Sentencia C-682 de diciembre 5 de 1996

CORTE CONSTITUCIONAL 

SALA PLENA

Ref.: Expediente L.A.T. 075

Magistrado Ponente:

Dr. Fabio Morón Díaz

Revisión de constitucionalidad de la Ley 280 del 22 de mayo de 1996, "Por medio de la cual se aprueba el Convenio de Amistad y Cooperación" suscrito entre la República de Colombia y la República de Suriname en la ciudad de Paramaribo, el 11 de noviembre de 1993.

Santafé de Bogotá, D.C., diciembre cinco de mil novecientos noventa y seis.

EXTRACTOS: «IV. Consideraciones de la Corte

Primera. La Competencia y el objeto de control.

De conformidad con lo dispuesto en el artículo 241 de la Constitución Política, y de acuerdo con la jurisprudencia de la Corte Constitucional en cuanto a su competencia, corresponde a esta Corporación el examen de la constitucionalidad de los tratados internacionales y de las leyes aprobatorias de los mismos, después de su sanción presidencial y antes del perfeccionamiento internacional del instrumento.

Segunda. La clase de control.

El control constitucional es posterior en cuanto se refiere a una ley sancionada por el Presidente de la República, cuyo trámite legislativo ya ha sido agotado en el Congreso de la República; y es previo, en cuanto se efectúa con anterioridad al perfeccionamiento del tratado que se aprueba a través de la ley que se revisa, el cual no puede entrar en vigencia mediante ninguno de los mecanismos dispuestos en la Convención de Viena sobre el Derecho de los Tratados, sin que exista el fallo de constitucionalidad correspondiente que le permita al Jefe del Estado efectuar el canje de notas(1).

Tercera. Examen de forma.

a. Aspectos del control.

En cumplimiento del artículo 241, numeral 10, de la Carta Política, corresponde a la Corte Constitucional decidir definitivamente sobre la exequibilidad de los tratados internacionales y de las leyes que los aprueben, para el efecto el gobierno debe remitirlos dentro de los seis días siguientes a la sanción de la ley correspondiente. El control de constitucionalidad formal que a esta corporación compete, lo ejerce en igual medida con respecto a la representación del Estado colombiano en el proceso de negociación y celebración del tratado, la competencia de los funcionarios que intervienen, el trámite dado a la ley aprobatoria en el Congreso y, finalmente, la coincidencia entre el texto del instrumento internacional aprobado y el de la ley que tal cosa dispone.

b. La Representación del Estado Colombiano en el Proceso de Negociación y Celebración del Convenio.

El tratado objeto de control de constitucionalidad, aparece rubricado por la entonces Ministra de Relaciones Exteriores de Colombia, doctora Noemí Sanín de Rubio, funcionaria competente para llevar a cabo la negociación y celebración del mismo, de conformidad con el literal a) del numeral 2º del artículo 7º de la Convención de Viena, según el cual los ministros de relaciones exteriores representan a los Estados en virtud de sus funciones y sin tener que presentar plenos poderes, para la ejecución de todos los actos relativos a la celebración de un tratado. Esta disposición fue incorporada a nuestro ordenamiento jurídico interno por el Congreso de la República a través de la Ley 32 de 1985 y, en desarrollo de los numerales 2º y 17 del artículo 189 de la Constitución Política, el Presidente de la República dictó el Decreto 2126 de 1992, por medio del cual se reestructuró el Ministerio de Relaciones Exteriores dándole al ministro, entre otras, la facultad de negociar tratados, acuerdos y demás actos internacionales, así como hacer su seguimiento, evaluar sus resultados y velar por su cumplimiento.

Estuvo, pues, el Estado colombiano legítimamente representado por su Canciller en la negociación y celebración del Convenio de Amistad y Cooperación con el Gobierno de la República de Suriname, razón por la cual se ajusta a la Constitución en este punto y así lo declarará esta corporación en la parte resolutiva de la presente providencia.

c. El trámite en el Congreso.

En lo que al convenio examinado respecta, aparece dentro de sus antecedentes legislativos que la discusión del mismo se inició en la Comisión Segunda del Senado de la República, una vez presentado el proyecto de ley aprobatoria por parte del señor Ministro de Relaciones Exteriores de la época y previa la publicación de su texto en la Gaceta del Congreso 149 del 15 de septiembre de 1994, páginas 1 a 3 (fls. 116 a 118 del expediente). Posteriormente, fue asignado al Senador Jorge Cristo Sahium, quien presentó ponencia para primer debate a consideración de la mencionada comisión, siendo discutida y aprobada por dicha célula legislativa el 13 de junio del mismo año, como consta en el oficio de 16 de agosto de 1995, remisorio del proyecto de ley al señor Presidente de la Cámara de Representantes (fl. 35).

Una vez aprobado en primer debate el referido proyecto de ley, fue considerado por el Senado de la República en pleno, recibiendo aprobación el día 16 de agosto de 1995, hecho certificado por el Secretario General de dicha Corporación en oficio dirigido a la Corte Constitucional el 21 de junio pasado (fl. 109 del expediente).

Luego, el proyecto de ley motivo del presente pronunciamiento fue trasladado a la Cámara de Representantes para que en ella se surtieran las instancias pertinentes, siendo designado como ponente el Representante Guillermo Martinezguerra Zambrano. Cumplido lo anterior, el proyecto fue discutido y aprobado por unanimidad en la Comisión Segunda de la Cámara, el 15 de noviembre de 1995, y en sesión plenaria de la misma Corporación el día 20 de marzo del año en curso, como lo certificó el Presidente del Senado en oficio del pasado 24 de abril, dirigido al señor Presidente de la República con el fin de que sancionara el proyecto de Ley 76 de 1994 Senado 59/95 Cámara, por medio de la cual se aprueba el convenio objeto de examen de constitucionalidad (fl. 70 del expediente).

Como corolario de lo anteriormente expuesto, se tiene que el proyecto de ley aprobatoria del Convenio de Amistad y Cooperación entre los Gobiernos de las Repúblicas de Colombia y Suriname, suscrito el 11 de noviembre de 1993, cumple con lo dispuesto en los artículos 154, 157 y 160 del estatuto superior, en vista de que su trámite se inició en el Senado, fue publicado oficialmente por el Congreso antes de ser discutido en la Comisión Segunda del Senado, fue aprobado en primer debate por las comisiones segundas de Senado y Cámara de Representantes, recibió aprobación en las plenarias de cada Cámara en segundo debate, mediando en cada una de ellas un término no inferior a ocho días; así mismo, entre la aprobación del proyecto en el Senado y la iniciación del debate en la Cámara de Representantes, transcurrieron más de quince días.

d. El texto del convenio y el de su ley aprobatoria.

Existe entre los textos objeto de control por parte de la Corte Constitucional, el del convenio y el de la disposición que lo convierte en legislación interna, íntegra coincidencia, de manera que no existe razón para que reciban algún reproche de constitucionalidad en este punto; en el proyecto de ley no se transcribió el texto del tratado, sino que se adjuntó su fotocopia debidamente autenticada por el jefe de la oficina jurídica del Ministerio de Relaciones Exteriores.

Cuarta. Examen de fondo.

El control de constitucionalidad que debe ejercer la Corte sobre los tratados internacionales y las leyes que los aprueben, tiene como objetivo analizar el conjunto de disposiciones que integran los unos y las otras frente al texto constitucional, para determinar si se ajustan o no al ordenamiento superior, basándose única y exclusivamente en elementos jurídicos, pues el control de constitucionalidad no puede ejercerse sobre la conveniencia, oportunidad, efectividad, utilidad o eficiencia de los términos negociados.

El Convenio de Amistad y Cooperación entre los gobiernos de las repúblicas de Colombia y Suriname, suscrito en la ciudad de Paramaribo el 11 de noviembre de 1993, busca reafirmar los vínculos entre los dos países, coordinar esfuerzos en la obtención de metas de interés común, desarrollar una efectiva colaboración mutua, ejecutar programas específicos que tengan un efecto real en el desarrollo económico y social de ambos países, y desarrollar sus relaciones en los campos del conocimiento científico y técnico, de la economía, el comercio, las finanzas, la industria, la cultura y el turismo.

A continuación se estudiará la constitucionalidad de los mecanismos acordados por los Estados partes para llevar a cabo el cometido señalado, analizando los diferentes temas a que el tratado celebrado se refiere.

a. Cooperación científica y técnica

Las partes contratantes convienen en el artículo primero del instrumento, hacer realidad mecanismos de cooperación y de intercambio de información en asuntos de interés común. Con base en dicha disposición y a partir del presupuesto de que el desarrollo científico y tecnológico se constituye en una prioridad de las sociedades modernas y por ende en un tema que impulsan e interesa a todas las naciones, en el literal d) del artículo segundo del convenio que se revisa, se establece que los Estados partes propiciarán el intercambio de documentación e información entre institutos homólogos que cumplan funciones de investigación, adiestramiento y capacitación de personal, en los campos científico y técnico.

Las disposiciones anteriores son plenamente compatibles con los mandatos de la Constitución Política, pues ella a través de sus artículos 70 y 71 establece como objetivo específico y concreto a cargo del Estado, el relativo a la realización de actividades que tengan por objeto el fomento, desarrollo y promoción de la investigación científica y tecnológica(2). Tales actividades repercutirán necesariamente en el fortalecimiento del sistema educativo, asegurando un insumo para el cumplimiento del cometido a cargo del Estado de garantizar no solo el acceso a dicho sistema, sino a una educación de calidad, lo que se ajusta plenamente a los preceptos de la Carta Política que consagran la educación como un derecho fundamental de las personas y una función social que busca el acceso de los asociados a la ciencia, a la técnica y a los demás bienes y valores de la cultura, necesarios para su desarrollo integral.

b. Intercambio cultural y educativo

En los artículos II, V y VII del convenio, los estados partes se comprometen a promover el intercambio cultural entre ambos países, a través de la enseñanza y difusión en sus respectivos territorios de la lengua, la literatura, las ciencias, las artes, la educación y la civilización del otro.

Tales propósitos se ajustan inequívocamente al espíritu de la Carta Política de 1991, que al consagrar a Colombia como un Estado social de derecho reivindicó el carácter multidimensional del individuo, el cual requiere para su desarrollo integral, de una parte fortalecer y consolidar los valores que caracterizan su propia cultura, fundamento de la nacionalidad (C.P., art.70), y de otra, a través de procesos de enseñanza e intercambio nutrirse de aquellos que singularizan e identifican otras culturas, siendo, sin lugar a dudas, éste el fundamento esencial de las políticas diseñadas para alcanzar el acercamiento de los pueblos basado en los principios de respeto a la autonomía, a la identidad y a la dignidad.

c. Cooperación económica, comercial e industrial

El Convenio de Amistad y Cooperación objeto de control, compromete a los Estados Partes, en los artículos III, IV y X, a favorecer el desarrollo de la cooperación económica, comercial e industrial entre los dos países, compromiso que para el caso colombiano encuentra fundamento, en primer lugar, en el artículo 9º de la Constitución, norma superior que establece de manera expresa que "...la política exterior de Colombia se orientará hacia la integración latinoamericana y del Caribe".

De otra parte, en los artículos citados desarrolla el convenio uno de los objetivos fundamentales de cualquier país contemporáneo, consagrado en el caso colombiano en el artículo 226 de la Carta Política, como es la internacionalización de su economía, aspecto que en el mundo moderno se configura como presupuesto esencial y básico para el desarrollo y el progreso en condiciones de equidad.

La economía, el comercio y la industria, exigen cada vez con más urgencia, con miras a su fortalecimiento, el desarrollo de relaciones fluidas y sin interferencias entre los diferentes países, pues sólo así garantizarán su modernización, permanencia y competitividad, propósitos que se logran a través de convenios como el que se analiza, que sobre las bases de equidad, reciprocidad y conveniencia nacional, facilitan y fomentan ese tipo de compromisos.

También el mandato del artículo 227 de la Carta Política se desarrolla a través del convenio sobre el que se ejerce control, pues a través de él el constituyente atribuyó al Estado la obligación de promover "...la integración económica, social y política con las demás Naciones, y especialmente con los países de América Latina y el Caribe...".

En esta perspectiva de fortalecer las relaciones económicas, comerciales e industriales entre los Países Partes, en el convenio se destaca el turismo, al que se refiere de manera expresa en su artículo IV, el cual se reconoce hoy día como una de las industrias más prósperas y prometedoras, la cual, por sus singulares características, requiere de una acción decidida del Estado para motivar iniciativas que garanticen su consolidación, siendo los convenios internacionales que establecen compromisos de reciprocidad, instrumentos de reconocida eficacia para alcanzar ese objetivo.

Para el logro de los propósitos que establece el convenio, las partes contratantes se comprometen, recíprocamente, a otorgar facilidades para el traslado de bienes, instrumentos, materiales y equipos necesarios para el desarrollo de proyectos y programas de cooperación técnica, especialmente en lo referido a mecanismos de exención de toda clase de impuestos, gravámenes y derechos sobre importación y/o exportación de los mismos, de acuerdo con las disposiciones jurídicas y administrativas de cada país.

No encuentra la Corte reparo de inconstitucionalidad en dicha disposición, pues de una parte de manera expresa ella señala que el otorgamiento de este tipo de facilidades queda condicionado al ordenamiento jurídico y administrativo de cada país, y de otra, en lo relacionado específicamente con la exención de impuestos, tal posibilidad está prevista en el artículo 154 de la Constitución, norma que reserva la iniciativa legislativa de estos asuntos para el gobierno nacional.

d. Mecanismos de aplicación del convenio.

En cuanto a la posibilidad convenida por los Estados partes, de solicitar conjuntamente el financiamiento y colaboración de organismos internacionales para la ejecución de programas y proyectos de cooperación técnica, científica e intercambio cultural, dispuesta en el artículo VII del tratado, la Corte la encuentra acorde con el ordenamiento superior. El convenio establece otros mecanismos para dar cumplimiento a los compromisos adquiridos por los Estados partes, entre ellos establecer grupos sectoriales de trabajo para atender las áreas de cooperación técnica, científica, comercial, económica, industrial, turística y de intercambio cultural, y concertar los términos del financiamiento de los programas y proyectos correspondientes en cada caso concreto; así mismo, aplicar las medidas necesarias para que se conceda a los expertos los privilegios e inmunidades concedidos al personal de similar categoría de agencias de las Naciones Unidas, con sujeción estricta al ordenamiento administrativo y jurídico de cada país, todo lo cual se encuentra acorde con el ordenamiento superior.

Por último, en cuanto al contenido del artículo XI del convenio, que se refiere a la vigencia del convenio, éste se ajusta a los mecanismos dispuestos en la Convención de Viena sobre el Derecho de los Tratados, la cual se incorporó al ordenamiento jurídico del país a través de la Ley 32 de 1985.

En mérito de lo expuesto, la Sala Plena de la Corte Constitucional, oído el concepto del señor Procurador General de la Nación, administrando justicia en nombre del pueblo y por mandato de la Constitución.

RESUELVE:

1. DECLARAR EXEQUIBLES el Convenio de Amistad y Cooperación entre los gobiernos de las repúblicas de Colombia y Suriname, firmado el 11 de noviembre de 1993, y la Ley 280 del 22 de mayo de 1996 que lo aprueba.

2. Comuníquese esta decisión al Gobierno Nacional por intermedio de la Secretaría General de la Presidencia de la República, y envíesele copia auténtica de la misma para los efectos constitucionales previstos en el numeral 10 del artículo 241 de la Carta Política.

Cópiese, comuníquese, notifíquese, cúmplase, insértese en la Gaceta de la Corte Constitucional y archívese el expediente.

(1) Sentencia C-333 de 1993, M.P. Dr. Fabio Morón Díaz.

(2) Corte Constitucional, Sentencia C-506 de 1994, M.P. Dr.Fabio Morón Díaz.