Sentencia C-671 de julio 13 de 2004 

CORTE CONSTITUCIONAL

SALA PLENA

Sentencia C-671 de 2004 

Ref.: Expediente D-5031

Magistrado Ponente:

Dr. Jaime Córdoba Triviño

Actor: Germán Ricardo Carlosama López.

Demanda de inconstitucionalidad contra el artículo 33 numeral 5º de la Ley 617 de 2000.

Bogotá, D.C., trece de julio de dos mil cuatro.

EXTRACTOS: «II. Norma demandada

A continuación se transcribe el texto de la disposición objeto del proceso, de conformidad con su publicación en el Diario Oficial 44.188 del 9 de octubre de 2000.

LEY 617 de 2000 

(Octubre 6)

Por la cual se reforma parcialmente la Ley 136 de 1994, el Decreto Extraordinario 1222 de 1986, se adiciona la ley orgánica de presupuesto, el Decreto 1421 de 1993, se dictan otras normas tendientes a fortalecer la descentralización, y se dictan normas para la racionalización del gasto público nacional.

El Congreso de Colombia

DECRETA:

ART. 33.—De las inhabilidades de los diputados. No podrá ser inscrito como candidato ni elegido diputado:

(...).

5. Quien tenga vínculo por matrimonio, o unión permanente, o de parentesco en segundo grado de consanguinidad, primero de afinidad o único civil, con funcionarios que dentro de los doce (12) meses anteriores a la elección hayan ejercido autoridad civil, política, administrativa o militar en el respectivo departamento; o con quienes dentro del mismo lapso hayan sido representantes legales de entidades que administren tributos, tasas o contribuciones, o de las entidades que presten servicios públicos domiciliarios o de seguridad social de salud en el régimen subsidiado en el respectivo departamento. Así mismo, quien esté vinculado entre sí por matrimonio o unión permanente o parentesco dentro del tercer grado de consanguinidad, segundo de afinidad o único civil, y se inscriba por el mismo partido o movimiento político para elección de cargos o de corporaciones públicas que deban realizarse en el mismo departamento en la misma fecha.

(...).

VI. Consideraciones de la Corte Constitucional

1. Competencia.

De acuerdo con el mandato contenido en el numeral 4º del artículo 241 de la Constitución Política, esta corporación es competente para conocer y decidir sobre la demanda de inconstitucionalidad de las leyes.

Como en esta ocasión el objeto de la acción pública recae sobre el artículo 33 de la Ley 617 de 2000, la Corte es competente para adelantar el correspondiente examen de constitucionalidad.

2. El asunto sometido a control de constitucionalidad.

El numeral 5º del artículo 33 de la Ley 617 de 2000 está conformado por tres enunciados normativos relativos al régimen de inhabilidades de los miembros de las asambleas departamentales.

En primer lugar, dispone que no podrá ser inscrito como candidato ni elegido diputado quien tenga vínculo por matrimonio o unión permanente, o de parentesco en segundo grado de consanguinidad, primero de afinidad o único civil con funcionarios que dentro de los 12 meses anteriores a la elección hayan ejercido autoridad civil, política, administrativa o militar en el respectivo departamento.

En segundo lugar, quien tenga vínculos por matrimonio, unión permanente o de parentesco en los grados señalados en el precepto normativo anterior con personas que dentro de los 12 meses anteriores a la elección hayan sido representantes legales de entidades que administren tributos, tasas o contribuciones, o de las entidades que presten servicios públicos domiciliarios o de seguridad social de salud en el régimen subsidiado en el respectivo departamento.

En tercer lugar, quien esté vinculado entre sí por matrimonio o unión permanente o parentesco dentro del tercer grado de consanguinidad, segundo de afinidad o único civil, y se inscriba por el mismo partido o movimiento político para elección de cargos o de corporaciones públicas que deban realizarse en el mismo departamento en la misma fecha.

El actor estima que el numeral 5º en referencia viola, en particular, el precepto contenido en el inciso segundo del artículo 292 de la Constitución Política porque, al establecer las inhabilidades de los diputados en el precepto impugnado, las extiende hasta el tercer grado de consanguinidad y segundo de afinidad, contrariando lo dispuesto en el aludido mandato constitucional que las fija en el segundo grado de consanguinidad y primero de afinidad. A partir de esta deducción, extiende los argumentos de violación a los mandatos contenidos en los artículos 4º, 13, 150, 188 y 293 de la Carta Política.

Por su parte, el Ministerio del Interior y de Justicia y el Procurador General de la Nación solicitan que se declare la constitucionalidad del precepto impugnado. Expresan que este constituye un desarrollo legítimo, razonable y proporcional de la potestad de configuración legislativa que asiste al Congreso de la República para establecer el régimen de inhabilidades de los diputados, con fundamento en el artículo 293 de la Constitución. Coinciden en resaltar la equivocación en que incurre el actor al darle al inciso segundo del artículo 292 de la Carta un alcance diferente al que tiene, puesto que la norma demandada alude a las inhabilidades de los diputados, mientras que el texto constitucional se refiere a las inhabilidad que recaen sobre los parientes de estos.

La Corte advierte que el reparo de inconstitucionalidad recae únicamente sobre el tercero de los enunciados normativos antes descritos, sin que el actor cuestione el alcance de los dos primeros. Por lo tanto, esta corporación se inhibirá para emitir pronunciamiento de fondo sobre la primera parte del inciso demandado, en el cual se dispone lo siguiente: “Quien tenga vínculo por matrimonio, o unión permanente, o de parentesco en segundo grado de consanguinidad, primero de afinidad o único civil, con funcionarios que dentro de los doce (12) meses anteriores a la elección hayan ejercido autoridad civil, política, administrativa o militar en el respectivo departamento; o con quienes dentro del mismo lapso hayan sido representantes legales de entidades que administren tributos, tasas o contribuciones, o de las entidades que presten servicios públicos domiciliarios o de seguridad social de salud en el régimen subsidiado en el respectivo departamento”.

Vistas así las cosas, corresponde a la Corte Constitucional determinar si el Congreso de la República vulneró los principios rectores invocados por el actor al consagrar, dentro del régimen de inhabilidades de los diputados, grados superiores a los fijados por el inciso segundo del artículo 292 de la Carta Política e inferiores a los señalados, en la misma ley y para la misma materia, para los concejales. Con tal propósito, se hará referencia a los fundamentos constitucionales para la adopción de un régimen de inhabilidades para esta categoría de servidores públicos.

3. Determinación del régimen de inhabilidades de los diputados.

Las inhabilidades son restricciones fijadas por el constituyente o el legislador para limitar el derecho de acceso al ejercicio de cargos o funciones públicas. También han sido definidas por esta corporación como aquellos requisitos negativos para acceder a la función pública, los cuales buscan rodear de condiciones de transparencia, imparcialidad, igualdad y moralidad el acceso y la permanencia en el servicio público, de tal suerte que las decisiones públicas sean objetivas y tengan como resultado el adecuado cumplimiento de los fines del Estado que asegure la convivencia pacífica y la vigencia de un orden justo(2).

De otra parte, de conformidad con el artículo 123 de la Constitución Política, los diputados, como miembros de las asambleas departamentales, son servidores públicos, están al servicio del Estado y de la comunidad y ejercen sus funciones en la forma prevista en la Constitución, la ley y el reglamento.

En el texto constitucional se consagran diferentes preceptos referentes a inhabilidades de los servidores públicos y en algunos de ellos se fijan diferentes grados de parentesco. Así por ejemplo, el artículo 126 dispone que los servidores públicos no podrán nombrar como empleados a personas con las cuales tengan parentesco hasta el cuarto grado de consanguinidad, segundo de afinidad, primero civil, o con quien estén ligados por matrimonio o unión permanente; agrega que tampoco podrán designar a personas vinculadas por los mismos lazos con servidores públicos competentes para intervenir en su designación; el artículo 292, prescribe que no podrán ser designados funcionarios de la correspondiente entidad territorial los cónyuges o compañeros o compañeras permanentes de los diputados y concejales, ni sus parientes en el segundo grado de consanguinidad, primero de afinidad o único civil; el artículo 293 señala que, sin perjuicio de lo establecido en la Constitución, la ley determinará las inhabilidades de los ciudadanos que sean elegidos por voto popular para el desempeño de funciones públicas en las entidades territoriales; los artículos 303 y 312 facultan al legislador para fijar las inhabilidades de gobernadores y de concejales, respectivamente, y frente al primero de ellos el artículo 304 dispone que su régimen de inhabilidades e incompatibilidades no será menos estricto que el establecido para el Presidente de la República(3).

Así mismo, frente a la determinación del régimen de inhabilidades de los diputados existe una norma expresa y específica en la Constitución Política, que prevalece sobre las demás disposiciones generales sobre la materia. Corresponde al artículo 299, en el cual se establece que “El régimen de inhabilidades e incompatibilidades de los diputados será fijado por la ley. No podrá ser menos estricto que el señalado para los congresistas en lo que corresponda”(4).

Por lo tanto, según lo dispone el artículo 299 del texto superior, la determinación del régimen de inhabilidades de los diputados, por expresa disposición constitucional, hace parte del ámbito de configuración legislativa; no obstante, el constituyente le ha fijado como límite que no pueda ser menos estricto que el señalado para los congresistas en lo que corresponda.

Y, entonces, ¿cuál es el régimen de inhabilidades de los congresistas en las materias a que alude el precepto impugnado?

Como se indicó, si bien el actor solicita la declaratoria de inexequibilidad de todo el numeral 5º del artículo 33 de la Ley 617 de 2000, sus argumentos de inconstitucionalidad se refieren al tercer enunciado normativo previsto en dicho numeral, es decir, el referente a la inhabilidad para inscribirse como candidatos o ser elegidos diputados de quienes tengan entre sí vínculos por matrimonio o unión permanente o parentesco dentro del tercer grado de consanguinidad, segundo de afinidad o único civil y se inscriban por el mismo partido o movimiento político para elección de cargos o de corporaciones públicas que deban realizarse en el mismo departamento en la misma fecha.

En esta materia la Constitución Política consagra expresamente una inhabilidad para los miembros del Congreso de la República. El artículo 179 numeral 6º establece que “no podrán ser congresistas: (...) 6. Quienes estén vinculados entre sí por matrimonio, o unión permanente, o parentesco dentro del tercer grado de consanguinidad, segundo de afinidad, o primero civil, y se inscriban por el mismo partido, movimiento o grupo para elección de cargos, o de miembros de corporaciones públicas que deban realizarse en la misma fecha”.

Entonces, si el artículo 299 superior asigna al legislador la atribución para fijar el régimen de inhabilidades de los diputados y establece como condición que el régimen no sea menos estricto que el señalado para los congresistas en lo que corresponda, al observarse que el contenido normativo demandado contiene los mismos grados de parentesco previstos en la Carta para los congresistas, no puede más que concluirse que el legislador, al incorporar el precepto acusado al ordenamiento jurídico nacional, ha actuado dentro de los límites que le fija la Constitución Política.

Adicionalmente, esta corporación comparte el sentido de la intervención del Ministerio del Interior y de Justicia y el concepto del Procurador General de la Nación, que ilustran sobre la equivocada interpretación que el actor asigna al inciso segundo del artículo 292 de la Constitución Política y a su invocación como norma superior de referencia para sustentar los cargos de inconstitucionalidad, por cuanto, como lo resaltan los intervinientes, el aludido precepto constitucional se refiere a inhabilidades que recaen sobre el cónyuge, compañero o compañera permanente y los parientes de los diputados, mientras que el numeral 5º acusado consagra ciertas inhabilidades para los diputados.

Finalmente, la norma demandada tampoco podrá vulnerar el principio de igualdad ni los artículos 150, 188 y 293 de la Carta Política, puesto que contiene un ejercicio legítimo y proporcional de la atribución asignada expresamente al legislador por el artículo 299 de la Constitución, en concordancia con el artículo 179-6 ibídem, y porque, en relación con los concejales, el artículo 312 superior no señala un grado de rigurosidad semejante al previsto para la determinación del régimen de inhabilidades de los diputados; por consiguiente, el legislador bien podrá fijar diferentes regímenes de inhabilidad para diputados y concejales, así correspondan a materias semejantes. El constituyente no exige que el régimen de inhabilidades sea el mismo para todos los miembros de corporaciones públicas en el orden territorial y, por el contrario, faculta por separado al legislador para que los fije a partir de diferentes parámetros de referencia (C.P., arts. 299 y 312).

De conformidad con las precedentes consideraciones, la Corte declarará, por los cargos analizados, la exequibilidad de la expresión “Así mismo, quien esté vinculado entre sí por matrimonio o unión permanente o parentesco dentro del tercer grado de consanguinidad, segundo de afinidad o único civil, y se inscriba por el mismo partido o movimiento político para elección de cargos o de corporaciones públicas que deban realizarse en el mismo departamento en la misma fecha”, contenida en el numeral 5º del artículo 33 de la Ley 617 de 2000.

VII. Decisión

En mérito de lo expuesto, la Sala Plena de la Corte Constitucional, administrando justicia en nombre del pueblo y por mandato de la Constitución,

RESUELVE:

1. INHIBIRSE por ineptitud sustancial de la demanda para pronunciarse de fondo en relación con la primera parte del numeral 5º del artículo 33 de la Ley 617 de 2000.

2. Declarar EXEQUIBLE, por los cargos analizados, la parte final del numeral 5º del artículo 33 de la Ley 617 de 2003, que señala: “Así mismo, quien esté vinculado entre sí por matrimonio o unión permanente o parentesco dentro del tercer grado de consanguinidad, segundo de afinidad o único civil, y se inscriba por el mismo partido o movimiento político para elección de cargos o de corporaciones públicas que deban realizarse en el mismo departamento en la misma fecha”.

Notifíquese, comuníquese, publíquese, insértese en la Gaceta de la Corte Constitucional y archívese el expediente».

(2) Cfr. Corte Constitucional. Sentencias C-380 de 1997, M.P. Hernando Herrera Vergara; C-200 de 2001, M.P. Eduardo Montealegre Lynett y C-1212 de 2001, M.P. Jaime Araújo Rentería.

(3) Disposiciones adicionales sobre inhabilidades de los servidores públicos están contenidas, entre otros, en los artículos 179, 181, 183, 197, 253, 261, 264 y 279 de la Constitución Política.

(4) Esta atribución fue dada al legislador por el constituyente en 1991 y se ha conservado en las reformas hechas al artículo 299 superior por los actos legislativos 1 de 1996, 2 de 2002 y 1 de 2003.

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