Sentencia C-696 de julio 9 de 2008 

CORTE CONSTITUCIONAL

SALA PLENA

Sentencia C-696 de 2008 

Ref.: Expediente D-7120

Magistrado Ponente:

Dr. Rodrigo Escobar Gil

Demanda de inconstitucionalidad contra el artículo 444 parcial del Código Sustantivo del Trabajo.

Demandante: Olivier Ortega Rico.

Bogotá, D.C., nueve de julio de dos mil ocho.

EXTRACTOS: «II. Texto de la norma acusada

A continuación se transcribe el texto del artículo 444 del Código Sustantivo del Trabajo, subrogado por el artículo 61 de la Ley 50 de 1990, destacando en negrilla y con subraya los apartes acusados.

“Código Sustantivo del Trabajo

ART. 444.—Subrogado Ley 50 de 1990, artículo 61. Decisión de los trabajadores. Concluida la etapa de arreglo directo sin que las partes hubieren logrado un acuerdo total sobre el diferendo laboral, los trabajadores podrán optar por la declaratoria de huelga o por someter sus diferencias a la decisión de un tribunal de arbitramento.

La huelga o la solicitud de arbitramento serán decididas dentro de los diez (10) días hábiles siguientes a la terminación de la etapa de arreglo directo, mediante votación secreta, personal e indelegable, por la mayoría absoluta de los trabajadores de la empresa, o de la asamblea general de los afiliados al sindicato o sindicatos que agrupen más de la mitad de aquellos trabajadores.

Para este efecto, si los afiliados al sindicato o sindicatos mayoritarios o los demás trabajadores de la empresa, laboran en más de un municipio, se celebrarán asambleas en cada uno de ellos, en las cuales se ejercerá la votación en la forma prevista en este artículo y, el resultado final de esta lo constituirá la sumatoria de los votos emitidos en cada una de las asambleas

Modificado Ley 584 de 2000, artículo 17. Antes de celebrarse la asamblea o asambleas, las organizaciones sindicales interesadas o los trabajadores, podrán dar aviso a las autoridades del trabajo sobre la celebración de las mismas, con el único fin de que puedan presenciar y comprobar la votación”.

(...).

VII.(sic) Consideraciones y fundamentos

1. Competencia.

En virtud de lo dispuesto por el artículo 241-4 de la Constitución, la Corte Constitucional es competente para conocer de las demandas de inconstitucionalidad contra normas de rango legal, como las que se acusan en la demanda que se estudia.

2. El problema jurídico que se plantea.

Para el demandante, el aparte acusado del artículo 444 del Código Sustantivo del Trabajo, al fijar un término de diez días hábiles siguientes a la terminación de la etapa de arreglo directo, dentro del cual los trabajadores deben decidir entre la huelga o la solicitud de arbitramento, resulta contrario a la Constitución por cuanto restringe el derecho de huelga previsto en el artículo 56 de la Carta y, de manera indirecta, lesiona los derechos al trabajo y a la negociación colectiva, en la medida en que limita las posibilidades que tienen los trabajadores de acudir a la huelga como instrumento para obtener mejores condiciones laborales. En ese orden de ideas, el parte acusado también resultaría contrario a lo dispuesto en el numeral 2º del artículo 8º del Convenio 87 de la OIT.

A su vez, el Ministerio de la Protección Social coincide con el Ministerio Público en señalar que la propia Constitución atribuye al legislador la competencia para reglamentar el ejercicio del derecho de huelga, atribución dentro de la cual cabe disponer un término razonable dentro del cual los trabajadores deben optar por declarar la huelga o acudir a un tribunal de arbitramento cuando no han podido lograr un acuerdo sobre la controversia laboral.

De esta manera, le corresponde a la Corte establecer si resulta contrario al derecho de huelga, e indirectamente a los derechos al trabajo y a la negociación colectiva, el hecho de que el legislador haya fijado un término de diez días hábiles a partir de la terminación de la etapa de arreglo directo para que los trabajadores decidan entre la huelga o la solicitud de arbitramento.

3. Consideraciones.

3.1. El derecho de huelga.

De acuerdo con lo dispuesto en el artículo 56 de la Constitución Política, “[s]e garantiza el derecho de huelga, salvo en los servicios públicos esenciales definidos por el legislador”. Agrega la misma disposición superior que “[l]a ley reglamentará este derecho”.

A su vez, en el artículo 429 del Código Sustantivo del Trabajo, se define la huelga como la suspensión colectiva, temporal y pacífica del trabajo, efectuada por los trabajadores de un establecimiento o empresa con fines económicos y profesionales propuestos a sus empleadores y previos los trámites establecidos en la ley.

Ha puntualizado la Corte (1) que la huelga es un derecho garantizado por la Constitución y que constituye un medio para que los trabajadores y las asociaciones sindicales defiendan sus intereses económicos y sociales, con el fin de obtener mejoras en las condiciones de trabajo y reivindicaciones en el ámbito de la respectiva profesión u oficio.

De otra parte, tal como se ha señalado por la jurisprudencia constitucional, “... para que proceda la huelga como función propia de los sindicatos, en los servicios y actividades permitidas por la constitución y la ley, esta debe ser declarada conforme a la misma ley para lo cual en los artículos 444 y siguientes del Código Sustantivo del Trabajo, se señala la forma, pasos y trámites que deben seguirse para su declaratoria y desarrollo” (2) .

La Corte, en diferentes oportunidades se ha ocupado de analizar la naturaleza, alcance y restricciones constitucionales y legales de la huelga (3) , y, en particular, ha señalado que “... el carácter no absoluto del derecho de huelga se explica por la repercusión que su ejercicio puede causar, hasta el punto de que llegue a afectar los derechos y libertades fundamentales de las personas que no son actoras del conflicto. De esta manera, no es posible concebir la huelga como una simple afirmación de la libertad sindical ni como una relación privada entre trabajadores y empleadores, porque normalmente sus objetivos, la magnitud del conflicto, y las condiciones y características de su ejecución, rebasan los aludidos ámbitos, de manera tal que se pueden ver vulnerados o amenazados los derechos e intereses de la comunidad y del propio Estado, como ocurre cuando se afecta el funcionamiento de los servicios públicos esenciales” (4) .

Para la Corte, las anteriores circunstancias explican las razones por las cuales el artículo 56 superior defiere al legislador la reglamentación del ejercicio del derecho de huelga y la definición de los servicios públicos esenciales en los cuales la huelga no se garantiza (5) y, de manera reiterada ha señalado que “[s]ólo puede ejercerse legítimamente el derecho a la huelga cuando se respetan los cauces señalados por el legislador” (6) .

Por su parte, el comité de libertad sindical de la OIT (7) ha precisado que si bien, de manera general, resulta admisible que las legislaciones de los estados miembros establezcan condiciones o requisitos para la licitud de la huelga, tales condiciones deben ser razonables y, en todo caso, no de tal naturaleza que constituyan una limitación importante a las posibilidades de acción de las organizaciones sindicales (8) .

Cabe señalar que aunque los convenios y recomendaciones de la Organización Internacional del Trabajo no tratan de manera expresa el ejercicio del derecho de huelga, se ha entendido que el Convenio 87 sobre libertad sindical, que, de acuerdo con la jurisprudencia de la Corte, hace parte del bloque de constitucionalidad (9) , es comprensivo del ejercicio de ese derecho y tanto el comité de libertad sindical, como la comisión de expertos en aplicación de convenios y recomendaciones, se han referido en varias ocasiones al derecho de huelga como un derecho fundamental de los trabajadores.

En ese contexto cabe señalar que el comité de libertad sindical, en diversos pronunciamientos, a propósito de casos concretos que han sido puestos en su conocimiento, ha admitido como limitaciones razonables al derecho de huelga, entre otras, aquellas que tienen que ver con la obligación de dar un preaviso, o de recurrir voluntariamente a los procedimientos de conciliación, mediación y arbitraje en los conflictos colectivos como condición previa a la declaración de la huelga; la obligación de respetar un determinado quórum y de obtener el acuerdo de una mayoría; la celebración de un escrutinio secreto para decidir la huelga; o las disposiciones sobre el mantenimiento de un servicio mínimo en determinados casos.

De esta manera se tiene que, tanto la jurisprudencia de la Corte Constitucional, como pronunciamientos del comité de libertad sindical de la OIT, que si bien no tienen fuerza vinculante, sí constituyen parámetros para la interpretación de los convenios de la OIT que hacen parte del bloque de constitucionalidad, coinciden en puntualizar que el derecho de huelga no es absoluto y puede ser objeto de limitaciones legales, siempre y cuando las mismas resulten racionales y no imposibiliten el ejercicio del derecho.

3.2. La fijación legal de un término para que los trabajadores, después de concluida la etapa de arreglo directo, decidan si se declara la huelga, no resulta contraria a la Constitución.

En la presente oportunidad se ha cuestionado como contraria a la Constitución y a las garantías que se derivan del Convenio 87 de la OIT la disposición del Código Sustantivo del Trabajo que establece un término de diez días hábiles para que, vencida la etapa de arreglo directo, los trabajadores decidan entre la huelga o el tribunal de arbitramento.

Entre sus consideraciones el demandante expresa que la fijación de un plazo para que, vencida la etapa de arreglo directo, los trabajadores decidan entre la huelga o la solicitud de un tribunal de arbitramento, no se encuentra entre las limitaciones que se han considerado admisibles en el marco del Convenio 87 de la OIT. Sin embargo es preciso aclarar que la recopilación de las decisiones y principios del comité de libertad sindical en torno a las limitaciones admisibles al derecho de huelga es el resultado de distintas actuaciones que se producen a partir de quejas provenientes de organizaciones de trabajadores o de empleadores, y que, por consiguiente, no puede tomarse como un catálogo exhaustivo de posibilidades en relación con cada uno de los temas tratados. De este modo, teniendo en cuenta que, por una parte, como se ha dicho, los principios y recomendaciones del comité de libertad sindical de la OIT no tienen carácter vinculante general para los estados miembros de esa organización, y, por otra, que tales principios y recomendaciones no contienen el enunciado de reglas taxativas en tomo a las limitaciones del derecho de huelga que resultan admisibles, no cabe que para decidir este caso, se acuda, como se pretende por al (sic)actor, a una simple confrontación entre el contenido de la norma demandada y el listado de las limitaciones del derecho de huelga que han sido objeto de pronunciamiento por los organismos de la OIT y que han sido consideradas admisibles a la luz del Convenio 87.

Por el contrario, lo que resulta, tanto de la jurisprudencia de la Corte Constitucional como de los pronunciamientos del comité de libertad sindical es que es preciso examinar en cada caso la naturaleza y el alcance de las disposiciones legales que puedan contener una limitación del derecho de huelga, en orden a establecer si comportan una restricción irrazonable o desproporcionada para su ejercicio.

Para el actor, la fijación del plazo contenido en la disposición acusada carece de justificación y no encuentra sustento en la Constitución, que sólo permite limitar la huelga en los servicios públicos esenciales definidos por el legislador. Sobre el particular, advierte la Corte que la propia Constitución defiere al legislador la reglamentación del derecho de huelga, lo cual implica que este se encuentra habilitado para fijar las condiciones para su ejercicio así como para establecer limitaciones que no resulten irrazonables o desproporcionadas.

En este contexto encuentra la Corte que el plazo fijado en el artículo demandado no se orienta a limitar el derecho de huelga o a obstaculizar su ejercicio, sino que, por el contrario, busca que dentro de las etapas previstas en la ley, los trabajadores expresen su decisión de acudir a ese medio de promoción de sus intereses, sin que el término de diez días hábiles fijado por la norma acusada para ese efecto pueda tenerse como irrazonable o desproporcionado, ni comporte una restricción que dificulte el ejercicio del derecho por los trabajadores. Les impone, si la carga de obrar dentro de un lapso determinado, pero de ello no puede derivarse una limitación al ejercicio del derecho de huelga. Tampoco aprecia la Corte que se trate de una decisión arbitraria del legislador, como se afirma en la demanda, puesto que la misma tiene objeto de garantizar el adecuado ejercicio del derecho y evitar la persistencia en el tiempo de una situación de indeterminación una vez que se ha agotado sin éxito la etapa de arreglo directo, situación que resultaría contraria al interés de los mismos trabajadores y a elementales consideraciones de seguridad jurídica, que son, precisamente, las que han llevado al legislador a definir las condiciones y las etapas que deben cumplirse para que sea lícito acudir a la huelga.

Por consiguiente, la Corte habrá de declarar la exequibilidad de la disposición acusada.

VIII. Decisión

En mérito de lo expuesto, la Corte Constitucional de la República de Colombia, administrando justicia en nombre del pueblo y por mandato de la Constitución,

RESUELVE:

Declarar la EXEQUIBILIDAD de los incisos demandados del artículo 444 del Código Sustantivo del Trabajo, subrogado por el artículo 61 de la Ley 50 de 1990.

Notifíquese, comuníquese, publíquese, insértese en la Gaceta de la Corte Constitucional y archívese el expediente».

(1) Ver sentencias C-009 de 1994 y C-450 de 1995.

(2) Sentencia T-1059 de 2001.

(3) Se pueden consultar entre otras, las siguientes sentencias: T-443 de 1992, C-473 de 1994, C-450 de 1995, C-432 de 1996, C-075 de 1997 y C-567 de 2000.

(4) Sentencia C-663 de 2000.

(5) lbid.

(6) Sentencia C-473 de 1994.

(7) Tal como de manera reiterada se ha señalado por la Corte, las recomendaciones del comité de libertad sindical de la OIT no tienen carácter vinculante para los estados miembros de esa organización, pero sí sirven como elementos de apoyo para la interpretación de los convenios de la OIT que hacen parte del bloque de constitucionalidad. Ver Sentencia T-979 de 2004.

(8) La libertad sindical. Recopilación de decisiones y principios del comité de libertad sindical del consejo de administración. Cuarta edición (revisada). Ginebra, 1996, párrafo 498.

(9) Ver sentencias C-797 de 2000, C-035, C-401, C-449 y C-1188 de 2005, C-043 de 2006 y C-311 de 2007.

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