Sentencia C-668 de septiembre 10 de 2014

 

Sentencia C-668 de septiembre 10 de 2014

CORTE CONSTITUCIONAL 

SALA PLENA

Ref.: Expediente D-10170

Magistrado Sustanciador:

Dr. Luis Guillermo Guerrero Pérez

Asunto: Demanda de inconstitucionalidad contra el numeral 1º del artículo 210 (parcial) del Decreto 1355 de 1970 “Por el cual se dictan normas sobre policía”

Demandantes: Jorge Alejandro Cárdenas Cárdenas y otros

Bogotá, D.C., diez de septiembre de dos mil catorce.

EXTRACTOS: «II. Norma demandada

A continuación se transcribe el texto del precepto demandado, conforme a su publicación en el Diario Oficial Nº 33.139 de septiembre 4 de 1970, destacando y subrayando los apartes demandados:

“Decreto 1355 de 1970

(Agosto 4)

Por el cual se dictan normas sobre policía

El Presidente de la República de Colombia, en ejercicio de las facultades extraordinarias que le confirió la Ley 16 de 1968 y atendiendo el concepto de la comisión asesora establecida en ella,

DECRETA:

(...).

ART. 210.—Compete a los alcaldes o a quienes hagan sus veces, imponer multa de cincuenta a cien pesos:

1º) Al que no ice la bandera nacional en lugar visible al público en los días indicados por reglamento o resolución de autoridad.

2º) Al que vuelque en vía pública caneca o recipiente con basura o las arroje en lugar público.

3º) Al que altere las placas de nomenclatura urbana”.

(...).

VI. Consideraciones de la Corte

6.1. Competencia.

Esta corporación es competente para decidir sobre la demanda de inconstitucionalidad contra el numeral 1º del artículo 210 del Decreto 1355 de 1970, “por el cual se dictan normas sobre policía”, presentada por los ciudadanos Jorge Alejandro Cárdenas Cárdenas, José María de Brigard Arango, José Fernando Rengifo Contreras y Helena Sanín Uribe, por estar contenida en un decreto con fuerza de ley, en los términos del numeral 5º del artículo 241 del texto superior.

Al respecto, es preciso señalar que este tribunal ha admitido reiteradamente su competencia para conocer de la constitucionalidad de los decretos proferidos en virtud de facultades extraordinarias otorgadas con anterioridad a la Constitución Política de 1991, pues al tratarse de normas con fuerza de ley, su control le corresponde materialmente a esta corporación(5). Precisamente, en lo que atañe al Decreto 1355 de 1970, la Corte ha asumido el examen de constitucionalidad de varios de sus preceptos normativos, entre otras, en las sentencias C-199 de 1998(6), C-046 de 2001(7), C-534 de 2006(8), C-435 de 2013(9) y C-511 de 2013(10).

6.2. Del problema jurídico y del esquema de resolución.

6.2.1. De acuerdo con los argumentos expuestos en la demanda, en las distintas intervenciones y teniendo en cuenta el concepto de la vista fiscal, le corresponde a esta corporación establecer, si el precepto legal acusado desconoce el derecho al libre desarrollo de la personalidad y las libertades de expresión, de conciencia y de cultos (C.P., arts. 16, 18, 19 y 20), al consagrar la sanción de multa para quien no hice la bandera en los días indicados por reglamento o resolución de autoridad, en el entendido que —en criterio de los accionantes— el acto de realizar honores a los símbolos patrios es una decisión que cada ciudadano debe tomar de forma genuina desde su fuero interno, pues representa una manifestación política amparada por el pluralismo en que se fundamenta la Constitución Política de 1991.

6.2.2. Para resolver el citado problema jurídico, la Corte inicialmente se pronunciará sobre la vigencia del numeral 1º del artículo 210 del Decreto 1355 de 1970 y sobre la aptitud de los cargos formulados (6.3). Una vez superada dicha etapa, este tribunal hará una breve exposición con respecto al alcance de las libertades de expresión y de cultos, así como del derecho a la objeción de conciencia (6.4); luego de lo cual se referirá a la potestad de configuración del legislador en materia contravencional y los límites que surgen como consecuencia del principio de proporcionalidad (6.5). Una vez expuestos los anteriores elementos, se concluirá con la resolución del caso concreto, en el que se destacará la importancia constitucional de los símbolos patrios (6.6).

6.3. Cuestión previa: decisión inhibitoria por carencia actual de objeto.

6.3.1. En los términos previstos en el artículo 241 del texto superior, el control de constitucionalidad supone un juicio de contradicción entre una norma de inferior jerarquía y la Constitución, con el propósito de expulsar del ordenamiento jurídico las disposiciones que desconozcan o sean contrarias a sus mandatos, por lo se exige —como requisito sine qua non— que el precepto demandado se encuentre actualmente vigente. En efecto, como lo ha admitido reiteradamente esta corporación, la acción pública de inconstitucionalidad debe dirigirse contra normas que integran el sistema jurídico, lo que conduce a la imposibilidad de que este tribunal se pronuncie sobre la exequibilidad de disposiciones que han sido objeto de derogatoria(11).

En este orden de ideas, en cuanto al procedimiento de pérdida de vigencia, el ordenamiento positivo distingue entre la derogatoria expresa y la derogatoria tácita(12). La primera se produce cuando explícitamente una nueva disposición suprime formalmente a una anterior; mientras que, la segunda, supone la existencia de una norma posterior que contiene disposiciones incompatibles con aquella que le sirve de precedente. A estas categorías se suma la denominada derogatoria orgánica, en algunas ocasiones identificada como una expresión de derogatoria tácita, la cual tiene ocurrencia en aquellos casos en que es promulgada una regulación integral sobre una materia a la que se refiere una disposición, aunque no haya incompatibilidad entre sus mandatos.

En este mismo sentido, la Corte ha dicho que:

“[La] derogatoria es aquel efecto de una ley, determinante de la pérdida de vigencia de otra ley anterior, la cual puede ser expresa o tácita. Este último evento tiene lugar al menos en dos hipótesis: (i) cuando una norma jurídica posterior resulta incompatible con una anterior, o (ii) cuando se produce una nueva regulación integral de la materia(13). Así lo ha entendido la jurisprudencia de esta corporación al señalar que la derogatoria de una ley puede ser expresa, tácita o por reglamentación integral (orgánica) de la materia, sucediendo la primera cuando la nueva ley suprime formal y específicamente la anterior; la segunda cuando la nueva ley contiene disposiciones incompatibles o contrarias a la de la antigua, y la tercera cuando una ley reglamenta toda la materia regulada por una o varias normas precedentes, aunque no haya incompatibilidad entre las disposiciones de estas y las de la nueva ley(14)(15).

Sin embargo, ante la necesidad de garantizar la vigencia material de la Constitución y dado que en algunas ocasiones puede darse una vigencia ultraactiva de normas legales, la jurisprudencia ha contemplado la posibilidad de que la Corte se pronuncie sobre disposiciones derogadas que, a pesar de ello, continúen surtiendo efectos jurídicos o pudieren llegar a producirlos en el futuro(16). Precisamente, en la Sentencia C-558 de 1996(17), se explicó que:

“[Para] adelantar el estudio de constitucionalidad de una norma que ha sido derogada o modificada por voluntad del legislador, se requiere que la misma continúe produciendo efectos jurídicos. De lo contrario, el pronunciamiento de constitucionalidad resulta innecesario, por carencia actual de objeto. En efecto, esta corporación ha sostenido que en función de la guarda de la integridad y supremacía de la Constitución, ella debe conocer de disposiciones que hayan sido acusadas y se encuentren derogadas, siempre y cuando tales normas continúen produciendo efectos jurídicos. En cambio, si la norma demandada excluida del ordenamiento jurídico no sigue surtiendo efectos jurídicos o nunca los produjo, el pronunciamiento de constitucionalidad resulta inocuo, por carencia de objeto”(18).

6.3.2. En relación con la norma objeto de demanda en esta oportunidad, la Corte advierte que la misma fue derogada por el artículo 5º de la Ley 12 de 1984, “por la cual se adoptan los símbolos patrios de la República de Colombia”, por las siguientes razones:

6.3.2.1. En primer lugar, esta corporación encuentra que se presenta un fenómeno de derogatoria orgánica o por regulación integral, pues la Ley 12 de 1984 pretendió unificar todo el marco regulatorio referente a la adopción y tratamiento de los símbolos patrios. Respecto del primer punto, esto es, la adopción, al señalar que los mismos están constituidos por la bandera, el escudo y el himno nacional, y al determinar sus características de forma y composición(19), previa sustitución expresa de su definición anterior consagrada en la Ley 3ª del 9 de mayo de 1834(20). En cuanto al segundo punto, es decir, su tratamiento, al disponer que le corresponde al Gobierno Nacional, con excepción de las normas penales existentes, la consagración de las reglas referentes a su uso, a las ocasiones y modos en que ello tendría lugar y al régimen sancionatorio derivado de quienes los “utilicen indebidamente, sin el respeto y la suma consideración que merecen”.

Precisamente, en relación con las reglas dispuestas para el manejo y las sanciones derivadas del uso de los símbolos patrios, el artículo 5º de la Ley 12 de 1984 dispone que: “El Gobierno Nacional reglamentará el uso de los símbolos a que se refiere el artículo primero; señalará las ocasiones y el modo como deben ser usados, fijará las sanciones para quienes los utilicen indebidamente, sin el respeto y la suma consideración que merecen y hará conocer, profusamente las normas penales existentes, para quienes ultrajen públicamente los símbolos nacionales (Código Penal, art. 117)”.

De la norma transcrita se infiere lo siguiente: (i) se asignó al reglamento la definición de las reglas para el uso y manejo de los símbolos patrios; y (ii) se dispuso que igualmente por vía reglamentaria se consagrara un régimen sancionatorio frente “quienes los utilicen indebidamente, sin el respeto y la suma consideración que merecen”. Lo anterior, sin perjuicio, (iii) del deber de dar a conocer profusamente las normas penales existentes para quienes ultrajen públicamente los símbolos nacionales(21).

En virtud de dicha habilitación legislativa, el Gobierno Nacional expidió el Decreto 1967 de 1991, “por [el] cual se reglamenta el uso de los símbolos patrios: la bandera, el escudo y el himno nacional”. Este decreto se compone de dos capítulos, el primero referente a los deberes ciudadanos y de las entidades para el uso de los símbolos patrios y el segundo en el que se consagra el respectivo régimen sancionatorio. Precisamente, los artículos 18 y 19 del aludido decreto, disponen que:

“ART. 18.—El que por desprecio, ultraje públicamente la bandera, el escudo o el himno nacional de Colombia, se sancionará de conformidad con lo establecido en el artículo 117 del Código Penal y normas que lo adicionen, modifiquen o sustituyan.

ART. 19.—Compete a los alcaldes o a quienes hagan sus veces, imponer multas de cinco (5) a diez (10) salarios mínimos diarios legales:

1. A quien no ice la bandera nacional en lugar visible al público en los días indicados en el presente decreto.

2. A quien ice la bandera nacional en mal estado, desteñidos los colores o alterada la composición de ellos en su forma original.

3. A quien irrespete los símbolos patrios”(22).

Como se observa de lo expuesto, tanto la disposición actualmente demandada (D. 1355/1970, art. 210, num. 1º), como el numeral 1º del artículo 19 del Decreto 1967 de 1991, guardan identidad de contenido normativo, con excepción de algunas diferencias puntuales. El presente gráfico ilustra la situación descrita:

Decreto 1355 de 1970Decreto 1967 de 1991
ART. 210.—Compete a los alcaldes o a quienes hagan sus veces, imponer multa de cincuenta a cien pesos:
1. A quien no ice la bandera nacional en lugar visible al público en los días indicados por reglamento o resolución de autoridad.
ART. 19.—Compete a los alcaldes o a quienes hagan sus veces, imponer multas de cinco (5) a diez (10) salarios mínimos diarios legales:
1. A quien no ice la bandera nacional en lugar visible al público en los días indicados en el presente decreto.

A partir de la citada ilustración, no cabe duda de que se está en presencia de dos disposiciones que consagran una misma conducta objeto de sanción a través de la imposición de multas, cuya diferencia radica en el monto de la misma y en el origen de la obligación de izar la bandera nacional. Ante la incompatibilidad de dichos preceptos normativos, es preciso que la Corte determine cuál de ellos se encuentra vigente.

Para estos efectos, como ya se dijo, se entiende que el numeral 1º del artículo 210 del Decreto 1355 de 1970 fue derogado por el artículo 5º de la Ley 12 de 1984 (norma posterior), pues en él —al momento de consagrar una regulación integral sobre los símbolos patrios— expresamente se dispuso que lo concerniente al régimen sancionatorio para su protección, sería objeto de desarrollo por el Gobierno Nacional a través de la expedición de un decreto reglamentario, como lo es el Decreto 1967 de 1991.

Para la Corte es claro que como consecuencia de la unificación de las reglas de uso y manejo de los símbolos patrios, se buscó igualmente estructurar un nuevo régimen sancionatorio, cuyo desarrollo se delegó al Gobierno Nacional por medio del reglamento. De suerte que, con excepción de las normas penales frente a las cuales tan solo se dispuso un deber de difusión, se ordenó al ejecutivo fijar un nuevo marco sancionatorio referente a quienes utilicen indebidamente los símbolos patrios, “sin el respeto y la suma consideración que merecen”. Esto explica la existencia del citado Decreto 1967 de 1991 y, por ende, la expedición de unas multas más gravosas frente a quienes no icen la bandera nacional, únicamente como consecuencia de su omisión en los días dispuestos en dicho decreto, el cual determina las fechas en que es obligación cumplir con el aludido deber ciudadano(23). De esta manera, se pasó de una conducta sancionada en un decreto con fuerza de ley, a una nueva ley en la que se dispuso que las sanciones serían objeto de desarrollo por el Gobierno Nacional a través del reglamento.

Precisamente, en la actualidad, las entidades municipales apelan a las sanciones dispuestas en el Decreto 1967 de 1991, para compeler a los ciudadanos al cumplimiento del deber de izar la bandera nacional. Por ejemplo, la alcaldía de Chiquinquirá, en el Decreto 40 del 17 de julio de 2013, señaló que:

“ART. PRIMERO.—Izar la bandera nacional y la bandera del municipio de Chiquinquirá en todos los edificios, casas y dependencias oficiales y particulares ubicadas en el territorio municipal el día 20 de julio de 2013, en conmemoración del grito nacional de independencia (...).

ART. SEGUNDO.—Facúltese, conforme al artículo 19 del Decreto Nacional 1967 de 1991, al alcalde municipal para imponer multas de cinco (5) a diez (10) salarios mínimos diarios legales, en los siguientes casos:

1. A quien no ice la bandera nacional en lugar visible al público en los días indicados en el presente decreto.

2. A quien ice la bandera nacional en mal estado, desteñidos los colores o alterada la composición de ellos en su forma original.

3. A quien irrespete los símbolos patrios”(24).

6.3.2.2. Además de lo anterior, en segundo lugar, es claro que también existe una derogaría tácita del numeral 1º artículo 210 del Decreto 1355 de 1970, en relación con lo dispuesto en el artículo 5º de la Ley 12 de 1984, por las siguientes razones:

— En primer lugar, porque en este último precepto normativo se establece que las sanciones respecto del uso y manejo de los símbolos patrios, serán dispuestas por el Gobierno Nacional mediante reglamento para “quienes los utilicen indebidamente, sin el respeto y la suma consideración que merecen”, sin que expresamente se excluya de dicho régimen de definición a otro tipo de conductas, con excepción de las normas penales en ese momento existentes sobre ultraje a los símbolos patrios. Dicha contradicción en la determinación del régimen sancionatorio, cuya única fuente a partir del año de 1984 sería el reglamento, conduce a la derogatoria de las sanciones dispuestas en una fuente distinta, como lo es la prevista en la norma actualmente demandada.

— En segundo lugar, porque la consagración del nuevo régimen sancionatorio se limitó a quienes usen indebidamente los símbolos patrios, “sin el respeto y la suma consideración que merecen”, sin que en dicha habilitación legal se dispusiera expresamente como conducta susceptible de sanción el hecho de no izar la bandera nacional. Desde esta perspectiva, a partir de una nueva fuente legal, esto es, el artículo 5º de la Ley 12 de 1984, se habría excluido la omisión en el cumplimiento del citado deber como conducta reprochable, a pesar de que el reglamento la mantiene, ya que la fijación de las sanciones se vinculó a los comportamientos derivados de su uso, esto es, (i) la utilización indebida y (ii) el uso sin el respeto y la suma consideración que merecen. En este sentido, no sobra señalar que el artículo 7º de la ley en cita, establece que, como consecuencia de la expedición de dicho régimen, quedan “derogadas todas las disposiciones que le sean contrarias”.

6.3.3. A partir de lo anterior, cabría preguntarse si en esta oportunidad la Corte puede examinar la constitucionalidad del artículo 5º de la Ley 12 de 1984 y la legalidad del numeral 1º del artículo 19 del Decreto 1967 de 1991. En criterio de este tribunal, no es posible adelantar los citados controles, en el primer caso, porque se trata de una regulación con un contenido normativo distinto a la norma que actualmente se demanda, de suerte que frente a ella no se predican ninguno de los cargos propuestos por los demandantes. En efecto, como ya se dijo, el artículo 5º de la Ley 12 de 1984 habría excluido a la conducta de no izar la bandera nacional como susceptible de sanción, al tiempo que —en términos generales— delegó en el reglamento la fijación del régimen sancionatorio. Por su parte, en el segundo caso, porque el numeral 1º del artículo 19 del Decreto 1967 de 1991 es una disposición de naturaleza reglamentaria, no susceptible de control por parte de esta corporación (C.P., art. 241), más aún en lo que respecta a los eventuales problemas de legalidad que surjan de su contenido normativo.

En este orden de ideas, no sobra recordar que la jurisprudencia constitucional ha sido consistente en el hecho de no admitir el control de constitucionalidad frente a normas reglamentarias. Precisamente, en relación con este último punto, se ha dicho que:

“1. Conforme a lo dispuesto por el artículo 241 de la Constitución Nacional, a esta corporación se le confía la guarda de la integridad de la Carta, y, para el efecto le corresponde en los estrictos términos que allí se señalan, decidir sobre las demandas de inconstitucionalidad que presenten los ciudadanos contra las leyes, tanto por su contenido material como por vicios de procedimiento en su formación, así como de los decretos con fuerza de ley dictados por el gobierno con apoyo en lo preceptuado por los artículos 150 numeral 10 y 341 de la Constitución, así como de los decretos legislativos que se dicten por el Presidente de la República en virtud de lo dispuesto por los artículos 213, 214 y 215 de la Carta Magna.

2. Por su parte, al Consejo de Estado se le asigna entre otras atribuciones, la de ‘conocer de las acciones de nulidad por inconstitucionalidad de los decretos dictados por el Gobierno Nacional, cuya competencia no corresponda a la Corte Constitucional’, es decir, de los que, en esencia, son actos administrativos expedidos por este.

3. Aplicadas las nociones anteriores, encuentra la Corte que el Decreto 2504 de 1998, expedido el 10 de diciembre de ese año, fue dictado por el Presidente de la República ‘en ejercicio de las facultades que le confiere el numeral 11 del artículo 189 de la Constitución Política’, lo que significa que al proferirlo se ejerció la potestad reglamentaria de que se inviste por la Carta al Primer Mandatario para la cumplida ejecución de las leyes, razón esta por la cual la competencia para conocer de este proceso, efectivamente, no corresponde a la Corte Constitucional.

4. Más, dado que a la demanda aludida luego de su admisión se le imprimió el trámite previsto por el Decreto 2067 de 1991, no queda a la Corte camino distinto del de proferir una sentencia inhibitoria, comoquiera que, por carecer de competencia, no puede hacer ningún pronunciamiento sobre la exequibilidad de la norma demandada”(25).

6.3.4. Como consecuencia de lo expuesto, la única alternativa de que la Corte pueda adelantar el estudio de constitucionalidad de la norma acusada, a pesar de su derogatoria, es que continúe produciendo efectos jurídicos. No obstante, dicha circunstancia no se presenta en el asunto bajo examen, ya que cualquier comportamiento en que se haya incurrido durante su vigencia, en estos momentos ya no es susceptible de sanción, básicamente por la ocurrencia del fenómeno de la caducidad de la acción policiva. Precisamente, a pesar de que no existe una regla de caducidad expresa en el Código Nacional Policía frente a las denominadas contravenciones nacionales(26), como lo es la prevista en la norma objeto de acusación, por vía de analogía(27), es claro que en ningún caso la misma podría superar el término previsto en el artículo 29 del Decreto 800 de 1991, en el que se consagra el procedimiento de las contravenciones especiales, que igualmente se integran al Decreto 1355 de 1970 por virtud del Decreto 522 de 1971(28). Al respecto, la norma en cita dispone que: “... Si hubiesen transcurrido seis (6) meses o un tiempo superior entre la ejecución del hecho y el día de la presentación de la querella, el funcionario de conocimiento declarará la caducidad de la acción y se abstendrá de iniciar proceso...”. Lo anterior implica que la posibilidad de imponer la multa con fundamento en el numeral 1º del artículo 210 del citado Decreto 1355 de 1970 desapareció del ordenamiento procesal, pues desde la derogatoria del precepto demandado han trascurrido cerca de veinte años.

6.3.5. Finalmente, es preciso señalar que en la Sentencia C-575 de 2009(29), al momento de declarar la inexequibilidad del artículo 462 de la Ley 599 de 2000, referente al delito de ultraje a emblemas o símbolos patrios; esta corporación hizo referencia a la norma actualmente demandada, con el propósito de indicar que —en términos de proporcionalidad— es posible acudir al derecho policivo o administrativo con miras a salvaguardar los deberes relacionados con engrandecer y dignificar la calidad de nacional colombiano, a través del uso de medidas simbólicas unidas al empleo de la bandera. Sin embargo, como expresamente se señaló en la citada providencia, dicha referencia (a manera de ilustración) no implicaba un pronunciamiento sobre su constitucionalidad y, por obvias razones, sobre su vigencia. En efecto, la referencia a esta norma se hizo en el contexto de demostrar que es posible consagrar otras medidas menos onerosas para proteger los símbolos patrios, sin que se adelantara examen alguno respecto de su validez o permanencia en el ordenamiento jurídico(30).

6.3.6. Por lo tanto, con base en las razones expuestas, la Sala se inhibirá de adoptar un pronunciamiento de fondo en relación con el numeral 1º del artículo 210 del Decreto 1355 de 1970, en la medida en que dicho precepto fue derogado por el artículo 5º de la Ley 12 de 1984, configurándose la carencia actual de objeto.

6.4. Síntesis.

En el caso bajo examen, esta corporación encontró que el numeral 1º del artículo 210 del Decreto 1355 de 1970 fue derogado por el artículo 5º de la Ley 12 de 1984 (derogatoria orgánica), al presentarse en esta última una regulación integral referente al régimen sancionatorio de protección a los símbolos patrios exclusivamente para quienes los “utilicen indebidamente, sin el respeto y la suma consideración que merecen”, previa habilitación realizada al Gobierno Nacional para su fijación por vía del reglamento. En virtud de dicha habilitación legal se expidió el Decreto 1967 de 1991, en el que nuevamente se consagró la multa a quien no ice la bandera nacional en lugar visible al público (art. 19).

Por lo demás, también se acreditó la existencia de una derogatoria tácita entre lo dispuesto en la norma demandada y el artículo 5º de la Ley 12 de 1984, pues a partir de lo previsto en esta última disposición, la única fuente para la fijación de sanciones vinculadas con el uso y manejo de los símbolos patrios es el reglamento, con excepción de las medidas penales, en ese momento vigentes, para quienes incurrieran en actos públicos de ultraje. Sumado a lo anterior, para la Corte, un examen de lo dispuesto en el citado artículo 5º de la Ley 12 de 1984, condujo a concluir que el legislador habría excluido el hecho de no izar la bandera nacional como conducta reprochable, a pesar de que el reglamento la mantiene, ya que la fijación de las sanciones se vinculó a los comportamientos derivados de su uso, esto es, (i) la utilización indebida y (ii) el uso sin el respeto y la suma consideración que merecen.

Por virtud de la citada derogatoria y en la medida en que la norma demandada actualmente no produce ningún efecto jurídico, esta corporación decidió inhibirse de realizar un pronunciamiento de fondo, al configurarse la carencia actual de objeto.

En todo caso, este tribunal explicó que no es posible adelantar un juicio de constitucionalidad frente a la norma que sustituyó el precepto acusado, ya que se trata de una regulación con contenido normativo distinto. De igual manera, tampoco se puede examinar el Decreto 1967 de 1991, pues corresponde a una disposición de naturaleza reglamentaria, no susceptible de control por parte de esta corporación, en los términos previstos en el artículo 241 del texto superior.

En mérito de lo expuesto, la Sala Plena de la Corte Constitucional de la República de Colombia, administrando justicia en nombre del pueblo y por mandato de la Constitución,

RESUELVE:

INHIBIRSE de proferir un pronunciamiento de fondo en relación con la expresión “Al que no ice la bandera nacional en lugar visible al público en los días indicados por el reglamento o resolución de autoridad”, contenida en el numeral 1º del artículo 210 del Decreto 1355 de 1970, por cuanto la misma fue derogada por el artículo 5º de la Ley 12 de 1984, configurándose la carencia actual de objeto.

Notifíquese, comuníquese, publíquese, insértese en la Gaceta de la Corte Constitucional y archívese el expediente».

(5) Sobre este punto se pueden consultar las sentencias C-049 de 2012, C-400 de 2013 y C-524 de 2013, en las que se señalan los casos en los que la Corte ha asumido competencias atípicas, a partir de la existencia de un criterio material vinculado con la obligación garantizar el principio de supremacía constitucional, la eficacia del control constitucional, la premisa de que en un Estado social de derecho no pueden existir actuaciones exentas de control y la fuerza normativa de los actos sometidos a escrutinio. En el caso de los decretos leyes anteriores a 1991, se destaca el siguiente análisis realizado en la Sentencia C-522 de 2009, conforme al cual: “Esta corporación es competente para conocer de la presente demanda de conformidad con lo previsto en el artículo 241 numeral 5º de la Constitución, por cuanto la disposición demandada hace parte de un decreto que, en su momento, se expidió por el Presidente de la República en virtud de facultades extraordinarias conferidas mediante ley, del mismo tipo de las hoy contempladas en el artículo 150, numeral 10 del texto superior” destacado por fuera del texto original.

(6) M.P. Hernando Herrera Vergara.

(7) M.P. Álvaro Tafur Galvis.

(8) M.P. Clara Inés Vargas Hernández.

(9) M.P. Mauricio González Cuervo.

(10) M.P. Nilson Pinilla Pinilla.

(11) Al respecto, entre otras, se pueden consultar las sentencias C-505 de 1995, C-471 de 1997, C-480 de 1998, C-521 de 1999, C-758 de 2004, C-335 de 2005, C-825 de 2006, C-896 de 2009 y C-898 de 2009.

(12) Código Civil, artículos 71 y 72.

(13) Esta corporación ha establecido, con apoyo en el artículo 3º de la Ley 153 de 1887, que se presenta revocatoria por regulación integral de la materia, cuando una nueva ley reglamenta de manera completa el asunto regulado por la norma en cuestión, haciendo que esta última pierda su vigencia dentro del ordenamiento. Al respecto se pueden consultar las sentencias: C-653 de 2003, C-634 de 1996, C-328 de 2001, C-329 de 2001 y C-558 de 1996.

(14) Sentencia C-634 de 1996, M.P. Fabio Morón Díaz.

(15) Sentencia C-826 de 2006, M.P. Jaime Córdoba Triviño. Al respecto, el artículo 3º de la Ley 153 de 1887 dispone que: “Estímase insubsistente una disposición legal por declaración expresa del legislador, o por incompatibilidad con disposiciones especiales posteriores, o por existir una ley nueva que regule integralmente la materia a que la anterior disposición se refería” (destacado por fuera del texto original).

(16) En la Sentencia C-714 de 2009, la Corte se pronunció de fondo acerca de algunas reformas al estatuto tributario contenidas en la Ley 863 de 2003 que, a pesar de haber sido derogadas por la Ley 1111 de 2006, todavía podían ser objeto de reclamaciones judiciales o administrativas.

(17) M.P. Vladimiro Naranjo Mesa.

(18) En el mismo sentido, entre otras, se pueden consultar las sentencias C-745 de 1999, C-1144 de 2000, C-328 de 2001, C-1066 de 2001 y C-1067 de 2008.

(19) Al respecto, los artículos 1º a 4º de la ley en cita disponen que: “ART. 1º—Los símbolos patrios de la República son: la bandera, el escudo y el himno nacional. // ART. 2º—Los colores nacionales de la República de Colombia, amarillo, azul y rojo continuarán distribuidos en el pabellón nacional, en tres fajas horizontales de las cuales el amarillo, colocado en la parte superior, tendrá un ancho igual a la mitad de la Bandera, y los otros dos, en fajas iguales a la cuarta parte del total, debiendo ir el azul en el centro. // ART. 3º—El escudo de armas de la República tendrá la siguiente composición: el perímetro será de forma suiza, de seis tantos de ancho por ocho de alto, y terciado en faja. La faja superior, o jefe en campo azul lleva en el centro una granada de oro abierta y graneada de rojo, con tallo y hojas del mismo metal. A cada lado de la granada va una cornucopia de oro, inclinada y vertiendo hacia el centro, monedas, la del lado derecho, y frutos propios de la zona tórrida, la del izquierdo. La faja del medio, en el campo de platino, lleva en el centro un gorro frígido enastado en una lanza. // En la faja inferior, representativa de la privilegiada situación geográfica del país quedará como figura actualmente en nuestro escudo. El escudo reposa sobre cuatro banderas divergentes de la base, de las cuales las dos inferiores formarán un ángulo de noventa grados, y las dos superiores irán separadas de las primeras en ángulos de quince grados; estas van recogidas hacia el vértice del escudo. El jefe del escudo está sostenido por una corona de laurel pendiente del pico de un cóndor con las alas desplegadas que mira hacia la derecha. En una cinta de oro asida al escudo y entrelazada a la corona, va escrito en letras negras mayúsculas, el lema Libertad y Orden. // ART. 4º—El himno nacional de Colombia continuará siendo el que compuso Oreste Sindici con letra de Rafael Núñez, ya adoptado por norma legal y aceptado universalmente por la comunidad colombiana”. Esta última disposición fue declarada exequible mediante la Sentencia C-469 de 1997, M.P. Vladimiro Naranjo Mesa.

(20) Al respecto, el artículo 7º de la Ley 12 de 1984 establece que: “Quedan en estos términos sustituida la Ley del 9 de mayo de 1834...”.

(21) La Ley 12 de 1984 refería al artículo 117 del Código Penal de 1980, el cual fue derogado por el artículo 461 de la Ley 599 de 2000, siendo este último declarado inexequible por la Corte mediante la Sentencia C-575 de 2009, M.P. Humberto Antonio Sierra Porto.

(22) Subrayado por fuera del texto original.

(23) El Decreto 1967 de 1991 dispone que: “ART. 1º—Es obligación izar la bandera nacional en todo el territorio colombiano en los edificios, casas y dependencias oficiales y particulares, en las siguientes fechas: 20 de julio, 7 de agosto, 12 de octubre, 11 de noviembre y fiesta nacional del Sagrado Corazón de Jesús. Se izará enlutada y a media asta en los días declarados oficialmente como duelo nacional y en las ocasiones que lo disponga expresamente el Congreso Nacional o el Órgano Ejecutivo. PAR.—El luto consistirá en un lazo de crespón de color negro, cuyos extremos colgantes tendrán de longitud la mitad del ancho de la bandera. // ART. 2º—La bandera nacional debe ser izada en los departamentos, intendencias y comisarías en la fecha conmemorativa de su creación como entidades territoriales de la República. Así mismo en las ciudades capitales, municipios y demás localidades en los aniversarios de su fundación”.

(24) Subrayado por fuera del texto original. Por su parte, la alcaldía de Santiago de Cali, en el Decreto 4110.20.0321 del 23 de mayo de 2012, dispuso que: “ART. PRIMERO.—Delegar en los inspectores de Policía urbanos de segunda categoría, la competencia para imponer las multas contenidas y por los eventos previstos en el artículo 19 del Decreto Nacional 1967 de 1991”. En un sentido similar, la alcaldía municipal de Confines, Santander, en el Decreto 19 de 2010, estableció que: “ART. SEGUNDO.—Múltese a quien no ice la bandera nacional de Colombia en un lugar visible, los días indicados en el presente decreto, con la suma de ocho (8) salarios mínimos diarios legales”.

(25) Subrayado por fuera del texto original. Sentencia C-453 de 1999, M.P. Alfredo Beltrán Sierra. En el mismo sentido se pueden consultar las sentencias C-480 de 2007, C-1190 de 2008 y C-058 de 2010.

(26) Su procedimiento se regula entre los artículos 219 a 230 del Decreto 1355 de 1970.

(27) El artículo 8º de la Ley 153 de 1887 dispone: “Cuando no haya ley exactamente aplicable al caso controvertido, se aplicarán las leyes que regulen casos o materias semejantes, y en su defecto, la doctrina constitucional y las reglas generales del derecho”.

(28) Decreto 522 de 1971, artículo 11.

(29) M.P. Humberto Antonio Sierra Porto.

(30) Al respecto, expresamente se dijo que: “Estas disposiciones [entre ellas el artículo 210 del Decreto 1355 de 1970] no son objeto de control de constitucionalidad en la presente decisión...”.