Sentencia C-710 de septiembre 3 de 2002 

CORTE CONSTITUCIONAL

SALA PLENA

Sentencia C-710 de 2002 

Ref.: Expediente D-3938

Magistrado Ponente:

Dr. Jaime Araújo Rentería

Demanda de inconstitucionalidad contra los artículos 108 y 109 del Decreto-Ley 1792 de 2000.

Demandante: Nancy Susana Gómez Quiroz.

Bogotá, D.C., tres de septiembre de dos mil dos

EXTRACTOS: «II. Norma acusada

A continuación se transcribe el texto de la disposición demandada, conforme a su publicación en el Diario Oficial 44.161 del 14 de septiembre de 2000:

"DECRETO-LEY 1792 DE 2000

(Septiembre 14)

Por el cual se modifica el estatuto que regula el régimen de administración del personal civil del Ministerio de Defensa Nacional, se establece la carrera administrativa especial.

El Presidente de la República de Colombia

DECRETA:

(…).

ART. 108.—Cargos del período fijo. Los cargos del magistrado del Tribunal Superior Militar y de Fiscal Penal Militar ante el Tribunal Superior Militar son de período individual de cinco (5) años prorrogables hasta por una sola vez, previa evaluación del desempeño.

PAR.—Los magistrados del Tribunal Superior Militar, que ostenten la calidad de miembros de la fuerza pública reiterados continuarán en sus cargos hasta cumplir el período para el cual fueron nombrados con anterioridad a la entrada en vigencia de la Ley 522 de 1999 y los fiscales penales militares ante la misma corporación, hasta cumplir el período a que se refiere el presente artículo contado a partir de la fecha de su designación".

"ART. 109.—Empleados de la justicia penal militar. Los empleados civiles del ministerio que desempeñan cargos en las diferentes instancias y despachos de la justicia penal militar, que puedan ser desempeñados por civiles, se regirán por lo dispuesto en el presente decreto.

Los requisitos para el desempeño de cargos que, de conformidad con lo dispuesto en la Constitución Política y el Código Penal Militar, puedan ser ocupados por personal civil serán los mismos exigidos cuando tales cargos sean desempeñados por miembros de la fuerza pública, en lo pertinente.

PAR.—Para los efectos del presente artículo se entiende por civiles, quienes no sean miembros de la fuerza pública o se encuentren en uso de buen retiro".

(...).

VI. Consideraciones y fundamentos

1. Competencia.

La Corte es competente para decidir sobre la demanda presentada, en virtud de lo dispuesto en el artículo 241-4 de la Constitución Política.

2. Planteamiento del problema.

La actora demanda la inconstitucionalidad de los artículos 108 y 109 del Decreto Ley 1792 de 2000, puesto que, en su opinión, esos artículos vulneran lo establecido en los artículos 29, 150-10, 152b, 158, 169 y 221 de la Constitución Política. Esto es, “la ley que facultó al Presidente de la República para derogar, modificar o adicionar el Decreto-Ley 1214 de 1990 no incluyó expresamente facultad alguna para referirse a lo que el capítulo II del Decreto-Ley 1792 de 2000 denomina empleos de la justicia penal militar, y desarrolla en los artículos 108 y 109 como cargos de período individual y empleados de la justicia penal militar". Agregando que “las condiciones para ejercer empleos de la justicia penal militar se establecieron anteriormente, en el Código Penal Militar expedido mediante Decreto-Ley 2550 de 1988 y en el artículo 2º del Decreto Ejecutivo 1513 de 2000, norma posterior al Decreto-Ley 1792 de 2000".

Tal como lo observó el magistrado ponente mediante auto del 5 de marzo de 2002, en relación con el presente asunto la Corte Constitucional profirió la Sentencia C-757 de 2001 sobre la constitucionalidad de todo el Decreto-Ley 1792 de 2000, con referencia a los cargos por presunta violación de los artículos 40, 55, 103, 150-10 y 158 de la Constitución Política, en virtud de los cuales la ley habilitante no otorgó facultades expresas para derogar, modificar o adicionar la Ley 200 de 1995, la Ley 443 de 1998 ni los decretos-leyes 1567 y 1568 de 1998. En dicha sentencia se indicó que una parte de las disposiciones acusadas, entre ellas los artículos 108 y 109 del decreto se declararía exequible en relación con los cargos examinados.

Por lo tanto, aunque existe cosa juzgada, ésta es solamente relativa por cuanto los cargos de la nueva demanda son diferentes. Por donde, para una mejor inteligencia del asunto la Sala acometerá su estudio bajo los siguientes títulos: a) facultades otorgadas al Presidente de la República por la Ley 578 de 2000; b) ámbito material del Decreto-Ley 1792 de 2000; c) confrontación constitucional de los artículos acusados.

a) Facultades otorgadas al Presidente de la República por la Ley 578 de 2000.

A través de la Ley 578 de 2000 se revistió al Presidente de la República de facultades extraordinarias para expedir normas relacionadas con las Fuerzas Militares y de Policía Nacional. Al respecto se concretaron tales poderes en orden a la expedición de “las normas de carrera, los reglamentos del régimen disciplinario y de evaluación de los oficiales o suboficiales de las Fuerzas Militares… los estatutos del personal civil del Ministerio de Defensa y la Policía Nacional…". En relación con esta ley recayeron las siguientes sentencias de la Corte Constitucional: C-1493 de 2000 y C-1713 de 2000. Las cuales, en lo tocante a inexequibilidades no tienen trascendencia en el caso bajo estudio.

b) Ámbito material del Decreto-Ley 1792 de 2000.

Mediante este decreto se modifica el estatuto que regula el régimen de administración del personal civil del Ministerio de Defensa Nacional y se establece la carrera administrativa especial. Estipulando en el capítulo II del título IV (Trabajadores oficiales y empleados de la justicia penal militar) lo concerniente los empleos de la justicia penal militar.

A propósito de este decreto se pronunció la Corte Constitucional en Sentencia C-757 de 2001, expresando:

"Examinados por esta corporación cada uno de los artículos del Decreto-Ley 1792 de 2000 atacado a la luz de las consideraciones anteriores, se ha de concluir que deben ser declarados inexequibles aquellos preceptos que fueron dictados en relación con el régimen especial de carrera para el personal civil del Ministerio de Defensa, para la cual no fueron conferidas facultades extraordinarias por el artículo 2º de la Ley 578 de 2000, al no figurar expresamente dentro de los decretos que podían ser objeto de derogatoria, modificación o adición, la Ley 443 de 1998 ni los decretos que la desarrollaron.

"Respecto de las demás disposiciones del decreto atacado, cuyas materias formaban parte del Decreto 1214 de 1990, incluidos los derechos, deberes y obligaciones del “personal civil del Ministerio de Defensa y la Policía Nacional" a que éste alude y que figuraba en el listado contenido en el artículo 2º de la Ley 578 de 2000, esta corporación declarará su exequibilidad en relación con los cargos examinados en esta sentencia".

Consecuentemente se resolvió:

"Primero: Declarar exequibles, por los cargos analizados en esta sentencia, los títulos I (arts. 1º y 2º), II (arts. 3º a 56), IV (arts. 103 a 109) y V (arts. 110 a 114) del Decreto 1792 de 2000, con excepción de las expresiones “y establecer la carrera administrativa especial" contenida en el artículo 1º, “de estas novedades se informará a la comisión administradora de carrera" contenida en el artículo 27, “de conformidad con el presente decreto" contenida en el artículo 47, “y la comisión administradora de carrera" contenida en el artículo 110, así como de los artículos 112 y 113 que se declaran inexequibles.

"Segundo. Declarar inexequibles el título III (arts. 57 a 102) del Decreto 1792 de 2000”.

c) Confrontación constitucional de los artículos acusados.

En sentir de la demandante los artículos 108 y 109 del Decreto-Ley 1792 de 2000 violan el artículo 221 superior por cuanto las cortes marciales o tribunales militares deben integrarse únicamente con miembros de la fuerza pública en servicio activo o en retiro, calidad que no acompaña al personal civil del Ministerio de Defensa Nacional.

Pues bien, en lo atinente al artículo 221 de la Constitución Política dijo esta Corte en Sentencia C-473 de 1999:

"3.1. No le asiste razón a la demandante, cuando sostiene que el artículo 221 de la Constitución con la reforma introducida por el referido acto legislativo, no impide que los civiles puedan acceder al cargo de magistrado del tribunal militar. En efecto, antes de la reforma constitucional, el artículo 323 del Código Penal Militar no limitaba a la posibilidad de que personas civiles pudieran integrar el Tribunal Superior Militar en calidad de magistrados, pues la norma, luego de señalar los requisitos generales para ser magistrado de dicho tribunal, establecía que además debía llenarse “por lo menos uno" de los tres requisitos previstos en ella, a saber: “1. Haber sido magistrado o fiscal del Tribunal Superior Militar o de distrito judicial —Sala Penal— por un tiempo no menor de dos (2) años…" o “2. Haber sido auditor superior o auditor principal de guerra por más de cuatro (4) años, o auditor auxiliar o juez de instrucción penal militar por un tiempo no menor de seis (6) años”, o “3. Ser oficial de las fuerzas militares o de la policía en servicio activo con título de abogado, obtenido por lo menos (4) años, antes de la elección y haber desempeñado cargos de juez de instrucción o auditor de guerra dentro de la organización de la justicia castrense, por un tiempo no menor de cinco (5) años".

"De esta manera el personal civil que se encontraba dentro de las dos primeras hipótesis, podía de acuerdo con el artículo 323 parcialmente acusado, acceder al cargo de magistrado del Tribunal Superior Militar.

Sin embargo, se reitera que con la entrada en vigencia del Acto Legislativo 2 de 1995, es imperativo que las cortes marciales y los tribunales militares estén integrados por militares en servicio activo o en retiro, lo cual consecuentemente, impide que el personal civil pueda acceder a dichos cargos.

"Si bien resulta evidente, que las calidades para ser magistrado del tribunal militar debería estar referidas a factores objetivos fundados esencialmente en las condiciones morales y profesionales de los aspirantes y que el carácter de militar en servicio activo o en retiro no debería ser una condición esencial para acceder a dicho cargo, lo cierto es que actualmente en virtud del Acto Legislativo 2 de 1995, tal condición se convirtió en relevante. Por consiguiente, es ineludible considerar que el constituyente introdujo en esta materia, una excepción al principio general de la igualdad en el acceso al desempeño de funciones y cargos públicos gobernado por los artículos 13, 40 y 125 de la Constitución.

"Adicionalmente, hay que tener en cuenta que una de las razones por las cuales se estableció una jurisdicción penal especial conformada por miembros de la fuerza pública, es la de que además del criterio jurídico que exigen las decisiones judiciales, esos jueces y magistrados tengan conocimiento de la estructura, procedimientos y demás circunstancias propias de la organización armada, de suyo complejas y que justifican evidentemente la especificidad de esa justicia".

Ahora bien, en lo concerniente al derecho que tienen los civiles para acceder a cargos en la jurisdicción penal militar puntualizó la Corte en líneas posteriores.

"3.3. Así mismo, la Corte encuentra que el artículo 323 no viola los artículos 25 y 53 de la Carta Política, puesto que esta disposición no restringe la posibilidad y de que el personal civil pueda acceder, en igualdad de oportunidades a cargos en la jurisdicción militar, ya que la limitación que establece la reforma efectuada al artículo 221 constitucional, se refiere única y exclusivamente a la conformación de los tribunales militares y las cortes marciales, los cuales obligatoriamente deben estar integrados por personal de la fuerza pública en servicio activo o retiro. Es decir, los civiles pueden acceder a los diferentes cargos existentes en dicha jurisdicción, con excepción de aquellos que integran dichos tribunales y cortes".

En la misma perspectiva, en Sentencia C-676 de 2001 dijo la Corte:

"La justicia penal militar constituye una excepción a la regla general que otorga la competencia del juzgamiento de los delitos a la jurisdicción ordinaria. Este tratamiento particular, que se despliega tanto a nivel sustancial como procedimental, encuentra justificación en el hecho de que las conductas ilícitas sometidas a su consideración están estrechamente vinculadas con el manejo de la fuerza; y a que los sujetos activos que incurren en ellas están subordinados a reglas de comportamiento extrañas a las de la vida civil, todo lo cual marca una abierta incompatibilidad con el sistema punitivo a cargo de la jurisdicción ordinaria" (1) .

(1) Véase también el salvamento de voto presentado por el magistrado Jaime Araújo Rentería.

En cuanto a la calificación de los miembros de la fuerza pública que aspiren a desempeñar cargos de estirpe judicial en la jurisdicción militar, destacó la Corte en párrafos posteriores:

"Para la Corte, la competencia legislativa que se ha venido justificando a lo largo de esta providencia, incluye la potestad de definir cuáles miembros de la fuerza pública, de acuerdo con su jerarquía, deben ocupar los cargos de estirpe judicial en la jurisdicción militar. Sería absurdo suponer que el constituyente, sin criterio alguno ni consideración a la preparación académica o militar del aspirante, concedió la posibilidad de aplicar justicia a todos los miembros de las Fuerzas Militares o de la policía, pues ello si estaría en abierta desproporción con los fines de la administración de justicia e iría en detrimento de la responsabilidad implícita a dicha función pública. Sin pretender demeritar su rectitud moral y su capacidad intelectual, es apenas entendible que un soldado o un agente de la policía no tendrán la misma capacidad para administrar los procesos judiciales que se ponen a consideración de esta jurisdicción, que los oficiales que han acreditado sus conocimientos en derecho mediante un título universitario, y además, han sido “entrenados y capacitados con la finalidad principal de ejercer el mando y la conducción de los elementos de combate y apoyo de combate del ejército en todos los escalones de la jerarquía militar".

De cara al artículo 221 superior el artículo 108 del Decreto-Ley 1792 de 2000 se refiere en su primer apartado al factor de los cargos de magistrado del Tribunal Superior Militar y de fiscal penal militar ante el Tribunal Superior Militar, sin que al respecto se haga alusión alguna a los requisitos, calidades o condiciones exigidos para acceder a tales cargo. Es decir, en el entendido de que las cortes marciales o los tribunales militares estarán integrados por miembros de la fuerza pública en servicio activo o en retiro, el período individual de los prenotados cargos es de cinco años, prorrogables hasta por una sola vez, previa evaluación del desempeño. De suerte tal que la prórroga contemplada, lejos de ser automática sienta sus reales en la calidad del desempeño judicial mostrado por el respectivo magistrado o fiscal.

Advirtiendo a la vez que dadas las funciones de agente del Ministerio Público que apareja el cargo de fiscal penal militar ante el Tribunal Superior Militar, el mismo sólo puede ser desempeñado por quienes no sean miembros activos de la fuerza pública o se encuentran en uso de buen retiro. Pues según o ha sostenido esta corporación:

“3. …es pertinente señalar que la Ley 201 de 1995 ha establecido que los militares en servicio activo no pueden ocupar cargos en la procuraduría o en la Defensoría del Pueblo. En efecto, el artículo 175 precisa en su numeral d), el cual fue declarado exequible por esta corporación en su Sentencia C-196 de 1997, magistrado ponente Carmenza Isaza de Gómez lo siguiente:

“ART. 175.—Incompatibilidades. Los cargos y empleos de la Procuraduría General de la Nación y de la Defensoría del Pueblo son incompatibles:

"(…).

"d) Con la condición de miembro activo de la fuerza pública".

"4. Con todo, se preguntaba la Corte si constitucionalmente resulta admisible que un miembro activo de la fuerza pública desempeñe el cargo de procurador judicial penal ante el Tribunal Superior Militar. Sobre este particular es importante tener en cuenta que el artículo 362 del Código Penal Militar expresa que los fiscales ante el Tribunal Superior Militar cumplen la función de agentes del Ministerio Público, función esta que la Constitución le asignó de manera clara y exclusiva a los miembros de la Procuraduría General de la Nación, en los términos que indique la ley (C.P., art. 277-7). Es decir, los citados servidores públicos deben pertenecer a la estructura orgánica de la Procuraduría General de la Nación y estar sometidos, exclusivamente, al poder de dirección que ejerce el Procurador General. En este sentido se manifestó la Corte, en la Sentencia C-283 de 1997, al indicar:

"Por la razón mencionada, el artículo 277 de la Constitución Política, al establecer las funciones de la Procuraduría General de la Nación, señala que estas podrán ser ejercidas por el Procurador General de la Nación directamente o a través de sus delegados y agentes. Sin embargo, no sobra advertir, que resultará inexequible la disposición que asigne a un servidor público, que no exhiba la calidad de agente o delegado del procurador general, alguna de las funciones que constitucionalmente le pertenecen a la procuraduría. En efecto, de la calidad de “supremo director" se deriva la facultad de coordinar, orientar y controlar a los servidores públicos que actúen bajo su dirección, así como la de revisar sus actuaciones. En estas circunstancias, un funcionario excluido del poder de dirección que ostenta el procurador general no puede, sin que con ello se comprometan los artículos 275 y 277 de la Carta, ser titular de aquellas funciones que, por orden de la Constitución, le compete cumplir a la Procuraduría General de la Nación" (negrillas no originales).

5. Así, pues, dado que los fiscales ante el Tribunal Superior Militar cumplen las funciones de agentes del Ministerio Público es claro que ellos deben ser funcionarios de la Procuraduría General de la Nación (C.P., art. 277-7). Cabe aun preguntar si, a la luz de la Constitución, un miembro de la fuerza pública podría al mismo tiempo ser funcionario de la procuraduría, de manera que pudiera también ser designado como agente del Ministerio Público ante la justicia penal militar. Esta corporación considera que la respuesta debe ser negativa. Ciertamente, una tal dualidad de funciones afectaría ostensiblemente la independencia y la autonomía de los miembros de la procuraduría (C.P., arts. 113, 117, 118, 275, 277)" (2) .

(2) Corte Constitucional C-358 de 1997.

Lo cual no admite objeción alguna si se considera que la función de Ministerio Público debe sujetarse a los principios de independencia, imparcialidad y objetividad, inherentes al debido proceso y al ejercicio de la función jurisdiccional (3) .

(3) Corte Constitucional C-141 de 1995.

Por su parte el parágrafo del artículo 108 se erige como una regla de mera transición normativa en tanto dispone que los magistrados del Tribunal Superior Militar —que ostenten la calidad de miembros de la fuerza pública en retiro— continuarán en el ejercicio de sus cargos sin solución de continuidad hasta cumplir el período para el cual fueron nombrados con anterioridad a la Ley 522 de 1999. En el mismo sentido, los fiscales penales militares ante dicho tribunal continuarán desempeñando sus cargos sin solución de continuidad hasta cumplir el período de cinco años, contados a partir de la fecha de su designación, entendida ésta como la de su posesión. Y como en el caso de la primera parte del artículo 108, el parágrafo en cuestión, lejos de hacer alusión alguna a los requisitos, calidades o condiciones exigidos para ser magistrado o fiscal, se contrae literalmente al fenómeno de la aplicación de la ley en el tiempo.

Es de observar también que el contenido del primer apartado del artículo 108 constituye una reiteración textual del artículo 4º del mismo Decreto 1792 que dice: “Empleos de período fijo. Los cargos de magistrado del Tribunal Superior Militar y fiscal penal militar ante este tribunal son de período individual de cinco (5) años, prorrogable hasta por una sola vez, previa evaluación del desempeño”, razón por la cual esta corporación hará unidad normativa con este último a efectos de resolver bajo la comprensión y coherencia que precisa todo examen de constitucionalidad.

Se pregunta la Sala entonces ¿dónde podría residir la inexequibilidad que alega el demandante con cargo al artículo 108 del Decreto-Ley 1792 de 2000?

Veamos pues. En lo que hace el artículo 221 superior, según se ha visto, la norma cuestionada no entraña quebrantamiento alguno frente a la conformación de la cortes marciales o tribunales militares; antes bien, a instancias del artículo 108 se precisa el factor temporal de competencia que rige para los cargos del magistrado del Tribunal Superior Militar y de fiscal penal militar ante el mismo tribunal, de fundamental importancia para la investidura y ejercicio de unos y otros. Por donde además, la disposición acusada se acompasa nítidamente con el principio del debido proceso que condesa el artículo 29 de la Constitución Política.

En lo relativo al principio de unidad de materia la norma examinada corre con la misma suerte, pues, advirtiendo que el Decreto-Ley 1792 de 2000 ostenta como perceptiva dominante el “régimen de administración del personal civil del Ministerio de Defensa Nacional”, la pertinencia del dispositivo impugnado no ofrece duda a la luz de las siguientes razones:

En efecto, el artículo 108 del Decreto-Ley 1792 de 2000 exhibe la pertinencia legislativa exigida por la Constitución para con el tema central y predominante que en el presente caso corresponde al régimen de administración del personal civil del Ministerio de Defensa Nacional, por cuanto, siendo claro que conforme al parágrafo del artículo 109 del Decreto 1792 de 2000 los miembros de la fuerza pública en retiro se consideran civiles, fuerza reconocer su pertinencia jurídica al ámbito material del decreto acusado, preservándose al punto la unidad de materia que reclama la Constitución Política.

Por consiguiente, las menciones que el artículo 108 del Decreto-Ley 1792 de 2000 hace sobre “magistrados del Tribunal Superior Militar" resultan propias el régimen del personal civil en comento, en el entendido de que se trate de miembros de la fuerza pública en retiro. Así, al resolver se declarará la exequibilidad de la expresión “magistrado del Tribunal Superior Militar”, del primer apartado del artículo 108 cuestionado, bajo el condicionamiento visto. Por unidad normativa, y bajo el mismo condicionamiento, también se declarará exequible la expresión “magistrado del Tribunal Superior Militar”, contenida en el artículo 4º del Decreto Ley 1792 de 2000.

Por las mismas razones el parágrafo del artículo 108 ibídem se declarará exequible, máxime si se considera que en sus dictados se hace expresa referencia a los magistrados del Tribunal Superior Militar, que ostenten la calidad de miembros de fuerza pública reiterados.

De otro lado debe registrarse que el Decreto Ley 1792 de 2000 no quebranta el artículo 169 constitucional por cuanto su título corresponde precisamente al contenido de su cuerpo normativo.

Prosiguiendo ahora con el examen del artículo 109 del Decreto Ley 1792 de 2000, la Corte encuentra que su primer inciso está referido a los cargos que pueden ser ejercidos por los empleados civiles del Ministerio de Defensa Nacional en las diferentes instancias y despachos de la Justicia Penal Militar, indicando que se regirán por lo dispuesto en este mismo decreto. Lo cual se atempera al artículo 221 constitucional si se tiene en cuenta que según lo ha pregonado esta Corte, el personal civil puede acceder en igualdad de oportunidades a cargos de la jurisdicción militar, por cuanto:

“…la limitación que establece la reforma efectuada el artículo 221 constitucional, se refiere única y exclusivamente a la conformación de los tribunales militares y las cortes marciales, los cuales obligatoriamente deben estar integrados por personal de la fuerza pública en servicio activo o retiro. Es decir, los civiles pueden acceder a los diferentes cargos existentes en dicha jurisdicción, con excepción de aquellos que integran dichos tribunales y cortes”.

O como lo dice la vista fiscal en el presente caso:

“…es claro que cuando el ordenamiento alude al Tribunal Superior Militar y a la corte marcial hace referencia a los servidores que los integran (sic) según las normas anteriormente citadas, sin incluir en este concepto al grupo de personas que han sido asignadas para trabajar en la justicia penal militar pero que no cumplen la función de administrar justicia y especialmente la de juzgar a los miembros de la fuerza pública, sino que desarrollan labores de apoyo operativo para el funcionamiento de esta jurisdicción”.

Desde luego: el correcto entendimiento del artículo 221 de la Constitución Política impone una desagregación distintiva entre quienes integran las cortes marciales o tribunales militares con entero poder dispositivo para el juzgamiento de los miembros de la fuerza pública en servicio activo, y en relación con el mismo servicio; y aquellos que, a la manera de auxiliares subalternos, prestan su concurso en labores que puedan abarcar desde las tareas meramente operativas hasta su colaboración en la redacción de proyectos providencias. Por donde, en la medida en que se trata de atribuciones desprovistas de todo poder decisorio, su ejercicio bien puede recaer en el personal civil señalado en el artículo acusado, rigiéndose al efecto por los cánones del Decreto Ley 1792 de 2000. Más aun, nótese como el legislador fue previsivo al condicionar la participación de los civiles aludiendo a los cargos “que puedan ser desempeñadas por civiles”, es decir, con arreglo a la preceptiva vigente sobre la materia. Descartándose de plano cualquier conato nominador que pudiera afectar la esfera especial y preferente reservada con exclusividad a los miembros de la fuerza pública en servicio activo o en retiro para integrar en sentido estricto las cortes marciales o tribunales militares.

Ahora bien, a través del segundo inciso del prenotado artículo 109 se pone de presente la uniformidad de los requisitos —para civiles y miembros de la fuerza pública, en lo pertinente— exigidos al personal civil cuando quiera que pretenda desempeñar cargos de la justicia penal militar. Sometiendo al efecto la participación de los civiles a las prescripciones establecidas en la Constitución Política y en el Código Penal Militar.

Compendiando tenemos que, mientras el primer inciso del artículo 109 establece como regla general la sujeción del personal civil al Decreto Ley 1792 de 2000, en tanto empleados adscritos a las diferentes instancias y despachos de la justicia penal militar, por su parte el segundo inciso del mismo artículo se focaliza y concreta en los requisitos exigidos para acceder a tales destinos, destacando al respecto la Constitución Política y el Código Penal Militar. De lo cual se sigue que, sin perjuicio de los lineamientos básicos establecidos en el Decreto Ley 1792 de 2000 para el personal civil en el marco de la justicia penal militar, en lo atinente a requisitos para su acceso a los respectivos empleos de esta jurisdicción se deberan privilegiar siempre los parámetros estipulados en la Constitución Política y en el Código Penal Militar. Predicado al que concurren lo dispuesto en el artículo 6º del Decreto Ley 1792 de 2000.

De manera complementaria el parágrafo del artículo 109 define lo que debe entenderse por civiles, asunto que de suyo corresponde al resorte del legislador primario o secundario.

En esta perspectiva el artículo 109 del Decreto Ley 1792 de 2000 se ajusta al mandato del artículo 221 constitucional, en orden a la composición de las cortes marciales o tribunales militares que en modo alguno excluyen la necesaria colaboración de empleados subalternos que si bien no administran justicia, en la práctica le prestan un invaluable servicio a la justicia penal militar en la senda de la sustanciación y del debido proceso mismo (C.P., art. 29).

El principio de unidad de materia resulta igualmente correspondido por cuanto el contenido del artículo 109 se ensambla adecuadamente dentro del cuerpo temático predominante del decreto acusado: el régimen de administración de personal civil del Ministerio de Defensa Nacional. Como que el dispositivo impugnado se refiere precisamente a los empleados civiles del Ministerio de Defensa Nacional.

Finalmente, y ya mirando de conjunto los artículos 108 y 109, en lo que dice relación a la supuesta vulneración del artículo 150-10 de la Constitución Política la demandante construye una glosa que la margina de la acción de inconstitucionalidad, a tiempo que la ubica en los dominios de la acción de nulidad simple, propia del Consejo de Estado, que no de la Corte Constitucional. Consecuentemente, por ausencia de cargo no podrá haber pronunciamiento de fondo sobre este particular.

En el mismo sentido, la supuesta violación del literal b) del artículo 152 superior destaca por la carencia de sustentación del cargo, pues según se observa, la actora se limitó a decir en forma abstracta que “…lo concerniente a la administración de justicia y a sus servidores compete exclusivamente al Congreso Nacional mediante la ley estatutaria…”. Por lo mismo, ante dicha falencia tampoco podrá haber pronunciamiento de fondo en este punto.

Así, pues, con arreglo a las consideraciones expuestas esta corporación declarará la exequibilidad condicionada del artículo 108 y la exequibilidad total del artículo 109 del Decreto Ley 1792 de 2000, por los cargos examinados, en la forma que pasa a verse.

Decisión

En mérito de lo expuesto, la Sala Plena de la Corte Constitucional, oído el concepto del Procurador General de la Nación y cumplidos los trámites y requisitos que contempla el Decreto 2067 de 1991, administrando justicia en nombre del pueblo y por mandato de la Constitución,

RESUELVE:

1. Declárase EXEQUIBLE el primer apartado del artículo 108 del Decreto Ley 1792 de 2000, por los cargos examinados, en el entendido de que la expresión “magistrado del Tribunal Superior Militar” se halla referida a los miembros de la fuerza pública en uso de buen retiro. Por unidad normativa y bajo el mismo condicionamiento declárase también EXEQUIBLE la expresión “magistrado del Tribunal Superior Militar”, contenida en el artículo 4º del mismo decreto ley.

2. Declárase EXEQUIBLE el parágrafo del artículo 108 del Decreto Ley 1792 de 2000, por los cargos examinados.

3. Declárase EXEQUIBLE el artículo 109 del Decreto Ley 1792 de 2000.

4. Cópiese, notifíquese, comuníquese, insértese en la Gaceta de la Corte Constitucional, cúmplase y archívese el expediente».

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