Sentencia C-667 de septiembre 22 de 2009

CORTE CONSTITUCIONAL

SALA PLENA

Ref.: Expediente D-7656

Magistrado Ponente:

Dr. Jorge Ignacio Pretelt Chaljub

Actor: Fernando Alarcón Alarcón

Demanda de inconstitucionalidad en contra del artículo 57 (parcial) del Código de Procedimiento Civil

Bogotá, D.C., veintidós (22) de septiembre de dos mil nueve (2009).

EXTRACTOS: «2. Norma demandada.

A continuación se transcribe el artículo 57 del Código de Procedimiento Civil y se subrayan y resaltan los apartes acusados:

Decretos 1400 Y 2019 de 1970

(Agosto 6 y octubre 26)

Por los cuales se expide el Código de Procedimiento Civil.

El Presidente de la República,

En ejercicio de las facultades extraordinarias que le confirió la

Ley 4ª de 1969 y consultada la comisión asesora que ella estableció,

DECRETA:

(...).

ART. 57.¾Llamamiento en garantía. Quien tenga derecho legal o contractual de exigir a un tercero la indemnización del perjuicio que llegare a sufrir, o el reembolso total o parcial del pago que tuviere que hacer como resultado de la sentencia, podrá pedir la citación de aquel, para que en el mismo proceso se resuelva sobre tal relación. El llamamiento se sujetará a lo dispuesto en los dos artículos anteriores.

(...).

6. Consideraciones y fundamentos.

6.1. Competencia de la corte.

Conforme al artículo 241 ordinal 5º de la Constitución, la Corte es competente para conocer de la constitucionalidad de las expresiones a un tercero y de aquel, contenidas en el artículo 57 del Código de Procedimiento Civil, ya que se trata de una demanda de inconstitucionalidad en contra de expresiones normativas contenidas en un decreto con fuerza de ley.

6.2. Planteamiento del tema y problema jurídico.

Según criterio del demandante, la procedencia del llamamiento en garantía únicamente para los terceros con relación legal o contractual con el demandante, con exclusión de la coparte, vulnera el preámbulo y los artículos 2º, 13, 20, 228 y 229 de la Constitución, por tres razones principales: la primera, porque afecta el pronto acceso a la justicia, la efectividad y oportunidad de los procesos judiciales. La segunda, porque otorga un trato discriminatorio entre los terceros y las partes de un litigio al señalar diferentes oportunidades frente a la ley procesal. Y, la tercera, por cuanto exige procesos aislados, innecesarios y dilatados que demoran la justicia y dan mayor prevalencia al derecho formal que al derecho sustancial. Por esas razones, la demanda pide la declaratoria de inexequibilidad de las expresiones a un tercero” y de aquel” contenidas en el artículo 57 del Código de Procedimiento Civil.

El Instituto Colombiano de Derecho Procesal solicita la exequibilidad condicionada del artículo 57 del Código de Procedimiento Civil, en el entendido de que la expresión tercero” no excluye al llamado de las partes, por razones de economía procesal.

A su turno, el interviniente a nombre de la Academia Colombiana de Jurisprudencia solicita la declaratoria de exequibilidad de las expresiones normativas acusadas, en tanto que la demanda de coparte, figura que el demandante busca introducir con esta sentencia, es ajena a nuestro ordenamiento procesal y ha sido objeto de amplio debate académico, de ahí que únicamente pueda introducirse por el legislador, pues no se observan motivos de constitucionalidad que lo exijan.

Por su parte, tanto el Ministerio del Interior y de Justicia como el Ministerio Público solicitan que la Corte se declare inhibida para pronunciarse de fondo en el asunto de la referencia, por ineptitud sustantiva de la demanda. En criterio de esas autoridades, el demandante presenta motivos de conveniencia para introducir la demanda de coparte en nuestro ordenamiento procesal, los cuales deben ser discutidos y evaluados en el debate democrático, pero no se plantean razones de constitucionalidad que puedan resolverse por la Corte Constitucional.

Con base en lo expuesto, antes de abordar el problema jurídico que correspondería a la Corte resolver consiste en determinar si la exclusión del llamamiento en garantía para las partes o deudores solidarios vulnera el preámbulo y los artículos 2º, 13, 29, 228 y 229 de la Constitución, esta Sala primero debe averiguar si los cargos de inconstitucionalidad cumplen los requisitos que la jurisprudencia constitucional ha señalado como necesarios para proferir decisión de mérito. Por tratarse, en consecuencia, de un planteamiento que constituye el punto de partida del análisis del control de constitucionalidad por vía de acción, puesto que, por regla general, la Corte solamente puede estudiar la validez general de la ley cuando existe una demanda ciudadana dirigida a desvirtuar la presunción de constitucionalidad que la ampara, la Corte procede a estudiar el planteamiento del procurador y del Ministerio del Interior y de Justicia.

6.3. Condiciones que deben reunir los cargos de inconstitucionalidad.

En virtud de lo dispuesto en el artículo 2º del Decreto 2067 de 1991, las demandas en las acciones públicas de inconstitucionalidad deben señalar las normas acusadas como inconstitucionales, las disposiciones constitucionales que se consideran infringidas, las razones por las que el ciudadano demandante considera que la norma impugnada es contraria a la Constitución(1) y la competencia de la Corte Constitucional.

Específicamente en relación con los motivos por los que se estima existe contradicción entre la ley y la Constitución o cargos de inconstitucionalidad, al efectuar el control de constitucionalidad del inciso 3º del artículo 2º del Decreto 2067 de 1991, con ocasión de una demanda formulada por un ciudadano contra esa disposición, esta corporación(2) explicó que se trata de un requisito mínimo razonable que pretende hacer más viable el derecho político a interponer acciones públicas en defensa de la Constitución, sin que con ello se afecte su núcleo esencial.

Con posterioridad, la Sala Plena de la Corte Constitucional precisó que el examen de las razones de inconstitucionalidad expuestas por el demandante no solo corresponde a una evaluación formal sino al análisis material de la misma, pues es indispensable que se presente una acusación en debida forma. En tal virtud, los motivos de reproche no se satisfacen con la exposición de cualquier tipo de argumento, ni puede fundarse en simples afirmaciones, ni puede utilizar afirmaciones imprecisas e indeterminadas. Por el contrario, dijo la Corte, el demandante debe formular un cargo concreto, de naturaleza constitucional, contra una norma legal. Por consiguiente, el actor no cumple ese requisito si se limita a efectuar una formulación vaga, abstracta y global de los motivos de inconstitucionalidad, sin acusar específicamente la disposición, pues su omisión de concretar la acusación impide que se desarrolle la discusión propia del juicio de constitucionalidad. Tampoco existe una demanda idónea cuando la acusación no es relevante constitucionalmente sino que se fundamenta en razones puramente legales. Finalmente, esta corporación ha entendido que no existe materialmente cargo, si el demandante en realidad no está acusando el contenido de la norma sino que está utilizando la acción pública para resolver un problema particular, como podría ser la indebida aplicación de la disposición en un caso específico(3).

A manera de precisión metodológica, esta corporación indicó que los cargos de inconstitucionalidad deben reunir cinco requisitos, puesto que las razones por las que se presenta el reproche de validez de la ley deben ser "claras, ciertas, específicas, pertinentes y suficientes"(4). Así, el cargo es claro cuando se expresan argumentos comprensivos y consecuentes con lo solicitado. Los motivos de impugnación son ciertos cuando la demanda recae sobre una proposición normativa real y existente(5), y no sobre una deducida por el actor, o implícita(6). Las razones de inconstitucionalidad son específicas cuando el actor explica por qué la disposición acusada desconoce o vulnera la Carta, pues el juicio de constitucionalidad se fundamenta en la necesidad de establecer si realmente existe una oposición objetiva y verificable entre el contenido de la ley y el texto de la Constitución Política, resultando inadmisible que se deba resolver sobre su inexequibilidad a partir de argumentos vagos, indeterminados, indirectos, abstractos y globales que no se relacionan concreta y directamente con las disposiciones que se acusan(7). El cargo de inconstitucionalidad es pertinente cuando presenta argumentos de constitucionalidad congruentes con lo solicitado, pues las discusiones puramente legales y las solicitudes dirigidas a constatar la vigencia, conveniencia o aplicabilidad de la ley no son admisibles en el proceso de constitucionalidad. Por ello, la Corte ha dicho que no prosperan las acusaciones cuyo fundamento es el análisis de conveniencia(8), necesidad(9) o actualidad doctrinaria(10). Finalmente, los cargos son suficientes cuando la demanda está dirigida a desvirtuar la presunción de constitucionalidad de la ley, esto es, cuando se genera un verdadero debate constitucional(11).

Específicamente en cuanto al requisito de pertinencia del cargo, es necesario tener en cuenta que al demandante corresponde formular planteamientos de naturaleza constitucional, pues todos aquellos argumentos de conveniencia, oportunidad, importancia práctica, de aplicación indebida o de errónea interpretación de la ley, distorsionan la naturaleza de la acción de inconstitucionalidad y resultan ajenos al control de constitucionalidad abstracto. Por consiguiente, no son de recibo, por impertinentes, los argumentos subjetivos, de conveniencia o relativos a la solución de un caso particular(12), las afirmaciones generales sobre la aplicación práctica de la norma(13), los debates de rango puramente legal o doctrinario(14), los planteamientos basados en el beneficio o utilidad que la inconstitucionalidad de la norma acusada pueda traer(15) o los argumentos que se limitan a expresar puntos de vista subjetivos en los que el demandante en realidad no está acusando el contenido de la norma sino que está utilizando la acción pública para resolver un problema particular, como podría ser la indebida aplicación de la disposición en un caso específico(16).

En cuanto al requisito de suficiencia de los motivos de inconstitucionalidad, esta corporación ha explicado que el cargo completo y suficiente es aquel que es capaz de hacer sospechar al juez sobre la constitucionalidad de la disposición acusada(17), son aquellos argumentos que tienen la capacidad de generar un debate de validez o despiertan una duda mínima sobre la constitucionalidad de la norma impugnada, de tal manera que inicia realmente un proceso dirigido a desvirtuar la presunción de constitucionalidad que ampara a toda norma legal y hace necesario un pronunciamiento por parte de la Corte Constitucional(18).

Con fundamento en las anteriores precisiones, la Sala procede a estudiar si los argumentos expuestos por el demandante cumplen los requisitos jurisprudenciales para considerar que la demanda fue formulada en debida forma.

6.4. Impertinencia e insuficiencia de los cargos por violación de los artículos 2º, 29, 228 y 229 de la constitución.

Recuérdese que según criterio del demandante, la exclusión de la coparte en el llamamiento en garantía y su limitación únicamente para el tercero con derecho legal o contractual con el demandante, desconoce los derechos al debido proceso y de acceso a la administración de justicia y deja sin efectos el principio de celeridad en la administración de justicia, por tres razones que pasan a estudiarse en forma independiente:

La primera: al impedirse que las mismas partes planteen hechos y pretensiones entre ellas mismas, no se garantiza la efectividad ni la oportunidad de los procedimientos judiciales; de la misma manera no existe una inmediata protección de los intereses patrimoniales de los asociados y se dilata su acceso a la administración de justicia y a su seguridad jurídica”. Nótese que el argumento expuesto es absolutamente general y ambiguo que no evidencia un problema constitucional si no un debate vago e impreciso de intereses alrededor de la oportunidad para intervenir en el procedimiento civil.

Ahora, evidentemente, la figura del llamamiento en garantía está diseñada como una facultad o un medio de defensa del demandado que consiste en exigir la intervención en el proceso de un tercero garante” u obligado legal o contractualmente, para asegurar el pago de una indemnización de perjuicios en caso de que el proceso se resuelva en contra del llamante”. Es claro, entonces, que este instrumento constituye un doble beneficio para la parte demandante, en tanto que, de un lado, al proceso acuden dos obligados a responder por el cumplimiento de la obligación en litigio(19) y, de otro, la figura focaliza la atención del juez en la exigibilidad de la obligación pretendida.

A su turno, la demanda de coparte, esto es, la presentada por uno de los demandados en contra de otro que también tendría la misma calidad (tal es el caso de un deudor solidario a quien judicialmente se le reclama el cumplimiento de una obligación exigible, que en el curso del mismo proceso pide llamar al otro deudor para que los dos defiendan sus derechos), tendría como finalidad proteger los derechos patrimoniales del demandado, pues este tendría la calidad de demandado en la intervención principal y la calidad de demandante en la intervención como coparte. De este modo, este instrumento se convertiría en una herramienta de defensa para el demandado, quien no sólo podrá llamar a un tercero obligado (llamamiento en garantía), sino también al coparte o deudor solidario.

De esta forma, resulta evidente que el planteamiento de la demanda es impreciso al afirmar que la expresión terceros” contenida en el artículo 57 del Código de Procedimiento Civil constituye un impedimento para la efectividad de los intereses patrimoniales de los asociados y un obstáculo para la eficiencia de la justicia, pues esa expresión no es causal sino que fue expresamente consagrada por el legislador para favorecer, desde el punto de vista procesal, los derechos del acreedor. En consecuencia, ese planteamiento no sólo es impertinente porque no plantea un debate con relevancia constitucional, sino también carece del requisito de la especificidad porque es ambiguo y absolutamente general que impide la confrontación objetiva y verificable entre la norma acusada y la Constitución.

El segundo motivo de reproche fue expresado así: “El artículo 29, frente al debido proceso que no se obtiene mediante acciones aisladas y dispersas que desgastan el sistema judicial y a las partes que pretenden materializar el sistema judicial y a las partes que pretenden materializar de manera eficaz y eficiente sus relaciones patrimoniales. Ese debido proceso también se plantea respecto de las acciones judiciales dilatadas o innecesarias”.

Salta a la vista que el planteamiento objeto de análisis no satisface las condiciones argumentativas mínimas para que pueda considerarse un cargo de inconstitucionalidad, puesto que el demandante no logró demostrar cómo la exclusión de la coparte en el llamamiento en garantía afecte el debido proceso civil. Con mayor razón si se tiene en cuenta que el legislador tiene un importante margen de libertad de configuración del proceso y que a él corresponde definir los instrumentos procesales para defender los derechos, las etapas y oportunidades dentro del mismo y la forma en que los asociados acuden a la justicia en búsqueda de la resolución pacífica de sus conflictos.

Entonces, no es suficiente afirmar que el llamado en garantía de la coparte evitaría acciones innecesarias y dilatadas, pues si se analiza la situación desde la perspectiva del acreedor que hizo uso de su derecho a elegir el deudor solidario cuyo cumplimiento de la obligación hará exigible ¾C.C., art. 1568¾, la intervención del coparte no es necesaria porque demora la definición de su litigio y hace más compleja la decisión judicial que requiere. Luego, el argumento es impertinente porque se pretende introducir una nueva figura del proceso civil con base en conjeturas de orden práctico y no con fundamento en valoraciones de índole constitucional.

La tercera razón por la que la demanda considera que las expresiones normativas acusadas desconocen los artículos 29, 228 y 229 de la Constitución está plasmada así: “si la Constitución es celosa en resguardar los términos de los procesos, los procedimientos y los trámites, con mayor razón lo es cuando no se permite a las partes entre sí solucionar sus diferencias cuando concurren en un mismo pleito hechos y pretensiones oponibles o discutibles entre ellas; situación que sí permite a terceros ajenos al proceso, rompiendo el trato de iguales... no se garantiza a las partes proponer acciones cruzadas en un mismo pleito, aspecto que restringe el acceso igualitario y efectivo a la administración de justicia”.

Después de revisar las posibilidades procesales con las que cuenta la coparte para reclamar la cuota en la deuda que correspondía al otro deudor solidario, la Sala encuentra que el argumento expuesto no es cierto, por cuanto el hecho de que ordenamiento procesal no le permita “proponer acciones cruzadas en un mismo pleito” no significa que no tiene la posibilidad de acceder a la justicia para hacer efectivo su derecho. En efecto, el deudor solidario condenado en juicio, al tenor de lo dispuesto en el artículo 1579 del Código Civil, queda subrogado en la acción del acreedor respecto de la cuota o parte que el codeudor tenga en la deuda. De igual manera, el artículo 1587 del Estatuto Civil autoriza al deudor de una obligación indivisible que paga la deuda a exigir por medio judicial que le reembolsen o indemnicen lo que les corresponde a los otros deudores. Y, de conformidad con el artículo 1585 del Código Civil, el heredero condenado a pagar las deudas hereditarias que en la partición correspondió a varios, puede demandar a quienes correspondía hacer el pago total o parcial para el reembolso. Luego, no es cierto que el llamamiento en garantía de un tercero limite o no haga efectivo el derecho de acceso a la justicia al deudor solidario.

Pero además de todo lo expuesto, la Sala encuentra que la pretensión del demandante de incluir a la coparte como sujeto de llamamiento en garantía corresponde a un tema que no tiene relevancia constitucional. De hecho, este asunto ha tenido un interesante debate doctrinario que, incluso da cuenta el mismo demandante, centrado en el análisis de conveniencia y oportunidad de la introducción de una figura propia del derecho norteamericano y que no ha tenido acogida en el derecho procesal iberoamericano.

Así, sobre la conveniencia práctica de su introducción, en los debates adelantados por la comisión redactora del proyecto de Código General del Proceso, uno de los expertos propuso que, en la redacción del llamamiento en garantía, se introduzca la figura de la demanda de coparte, por considerarla útil y adecuada para el proceso civil. La propuesta quedó plasmada así:

“Hace uso de la palabra el doctor Álvarez quien inquiere si se va a considerar la figura de la demanda de coparte. A este propósito manifiesta el secretario que en la disposición que se refiere al llamamiento en garantía se modificó la expresión tercero por el vocablo otro para suprimir la limitación que hoy existe y permitir que un demandado llame en garantía a otro de los demandados, lo que constituye el propósito de la demanda de coparte. Se aclara que en el proceso ejecutivo no es posible aplicar la demanda de coparte”(20).

En la misma línea argumentativa, el procesalista Hernán Fabio López Blanco sostiene que, a pesar de que es evidente que del artículo 57 del Código de Procedimiento Civil no es posible deducir la aplicación de la demanda de coparte, “lo ideal sería contar con disposición expresa que la consagre”. Además precisa que “no es menester restringirla al proceso declarativo, por cuanto donde mayor utilidad puede prestar es en los ejecutivos donde se podría ventilar en trámite adicional pero autónomo lo atinente a la solución de las pretensiones de la coparte”(21).

Al hacer referencia al llamamiento en garantía en el proceso civil italiano, Calamandrei analiza las ventajas de que esa figura se aplique únicamente al tercero que garantiza una causa común, puesto que “en virtud del llamamiento en garantía, se encuentran reunidas ante el mismo juez (art. 32) dos causas: la principal, entre las partes principales, donde puede ocurrir que el llamado en garantía también tome parte en la forma antedicha, y la de garantía entre el garantizado actor y el garantizado demandado”(22).

Así las cosas, para la Sala es evidente que los argumentos del demandante que, en esencia pretenden definir una controversia doctrinaria en torno a la conveniencia de la demanda de coparte en Colombia, no pueden resolverse por vía de la acción de inconstitucionalidad y, por consiguiente, serán desestimados para el debate de constitucionalidad. En consecuencia, respecto de los cargos planteados por violación de los artículos 2º, 29, 228 y 229 de la Constitución, la Corte se inhibirá por ineptitud sustantiva.

6.5. Requisitos que debe reunir el cargo por violación del artículo 13 superior.

De otra parte, el demandante considera que las expresiones “tercero” y “de aquel”, contenidas en el artículo 57 del Código de Procedimiento Civil, desconocen el artículo 13 superior por “ausencia de igualdad de oportunidades ante la ley pues frente a terceros se puede ejercitar el llamamiento en garantía pero entre las mismas partes tal actividad adjetiva se encuentra limitada ante la enunciación de esos vocablos que dan lugar a posiciones rígidas de los jueces que no admiten esta intervención que sí ha sido adoptada en otras legislaciones y sistemas de justicia”.

Ahora bien, en cuanto a la carga argumentativa del demandante cuando invoca la trasgresión del artículo 13 de la Carta, la Corte Constitucional ha indicado que, por la naturaleza relacional del juicio de igualdad, es necesario que se precise con claridad, suficiencia, pertinencia, especificidad y certeza cuáles son los sujetos cuyo cotejo se propone, cuál es el criterio de comparación escogido y cuáles son las razones por las que se acudió al mismo. De igual manera, si se tiene en cuenta que la correcta interpretación del principio de igualdad no supone la prohibición de la diferencia sino el reproche a la discriminación, al demandante no solo corresponde presentar argumentos para demostrar que la ley estableció el trato diferente a dos supuestos fácticos iguales, sino que dicho trato no tiene una justificación razonable, proporcional y suficiente que lo autorice. En cuanto a las características que debe reunir el cargo por violación de la igualdad, la Corte señaló:

“Este requisito en la elaboración del cargo se torna en este caso particularmente exigente, en la medida en que, al tener el juicio de igualdad un carácter eminentemente relacional no basta simplemente con señalar que se presenta un trato dispar entre dos (2) sujetos, sino que es indispensable precisar si efectivamente existe: (i) un tratamiento igual a dos sujetos puestos en distintas situaciones o, a contrario sensu, (ii) un tratamiento desigual a dos sujetos puestos en iguales condiciones. De suerte que, la carga argumentativa está inclinada en favor de la igualdad, pues en todo caso la carga de la prueba pesa sobre quien pretende el establecimiento de un trato diferenciado. En otras palabras, quien establece o pretende establecer un trato discriminatorio, debe justificarlo(23).

Después de examinar los argumentos del demandante para sustentar su apreciación en torno a la violación del artículo 13 de la Constitución, la Sala encuentra que no cumple con la carga argumentativa mínima que permita generar el debate de constitucionalidad, por las siguientes consideraciones:

Como se explicó, no basta que el actor manifieste que las expresiones normativas impugnadas tratan en forma desigual a los terceros y a las copartes en el llamamiento en garantía, pues es indispensable explicar por qué los terceros con obligación legal o contractual de indemnizar los perjuicios que el demandado llegare a sufrir, son iguales a las copartes. Incluso, si salta a la vista que los dos sujetos comparados son diferentes para el proceso civil, en tanto que el llamado no es parte sino precisamente un tercero en la controversia y, como su denominación lo expresa, la coparte será parte demandada en el proceso, era indispensable que el demandante exprese razones suficientes para explicar el por qué dos sujetos distintos debían ser tratados iguales, o cuáles son las razones para que realmente deba entenderse que esos extremos son iguales y, por lo mismo, deben ser tratados jurídicamente igual.

De otra parte, tampoco aparece claro el criterio de comparación escogido por el actor. A primera vista, parecería que cotejó la situación del tercero y la coparte en el llamamiento en garantía, a partir del resultado: la demora para resolver la controversia entre los deudores solidarios (las copartes). Sin embargo, ese argumento no es de recibo no solo porque no tiene un fundamento objetivo y verificable (puesto que podría decirse que la intervención del coparte demora la resolución de litis para el acreedor y hace más compleja la decisión judicial porque se introducen elementos de juicio distintos a los planteados en la controversia principal), sino porque es insuficiente para justificar el trato igual a dos supuestos de hecho distintos.

La lectura literal del argumento en que se apoya el actor para deducir la violación del artículo 13 de la Constitución y la interpretación integral de la demanda, permitiría concluir que el criterio de comparación entre la coparte y el tercero llamado en garantía utilizado por el demandante es la admisión de la nueva figura en “otras legislaciones y sistemas de justicia. Obviamente ese planteamiento tampoco puede aceptarse, pues resulta abiertamente impertinente para el juicio de constitucionalidad la comparación de figuras procesales con otras legislaciones. La visión al derecho comparado indudablemente apoya al intérprete, ilustra al lector y contribuye al dinamismo del derecho, pero no puede entenderse como el fundamento del trato discriminatorio o el punto de comparación escogido para concluir la violación de la Constitución.

Por todas las razones expuestas en precedencia, la Sala concluye que la demanda no se formuló en debida forma y por ello se inhibirá para conocer de la constitucionalidad de las expresiones demandadas.

7. Decisión.

En mérito de lo expuesto, la Corte Constitucional, administrando justicia, en nombre del pueblo y por mandato de la Constitución,

RESUELVE:

Declararse INHIBIDA para conocer los reproches de inconstitucionalidad formulados contra las expresiones “a un tercero y “de aquel, contenidas en el artículo 57 del Código de Procedimiento Civil, por ineptitud sustantiva de la demanda.

Cópiese, notifíquese, comuníquese, insértese en la Gaceta de la Corte Constitucional, cúmplase y archívese el expediente».

(1) Al respecto, entre muchas otras, pueden consultarse las sentencias C-1052 de 2001, C-723 de 2004, C-980 de 2005, C-370 de 2006, C-1053 de 2005, C-1048 de 2000 y C-011 de 2001. La Sentencia C-509 de 1996: explicó claramente el concepto de certeza del cargo así: el ejercicio de la acción pública de inconstitucionalidad supone la confrontación del texto constitucional con una norma legal que tiene un contenido verificable a partir de la interpretación de su propio texto; esa técnica de control difiere, entonces, de aquella otra encaminada a establecer proposiciones inexistentes, que no han sido suministradas por el legislador, para pretender deducir la inconstitucionalidad de las mismas cuando del texto normativo no se desprenden.

(2) Sentencia C-131 de 1993, M.P. Alejandro Martínez Caballero.

(3) Sentencia C-447 de 1997, M.P. Alejandro Martínez Caballero.

(4) Sentencia C-1052 de 2001, M.P. Manuel José Cepeda Espinosa.

(5) En Sentencia C-362 de 2001, la Corte concluyó que no existían cargos porque los argumentos dirigidos a reprochar la disposición partían de proposiciones que no se derivaban de la norma acusada.

(6) Mediante Sentencia C-504 de 1995, la Corte concluyó que la disposición acusada no correspondía a la realmente consagrada por el legislador.

(7) Sentencia C-1052 de 2001, M.P. Manuel José Cepeda Espinosa.

(8) Puede verse la Sentencia C-269 de 1995.

(9) Sentencias C-090 de 1996, C-357 de 1997, C-374 de 1997, C-012 de 2000 y C-040 de 2000.

(10) Sentencia C-504 de 1993.

(11) Sentencias C-242 de 2006, C-402 de 2007, C-1299 de 2005, C-048 de 2006 y C-1194 de 2005.

(12) Sentencia 735 de 2008, M.P. Mauricio González Cuervo.

(13) Sentencia C-721 de 2006, M.P. Jaime Araújo Rentería.

(14) Sentencia C-1052 de 2001, M.P. Manuel José Cepeda Espinosa.

(15) Sentencia C-1059 de 2008, M.P. Jaime Araújo Rentería.

(16) Sentencia C-447 de 1997, M.P. Alejandro Martínez Caballero.

(17) Sentencia C-1052 de 2001, M.P. Manuel José Cepeda Espinosa.

(18) Sentencia C-190 de 2008, M.P. Marco Gerardo Monroy Cabra.

(19) El profesor Hernando Morales Molina explica que el llamamiento tiene por objeto que el tercero se convierta en parte, a fin de que haga valer dentro del mismo proceso su defensa acerca de las relaciones legales o contractuales que lo obligan a indemnizar o a reembolsar, y al igual del denunciado en el pleito, acude no solamente para auxiliar al denunciante, sino para defenderse la obligación legal del saneamiento. Curso de Derecho Procesal Civil. Parte General. Décima Edición. Editorial ABC. Bogotá. 1988. Páginas 248 y 249.

(20) Comisión Redactora del Proyecto de Código General del Proceso. Acta número 09 del 15 de octubre de 2003. Dirección en Internet: www.ficsa.org.co.

(21) López Blanco, Hernán Fabio. Instituciones de Derecho Procesal Civil Colombiano. Tomo I. Parte General. Sexta Edición. Bogotá. 1993. Páginas 251 y 252.

(22) Calamandrei Piero, Derecho Procesal Civil. Tomo II. Volumen II. Ediciones Jurídicas Europa - América. Buenos Aires. Páginas 345 y siguientes.

(23) Sentencia C-156 de 2007, M.P. Rodrigo Escobar Gil.