Sentencia C-071 de febrero 23 de 1995 

CORTE CONSTITUCIONAL 

SALA PLENA

DEFENSOR DE OFICIO

CARGO DE FORZOSA ACEPTACIÓN

EXTRACTOS: «El texto del precepto legal que se impugna es el que sigue:

DECRETO 2700 DE 1991 

Por el cual se expiden las normas del procedimiento penal

“Artículo 147. Obligatoriedad del cargo de defensor de oficio. El cargo de defensor de oficio es de forzosa aceptación. En consecuencia, el nombrado estará obligado a aceptar y desempeñar el cargo; sólo podrá excusarse por enfermedad grave o habitual, incompatibilidad de intereses, ser servidor público, o tener a su cargo tres o más defensas de oficio. El defensor designado de oficio que sin justa causa no cumpla con los deberes que el cargo le impone, será requerido por el funcionario judicial para que lo ejerza o desempeñe, conminándolo con multa hasta de dos salarios mínimos mensuales, que impondrá cada vez que haya renuencia, sin perjuicio de las otras sanciones establecidas en la ley”.

b) El defensor de oficio.

La Constitución Nacional consagra en el artículo 229, el derecho que tiene toda persona de acceder a la administración de justicia, y autoriza al legislador para establecer los casos en que se puede acudir a ella sin la representación de abogado.

De otro lado, al regular en el artículo 29 el tema del debido proceso, se refiere expresamente a la institución del defensor de oficio en materia penal, y es así como dispone en el inciso cuarto, que “...Quien sea sindicado tiene derecho a la defensa y a la asistencia de un abogado escogido por él, o de oficio, durante la investigación y el juzgamiento”.

Al tenor de lo dispuesto en estos preceptos del estatuto superior, en asuntos penales es requisito indispensable que quien obre en representación del sindicado, esto es, quien deba asumir su defensa, ha de ser un profesional del derecho, es decir, aquella persona que ha optado al título de abogado y, por consiguiente, tiene los conocimientos jurídicos suficientes para ejercer una defensa técnica, especializada y eficaz, en aras de garantizar al procesado su derecho de defensa.

Sin embargo, la Corte no puede desconocer que existen municipios en donde no es posible contar con abogados titulados para que cumplan la labor de defensor de oficio en asuntos penales, lo que causa perjuicio a los procesados, y es por ello que en Sentencia SU-044 de 1995, con ponencia del magistrado Antonio Barrera Carbonell, aceptó que en casos excepcionalísimos, se puedan habilitar defensores que reúnan al menos las condiciones de egresados, o estudiantes de derecho pertenecientes a un consultorio jurídico. Dijo la Corte:

“La ley no puede autorizar a cualquier persona para intervenir en la defensa de un sindicado; solamente en casos excepcionales en que no pueda contarse con abogado titulado puede habilitar defensores que reúnan al menos las condiciones de egresados, o estudiantes de derecho pertenecientes a un consultorio jurídico (D. 196/71, arts. 30, 31 y 32; D. 765/77), pues de esta forma se consigue el objetivo de que dichos defensores sean personas con cierta formación jurídica. Ni siquiera para la indagatoria del imputado es posible prescindir de la asistencia de un defensor cualificado, porque la indagatoria constituye un acto de defensa del procesado, pues en ella expone las justificaciones y explicaciones de su conducta y de las sindicaciones que se le hagan”.

En este orden de ideas, la regulación normativa de la figura del defensor en materia penal puede diferir notablemente de la que se adopte para procesos de otra índole, pues allí es requisito indispensable que quien actúe como tal sea “abogado”, y sólo lo es quien ha obtenido el título, salvo los casos excepcionales consignados en la sentencia primeramente aludida; mientras que en materia laboral, civil, administrativa, etc., el legislador está autorizado para establecer los casos en que tal condición no se requiere (C.N., arts. 29 y 229).

Dado que el cargo de defensor de oficio tiene operancia en toda clase de procesos, la Corte en esta ocasión solamente se referirá a esa figura en el campo penal, por ser este el contenido de la disposición atacada.

Como es de todos sabido, el defensor puede ser escogido libremente por el sindicado y sólo en el evento de que este no lo designe o no lo quiera designar, podrá el juez de la causa nombrarle uno “de oficio”. La labor que ha de cumplir, en uno y otro caso el abogado nombrado, es idéntica, pues ambos se dirigen a defender en derecho a sus representados, tarea que han de cumplir con eficiencia, honestidad y responsabilidad.

c) La defensoría pública.

Con la expedición del Decreto 053 de 1987 (enero 13), se creó en el Ministerio de Justicia, una división encargada de prestar el servicio de defensoría pública de oficio, destinado como su nombre lo indica, a atender la defensa de los procesados que carecieren de recursos económicos para nombrar un apoderado y que tuvieren necesidad de ella.

Tal servicio, que pasó a formar parte de la Defensoría del Pueblo, a partir de la vigencia del nuevo estatuto supremo, en cuyo artículo 282-4 se le asigna al Defensor del Pueblo la tarea de organizar y dirigir la defensoría pública, en los términos que señale la ley. En desarrollo de este mandato constitucional se dictó la Ley 24 de 1992, la que en el título V, capítulo I, artículos 21 y siguientes, al regular lo relativo a esa institución, dispone que el servicio de defensoría pública se prestará únicamente en favor de quienes se encuentren en imposibilidad económica o social de proveer por sí mismos a la defensa de sus derechos, con el fin de asumir su representación judicial o extrajudicial. Dicha disposición, a juicio de esta Corporación, garantiza plenamente dos derechos fundamentales: el que tiene todo ciudadano de acceder a la justicia o a las decisiones de cualquier autoridad pública, y el derecho de defensa.

Se precisa también en la normatividad precitada, que en materia penal tal servicio se prestará a solicitud del imputado, del sindicado o condenado, del Ministerio Público, del funcionario judicial, o por iniciativa del Defensor del Pueblo, cuando lo estime necesario, y la intervención se hará desde la investigación previa.

De conformidad con el artículo 22 de la misma ley, la defensoría pública se ejerce por los abogados que, como defensores públicos, forman parte de la planta de personal de la entidad; por los abogados titulados e inscritos que hayan sido contratados; por los estudiantes de los dos últimos años de las facultades de derecho oficialmente reconocidas por el Estado, pertenecientes a los consultorios jurídicos, dentro de las condiciones previstas en el estatuto de la profesión de abogado; y por los egresados de las facultades de derecho oficialmente reconocidas por el Estado que escojan la prestación gratuita del servicio como defensores públicos, durante nueve (9) meses, como requisito para optar al título de abogados, y de acuerdo con las condiciones previstas en el estatuto de la abogacía. Sin embargo, vale la pena aclarar que como esta norma alude a toda clase de procesos (penales, civiles, laborales, contencioso administrativos), resulta pertinente reiterar que en asuntos penales, la defensa de los sindicados solamente la pueden ejercer los abogados, es decir, quienes hayan obtenido el título correspondiente, así que los estudiantes de derecho o egresados que no reúnan esta condición están excluidos para desempeñarse como tales, salvo las excepciones a que alude la sentencia precitada.

Pues bien, el Código de Procedimiento Penal en el artículo 141, prescribe: “Cuando en el lugar donde se adelante la actuación procesal no exista defensor público, o fuere imposible designarlo inmediatamente, se nombrará defensor de oficio”. Quiere esto significar que, por regla general, todos los defensores públicos de oficio tienen que designarse de las listas de abogados titulados de la Defensoría Pública, ya sea que pertenezcan a su planta de personal o hayan sido vinculados por contrato, y que excepcionalmente se permite el nombramiento de abogados que no formen parte de ese organismo, cuando en el lugar donde se adelanta el proceso no exista defensor público o fuere “imposible” designarlo inmediatamente, imposibilidad que ha de ser plenamente justificada.

d) La norma acusada.

En el artículo 147 del Código de Procedimiento Penal, materia de impugnación, se establece la obligatoriedad del cargo de defensor de oficio, y se señalan los casos en que es admisible la no aceptación del mismo, a saber: por enfermedad grave o habitual, por incompatibilidad de intereses, por ser servidor público, o por tener a su cargo tres (3) o más defensas de oficio. Igualmente, se consagran sanciones para quien “sin justa causa” incumpla con los deberes que el cargo le impone, en cuyo evento el funcionario judicial deberá requerirlo, conminándolo con multa hasta de dos (2) salarios mínimos mensuales, que impondrá cada vez que haya renuencia, sin perjuicio de las demás sanciones que establezca la ley.

Pues bien: la demandante considera que este precepto legal contraría distintos principios constitucionales, entre los cuales cabe destacar el derecho al trabajo, por no ser elegido libremente por la persona, el principio de igualdad, pues se acuerda un trato discriminatorio desventajoso para los abogados con respecto a los demás profesionales, los Convenios 29 y 105 de la OIT y la Convención americana de derechos humanos, que prohíben el trabajo forzoso u obligatorio, criterio que no comparte la Corte por las razones que se exponen a continuación.

e) El trabajo forzoso.

El Convenio Nº 29 de la Organización Internacional del Trabajo, adoptado en el año de 1930, y aprobado por Colombia mediante la Ley 23 de 1967, define en el artículo 2º numeral 1º, el trabajo forzoso u obligatorio, en los siguientes términos: “...todo trabajo o servicio exigido a un individuo bajo la amenaza de una pena cualquiera y para el cual dicho individuo no se ofrece voluntariamente”.

Y en el numeral 2º la misma norma prescribe, que la expresión trabajo forzoso u obligatorio NO comprende: a) cualquier trabajo o servicio que se exija en virtud de las leyes sobre servicio militar obligatorio y que tenga carácter puramente militar; b) cualquier trabajo o servicio que forme parte de las obligaciones cívicas normales de los ciudadanos de un país que se gobierne plenamente por sí mismo; c) cualquier trabajo o servicio que se exija a un individuo en virtud de una condena pronunciada por sentencia judicial; d) cualquier trabajo o servicio que se exija en casos de fuerza mayor (guerra, siniestros, incendios, inundaciones, temblores de tierra, epidemias, etc.); e) los pequeños trabajos comunales.

En el Convenio Nº 105 de la Organización Internacional del Trabajo, aprobado por Colombia por medio de la Ley 54 de 1962, se ordena, en el artículo 1º, a todos los países miembros suprimir y no hacer uso de ninguna forma de trabajo forzoso u obligatorio: a) como medio de coerción o de educación política o como castigo por tener o expresar determinadas opiniones políticas, por manifestar oposición ideológica al orden político, social o económico establecido; b) como método de movilización y utilización de la mano de obra con fines de fomento económico; c) como medida de disciplina en el trabajo; d) como castigo por haber participado en huelgas; y e) como medida de discriminación racial, social, nacional o religiosa.

En el Pacto internacional de derechos civiles y políticos, aprobado en nuestro país, por la Ley 74 de 1968, se consagra en el artículo 8º numeral 3-a lo siguiente:

“Nadie será constreñido a ejecutar un trabajo forzoso u obligatorio; b) El inciso precedente no podrá ser interpretado en el sentido de que prohíbe, en los países en los cuales ciertos delitos pueden ser castigados con la pena de prisión acompañada de trabajos forzados, el cumplimiento de una pena de esa clase impuesta por un tribunal competente: c) No se considerarán como trabajo forzoso u obligatorio, a los efectos de este párrafo: i) los trabajos o servicios que, aparte de los mencionados en el inciso b), se exijan normalmente de una persona presa en virtud de una decisión judicial legalmente dictada, o de una persona que habiendo sido presa en virtud de tal decisión, se encuentre en libertad condicional, ii) el servicio de carácter militar y, en los países donde se admite la exención por razones de conciencia, el servicio nacional que deben prestar conforme a la ley quienes se opongan al servicio militar por razones de conciencia; iii) el servicio impuesto en casos de peligro o calamidad que amenace la vida o el bienestar de la comunidad; iv) el trabajo o servicio que forme parte de las obligaciones cívicas normales” (resalta la Corte).

En la Convención americana sobre derechos humanos, “Pacto de San José de Costa Rica”, se consagra en el numeral 2º del artículo 6º:

“2. Nadie debe ser constreñido a ejecutar un trabajo forzoso u obligatorio. En los países donde ciertos delitos tengan señalada pena privativa de la libertad acompañada de trabajos forzosos, esta disposición no podrá ser interpretada en el sentido de que prohíbe el cumplimiento de dicha pena impuesta por juez o tribunal competente. El trabajo forzoso no debe afectar a la dignidad ni a la capacidad física e intelectual del recluido.

3. No constituyen trabajo forzoso u obligatorio, para los efectos de este artículo: a) los trabajos o servicios que se exijan normalmente de una persona recluida en cumplimiento de una sentencia o resolución formal dictada por la autoridad judicial competente. Tales trabajos o servicios deberán realizarse bajo vigilancia y control de las autoridades públicas, y los individuos que los efectúen no serán puestos a disposición de particulares, compañías o personas jurídicas de carácter privado; b) el servicio militar y, en los países donde se admite exención por razones de conciencia, el servicio nacional que la ley establezca en lugar de aquél; c) el servicio impuesto en caso de peligro o calamidad que amenace la existencia o el bienestar de la comunidad, y d) el trabajo o servicio que forme parte de las obligaciones cívicas normales” (lo destacado es de la Corte).

Pues bien: al leer la definición de “trabajo forzoso u obligatorio” contenida en estas disposiciones internacionales, parecería a simple vista que le asiste razón a la accionante, porque el cargo de defensor de oficio a que alude la norma demandada es de forzosa aceptación, la persona no se ha ofrecido voluntariamente a prestarlo, y su no aceptación acarrea sanciones, ya que únicamente permite excusarse en los eventos que allí se indican en forma taxativa. Sin embargo, ello es apenas aparente, porque son esos mismos tratados y convenios internacionales, los que permiten la prestación de ciertos servicios o trabajos que a pesar de considerarse forzosos u obligatorios no lo son. Dentro de ellos se encuentra “el trabajo o servicio (que) forme parte de las obligaciones cívicas normales de los ciudadanos”, como es el caso de debate.

En efecto, si conforme al artículo 95-7 de la Carta Política, es deber cívico de todo ciudadano “colaborar para el buen funcionamiento de la administración de justicia”, con mayor razón lo es del abogado, quien dada su misión de “defender en justicia los derechos de la sociedad y de los particulares”, tiene además una labor social que cumplir, la cual fue definida por el legislador así: “la abogacía tiene como función social la de colaborar con las autoridades en la conservación y perfeccionamiento del orden jurídico del país, y en la realización de una recta y cumplida administración de justicia” (D. 196/71, arts. 1º y 2º).

Entonces, resulta congruente con esos mandatos que se exija su colaboración con la justicia, desempeñándose como defensor de oficio en asuntos penales, cargo que como ya se ha reiterado, vendría a ser excepcional, pues corresponde ejercerlo a los abogados de la Defensoría del Pueblo y sólo en el evento de que no exista defensor público en el lugar donde se adelante el proceso, o no sea posible designarlo inmediatamente, se podrá nombrar a un abogado ajeno a ese organismo, esto es, un particular.

Es conveniente subrayar que quien ejerce las funciones de defensor de oficio no sufre una injusta discriminación con respecto a quienes reciben por el desempeño del cargo alguna remuneración. Las condiciones excepcionales que justifican su nombramiento —imposibilidad de hecho de que sea ejercida la defensa a cambio de una contraprestación económica—, determinan que, en beneficio del procesado carente de recursos y del debido proceso, se exija de quien ejerce una profesión a la que es inherente un sentido social y humanitario, que haga un pequeño sacrificio en aras de la recta administración de justicia que está llamado a servir.

Es que dentro de una filosofía solidarista como la que informa a la Constitución colombiana, no siempre las cargas que la conducta altruista implica deben ser asumidas por el Estado. Exigir como obligatoria una prestación que redunda en beneficio social y que no es excesivamente onerosa para quien la rinde, está en armonía con los valores que inspiran nuestra Carta. Claro está que los recursos presupuestales de que dispone la Defensoría del Pueblo deben ser distribuidos de manera equitativa y eficiente, de tal suerte que la apelación al defensor de oficio sea una situación realmente justificada y excepcional.

Resulta también pertinente anotar que además de las causales de excusa para desempeñar el cargo, enumeradas expresamente en el artículo 147 del decreto, puede el juez admitir, con un criterio de razonabilidad, otras que estime fundadas y que, de ser desechadas, pudieran incidir negativamente en la defensa del procesado o resultar violatorias de algún derecho fundamental de la persona designada. Sería el caso, verbi gratia, de alguien que habiendo sido víctima de un delito que, por esa razón, le produce especial repugnancia, fuera obligado a defender a una persona que incurrió en una conducta significativamente análoga.

Se constituye así la norma demandada en pleno desarrollo del principio de solidaridad, contenido en el artículo 1º de la Constitución, puesto que la defensa de oficio se presta en favor de una persona, que no está en posibilidad de defender sus derechos en el proceso penal que se adelanta en su contra. Además, el sacrificio exigido por la norma a quien se designe abogado de oficio, no excede al que ordinariamente va implícito en el cumplimiento de un deber cualquiera.

Por estas razones, considera la Corte que el artículo 147 del Decreto 2700 de 1991, materia de impugnación, no vulnera las normas constitucionales citadas por la demandante, ni ninguna otra del estatuto superior.

En mérito de lo expuesto, la Corte Constitucional en nombre del pueblo y por mandato de la Constitución Nacional,

RESUELVE:

Declarar EXEQUIBLE el artículo 147 del Decreto 2700 de 1991 —Código de Procedimiento Penal—.

Cópiese, notifíquese, comuníquese a quien corresponda, publíquese, insértese en la Gaceta de la Corte Constitucional y archívese el expediente».

(Sentencia C-071 de febrero 23 de 1995. Magistrado Ponente: Dr. Carlos Gaviria Díaz).

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