Sentencia C-711 de julio 6 de 2005 

CORTE CONSTITUCIONAL

SALA PLENA

Sentencia C-711 de 2005 

Ref.: Expediente D-5583

Magistrado Ponente:

Dr. Alfredo Beltrán Sierra

Demanda de inconstitucionalidad contra el artículo 105 del Decreto-Ley 1355 de 1970 “por el cual se dictan normas sobre policía”.

Actor: Néstor Mario Herrera Loaiza

Bogotá, D.C., seis de julio de dos mil cinco.

EXTRACTOS: «II. Norma demandada

A continuación, se transcribe el texto de la disposición acusada.

“ART. 105.—La policía podrá impedir la realización de reuniones y desfiles públicos que no hayan sido anunciados con la debida anticipación.

Igualmente podrá tomar la misma medida cuando la reunión o desfile no cumplan los objetivos señalados en el aviso”.

(...).

VI. Consideraciones y fundamentos

1. Competencia.

En virtud de lo dispuesto por el artículo 241, numeral 5º, de la Constitución, la Corte Constitucional es competente para conocer de esta demanda, pues se trata de acusaciones contra una disposición contenida en un decreto-ley.

2. Lo que se debate. Cosa juzgada e inhibición.

Al momento de admitir esta demanda, el magistrado sustanciador hizo la advertencia de que si bien existía un pronunciamiento previo de la Corte sobre el artículo 105 del Código de Policía en la Sentencia C-024 de 1994, este se dio en lo concerniente al artículo 37 de la Constitución y respecto del inciso primero del artículo 105. Por consiguiente, admitió la acusación contra todo el artículo 105, por supuestamente infringir el artículo 20 de la Carta.

Sin embargo, en esta etapa procesal, la Corte al examinar detenidamente la acusación, llega a la conclusión de que, por una parte, existe cosa juzgada respecto del primer inciso, e ineptitud sustancial de la demanda, sobre el inciso segundo, como pasa a explicarse.

El artículo acusado dice:

“ART. 105.—La policía podrá impedir la realización de reuniones y desfiles públicos que no hayan sido anunciados con la debida anticipación.

Igualmente podrá tomar la misma medida cuando la reunión o desfile no cumplan los objetivos señalados en el aviso”.

Y las explicaciones que suministró el actor para impugnar su constitucionalidad, son las siguientes:

“Es así como debemos entender que dicha norma [art. 105] esta limitando este derecho de reunión y por ende de opinión, a unas condiciones como son : falta de anuncio con la debida anticipación y cuando no cumpla con los objetivos señalados en ella.

Así pues, respetuosamente, considero que estas limitantes no le dan las suficientes garantías a lo consagrado del derecho de libertad de opinión, puesto que un formalidad como esta, no puede suspender la expresión de las ideas y conceptos del que gozan todas las personas, ni el hecho de difundirlas o criticarlas de una manera respetuosa y pacífica, es decir, si un grupo de personas se reúnen (sic), expresan (sic) y difunden (sic) su pensamiento, forman (sic) una reunión o desfile para protestar, expresar, opinar o informar y lo hacen (sic) con todas las garantías de las instituciones y normas superiores consagradas para mantener la paz y el buen funcionamiento del orden público, no debería ser dispersas por las autoridades de policía solamente por no cumplir con un requisito que a la postre tampoco garantiza el normal funcionamiento de dicha reunión o manifestación.

En virtud de lo anterior, encontramos que existe en nuestro ordenamiento jurídico una norma de carácter superior que garantiza a todas las personas estas libertades, sin más limitantes que el de una responsabilidad social y en condiciones de equidad; de esta manera tenemos que nuestra carta política consagra en su artículo 20 la libertad de opinión, prensa e información, garantizando cualquier forma de difusión de esta y sin contemplar una serie de requisitos que en el caso concreto y sin tener problemas de orden público, no dan pié (sic) para impedir por parte de la policía, la realización de reuniones o desfiles públicos que no hayan subsanado el requisito más que absurdo de cumplir con los objetivos señalados en un aviso que de una u otra manera no garantiza el normal funcionamiento respecto a la seguridad, tranquilidad y moralidad que constituyen en síntesis, los elementos de orden público.

(…).

En definitiva, dicha norma se encuentra violando un precepto constitucional, puesto que la norma superior no establece ningún tipo de requisitos para el ejercicio del derecho de opinión, cualquiera que sea la forma de hacerlo o expresarlo, que para el caso concreto es la reunión el desfile” (fls. 3 y 4).

De lo transcrito, resulta a todas luces claro que el actor incurrió en un error de interpretación, al invocar como disposición presumiblemente infringida la norma constitucional que no es pertinente, y, en cambio, omitir la disposición constitucional que sí es pertinente. Además, a partir de tal equivocación, le dio a la norma legal un alcance que la disposición constitucional no tiene.

En efecto: el artículo 20 de la Constitución garantiza la libertad de expresión, opinión, la garantía de informar y ser informado, de fundar medios de comunicación. Así mismo, señala que los medios son libres, con responsabilidad social. Y que no habrá censura. Es decir, el artículo 20 de la Carta garantiza la libertad de pensamiento y de expresión, y, como lo afirma el actor, no establece más exigencias que la responsabilidad social.

Todo lo contrario sucede en el artículo 37 de la Constitución, en el cual se delega precisamente en la ley lo concerniente a la posibilidad de limitar el ejercicio del derecho de reunión y de manifestación pública y pacífica.

Dice el artículo 37:

“Toda parte del pueblo puede reunirse y manifestarse pública y pacíficamente. Sólo la ley podrá establecer de manera expresa los casos en los cuales se podrá limitar el ejercicio de este derecho” (se destaca).

Entonces, el argumento único y central del que parte el actor —que la norma legal acusada al establecer limitaciones en el ejercicio del derecho de reunión y de manifestación, viola una norma constitucional que no permite que se introduzcan exigencias legales—, no es cierto y, por consiguiente, la demanda sub examine carece del mínimo sustento constitucional que permitiera realizar el respectivo examen de inexequibilidad.

Aunado a lo anterior, como se advirtió, en la Sentencia C-024 de 1994, la Corte examinó los artículos relativos al derecho de reunión y manifestación pacífica: artículos 102 y 105 del Decreto 1355 de 1970, y declaró la exequibilidad, con base en las siguientes consideraciones:

“8.3. Artículos relativos al derecho de reunión y manifestación pacífica.

A continuación se analizarán las disposiciones acusadas que tienen relación con el derecho de reunión:

a) Artículos 102 y 105 del Decreto Legislativo 1355 de 1970.

Estos artículos en las partes acusadas disponen:

“ART. 102.—Toda persona puede reunirse con otras o desfilar en sitio público con el fin de exponer ideas e intereses colectivos de carácter político, económico, religioso, social o de cualquier otro fin lícito.

Con tales fines debe darse aviso por escrito presentado personalmente ante la primera autoridad política del lugar. Tal comunicación debe ser suscrita por lo menos por tres personas.

Tal aviso deberá expresar día, hora y sitio de la proyectada reunión y se presentará con 48 horas de anticipación. Cuando se trate de desfiles se indicará el recorrido prospectado.

Inciso 4º. Modificado. D. 522 de 1971, art. 188. Dentro de las 24 horas siguientes al recibo del aviso la autoridad podrá, por razones de orden público y mediante resolución motivada, modificar el recorrido del desfile, la fecha, el sitio y la hora de su realización.

Si dentro de ese término no se hiciere observación por la respectiva autoridad, se entenderá cumplido el requisito exigido por la reunión o desfile.

ART. 105.—La policía podrá impedir la realización de reuniones y desfiles públicos que no hayan sido enunciados con la debida anticipación.

Igualmente podrá tomar la misma medida cuando la reunión o desfile no cumplan los objetivos señalados en el aviso”.

La Corte Constitucional considera que las disposiciones anteriores no limitan ni restringen el derecho fundamental de reunión consagrado en el artículo 37 de la Constitución y que las disposiciones acusadas son normas razonables establecidas para el mantenimiento del orden público. Así pues, la Corte comparte el concepto tanto de los ministros de Gobierno y Defensa y del Procurador, en el sentido que las normas acusadas no contravienen la Constitución, pues no contienen cosa distinta que mecanismos para hacer efectivos los derechos fundamentales, en aras de la convivencia pacífica, teniendo en cuenta la función eminentemente preventiva y persuasiva, que por mandato constitucional corresponde ejercitar a la Policía Nacional. Ahora bien, la Corte desea aclarar el sentido del concepto “orden público”, utilizada por el inciso cuarto de esta norma, con el fin de que las autoridades políticas hagan un correcto uso de la misma. En este sentido, García de Enterría nos dice que “el orden público es hoy en todos los países occidentales el ejemplo más claro de lo que más atrás hemos llamado un concepto jurídico indeterminado: no puede ser una facultad discrecional de la administración determinar a su arbitrio si existe o no perturbación del orden público, o amenaza de la misma, o incluir el más inicuo de los actos de la vida privada entre los actos contrarios al orden. Y por ello por razones muy simples: porque el criterium central que hemos utilizado para separar la discrecionalidad de los conceptos jurídicos indeterminados, la unidad de solución justa, se cumple en el caso con fácil evidencia: una misma situación no puede ser a la vez conforme y contraria al orden, como un mismo señor puede ser designado alcalde o no designado, sin perjuicio de que la vida social reserve necesariamente un “margen de apreciación” de cierta holgura —nunca en todo caso una discrecionalidad a la administración para su calificación” (1) . Por tanto la norma será declarada exequible” (M.P. doctor Alejandro Martínez Caballero).

De acuerdo con lo dicho en esta sentencia, la Corte examinó que la exigencia legal del anuncio previo a la realización de reuniones y desfiles públicos es constitucional. Es de señalar que tal anuncio previo no sólo está previsto en el artículo 105 ahora acusado, sino también en el 102 del mismo Código de Policía, y que fue examinado en la misma providencia y declarado, a su vez, constitucional.

Considera ahora la Corte pertinente hacer la siguiente distinción: la exigencia legal del anuncio previo declarada constitucional por esta corporación en la Sentencia C-024 de 1994, se circunscribe a las reuniones públicas y a los desfiles que se realicen en sitios públicos o de uso público, lo que implica que requisitos de tal índole no pueden exigirse tratándose de reuniones privadas, ni para manifestaciones o desfiles que se lleven a cabo dentro de espacios que no son públicos o de uso público, o en recintos privados.

Respecto del inciso segundo del artículo 105 demandado, la Corte no se pronunciará porque el actor no suministró las mínimas explicaciones requeridas para determinar la supuesta violación del artículo 20 de la Carta, pues, como se vio, este artículo no es el pertinente en relación con el derecho de reunión o de manifestación y asuntos relativos a la modificación de los objetivos de tales reuniones.

En conclusión : el actor, en la demanda sub examine, no cumplió dos de los requisitos para el examen de constitucionalidad respectivo: (i) señalar las normas constitucionales que se estiman infringidas y (ii) exponer las razones por las cuales dichos textos constitucionales se estiman violados (D. 2067/91, art. 2º), pues, basó la acusación en una norma constitucional que no sólo no es la pertinente, sino que omitió referirse a la que sí es pertinente y que establece precisamente que el legislador puede consagrar las limitaciones legales que reprocha. A su vez, estas limitaciones fueron objeto de pronunciamiento anterior de la Corte (Sent. C-024/94), que las encontró exequibles, cuando se trata de reuniones públicas o de desfiles públicos. No hay tal exigencia previa cuando se trata de reuniones privadas o desfiles en recintos privados.

Por consiguiente, en cuanto al inciso primero del artículo 105 del Decreto 1355 de 1970, se estará a lo resuelto en la Sentencia C-024 de 1994, y sobre el inciso segundo del mismo artículo, se inhibirá de pronunciarse de fondo, por inepta demanda.

VII. Decisión

En mérito de lo expuesto, la Corte Constitucional de la República de Colombia, administrando justicia en nombre del pueblo y por mandato de la Constitución,

RESUELVE:

Estarse a lo resuelto en la Sentencia C-024 de 1994, en cuanto al inciso primero del artículo 105 del Decreto 1355 de 1970 “por el cual se dictan normas sobre policía”. Sobre el inciso segundo del mismo artículo, se inhibe de pronunciarse de fondo, por inepta demanda.

Notifíquese, comuníquese, publíquese, insértese en la Gaceta de la Corte Constitucional y archívese el expediente».

(1) García de Enterría, Eduardo. La lucha contra las inmunidades del poder. Tercera edición. Cuadernos Civitas. Madrid, 1983, pág. 63. Véase igualmente al respecto la jurisprudencia contenciosa francesa de principios de siglo, en la que se anularon actos locales que prohibían tocar las campanas de las iglesias, por considerar que tales conductas no alteran por sí mismas el orden público. En: Waline, Droit Administratif. 7a. edición, París, 1957, pág. 578.

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