación total, v) se establece una tarifa diferencial atendiendo el nivel del cargo al que se aspira, es decir, los valores a cancelar dependerán del nivel jerárquico del cargo en que se inscribe el concursante, sumas que pueden ser razonablemente sufragadas, máxime cuando las entidades públicas deben financiar el mayor valor, vi) se está frente al ejercicio del margen de configuración legislativa resultando razonables y proporcionadas las disposiciones acusadas, vii) no se afecta el principio del mérito ya que por el contrario se viabiliza los procesos de selección abiertos donde pueden participar todos los interesados sin ningún tipo de discriminación, viii) conforme a la Sentencia T-563 de 1994, resulta irrelevante la condición económica del aspirante si el cobro resulta razonable por ser difícil demostrar que el pago de cierta suma constituye una barrera para el ingreso a los cargos, y ix) las inscripciones abiertas y gratuitas restan seriedad al concurso e impiden la realización dentro de los parámetros de eficiencia y economía de la función administrativa. Finalmente, en cuanto a la solicitud de inhibición constitucional formulada por el Ministerio de Hacienda y Crédito Público en relación con los cargos por violación del artículo 13 de la Constitución, al considerar que la demanda de inconstitucionalidad no cumple el presupuesto de pertinencia, debe indicarse que al haberse podido establecer por la Corte la existencia de un problema jurídico a resolver no está llamada a prosperar dicha solicitud, aunado a que el mismo interviniente procedió a realizar el análisis material de las normas acusadas.

En cambio, la Universidad del Rosario (3) considera que las disposiciones acusadas resultan inexequibles. Como fundamento acoge los mismos argumentos de la demanda y agrega que se violan otras disposiciones constitucionales (C.P., arts. 3º y 209). La Corte debe precisar, como lo ha expuesto en anteriores oportunidades (4) , que el examen de constitucionalidad habrá de circunscribirse a los cargos formulados por el actor en la demanda y sobre los cuales concretamente se pronunciaron los intervinientes y el Procurador General de la Nación, por lo que limitará su análisis al problema jurídico planteado.

Para el Procurador General de la Nación las normas acusadas resultan inexequibles por cuanto los objetivos perseguidos no resultan razonables ni admisibles constitucionalmente al generar una consecuencia altamente restrictiva frente al desempeño de cargos públicos y el derecho a la igualdad. Considera que se está ante un elemento ajeno al mérito como lo es el requisito de naturaleza financiera que en muchos casos resulta insalvable. En cuanto a la vulneración del artículo 150-10 de la Constitución, manifiesta que no asiste razón al actor puesto que el artículo 74 de la Ley 998 de 2005, le dio alcance al artículo 45 del Decreto-Ley 760 de 2005, al regular en detalle los montos que se deben cancelar, pero el actor acierta cuando expone el contenido del artículo 30 de la Ley 909 de 2004. De igual forma, señala que no tiene razón el actor frente al presunto desconocimiento del artículo 338-2 de la Carta, puesto que el artículo 74 de la Ley 998 de 2005, fijó directamente la tarifa por lo que no se está ante el evento en que las tarifas de las tasas puedan ser fijadas excepcionalmente por las autoridades administrativas caso en el cual sí debe contemplarse el sistema y el método. Si bien, en principio, existió la autorización del legislador extraordinario a la Comisión Nacional del Servicio Civil, la Ley 998 de 2005 se ocupó del tema y fijo la tarifa directa y concretamente.

En consecuencia, previamente a resolver los problemas jurídicos planteados por violación de los artículos 2º, 13, 40-7 y 125 de la Constitución, la Corte procederá a estudiar en primer lugar los cargos por violación de los artículos 150-10 y 338 de la Constitución, ya que de prosperar los cargos por violación de dichas disposiciones constitucionales, se haría innecesario entrar a examinar los demás cargos formulados.

3. El legislador extraordinario al expedir el inciso 2º del artículo 45 del Decreto-Ley 760 de 2005, excedió las facultades conferidas por el numeral 1º del artículo 53 de la Ley 909 de 2004.

En el presente caso, la Corte considera que el Presidente de la República al expedir el inciso 2º del artículo 45 del Decreto-Ley 760 de 2005, excedió las precisas facultades extraordinarias conferidas por el numeral 1º del artículo 53 de la Ley 909 de 2004, vulnerando con ello el artículo 150-10 de la Constitución.

En efecto, reiterando lo ya dicho en anteriores oportunidades, esta corporación en Sentencia C-318 de 2006 (5) señaló, que para establecer si el Presidente de la República se excedió materialmente en el ejercicio de las facultades extraordinarias debe determinarse “si el tema respecto del cual se adoptó una regulación específica mediante decreto-ley encaja exactamente en el ámbito de la habilitación por haber sido mencionado expresamente en la Ley de facultades o bien guarda una relación directa con la materia respecto de la cual fueron conferidas tales facultades. (S)i bien no es necesario que cada tema específico regulado por la normatividad adoptada por el Presidente de la República en ejercicio de facultades extraordinarias haya sido mencionado en la ley de facultades, lo que sí resulta indispensable es que tal tema de regulación sea un aspecto comprendido dentro del ámbito de la habilitación por guardar una relación de conexidad directa —no indirecta, remota o eventual— con las materias expresamente indicadas en la ley habilitante (6) . Recuérdese que la necesidad de que exista tal relación directa de conexidad se deriva, del criterio de interpretación restrictiva a que se ha referido la Corte y que es necesario para asegurar el respeto de las competencias del Congreso, lo que impide una interpretación extensiva o analógica que resulta inadmisible a la luz de las pautas señaladas en la Constitución y explicadas por la Corte en su jurisprudencia”.

En el caso concreto, mediante el numeral 1º del artículo 53 de la Ley 909 de 2004, el legislador confirió facultades extraordinarias al Presidente de la República, por el término de seis meses, para:

“ART. 53.—Facultades extraordinarias. De conformidad con el numeral 10 del artículo 150 de la Constitución Política, revístese de precisas facultades extraordinarias al Presidente de la República por el término de seis (6) meses, contados a partir de la fecha de promulgación de esta Ley, para expedir normas de fuerza de ley que contengan:

1. El procedimiento que debe surtirse ante y por la Comisión Nacional del Servicio Civil, para el cumplimiento de sus funciones.

2. El sistema general de nomenclatura y clasificación de empleos aplicable a las entidades del orden territorial que deban regirse por la presente ley.

3. El sistema de funciones y requisitos aplicable a los organismos y entidades de los órdenes nacional y territorial que deban regirse por la presente ley, con excepción del Congreso de la República.

4. El sistema específico de carrera para el ingreso, permanencia, ascenso y retirodel personal de las superintendencias de la Administración Pública Nacional, de la Unidad Administrativa Especial de la Aeronáutica Civil.

5. Las normas que modifiquen el sistema específico de carrera para los empleados de la Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales.

6. Las normas que regulen el sistema específico de carrera administrativa para los empleados públicos que prestan sus servicios en el departamento administrativo de la Presidencia de la República.”

Facultades extraordinarias que ejerció el Presidente de la República dentro del término de los seis (6) meses previsto por la ley habilitante al haberse publicado la Ley 909 de 2004 en el Diario Oficial 45.680, el 23 de septiembre de 2004 y el Decreto-Ley 760 de 2005 en el Diario Oficial 45.855, el 19 de marzo de 2005.

Esta corporación, en la Sentencia C-318 de 2006, determinó el alcance de las facultades extraordinarias previstas en el numeral 1º del artículo 53 de la Ley 909 de 2004, de la siguiente manera:

“3.3.3. En relación con las competencias asignadas en materia de carrera administrativa a que se ha hecho referencia debe recordarse, así mismo, que el legislador en el artículo 53 de la Ley 909 de 2004 otorgó facultades extraordinarias al Presidente de la República, por el término de seis meses a partir de la fecha de su promulgación (7) para, entre otros asuntos (8) , expedir normas con fuerza de ley que contengan el procedimiento que ha de surtirse ante y por la Comisión Nacional del Servicio Civil, para el cumplimiento de sus funciones.

Al respecto, cabe reiterar que las facultades fueron conferidas de manera precisa para establecer el procedimiento que debe surtirse ante y por la Comisión Nacional del Servicio Civil, para el cumplimiento de sus funciones. Funciones estas que como se ha visto se encuentran detalladas en los artículos 11 —en materia de administración de la carrera— y 12 —en materia de vigilancia de la aplicación de las normas relacionadas con el ingreso, ascenso y retiro de la función pública— de la Ley 909 de 2004, pero también en otros artículos de la misma ley, como el artículo 16 —en el que se señala, entre otras cosas, que la Comisión Nacional del Servicio Civil podrá asumir eventualmente el conocimiento de los asuntos asignados a las comisiones de personal—; el artículo 30 —que le asigna específicamente competencia para adelantar los concursos—; el artículo 33 —sobre publicidad de las convocatorias—; 34 —sobre el registro público de carrera administrativa—; 40 —sobre la fijación de criterios y aprobación por dicha comisión de los sistemas de evaluación del desempeño de las entidades públicas—; 52 —sobre condiciones especiales para poblaciones vulnerables—; 54 —sobre régimen de transición—.

Invocando las referidas facultades conferidas por el numeral 1º del artículo 53 de la Ley 909 de 2004 el Presiente de la República expidió el Decreto 760 de 2005 “Por el cual se establece el procedimiento que debe surtirse ante y por la Comisión Nacional del Servicio Civil para el cumplimiento de sus funciones” y es en relación con los artículos del citado decreto a que aluden los demandantes que procede la Corte a efectuar el análisis de los cargos por ellos formulados”.

En efecto, si las facultades extraordinarias se confirieron de manera precisa en el numeral primero para expedir normas que contengan el procedimiento que ha de surtirse ante la Comisión Nacional del Servicio Civil para el cumplimiento de sus funciones, las que se encuentran detalladas en la misma Ley 909 de 2004, es evidente que con la expedición del inciso 2º del artículo 45 del Decreto-Ley 760 de 2005, el legislador extraordinario desbordó las facultades extraordinarias, pues facultó a la Comisión Nacional del Servicio Civil para establecer el valor de los derechos que se causen por concepto de participación en los concursos a su cargo o realizados por delegación suya. Cabe recordar, que las facultades no fueron conferidas para delegar en otras entidades, como la misma comisión, la obligación de establecer el valor de los derechos que se causen por concepto de participación en los concursos a su cargo o realizados por delegación suya.

La disposición acusada, tampoco guardar relación o correspondencia con el procedimiento que debe cumplirse ante y por la comisión para el desarrollo de sus funciones, por lo que la delegación para establecer el valor de unos derechos es ajeno al objeto de las facultades extraordinarias (9) .

Por consiguiente, se declarará inexequible el inciso 2º del artículo 45 del Decreto-Ley 760 de 2005, por haber excedido el Presidente de la República las precisas facultades extraordinarias conferidas por el numeral 1º del artículo 53 de la Ley 909 de 2004.

4. Análisis de los cargos en relación con el artículo 74 de la Ley 998 de 2005.

Al declarar la inexequibilidad del inciso 2º del artículo 45 del Decreto-Ley 760 de 2005, como en efecto se dispondrá en la parte resolutiva de esta decisión, procede ahora el examen de constitucionalidad en relación con los cargos presentados por el actor sobre el artículo 74 de la Ley 998 de 2005.

Por consiguiente, para analizar el cargo por vulneración del artículo 338 de la Constitución, en cuanto no se señaló a la comisión el método para definir los costos y beneficios, y la forma de hacer su reparto, la Corte previamente determinará que clase de contribución estableció el legislador con la norma acusada.

Como lo ha expuesto esta corporación en Sentencia C-243 de 2005 (10) , en el régimen fiscal colombiano se contemplan las siguientes clases de tributos: impuestos, tasas y contribuciones. Las tasas según dicha decisión constituyen un gravamen de las cuales puede apreciarse las siguientes características:

“— (C)onstituyen el precio que el Estado cobra por un bien o servicio y, en principio, no son obligatorias, toda vez que el particular tiene la opción de adquirir o no dicho bien o servicio, pero lo cierto es que una vez se ha tomado la decisión de acceder al mismo, se genera la obligación de pagarla;

— Su finalidad es la de recuperar el costo de lo ofrecido y el precio que paga el usuario guarda una relación directa con los beneficios derivados de ese bien o servicio;

— Ocasionalmente caben criterios distributivos como las tarifas diferenciales;

— Un ejemplo típico son las tarifas de los servicios públicos.

La doctrina suele señalar que las tasas se diferencian de los tributos parafiscales en cuanto aquellas constituyen una contraprestación directa por parte de los ciudadanos a un beneficio otorgado por el Estado, hacen parte del presupuesto estatal y, en principio, no son obligatorias, toda vez que queda a discrecionalidad del interesado en el bien o servicio que preste el Estado; en tanto que las contribuciones parafiscales no generan una contraprestación directa, motivo por el cual su tarifa se fija con criterios distintos, son obligatorias, son pagadas por un grupo determinado de personas, y los beneficios obtenidos van también destinados al mismo grupo y no entran en las arcas del Estado (11) .

También suele explicarse que las tasas se diferencian de los impuestos en cuanto contrariamente a estos no guardan relación directa e inmediata con un servicio prestado al contribuyente, su pago es opcional pues quienes las pagan tienen la posibilidad de decidir si adquieren o no un bien o servicio y se destinan a un servicio público específico y no a las arcas generales como en el caso de los impuestos” (12) .

Aplicando dichos factores de determinación de una tasa en el presente caso, encuentra la Corte que el legislador, al disponer en la norma acusada que la Comisión Nacional del Servicio Civil cobrará a los aspirantes a participar en los concursos para acceder a la función pública, como derechos que se causan por concepto de participación en los concursos, una suma equivalente a un salario mínimo legal diario o de un día y medio de salario mínimo legal diario, dependiendo del nivel del cargo para el cual se postula, terminó fijando directamente la tarifa de una tasa.

Ello por cuanto i) la carrera administrativa es un criterio general para el acceso al servicio público, ii) el Estado efectúa un cobro parcial de los costos que genera la realización del concurso de méritos, iii) no resulta obligatorio para todos ya que solo a quienes estén interesados, previo cumplimiento de los demás requisitos legales, se les genera el deber de cancelar la tarifa establecida por el legislador, iv) persigue recuperar en parte el costo del servicio ofrecido donde el pago de la suma que se establece guarda relación directa con los beneficios que se derivan del servicio prestado, v) caben criterios distributivos al establecerse tarifas diferenciales que dependen del nivel del cargo al cual se aspira, vi) se está ante una contraprestación directa por los ciudadanos a un servicio que otorga el Estado como lo es la realización del procedimiento de concurso para el acceso a la función pública y hace parte del presupuesto estatal, y vii) el establecimiento por la norma acusada de una tasa está seguida por la identificación en la misma ley del servicio que concierne y por el cual resultan gravados los aspirantes al concurso de méritos.

Como se ha establecido que en la norma acusada el legislador fijó directamente la tarifa de una tasa, la Corte pasa a examinar si se vulneró el inciso 2º del artículo 338 de la Constitución.

La Corte ha determinado al alcance del inciso 2º del artículo 338 de la Constitución, en los siguientes términos: “la Constitución no exige que para la fijación de la tarifa por el legislador se hagan explícitos, en la propia ley, los criterios que se tuvieron en cuenta para el efecto. Tal exigencia solo resulta aplicable cuando se permita que la tarifa sea fijada por las autoridades administrativas, caso en el cual la ley deberá establecer el método y el sistema para definir los costos y la forma de hacer su reparto. Se trata de una garantía del principio de legalidad del tributo, conforme a la cual si bien, de manera excepcional y en atención a la complejidad que en ocasiones reviste el establecimiento de las tarifas para tasas o contribuciones, se permite que dichas tarifas sean fijadas por las autoridades administrativas, se exige, en todo caso, que el sistema y el método para definir los costos o los benéficos, así como la forma de hacer su reparto se fijen por la ley, o las ordenanzas o los acuerdos” (Sent. C-992/2001) (13) .

En efecto, al prever la norma legal acusada un determinado valor como lo es la suma equivalente a un salario mínimo legal diario para los empleados de los niveles técnicos y asistenciales y de un día y medio de salario mínimo legal diario para los demás niveles, queda claro que el legislador estableció directamente la tarifa de una tasa, lo cual indica que no era necesario que se hicieran explícitos en la misma norma los criterios que se tuvieron en cuenta para el efecto, exigencia que se aplica solamente cuando se permite que sean las autoridades administrativas las que fijen la tarifa correspondiente.

Por consiguiente, no se aprecia vulneración al artículo 338 de la Constitución.

En relación con los otros cargos planteados, relacionados con que el cobro de una tarifa para la participación en los concursos para acceder a la función pública, no guarda ninguna relación con la determinación de los méritos y calidades de los aspirantes, impide el acceso a los cargos públicos de quienes no tienen los medios económicos para participar o se encuentran desempleados, discrimina por razones económicas y no realiza los fines esenciales del Estado, igualmente se desestimarán por las razones que se exponen a continuación.

Debe recordarse en primer lugar, que el artículos 125 de la Constitución señala, que “El ingreso a los cargos de carrera y el ascenso en los mismos, se harán previo cumplimiento de los requisitos y condiciones que fije la ley para determinar los méritos y calidades de los aspirantes”. De igual modo, el artículo 150-23 de la Constitución, señala que corresponde al Congreso “Expedir las leyes que regirán el ejercicio de las funciones públicas”.

Al respecto, esta corporación ha sostenido que el margen de configuración legislativa para regular los requisitos y condiciones de ingreso y ascenso a los cargos de carrera resulta amplio como tuvo la oportunidad de reiterarlo en la Sentencia C-733 de 2005 (14) , al indicar que “el legislador cuenta con un margen de configuración normativa para clasificar los concursos, señalar sus trámites y estatuir los requisitos exigibles en cada uno de ellos (15) , e igualmente, que los concursos públicos abiertos garantizan la máxima competencia para el ingreso al servicio de los mas capaces e idóneos, la libre concurrencia, la igualdad de trato y de oportunidades, y el derecho fundamental de acceder a la función pública, lo cual redunda, por consiguiente, en el logro de la eficiencia y la eficacia en el servicio administrativo” (16) . Libertad de configuración legislativa que no es absoluta pues de todas maneras está sujeta a la Constitución, por lo que no se podrá establecer exigencias irrazonables o desproporcionadas (17) .

De igual modo, debe indicarse que el sistema de carrera administrativa busca descartar factores extraños a los méritos y calidades (18) de los aspirantes como son el clientelismo, el favoritismo y el nepotismo (19) , para que pueda la administración contar con servidores públicos de los más altos atributos que desarrollen con idoneidad las responsabilidades impuestas por la ley y la Constitución.

La carrera administrativa constituye un principio del ordenamiento superior (20) y del Estado social de derecho (21) que persigue i) realizar la función administrativa (art. 209 superior) que está al servicio de los intereses generales y se desarrolla con base en los principios de igualdad, moralidad, eficacia, economía, celeridad, imparcialidad y publicidad, ii) cumplir con los fines esenciales del Estado (art. 2º constitucional) como lo son el servir a la comunidad, promover la prosperidad general y garantizar la efectividad de los principios, derechos y deberes constitucionales, iii) garantizar el derecho de participación en la conformación, ejercicio y control del poder político a través del acceso al desempeño de funciones y cargos públicos (art. 40-7 de la Constitución), iv) proteger el derecho a la igualdad (art. 13 de la Carta), y v) salvaguardar los principios mínimos fundamentales de la relación laboral contemplados en el artículo 53 de la Carta (22) .

Ya esta corporación en Sentencia C-733 de 2005 (23) , reiteró los fines que orientan la carrera administrativa y el alcance de la igualdad en el acceso a los cargos públicos:

“En numerosas ocasiones (24) , la Corte se ha pronunciado en relación con los fines que orientan la carrera administrativa en Colombia. En tal sentido, existen unas claras líneas jurisprudenciales en el sentido de que aquélla (i) permite al Estado contar con servidores cuya experiencia, conocimiento y dedicación garanticen, cada vez con mejores índices de resultados (25) ; (ii) asegura que la administración esté conformada por personas aptas desde los puntos de vista de capacitación profesional e idoneidad moral, para que la función que cumplan sea acorde con las finalidades perfectivas que el interés general espera de los empleados que prestan sus servicios al Estado (26) ; (iii) permite seleccionar adecuadamente a los servidores públicos y garantiza que no sean los intereses políticos, sino las razones de eficiente servicio y calificación, las que permitan el acceso a la función pública en condiciones de igualdad (27) ; y (iv) asegura la vigencia de los principios de eficiencia y eficacia en el servicio público, la igualdad de oportunidades en el acceso a cargos públicos, así como los derechos subjetivos reconocidos mediante el régimen de carrera administrativa (28) .

Cabe asimismo señalar que esta corporación, en Sentencia C-1177 de 2001, M.P. Álvaro Tafur Galvis, consideró que la incorporación de los cargos y empleos estatales al sistema de carrera administrativa, constituye un presupuesto esencial para la realización los siguientes propósitos constitucionales:

“i.) Por una parte, el de la garantía de cumplimiento de los fines estatales, en la medida en que permite que la función pública, entendida como “el conjunto de tareas y de actividades que deben cumplir los diferentes órganos del Estado, con el fin de desarrollar sus funciones y cumplir sus diferentes cometidos y, de este modo, asegurar la realización de sus fines” (29) , pueda desarrollarse por personas calificadas y seleccionadas bajo el único criterio del mérito y de calidades personales y capacidades profesionales, para determinar su ingreso, permanencia, ascenso y retiro del cargo, bajo la vigencia de los principios de eficacia, eficiencia, moralidad, imparcialidad y transparencia (30) .

ii.) Por otra parte, el de la preservación y vigencia de los derechos fundamentales de las personas de acceder al desempeño de funciones y cargos públicos y ejercitar su derecho al trabajo en igualdad de condiciones y oportunidades, con estabilidad y posibilidad de promoción, según la eficiencia en los resultados en el cumplimiento de las funciones a cargo (C.P., arts. 2º, 40, 13, 25, 40, y 53).

iii.) Tampoco se puede perder de vista que el respeto al sistema de carrera administrativa hace vigente el principio de igualdad entre los ciudadanos que aspiran a acceder al ejercicio de un cargo o función pública incorporado a dicho sistema y a ascender dentro de dicha carrera”.

(…).

“Al respecto cabe señalar que la Corte ha establecido unas claras líneas jurisprudenciales en lo que concierne a la igualdad de acceso a cargos públicos. Así, en Sentencia C-371 de 2000, M.P. Carlos Gaviria Díaz, consideró lo siguiente:

“El acceso a carrera mediante concurso dirigido a determinar los méritos y calidades de los aspirantes (C.P., art. 125), es una manifestación concreta del derecho a la igualdad (C.P., art. 13) y al desempeño de funciones y cargos públicos (C.P., art. 40-7). La libertad del legislador para regular el sistema de concurso de modo que se garantice la adecuada prestación del servicio público, no puede desconocer los derechos fundamentales de los aspirantes que se satisfacen mediante la participación igualitaria en los procedimientos legales de selección de los funcionarios del Estado.

El derecho a la igualdad no significa que el aspirante que toma parte en un concurso adquiere sin más el derecho a ser designado en el cargo. La ley está facultada para señalar los requisitos y condiciones necesarios para ingresar a los cargos de carrera y para determinar los méritos y calidades de los aspirantes (C.P., art. 125). El principio de igualdad, sin embargo, se opone a que la ley al regular el mecanismo de ingreso a la función pública, establezca requisitos o condiciones incompatibles y extraños al mérito y a la capacidad de los aspirantes teniendo en cuenta el cargo a proveer, que serían barreras ilegítimas y discriminatorias que obstruirían el ejercicio igualitario de los derechos fundamentales. Para asegurar la igualdad, de otra parte, es indispensable que las convocatorias sean generales y que los méritos y requisitos que se tomen en consideración tengan suficiente fundamentación objetiva y reciban, junto a las diferentes pruebas que se practiquen, una valoración razonable y proporcional a su importancia intrínseca (negrillas agregadas)”.

Fines de la carrera administrativa así determinados, que no se desatienden con el establecimiento de una tarifa diferencial para participar en los concursos respectivos, por cuanto i) lo cancelan únicamente quienes se inscriban en los concursos de méritos por lo que la carga impuesta no corresponde a todas las personas o ciudadanos, ii) no se está favoreciendo procesos de selección fundados en el clientelismo, la negociación, el favoritismo, la voluntad del funcionario, el nepotismo y la filiación política, iii) se está ante una disposición legal de carácter abstracto e impersonal que tiende a responder de manera justa y equitativa todas las diversas situaciones que se presentan en la comunidad como son las circunstancias de carencia de recursos o de desempleo, iv) los montos estipulados por el legislador y que deben sufragar los aspirantes resultan razonables y proporcionados al permitir que puedan participar todas las personas en dichos concursos, y v) busca establecerse condiciones de responsabilidad y seriedad en los aspirantes (31) . Tampoco puede olvidarse que la norma legal acusada responde al cumplimiento previo de determinados requisitos académicos al aspirarse a cargos pertenecientes a los niveles técnicos y asistenciales, y demás niveles profesionales. Por consiguiente, no se está desconociendo el derecho de acceso a los cargos públicos (art. 40-7 de la Constitución), ni se está impidiendo su acceso a quienes carecen de recursos económicos o están desempleados.

Por el contrario, el establecimiento de la tasa en estudio, corresponde al cumplimiento de un deber constitucional del ciudadano como lo es el “Contribuir al financiamiento de los gastos e inversiones del Estado dentro de los conceptos de justicia y equidad” (art. 95-9 superior). Esta Corte ha referido al alcance de este deber que envuelve el principio de reciprocidad y que en el Estado social de derecho rige las relaciones entre los individuos, el Estado y entre estos y la sociedad:

“El deber constitucional de los ciudadanos de contribuir al financiamiento de los gastos e inversiones del Estado dentro de conceptos de justicia y equidad

Si bien es cierto nuestro ordenamiento constitucional le confiere a los ciudadanos en general una amplia gama de derechos y garantías, también es incuestionable que la misma Carta establece para ellos una serie de deberes y obligaciones que se encuentran determinados en el artículo 95 de la Constitución, con el objeto de lograr una convivencia social conforme a los valores y principios contenidos en las normas superiores, imperativo constitucional que debe entenderse no como una negación o restricción de las garantías que le asisten a las personas y a los ciudadanos, sino como una contribución para la obtención de los fines esenciales del Estado, a través de los cuales se les imponen ciertas conductas, comportamientos o prestaciones de carácter público con fundamento en la Constitución y la ley.

En cuanto al deber de la persona y del ciudadano de contribuir al financiamiento de los gastos e inversiones del Estado, este debe hacerse dentro de conceptos de justicia y equidad tal como lo dispone el numeral 9º del artículo 95 superior, quedando claro que dicha carga deber ser impuesta consultando las posibilidades económicas de los contribuyentes dado que esta exigencia constitucional tiene por objeto lograr un mayor grado de redistribución de la riqueza existente en nuestro país.

En relación con el numeral 9º del artículo 95 de la Carta, esta corporación en Sentencia C-741 de 1999, M. P. Dr. Fabio Morón Díaz, sostuvo lo siguiente:

“... El artículo 95 de la Constitución Política, que contiene los deberes de la persona y el ciudadano, establece como uno de ellos el consagrado en su numeral 9º, que les impone, a título de obligación, la de contribuir al financiamiento de los gastos e inversiones del Estado dentro de conceptos de justicia y equidad. Es decir, que esa norma superior consagra el principio de reciprocidad que en el Estado social de derecho rige las relaciones que surgen entre los individuos y el Estado y entre estos y la sociedad, principio sobre el cual ha dicho esta corporación:

“En la base de los deberes sociales se encuentra el principio de reciprocidad (C.N., art. 95). La Constitución reconoce a la persona y al ciudadano derechos y libertades, pero, al mismo tiempo, le impone obligaciones.

“Los beneficios que representa para el individuo las relaciones conmutativas de la vida en sociedad deben ser compensados por este a fin de mejorar las condiciones materiales y espirituales de la convivencia social y ampliar permanentemente el número de miembros de la comunidad capaces de gozar de una existencia digna (C.N., preámbulo, arts. 1º, 95, 58, y 333). En una sociedad pobre, la justicia distributiva no puede ser solamente cometido del Estado, sino actitud y práxis de todos, mayormente de los mejor dotados.

“La filosofía moral que subyace al ordenamiento jurídico emerge con fuerza normativa vinculante cuando la Constitución faculta a las autoridades para exigir del individuo la superación de su egoísmo, mediante el cumplimiento de sus deberes y obligaciones (C. Cons., Sent. T-532 de 1992, M.P. Dr. Eduardo Cifuentes Muñoz)”.

Por tanto el deber constitucional impuesto a los ciudadanos en el artículo 95-9 de la Carta Política, tiene como fundamento el principio de reciprocidad que rige las relaciones de los ciudadanos con el Estado y entre estos y la sociedad, a fin de equilibrar las cargas publicas que estructuran y sostienen la organización jurídico-política de la cual hacen parte, para armonizar y darle efectividad al Estado social de derecho. Pero dicho deber estará siempre enmarcado dentro de los principios de justicia y equidad”.

Deber de solidaridad que busca precisamente realizar los fines esenciales del Estado social de derecho como lo es, entre otros, el garantizar la efectividad de los principios, derechos y deberes constitucionales.

No puede desconocerse las implicaciones logísticas (instrumentos técnicos e infraestructura adecuada) y repercusiones financieras que tiene la realización de los concursos de méritos, atendiendo la cobertura y tamaño de las convocatorias que corresponde realizar a la Comisión Nacional del Servicio Civil, que demanda una debida planeación, organización y ejecución del sistema de carrera (32) . Tampoco puede olvidarse la orden impuesta por el legislador (33) dentro del término perentorio establecido de realizar las convocatorias a concursos de méritos. Mucho menos puede desconocerse que el Estado desarrolla los fines esenciales sociales al trasladar el presupuesto indispensable con destino a la Comisión Nacional del Servicio Civil y que las entidades respectivas deben cubrir los recursos faltantes por los costos que genere los procesos de selección.

Como se aprecia de las intervenciones del Ministerio de Hacienda y Crédito Público, del Departamento Administrativo de la Función Pública y de la Comisión Nacional del Servicio Civil, en relación con la convocatoria 1 de 2005, se establece un valor promedio a pagar por los aspirantes de $ 13.600 para los empleos de niveles técnico y asistencial y de $ 20.400 para los niveles asesor y profesional. También se señala que el número de cargos convocados son aproximadamente 70.000, donde los valores de ejecución de los mismos ascienden a dos millones de pesos por cargo (34) . Así mismo, se indica que el Estado ha trasladado los recursos económicos necesarios para el cumplimiento de las funciones que les competen a la Comisión Nacional del Servicio Civil, en las vigencias fiscales 2005 y 2006 (35) . Finalmente, los dineros faltantes corresponderá asumirlos a las entidades respectivas que requieran proveer los cargos (36) .

Por consiguiente, existe una justificación constitucional para que el Estado cobre a los aspirantes una suma determinada por la participación en los concursos, que viene a constituir solo el pago de una parte de los costos totales que implica la realización de los procesos de selección, lo que a su vez asegura la racionalización del gasto y la eficacia y economía de la función administrativa (art. 209 constitucional).

De igual forma, en relación con la violación del derecho a la igualdad debe recordarse, como se ha señalado en esta decisión, que la tasa se distingue de los tributos parafiscales y de los impuestos ya que su finalidad radica principalmente en que se paga como contraprestación de un servicio prestado por la administración y se cancela solamente por quienes lo utilizan y no por todos los ciudadanos (37) . Esta corporación en Sentencia C-1107 de 2001 (38) , señaló que el principio de equidad “se desenvuelve como derecho a la igualdad dentro del campo fiscal, en íntima correspondencia con el principio de la generalidad del tributo que de suyo constituye basamento del derecho a la igualdad frente a las cargas públicas”.

En este caso, la tarifa establecida por el legislador a cargo de quienes se inscriban a los concursos de méritos no constituye un tratamiento tributario distinto por razones económicas o de desempleo por cuanto atiende a una finalidad aceptada constitucionalmente como lo es el contribuir a la financiación de los gastos del Estado, y se establece su cancelación por igual a todos los aspirantes que se inscriban. La suma equivalente a un salario mínimo legal diario para empleados pertenecientes a los niveles técnicos y asistenciales, y de un día y medio de salario mínimo legal diario para los empleados pertenecientes a los demás niveles, constituye un monto razonable y proporcionado que pueden sufragar quienes aspiran a participar en los concursos, que además le imprime seriedad al mismo pues al concurso se presentará solo quienes realmente tenga un interés en el mismo, haciendo que los costos y esfuerzos del Estado para convocar al mismo se oriente a la realización de su finalidad.

Ahora, la tarifa establecida por el legislador es diferencial y progresiva atendiendo el nivel del cargo al que se aspira, estableciendo así un menor valor para quienes aspiran a concursar a empleos de menor nivel o un mayor valor a cargos de mayor jerarquía, lo cual se ajusta al principio de igualdad en materia tributaria en la medida que desarrollo los fines esenciales del Estado social de derecho en cuanto a la justicia distributiva.

Mucho menos puede endilgarse la existencia de un trato discriminatorio entre quienes aspiran a cargos de elección popular y quienes deseen ingresar a cargos públicos por concurso de méritos, ya que se está ante diversas situaciones que imposibilitan su comparación.

Por lo tanto, la disposición acusada tampoco vulnera los artículos 2º, 13, 40-7 y 125 de la Constitución.

En conclusión, se declarará la inexequibilidad del inciso 2º del artículo 45 del Decreto-Ley 760 de 2005 y la exequibilidad del artículo 74 de la Ley 998 de 2005, solo en relación con los cargos examinados.

VII. Decisión

En mérito de lo expuesto, la Sala Plena de la Corte Constitucional, administrando justicia en nombre del pueblo y por mandato de la Constitución,

RESUELVE:

1. Declarar INEXEQUIBLE el inciso 2º del artículos(sic) 45 del Decreto-Ley 760 de 2005.

2. Declarar EXEQUIBLE, por los cargos examinados, el artículo 74 de la Ley 998 de 2005.

Notifíquese, comuníquese, publíquese, insértese en la Gaceta de la Corte Constitucional y archívese el expediente.

Magistrados: Jaime Córdoba Triviño, Presidente—Jaime Araújo Rentaría—con salvamento parcial de voto—Manuel José Cepeda Espinosa—Rodrigo Escobar Gil—Marco Gerardo Monroy Cabra—Nilson Pinilla Pinilla—Humberto Antonio Sierra Porto—Tafur Galvis—Clara Ines Vargas Hernández.

Martha Victoria Sáchica de Moncaleano, Secretaria General».

(2) Se exceptúa la segunda intervención que realizó el Departamento Administrativo de la Función Pública al resultar extemporánea.

(3) El ciudadano José Ignacio Morales Arriaga intervino en este asunto pero de manera extemporánea solicitando la inexequibilidad de las disposiciones acusadas.

(4) Sentencias C-1109/2000, C-1256/2001, C-717/2003 y C-572/2004. En estas decisiones la Corte señaló que debe tenerse en cuenta las consideraciones realizadas por los intervinientes que orienten e ilustren a la Corte sobre los argumentos de inconstitucionalidad contenidos en la demanda, mas no las que impliquen nuevos cargos y el señalamiento de nuevas normas que no son el objeto concreto de acusación, respecto a las cuales los intervinientes y el Procurador no tuvieron la oportunidad de pronunciarse.

(5) M.P. Álvaro Tafur Galvis.

(6) Al respecto ver, entre otras, la Sentencia C-61/2005, M.P. Manuel José Cepeda espinosa cuyos considerandos se reiteran a continuación.

(7) Septiembre 23 de 2004.

(8) Artículo 53. Facultades extraordinarias. De conformidad con el numeral 10 del artículo 150 de la Constitución Política, revístese de precisas facultades extraordinarias al Presidente de la República por el término de seis (6) meses, contados a partir de la fecha de promulgación de esta ley, para expedir normas de fuerza de ley que contengan:

1. El procedimiento que debe surtirse ante y por la Comisión Nacional del Servicio Civil, para el cumplimiento de sus funciones (resaltado fuera de texto).

2. El sistema general de nomenclatura y clasificación de empleos aplicable a las entidades del orden territorial que deban regirse por la presente ley.

3. El sistema de funciones y requisitos aplicable a los organismos y entidades de los órdenes nacional y territorial que deban regirse por la presente ley, con excepción del Congreso de la República.

4. El sistema específico de carrera para el ingreso, permanencia, ascenso y retiro del personal de las superintendencias de la Administración Pública Nacional, de la Unidad Administrativa Especial de la Aeronáutica Civil.

5. Las normas que modifiquen el sistema específico de carrera para los empleados de la Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales.

6. Las normas que regulen el sistema específico de carrera administrativa para los empleados públicos que prestan sus servicios en el Departamento Administrativo de la Presidencia de la República.

(9) Sentencia C-318 de 2006, M.P. Álvaro Tafur Galvis.

(10) M.P. Álvaro Tafur Galvis.

(11) Ver Sentencia C-1371/2000, M.P. Álvaro Tafur Galvis

(12) Ver Sentencia C-40/93, M.P. Ciro Angarita Barón

(13) M.P. Rodrigo Escobar Gil. Consúltese también la Sentencia C-649 de 2003, M.P. Clara Inés Vargas Hernández.

(14) M.P. Clara Inés Vargas Hernández.

(15) Sentencia C-486 de 2000, M.P. José Gregorio Hernández Galindo.

(16) Sentencia C-110 de 1999, M.P. Antonio Barrera Carbonell.

(17) Sentencias C-452 de 2005, M.P. Marco Gerardo Monroy Cabra; C-100 de 2004, M.P. Rodrigo Escobar Gil; C-963 de 2003, M.P. Jaime Araújo Rentería; C-837 de 2003, M.P. Alfredo Beltrán Sierra y C-517 de 2002, M.P. Clara Inés Vargas Hernández.

(18) Ley 909 de 2004. ART. 27.—Carrera administrativa. La carrera administrativa es un sistema técnico de administración de personal que tiene por objeto garantizar la eficiencia de la administración pública y ofrecer; estabilidad e igualdad de oportunidades para el acceso y el ascenso al servicio público. Para alcanzar este objetivo, el ingreso y la permanencia en los empleos de carrera administrativa se hará exclusivamente con base en el mérito, mediante procesos de selección en los que se garantice la transparencia y la objetividad, sin discriminación alguna.

Ley 909 de 2004. ART. 28.—Principios que orientan el ingreso y el ascenso a los empleos públicos de carrera administrativa. La ejecución de los procesos de selección para el ingreso y ascenso a los empleos públicos de carrera administrativa, se desarrollará de acuerdo con los siguientes principios:

a) Mérito. Principio según el cual el ingreso a los cargos de carrera administrativa, el ascenso y la permanencia en los mismos estarán determinados por la demostración permanente de las calidades académicas, la experiencia y las competencias requeridas para el desempeño de los empleos;

b) Libre concurrencia e igualdad en el ingreso. Todos los ciudadanos que acrediten los requisitos determinados en las convocatorias podrán participar en los concursos sin discriminación de ninguna índole;

c) Publicidad. Se entiende por esta la difusión efectiva de las convocatorias en condiciones que permitan ser conocidas por la totalidad de los candidatos potenciales;

d) Transparencia en la gestión de los procesos de selección y en el escogimiento de los jurados y órganos técnicos encargados de la selección;

e) Especialización de los órganos técnicos encargados de ejecutar los procesos de selección;

f) Garantía de imparcialidad de los órganos encargados de gestionar y llevar a cabo los procedimientos de selección y, en especial, de cada uno de los miembros responsables de ejecutarlos;

g) Confiabilidad y validez de los instrumentos utilizados para verificar la capacidad y competencias de los aspirantes a acceder a los empleos públicos de carrera;

h) Eficacia en los procesos de selección para garantizar la adecuación de los candidatos seleccionados al perfil del empleo;

i) Eficiencia en los procesos de selección, sin perjuicio del respeto de todas y cada una de las garantías que han de rodear al proceso de selección.

(19) Sentencia C-1230 de 2005, M.P. Rodrigo Escobar Gil y C-1079 de 2002, M.P. Rodrigo Escobar Gil.

(20) Sentencia C-517 de 2002, M.P. Clara Inés Vargas Hernández.

(21) Sentencia C-563 de 2000, M.P. Fabio Morón Díaz.

(22) Sentencias C-1230 de 2005, M.P. Rodrigo Escobar Gil; C-963 de 2003, M.P. Jaime Araújo Renería y C-1079 de 2002, M.P. Rodrigo Escobar Gil.

(23) M.P. Clara Inés Vargas Hernández.

(24) Entre muchas otras ver C-479 de 1992; C-195 de 1994; C-40 de 1995; C- 41 de 1995; C-37 de 1996; C-30 de 1997; C-539 de 1998; C-110 de 1999; C- 109 de 2000; C-371 de 2000; C-486 de 2000; C-292 de 2001; C-954 de 2001; C-1177 de 2001; C-517 de 2002; C-1079 de 2002; C-969 de 2003 y C-77 de 2004.

(25) Sentencia C-479 de 1992 con ponencia de los magistrados José Gregorio Hernández Galindo y Alejandro Martínez Caballero.

(26) Sentencia C-195 de1994, M.P. Vladimiro Naranjo Mesa.

(27) C-356 de 1994, M.P. Fabio Morón Díaz.

(28) Al respecto pueden verse, entre otras las sentencias C-479 de 1992, M.P. José Gregorio Hernández Galindo y Alejandro Martínez Caballero; C-391 de 1993, M.P. Hernando Herrera Vergara; C-527 de 1994, M.P. Alejandro Martínez Caballero; C-40 del 9 de febrero de 1995, M.P. Carlos Gaviria Díaz; C-63 de 1997, M.P. Alejandro Martínez Caballero; T-315 de 1998, M.P. Eduardo Cifuentes Muñoz.

(29) Sentencia C-631 de 1996.

(30) Sentencia C-540 de 1998.

(31) En la Sentencia T-563 de 1994, M.P. Eduardo Cifuentes Muñoz, la Corte abordó como problema jurídico si se desconocía el derecho a la igualdad de oportunidades por condicionar la participación en un concurso para cargos públicos al pago de una suma de dinero que no posee, lo cual consideró el actor constituía una traba que favorece a otros participantes que no se encuentran desempleados. Esta corporación al negar la tutela señaló: “3. El concepto de democratización de la convocatoria no entraña la inclusión de todos los casos hipotéticamente factibles; basta con que la norma permita que participen todas las personas depositarias de unas condiciones mínimas de seriedad para que se cumpla este propósito. Así por ejemplo, no constituye una violación al principio de igualdad de oportunidades el hecho de que la norma en cuestión no establezca un tratamiento especial para las personas que se encuentran afectadas por problemas familiares que les impiden cumplir con el requisito de oportunidad prevista. El derecho, al regular de manera preferencial la conducta externa, no puede tener en cuenta una serie de imponderables que acaecen en el ámbito personal, psicológico, o moral y que afectan la vida de las personas. En términos absolutos, la igualdad ante la ley sería un concepto impracticable debido a que nunca sería posible encontrar dos casos iguales. Si cada ciudadano pudiese exigir del derecho un tratamiento acorde totalmente con su situación específica, la aplicación general de las normas resultaría imposible. Cada caso sería objeto de una particular apreciación y el derecho se desvanecería en una actividad más de tipo político que jurídico (…).

La determinación de las circunstancias personales relevantes para diferenciar los casos iguales de los diferentes es una de las dificultades mayores para aplicar el principio de igualdad. En este evento, como en muchos otros problemas propios de la interpretación jurídica, la mejor solución se encuentra en la delimitación de un punto intermedio entre igualdad general y la particularidad individual.

5. Las normas generales y abstractas cumplen con la obligación constitucional de realizar la justicia en la medida en que respondan, en términos globales, a los principios y valores del Estado social de derecho. Al momento de ser aplicada dichas normas las personas afectadas pueden poner de presente situaciones personales que justifican la aplicación judicial de una excepción con base en el principio de equidad. Sin embargo, no toda dificultad personal puede dar lugar a una exoneración de la obligación normativa. La funcionalidad del derecho depende, por lo menos en principio, de la exigencia objetiva de ciertas capacidades mínimas para el desenvolvimiento social y económico de las personas. De no ser así la aplicación del derecho se enfrentaría a dificultades propias de una individualización ad infinitum que las entidades públicas no estarían en capacidad de efectuar ni de resolver. Es importante tener presente que la individualización casuística para efectos de la realización de la justicia material no puede tener lugar en la administración pública —que actúa a través de normas generales— de la misma manera y con la misma intensidad que se presenta en las decisiones judiciales.

6. Las normas jurídicas deben tratar de manera diferente una especificidad personal, solo cuando dicho tratamiento sea indispensable para mantener condiciones de igualdad básica de oportunidades. En este orden de ideas, las normas jurídicas que imponen condiciones previas demasiado onerosas como requisito para acceder a ciertos beneficios pueden violar el principio de igualdad si se demuestra que tales exigencias constituyen una barrera económica para el ingreso de un grupo de personas, la cual representa una diferencia irrelevante para los objetivos del procedimiento empleado. Así por ejemplo, una convocatoria para concursar por un cargo cuyo sueldo es el salario mínimo, no podría imponer como requisito previo el pago de un formulario cuyo valor es equivalente al salario mínimo mensual. El pago del formulario desvirtuaría el objetivo que consiste en demostrar una seriedad mínima y entrañaría la exclusión de un gran número de personas simplemente por su condición económica, lo cual representa una característica irrelevante en este evento”.

(32) La Constitución Política en el artículo 130, asigna un responsable de la administración y vigilancia de las carreras de los servidores públicos, excepción hecha de las que tengan carácter especial, como lo es la Comisión Nacional del Servicio Civil. Dicha comisión ha sido objeto de regulación legal por la Ley 909 de 2004 y el Decreto-Ley 760 de 2005. La Ley 909 de 2004, “por la cual se expiden normas que regulan el empleo público, la carrera administrativa, gerencia pública y se dictan otras disposiciones”, contempla en el artículo 7, la naturaleza de la Comisión Nacional del Servicio Civil “CNSC”, reiterando el contenido de la disposición constitucional (art. 130 superior) y señalando además que “es un órgano de garantía y protección del sistema de mérito en el empleo público en los términos establecidos en la presente ley, de carácter permanente de nivel nacional, independiente de las ramas y órganos del poder público, dotada de personería jurídica, autonomía administrativa y patrimonio propio”. El artículo 13 de dicha ley, refiere a la organización y estructura de la CNSC, señalando el numeral 5º, que corresponde al Ministerio de Hacienda y Crédito Público adelantar “los traslados o adiciones presupuestales necesarios para garantizar la puesta en marcha de la Comisión Nacional del Servicio Civil, en concordancia con los principios de economía y eficiencia que deben inspirar el control del gasto público”.

A continuación, el artículo 30 de la Ley 909 de 2004, refiere a que los concursos o procesos de selección deben adelantarse por la Comisión Nacional del Servicio Civil, lo cual implica la realización de contratos o convenios interadministrativos suscritos con universidades públicas o privadas o instituciones de educación superior acreditadas para tal fin. Igualmente, corresponde a la comisión la acreditación como entidades idóneas para adelantar los concursos a quienes demuestren su competencia técnica en procesos de selección, experiencia en el área de selección de personal, así como capacidad logística para el desarrollo de los concursos, siendo definido el procedimiento de acreditación por dicha comisión.

Y, el artículo 31 de dicha ley, contempla las etapas del proceso de selección o concurso, el cual comprende fundamentalmente: i) la convocatoria, ii) el reclutamiento, iii) las pruebas, donde los factores serán valorados a través de medios técnicos, iv) la elaboración de las listas de elegibles, y v) el periodo de prueba. También se prevé la posibilidad de presentar reclamaciones y los mecanismos de publicidad de las convocatorias que contará con una “página web de cada entidad pública, del Departamento Administrativo de la Función Pública y de las entidades contratadas para la realización de los concursos, complementadas con el correo electrónico y la firma digital, será el medio preferente de publicación de todos los actos, decisiones y actuaciones relacionadas con los concursos, de recepción de inscripciones, recursos, reclamaciones y consultas. La Comisión Nacional del Servicio Civil publicará en su página web la información referente a las convocatorias, lista de elegibles y registro público de carrera”. Finalmente, el artículo transitorio señala que durante el año siguiente a la conformación de la comisión deberá procederse a la convocatoria de concursos abiertos para cubrir los empleos de carrera administrativa que se encuentren provistos mediante nombramiento provisional o encargo.

Por su parte, el Decreto-Ley 760 de 2005, “Por el cual se establece el procedimiento que debe surtirse ante y por la Comisión Nacional del Servicio Civil para el cumplimiento de sus funciones”, reitera en el artículo 3º que los concursos o procesos de selección serán adelantados por la Comisión Nacional del Servicio Civil, por medio de contratos o convenios interadministrativos con universidades, instituciones universitarias o de educación superior debidamente acreditadas. El artículo 4º, señala qué debe contener las reclamaciones que se presenten. El artículo 8º, contempla que en los actos administrativos que profiera la comisión deberán indicarse los recursos que proceden e igualmente absolverá las consultas que en materia de carrera administrativa se presenten (art. 11). Al igual, se prevé el procedimiento para declarar desierto el proceso de selección o concurso (título III), las irregularidades que pueden presentarse (título IV), el procedimiento para la imposición de multas (título V), el procedimiento por la supresión de cargos de carrera administrativa (título VI), y el procedimiento para la notificación de la calificación de los empleados de carrera (título VII).

(33) Artículo transitorio de la Ley 909 de 2004. Convocatorias de los empleos cubiertos por provisionales y encargos. Durante el año siguiente a la conformación de la Comisión Nacional del Servicio Civil deberá procederse a la convocatoria de concursos abiertos para cubrir los empleos de carrera administrativa que se encuentren provistos mediante nombramiento provisional o encargo.

(34) Información que se tiene de la intervención del Departamento Administrativo de la Función Pública. Obsérvese también la intervención en el expediente D-6211.

(35) Intervención del Ministerio de Hacienda y Crédito Público, señala: “Mediante Ley 921 de 2004, “por la cual se decreta el presupuesto de rentas y recursos de capital y ley de apropiaciones para la vigencia fiscal del 1º de enero al 31 de diciembre de 2005”, se asignaron a la Comisión Nacional del Servicio Civil, recursos por $ 600.000.000. Así mismo, con la Resolución 2499 de 5 de octubre de 2005, se efectuó un traslado de recursos a la Comisión Nacional del Servicio Civil. En dicha resolución, se estableció que “la Comisión Nacional del Servicio Civil, mediante comunicación 2519 del 14 de septiembre, solicitó al Ministerio de Hacienda y Crédito Público —Dirección General del Presupuesto Público Nacional— la asignación con cargo al Fondo de Compensación Interministerial, la suma de $ 872.705.233, los recursos solicitados los requiere esta entidad para realizar la convocatoria de los concursos de los empleos públicos, a que hace alusión el artículo transitorio de la Ley 909 de 2004”. Por su parte, mediante la Ley 998 de 2005, se le asignaron recursos, de los cuales $ 1.678.535.000, corresponde a aportes de la Nación. El Gobierno Nacional en cumplimiento de lo dispuesto por la Ley 909 de 2004, a través del Ministerio de Hacienda y Crédito Público ha asignado a la Comisión Nacional del Servicio Civil, recursos en las cuantías mencionadas en las vigencias fiscales 2005 y 2006, para atender los costos que demande la gestión de dicha entidad”.

(36) Debe señalarse que fue aprobado el proyecto de Ley 258 Senado y 272 Cámara/06, el cual se encuentra pendiente de sanción presidencial. Dicho proyecto de ley contempla unos ajustes y modificaciones a la convocatoria 1 de 2005. Al igual, se prevé el mismo cobro a cargo de los aspirantes por la participación en los concursos de méritos.

(37) Sentencia C-427 de 200, M.P. Vladimiro Naranjo Mesa.

(38) M.P. Jaime Araújo Rentería.

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