Sentencia C-702 de noviembre 18 de 2015

CORTE CONSTITUCIONAL 

SALA PLENA

Ref.: Expediente RE-212

Magistrado Ponente:

Dr. Jorge Ignacio Pretelt Chaljub

Revisión oficiosa del Decreto Legislativo número 1772 del 7 de septiembre de 2015, “Por medio del cual se establecen disposiciones excepcionales para garantizar la reunificación familiar de los nacionales colombianos deportados, expulsados o retornados como consecuencia de la declaratoria del Estado de Excepción efectuada en la República Bolivariana de Venezuela”.

Bogotá, D.C., dieciocho de noviembre de dos mil quince.

EXTRACTOS: «2. Norma objeto de revisión

El texto de la norma objeto de análisis, de acuerdo con su publicación en el Diario Oficial No. 49.628 del siete (07) de septiembre de dos mil quince (2015), es el siguiente:

“DECRETO 1772 DE 2015

(SIETE DE SEPTIEMBRE DE 2015)

Por medio del cual se establecen disposiciones excepcionales para garantizar la reunificación familiar de los nacionales colombianos deportados, expulsados o retornados como consecuencia de la declaratoria del Estado de Excepción efectuada en la República Bolivariana de Venezuela.

EL PRESIDENTE DE LA REPÚBLICA DE COLOMBIA

En ejercicio de las facultades que le confiere el artículo 215 de la Constitución Política de Colombia, la Ley 137 de 1994 y en desarrollo de lo dispuesto por el Decreto 1770 de 2015, y

CONSIDERANDO:

Que en los términos del artículo 215 de la Constitución Política de Colombia, el Presidente de la República con la firma de todos los ministros, en caso de que sobrevengan hechos distintos a los previstos en los artículos 212 y 213 de la Constitución Política, que perturben o amenacen perturbar en forma grave e inminente el orden económico, social y ecológico del país, o que constituyan grave calamidad pública, podrá declarar el estado de emergencia.

Que según la misma norma constitucional, una vez declarado el estado de emergencia, el Presidente, con la firma de todos los ministros, podrá dictar decretos con fuerza de ley destinados exclusivamente a conjurar la crisis y a impedir la extensión de sus efectos.

Que estos decretos deberán referirse a materias que tengan relación directa y específica con el estado de emergencia, y podrán, en forma transitoria, establecer nuevos tributos o modificar los existentes.

Que mediante Decreto 1770 de 2015 fue declarado el Estado de Emergencia Económica, Social y Ecológica en parte del territorio nacional por el término de treinta (30) días contados a partir de la fecha de expedición de dicho decreto, esto es, a partir del 07 de septiembre de 2015, con el fin de conjurar la crisis e impedir la extensión de sus efectos.

Que en dicho decreto se señala expresamente que debido a las deportaciones, expulsiones, repatriaciones y el retorno de colombianos efectuados por el gobierno de la República Bolivariana de Venezuela, en el marco de la declaratoria de Estados de Excepción, se generó un fenómeno de desintegración familiar que requiere la adopción de medidas excepcionales por parte de las autoridades colombianas con el fin de garantizar la efectiva reunificación de las familias compuestas por nacionales colombianos y venezolanos.

Que estas medidas incluyen la exoneración o flexibilización del cumplimiento de requisitos legales para el otorgamiento de Permisos Especiales de Ingreso y Permanencia y de la nacionalidad colombiana por adopción, que incluyen el pago de tasas a que hubiere lugar y multas por infracción de la ley migratoria.

Que para el trámite de expedición de esos permisos especiales y para las solicitudes de la nacionalidad colombiana por adopción, se hace necesaria la presentación de algunos documentos expedidos en el extranjero que permitan acreditar el cumplimiento de determinados requisitos por parte del solicitante.

Que de conformidad con lo previsto en el artículo 251 del Código General del Proceso -Ley 1564 de 2012-, los documentos públicos otorgados en país extranjero por funcionario de este o con su intervención, deberán estar debidamente apostillados o legalizados.

Que en atención al Estado de Emergencia Económica, Social y Ecológica decretado por el Gobierno Nacional y ante la necesidad de adoptar medidas excepcionales para conjurar la crisis en relación con los casos de desintegración del núcleo familiar, se hace necesario prescindir del requisito de apostilla o legalización de los documentos públicos expedidos en el extranjero presentados para la obtención de permisos especiales de ingreso y permanencia y para las solicitudes de la nacionalidad colombiana por adopción, en consideración a la dificultad que el cumplimiento de este requisito representa para las personas que se encuentran en esta situación y que impediría la efectiva reunificación familiar.

Que en atención a las precarias condiciones en que se encuentran las familias que fueron deportadas, expulsadas o retornadas, resulta indispensable eximir del pago de las tasas a que hubiere lugar y de las multas que se causen por infracción a la ley migratoria a los nacionales venezolanos cónyuges o compañeros permanentes de los nacionales colombianos deportados, repatriados, expulsados o retornados, que soliciten Permisos Especiales de Ingreso y Permanencia o la nacionalidad colombiana por adopción y que se encuentren incluidos en los registros elaborados por las autoridades competentes.

DECRETA

ARTÍCULO 1.- Exímase del requisito de apostilla y legalización a los documentos públicos expedidos en el extranjero que sean presentados para el trámite de Permisos Especiales de Ingreso y Permanencia por los nacionales venezolanos cónyuges o compañeros permanentes de los nacionales colombianos deportados, expulsados o retornados con motivo de la declaratoria del Estado de Excepción por parte de la República Bolivariana de Venezuela y que se encuentren incluidos en los registros elaborados por las autoridades competentes.

ARTÍCULO 2.- Exímase del requisito de apostilla y legalización a los documentos públicos expedidos en el extranjero que sean presentados para el trámite de solicitud de la nacionalidad colombiana por adopción por los nacionales venezolanos cónyuges o compañeros permanentes de los nacionales colombianos deportados, expulsados o retornados con motivo de la declaratoria del Estado de Excepción (SIC) por parte de la República Bolivariana de Venezuela y que se encuentren incluidos en los registros elaborados por las autoridades competentes.

ARTÍCULO 3.- Exímase del pago de las tasas previstas en el artículo 3 de la Ley 961 de 2005 para la prórroga de permanencia en el territorio nacional, cédula de extranjería y demás servicios migratorios a los nacionales venezolanos cónyuges o compañeros permanentes de los nacionales colombianos deportados, expulsados o retornados a partir de la declaratoria del Estado de Excepción por parte de la República Bolivariana de Venezuela y que se encuentren incluidos en los registros elaborados por las autoridades competentes.

ARTÍCULO 4.- Exímase de las sanciones económicas derivadas de la imposición de multas a que hubiere lugar con motivo de la infracción de las normas migratorias a los nacionales venezolanos cónyuges o compañeros permanentes de los nacionales colombianos deportados, expulsados o retornados con motivo de la declaratoria del Estado de Excepción por parte de la República Bolivariana de Venezuela y que se encuentren incluidos en los registros elaborados por las autoridades competentes.

ARTÍCULO 5.- Este decreto rige a partir de la fecha de su publicación”.

(…).

6. Consideraciones.

6.1. Competencia.

La Corte Constitucional es competente para decidir sobre la constitucionalidad del Decreto Legislativo número 1772 del 7 de septiembre de 2015, expedido en desarrollo del Decreto Legislativo Decreto Legislativo 1770 de 2015, declaratorio del Estado de Emergencia Económica, Social y Ecológica, en virtud de lo previsto en el parágrafo del artículo 215 y en el numeral 7º del artículo 241 de la Constitución Política.

6.2. Alcance del control de constitucionalidad sobre los decretos legislativos expedidos al amparo de la declaratoria del Estado de Emergencia Económica, Social y Ecológica.

6.2.1. Los artículos 212 a 215 de la Constitución Política consagran los llamados “Estados de Excepción”, dividiéndolos en tres instituciones claramente diferenciables: (i) el Estado de Guerra Exterior (C.P. art. 212), (ii) el Estado de Conmoción Interior (C.P. art. 213), y (iii) el Estado de Emergencia (C.P. art. 215).

6.2.2. Según lo ha puesto de presente esta Corporación, la regulación constitucional de los estados de excepción responde a la decisión del Constituyente de garantizar la vigencia y eficacia de la Carta, aún en situaciones de crisis o de anormalidad, cuando por razón de su gravedad, tales situaciones no puedan ser conjuradas a través de los medios ordinarios de control con que cuenta el Estado. En estos casos, la institución le otorga poderes excepcionales y transitorios al Gobierno Nacional, materializados en el reconocimiento de atribuciones legislativas extraordinarias, que le permiten a éste adoptar las medidas necesarias para atender, repeler y superar la crisis o anormalidad surgida.

6.2.3. Como respuesta al uso abusivo que históricamente se le dio en Colombia al régimen de excepción o anormalidad, el Constituyente de 1991 decidió introducirle importantes modificaciones con el fin de ajustar dicha institución a los condicionamientos propios del Estado Social de Derecho. Se configuró así una nueva regulación para los estados de excepción, dirigida a garantizar su carácter restrictivo, excepcional y transitorio y, además, se determinaron expresamente los límites a que estas excepciones se hallan sometidas. Esto, por cuanto el Constituyente tuvo claro “que ni siquiera en las situaciones de anormalidad le asisten facultades ilimitadas al poder ejecutivo. Por el contrario, ella parte del supuesto que precisamente en ese tipo de situaciones el Gobierno debe resistir la tentación del abuso y de allí que necesariamente deba sujetarse a los parámetros impuestos en la Carta”(3).

6.2.4. Dentro del propósito de ajustar los estados de excepción a la nueva concepción de Estado, la propia Constitución de 1991 se ocupó de fijar las directrices principales para su aplicación, e igualmente, de señalar los límites institucionales, formales y materiales para su ejercicio (arts. 212 a 215). Con ese mismo objetivo, le reconoció facultades precisas al legislador para que, por medio de una ley de naturaleza estatutaria (C.P. art. 154), procediera a desarrollar y fijar el ámbito de aplicación material de los Estados de Excepción, cometido que se cumplió con la expedición de la Ley 137 de 1994.

6.2.5. En cuanto hace a los límites institucionales, éstos se constituyeron a través de un control político, a cargo del Congreso de la República, y de un control jurídico, a cargo de la Corte Constitucional. La doctrina y la propia jurisprudencia han calificado dichos sistemas de control como de carácter mixto, que no necesariamente son incompatibles o excluyentes, si se tiene en cuenta que los mismos están dirigidos a examinar aspectos diferentes del ejercicio de las facultades excepcionales(4). El control político se dirige a “deducir la responsabilidad política del Presidente y de los ministros por la declaratoria del estado de emergencia económica, social o ecológica sin la ocurrencia de los supuestos contemplados en los preceptos constitucionales, o por el abuso en el ejercicio de las facultades excepcionales (Art. 215 C. P.)”(5). Por su parte, el control jurídico, que le corresponde a la Corte Constitucional, recae sobre los actos jurídicos adoptados por el Ejecutivo en virtud del estado de excepción, y está llamado a operar, “en aras de asegurar que, con ocasión de la imposición de un régimen de excepción, no se desborden los poderes otorgados y se mantenga la racionalidad del orden instituido y el respeto por los derechos y garantías fundamentales consagrados en la Carta”(6).

6.2.6. Conforme lo ha señalado esta Corporación, el control jurídico, que como se ha expresado es de naturaleza constitucional, debe ejercerse, tanto sobre el decreto que declara el estado de excepción, como sobre los decretos legislativos que lo desarrollan, revistiendo el mismo un carácter integral, automático u oficioso(7), con el que se busca determinar, tanto por su aspecto formal como material, si efectivamente las medidas se expidieron con estricta sujeción a los mandatos contenidos en las normas que los regulan, o si, por el contrario, a través de ellas el titular de tales competencias extraordinarias desbordó los límites y condiciones establecidas.

6.2.7. En relación con esto último, la propia jurisprudencia constitucional ha precisado que los decretos que se expidan al amparo de los estados de excepción, están sujetos a los requisitos y limitaciones, formales y materiales, que se desprenden de la propia Constitución (arts. 212 a 215), de la Ley Estatutaria de los Estados de Excepción (Ley 137 de 1994, arts. 1º a 21 y 46 a 50) y de los tratados internacionales sobre derechos humanos que, por virtud de lo dispuesto en el artículo 93 de la Carta Política, prevalecen en el orden interno y no pueden limitarse durante los estados de excepción.

6.2.8. En la medida en que la regulación de excepción reviste tres modalidades, como son la Guerra Exterior, la Conmoción Interior y la Emergencia Económica, Social y Ecológica o de Calamidad Pública, el control constitucional que le corresponde adelantar a la Corte debe llevarse a cabo teniendo en cuenta las particularidades o rasgos distintivos previstos para cada situación.

6.2.9. Tratándose del Estado de Emergencia, que interesa a esta causa, la Constitución, en el artículo 215, le ha establecido unos rasgos distintivos, que se constituyen en precisos límites al ejercicio de las facultades del Gobierno durante su invocación, dentro de los cuales resulta de interés destacar los siguientes:

(i) El estado de Emergencia se puede declarar por períodos hasta de treinta días, en cada caso, que sumados no excederán noventa días en el año calendario.

(ii) En el Decreto declarativo, el Gobierno debe señalar el término dentro del cual va a hacer uso de las facultades extraordinarias, y convocará al Congreso si éste no se hallare reunido, para los diez días siguientes al vencimiento de dicho término, para que examine las causas de la declaratoria de Emergencia y se pronuncie expresamente sobre la conveniencia de las medidas en ella adoptadas.

(iii) Mediante tal declaración, que deberá ser motivada, el Presidente con la firma de todos los ministros podrá dictar “decretos con fuerza de ley”, destinados “exclusivamente a conjurar la crisis e impedir la extensión de sus efectos”.

(iv) Los decretos legislativos que expida el Gobierno durante la Emergencia, a diferencia de los dictados con fundamento en la declaratoria de conmoción interior, tienen vocación de permanencia(8), lo cual significa que pueden reformar o derogar la legislación preexistente y poseen vigencia indefinida, hasta tanto el Congreso proceda a derogarlos o reformarlos, salvo cuando se trata de normas relativas a la imposición de tributos o modificación de los existentes(9), en cuyo caso las mismas “dejarán de regir al término de la siguiente vigencia fiscal, salvo que el Congreso, durante el año siguiente, les otorgue carácter permanente”(10).

(v) Los decretos legislativos que se dicten al amparo del Estado de Emergencia, “deben referirse a materias que tengan relación directa y específica con el estado de emergencia” y podrán, en forma transitoria, establecer nuevos tributos o modificar los existentes, evento en el cual las medidas que se adopten dejarán de regir al término de la siguiente vigencia fiscal, salvo que el Congreso durante el año siguiente les otorgue carácter permanente.

(vi) Mediante los decretos de desarrollo del Estado de Emergencia, el Gobierno no podrá desmejorar los derechos sociales de los trabajadores.

6.2.10. A partir de las citadas reglas, tal y como fueron desarrolladas por la Ley Estatutaria de Estados de Excepción, en el caso de las medidas adoptadas bajo el Estado de Emergencia, le corresponde a la Corte verificar el cumplimiento de los requisitos formales y materiales de cada Decreto legislativo tal como se hará a continuación.

6.3. Examen formal del Decreto Legislativo 1772 de 2015.

Le corresponde a la Corte verificar los siguientes requisitos de forma: (i) que el decreto legislativo haya sido dictado y promulgado en desarrollo del decreto que declaró el estado de Emergencia; (ii) que el decreto lleve la firma del Presidente de la República y de todos los ministros del despacho, (iii) que hubiere sido expedido dentro del término de vigencia del Estado de Emergencia, y (iv) que se encuentre debidamente motivado, con el señalamiento de las razones o causas que condujeron a su expedición.

6.3.1. Que haya sido dictado en desarrollo del decreto que declaró el examen de emergencia. En efecto, tal como surge de la parte considerativa del Decreto Legislativo 1772 de 20015, el mismo se dictó por el Presidente de la República “En ejercicio de las facultades que le confiere el artículo 215 de la Constitución Política de Colombia, la Ley 137 de 1994 y en desarrollo de lo dispuesto por el Decreto 1770 de 2015”.

6.3.1.1. Fue el Decreto 1770 de 2015 el instrumento jurídico a través del cual fue declarado el Estado de Emergencia Económica, Social y Ecológica en parte del territorio nacional en frontera con Venezuela, por el término de treinta (30) días a partir del 07 de septiembre de 2015. En su artículo 3, el mencionado Decreto determina: El Gobierno Nacional adoptará mediante decretos legislativos, las medidas que se requieran en desarrollo del presente estado de emergencia económica, social y ecológica y dispondrá de las operaciones presupuestales necesarias.

6.2.1.2. Por su parte, la Corte Constitucional adelantó el estudio de constitucionalidad del Decreto 1770 de 2015 encontrándolo ajustado a la Constitución y declarando su exequibilidad en la sentencia C-670 de 2015

6.2.1.3. En conclusión, la Corte encuentra que el Decreto 1772 de 2015 cumple con el requisito formal de haberse dictado en desarrollo de un Decreto que establece el Estado de Emergencia Económica, Social y Ecológica.

6.3.2. Contar con la firma del Presidente de la República y de todos los ministros del despacho.

6.3.2.1. En efecto, constata la Corte que el mencionado decreto se encuentra debidamente firmado por el Presidente de la República y por todos los Ministros del Despacho, a excepción de la Ministra de Relaciones Exteriores. En su reemplazo aparece el Ministro del Interior, encargado de las funciones del despacho de la Ministra de Relaciones Exteriores.

6.3.2.2. Según lo aclara la Secretaría Jurídica de la Presidencia de la República, por disposición del Decreto 1767 del 4 de septiembre de 2015, la Ministra de Relaciones Exteriores se encontraba en comisión en el exterior, razón por la cual el Decreto 1772 de 2015 aparece firmado por el Ministro del Interior como encargado de las funciones del despacho de la Ministra de Relaciones Exteriores.

6.3.2.3. En consecuencia, la Corte Constitucional verifica que el Decreto 1772 de 2015 cumple con el requisito formal de llevar la firma del Presidente de la República y todos los Ministros.

6.3.3. Que hubiere sido expedido dentro del término de vigencia del Estado de Emergencia.

6.3.3.1. Como lo ha determinado esta Corporación, el principio de temporalidad impone, entre otros aspectos, la expedición de los decretos legislativos de desarrollo dentro del término por el cual se declaró el respectivo estado de excepción. Ello significa que el Gobierno Nacional no puede dictar medidas legislativas extraordinarias por fuera del término establecido en el decreto declaratorio, ya que de hacerlo conllevaría indefectiblemente a la existencia de un vicio de procedimiento insaneable por falta de competencia(11).

6.3.3.2. En el caso concreto, el Decreto 1772 de 2015 fue expedido en fecha siete (7) de septiembre de dos mil quince (2015), exactamente la misma fecha en que se expidió la norma habilitante, el Decreto 1770 de 2015.

6.3.3.3. En consecuencia, la Corte Constitucional encuentra que el Decreto 1772 de 2015 cumple con el requisito formal de temporalidad al haberse dictado y promulgado dentro del término de treinta días posteriores a la expedición del Decreto que declaró el Estado de Emergencia.

6.3.4. El Decreto debe estar debidamente motivado, con el señalamiento de las razones o causas que condujeron a su expedición.

6.3.4.1. Es el Artículo 215 superior quien exige que exista una motivación expresa de la norma. La Jurisprudencia constitucional lo considera satisfecho “en la medida en que en el texto mismo del decreto y a modo de considerandos se consignen las razones que dieron lugar a la declaratoria”(12). El examen formal en la materia se limita a establecer si existe o no una motivación expresa en el Decreto, sin entrar al estudio de su contenido, el que corresponderá a la fase de análisis de los requisitos materiales de la norma. El fundamento de este requisito ha sido explicado por la Corporación de la siguiente forma: “la exigencia de motivación no era una mera formalidad, sino un requisito de orden sustancial, porque la expresión de las razones de la declaratoria le permite a la corte ejercer control integral sobre los estados de excepción”(13).

6.3.4.2. En el caso concreto, la Corte constata que el Decreto 1772 de 2015 contiene una motivación amplia y detallada, que expone con claridad las razones que llevaron al Gobierno Nacional a tomar las decisiones que allí se consignan. Para la Corte, la exposición de motivos es suficientemente amplia, detalla con precisión las causas que dan lugar a las medidas y en ese sentido resulta suficiente para poder realizar un examen minucioso del contenido de los mismos en el posterior estudio de cumplimiento de los requisitos materiales de la norma.

6.3.5. En conclusión, la Corte encuentra que el Decreto 1772 de 2015 se ajusta a los requisitos formales exigidos para su exequibilidad, y en consecuencia, pasa a analizar los requisitos materiales.

6.4. Examen sustancial del Decreto 1772 de 2015.

En lo que respecta a los requerimientos de orden sustancial o material, es deber de esta Corporación establecer: (i) si existe una relación directa y específica entre las medidas adoptadas en el respectivo decreto y las causas de la perturbación o amenaza que justificaron la declaratoria del Estado de Emergencia (juiciodeconexidad); (ii) si cada una de las medidas adoptadas se encuentran directa y específicamente dirigidas a conjurar la situación de crisis y a evitar la extensión de sus efectos (juiciodefinalidad); (iii) si en los decretos legislativos se expresaron las razones que justifican las diferentes medidas y si éstas son necesarias para alcanzar los fines que motivaron la declaratoria del Estado de Emergencia (juiciodenecesidad); (iv) si las medidas adoptadas guardan proporción con la gravedad de los hechos que se pretenden superar (juiciodeproporcionalidad); y finalmente, (v) cuando a través de las medidas se modifiquen o deroguen normas con fuerza de ley, si allí se expresaron las razones por las cuales las disposiciones suspendidas son incompatibles con el respectivo estado de excepción (juiciodeincompatibilidad).

Adicionalmente, también le compete al juez constitucional constatar, con motivo de las medidas tomadas en los decretos legislativos que desarrollan el Estado de Emergencia, y cuando haya lugar a ello: (i) que las posibles limitaciones a los derechos y libertades, de haber sido tomadas, no afecten su núcleo esencial y se adopten en el grado estrictamente necesario para lograr el retorno a la normalidad; (ii) que las mismas no entrañen discriminación alguna fundada en razones de raza, lengua, religión, origen nacional o familiar, opinión política o filosófica; (iii) que no suspendan los derechos humanos ni las libertades fundamentales, (iv) que no interrumpan el normal funcionamiento de las ramas del poder público ni de los órganos del Estado, (v) que no supriman ni modifiquen los organismos y funciones básicas de acusación y juzgamiento, y (vi) que tampoco desmejoren los derechos sociales de los trabajadores.

Previo al análisis de los requisitos, la Corte considera pertinente traer a colación las medidas que serán objeto de análisis. Los artículos 1 a 4 del Decreto analizado establecen, en resumen, las siguientes medidas, por las cuales se exime:

1. Del requisito de apostilla y legalización a los documentos públicos expedidos en el extranjero que sean presentados para el trámite de Permisos Especiales de Ingreso y Permanencia (Art. 1).

2. Del mismo requisito, a los documentos presentados para el trámite de solicitud de la nacionalidad colombiana por adopción.

3. Del pago de las tasas previstas en el artículo 3 de la Ley 961 de 2005 para la prórroga de permanencia en el territorio nacional, cédula de extranjería y demás servicios migratorios;

4. De las sanciones económicas derivadas de la imposición de multas a que hubiere lugar con motivo de la infracción de las normas migratorias,

Las medidas benefician a los nacionales venezolanos cónyuges o compañeros permanentes de los nacionales colombianos deportados, expulsados o retornados con motivo de la declaratoria del Estado de Excepción por parte de la República Bolivariana de Venezuela y que se encuentren incluidos en los registros elaborados por las autoridades competentes.

6.4.1. Juicio de conexidad.

Para su exequibilidad, las medidas adoptadas en el Decreto 1772 de 2015 deberán contar con una relación directa y específica con las causas de la perturbación o amenaza que justificaron la declaratoria del Estado de emergencia.

6.4.1.1. El Estado de Emergencia fue declarado por el Decreto 1770 de 2015. En dicho decreto se señala expresamente que debido a las deportaciones, expulsiones, repatriaciones y el retorno de colombianos efectuados por el gobierno de la República Bolivariana de Venezuela, en el marco de la declaratoria de Estados de Excepción, se generó un fenómeno de desintegración familiar que requiere la adopción de medidas excepcionales por parte de las autoridades colombianas con el fin de garantizar la efectiva reunificación de las familias compuestas por nacionales colombianos y venezolanos.

6.4.1.2. Según indica la Secretaría Jurídica de la Presidencia de la República, el decreto materia de estudio se sustenta en la existencia de los hechos perturbadores del orden económico, social y ecológico que dieron lugar a la declaratoria de la Emergencia Social mediante el Decreto 1770 de 2015, entre las cuales se destacan:

“Que como consecuencia las adoptadas por el gobierno venezolano en desarrollo del Estado Excepción, milesdecolombianoshanretornadoohansidodeportados,repatriadosoexpulsadosaColombia.

Que aunque es un hecho notorio que lamigraciónforzadaconnacionaleshageneradounainminentedetipohumanitario,económicoysocial, pues así lo han reportado gráfica y profusamente los medios de comunicación y ha sido denunciado por autoridades nacionales, internacionales y formadores de opinión, las autoridades públicas competentes han descrito con detalle la magnitud de los hechos.

QuesegúndatosdeMigraciónColombia,entreel21deagostode2015yel7deseptiembrede2015,esdecirenlosúltimos17días,elnúmerodepersonasdeportadas,expulsadasyrepatriadasqueingresaronalpaísporlosPuestosdeControlMigratorioenlafronteraconVenezuelafuede1.443,delascualesel19%deestaspersonascorrespondenamenoresdeedad. Esta cifra contrasta con las 3.211 personas que ingresaron de la misma manera, durante el período comprendido entre el 1 de enero 2015 al 20 agosto de año (7 meses y 20 días), y con las 1.590 personas que fueron sujeto de las mismas medidas durante todo año 2014 (Dinámica migratoria en la frontera con Venezuela- Informe Estadístico seguimiento Nº 158 del 3 de septiembre de 2015, Informe Estadístico Ejecutivo Coyuntura al 06 septiembre, 7 de septiembre 2015).

QueademáslaUnidadNacionalparalaGestióndelRiesgodeDesastres,parael7deseptiembrede2015,registra10.780personasprovenientesdelterritoriovenezolanoquehanretornadoalpaísdesdequesedesatólacrisis. En efecto, tal como lo manifestó el señor Presidente de la República en el Consejo de Ministros del 2 de septiembre de 2015 en Cúcuta, una parte considerable de la migración se ha dado por miedo a las medidas represivas (destrucción de casas, deportaciones) que las autoridades venezolanas han tomado en contra de los colombianos. Esta información ha sido confirmada por inspectores internacionales como el coordinador residente y humanitario de las Naciones Unidas, Fabrizio Hochschild, en entrevista que dio el 31 de agosto de 2015 a la emisora de Radio la W.

QueenelmismoinformedelaUNGRDsetienendatostotalesdequealafechaseríanalmenos13.138personasperjudicadasconlaemergenciaenlafrontera.

Que, por su parte, según el informe de situación 2 del 1º de septiembre de 2015 de la oficina para la coordinación de asuntos humanitarios de las Naciones Unidas (OCHA), en “el marco del estado de excepción constitucional declarado por el Gobierno de Venezuela desde el 21 de agosto en diez municipios del Estado Táchira, 1.097 ciudadanos colombianos han sido deportados/repatriados hacia Norte de Santander, incluyendo 220 menores de edad (al 30 de ago., 07:00hs), según reporte del PMU. Si bien los últimos casos de deportación se produjeron el 26 de agosto, la cifra de personas que retornan a Colombia por vías informales se ha mantenido constante, ascendiendo a 9.826, según cálculos del PMU al 30 de agosto”.

Que según dicha publicación, a “31 de agosto, 3.109 personas se encuentran albergadas en Cúcuta y Villa del Rosario, de las cuales 2.339 están en nueve albergues habilitados y formalizados, 332 personas se encuentran en albergues espontáneos en proceso de formalización o evacuación y 438 han sido albergadas en hoteles”.

Quedeacuerdocondichodocumentoentre“losdeportadosyretornadosaNortedeSantander,sehanidentificadoalmenos102casosdepersonassujetodeproteccióninternacional”.

Que, además, según comunicado de prensa del 28 de agosto de 2015 de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, de “acuerdo a información de público conocimiento, las personas deportadas se encontrarían en situación migratoria irregular en Venezuela. Esta información a su vez indica que las autoridades venezolanas habrían realizado redadas y operativos de control migratorio en barrios y lugares principalmente habitados por personas colombianas. En el marco de estos operativos, las autoridades venezolanas estarían desalojando forzosamente a las personas colombianas de sus casas, reportándose abusos y el uso excesivo de la fuerza por parte de las autoridades, para luego proceder a deportar a las personas colombianas de forma arbitraria y colectiva. La forma en que se están llevando a cabo los operativos habría impedido que muchas de las personas pudiesen llevar consigo sus documentos y otros de sus bienes”.

Que de acuerdo con el mismo comunicado, la“CIDHasuvezharecibidoinformaciónindicandoquemuchasdelaspersonasdeportadashansidoseparadasdesusfamilias.Enalgunoscasos,personasadultashabríansidodeportadassinsushijos,asícomootrosfamiliaresaColombia. A través de videos publicados en medios de comunicación, la comisión ha tomado conocimiento de que las autoridades venezolanas han procedido a marcar con la letra “D” las casas de personas colombianas en el barrio La Invasión, para luego proceder a demolerlas tras haber desalojado y deportado arbitrariamente a las personas que habitaban en las mismas”.

Que según indica la CIDH en el documento, “el comisionado Felipe González, relator sobre los derechos de los migrantes de la CIDH, manifestó que... ‘Lainformacióndelaquedisponemosindicaqueestasdeportacionesseestaríanrealizandodeformaarbitraria,sinqueserespetasengarantíasdedebidoprocesomigratorio,elprincipiodelaunidadfamiliar,elinteréssuperiordelniño,elderechoalaintegridadpersonal,nielderechoalapropiedaddeestaspersonas.Laformaenlaqueseestánllevandoacaboestasdeportacionesindicaqueaestaspersonasselesestánviolandomúltiplesderechoshumanosyqueestánsiendoexpulsadasdeformacolectiva,algoqueescompletamentecontrarioalderechointernacional. Desde la comisión también nos preocupa que entre las personas deportadas se encuentran refugiados y otras personas que requieren protección internacional, sobre las cuales el Estado venezolano tiene un deber de respetar el principio de no devolución’”.

Que según lo informó la Canciller colombiana, María Ángela Holguín, en el Consejo Extraordinario de Ministros que se celebró el 2 de septiembre de 2015 en Cúcuta, a esa fecha ya se habían reportado los primeros casos de personas deportadas desde Caracas por la frontera venezolana con Arauca; al tiempo que el Ministerio del Interior tiene datos de deportaciones en otros puntos fronterizos sin cierre, lo que indica que las deportaciones se han venido ampliando a distintos puntos fronterizos con el país vecino” (subraya fuera del texto).

6.4.1.3. El Decreto 1772 de 2015 está dirigido a establecer una serie de medidas relacionadas directamente con la superación de las barreras administrativas y económicas que, el proceso de inmigración colombiano pueda constituir para el logro de la reunificación de aquellas familias que fuesen afectadas por las deportaciones realizadas en Venezuela.

El contenido y alcance de las medidas decretadas, su ámbito de aplicación y el efecto que ellas producen está claramente relacionado y delimitado a facilitar la reunificación familiar y se constituyen como herramientas para proteger y garantizar los derechos especialmente de los menores que requieren de la protección de sus padres.

6.4.1.4. En consecuencia, para la Corte es claro que las medidas ordenadas por el Decreto estudiado, tienen plena conexidad con la norma que declaró el Estado de Emergencia, y están dirigidas a paliar las dificultades que encuentran las familias compuestas por ciudadanos colombianos y venezolanos, que fueron afectadas por las deportaciones del vecino país, de tal forma que los trámites para llevar a cabo su reunificación en Colombia se puedan hacer de forma más ágil al flexibilizar requisitos formales y excluir ciertos tributos.

6.4.2. Juicio de finalidad.

Debe la Corte estudiar si el Decreto Legislativo expresó claramente las razones que justifican las medidas tomadas y si estás resultan necesarias para los fines que motivaron el Estado de Emergencia.

6.4.2.1. El Decreto 1772 de 2015 se motiva de forma expresa en varios párrafos que ya han sido referidos en esta sentencia y que dan cuenta, de que las razones en que se fundamenta son las siguientes:

(i) Existe información de fuentes nacionales e internacionales que corrobora que, como producto de las medidas tomadas por el Gobierno de Venezuela en Estado de Excepción, un gran número de colombianos -según informe de la UNGRD serían al menos 13.138- fue expulsado y repatriado a Colombia, ingresando al país por los puestos de Control Migratorio en la frontera de Venezuela. Según la información disponible, de dichas personas, el 19 % eran menores de edad.

(ii) El número de personas que entró al país en ocasión a las medidas del Gobierno de Venezuela, durante tan solo 17 días, corresponde a más de 4 veces, el número total de personas que habían entrado al país en los 7 meses que van corridos del año 2015.

(iii) Según información de la CIDH, las deportaciones han sido resultado de acciones abusivas e intempestivas por parte de las autoridades venezolanas y muchas personas han sido separadas de sus familias, sin que se respeten los procedimientos migratorios y en vulneración del derecho a la unidad familiar.

6.4.2.2. En ese contexto, y para lograr el objetivo expuesto en el Decreto que establece el Estado de Emergencia respecto de lograr la reunificación de las familias compuestas por nacionales colombianos y venezolanos, el Decreto prevé:

Que estas medidas incluyen la exoneración o flexibilización del cumplimiento de requisitos legales para el otorgamiento de Permisos Especiales de Ingreso y Permanencia y de la nacionalidad colombiana por adopción, que incluyen el pago de tasas a que hubiere lugar y multas por infracción de la ley migratoria.

6.4.2.3. Encuentra la Corte que en el texto del Decreto analizado está suficientemente explícita la finalidad de las medidas decretadas, consistente en facilitar la reunificación familiar eliminando los requisitos que se convierten en barreras para el ingreso al país o la nacionalización de los ciudadanos venezolanos que hicieren parte de las familias de colombianos que están siendo deportadas.

Explica la Presidencia de la República que, mediante la exención del requisito de apostilla, se procura simplificar las gestiones para la obtención de los documentos que les permitirán establecerse legalmente en territorio nacional, o para solicitar la nacionalidad colombiana por adopción, facilitando, de esta manera, la consecución de la documentación requerida para adelantar dichos trámites con el fin principal de lograr la reunificación inmediata de estas familias y contribuir significativamente a conjurar algunas de las causas de la perturbación del orden económico y social presentado en la zona de frontera.

Por otra parte, mediante la exención del pago de tasas por los servicios migratorios descritos, se posibilita la consecución de la documentación requerida para permanecer legalmente en el territorio nacional, mientras se solicita la nacionalidad colombiana por adopción, con el propósito de lograr la reunificación inmediata de estas familias y contribuir significativamente a conjurar algunas de las causas de la perturbación del orden económico y social que se presenta en la zona de frontera.

En igual sentido, se considera necesario eximir de las sanciones económicas impuestas por Migración Colombia, a las personas que por cuenta del cierre de fronteras, se vieron forzadas a ingresar al país por lugares distintos a los Puestos de Control Migratorio, incurriendo así, en infracciones a la normativa migratoria. Con la exención de dichas sanciones económicas, se pretende facilitar la regularización de los ciudadanos venezolanos mediante la concesión de los permisos especiales y el trámite de naturalización como colombianos por adopción, en aras de la inmediata reintegración del núcleo familiar.

6.4.2.4. Visto lo anterior, la Corte Constitucional encuentra que el Decreto analizado cumple con el juicio de finalidad.

6.4.3. Juicio de necesidad.

En Colombia el requisito de apostilla de los documentos públicos extranjeros solicitados para la expedición de los Permisos de Ingreso y Permanencia y para adelantar el trámite para la obtención de la nacionalidad colombiana por adopción reviste un carácter legal, y en consecuencia es una exigencia vigente que los documentos públicos otorgados por autoridad venezolana se presenten apostillados.

6.4.3.1. Como lo explica el Decreto analizado, de conformidad con lo previsto en el artículo 251 del Código General del Proceso -Ley 1564 de 2012-, los documentos públicos otorgados en país extranjero por funcionario de este o con su intervención, deberán estar debidamente apostillados o legalizados.

En este contexto, los ciudadanos colombianos y sus cónyuges o compañeros permanentes venezolanos afectados por las medidas del Gobierno venezolano que dieron lugar a la declaratoria de Emergencia, de acuerdo con la información suministrada por las distintas entidades del Gobierno, se encuentran en una grave situación económica y social, ante lo cual la exigencia de este requisito para la presentación de la documentación requerida, con miras a establecerse con sus familias de manera legal en el territorio colombiano, se convierte en un obstáculo.

6.4.3.2. La precaria situación y el estado de vulnerabilidad en que se encuentran estas personas, sumando al hecho de que no les es posible retornar a Venezuela para efectos de apostillar la documentación expedida por ese Estado, convierte el requisito de la apostilla en un formalismo de difícil consecución y en un impedimento para la reunificación inmediata y permanencia de sus familias en Colombia.

6.4.3.3. Por otra parte, dada la situación de emergencia en que se encuentran las personas a quienes se pretende beneficiar con la medida, el hecho de eximirles de los cobros exigidos para los tramites de residencia e inmigración se convierte en una herramienta necesaria para el logo del objetivo de reunificación familiar.

6.4.3.4. Tanto el requisito de apostilla como el pago de las tasas previstas para estos servicios migratorios revisten de un carácter legal que hace indispensable la expedición de un decreto con fuerza de ley para poder eximir de este trámite, dentro del marco de la declaratoria del Estado de Excepción, a los nacionales venezolanos que pretenden regularizar su situación migratoria en Colombia para solicitar la nacionalidad colombiana por adopción, en virtud de la medida de reunificación familiar señalada.

Los requisitos están previstos en la ley y la administración no puede eliminarlos, suprimirlos o suspenderlos en beneficio de los emigrados, sino a través de normas de la misma jerarquía, como el decreto legislativo que aquí se analiza.

6.4.3.5. En ese sentido, encuentra la Corte que la medida resulta necesaria para poder facilitar la reunificación familiar de las personas afectadas, habida cuenta la naturaleza legal de las exigencias que se pretenden suspender, y las circunstancias fácticas que motivan la medida.

6.4.4. Juicio de proporcionalidad.

6.4.4.1. Tal como lo recalcan las intervenciones, actualmente existe un marco normativo de protección internacional que protege a la familia y en particular el derecho a que ella permanezca unida, en particular respecto de las personas migrantes independientemente de su origen nacional o racial, su situación jurídica de regularidad (documentado) o irregularidad (indocumentado).

6.4.4.2. En efecto, el derecho a la vida familiar y a la unidad familiar está reconocido en diversos tratados internacionales ratificados por Colombia; de conformidad con el artículo 17 del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, se prohíbe a los Estados cualquier tipo de injerencia arbitraria en la vida familiar de las personas, igualmente, el artículo 8.1. de la Convención sobre los Derechos de los Niños, dispone que las partes se comprometen a respetar el derecho del niño a preservar las relaciones familiares y se obligan a prevenir la separación familiar y mantener su unidad; disposiciones que se rescatan en la Convención Internacional sobre la Protección de los Derechos de todos los Trabajadores Migratorios y de sus Familiares y en la Convención Americana de Derechos Humanos(14).

6.4.4.3. Según manifiesta la Presidencia de la República, de acuerdo con información suministrada por parte de la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres, a la fecha de expedición de los Decretos 1770 y 1772 de 2015, serían al menos 13.138 personas las perjudicadas debido a la emergencia que se vive en la frontera; todas ellas provenientes del territorio venezolano y con miedo a las medidas represivas que las autoridades venezolanas puedan ejercer en su contra, tales como desalojo forzado de sus viviendas, abusos, el uso excesivo de la fuerza y la deportación arbitraria y colectiva.

6.4.4.4. Al parecer, la mayoría de estas personas salieron de territorio venezolano sin enseres ni documentos, y forzados a apartarse de su familia, lo cual dio lugar a un fenómeno de desintegración familiar motivado por la situación de urgencia a que estuvieron expuestos los ciudadanos colombianos y por el interés legítimo de salvaguardar su vida y la de su familia.

6.4.4.5. En ese contexto, según la Presidencia de la República, las medidas contempladas para mitigar los efectos adversos producidos por el cierre fronterizo y que afectaron a un gran número de personas localizadas en los municipios de frontera entre Colombia y Venezuela, constituyen mecanismos orientados al cese de las violaciones a los derechos fundamentales de los afectados.

Según la información suministrada, la eliminación del requisito de apostilla y legalización de documentos públicos para la expedición de los Permisos Especiales de Ingreso y Permanencia, busca contrarrestar las dilaciones y trabas para lograr el proceso de reunificación de las familias compuestas por miembros de nacionalidad colombiana y venezolana.

6.4.4.6. Para la Corte, queda claro que las medidas adoptadas por el Decreto 1772 de 2015 constituyen excepciones justificadas para el cumplimiento de algunos de los requisitos legales para los procesos destinados a lograr la reunificación familiar de quienes entran al país que, de otra forma y dada a situación de gravedad y urgencia que dio lugar a la declaratoria de Estado de Emergencia, se convertirían en obstáculos para quienes, en situación precaria, con graves dificultades para volver a Venezuela y con las dificultades propias de la situación, verían en las exigencias de apostilla y en los cobros eximidos unas graves barreras para lograr mantener sus familias unidas.

6.4.4.7. En ese sentido, la Corte encuentra que, habida cuenta la importancia del derecho a la vida familiar y la unidad familiar que se persigue proteger, y de las situaciones fácticas de lo sucedido en la zona de frontera afectada, las medidas tomadas por el Decreto estudiado resultan proporcionales y adecuadas.

6.4.5. El juicio de incompatibilidad.

Le corresponde a la corte finalmente establecer si las disposiciones legales suspendidas con el Decreto Legislativo son incompatibles con los objetivos que persigue la norma, en el caso concreto, el objetivo de facilitar los procesos de ingreso al país por parte de los ciudadanos venezolanos parientes de colombianos que fueron deportados de Venezuela en razón de las medidas extraordinarias que allí se decretaron.

6.4.5.1. Para la Corte es claro, según los análisis que se hicieron en el juicio de necesidad y finalidad, que efectivamente las normas legales afectadas por el Decreto, dadas las circunstancias excepcionales y graves que han motivado la expedición del Estado de Excepción, constituyen barreras para la reunificación familiar de aquellas familias compuestas por ciudadanos colombianos que han sido objeto de las deportaciones y ciudadanos venezolanos.

6.4.5.2. Se ha insistido en este fallo, que el objetivo principal del Decreto-Legislativo 1772 de 2015, es establecer una estrategia para enfrentar el riesgo de afectación a la unificación familiar de aquellos grupos familiares compuestos por ciudadanos venezolanos y colombianos deportados a Colombia por las medidas extraordinarias tomadas en la zona de frontera por parte de Venezuela. Para dar cumplimiento a dicho propósito, se adoptaron medidas dirigidas a flexibilizar las disposiciones vigentes en lo relacionado con las exigencias de apostilla en los documentos públicos extranjeros, reducción de las tasas para los trámites de nacionalización y permisos de residencia, así como exención de las multas por la infracción de normas migratorias.

6.4.5.3. Cabe destacar, que las medidas adoptadas en el Decreto-Legislativo implican una suspensión a los efectos del artículo 251 del Código General del Proceso – Ley 1564 de 2012 que establece que “los documentos públicos otorgados en país extranjero por funcionarios de éste o con su intervención, deberán estar debidamente apostillados o legalizados.” Suspende igualmente el efecto del artículo 3 de la Ley 961 de 2005, que establece las tasas para la prórroga de permanencia de los extranjeros en el territorio nacional, y finalmente, suspende la aplicación de las multas reguladas en el Articulo 72 del Decreto 834 de 2013 del Ministerio de Relaciones Exteriores y en particular de la Resolución 714 de 2015 “por la cual se establecer los criterios para el cumplimiento de las obligaciones migratorias y el procedimiento sancionatoria de la Unidad Administrativa Especial Migración Colombia” cuyo artículo 16 se encarga de la clasificación de las infracciones y la graduación de las sanciones, dejando a las infracciones leves y moderadas la sanción de multas que serían eximidas para los beneficiarios del Decreto legislativo aquí analizado.

6.4.5.4. Dichas normas, necesarias para el normal funcionamiento del proceso migratorio, establecen restricciones que resultan razonables y proporcionales para tiempos de normalidad, en cuanto que, por su intermedio, se busca que el proceso migratorio se desarrolle en óptimas condiciones, evitando irregularidades o conductas fraudulentas que atenten contra la seguridad pública o contra el ejercicio soberano del Estado en materia de nacionalización. Las referidas medidas, han sido edificadas sobre la base de que es el Estado quien tiene la potestad exclusiva de determinar las condiciones necesarias para regular las condiciones de entrada de extranjeros en el territorio nacional, su permanencia, sus obligaciones especiales y el trámite para su nacionalización.

6.4.5.5. Tales medidas, por haber sido diseñadas para tiempos de normalidad, no permiten enfrentar la situación de crisis extraordinaria producida por las medidas especiales tomadas en Venezuela que han afectado a miles de hogares colombianos, muchos de ellos compuestos también por integrantes venezolanos y que en situaciones sorpresivas, de gran precariedad y extremas irregularidades fueron objeto de medida de deportación del territorio venezolano, teniendo que dejar intempestivamente sus bienes, sus casas y todos sus enceres. Y lo más grave, separando a sus familias en razón de la nacionalidad, dejando a niñas y niños privados de sus derechos.

6.4.5.6. La necesidad de adoptar medidas extraordinarias, surge, entonces, del hecho de que las disposiciones ordinarias vigentes que regulan los temas referentes al proceso migratorio, dadas las condiciones de precariedad en que se encuentran las familias afectadas, se convierten en barreras incompatibles con la necesidad de garantizar la reunificación familiar, por lo cual se requería hacerles algunos ajustes que permitieran su flexibilización.

6.4.5.7. De este modo, a partir de las reformas introducidas por el Decreto-Legislativo 1772 de 2015, se pretende superar las graves consecuencias que han ocasionado las medidas tomadas por el Gobierno venezolano y facilitar los procedimientos migratorios a fin de revertir el efecto de la separación familiar causada por las medidas de deportación de familias con integrantes de nacionalidad venezolana.

6.4.5.8. Al comprobar que las medidas adoptadas por el Decreto 1772 de 2015 suspenden el efecto de disposiciones que resultan incompatibles con los objetivos perseguidos por la declaración de Estado de Emergencia pasa la Corte a dar por superado el test de incompatibilidad.

6.4.6. Finalmente, la Corte Constitucional constata, que las medidas ordenadas por el Decreto 1772 de 2015, se limitan a facilitar los procesos de reunificación familiar de las familias colombianas deportadas desde Venezuela en que uno de sus miembros tienen nacionalidad venezolana y quiere entrar a Colombia. La exención del requisito de apostilla, de los cargos de entrada y nacionalización y de las multas por entradas o permanencias extemporáneas en el país, no configuran limitaciones de ninguna naturaleza a los derechos de las personas en Colombia.

En ese sentido, considera la Corte que las medidas del Decreto 1772 de 2015 (i) no establecen limitaciones a los derechos y libertades de personas residentes en el territorio nacional, antes bien, flexibilizan normas para hacer más efectivo el goce efectivo del derecho a la unidad familiar; (ii) que las mismas no entrañan discriminación alguna fundada en razones de raza, lengua, religión, origen nacional o familiar, opinión política o filosófica, puesto que no establecen restricción de derechos, sino que establecen una diferenciación positiva, fundada en una condición objetiva y con una finalidad legítima frente a los ciudadanos venezolanos que son cónyuges o compañeros permanentes de ciudadanos colombianos objeto de deportación a fin de facilitar su reunificación familiar en Colombia; (iii) que no suspenden los derechos humanos ni las libertades fundamentales, (iv) que no interrumpan el normal funcionamiento de las ramas del poder público ni de los órganos del Estado, en tanto los requisitos eximidos (apostilla, cargos administrativos y pagos de sanciones para la entrada en Colombia) no tienen incidencia en el normal funcionamiento del Estado (v) que no suprimen ni modifiquen los organismos y funciones básicas de acusación y juzgamiento, y (vi) que tampoco desmejoran los derechos sociales de los trabajadores.

7. Conclusiones.

7.1. En primer lugar la Corte comenzó por subrayar el carácter extraordinario que caracteriza una declaración de estado de emergencia por causas económicas, sociales, ecológicas o que constituyan grave calamidad pública, por cuanto compromete entre otros, los principios democrático y de separación de poderes, pilares del Estado Social de Derecho. Sobre este punto la Corte reitera que la jurisprudencia constitucional ha señalado de manera sostenida, que el control de constitucionalidad que le corresponde realizar a la Corte en virtud del mandato de los artículos 215 y 241 de la Constitución Política, debe ser estricto y riguroso para evitar o subsanar la eventual contradicción con los postulados y preceptos superiores a los que deben sujetarse tanto su declaratoria, como los decretos de desarrollo de las facultades de las que temporalmente se inviste al Ejecutivo, para conjurar la crisis y evitar la extensión de sus efectos.

En consecuencia, es necesario adelantar un examen formal y sustancial de las medidas decretadas y verificar que las mismas no constituyan limitaciones a los derechos o al normal funcionamiento del Estado.

7.2. Los artículos 1 a 4 del Decreto 1772 de 2015 establecen, en resumen, las siguientes medidas, por las cuales se exime a los nacionales venezolanos cónyuges o compañeros permanentes de los nacionales colombianos deportados, expulsados o retornados con motivo de la declaratoria del Estado de Excepción por parte de la República Bolivariana de Venezuela y que se encuentren incluidos en los registros elaborados por las autoridades competentes:

1. Del requisito de apostilla y legalización a los documentos públicos expedidos en el extranjero que sean presentados para el trámite de Permisos Especiales de Ingreso y Permanencia (Art. 1).

2. Del mismo requisito, a los documentos presentados para el trámite de solicitud de la nacionalidad colombiana por adopción.

3. Del pago de las tasas previstas en el artículo 3 de la Ley 961 de 2005 para la prórroga de permanencia en el territorio nacional, cédula de extranjería y demás servicios migratorios;

4. De las sanciones económicas derivadas de la imposición de multas a que hubiere lugar con motivo de la infracción de las normas migratorias.

Todo ello en consideración a la grave situación que implican las medidas tomadas en Venezuela para las familias compuestas por miembros venezolanos que requieren ingresar a Colombia para acompañar a sus esposos(as), hijos y mantener así la unidad del núcleo familiar, y tomando en cuenta las difíciles circunstancias que rodean la emergencia de la zona de frontera.

7.3. Sobre el análisis de los presupuestos formales establecidos en la Constitución, encuentra la Corte que el Decreto 1772 del 7 de septiembre de 2015 cumple con los requisitos formales ya que éste. (i) fue citado y promulgado en desarrollo del Decreto 1770 de 2015 que declaró el estado de Emergencia y que fue declarado exequible por la Corte Constitucional; (ii) que el decreto lleva la firma del Presidente de la República y de todos los ministros del despacho, (iii) que se expidió en la misma fecha del Decreto 1770 de 2015, esto es, dentro del término de vigencia del Estado de Emergencia, y (iv) que se encuentra debidamente motivado, con el señalamiento de las razones o causas que condujeron a su expedición.

7.4. En cuanto a los requisitos materiales exigidos por las normas constitucionales y estatutarias para una declaratoria de un estado de emergencia se aplicó el juicio (i) de conexidad: en el cual se determinó que existe una relación directa y específica entre las medidas adoptadas en el respectivo decreto y las causas de la perturbación o amenaza que justificaron la declaratoria del Estado de emergencia por parte del Decreto 1770 de 2015; (ii) de finalidad: que llevó a concluir a la Corporación que cada una de las medidas adoptadas por el Decreto 1772 de 2015 se encuentran directa y específicamente dirigidas a conjurar la situación de crisis humanitaria, específicamente en lo que atañe a la separación de familias en razón de la nacionalidad de sus integrantes, y a evitar la extensión de sus efectos; (iii) de necesidad: bajo cuyo examen la Corte Constitucional determinó que en el decreto legislativo se expresaron con claridad y suficiencia las razones que justifican las diferentes medidas, dejando en claro que son necesarias para alcanzar la finalidad de facilitar y proteger la reunificación de las familias afectadas por las medidas del Gobierno venezolano que motivaron la declaratoria del Estado de Emergencia; (iv) de proporcionalidad: de cuyo análisis resultó para la Corte la conclusión de que las medidas adoptadas guardan completa proporción con la gravedad de los hechos que se pretenden superar y de los derechos que se pretende proteger, y finalmente, (v) de incompatibilidad: en que se concluyó que en efecto el Decreto 1772 de 2015 deja en claro las razones por las cuales las disposiciones que exigen la apostilla en los documentos públicos extranjeros, cargos para los trámites de inmigración y sanciones económicas por permanencias extemporáneas a los venezolanos cónyuges o compañeros de colombianos que fueron deportados de Venezuela resultan incompatibles con el respectivo estado de excepción.

8. Decisión.

En mérito de lo expuesto, la Sala Plena de la Corte Constitucional, administrando justicia en nombre del pueblo y por mandato de la Constitución,

RESUELVE:

1. Declarar EXEQUIBLE el Decreto 1772 de 2015 “por medio del cual se establecen disposiciones excepcionales para garantizar la reunificación familiar de los nacionales colombianos deportados, expulsados o retornados como consecuencia de la declaratoria del Estado de Excepción efectuada en la República Bolivariana de Venezuela”.

Cópiese, comuníquese, notifíquese, cúmplase y archívese el expediente».

(3) Sentencia C-802 de 2002, M.P. Jaime Córdoba Triviño.

(4) Sentencia C-135 de 2009, M.P. Humberto Antonio Sierra Porto.

(5) Ibídem.

(6) Ibídem.

(7) Ver entre otras, las sentencias C-004 de 1992, M.P. Eduardo Cifuentes Muñoz; C-447 de 1992, M.P. Eduardo Cifuentes Muñoz; C-366 de 1994, M.P. Alejandro Martínez Caballero; M.P. C-122 de 1997, M.M.P.P. Antonio Barrera Carbonell, Eduardo Cifuentes Muñoz; C-216 de 1999, M.P. Antonio Barrera Carbonell y C-135 de 2009, M.P. Humberto Sierra Porto.

(8) Sentencia C-136 de 1999, M.P. José Gregorio Hernández Galindo

(9) Sentencia C-179 de 1994 (abril 13), M. P. Carlos Gaviria Díaz.

(10) La jurisprudencia constitucional ha dejado sentado que es constitucionalmente admisible que en los Estados de Emergencia se adopten medidas constitutivas de tipos penales. En la Sentencia C-224 de 2009, la Corte precisó que “la creación, adición o modificación de tipos penales o el aumento de penas durante el estado de emergencia, tienen vigencia de un año después de la expedición del decreto legislativo correspondiente, a no ser que el Congreso de la República les ‘otorgue carácter permanente’ ”.

(11) Sentencia C-217 de 2011, M.P. Jorge Iván Palacio Palacio.

(12) Sentencia C-004 de 1992, M.P. Eduardo Cifuentes Muñoz y Sentencia C-670 de 2015, M.P. María Victoria Calle Correa.

(13) Sentencia C-216 de 2011, M.P. Juan Carlos Henao Pérez.

(14) Intervención de la Universidad del Rosario y de ACNUR.