Sentencia C-069 de febrero 23 de 1994 

CORTE CONSTITUCIONAL 

SALA PLENA

DELITO DE SECUESTRO

BENEFICIOS A PROCESADOS

EXTRACTOS: «El delito de secuestro puede considerarse como uno de los más graves que lesionan a la sociedad, así, en principio, sus víctimas directas sean uno o varios individuos en particular. El estado de indefensión en que se coloca a la víctima y el efecto de inestabilidad social que genera, sumados a la amplia gama de derechos fundamentales que se ven violados por la comisión de este delito, ameritan que se lo califique, con razón, como un delito atroz y un crimen de lesa humanidad. En efecto, además de poner en peligro el más preciado de los derechos humanos, el derecho a la vida y de atentar contra el derecho de la libertad (arts. 12, 13 y 28) y a la dignidad del hombre, el secuestro vulnera otros muchos derechos fundamentales, como son el derecho a la seguridad (art. 21), el derecho a la familia (arts. 5º y 42), el derecho a la intimidad (arts. 15 y 42), el derecho al libre desarrollo de la personalidad (art. 16), el derecho a la libre circulación (art. 24), el derecho al trabajo (art. 25), el derecho a la participación (art. 40) y toda una gama de derechos conexos con los anteriores. Siendo pues un delito atroz nada justifica que se lo pueda considerar como delito político, ni que sea excusado por motivación alguna, pues contra el hombre como sujeto de derecho universal no puede haber actos legitimizados.

El medio empleado en el delito de secuestro siempre será desproporcionado, así se alegue como pretexto para cometerlo un fin honesto. Y ello porque la acción directa afecta el bien más esencial del hombre, junto con la vida, que es su libertad. Además, torna en condicional el derecho a la vida, y todos sus derivados jurídicos. Es, en definitiva, cosificar a la persona humana, lo que, a todas luces, constituye un atentado contra su dignidad y el orden jurídico total. Si se relativiza la dignidad humana, fin esencial del Estado social de derecho (arts. 1º y 2º C.P.), todo el derecho pierde consistencia, y se torna en contingente, variable con las disposiciones de turno, con lo cual la objetividad necesaria del ordenamiento jurídico desaparecería.

3. La materia

Corresponde a la Corte, en este caso concreto, examinar la constitucionalidad de los artículos 6º, 10, 14, 17, 32, 34, 35 y 37 de la Ley 40 de 1993. Con respecto a los artículos 1º, 28, 29, 30 y 31, de la mencionada ley, se estará conforme a lo resuelto en el expediente D-31, sentencia Nº C-565 de 1993. Igualmente, sobre los artículos 12, 18, 19 y 25, se remitirá a la decisión adoptada en la sentencia Nº 542 de 1993. Procede, pues, la Corte a pronunciarse sobre los artículos 6º, 10, 14, 17, 32, 34, 35 y 37 de la Ley 40 de 1993, los cuales no habían sido objeto de pronunciamiento previo por parte de esta Corporación.

El artículo 6º de la Ley sub examine exige dos condiciones para que se tipifique el hecho punible: en primer lugar, como la materia de la ley se refiere al secuestro, obviamente el incremento patrimonial no justificado debe ser —y se entiende que así es— derivado del delito de secuestro, de manera directa o indirecta. Esa es la intención del legislador, y ese es el sentido sistemático de la ley en estudio; por ello el título del artículo así lo resalta: “Enriquecimiento ilícito derivado del secuestro”. Se entiende, pues, que hay una conexidad con la materia misma objeto de la Ley 40 de 1993, es decir, con el secuestro extorsivo. Luego la norma bajo examen es específica y no contempla materias distintas a la esencia y efectos propios del delito referido.

El segundo elemento condicional —señalado expresamente por la norma— es que el hecho no constituya otro delito. Lo anterior, porque de llegar a configurarse un delito no relacionado con el de secuestro, se configuraría el concurso material de delitos, se estaría regulando una materia diferente a la que constituye el objeto de la ley en cuestión, de suerte que se vulneraría el artículo 158 de la Carta.

Es claro, por tanto, que la norma acusada está contemplando la sanción a unos efectos patrimoniales —directos o indirectos— derivados de una causa ilícita específica: el delito de secuestro. La Corte encuentra razonable esta disposición por la coherencia causa-efecto que trae, pues si se considera que la causa es punible, obviamente también lo serán sus efectos patrimoniales propios, sean ellos directos o indirectos.

La norma, entendida en su exégesis, no está expresando cosa distinta a la evidencia de que un incremento patrimonial directa o indirectamente derivado del delito de secuestro, no tiene un principio jurídico de razón suficiente que lo justifique, ya que evidentemente hay una causa ilícita. En otras palabras, nunca puede un efecto de esta índole estar, como diría el ius filósofo Stammler, formalmente justificado, por cuanto no corresponde a la idea de derecho, que para el autor citado es la justicia. La coherencia de la norma es oportuna, por cuanto si los efectos de una causa ilícita son justificados, tal acto, indirectamente, bajo algún aspecto, implica legitimar —por tolerancia— la ilicitud en sí, por cuanto la sanción recaería tan solo sobre una parte del hecho, cuando se requiere la punibilidad total de una serie de causas y efectos que conforman una unidad. Por todo lo anterior, sería un contrasentido penalizar el secuestro y, al mismo tiempo, permitir sus efectos, directos o indirectos.

Con respecto al artículo 10 de la Ley 40 de 1993, resulta pertinente hacer algunas precisiones. En primer lugar, que en la situación prevista por la norma acusada no se trata de obligar a declarar contra sí mismo, ni contra las personas que menciona el artículo 33 superior, lo cual sería contrario a la norma constitucional y a los más elementales principios de justicia. El artículo acusado se refiere es a la omisión de dar aviso a las autoridades del conocimiento que se tiene de un hecho delictivo, como lo es el secuestro, o, en otros términos, a la obligación que tiene toda persona, sin distingos, de denunciar todo acto que quebrante la ley penal.

Dar aviso de la comisión de un delito a las autoridades, y de uno tan grave como es el del secuestro, no equivale a declarar contra sí mismo, puesto que el término “avisar” significa, en la primera acepción que trae el Diccionario de la Real Academia de la Lengua, “dar noticia de un hecho”, mientras que declarar significa “el acto de manifestar o explicar lo que está oculto o no se entiende bien” (ibidem). Ahora bien, el acto de declarar implica —como lo señala el diccionario citado en su cuarta acepción— “manifestar el ánimo, la intención o el afecto”, es decir, supone la exteriorización de algo interno, de manera explicativa y orientadora, no sólo de los hechos, sino también de las conductas y de sus móviles internos.

Lo anterior supone que cuando una persona da aviso de algo, no necesariamente está haciendo una declaración que la incrimine penalmente a sí misma ni a sus allegados; lo que prohíbe la Carta Política es obligar a alguien a declarar contra sí mismo o contra su cónyuge, compañero permanente o parientes dentro del cuarto grado de consanguinidad, segundo de afinidad o primero civil (art. 33 C.P.). Las personas no comprendidas en el artículo citado pueden ser obligadas a declarar en aras del deber de solidaridad y de colaboración con la justicia, consagrados en el artículo 95 superior.

El artículo 33 estipula una facultad eximente del deber de declarar en contra, pero en ningún caso de dar aviso a las autoridades de la comisión de un hecho delictivo del cual se tenga conocimiento, que es una obligación general que no admite excepciones.

Dar aviso no equivale pues a declarar, porque tan sólo se da noticia del hecho, lo cual no supone la revelación de hechos que puedan incriminar a la persona o a sus allegados. La obligación de dar aviso no comprende sino la noticia del hecho, excluyendo las explicaciones exhaustivas a que puede conducir una declaración judicial o extrajudicial.

La obligación de dar aviso, por tanto, comporta el acto de notificar el hecho delictivo, como un deber mínimo exigible a todos los asociados, sin distingo, de solidaridad, conforme a lo dispuesto en el artículo 95, numeral 2º de la Constitución, y de colaboración con las autoridades, tal como lo preceptúa el artículo 95, numeral 7º de la Constitución.

El fin que se persigue con ello es el de que las autoridades puedan cumplir cabalmente con su deber constitucional de proteger a todas las personas residentes en Colombia en su vida, honra, bienes, creencias y demás derechos y libertades, tal como lo preceptúa el artículo 2º de la Carta Política. Mal puede presumirse la ineficiencia del Estado para perseguir el delito y proteger a los asociados, si se le niegan, por parte de éstos, instrumentos idóneos para que cumpla con estas obligaciones, como lo es el deber elemental de informar a las autoridades sobre la comisión de un delito. Tal presunción conduciría forzosamente a prácticas reñidas con los más elementales principios del Estado de derecho, como son las de justicia privada, con lo cual cabría hablar del imperio de la “ley de la selva”, es decir, de un retroceso a épocas de barbarie ya superadas por la civilización.

Es por lo anterior que la norma no atenta contra la garantía constitucional del artículo 33. Tampoco implica cambio en la jurisprudencia, sentada en la sentencia 542 de 1993(*), por dos razones: En primer lugar, no se configura, en este caso el estado de extrema necesidad en que eventualmente pudiere colocarse la víctima en el supuesto, ya analizado en dicha sentencia, del pago del rescate, porque el peligro en la situación que contempla la norma sub examine, no es inminente, sino posible; sería ilógico que ante la sola posibilidad de peligro se conformara el estado de extrema necesidad. En segundo lugar, el dar aviso a las autoridades se traduce en permitir que éstas puedan actuar en aras de la protección que se debe a todos los habitantes del territorio nacional. No hay título jurídico válido para invocar la desprotección del Estado a un secuestrado porque, entonces, en última instancia, los derechos y libertades fundamentales de las personas tendrían una garantía constitucional condicionada, hipótesis impensable con la estructura protectora del Estado social de derecho. El supuesto de permitir el pago por un secuestro, se hace en virtud de una medida proporcionada al derecho-deber de conservar la vida humana ante un peligro grave e inminente de perder la vida. En cambio, en el caso de la obligación de dar aviso a las autoridades no se está desconociendo la necesidad de la persona, sino, precisamente, poniendo en su defensa los mecanismos de protección del Estado, encaminados a restituirla al pleno goce de sus derechos, mecanismos que, desde luego, deben ser utilizados con la prudencia que las circunstancias exigen en tan delicada situación.

Este es el sentido que el artículo 95 numeral 7º superior conlleva como deber irrenunciable, al señalar que toda persona debe colaborar con el buen funcionamiento de la administración de justicia, principio que también tiene desarrollo legal en el artículo 25 del Código de Procedimiento Penal, que establece el deber de denunciar a las autoridades los hechos punibles de cuya comisión se tenga conocimiento y que deban investigarse de oficio. Ello es apenas obvio, ya que, como se ha dicho, se trata de la obligación, no de declarar contra sí mismo, sino del acto de denunciar el hecho punible.

En virtud de lo anterior, la omisión de dar aviso implica el incumplimiento del deber de colaborar con el buen funcionamiento de la justicia e impide la consecución del bien común, el cual es debido a la sociedad por ser la realización del interés general prevalente. El bien común es inherente a la justicia: a la justicia legal, porque ese bien está mandado por la Constitución y la ley, y a la justicia retributiva ya que también se considera con respecto al interés del prójimo, que requiere de la protección de las autoridades y de la sociedad. Así pues, de la misma manera como la justicia es una virtud social, la omisión, en este caso, es un atentado contra la sociedad y el individuo, ya que consiste en la privación del conocimiento debido a las autoridades, para que éstas cumplan con su deber irrenunciable e incondicional de protección.

En conclusión, el fin que busca la norma acusada es el de que se garantice la protección del Estado a toda persona que ve conculcados sus derechos, y se encuentre en situación tan singularmente grave como es la que se deriva del delito atroz del secuestro, a fin de que ese deber esencial de protección pueda hacerse efectivo, no sólo en defensa de la víctima sino de la sociedad toda.

Respecto del artículo 14, la Corte considera que el tenor de dicho artículo está conforme con la filosofía que inspira a la Carta de 1991, que se funda en el respeto a la dignidad humana, en la solidaridad de las personas y en la prevalencia del interés general (art. 1º). Sería un contrasentido que el Estado social de derecho —que considera a la persona humana como fin en sí misma— relativizara la dignidad humana y llegara a beneficiar con la amnistía o el indulto al autor de un delito de lesa humanidad, como es el caso del secuestro.

El secuestro es un atentado directo contra la esencia del hombre y vulnera, de manera grave, inminente, injustificada y con secuelas irreversibles, la personalidad de la víctima —y en ocasiones la de sus familiares y allegados más íntimos—. Es por ello que el legislador debe dejar en claro que actos tan perjudiciales para el interés general son de suyo irredimibles desde el punto de vista punitivo, como expresión de que la dignidad humana es invulnerable y que el interés general —que es prevalente— la tiene como objeto jurídico protegido de manera incondicional.

El artículo 14 acusado se refiere a una obligación de no hacer encaminada hacia la autoridad judicial. Lo anterior no implica que de conformidad con el artículo 150-17 constitucional, el legislador no pueda conceder por graves motivos de conveniencia pública, amnistías o indultos generales por delitos políticos.

En forma prudente la norma acusada no permite homologar el delito de secuestro al delito político. Se trata de una medida plausible, por cuanto no admite equívoco jurídico alguno. Al rerspecto es oportuno traer a consideración los motivos que tuvo esta Corporación en la sentencia C-171 que declaró inexequible el Decreto Legislativo Nº 264 de 1993:

“La Constitución distingue los delitos políticos de los delitos comunes para efectos de acordar a los primeros un tratamiento más benévolo con lo cual mantiene una tradición democrática de estirpe humanitaria, pero en ningún caso autoriza al legislador, ya sea ordinario o de emergencia para establecer por vía general un tratamiento más benigno para cierto tipo de delitos comunes, con exclusión de otros. El Estado no puede caer en el funesto error de confundir la delincuencia común con la política. El fin que persigue la delincuencia común organizada, particularmente a través de la violencia narcoterrorista, es el de colocar en situación de indefensión a la sociedad civil, bajo la amenaza de padecer males irreparables, si se opone a sus proditorios designios. La acción delictiva de la criminalidad común no se dirige contra el Estado como tal, ni contra el sistema político vigente, buscando sustituirlo por otro distinto, ni persigue finalidades altruistas, sino que se dirige contra los asociados, que se constituyen así en víctimas indiscriminadas de esa delincuencia. Los hechos atroces en que incurre el narcoterrorismo, como son la colocación de carrobombas en centros urbanos, las masacres, los secuestros, el sistemático asesinato de agentes del orden, de jueces, de profesionales, de funcionarios gubernamentales, de ciudadanos corrientes y hasta de niños indefensos, constituyen delito de lesa humanidad, que jamás podrán encubrirse con el ropaje de delitos políticos.

Admitir tamaño exabrupto es ir contra toda realidad y contra toda justicia. La Constitución es clara en distinguir el delito político del delito común. Por ello prescribe para el primero un tratamiento diferente, y lo hace objeto de beneficios como la amnistía o el indulto, los cuales sólo pueden ser concedidos, por votación calificada por el Congreso Nacional, y por graves motivos de conveniencia pública (art. 50, num. 17), o por el gobierno, por autorización del Congreso (art. 201, num. 2º). Los delitos comunes en cambio, en ningún caso pueden ser objeto de amnistía o de indulto. El perdón de la pena, así sea parcial, por parte de autoridades distintas al Congreso o al gobierno, autorizado por la ley, implica un indulto disfrazado.

Como si el anterior razonamiento no fuera suficiente, el artículo transitorio 30 de la Constitución, que autoriza al gobierno para conceder indultos o amnistías por delitos políticos o conexos, cometidos con anterioridad a la promulgación de la Constitución de 1991, a miembros de grupos guerrilleros que se incorporen a la vida civil en los términos de la política de reconciliación, excluye expresamente de tal beneficio a quienes hayan incurrido en delitos atroces:

“Artículo transitorio 30.—Autorízase al Gobierno Nacional para conceder indultos o amnistías por delitos políticos y conexos, cometidos con anterioridad a la promulgación del presente acto constituyente, a miembros de grupos guerrilleros que se incorporen a la vida civil en los términos de la política de reconciliación. Para tal efecto el Gobierno Nacional expedirá las reglamentaciones correspondientes. Este beneficio no podrá extenderse a delitos atroces ni a homicidios cometidos fuera de combate o aprovechándose del estado de indefensión de la víctima””.

El inciso primero del artículo 17, desarrolla el principio de un merecimiento por solidaridad y por colaboración con la justicia. No se trata de la negociación del acto de justicia, por cuanto este se mantiene incólume; lo que ocurre en este caso es que el infractor penal repara, bajo algún aspecto, el daño causado a la sociedad, de suerte que, al colaborar con la justicia, se hace merecedor de un tratamiento adecuado a su conducta.

Sin embargo, la Corte hace énfasis en que las razones de conveniencia no pueden llegar en este caso hasta desconocer la exitencia de la pena, por cuanto ésta constituye lo justo, es decir, lo que se merece; ello equivaldría a dejar de aplicar la justicia, hipótesis que riñe con los principios elementales del Estado de derecho, que se funda en la legitimidad y eficacia del orden social, el cual, a su vez, se inspira en la justicia como valor superior. Exonerar, de la pena a quien haya participado en el delito de secuestro, es, a todas luces, un acto desproporcionado y por ello mismo viciado de injusticia.

Como lo sostuvo esta Corporación en la sentencia C-565 de 1993, es necesario que exista la punibilidad del secuestro, el cual, como delito de lesa humanidad, bajo ningún pretexto puede ser exonerado de la proporcionada sanción penal. Al respecto señaló la Corte:

“Si bien es cierto que la pena debe cumplir una función rehabilitadora, lo cual ciertamente constituye la filosofía que gobierna el sistema penal en Colombia, no puede perderse de vista que el secuestro es una de las más repugnantes conductas delincuenciales que pueden existir en una sociedad; es el más cobarde y vil de los atentados contra la dignidad, la libertad y la vida humana.

De ahí que, en particular, tratándose de esta modalidad delicitiva, la pena cumpla un importante y significativo efecto sicológico, con la representación que en su quantum se hace de la gravedad misma del delito de secuestro, el cual amerita la imposición de sanciones verdaderamente severas, que den cuenta del profundo repudio que causa a la sociedad este tipo de delitos que se insiste, es uno de los más abominables y detestables”.

Es por ello que el Código de Procedimiento Penal establece que “en ningún caso los beneficios podrán implicar la exclusión total del cumplimiento de la pena, ni estarán condicionadas a la confesión del colaborador” (art. 369A), ya que, como se ha dicho, el acto de justicia es incondicional. Debe tenerse en cuenta también que el beneficio nunca puede ser desproporcionado a la gravedad del hecho punible (cfr. art. 369B, Código de Procedimiento Penal), ni al grado de colaboración con la justicia, cuya eficacia debe ser ampliamente demostrada.

El artículo 17, en su inciso segundo, dispone que “en casos excepcionales, y por razón de la eficacia de la colaboración, podrá reconocerse la condena de ejecución condicional, prescindirse de la imposición de penas o de la ejecución de aquella que se hubiere impuesto; por requerimiento del Fiscal General de la Nación o del vicefiscal, previo concepto del Procurador General de la Nación”. La hipótesis del inciso citado desconoce la naturaleza de la administración de justicia; en efecto, al prever que a un acto delictivo —como lo es el secuestro—, por razones de “eficacia”, no se le impone una pena, niega el efecto lógico y debido a la conducta punible. La Corte reitera que la pena es un merecimiento en justicia, y no puede aducirse el argumento de la eficacia en contra del orden social justo, el cual es garantizado incondicionalmente por la Carta Política (cfr. preámbulo y artículo 2º C.P.). Contraevidente resulta así prescindir de la ejecución de la pena, porque implica desconocer la vigencia del orden justo (art. 2º C.P.) y el incumplimiento de un deber social del Estado y del particular imputado (ibidem). La pena impuesta por el Estado al delincuente que ha incurrido en el secuestro, en principio, no puede ser objeto de transacción, por ser, como se ha manifestado, un acto de justicia, el cual es de cumplimiento incondicional. Sin embargo, por razones de conveniencia social su monto puede ser objeto de rebajas, en los términos fijados por la ley. Se puede modificar lo contingente, mas no lo que es necesario para la sociedad. De manera que, como señaló Aristóteles, “la conservación de la república consiste en darle a cada uno lo que merece” (Etica a Nicómaco, libro V, capítulo V). No puede, por tanto, el Estado dejar de imponer la pena que en justicia se debe, puesto que al omitir su acción punitiva en casos de delitos de lesa humanidad, su respuesta jurídica ante el hecho delictivo sería desproporcionada, es decir, injusta, y el Estado, por esencia, jamás está legitimado para incurrir en injusticia por omisión.

Con respecto al inciso final del parágrafo, que establece que si se considera procedente la exclusión de la pena o cesación del procedimiento, la solicitud será enviada al fiscal o vicefiscal, para que determine la procedencia de dichos beneficios, hay que observar que la inconstitucionalidad del precepto radica en que relativiza la imposición de la pena, hasta el punto de dejarla como opcional; la pena, se repite, no es una opción que pueda ser deteminada por el Fiscal General de la Nación o por el vicefiscal, sino la realización de un acto de justicia impuesto por el juez competente de acuerdo con la ley. No es viable, entonces, poner al arbitrio de un funcionario la exclusión de una pena proporcionada a un delito, porque supone, no sólo la omisión de un deber, sino una acepción de personas que desconoce la igualdad de las personas ante la ley. Además, la Corte aclara que el Fiscal General de la Nación no tiene en estos casos función juzgadora, sino fundamentalmente de investigación y acusación (cfr. art. 251 C.P.). De manera que el acuerdo a que se llegue con la fiscalía no vincula al juez, ni por ende al Estado y nunca puede extenderse hasta la exoneración de la pena. Dicho acuerdo, en última instancia, puede ser ratificado, o modificado, o no acogido por la decisión que tome el juez de conocimiento. Ese es el sentido que tiene el artículo 44 de la Ley 81 de 1993, que en la parte final de su primer inciso estipula que “se sujeta el acuerdo a la aprobación de la autoridad judicial competente”.

Con respecto a la incondicionalidad de la justicia, la Corte, en la sentencia C-171 de 1993, declaró que no es constitucional negociar la aplicación de lo justo, por cuanto sólo se negocia lo contingente, pero nunca lo necesario, sobre todo cuando se refiere al bien superior de la organización social, como lo es la justicia.

“La razón de ser de la justicia es darle a cada uno lo suyo, según una igualdad proporcional. La medida de lo que se debe dar a cada cual es según su merecimiento, que determina la acción de dar. Ese merecer no es señalado por factores de arbitrio sino descubierto por la razón de acuerdo con la necesidad objetiva: es impropio del artífice de la justicia dar con un criterio distinto al que viene fijado por el merecimiento, porque ello sería no tener en cuenta el bien común. Y todo lo que desconoce el bien común, tiene evidentemente una razón de injusticia. En este caso la injusticia consiste en la falta de proporcionalidad equitativa, pues se dan excepciones no debidas.

Ahora bien, el acto de justicia es necesario; como consta en la tradición jurisprudencial, sólo se negocia lo contingente; como es obvio no se puede decir, jurídicamente hablando, que lo necesario puede ser objeto negociable, porque sería legitimar una falacia, consistente en homologar la necesidad con la contingencia, lo que conlleva a derogar el principio de seguridad, básico para la convivencia pacífica de los asociados.

En la justicia distributiva se observa el medio de acuerdo con el merecimiento de las personas. Pero ese merecimiento también se observa en la justicia conmutativa, como por ejemplo en la imposición de penas, pues será mayor el castigo a quien afecte gravemente el bien común. Como se ha venido sosteniendo, la justicia distributiva adjudica algo entre los particulares, según el merecimiento personal de cada uno de éstos. Por tanto, no se puede conceder un beneficio según la cosa en sí —exclusivamente—, sino según la proporción que guardan dichas cosas con las personas. Entre más participa la persona por medio de sus actos cotidianos al bien común, mayores deben ser las prerrogativas. Es decir, debe tenerse en cuenta el aporte objetivo al bien común y una actuación coherente con el interés general, para así aplicar el principio de igualdad donde este corresponde no a la cantidad sino a la proporción”.

Como se desprende de la jurisprudencia citada, no es viable negociar sobre la legitimidad del acto de justicia, porque el merecimiento no es algo accidental, sino substancial y, por ende, necesario.

El artículo 32 de la Ley sub examine, establece una política punitiva adecuada a la gravedad de los hechos punibles allí descritos, acorde con la proporcionalidad de la justicia retributiva, que atiende al merecimiento del destinatario de la norma. Estima el actor que la norma en comento contempla materias distintas a la propia de la Ley 40 de 1993, es decir, al secuestro. Sin embargo, esta Corporación observa una evidente conexidad, por cuanto el contenido esencial del artículo 32 es la extorsión, que constituye la diferencia específica del delito de secuestro a que se refiere la Ley 40 de 1993.

Ahora bien, con respecto al aumento de penas, ello no implica la consagración de penas perpetuas, como lo ha señalado ya esta Corporación en la sentencia C-275 de 1993:

“Considera esta Corte que la norma analizada no contiene el señalamiento de cadena perpetua. Lo perpetuo es lo intemporal, esto es, lo que no tiene límites o medidas en el tiempo, lo infinito, de tal suerte que tiene un comienzo pero no un fin. La norma en comento tiene un límite temporal preciso y determinado; por lo tanto, no puede decirse que ella es perpetua”.

Expresaba también la Corte, que el argumento de la edad del delincuente, como circunstancia que hace tornar la pena en perpetua, no es de recibo en razón de que normalmente el máximo de la pena no se cumple, dados los mecanismos de redención de las penas. Consideraba también que las condiciones personales en que se encuentra el condenado, de suyo podrían convertir en perpetua una pena leve, si este se encuentra en estado de enfermedad crónica o grave, dado el tiempo de vida probable que pudiera quedar al reo.

El artículo 34, por su parte, prevé la creación en el seno del Congreso de la República, de una comisión de seguimiento encargada de “supervigilar las políticas gubernamentales y judiciales contra el secuestro, así como el comportamiento de autoridades y jueces, en relación con sus obligaciones frente a este delito”. Se faculta a dicha comisión para “solicitar informes y sugerir acciones y políticas en relación con este tema”, y para “recibir, evaluar y dar a conocer a la opinión pública, nacional e internacional, los casos de violación de los derechos humanos de los secuestrados”. Se enmarca la creación de esta comisión dentro de lo dispuesto en el artículo 62 de la Ley 5ª de 1992 (Reglamento del Congreso, el Senado y la Cámara de Representantes), que faculta a la ley para “establecer en forma permanente algunas comisiones especiales, con participación de senadores o representantes, o de uno y otros”. Estima la Corte que a través de esta comisión, en particular, no se están invadiendo competencias de otras ramas del poder público, y que su existencia bien puede considerarse como un mecanismo adicional tendiente a reforzar el poder de control político que incumbe al Congreso sobre el gobierno y la administración (art. 114 C.P.).

Sin embargo, dicha comisión no puede en ningún caso inmiscuirse en asuntos exclusivos de la rama judicial, so pena de incurrir en violación del artículo 136, numeral 1º de la Constitución Política. Bajo ningún pretexto el seguimiento que haga la comisión podría conducir a una eventual violación de la reserva judicial debida. Tampoco le es permitido invadir el ámbito de competencia propio del gobierno en materia de seguridad y orden público. Por tal motivo, la Corte declarará la inexequibilidad de las expresiones “gubernamentales y judiciales” y “así como el comportamiento de autoridades y jueces, en relación con sus obligaciones frente a este delito”, ya que el control político del cual es titular el Congreso de la República, no puede extenderse a la rama judicial del poder público, como que para ello no está facultado dicho órgano por la Constitución. En lo que hace al control político sobre los actos u omisiones de las autoridades administrativas y gubernamentales, dicho control se hace efectivo a través de los mecanismos establecidos en la Carta Política (art. 135, numerales 3º, 4º, 6º, 8º y 9º y art. 208).

Finalmente, con respecto a los artículos 35 y 37, acusados, referentes a los programas de asistencia integral al secuestrado y a sus familiares y a traslados y adiciones presupuestales para atender el cumplimiento de la Ley 40 de 1993, estas normas no contradicen la preceptiva constitucional porque son normas accesorias, complementarias e instrumentales, convenientes para la realización de la ley en comento.

Decisión

Con base en las anteriores consideraciones la Sala Plena de la Corte Constitucional; administrando justicia en nombre del pueblo y por mandato de la Constitución,

RESUELVE:

1. Estése a lo resuelto en el expediente D-31, sentencia Nº 515 de 1993, con respecto a los artículos 1º, 28, 29, 30 y 31 de la Ley 40 de 1993, y a lo resuelto en el expediente D-275, sentencia Nº 542 de 1993, sobre los artículos 12, 18, 19 y 25 de la misma ley.

2. Declarar EXEQUIBLES los artículos 6º, 10, 14, 32, 35 y 37 de la Ley 40 de 1993.

3. Declarar EXEQUIBLE el artículo 17 de la Ley 40 de 1993, excepto las expresiones “prescindirse de la imposición de las penas o de la ejecución de aquella que se hubiere impuesto”, y “podrá ordenarse o solicitarse la preclusión o la cesación de procedimiento por parte del Fiscal General de la Nación”, correspondientes al inciso segundo de dicho artículo; la parte final del inciso tercero que dice: “o exonere al sentenciado de su ejecución”, y la totalidad del inciso final del parágrafo, que se declaran INEXEQUIBLES. Así mismo, se aclara que el acuerdo a que se refiere el artículo 17 de la Ley 40 de 1993, no vincula al juez, ni por ende al Estado.

4. Declarar EXEQUIBLE el artículo 34 de la Ley 40 de 1993, excepto la expresión: “gubernamentales y judiciales” y la parte que dice: “así como el comportamiento de autoridades y jueces en relación con sus obligaciones frente a este delito”; que se declaran INEXEQUIBLES.

Cópiese, notifíquese, publíquese en la Gaceta de la Corte Constitucional y cúmplase».

(Sentencia C-069 de febrero 23 de 1994. Magistrado Ponente: Dr. Vladimiro Naranjo Mesa).

ACLARACIÓN DE VOTO

Los magistrados Antonio Barrera Carbonell, Eduardo Cifuentes Muñoz, Carlos Gaviria Díaz y Alejandro Martínez Caballero, hemos decidido aclarar el voto, respecto del artículo 14 de la Ley 40 de 1993, que fue declarado constitucional por esta Corporación, y cuyo texto es el siguiente:

“Amnistía e indulto. En ningún caso el autor o los copartícipes del delito de secuestro, en cualquiera de sus modalidades, podrá ser beneficiado con amnistías e indultos o sus consecuentes de cesación de procedimiento o auto inhibitorio, ni podrá considerarse el secuestro como delito conexo con el delito político, dada su condición de atroz”.

Los cuatro magistrados que aclaramos el voto compartimos el criterio de los demás miembros de la Sala Plena: consideramos el secuestro como un delito atroz, que merece el repudio de todos los estamentos sociales. Sobre esto no existe discusión alguna, ni vale la pena ahondar sobre las razones expuestas, pues de una u otra forma son innumerables los colombianos que han vivido, viven y sufren las consecuencias de tan execrable conducta.

También consideramos que, en el marco de los conflictos armados, el secuestro constituye una grave violación al derecho internacional humanitario y no es un medio legítimo de combate, puesto que afecta a la población no combatiente.

El secuestro, en el mejor de los casos —es decir, cuando el secuestrado recupera su libertad—, es una toma de rehenes, expresamente prohibida por los artículos terceros de las Convenciones de Ginebra I, II, III y IV, del 12 de agosto de 1949.

Por lo anterior, consideramos que fue acertada la decisión de la Corte sobre la constitucionalidad del artículo 14 de la Ley 40 de 1993, en el sentido de que es constitucional que el legislador ordinario establezca que para el secuestro no puede haber amnistía o indulto.

Sin embargo, creemos que el legislador no se ha “atado las manos”, en especial en lo referente al delito político, y queda en pie el siguiente interrogante:

Dada la naturaleza eminentemente cambiante del delito político, que ha hecho imposible su definición, sólo el legislador, previo el estudio de los aspectos objetivos y subjetivos, podrá determinar en un momento histórico-político, qué comportamientos socialmente reprochables pueden ser considerados como delito político y recibir el tratamiento diferente que esa condición amerita.

Aunque el tema objeto de este escrito no fue desarrollado en la sentencia, creemos importante su inclusión, como motivo de reflexión presente y futura.

1. De la definición del delito.

¿Qué determina que un hecho sea merecedor de pena?

Una primera respuesta consiste en referir el hecho a un orden de valores diverso del jurídico, entendiendo, por ejemplo, que el orden estatal se compone de dos ordenamientos: uno, el social, compuesto por las ideas morales generales de las que surgen las exigencias fundamentales de la vida social, y otro, el estatal, que es su expresión; también, aunque con otra formulación, el delito sería una contradicción de “deberes ético-sociales elementales”.

En el sentido más general de la expresión, el delito será una forma de comportamiento desviado que se considera grave dentro de un sistema social, en un momento histórico-cultural determinado, y que es calificado de tal por órganos legislativos con competencia para ello.

Por lo tanto, lo que caracteriza a todo comportamiento desviado y, por consiguiente, al delito, es su divergencia con los modelos aceptados de conducta, es decir, con los comportamientos que cumplen con las expectativas sociales institucionalizadas.

Así pues, lo que hoy puede constituir un comportamiento considerado como delito, mañana no puede serlo; ello depende de la evolución social y cultural de un conglomerado. Por lo tanto, el legislador interpreta las exigencias sociales y las plasma en disposiciones de carácter penal para proteger aquellos bienes jurídicos de valía.

2. La dificultad de definir el delito político.

En el salvamento de voto de la sentencia C-052 de 1993(1), suscrito por los magistrados Ciro Angarita Barón y Alejandro Martínez Caballero, se trató el tema de la distinción entre delito político y el delito común. En aquella oportunidad, se dijo que “los delitos políticos son susceptibles de amnistía o indulto precisamente porque en la realización del tipo penal va envuelta una motivación supuestamente altruista, en la que el sujeto activo pretende modificar la sociedad para su mejoramiento. Existe una diferencia básica respecto del móvil del delito ordinario, en la que el actor siempre obra guiado por fines egoístas y muchas veces perversos”.

Además el delito político es una expresión del legítimo y democrático derecho a la resistencia contra la opresión, consagrado incluso en el preámbulo de la Carta de Derechos de las Naciones Unidas de 1948.

Los delitos que realmente son políticos tienden a conseguir un fin altruista, el mejoramiento de la sociedad, del gobierno, lo cual está muy distante de los delitos que tienen el carácter de personales o comunes. Todos los elementos morales han orientado la legislación en el sentido de suavizar, hasta donde sea posible, las luchas de los partidos y las mismas guerras civiles. La amnistía tiene como fin acercar los distintos bandos y procurar entre ellos la reconciliación y el olvido. Es un desarme espiritual que complementa el desarme material que puso fin a las hostilidades.

Observando la jurisprudencia nacional se demuestra que no ha sido posible lograr una definición satisfactoria del delito político. Esta imposibilidad nace de la naturaleza cambiante del delito, a la que se agrega un factor determinante y es la calificación de “conducta altruista”, que puede variar de conformidad con la forma de Estado.

Puede que la conducta sea altamente reprochable, bien por su presentación externa, bien por los sujetos pasivos en quienes recae, pero justificada por sus fines. Pero esos mismos comportamientos no encontrarían adecuación en otro momento histórico diferente.

En un país como el nuestro, en el que la movilidad social avanza a una mayor velocidad que la producción legislativa, el concepto de delito político no pueden ser dogmáticamente delimitado.

En la Constitución de 1991, se incluyó una limitación a la concesión del indulto o la amnistía por delitos políticos y conexos, cometidos con anterioridad a la expedición del acto constituyente. En el artículo 30 transitorio, se estableció:

“...Este beneficio no podrá extenderse a delitos atroces ni a homicidios cometidos fuera de combate o aprovechándose del estado de indefensión de la víctima”.

La prohibición expresamente contenida en el artículo 30 transitorio se dirige al indulto administrativo y no al indulto legislativo.

Pero, lo anterior no implica que en un futuro el propio legislador en desarrollo del artículo 150 numeral 17, de la Constitución Política, pueda conceder por mayoría de los dos tercios de los votos de los miembros de una y otra Cámara y por graves motivos de conveniencia pública, amnistías o indultos generales por delitos políticos.

La disposición anterior establece entonces dos exigencias: una de carácter objetivo relacionada con la votación calificada (este es tal vez el quórum aprobatorio más exigente de la Carta, por dos motivos: número de votos —2/3 partes—, y base decisoria —se exige el voto de los miembros del Congreso y no sólo de los presentes—), y otra de carácter subjetivo referente a los “graves motivos de conveniencia pública”.

Esta última, tiene relación directa con el artículo 22 de la Constitución que consagra el derecho a la paz y, con el artículo 2º, que establece como uno de los fines del Estado el de asegurar la convivencia pacífica.

En este orden de ideas, los magistrados que aclaramos el voto, consideramos que el artículo 14 de la Ley 40 de 1993, que ha sido considerado como constitucional, es un mandato al ejecutivo —aun cuando actúa como legislador—, y a los funcionarios judiciales, cuando se les faculta, para prescindir de la pena.

Sin embargo, en determinadas circunstancias históricas sólo el legislador por expresa disposición constitucional, podrá determinar qué comportamientos socialmente reprochables merecen ser considerados como delitos políticos atendiendo al interés general y en búsqueda de asegurar la convivencia pacífica. En tales circunstancias, si los motivos de conveniencia pública lo hacen necesario, podrá establecer que el secuestro es conexo con el delito político para asegurar la paz entre los colombianos.

Antonio Barrera Carbonell—Eduardo Cifuentes Muñoz—Carlos Gaviria Díaz—Alejandro Martínez Caballero. 

SALVAMENTO DE VOTO PARCIAL

Los suscritos magistrados nos permitimos consignar, brevemente, las razones que nos han llevado a discrepar de la mayoría de la Sala, a propósito del artículo 10 de la Ley 40 de 1993.

1. El artículo 33 de la Constitución, dispone: “Nadie podrá ser obligado a declarar contra sí mismo o contra su cónyuge, compañero permanente o pariente dentro del cuarto grado civil de consanguinidad, segundo de afinidad o primero civil”.

Y el artículo 26 del Código de Procedimiento Penal reproduce, en esencia, al tratar de la denuncia, el contenido de la disposición citada, añadiendo a la lista de personas señaladas en la norma constitucional, aquéllas que se hallan vinculadas por el secreto profesional. Y es apenas lógico que se les exima de la obligación de denunciar, pues la denuncia no es nada distinto de una declaración, sujeta en un todo a las reglas relativas al testimonio.

2. Al examinar la constitucionalidad del artículo 12 de la misma Ley 40/93, que prohíbe intervenir en la celebración de contratos tendientes a asegurar el pago de un secuestro, o en la intermediación del rescate pedido por un secuestrado, la Corte lo declaró exequible, “salvo si el agente actúa en alguna de las circunstancias de justificación del hecho previstas en la ley penal” (sentencia Nº 542/93). Sobre el punto, razonó la Corte:

“¿Cómo negar que obra en legítimo ejercicio de un derecho, quien emplea sus bienes en la defensa de la vida o de la libertad, propia o ajenas? ¿Habrá, acaso, un destino más noble para el dinero que la salvación de la vida o de la libertad propias, o de un semejante unido por los lazos de la sangre o del afecto?” (subrayas fuera del texto).

Es claro, entonces, que la Corte juzga lícito pagar un rescate para lograr la libertad y poner a salvo la vida de un pariente, aún por fuera de los estrechos límites de parentesco o relación familiar señalados en la Constitución.

Para abundar en razones, enfatizó entonces la Corte: “El secuestrado y sus allegados no tienen el deber jurídico de afrontar el peligro...” (aludiendo a la hipótesis del estado de necesidad).

3. Para ser coherente, ha debido, esta Corporación, hacer las mismas consideraciones que hemos transcrito, al examinar la constitucionalidad del artículo 10 que ahora nos ocupa. Porque la pregunta parece obvia: ¿cómo es posible que si, como pariente, se me permite negociar el secuestro, se me obligue a la vez a denunciar ante los funcionarios competentes, la ocurrencia del hecho? Es claro que la actuación de las autoridades de policía puede obstaculizar, y aún imposibilitar, el pago del rescate y, consecuencialmente, impedir la obtención del propósito perseguido, consistente en poner a salvo la libertad y la vida del secuestrado.

No se trata, entonces, como equivocadamente lo dice la sentencia, de que una cosa es declarar contra sí mismo o contra una persona ligada a uno por los vínculos de la sangre y del afecto, y otra muy distinta denunciar un hecho delictivo del que las mencionadas personas son víctimas. El asunto es más bien este: que la filosofía que informa la norma constitucional y la que debe informar la de la ley, ha de ser la misma, a saber: que cuando se trata de poner a salvo un bien fundamental de uno mismo o de un pariente, la exención de ciertos deberes, que bajo otras circunstancias son exigibles, no es un despropósito. Antes bien: se halla a tono con la orientación humanística que inspira a nuestra Carta. Como atinadamente lo dijo alguno de los magistrados en la Sala Plena: lo que parece una auténtica incongruencia es que resulten tratados con más benevolencia los parientes de los secuestradores (esos sí exentos de la obligación de denunciar) que los de la víctima, legítimamente empeñados en ponerla a salvo.

Jorge Arango Mejía—Carlos Gaviria Díaz. 

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