SENTENCIA C-669 DE AGOSTO 16 DE 2006

 

Sentencia C-669 de agosto 16 de 2006 

CORTE CONSTITUCIONAL

SALA PLENA

Sentencia C-669 de 2006 

Ref.: Expediente D-6167

Magistrado Ponente:

Dr. Álvaro Tafur Galvis

Demanda de inconstitucionalidad contra la expresión “por año cumplido”, que hace parte del artículo 1º de la Ley 995 de 2005 “por medio de la cual se reconoce la compensación en dinero de las vacaciones a los trabajadores del sector privado y a los empleados y trabajadores de la administración pública en sus diferentes órdenes y niveles”

Actor: Luis Germán Ortega Ruíz

Bogotá, D.C., dieciséis de agosto del año dos mil seis.

EXTRACTOS: «II. Norma demandada

A continuación se transcribe el texto de la norma demandada de conformidad con su publicación en el Diario Oficial Nº 46.089 del once (11) de noviembre de 2005. Se subraya lo demandado.

“LEY NÚMERO 995 DE 2005

(noviembre 10)

“Por medio de la cual se reconoce la compensación en dinero de las vacaciones a los trabajadores del sector privado y a los empleados y trabajadores de la administración pública en sus diferentes órdenes y niveles”.

El Congreso de la República de Colombia

DECRETA:

(...).

ART. 1º—Del reconocimiento de vacaciones en caso de retiro del servicio o terminación del contrato de trabajo. Los empleados públicos, trabajadores oficiales y trabajadores del sector privado que cesen en sus funciones o hayan terminado sus contratos de trabajo, sin que hubieren causado las vacaciones por año cumplido, tendrán derecho a que estas se les reconozcan y compensen en dinero proporcionalmente por el tiempo efectivamente trabajado.

(...)”.

(...).

VI. Consideraciones y fundamentos

1. Competencia.

De conformidad con lo dispuesto en el artículo 241, numeral 4º de la Constitución Política, la Corte Constitucional es competente para conocer y decidir, definitivamente, sobre la demanda de inconstitucionalidad de la referencia, pues la expresión acusada forma parte de una Ley de la República.

2. La materia sujeta a examen.

A juicio del demandante la expresión “por año cumplido” contenida en el artículo 1º de la Ley 995 de 2005, excluye a quienes generan sus vacaciones por períodos inferiores a un año, como sucede, de manera específica, con los trabajadores dedicados a la lucha contra la tuberculosis y a la aplicación de rayos X, los cuales tienen quince días de vacaciones por cada seis meses de servicios prestados.

El actor señala que si bien la generalidad de los trabajadores causan sus vacaciones por períodos anuales, existen otros que tienen un régimen de causación semestral —profesionales y ayudantes que laboran en la lucha contra la tuberculosis y la aplicación de rayos X (CST, art. 186, num. 2º; D. 1848/69, num. 2º)—, de forma que, cuando el artículo 1º de la Ley 995 de 2005 solo se refiere a los primeros, trata de manera injustificada y discriminatoria a los segundos, quienes, por tanto, no tendrán derecho a la compensación proporcional de sus vacaciones en caso de terminación del contrato de trabajo.

Para el Ministerio de la Protección Social la norma es exequible porque el artículo 1º de la Ley 995 de 2005 tenía por objeto unificar el régimen general de compensación de vacaciones para empleados públicos y privados, de manera que no debía tratar una situación de excepción como la señalada por el demandante. Sin embargo, indica que, en todo caso, la referida disposición no excluye la aplicación de la regla contenida en ella a los casos en que la causación de vacaciones no es anual sino semestral, de forma que aun en esta última hipótesis el trabajador tendrá derecho a que las vacaciones se reconozcan y compensen proporcionalmente por el tiempo efectivamente laborado. En el mismo sentido se orienta el Procurador General de la Nación, quien indica que la norma es exequible en el entendido que si bien se refiere al régimen general de compensación de vacaciones, no impide, en virtud del principio de igualdad, su aplicación a los trabajadores indicados por el actor y que si la Corte lo considera necesario para garantizar esa interpretación, podría hacerse una declaración de exequibilidad condicionada, “bajo el entendido que dicho segmento normativo no excluye el derecho a la compensación a los trabajadores privados o públicos cuyas vacaciones se causen en un período distinto a un año, en las condiciones allí previstas”.

Por su parte, el Departamento Administrativo de la Función Pública considera que al tratarse de dos situaciones distintas, el legislador puede dar un trato diferente a cada una de ellas y, por tanto, tiene libertad para regular solamente lo relativo a la compensación de vacaciones de la generalidad de servidores públicos y trabajadores privados, y dejar aparte el tratamiento que dará a quienes están en una situación de excepción. Por tanto, solicita que se declare la exequibilidad de la norma acusada, al encontrarse dentro de los márgenes de configuración propios del legislador.

Conforme a lo anterior, corresponde determinar en este caso (i) cuál es el contexto y sentido de la norma demandada; (ii) qué elementos conforman el derecho a las vacaciones y su compensación en dinero y, finalmente, (iii) si se debe declarar o no la inexequibilidad de la expresión acusada o su constitucionalidad condicionada, como lo propone el Ministerio Público.

3. Antecedentes y contexto de la norma acusada.

Como lo indicaron varios de los intervinientes en sus escritos, con anterioridad a la expedición de la Ley 995 de 2005, el derecho a la compensación de las vacaciones por la terminación del contrato de trabajo, estuvo diferenciado según se tratara de servidores del Estado o de trabajadores del sector privado.

Para los primeros (servidores del Estado), el artículo 21 del Decreto-Ley 1045 de 1978 establecía que cuando una persona cesaba en sus funciones faltándole treinta días o menos para cumplir un año de servicio, tenía derecho “a que se le reconozcan y compensen en dinero las correspondientes vacaciones como si hubiera trabajado un año completo”. Para los segundos (trabajadores del sector privado) el Decreto-Ley 2351 de 1965, por el cual se hacían unas reformas al Código Sustantivo del Trabajo, señalaba inicialmente que cuando el contrato de trabajo terminaba sin que el trabajador hubiera disfrutado de sus vacaciones, “la compensación de estas en dinero procederá por año cumplido de servicio y proporcionalmente por fracción de año, siempre que esta exceda de seis (6) meses” (art.14), norma que fue modificada por la Ley 789 de 2002, que estableció que la compensación en dinero vendría “por año cumplido de servicio y proporcionalmente por fracción de año, siempre que esta exceda de tres meses” (art.27).

A partir de estas disposiciones, la evolución de la compensación de las vacaciones en dinero había sido diferente para ambos sectores (el público y el privado).

Con relación al régimen de compensación de vacaciones de los servidores del Estado previsto en el artículo 21 del Decreto 1045 de 1978 (1) , la Corte Constitucional desestimó en una primera oportunidad un cargo por desigualdad entre esa norma y la aplicable a los trabajadores del sector privado, en la medida que era “imposible comparar prestaciones aisladas, como las vacaciones y su compensación, pues estas hacen parte de un régimen prestacional general, que es parcialmente diferente entre servidores públicos y trabajadores privados” y señaló que si bien la naturaleza jurídica del empleador no justificaba en sí misma la diferencia de trato entre unos y otros, ello no significaba “un mandato de parificación e igualitarismo” (2) . Posteriormente, esta misma corporación declaró la exequibilidad condicionada del mismo artículo, en el entendido que la fracción de tiempo que exige la norma (30 días o menos para completar el año de trabajo), “se da a favor del servidor público para el caso del cese en el ejercicio de sus funciones sin que hubiere alcanzado a causar las vacaciones por año cumplido. En caso contrario, es decir, cuando el empleado haya acumulado períodos de vacaciones en los términos permitidos en la ley, el segundo período le será reconocido proporcionalmente al tiempo efectivamente trabajado” (3) (se resalta).

Respecto de las normas aplicables a los trabajadores del sector privado, la Corte declaró inexequible la expresión “siempre que esta exceda de seis (6) meses”, contenida en el artículo 14, numeral 2º, del Decreto Legislativo 2351 de 1965 (4) , pues consideró que privar al trabajador de la compensación de sus vacaciones si después del primer año no ha trabajado por lo menos 6 meses adicionales, “desconoce el orden justo que se proclama desde el Preámbulo de la Constitución de 1991, la especial protección al trabajo, así como la igualdad de oportunidades para los trabajadores y el derecho a que su remuneración sea proporcional a la cantidad y calidad de trabajo (C.P., art. 53), pues se trata de un derecho que se causa con el simple transcurso del tiempo laborado y, por ello no resulta razonable ni proporcional que se desconozca un período de tiempo efectivamente trabajado”. En consecuencia, consideró que “lo justo, en el presente caso, desde el punto de vista constitucional, es que al trabajador que se le termina su contrato de trabajo sin que hubiere disfrutado las vacaciones, estas le sean compensadas en dinero por año cumplido de servicio y proporcionalmente por fracción de año laborado” (5) (se resalta).

Esta misma solución fue adoptada frente al artículo 27 de la Ley 789 de 2002 (6) , en cuyo caso la Corte Constitucional también declaró inexequible el término de tres meses que allí se exigía para tener derecho a la compensación de vacaciones luego del primer año de servicio, pues “la expresión acusada desconoce el orden justo que se proclama desde el preámbulo de la Constitución de 1991, la especial protección al trabajo y el derecho a que su remuneración sea proporcional a la cantidad y calidad del trabajo, pues se trata de un derecho que se causa con el simple transcurso del tiempo laborado y, por ello no resulta razonable ni proporcional que se desconozca un período de tiempo efectivamente trabajado” (7) .

Finalmente, en la Sentencia C-035 de 2005 la Corte Constitucional declaró inexequible la expresión: “por año cumplido de servicio y”, prevista en el artículo 27 de la Ley 789 de 2002, que había subrogado el numeral 2º del artículo 189 del Código Sustantivo del Trabajo, porque consideró que el derecho a la compensación de las vacaciones en dinero no podía someterse a plazos superiores a seis (6) meses, de acuerdo con el Convenio 132 de la Organización Internacional del Trabajo. De esta forma, el derecho a la compensación proporcional de las vacaciones, en cuanto a trabajadores del sector privado se refería, no quedaba sujeto a un término mínimo de servicios previo, por lo que “a partir de este fallo, el derecho a las vacaciones compensadas en dinero se obtendrá proporcionalmente por fracción de año, siempre y cuando el legislador no señale un término para su reconocimiento, el cual, en ningún caso, puede superar el lapso de seis (6) meses, conforme a lo expuesto en esta providencia” (8) .

Así, la situación entre servidores públicos y trabajadores del sector privado era diferente hasta antes de expedirse la Ley 995 de 2005, en la medida que: a) Los trabajadores oficiales y empleados públicos que hubieran acumulado vacaciones en los términos permitidos en la ley, solo tenían derecho a la compensación proporcional a partir del segundo período no disfrutado. (Sents. C-598/97 y C-897/2003); b) Por su parte, los trabajadores del sector privado tenían derecho a la compensación proporcional de sus vacaciones por fracción de año, desde el inicio de su vinculación laboral (Sent. C-897/2003, C-019 de 2004 y C-035 de 2005.)

En este contexto, la Ley 995 de 2005 se expide para unificar ambos regímenes, en el entendido que “las normas vigentes configuran una clara discriminación para los empleados al servicio del Estado, en cuanto al tratamiento que se les da frente al derecho a compensar en dinero las vacaciones no disfrutadas efectivamente a la terminación del contrato o el retiro del servicio”, de forma que “los trabajadores, bien sea del sector privado o del público, deben recibir compensación o indemnización monetaria al no poder disfrutar en forma efectiva de las vacaciones, toda vez que las vacaciones así como la compensación en dinero son derechos que se causan con el simple transcurso del tiempo laborado y, por ello no resulta razonable ni proporcional que se desconozca un período de tiempo efectivamente trabajado” (9) (se resalta).

Para lograr este propósito, la ley demandada reconoce el derecho de los servidores del Estado y de los trabajadores del sector privado a la compensación proporcional de sus vacaciones (10) y deroga expresamente los artículos 21 del Decreto 1045 de 1978 y 189 numeral 2º del Código Sustantivo del Trabajo, modificado por el artículo 27 de la Ley 789 de 2002 (11) .

Por tanto, no se encuentra que el origen de la Ley 995 de 2005 esté relacionado con la necesidad o el interés de excluir de su ámbito de aplicación a un grupo especial de trabajadores, sino que, por el contrario, es incluyente y tiene un sentido de igualación frente a una situación previa de diferenciación consagrada en las disposiciones derogadas. En ese sentido, su objeto se dirige a acabar la diferenciación existente entre trabajadores públicos y privados en esta materia, para que unos y otros tengan derecho a que las vacaciones se reconozcan y compensen en dinero, proporcionalmente al tiempo efectivamente trabajado y sin sujeción al cumplimiento de un término previo para el efecto (12) .

4. La figura de la compensación de las vacaciones en dinero.

Actualmente, el derecho a disfrutar de un período de vacaciones comprende el descanso y la remuneración. Si bien el concepto de vacaciones inicialmente solo estuvo ligado al otorgamiento de un receso para la recuperación del trabajador sin que cesara la relación laboral, a ello se sumó la necesidad de que ese tiempo fuera remunerado, con el fin de que la persona pudiera contar con los medios de subsistencia indispensables para disfrutar de su descanso. Así, como señaló la Corte, “en nuestra legislación las vacaciones se erigen como el derecho a un descanso remunerado por las labores desarrolladas al servicio del empleador, quien a su vez tiene el deber de causarlas contablemente, al igual que la obligación de pagarlas al empleado dentro de los términos de ley. Es decir, el empleado tiene derecho al disfrute de un tiempo libre a título de vacaciones, durante el lapso legalmente causado y con el pago previo de ese derecho, pues no sería justo ni razonable el que un trabajador saliera a “disfrutar” sus vacaciones desprovisto del correspondiente ingreso económico” (13) .

En el contexto de la Constitución, el fundamento de las vacaciones deja de estar ligado únicamente a la necesidad de que las personas se renueven ante el desgaste natural que produce el trabajo (para garantizar mejores niveles de productividad en la empresa) y se relaciona también con los espacios mínimos que se deben reservar al trabajador para sus propias expectativas de vida y para las actividades que le permitan su libre desarrollo personal. Por ello, la persona que solo cuenta con su fuerza de trabajo y la entrega a otro para subsistir, tiene derecho a tener espacios propios, ajenos a la actividad laboral, para dedicarlos no solo a su recuperación física y sicológica, sino a su propia realización y la de su familia. Esto forma parte del reconocimiento de la dignidad humana (C.P., art. 1º), del concepto de un trabajo digno (C.P., art. 25) y del derecho al descanso laboral remunerado (C.P., art. 53) (14) .

Lo anterior es desarrollo también de los derechos mínimos reconocidos a toda persona en los convenios de la Organización Internacional del Trabajo (Convenio 132, arts, 5º y 11), en el Pacto internacional de derechos económicos, sociales y culturales (art. 7º-d)) y en el Protocolo de San Salvador (art. 7º, lits. g) y h)), tal como se revisó detenidamente en la Sentencia C-035 de 2005.

Por tanto, las vacaciones no representan un simple derecho patrimonial libremente sustituible o negociable por el trabajador. En ellas se unen, como en un todo, descanso y remuneración, elementos que solo excepcionalmente pueden escindirse, pues “el derecho fundamental al descanso exige la cesación en la prestación del servicio y no la simple retribución del mismo a través del pago de una compensación monetaria” (15) . En consecuencia, el derecho del trabajador está en la posibilidad de disfrutar el descanso remunerado una vez cumplido el período correspondiente para acceder a él, lo que, a su vez, genera en el empleador el deber de programar y otorgar el correspondiente receso (16) . De esta forma, tanto la acumulación de las vacaciones, como su compensación en dinero, son posibilidades restringidas y excepcionales, que solo pueden darse dentro de los precisos límites de la normatividad laboral, pues la ley garantiza el derecho del trabajador a disfrutar, efectivamente, de sus vacaciones (17) .

En este sentido, la Corte Constitucional declaró constitucional la prohibición contenida en el numeral 1º del artículo 189 del Código Sustantivo del Trabajo (18) , que impide a empleadores y trabajadores compensar libremente las vacaciones, pues consideró que estas “al igual que la limitación de la jornada laboral y los descansos dominicales, se convierten en otra garantía con que cuenta el trabajador para su desarrollo integral, y como uno de los mecanismos que le permite obtener las condiciones físicas y mentales necesarias para mantener su productividad y eficiencia. Por tanto, es razonable que esta clase de prestación no se pueda compensar en dinero, como lo plantean los demandantes, si la compensación implica el no disfrutar de la totalidad de las vacaciones” (19) .

De esta forma, salvo los demás casos previstos en la ley, la compensación de las vacaciones en dinero es viable cuando al desaparecer el vínculo laboral, se torna imposible “disfrutar” el descanso debido que se encuentra pendiente y, en esa medida, este derecho se transforma en un crédito a cargo del empleador.

Por otra parte, ese derecho a recibir una compensación en dinero por el descanso no disfrutado cuando la relación laboral termina, estuvo tradicionalmente ligado a la causación periódica de las vacaciones, la cual se producía al vencimiento del ciclo previsto en la ley para el efecto, pues como lo establecía el artículo 189 del Código Sustantivo del Trabajo, la compensación solo operaba “por año cumplido” y proporcionalmente por fracción adicional, cuando esta fuera superior a seis meses, plazo que se redujo a tres meses con la Ley 789 de 2002. En el mismo sentido, el Decreto 1045 de 1978, aplicable a los servidores del Estado, solo permitía la compensación de las vacaciones “causadas” (art. 20), es decir, por cada año efectivamente laborado.

Sobre el particular, en la Sentencia C-598 de 1997 se señalaba que “es necesario distinguir el momento en que se causan las vacaciones del momento en que el trabajador efectivamente disfruta de ellas. Así, la ley colombiana establece que en general todo trabajador que hubiere prestado sus servicios a un patrono durante un año tiene derecho a 15 días hábiles consecutivos de descanso remunerado (20) . Por ello mismo, la compensación de las vacaciones también estaba ligada a su acumulación, pues en principio, solo las vacaciones “causadas” se compensaban si la relación laboral terminaba sin que el empleado las hubiera disfrutado. Así, decía la Corte: “Por consiguiente, una vez cumplido el año, se causan las vacaciones y el trabajador adquiere el derecho a ellas. Sin embargo, es posible que el trabajador acumule las vacaciones, y por ende que la relación laboral termine sin que el empleado haya realmente gozado de los descansos. Es en estos casos en donde opera la compensación en dinero, pues el patrono debe pagar aquellas vacaciones causadas pero que no fueron disfrutadas por el empleado...” (21) (se resalta).

No obstante, esta relación entre causación periódica, acumulación y compensación de las vacaciones, cambió a partir del estudio de constitucionalidad que hizo la Corte Constitucional sobre los tiempos mínimos previstos en la ley para el nacimiento del derecho y, posteriormente, con la expedición de la Ley 995 de 2005.

Inicialmente, esta corporación precisó que la exigencia de un término mínimo de trabajo para tener derecho a la compensación de las vacaciones después del primer período causado y no disfrutado, era inconstitucional, tanto en el caso de servidores públicos como de trabajadores del sector privado, pues consideró que ello “desconoce el orden justo que se proclama desde el preámbulo de la Constitución de 1991, la especial protección al trabajo, así como la igualdad de oportunidades para los trabajadores y el derecho a que su remuneración sea proporcional a la cantidad y calidad de trabajo (C.P., art. 53), pues se trata de un derecho que se causa con el simple transcurso del tiempo laborado y, por ello no resulta razonable ni proporcional que se desconozca un período de tiempo efectivamente trabajado. Lo justo, en el presente caso, desde el punto de vista constitucional, es que al trabajador que se le termina su contrato de trabajo sin que hubiere disfrutado las vacaciones, estas le sean compensadas en dinero por año cumplido de servicio y proporcionalmente por fracción de año laborado” (22) .

Esta misma posición fue reiterada por la Corte al declarar inexequible la expresión “siempre que éste exceda de tres (3) meses” del artículo 27 de la Ley 789 de 2002 (aplicable a los trabajadores del sector privado), para cuyo efecto se señaló respecto de las vacaciones, que “se trata de un derecho que se causa con el simple transcurso del tiempo laborado y, por ello no resulta razonable ni proporcional que se desconozca un período de tiempo efectivamente trabajado” (23) .

Posteriormente, al estudiar la expresión “por año cumplido de servicio” contenida en el artículo 27 de la Ley 789 de 2002 (24) , la Corte concluyó que “las vacaciones como acreencia laboral, es un derecho que se otorga a los trabajadores con el propósito de reconocer el desgaste natural derivado de la prestación continua e ininterrumpida de sus servicios por un lapso considerable de tiempo”, de forma que “le corresponde a la autoridad competente de cada Estado, conforme lo ha señalado la Organización Internacional del Trabajo, determinar el período mínimo de servicios que da derecho a su reconocimiento” (25) , el cual, en todo caso, no podría ser superior a seis (6) meses. Con base en estas consideraciones, la Corte declaró inexequible la expresión “por año cumplido de servicio” y señaló que a partir de ese fallo “el derecho a las vacaciones compensadas en dinero se obtendrá proporcionalmente por fracción de año”, siempre y cuando “el legislador no señale un término para su reconocimiento, el cual, en ningún caso, puede superar el lapso de seis (6) meses” (26) .

Por ello, las vacaciones y su compensación son derechos propios del trabajador público o privado, que el legislador no puede eliminar o sujetar a plazos desproporcionados para su reconocimiento. Por regla general, el trabajador tendrá derecho a recibir en dinero el pago del descanso que no llegó a disfrutar mientras estuvo vigente la relación laboral, cualquiera sea el tiempo trabajado, salvo que el legislador haya fijado un plazo para el nacimiento de ese derecho, el cual no podrá exceder el límite temporal ya señalado.

Con relación a este aspecto, la Ley 995 de 2005 optó por no exigir un período mínimo para acceder a la compensación de las vacaciones no disfrutadas cuando se termina la relación laboral y, en su contexto, el derecho al descanso remunerado se entiende causado día a día y proporcionalmente “por el tiempo efectivamente trabajado” (art. 1º).

Dicho de otra manera, la ley asume que para la generalidad de los trabajadores públicos y privados, las vacaciones son un derecho que se adquiere por el simple transcurso del tiempo y, por tanto, que su compensación en dinero no está ligada necesariamente a su causación periódica o a su acumulación, como tradicionalmente sucedía. En esta medida, con relación al nacimiento del derecho a la compensación, la causación semestral o anual de las vacaciones se vuelve indiferente.

Con ello, se adopta el mismo régimen que ya existía para los trabajadores que tienen contrato de trabajo a término fijo inferior a un año, quienes, desde la Ley 50 de 1990, tienen derecho al “pago de vacaciones y prima de servicios en proporción al tiempo laborado cualquiera que este sea” (27) .

5. La norma acusada y su relación con los trabajadores cuya exclusión se acusa como inconstitucional. El análisis de los cargos.

Visto lo anterior, es necesario determinar si la norma acusada realmente excluye a los trabajadores que el actor considera discriminados y, en caso afirmativo, si tal diferenciación desconocería su derecho a recibir la compensación de las vacaciones no disfrutadas a la terminación del contrato de trabajo y, por esa vía, se violaría el preámbulo y los artículos 2º, 13, y 53 de la Constitución Política, respecto de los derechos a la igualdad, al trabajo y a un orden justo.

En primer lugar se observa que el Código Sustantivo del Trabajo dispone con relación a los trabajadores del sector privado:

ART. 186.—Duración. 1. Los trabajadores que hubieren prestado sus servicios durante un (1) año tienen derecho a quince (15) días hábiles consecutivos de vacaciones remuneradas.

2. Los profesionales y ayudantes que trabajan en establecimientos privados dedicados a la lucha contra la tuberculosis y los ocupados en la aplicación de rayos x tienen derecho a gozar de quince (15) días de vacaciones remuneradas por cada seis (6) meses de servicios prestados.

En igual sentido, el actor y los intervinientes se refieren al artículo 43 del Decreto 1848 de 1969 (28) , reglamentario del Decreto Extraordinario 3135 de 1968, que indica que los empleados públicos y trabajadores oficiales tienen derecho a “quince (15) días hábiles de vacaciones por cada año de servicios” y que “2. El personal científico que trabaje al servicio de campañas antituberculosas, así como los que laboren en el manejo y aplicación de rayos X y sus ayudantes, tienen derecho a quince (15) días hábiles de vacaciones por cada seis (6) meses de servicios”.

Estas normas parten de considerar que ciertos trabajadores dedicados a actividades insalubres o riesgosas, requieren de un mayor espacio de recuperación y descanso, de forma que por cada seis meses de servicio tienen derecho a 15 días de vacaciones remuneradas. Por tanto, si el presupuesto de las vacaciones está en que el transcurso de determinado tiempo de trabajo hace exigible reponer el deterioro sufrido por el trabajador ante jornadas considerables de prestación de servicios (29) , lo que se deriva de las disposiciones citadas es que las personas dedicadas a la lucha contra la tuberculosis o a la aplicación de rayos X, presentan un desgaste mayor en un tiempo menor, que hace necesario reconocerles vacaciones al vencimiento de ciclos de trabajo inferiores a los establecidos para la generalidad de trabajadores.

Pero, aparte de lo anterior, que obra como mecanismo de igualación, la legislación no establece para estas personas un sistema especial de compensación de vacaciones, lo que no podría significar su inexistencia, pues conforme a lo expuesto, se trata de un derecho del trabajador que forma parte del régimen general de las vacaciones. Es evidente que la desigualdad de condiciones de la cual parte el legislador para establecer un sistema especial de causación semestral de vacaciones para las personas dedicadas a la lucha contra la tuberculosis y la aplicación de rayos X (mayor desgaste y exposición al riesgo), no serviría de justificación para interpretar que, por esa circunstancia, dichos trabajadores no tienen derecho a la compensación de sus vacaciones.

Cabe recordar lo señalado por la Corte Constitucional al estudiar los fundamentos de la compensación proporcional de vacaciones en dinero a partir del segundo período causado (cuando la ley lo exigía):

“El artículo 25 de la Constitución Política dispone que el trabajo es un derecho y una obligación social que goza de la especial protección del Estado, y que todas las personas tienen derecho a un trabajo en condiciones dignas y justas. Por su parte, el artículo 53 superior consagra una cláusula específica de igualdad en materia laboral, al establecer “la igualdad de oportunidades para los trabajadores”, y establece la regla de “remuneración mínima vital y móvil, proporcional a la calidad y cantidad de trabajo”. Siendo ello así, los trabajadores o servidores públicos, independientemente del régimen laboral que les sea aplicado, gozan de plenas garantías constitucionales, así como de la especial protección del Estado, sin que pueda el legislador restringir los principios constitucionales fundamentales del derecho al trabajo, como los acabados de citar, a pesar de gozar de una amplia libertad de configuración normativa, pues también se encuentra sujeto a los derechos, principios y valores que consagra la Constitución Política (30) (se resalta).

Ahora bien, la norma demandada dispone: “Del reconocimiento de vacaciones en caso de retiro del servicio o terminación del contrato de trabajo. Los empleados públicos, trabajadores oficiales y trabajadores del sector privado que cesen en sus funciones o hayan terminado sus contratos de trabajo, sin que hubieren causado las vacaciones por año cumplido, tendrán derecho a que estas se les reconozcan y compensen en dinero proporcionalmente por el tiempo efectivamente trabajado” (art. 1º).

Es claro que en el contexto constitucional y legal en que esta norma fue expedida, su finalidad no guarda relación con el interés de excluir sistemas especiales de causación de vacaciones (como el indicado por el actor), sino que se dirige a regular, de manera unificada, la compensación en dinero de la generalidad de trabajadores públicos y privados, de forma que el aparte demandado no sería en sí mismo inconstitucional.

No obstante, se observa que la expresión “por año cumplido” podría llevar a dos interpretaciones del artículo 1º de la Ley 995 de 2005, tal como lo evidencian las intervenciones de quienes acudieron al proceso: una primera, según la cual el aparte subrayado solo cobijaría a quienes tienen período de causación anual, con lo cual quedarían excluidos aquellos trabajadores cuyas vacaciones se causan semestralmente, los que, por tanto, no tendrían derecho a la compensación proporcional de sus vacaciones desde el momento de su vinculación.

Una segunda, que se expone en las intervenciones de la vista fiscal y del Ministerio de la Protección Social, según la cual la norma demandada constituye apenas una regla general, redactada en términos de quienes ordinariamente causan sus vacaciones por años, que por tanto no excluye su aplicación a los trabajadores que tienen un sistema de causación semestral, pero que no por ello pierden su derecho a la compensación del descanso no disfrutado.

De acuerdo con lo que se ha expuesto, la Corte encuentra que la primera interpretación resulta contraria al derecho al trabajo digno y en igualdad de condiciones, en términos del preámbulo y de los artículos 1, 2, 13, 25 y 53 de la Constitución Política. Dicha lectura implicaría, en franca oposición a las garantías constitucionales en cabeza del trabajador, que las vacaciones y su compensación no serían un derecho sino una dádiva del legislador, de la cual este último podría disponer a su arbitrio. Si bien el legislador puede fijar períodos mínimos de trabajo para que nazca el derecho a la compensación de las vacaciones (31) , lo cierto es que no lo ha hecho para los trabajadores que causan sus vacaciones semestralmente, lo que no significa la inexistencia o desaparición del derecho, sino su remisión al sistema general, que actualmente se encuentra en la Ley 995 de 2005.

En este sentido, a juicio de esta corporación asiste razón al Ministerio Público y al Ministerio de la Protección Social, cuando señalan que no existe fundamento constitucional para entender que, en virtud de la expresión acusada, los trabajadores dedicados a la lucha contra la tuberculosis o a la aplicación de rayos X, quedaron excluidos de la regla general de compensación en dinero prevista en el artículo 1º de la Ley 995 de 2005, más aún cuando esta última figura no se encuentra actualmente ligada a la acumulación y causación periódica del descanso remunerado, tal como ya se revisó.

Por tanto, en razón del principio de conservación del derecho (32) , la Corte adoptará la solución propuesta por el Ministerio Público, en el sentido que para garantizar la supervivencia de la norma demandada en la forma en que su constitucionalidad es admisible, se declarará la exequibilidad condicionada de la misma, en el entendido que la expresión “por año cumplido”, contenida en el artículo 1º de la Ley 995 de 2005, no excluye a los trabajadores dedicados a la lucha contra la tuberculosis o a la aplicación de rayos X”, que conforme a las normas vigentes, causan sus vacaciones semestralmente.

VII. Decisión

En mérito de lo expuesto, la Sala Plena de la Corte Constitucional, administrando justicia en nombre del pueblo y por mandato de la Constitución,

RESUELVE:

Declarar EXEQUIBLE la expresión “por año cumplido”, contenida en el artículo 1º de la Ley 995 de 2005, en el entendido que no excluye a los trabajadores dedicados a la lucha contra la tuberculosis o a la aplicación de rayos X”, que conforme a las normas vigentes, causen sus vacaciones por cada seis meses de servicio.

Notifíquese, comuníquese, cúmplase, publíquese, insértese en la Gaceta de la Corte Constitucional y archívese el expediente».

(1) “ART. 21.—Del reconocimiento de vacaciones no causadas en caso de retiro del servicio. Cuando una persona cese en sus funciones faltándole treinta días o menos para cumplir un año de servicio, tendrá derecho a que se le reconozcan y compensen en dinero las correspondientes vacaciones como si hubiera trabajado un año completo”.

(2) Sentencia C-598 de 1997, M.P. Alejandro Martínez Caballero.

(3) Sentencia C-897 de 2003, MP. Alfredo Beltrán Sierra.

(4) Esta norma señala: “ART. 14.—Compensación en dinero de las vacaciones. (...) 2. Cuando el contrato de trabajo termine sin que el trabajador hubiere disfrutado de vacaciones, la compensación de estas en dinero procederá por año cumplido de servicio y proporcionalmente por fracción de año, siempre que esta exceda de seis (6) meses”.

(5) Sentencia C-897 de 2003, MP. Alfredo Beltrán Sierra.

(6) “ART. 27.—Compensación en dinero de vacaciones. Artículo 189 del Código Sustantivo del Trabajo subrogado por el Decreto-Ley 2351 de 1965, artículo 14: numeral 2º. Cuando el contrato de trabajo termine sin que el trabajador hubiere disfrutado de vacaciones, la compensación de estas en dinero procederá por año cumplido de servicio y proporcionalmente por fracción de año, siempre que este exceda de tres meses” (la negrilla corresponde al aparte demandado en esa oportunidad).

(7) Sentencia C-019 de 2004. M.P. Jaime Araújo Rentería.

(8) M.P. Rodrigo Escobar Gil.

(9) Proyecto de Ley 60 de 2004, publicado en la Gaceta del Congreso 390 de 2004.

(10) “ART. 1º—Del reconocimiento de vacaciones en caso de retiro del servicio o terminación del contrato de trabajo. Los empleados públicos, trabajadores oficiales y trabajadores del sector privado que cesen en sus funciones o hayan terminado sus contratos de trabajo, sin que hubieren causado las vacaciones por año cumplido, tendrán derecho a que estas se les reconozcan y compensen en dinero proporcionalmente por el tiempo efectivamente trabajado”.

(11) “ART. 2º—Vigencia. La presente ley rige a partir de su sanción y deroga las normas que le sean contrarias, en especial el artículo 21 del Decreto 1045 de 1978 y el numeral 2º del artículo 189 del Código Sustantivo del Trabajo, modificado por el artículo 27 de la Ley 789 de 2002”.

(12) En la ponencia para segundo debate en el Senado de la República, se consignó lo siguiente: “II. Objetivo del proyecto. El proyecto tiene como propósito reconocer a los empleados y trabajadores de la administración pública y del sector privado, el derecho a la compensación en dinero de las vacaciones, en caso de retiro del servicio o terminación del contrato de trabajo, sin haber alcanzado a causarlas por año cumplido”. Y más adelante se señaló: “Es por lo anterior, y aplicando lo consagrado por la Corte Constitucional en las sentencias C-897 de 2003, C-019 de 2004 y C-035 de 2005, y en aras del principio de igualdad del artículo 13, que el derecho a la compensación en dinero de las vacaciones que no se han disfrutado, por motivo ya sea de terminación del contrato en el caso de los trabajadores del sector privado, o de terminación del vínculo laboral, en el sector público, ya que siendo el Estado el mayor empleador del país, debe dar aplicación a las disposiciones constitucionales y sus desarrollos normativos a la hora de buscar el bienestar general de los servidores públicos, así como lo dispone el artículo 29 de la Ley 789 de 2002 para los trabajadores del sector privado, compensando en dinero las vacaciones de sus servidores públicos, proporcionalmente al tiempo de servicios prestados sin el condicionamiento temporal de 11 meses que consagra el artículo 21 del Decreto 1045 de 1978. Es así, que el texto propuesto recoge las justificaciones y los fundamentos constitucionales y jurídicos aplicables de manera extensiva a los servidores públicos sobre una prestación que permite solventar el no disfrute de las vacaciones por motivos de terminación del contrato en trabajadores oficiales y cesación de actividades de empleados públicos” (Gaceta del Congreso Nº 337 de 2005).

(13) Sentencia C-019 de 2004, M.P. Jaime Araújo Rentería. En esta misma providencia se indicó. “Vale decir, es tarea fundamental del Estado en general, y del legislador en particular, promover las condiciones jurídicas y fácticas necesarias a la reivindicación del trabajo, en el entendido de que la libertad de empresa con criterio rentable implica a su vez una función social en cabeza de los empleadores, función esta que en términos constitucionales tiene como primeros destinatarios a los trabajadores de la empresa y, subsiguientemente, a los clientes de sus bienes y servicios. Por donde el trabajador, quien de suyo le aporta día a día sustanciales fuerzas al empleador para la generación de utilidades y crecimiento patrimonial, bien merece el reconocimiento y pago de un salario justo, el derecho al descanso diario y de fin de semana, y por supuesto, el derecho a vacaciones remuneradas o a su compensación en dinero por año laborado y, proporcionalmente, por fracción de año”.

(14) M.P. Rodrigo Escobar Gil.

(15) Sentencia C-035 de 2005. M.P. Rodrigo Escobar Gil.

(16) CST, ART. 187.—Época de vacaciones. 1. La época de las vacaciones debe ser señalada por el patrono a más tardar dentro del año subsiguiente y ellas deben ser concedidas oficiosamente o a petición del trabajador, sin perjudicar el servicio y la efectividad del descanso. 2. El patrono tiene que dar a conocer al trabajador, con quince (15) días de anticipación, la fecha en que le concederá las vacaciones (declarado exequible en sentencia C-710 de 1996, M.P. Jorge Arango Mejía).

(17) “Dentro del sentido y fines del derecho a las vacaciones resulta pertinente destacar la regla según la cual los empleados deben disfrutar efectivamente su período vacacional, con arreglo a los términos y plazos establecidos en la ley. Aceptándose solo por excepción el pago de las mismas sin el concomitante disfrute; esto es, únicamente en los casos taxativamente señalados se admite la compensación en dinero de las vacaciones” (Sent. C-019/2004, M.P. Jaime Araújo Rentería).

(18) “ART. 189.—Compensación en dinero. Subrogado por el Decreto-Ley 2351 de 1965, artículo 14. “1. Es prohibido compensar en dinero las vacaciones. Sin embargo, el Ministerio de Trabajo podrá autorizar que se pague en dinero hasta la mitad de estas en casos especiales de perjuicio para la economía nacional o la industria”.

(19) Sentencia C-710 de 1996, M.P. Jorge Arango Mejía. En igual sentido se pronunció la Corte en la Sentencia C-598 de 1997: “Las vacaciones constituyen un derecho del que gozan todos los trabajadores, como quiera que el reposo es una condición mínima que ofrece la posibilidad de que el empleado renueve la fuerza y la dedicación para el desarrollo de sus actividades. Las vacaciones no son entonces un sobre sueldo sino un derecho a un descanso remunerado. Por ello, la compensación en dinero de las vacaciones está prohibida, salvo en los casos taxativamente señalados en la ley, puesto que la finalidad es que el trabajador efectivamente descanse” (M.P. Alejandro Martínez Caballero). Y, en sentencia C-035 de 2005, M.P. Rodrigo Escobar Gil, se indicó igualmente: “Las vacaciones, como se ha resaltado por esta corporación, no pueden ser compensadas en dinero, pues su finalidad no es proporcionarle una remuneración económica al trabajador sino permitirle mediante el descanso recuperar su fuerza y energía de trabajo”.

(20) M.P. Alejandro Martínez Caballero.

(21) Ibídem.

(22) Sentencia C-897 de 2003, M.P. Alfredo Beltrán Sierra. En esta oportunidad, el Magistrado Jaime Araújo Rentería aclaró su voto, pues a su parecer la Corte no estudió el tema de fondo que planteaba el demandante, relacionado con el derecho de los trabajadores a recibir la compensación de sus vacaciones así no hubieran alcanzado a terminar el primer año de servicios, frente a lo cual consideró que: “En mi sentir, las vacaciones como todas las prestaciones tienen como causa el trabajo del ser humano y se generan por obra de ese trabajo día a día, minuto a minuto, con cada segundo de trabajo de una persona y si esto es así el trabajador tiene derecho a la compensación en dinero de las que no hubiere disfrutado aún dentro del primer año de servicio, aunque no halla trabajado el año completo y en proporción al tiempo trabajado; de tal manera que si un trabajador inicia su contrato de trabajo transcurren seis meses y se termina el contrato se le deben pagar vacaciones en dinero en proporción al tiempo trabajado” (se resalta).

(23) Sentencia C-019 de 2004. M.P. Jaime Araújo Rentería. En esta ocasión, el Magistrado Rodrigo Escobar Gil salvó su voto, pues consideró que la decisión mayoritaria había interpretado indebidamente la norma demandada, al establecer que el derecho a la compensación proporcional no aplicaba en los casos en los que el trabajador no había completado el primer año de servicios. Así, señaló que “para el legislador no existía duda alguna, sobre la adquisición del derecho al pago proporcional de las vacaciones, desde cuando el trabajador cumple tres meses de labores y no, como lo señaló la sentencia, por año cumplido de servicios y, proporcionalmente, por fracción de año” y, por tanto, “la Corte adoptó un fallo excesivamente lesivo de los derechos y garantías de los trabajadores, al imponerles como condición para acceder a su derecho de vacaciones proporcionales, como mínimo un año cumplido de servicios. Postura que desconoce no solo la obligación del Estado de propender por condiciones que hagan propicia la igualdad real entre los ciudadanos, sino también el supuesto natural que genera dicha acreencia laboral, como lo es, remunerar el desgaste natural por un período considerable de prestación de servicios.” Igualmente, el Magistrado Jaime Araújo Rentería aclaró su voto y para ello indicó: “Teniendo en cuenta que la relación laboral es de tracto sucesivo, debe advertirse que tanto el derecho al sueldo como a las vacaciones se van causando día a día, esto es, a partir del momento en que el trabajador comienza a prestarle sus servicios personales al empleador. De suerte tal que al cumplir un año de labores el trabajador tiene derecho a gozar de quince (15) días hábiles consecutivos de vacaciones remuneradas. Así mismo, de conformidad con la protección que la Constitución Política le dispensa al trabajo, y por tanto, al empleado mismo, lo lógico y jurídico es que cuando termine el contrato de trabajo sin que él haya cumplido un año de servicios, se le deben compensar en dinero las vacaciones en forma directamente proporcional al tiempo laborado, y en todo caso, sin prevención alguna sobre mínimos temporales excluyentes del derecho”.

(24) Ley 789 de 2002. ART. 27.—Compensación en dinero de vacaciones. Artículo 189 del CST subrogado por el Decreto-Ley 2351 de 1965, artículo 14: numeral 2º.Cuando el contrato de trabajo termine sin que el trabajador hubiere disfrutado de vacaciones, la compensación de estas en dinero procederá por año cumplido de servicio y proporcionalmente por fracción de año, siempre que este exceda de tres meses” (el aparte resaltado corresponde a lo demandado).

(25) Sentencia C-035 de 2005, M.P. Rodrigo Escobar Gil.

(26) Ibídem.

(27) Artículo 3º de la Ley 50 de 1990.

(28) La referencia a este decreto no implica su examen de constitucionalidad, pues su naturaleza reglamentaria impide su enjuiciamiento por parte de la Corte Constitucional (Sent. C-879 de 2005, M.P. Marco Gerardo Monroy Cabra).

(29) Sentencia C-035 de 2005. M.P. Rodrigo Escobar Gil.

(30) Sentencia C-897 de 2003, M.P. Alfredo Beltrán Sierra.

(31) Sentencia C-035 de 2005, M.P. Rodrigo Escobar Gil.

(32) Sentencias C-100 de 1996, C-065 de 1997, C-190 de 2005, entre otras. En Sentencia C-934 de 2004 se señaló: La jurisprudencia de esta corporación ha considerado que uno de los principios que deben orientar sus decisiones es el de conservación del derecho, según el cual “los tribunales constitucionales deben siempre buscar conservar al máximo las disposiciones emanadas del legislador, en virtud del respeto al principio democrático. De forma tal que si una norma admite una interpretación acorde con los postulados constitucionales, debe la Corte, en lugar de retirarla del ordenamiento jurídico y causar un vacío en la regulación de una determinada materia, declararla exequible de manera condicionada (M.P. Jaime Córdoba Triviño).

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