Sentencia C-700 de junio 14 de 2000 

CORTE CONSTITUCIONAL

SALA PLENA

CAPTURA CON FINES DE EXTRADICIÓN

NO DESCONOCE GARANTÍAS CONSTITUCIONALES

EXTRACTOS: «A continuación se transcribe, subrayando lo demandado, el texto de la disposición objeto de proceso:

“DECRETO NÚMERO 2700 DE 1991

(Noviembre 30)

Por el cual se expiden las normas de procedimiento penal.

El Presidente de la República de Colombia,

en uso de las facultades que le confiere el literal a) del artículo transitorio 5º, del capítulo I de las disposiciones transitorias de la Constitución Política de Colombia, previa consideración y no improbación por la Comisión Especial,

DECRETA:

(...).

ART. 566.—Captura. Nota diplomática. El Fiscal General de la Nación decretará la captura de la persona requerida tan pronto conozca la solicitud formal de extradición, o antes, si así lo pide el Estado requirente, mediante nota en que exprese la plena identidad de la persona, la circunstancia de haberse expedido en su contra sentencia condenatoria, acusación o su equivalente y la urgencia de tal medida”.

(...).

La demanda se refiere específicamente a las expresiones que permiten la captura mediante nota diplomática en casos de solicitudes de extradición o incluso antes, si así lo pide el Estado requirente, mediante nota en que exprese la plena identidad de la persona, la circunstancia de haberse expedido en su contra sentencia condenatoria, acusación o su equivalente y la urgencia de tal medida, por considerarla violatoria de los artículos 28, 29 y otros de la Constitución Política, tal como aparece consignado en los antecedentes del presente fallo.

El artículo 35 de la Constitución colombiana, modificado por el Acto Legislativo 1 de 1997, establece que la extradición se puede solicitar, conceder u ofrecer de acuerdo con los tratados públicos y, en su defecto, con la ley.

Además de los extranjeros y de los nacionales por adopción, en virtud de la norma constitucional es posible que Colombia conceda u ofrezca, según las disposiciones correspondientes, la extradición de colombianos por nacimiento, por delitos cometidos en el exterior y considerados como tales en la legislación colombiana.

El artículo 566 acusado forma parte del capítulo III del título I del libro quinto del Código de Procedimiento Penal, relativo al procedimiento para extradición. El artículo 549 del mismo código señala los requisitos para concederla y establece que, para los fines de conceder u ofrecer la extradición es indispensable, por una parte, que el hecho que la motiva también esté previsto como delito en Colombia y reprimido con una sanción privativa de la libertad cuyo mínimo no sea inferior a cuatro años; y, por otra, que por lo menos se haya dictado en el exterior resolución de acusación o su equivalente.

La disposición acusada es especial. Tiene por objeto el señalamiento de las reglas que deben aplicarse para la captura de una persona solicitada en extradición cuando el Estado requirente manifiesta que hay urgencia en la práctica de tal medida, sobre la base de que, mediante nota diplomática la autoridad extranjera expone también la plena identidad del individuo pedido en extradición y la circunstancia de haberse expedido en su contra sentencia condenatoria, acusación o su equivalente.

El precepto tiene pleno sentido si se lo ubica en el plano de la cooperación internacional para la lucha contra el delito y se entiende a cabalidad la figura de la extradición como un mecanismo apto para que, dentro de ese concepto, un Estado entregue a otro a determinada persona físicamente localizada en el ámbito espacial de su soberanía y que es buscada por el requirente con miras a hacer efectivos los procesos y las sanciones penales aplicables a delitos cometidos en su territorio (C.P., art. 9º).

En el artículo acusado se prevé la posibilidad de captura por parte del Fiscal General de la Nación, tan pronto se conozca la solicitud formal de extradición transmitida a Colombia mediante nota diplomática, o incluso antes, si se dan las siguientes condiciones:

1. Petición del Estado requirente

2. Plena identidad de la persona requerida.

3. Existir en su contra sentencia condenatoria, acusación o su equivalente.

4. Urgencia, manifestada por la autoridad estatal que solicita la entrega de la persona en extradición.

Es claro que la norma establece un procedimiento especial que se considera apto para la efectividad de la captura, con miras a satisfacer la solicitud de la autoridad extranjera en el marco de los compromisos de colaboración en la lucha contra el delito, y que, por lo tanto, es diferente del que opera cuando se trata de capturas en casos de procesos ordinarios por delitos cometidos en el país, para los cuales rigen las disposiciones generales.

El carácter especial del precepto, que tiene el propósito de lograr la inmediata comparecencia de la persona solicitada ante las autoridades del Estado requirente, no es por ello contraria a la Constitución, ni puede decirse que, de suyo, disminuya o desconozca las garantías procesales mínimas.

En efecto, la norma encuentra explicación en el hecho de que los delitos para los cuales se solicita la extradición afectan a la comunidad internacional, y en la circunstancia de que, por su misma naturaleza, tal mecanismo tiende a evitar algo muy frecuente y que es de suponer en la conducta de los reos o condenados por los mismos: que la persona solicitada en extradición escape a la acción de la justicia.

Esto hace que la ley haya creado procedimientos especiales y más ágiles para los casos de extradición. Por eso, en concepto remitido a esta corporación con ocasión del presente proceso, el Fiscal General de la Nación señaló:

“No se puede asimilar el trámite de la extradición, con el que se exige para la investigación y juzgamiento de cualquiera de los hechos punibles tipificados en nuestro ordenamiento penal, ya que el objeto de ésta es una eventual cooperación para evitar la impunidad y no un juicio de responsabilidad penal que concierne a la autoridad extranjera, y con los parámetros que fijó el legislador se examina la procedencia o no de la solicitud de extradición”.

Si la hipótesis de la cual se parte es la de que el Estado requerido —en este caso Colombia— se limita a atender una solicitud de entrega de quien es buscado por la administración de justicia de otro estado, hallándose sometido a los procesos que allí se le han iniciado o adelantado, según el orden jurídico correspondiente, no puede admitirse que la norma acusada esté desconociendo el derecho de defensa, toda vez que el ámbito jurídico de su aplicación no es el proceso penal —que se siguió o se cumple en el estado extranjero— sino la captura con fines de entrega en extradición.

La persona requerida en extradición, que puede ser nacional o extranjera, no está sujeta, en cuanto al juzgamiento de su conducta, a las normas de nuestra legislación, puesto que no va a ser procesada ni juzgada por autoridades nacionales. Además, dentro del proceso que ya se adelantó y culminó en el Estado requirente, o que cursa con resolución de acusación en su contra, ha dispuesto —se presume—, o deberá disponer, de oportunidad para su defensa y de todas las garantías procesales, como también las tiene en Colombia al ser solicitada y tramitarla la extradición. En efecto, el artículo 567 del Código de Procedimiento Penal, sobre el particular dispone:

“ART. 567.—Derecho de defensa. Desde el momento en que se inicie el trámite de extradición la persona tendrá derecho a designar un defensor; de no hacerlo, se le nombrará de oficio”.

No podría partir esta Corte de la presunción de que el derecho de defensa y las garantías procesales han sido violadas en el extranjero, pues el trámite del que se trata opera sobre la base de la necesaria ejecución de decisiones judiciales adoptadas, cuyos antecedentes (internos en el Estado requirente) no son objeto del análisis de las autoridades colombianas, ni podrían incidir en la inconstitucionalidad de la norma legal que en Colombia contempla lo referente a la captura.

De otra parte, en el caso de la captura mediante nota diplomática, no existe valoración, por parte de las autoridades de nuestro país, sobre la responsabilidad de la persona, pues se trata de un mecanismo de cooperación entre naciones. El Estado requerido carece de jurisdicción para verificar la legalidad del proceso penal tramitado en el Estado requirente.

Además, de conformidad con las normas aplicables en Colombia, si dentro de los 60 días calendario siguientes el Estado requirente no formaliza la solicitud de extradición, la persona debe ser dejada en libertad incondicional, y ello también se aplica al evento en que haya transcurrido el término de treinta días, también comunes, desde el momento en que el capturado fue puesto a disposición del Estado requirente sin que éste haya procedido a su traslado.

La extradición demanda un procedimiento diferente al ordinario, pues es claro que el individuo reclamado no va a ser juzgado en Colombia, ni con nuestra legislación, ni se le va a evaluar, en consecuencia, su responsabilidad penal por parte de autoridades nacionales. Se trata de delitos cometidos en el exterior, cuyos juicios se adelantan o han adelantado en otro Estado.

Mirada la norma desde la perspectiva del artículo 28 de la Constitución, se cumplen en su integridad los requisitos que él contempla para que una persona pueda ser privada de su libertad: se necesita mandamiento escrito de autoridad judicial competente —en este caso el Fiscal General de la Nación—, con las formalidades legales —todas las que se consagran en las normas procesales para capturar a una persona en territorio colombiano—, y por motivo previamente definido en la ley. Éste, en la norma de que se trata, consiste en la existencia de una nota diplomática por la cual se solicita al sindicado o condenado, se lo identifica plenamente, y se da cuenta de una sentencia condenatoria, de una resolución de acusación o de su equivalente, y se pone de presente la urgencia de la captura y entrega.

(...).

En el caso de personas solicitadas en extradición por delitos cometidos en otro Estado, es claro que al ser juzgadas por fuera de Colombia y ser requeridas por una autoridad extranjera para proseguir su juzgamiento o para ejecutar la condena, estarán sometidas también a procedimientos diferentes a los aplicables a quienes han delinquido en nuestro territorio, lo cual no vulnera en modo alguno el derecho a la igualdad ni constituye discriminación, por tratarse de situaciones jurídicas no equiparables.

Se declarará la exequibilidad del aparte demandado del artículo 566 del Código de Procedimiento Penal.

Decisión

Con fundamento en las precedentes motivaciones, la Sala Plena de la Corte Constitucional administrando justicia en nombre del pueblo y por mandamiento de la Constitución,

RESUELVE:

Declarar EXEQUIBLE la frase “... o antes, si así lo pide el Estado requirente, mediante nota en que exprese la plena identidad de la persona, la circunstancia de haberse expedido en su contra sentencia condenatoria, acusación o su equivalente y la urgencia de tal medida”, contenida en el artículo 566 del Decreto 2700 de 1991.

Cópiese, notifíquese, comuníquese, insértese en la Gaceta de la Corte Constitucional, cúmplase y archívese el expediente».

(Sentencia C-700 de junio 14 de 2000. Magistrado Ponente: Dr. José Gregorio Hernández Galindo).

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