Sentencia C-712 de julio 5 de 2001 

CORTE CONSTITUCIONAL 

SALA PLENA

SENTENCIA C-712 DE 2001 

Ref.: Expediente D-3328

Magistrado Ponente:

Dr. Jaime Córdoba Triviño

Ref.: Expediente D-3328

Demanda de inconstitucionalidad contra el Decreto Ley 1798 de 2000.

Bogotá, D.C., cinco de julio de dos mil uno.

EXTRACTOS: «I. Texto de la norma acusada

A continuación se transcribe el texto de la disposición objeto de proceso:

“DECRETO NÚMERO 1798 DE 2000

(Septiembre 14)

“Por el cual se modifican las normas de disciplina y ética para la Policía Nacional”.

El Presidente de la República de Colombia, en ejercicio de las facultades extraordinarias que le confiere la Ley 578 de 2000,

DECRETA:

LIBRO PRIMERO

Parte general

TÍTULO I

Principios rectores

ART. 1º—Titularidad de la potestad disciplinaria. El Estado es el titular de la potestad disciplinaria. Sin perjuicio del poder disciplinario preferente de la Procuraduría General de la Nación, corresponde a los funcionarios de la Policía Nacional con competencia, conocer de las conductas disciplinables de los servidores públicos de sus unidades.

ART. 2º—Poder disciplinario preferente. En desarrollo del poder disciplinario preferente, podrá el Procurador General de la Nación, por sí o por medio de sus delegados y agentes, avocar mediante decisión motivada, de oficio o a petición de parte, el conocimiento de aquellos asuntos que se tramiten internamente en la Policía Nacional.

ART. 3º—Autonomía. La acción disciplinaria es autónoma e independiente de las acciones penales y/o administrativas.

ART. 4º—Legalidad. El personal uniformado, será investigado y sancionado disciplinariamente cuando incurra en las faltas establecidas en el presente decreto.

Los estudiantes de las seccionales de formación del personal uniformado de la Policía Nacional deberán regirse por el manual académico y disciplinario único expedido por el director general de la Policía Nacional.

ART. 5º—Debido proceso. Todo el personal uniformado deberá ser investigado conforme a las leyes sustantivas y procesales preexistentes a la falta disciplinaria que se le atribuya, ante funcionario competente previamente establecido y observando las garantías contempladas en la Constitución Política y en el procedimiento señalado en este decreto.

ART. 6º—Resolución de la duda. En el proceso disciplinario toda duda razonable se resolverá a favor del disciplinado, cuando no haya modo de eliminarla.

ART. 7º—Presunción de inocencia. Todo el personal uniformado a quien se le atribuya una falta disciplinaria, se presume inocente mientras no se declare legalmente su responsabilidad en fallo ejecutoriado.

ART. 8º—Gratuidad. Ninguna actuación procesal causará erogación a quienes intervengan en el proceso, salvo las copias que solicite el investigado o disciplinado o su apoderado.

ART. 9º—Cosa juzgada. Nadie podrá ser investigado más de una vez por una misma acción u omisión constitutiva de falta disciplinaria, aun cuando a ésta se le dé una denominación diferente.

ART. 10.—Aplicación inmediata de la ley. La competencia es de aplicación inmediata, por lo tanto, lo concerniente a la sustanciación y ritualidad del proceso se aplicará desde el momento en que entre a regir esta disposición.

ART. 11.—Celeridad del proceso. El funcionario competente impulsará oficiosamente el proceso y suprimirá los trámites y diligencias innecesarias.

ART. 12.—Culpabilidad. En materia disciplinaria queda proscrita toda forma de responsabilidad objetiva y las faltas sólo son sancionables a título de dolo o culpa.

ART. 13.—Favorabilidad. En materia disciplinaria la ley favorable o permisiva se aplicará de preferencia a la restrictiva o desfavorable.

ART. 14.—Igualdad ante la ley disciplinaria. Las autoridades disciplinarias tratarán de modo igual a los destinatarios de este decreto, sin establecer discriminación alguna por razones de sexo, raza, origen nacional o familiar, lengua, religión, opinión política o filosófica.

ART. 15.—Finalidades de la ley y de la sanción disciplinaria. El acatamiento a la ley disciplinaria garantiza el cumplimiento de los fines y funciones del Estado, en relación con las conductas del personal uniformado.

La sanción disciplinaria, por su parte, cumple esencialmente los fines de prevención y de garantía de la buena marcha disciplinaria de la institución.

ART. 16.—Reconocimiento de la dignidad humana. Los destinatarios de este decreto, a quienes se les atribuya la comisión de una falta disciplinaria tienen derecho a ser tratados con el respeto debido a la dignidad inherente al ser humano.

ART. 17.—Contradicción. Quien fuere objeto de investigación, tendrá derecho a conocer las diligencias tanto en la indagación preliminar como en la investigación disciplinaria, para controvertir y solicitar la práctica de pruebas.

ART. 18.—Proporcionalidad. La sanción disciplinaria debe corresponder a la gravedad de la falta cometida. En la graduación de la sanción deben aplicarse los criterios que fija este decreto.

ART. 19.—Integración normativa. En la aplicación del presente decreto, prevalecerán los principios rectores establecidos en la Constitución Política, los tratados internacionales sobre derechos humanos ratificados por Colombia, este decreto y los códigos Contencioso Administrativo, Penal y de Procedimiento Penal.

TÍTULO II

Ámbito de aplicación

ART. 20.—Destinatarios. El personal uniformado es destinatario de las normas de disciplina.

ART. 21.—Autores. Es autor quien realiza o induce a cometer a otro la conducta descrita en este decreto como falta disciplinaria, cualquiera sea su forma o modo de intervención.

TÍTULO III

De la disciplina

ART. 22.—Noción. La disciplina es la condición esencial para la existencia de la institución policial e implica la observancia de las disposiciones constitucionales, legales, reglamentarias y órdenes que consagran el deber profesional.

ART. 23.—Mantenimiento de la disciplina. La disciplina se mantendrá con el ejercicio de los derechos y el cumplimiento de las obligaciones, coadyuvando a los demás a conservarla. Del mantenimiento de la disciplina son responsables todos los servidores de la institución.

ART. 24.—Medios para encauzarla. Los medios para encauzar la disciplina pueden ser preventivos o correctivos; los primeros se utilizan para mantenerla y fortalecerla y los segundos para restablecerla cuando ha sido quebrantada.

TÍTULO IV

De las órdenes

ART. 25.—Noción. Orden es la manifestación externa del superior con autoridad que se debe obedecer, observar y ejecutar. La orden debe ser legítima, lógica, oportuna, clara, precisa y relacionada con la actividad institucional.

ART. 26.—Orden ilegítima. La orden es ilegítima cuando excede los límites de la competencia o conduce manifiestamente a la comisión de un hecho punible, a la violación de la ley, las normas institucionales u órdenes legítimas superiores.

ART. 27.—Obligatoriedad de la orden. El cumplimiento de la orden es obligatorio. Cuando el subalterno tenga duda sobre la inconveniencia de la orden, debe advertirlo al superior en forma respetuosa. Si hubiere insistencia, previa información escrita, la orden debe cumplirse sin dilación.

ART. 28.—Orden que entraña hecho punible. Si la orden conduce manifiestamente a la comisión de un hecho punible, el subalterno no está obligado a obedecerla; en caso de hacerlo, la responsabilidad recaerá sobre el superior que emite la orden y el subalterno que la cumple o ejecuta.

ART. 29.—Noción de conducto regular. El conducto regular es un procedimiento que permite transmitir en forma ágil entre las líneas jerárquicas de la institución, órdenes, instructivos y consignas relativas al servicio.

ART. 30.—Pretermisión del conducto regular. El conducto regular podrá pretermitirse ante hechos o circunstancias especiales, cuando de observarlo, en razón del tiempo o exigencia del caso, se deriven resultados perjudiciales.

PAR.—En los aspectos relacionados con asuntos disciplinarios y justicia penal militar, no existe el conducto regular.

TÍTULO V

Extinción de la acción disciplinaria

CAPÍTULO I

Causales de extinción de la acción disciplinaria

ART. 31.—Causales de extinción de la acción disciplinaria. Son causales de extinción de la acción disciplinaria las siguientes:

1. La muerte del investigado.

2. La prescripción de la acción disciplinaria.

CAPÍTULO II

Prescripción de la acción disciplinaria

ART. 32.—Término de prescripción de la acción. La acción disciplinaria prescribe en el término de cinco (5) años. La prescripción de la acción empezará a contarse, para las faltas instantáneas, desde el día de la consumación y desde la realización del último acto, en las de carácter permanente o continuado.

ART. 33.—Prescripción de varias acciones. Cuando fueren varias las conductas juzgadas en un solo proceso, la prescripción de las acciones se cumple independientemente para cada una de ellas.

ART. 34.—Renuncia y oficiosidad. El disciplinado podrá renunciar a la prescripción de la acción disciplinaria. En este caso la acción sólo podrá proseguirse por un término máximo de un (1) año, contado a partir de la presentación personal de la solicitud, vencido el cual sin que se hubiese proferido y ejecutoriado el respectivo fallo, no procede decisión distinta de la declaratoria de prescripción.

CAPÍTULO III

Prescripción de la sanción disciplinaria

ART. 35.—Término de prescripción de la sanción disciplinaria. La sanción disciplinaria prescribe en un término de dos (2) años contados a partir de la ejecutoria del fallo.

PAR.—Cuando la sanción impuesta fuere la destitución e inhabilidad o la suspensión e inhabilidad, una vez cumplidas se producirá la rehabilitación en forma automática.

TÍTULO VI

De las faltas y sanciones disciplinarias

CAPÍTULO I

Clasificación y descripción de las faltas

ART. 36.—Clasificación. Las faltas disciplinarias son:

1. Gravísimas.

2. Graves.

3. Leves.

ART. 37.—Faltas gravísimas. Son faltas gravísimas, sancionables con destitución las siguientes:

1. Afectar con su conducta las personas y bienes protegidos por el derecho internacional humanitario, según lo establecido en los convenios I, II, III y IV de Ginebra de 1949, sus protocolos adicionales I y II y en los demás tratados internacionales que Colombia ratifique.

2. Violar con su conducta los derechos fundamentales constitucionales y aquellos que por su naturaleza se consideren de tal categoría.

3. Realizar una conducta tipificada en la ley como delito sancionado a título doloso, cuando se cometa en razón, con ocasión o como consecuencia de la función o cargo.

4. Brindar en forma incompleta o falsa o negar u omitir información, sobre el paradero de persona o personas a las que se haya privado de la libertad.

5. Realizar cualquier acto que menoscabe la integridad de un grupo nacional, étnico, racial, político, cultural o religioso.

6. Expulsar, trasladar o desplazar por la fuerza a personas de la zona en que habiten, sin motivos autorizados por el derecho interno o el internacional.

7. Privar ilegalmente de la libertad a una persona.

8. Elaborar, cultivar, suministrar, traficar, vender, transportar, distribuir, portar, adquirir, guardar o consumir cualquier tipo de sustancias que produzcan dependencia física o síquica o sus precursores.

9. Permitir, facilitar o suministrar información o los medios técnicos de la institución, para cualquier fin particular ilegal en beneficio propio o de terceros.

10. Violar las normas del régimen de contratación, fiscal o contable y las demás disposiciones sobre la materia.

11. Solicitar o recibir dádivas o cualquier otra clase de lucro proveniente directa o indirectamente del usuario del servicio, del funcionario, empleado de su dependencia o de cualquier persona que tenga interés en el resultado de su gestión.

12. Realizar o promover actividades tendientes a paralizar total o parcialmente la prestación del servicio que corresponde a la institución.

13. Violar la reserva profesional en asuntos de que se tenga conocimiento por razón del cargo o función; divulgar o facilitar por cualquier medio el conocimiento de información confidencial o documentos clasificados, sin la debida autorización, que ponga en peligro la seguridad nacional o institucional.

14. Permitir o dar lugar intencionalmente, por negligencia o imprevisión, a la fuga de persona capturada, retenida, detenida o condenada, de cuya vigilancia o custodia haya sido encargado; demorar injustificadamente la conducción de la misma a su lugar de destino o no ponerla a órdenes de la autoridad judicial competente dentro del término legal.

15. Utilizar el cargo o el grado para inducir al subalterno o a particulares, a respaldar una campaña política o participar en eventos de la misma naturaleza.

16. Obstaculizar en forma grave las investigaciones o decisiones que realicen o profieran las autoridades administrativas o judiciales.

17. Fomentar o ejecutar actos tendientes a la formación o permanencia de grupos armados al margen de la ley; promoverlos, auspiciarlos, financiarlos, organizarlos, instruirlos, dirigirlos, tolerarlos o colaborar con ellos.

18. Atentar, con cualquier propósito, contra la inviolabilidad de la correspondencia y demás formas de comunicación; obtener información o recaudar pruebas con desconocimiento de los derechos y garantías constitucionales y legales.

19. Ejercer o propiciar la prostitución.

20. Ejecutar actos sexuales en áreas o lugares de trabajo.

21. Respecto de documentos:

a) Omitir la verdad;

b) Consignar hechos contrarios a la misma;

c) Sustituir, alterar, mutilar, destruir, ocultar, desaparecer o falsificar los mismos;

d) Utilizarlos ilegalmente para realizar actos en contra de la institución o de sus miembros;

e) Utilizarlos fraudulentamente para ingresar o permanecer dentro de la institución;

f) Causar o dar motivo a la pérdida de los expedientes disciplinarios, administrativos o prestacionales bajo su responsabilidad, y

g) Destruir, sustraer o alterar, a través de medios magnéticos o técnicos, información de la Policía Nacional.

ART. 38.—Faltas graves. Son faltas graves:

1. Coaccionar al servidor público sobre sus decisiones para obtener provecho personal o de terceros.

2. Apropiarse, ocultar, desaparecer o destruir bienes, elementos, documentos y pertenencias de superiores, subalternos, compañeros o particulares.

3. Permitir la prescripción o no ejercer con el debido celo y oportunidad las atribuciones en los procesos disciplinarios, penales o administrativos.

4. Dar lugar a justificadas quejas o informes por parte de los ciudadanos, superiores, subalternos o compañeros por su comportamiento negligente o arbitrario dentro o fuera del servicio.

5. Ejecutar actos de violencia o malos tratos contra el público, superiores, subalternos o compañeros.

6. Proferir públicamente expresiones que afecten el buen nombre de la institución o de sus servidores.

7. Despojarse, con manifestaciones de menosprecio, del uniforme, las insignias o condecoraciones.

8. Abusar de la ingestión de bebidas embriagantes.

9. No prestar la colaboración necesaria o irrespetar a los servidores del Estado a los cuales se les deba asistencia o apoyo en el ejercicio de sus funciones.

10. Causar daño intencionalmente a su integridad personal o fingir dolencias para no ejercer las actividades propias de su cargo o función.

11. Conocido el hecho, no presentarse dentro del término de la distancia cuando ocurran alteraciones graves de orden público, en cuyo restablecimiento deba participar de acuerdo con órdenes, planes o convocatoria pública por parte de los superiores.

12. No asistir al servicio sin justa causa.

13. Ausentarse sin permiso del lugar de facción o sitio donde preste su servicio o adelante su formación académica.

14. Tener en forma estable o transitoria, para actividades del servicio, personas ajenas a la institución sin la autorización debida.

15. Imponer a sus subalternos trabajos ajenos al servicio o impedirles el cumplimiento de sus deberes.

16. Prestar a título particular servicios de asistencia o asesoría, en asuntos relacionados con funciones propias de su cargo.

17. Causar daño a la integridad de las personas o de los bienes, como consecuencia del exceso en el uso de las armas, de la fuerza o de los demás medios coercitivos legalmente autorizados.

18. Omitir el control administrativo de los dineros, material o equipo a su cargo; incumplir los plazos establecidos para la rendición de cuentas fiscales y contables o retardar injustificadamente la tramitación y el pago de cuentas administrativas.

19. Vincular, incorporar o permitir la incorporación a la institución, de personas sin el lleno de los requisitos o incurriendo en negligencia en el proceso de selección e incorporación.

20. Eludir el cumplimiento de las tareas que deba realizar de manera personal o la ejecución de las órdenes que se le impartan, lo mismo que no responder por el uso de la autoridad que se le delegue.

21. Inducir, por cualquier medio, a otras personas a error u omitir información, declaraciones, conceptos o datos que se hagan necesarios para esclarecer la verdad, acerca de un hecho relacionado con el servicio.

22. Constreñir, comprometer o inducir al subalterno, superior o compañero para que oculte una falta.

23. Omitir, retardar o no suministrar oportunamente respuesta a las peticiones respetuosas de los particulares o solicitudes de las autoridades o enviarlas a destinatario diferente al que corresponda.

24. Aceptar sin permiso de la autoridad correspondiente, cargos, honores o recompensas provenientes de organismos internacionales o gobiernos extranjeros.

25. Incumplir, modificar, desautorizar o introducir cambios sin causa justificada, a las órdenes o instrucciones relativas al servicio.

26. Ejecutar con negligencia o tardanza las órdenes o actividades relacionadas con el servicio.

27. No informar los hechos que deben ser llevados a conocimiento del superior por razón del cargo o servicio o hacerlo con retardo.

28. No cumplir con las obligaciones como evaluador o revisor de acuerdo con el decreto de evaluación y clasificación del desempeño.

29. Eludir la prestación del servicio.

30. Manipular imprudentemente las armas de fuego.

31. Incurrir en despreocupación o abandono por el bienestar del personal bajo su mando.

32. Utilizar distintivos o condecoraciones no otorgadas legalmente.

33. Omitir las medidas necesarias a que están obligados los comandantes de las unidades correspondientes, para asegurar la comparecencia a diligencias o la notificación de las decisiones del mando y demás autoridades.

34. Formular acusaciones tendenciosas o temerarias contra cualquier miembro de la fuerza pública.

35. Respecto de documentos:

a) Proporcionar datos inexactos u omitir información que tenga incidencia en su vinculación al cargo o a la carrera, sus promociones o ascensos;

b) Permitir el acceso a exhibir expedientes, documentos o archivos a personas no autorizadas, y

c) No registrar en los libros o documentos los hechos y novedades a que se esté obligado por razón del servicio, cargo o función.

36. Respecto de los bienes y equipos de la Policía Nacional o de los de carácter particular puestos bajo su responsabilidad, violar la ley, reglamentos o instrucciones superiores mediante las siguientes conductas:

a) Retenerlos o apropiárselos;

b) Incurrir en negligencia o actuar con impericia o imprudencia en su manejo o control;

c) Usuarios en beneficio propio o de terceros;

d) Darles aplicación o uso diferente;

e) Extraviarlos, perderlos, dañarlos o desguazarlos;

f) Entregarlos a personas distintas a su verdadero dueño.

g) Demorar injustificadamente su entrega a la autoridad competente o la devolución a su dueño;

h) Conducirlos u operarlos sin el debido permiso o autorización;

i) Malversarlos o permitir que otros lo hagan.

37. Respecto del personal en comisión de estudios, también son faltas:

a) Dejar de asistir sin justificación a las clases o llegar frecuentemente retardado a ellas;

b) No cumplir las tareas o los trabajos impuestos o no hacerlo con la oportunidad debida;

c) Emplear medios o ejercitar actos para conocer previamente los temas de exámenes;

d) Utilizar durante los exámenes cualquier medio fraudulento;

e) Suministrar datos escritos o verbales a otros alumnos, durante las pruebas o exámenes.

ART. 39.—Faltas leves. Son faltas leves las siguientes:

1. Usar de forma indebida o irreglamentaria el uniforme o descuidar su correcta presentación o concurrir en traje de uniforme, fuera de los actos académicos o del servicio, a lugares que no estén de acuerdo con la categoría policial.

2. No entregar o retardar la entrega de los elementos necesarios para el mantenimiento de los equipos de la Policía Nacional o de aquellos puestos bajo su responsabilidad para el servicio.

3. Nombrar en el servicio a personas que por prescripción médica se encuentren impedidas para prestarlo.

4. No instruir debida y oportunamente a los subalternos, acerca de la observancia de los reglamentos y órdenes relacionadas con la prestación del servicio, cuando se está obligado a ello por razón del cargo o función.

5. Proceder con negligencia o parcialidad en la aplicación de los estímulos o correctivos.

6. Incumplir sus obligaciones civiles, familiares o personales que afecten la buena imagen institucional.

7. Conceder declaraciones, provocar o dar lugar a publicaciones sin causa justificada o autorización.

8. No asistir con puntualidad al servicio o a las presentaciones a que se esté obligado.

9. Presionar al subalterno para que no reclame cuando le asiste derecho para ello.

10. Omitir o retardar la legalización de los dineros recibidos por concepto de avances.

ART. 40.—Otras faltas. Además de las definidas en los artículos anteriores, constituyen falta disciplinaria la violación al régimen de inhabilidades e incompatibilidades, las prohibiciones, el abuso de los derechos o el incumplimiento de los deberes contemplados en la Constitución Política, los tratados públicos ratificados por el Gobierno colombiano, las leyes y en los diferentes actos administrativos.

La calificación de la falta será determinada por el funcionario que adelante la respectiva investigación.

CAPÍTULO II

Clasificación y límites de las sanciones

ART. 41.—Sanciones principales. Son sanciones principales las siguientes:

1. Destitución: Consiste en la cesación definitiva de funciones.

2. Suspensión: Consiste en la cesación de funciones en el ejercicio del cargo sin derecho a remuneración de uno (1) hasta sesenta (60) días.

3. Multa: Consiste en imponer al infractor el pago de una suma de dinero de uno (1) hasta treinta (30) días de sueldo básico mensual, devengado al momento de la comisión de la falta, el cual se hará efectivo por la tesorería de la respectiva unidad por medio de descuentos que se realicen al disciplinado a favor de la dirección de bienestar social de la Policía Nacional.

Cuando la sanción de multa exceda de diez (10) días de sueldo, el descuento podrá hacerse proporcionalmente durante los seis (6) meses inmediatamente siguientes a su imposición.

Si el sancionado se encuentra retirado de la institución, deberá consignar el valor de la multa en la cuenta que para el efecto se le indique, dentro de los treinta (30) días siguientes a la ejecutoria del fallo. Si no lo hiciere, se recurrirá de inmediato por intermedio de la jurisdicción coactiva de la Policía Nacional.

4. Amonestación escrita: Consiste en la desaprobación por escrito de la conducta o proceder del infractor.

PAR.—Las faltas gravísimas serán sancionadas siempre con la destitución: las graves y leves con cualquiera de las sanciones a que se refiere el presente artículo.

ART. 42.—Sanciones accesorias. Es sanción accesoria la inhabilidad para ejercer funciones públicas por un término entre uno (1) y cinco (5) años, la cual será fijada en el mismo fallo que disponga la destitución. La inhabilidad también procede cuando se imponga la sanción de suspensión, por un término igual al de ésta.

PAR.—En aquellos casos en que la conducta haya originado sanción penal, la inhabilidad procede siempre y cuando no hubiere sido impuesta en el respectivo proceso.

Cuando el servidor o disciplinado sancionado preste sus servicios en otra entidad oficial, deberá comunicarse al representante legal de ésta para que proceda a hacer efectiva la inhabilidad.

CAPÍTULO III

Criterios para la graduación de las sanciones

ART. 43.—Graduación de la sanción. Para la graduación de la sanción se tendrán en cuenta, entre otros, los siguientes criterios:

1. Grado de culpabilidad.

2. Grado de perturbación del servicio.

3. La naturaleza esencial del servicio.

4. La naturaleza, los efectos de la falta, las circunstancias del hecho y los perjuicios que se hayan causado en relación con el servicio.

5. El grado de participación en el hecho.

6. Las condiciones personales del infractor, tales como la categoría del cargo, la naturaleza de sus funciones y el grado de instrucción para el desempeño de su cargo.

ART. 44.—Circunstancias de agravación. Son circunstancias de agravación de la falta:

1. La reiteración de la conducta.

2. La complicidad con los demás miembros de la institución.

3. La ostensible preparación de la falta.

4. Cometer la falta, bajo la influencia de bebidas embriagantes o de sustancias que produzcan dependencia física o síquica.

5. El móvil de la falta cuando busca manifiestamente el provecho personal.

6. Cometer la falta para ocultar otra.

7. Violar varias disposiciones con una misma acción.

8. Cometer la falta en circunstancias de perturbación del orden público, de calamidad pública o peligro común.

9. Cometer la falta en presencia de personal reunido para el servicio.

10. Lesionar derechos fundamentales constitucionales.

11. Cometer la falta contra menor de edad, ancianos, discapacitado o persona con trastorno mental o contra un miembro del núcleo familiar.

12. Cometer la falta aprovechando el estado de necesidad o depósito necesario de bienes o personas.

13. Evadir la responsabilidad o atribuirla sin fundamento a un tercero.

14. Cometer la falta encontrándose en el exterior.

15. Cometer la falta hallándose el personal en vuelo, navegando o en misión de transporte terrestre.

ART. 45.—Circunstancias de atenuación. Son circunstancias de atenuación de la falta:

1. La buena conducta anterior del inculpado.

2. Haber sido inducido por un superior, subalterno o compañero o cometerla.

3. Confesarla espontáneamente sin rehuir la responsabilidad.

4. Procurar por iniciativa propia resarcir los daños causados antes de que sea impuesta la sanción.

5. Obrar por motivos nobles o altruistas.

6. Demostrar diligencia y eficiencia en el desempeño del servicio.

7. La no trascendencia social de la falta.

8. Cometerla en el desempeño de funciones que ordinariamente corresponden a un superior, si la falta consiste en el incumplimiento de deberes inherentes a dichas funciones.

ART. 46.—Exclusión de responsabilidad disciplinaria. Está exento de responsabilidad disciplinaria, quien obre amparado por alguna de las causales de inculpabilidad consagradas en los códigos Penal y Penal Militar.

LIBRO SEGUNDO

Del procedimiento disciplinario

TÍTULO I

La acción disciplinaria

CAPÍTULO I

Generalidades

ART. 47.—Naturaleza. La acción disciplinaria es obligatoria, oficiosa y pública. Iniciada la investigación debe terminar con fallo de responsabilidad, absolución o archivo definitivo.

Si al culminar el proceso, el inculpado se hallare en situación de retiro, el informativo se remitirá a su hoja de vida para que obre como antecedente, sin perjuicio de las acciones a que haya lugar para el cumplimiento de la sanción.

ART. 48.—Impulso de la acción. La acción disciplinaria se iniciará y adelantará de oficio, por información proveniente de servidor público o queja formulada por cualquier persona o por otro medio, siempre y cuando amerite credibilidad.

PAR.—Cuando se proceda en virtud de queja o informe, no es requisito indispensable su ratificación.

ART. 49.—Obligatoriedad y publicidad. El servidor público que tenga conocimiento de un hecho constitutivo de posible falta disciplinaria, si fuere competente, iniciará inmediatamente la acción correspondiente. Si no lo fuere, pondrá el hecho en conocimiento de la autoridad competente, adjuntando las pruebas que tuviere.

PAR.—Si los hechos materia de investigación disciplinaria pudieren constituir delitos investigables de oficio, deberán ser puestos en conocimiento de la autoridad competente, enviándole las pruebas de la posible conducta delictiva.

La acción disciplinaria es pública, salvo lo dispuesto en el artículo 58 de este decreto.

ART. 50.—Exoneración del deber de formular quejas. No se está obligado a formular quejas contra sí mismo o contra su cónyuge, compañero(a) permanente o pariente dentro del cuarto grado de consanguinidad, segundo de afinidad o primero civil, ni por hechos que se hayan conocido por causa o con ocasión del ejercicio de actividades que impongan legalmente el secreto profesional.

ART. 51.—Acción contra servidor retirado del servicio. La acción disciplinaria es procedente aunque el servidor ya no esté ejerciendo funciones públicas. Cuando la acción no pudiere cumplirse porque el infractor se encuentra retirado del servicio, se registrará en la Procuraduría General de la Nación y en la hoja de vida del sancionado de conformidad con lo previsto en este decreto.

ART. 52.—Terminación del proceso disciplinario. En cualquier etapa de la actuación disciplinaria en que aparezca plenamente demostrado que el hecho atribuido no existió, que la conducta no está prevista en la ley como falta disciplinaria, que el investigado no la cometió, que existe una causal de exclusión de responsabilidad o que la actuación no podía iniciarse o proseguirse, el funcionario con atribución disciplinaria, mediante resolución motivada, así lo declarará y ordenará el archivo definitivo de las diligencias.

CAPÍTULO II

Sujetos procesales

ART. 53.—Sujetos procesales en la actuación disciplinaria. Son sujetos procesales en la actuación disciplinaria, el investigado o disciplinado y su apoderado, sin perjuicio de la intervención que en razón de la vigilancia superior pueda realizar la Procuraduría General de la Nación.

Ni el informador ni el quejoso son parte en el proceso disciplinario. Su actuación se limita a presentar y ampliar la queja bajo la gravedad del juramento con el deber de aportar las pruebas que tenga en su poder.

ART. 54.—Calidad de investigado o disciplinado. La calidad de investigado se adquiere a partir del auto que ordena la indagación preliminar o la investigación formal. La de disciplinado se adquiere a partir de la notificación del pliego de cargos.

ART. 55.—Facultades de los sujetos procesales. Son facultades de los sujetos procesales las siguientes:

1. Acceder a la investigación.

2. Designar defensor si lo considera necesario.

3. Ser oído en versión libre, en cualquier etapa de la actuación hasta antes del fallo de primera instancia.

4. Solicitar, aportar y controvertir pruebas e intervenir en la práctica de las mismas.

4. (sic) Para el disciplinado, rendir descargos.

5. Presentar las solicitudes que consideren necesarias para garantizar la legalidad de la actuación disciplinaria y el cumplimiento de los fines de la misma.

6. Impugnar las decisiones a través de los recursos de ley.

7. Obtener copias de la actuación, salvo que por mandato legal ésta tenga carácter reservado, impedimento que en ningún momento opera cuando se obtiene la calidad de disciplinado.

PAR.—Como sujeto procesal, el defensor tiene las mismas facultades del investigado o disciplinado.

TÍTULO II

Actuación procesal

CAPÍTULO I

Generalidades

ART. 56.—Principios que rigen la actuación procesal. La actuación disciplinaria se desarrollará conforme a los principios rectores consagrados en la Constitución Política, en el presente decreto y en el artículo 3º del Código Contencioso Administrativo, o normas que lo modifiquen o adicionen. Así mismo, se observarán los principios de igualdad, moralidad, eficacia, economía, celeridad, imparcialidad, publicidad y contradicción.

ART. 57.—Finalidad del procedimiento. En la interpretación de la ley procesal, el funcionario competente debe tener en cuenta, además de la prevalencia de los principios rectores, que la finalidad del procedimiento es el logro de los fines y funciones del Estado y el cumplimiento de las garantías debidas a las personas que en él intervienen.

ART. 58.—Reserva de la actuación disciplinaria. En el procedimiento ordinario las actuaciones serán reservadas hasta que se notifique el pliego de cargos o hasta que quede ejecutoriada la providencia que ordene el archivo definitivo, sin perjuicio de los derechos de los sujetos procesales.

El investigado o disciplinado estará obligado a guardar la reserva de las pruebas que por disposición de la Constitución o la ley tengan dicha condición.

ART. 59.—Requisitos formales de la actuación. La actuación disciplinaria debe consignarse por escrito, en idioma castellano y en duplicado, salvo las excepciones previstas en este decreto.

ART. 60.—Aducción de documentos. Los documentos que se aporten a las investigaciones disciplinarias lo serán en original, copia o fotocopia, de conformidad con las disposiciones legales que regulen la materia.

ART. 61.—Actas. Toda acta de diligencia practicada, indicará el lugar y la fecha de su realización y deberá suscribirse por las personas que en ella intervinieron.

ART. 62.—Declaraciones bajo juramento. Las declaraciones que rindan los testigos en los informativos disciplinarios, se producirán bajo la gravedad del juramento en los términos que señala la ley.

PAR.—El investigado rendirá versión libre de todo apremio o juramento.

CAPÍTULO II

Autos y fallos

ART. 63.—Clasificación. Las providencias que se dicten en el proceso disciplinario serán:

1. Fallos, si deciden el objeto del proceso, previo el agotamiento del trámite de instancia.

2. Autos interlocutorios, si resuelven algún aspecto sustancial de la actuación.

3. Autos de sustanciación, cuando disponen el trámite que la ley establece para dar curso a la actuación.

ART. 64.—Corrección, aclaración y adición de los fallos. En los casos de error aritmético, en el nombre o identidad del investigado, de la dependencia donde labora o laboraba, en la denominación del cargo o función que ocupa u ocupaba, de omisión sustancial en la parte resolutiva del fallo, éste debe ser corregido, aclarado o adicionado, según el caso, de oficio o a petición de parte, por el mismo funcionario que lo profirió.

La aclaración del fallo sólo procede a petición de parte dentro del término de ejecutoria del mismo.

El fallo corregido, aclarado o adicionado, será notificado conforme a lo previsto en este decreto.

CAPÍTULO III

Ejecutoria de las providencias

ART. 65.—Ejecutoria de las providencias. Las providencias quedarán ejecutoriadas cinco (5) días después de la última notificación, si contra ellas no procede o no se interpone recurso.

Las providencias que se dicten en audiencia pública quedarán en firme al finalizar ésta, a menos que proceden y se interpongan los recursos en forma legal.

CAPÍTULO IV

Notificaciones y comunicaciones

ART. 66.—Notificaciones. La notificación puede ser personal, por estrado, por edicto, por conducta concluyente o por estado.

ART. 67.—Notificación personal. Se notificarán personalmente al investigado o disciplinado o a su apoderado, las siguientes decisiones:

1. El pliego de cargos.

2. El que niega la práctica de pruebas.

3. El que niega el recurso de apelación.

4. Las que resuelven sobre la acumulación y expedición de copias.

5. Los fallos.

ART. 68.—Notificación por estrados. Las providencias que se dicten en las audiencias públicas o en el curso de cualquier diligencia, se consideran notificadas cuando el investigado o disciplinado o su apoderado estén presentes.

ART. 69.—Notificación por edicto. Si dentro de los tres (3) días siguientes a la fecha de ejecutoria de la providencia, no fuere posible efectuar la notificación personal, se citará el investigado o disciplinado o a su apoderado, mediante comunicación enviada a la última dirección domiciliaria o laboral que aparezca registrada en el expediente, para que comparezca dentro de los cinco (5) días siguientes. Si no lo hiciere, se notificarán por edicto, que permanecerá fijado por el término de cinco (5) días hábiles, en lugar visible de la secretaría del despacho que lo hubiere proferido o del comisionado para tal efecto.

Tratándose de la notificación del pliego de cargos, vencido el término de la notificación por edicto, el funcionario investigador procederá a la designación de apoderado de oficio y se continuará el trámite de la actuación.

ART. 70.—Notificación por conducta concluyente. Cuando no se haya hecho notificación personal o se haya notificado irregularmente el auto o el fallo emitido en un proceso disciplinario, la exigencia legal se entiende satisfecha para todos los efectos, si el procesado no reclama y actúa en diligencias posteriores o interponga recursos contra ellos.

ART. 71.—Notificación por funcionario comisionado. Si la notificación personal debe realizarse en unidad diferente a la del funcionario con atribución disciplinaria o investigador, éste podrá remitir copia de la providencia al jefe de recursos humanos de la unidad en la que se encuentre el disciplinado o su apoderado, para que la surta. En este evento, el término será de veinte (20) días hábiles y las formalidades serán las señaladas en este decreto.

ART. 72.—Comunicaciones. Se debe comunicar al investigado la decisión de apertura de indagación preliminar o formal investigación y al quejoso la del archivo. En este último caso se entenderá cumplida la comunicación, cuando hayan transcurrido ocho (8) días después de la fecha de entrega a la oficina de correo.

ART. 73.—Notificación por estado. Las demás decisiones que se adopten dentro de la actuación disciplinaria se notificarán por estado, incluida la que niega el recurso de apelación.

CAPÍTULO V

Recursos

ART. 74.—Recursos y formalidad. Contra las decisiones disciplinarias, en los casos, término y condiciones establecidos en este decreto, proceden los recursos de reposición, apelación y queja, los cuales deberán interponerse por escrito, salvo disposición en contrario.

PAR.—Contra las decisiones de simple trámite no procede recurso alguno.

ART. 75.—Oportunidad para interponerlos. Los recursos se podrán interponer y deberán sustentarse, desde la fecha en que se dictó la providencia hasta el término de cinco (6) días, contados a partir de la última notificación. Si ésta se hizo en estrados la impugnación y sustentación sólo procederá en el mismo acto.

Quien interponga un recurso deberá expresar por escrito las razones que lo sustentan ante el funcionario que profirió la correspondiente decisión. En caso contrario se rechazará.

ART. 76.—Recurso de reposición. El recurso de reposición procederá contra las siguientes decisiones:

1. Los fallos de única instancia.

2. La que niega la solicitud de copias al investigado o disciplinado o a su apoderado.

3. La que niega la acumulación de la actuación disciplinaria.

ART. 77.—Trámite del recurso de reposición. Cuando el recurso de reposición se formule por escrito, vencido el término para impugnar la decisión, se mantendrá en la secretaría por dos (2) días en traslado a los sujetos procesales; de lo anterior se dejará constancia en el expediente. Surtido el traslado, se decidirá el recurso.

ART. 78.—Inimpugnabilidad. La providencia que decide la reposición no es susceptible de recurso alguno, salvo que contenga puntos que no hayan sido decididos en el auto impugnado, caso en el cual podrá interponerse recurso respecto de los puntos nuevos.

También podrá recurrirse en reposición cuando alguno de los intervinientes, a consecuencia de la reposición, adquiera interés jurídico para ello.

ART. 79.—Recurso de apelación. Este recurso es procedente contra el auto que niega pruebas dentro de la investigación disciplinaria y contra los fallos de primera instancia.

ART. 80.—Concesión del recurso de apelación. Contra el auto que niega la totalidad de pruebas en la investigación disciplinaria, el recurso de apelación se concederá en el efecto suspensivo; si la negativa es parcial se concederá en el efecto devolutivo. El fallo de primera instancia es apelable en el efecto suspensivo.

En el proceso disciplinario el investigado es sujeto procesal, pero aun existiendo pluralidad de disciplinados habrá lugar a la figura del apelante único, excepto que el objeto de la apelación sea diferente.

ART. 81.—Recurso de queja. Procederá el recurso de queja cuando se rechace el de apelación.

ART. 82.—Interposición. Dentro del término de ejecutoria del auto que deniega el recurso de apelación se interpondrá y sustentará el recurso de queja, se solicitará la expedición de las copias pertinentes, las cuales se expedirán en un término no mayor de dos (2) días y se enviarán por el funcionario con atribución disciplinaria al superior funcional para que lo decida.

Si quien conoce del recurso necesitare copias de otras actuaciones procesales, ordenará al funcionario con atribución disciplinaria que las remita a la mayor brevedad posible.

ART. 83.—Procedencia de los recursos. Para efectos de determinar la procedencia de los recursos en relación con los fallos disciplinarios, se tendrá en cuenta que los procesos que se adelanten por faltas gravísimas y graves serán siempre de dos instancias, al igual que todos aquellos en los que se impongan las sanciones de destitución y suspensión.

ART. 84.—Desistimiento de los recursos. Podrá desistirse de los recursos antes que el funcionario competente los decida.

CAPÍTULO VI

Revocatoria directa

ART. 85.—Causales de revocación. Los fallos disciplinarios serán revocables en los siguientes casos:

1. Cuando sea manifiesta su oposición a la Constitución Política o a la ley.

2. Cuando con ellos se vulneren o amenacen manifiestamente los derechos fundamentales del investigado o disciplinado.

ART. 86.—Competencia. Conocerá de la revocación directa, de oficio o a petición del sancionado, quien profirió el fallo o el superior funcional de éste.

ART. 87.—Improcedencia. No procederá la revocación directa prevista en este decreto, a petición de parte, cuando el sancionado haya ejercido cualquiera de los recursos ordinarios.

La revocación directa prevista en este decreto no procederá cuando se haya notificado el auto admisorio de la demanda proferido por la jurisdicción contencioso administrativa.

ART. 88.—Efectos. Ni la petición de la revocación del fallo, ni la decisión que sobre ella se tome, revivirán los términos legales para el ejercicio de las acciones contencioso administrativas, ni darán lugar a la aplicación del silencio administrativo.

CAPÍTULO VII

Pruebas

ART. 89.—Necesidad de la prueba. Toda providencia disciplinaria debe fundarse en pruebas legalmente producidas, allegadas o aportadas al proceso, por petición de cualquier sujeto procesal o en forma oficiosa.

ART. 90.—Imparcialidad del funcionario en la búsqueda y apreciación de la prueba. El funcionario buscará la verdad. Para ello deberá investigar con igual rigor, los hechos y circunstancias que demuestran la existencia de la falta disciplinaria y la responsabilidad del investigado, lo mismo que los que tiendan a mostrar su inexistencia o le eximan de responsabilidad. Para tal efecto, el funcionario podrá decretar y practicar pruebas de oficio.

ART. 91.—Medios de prueba. Son medios de prueba la confesión, el testimonio, el dictamen pericial, la inspección y los documentos, los cuales se apreciarán conforme a las normas del Código de Procedimiento Penal, en cuanto sean compatibles con la naturaleza y las reglas del procedimiento disciplinario.

Los indicios se tendrán en cuenta al momento de apreciar las pruebas, siguiendo las normas de la sana crítica.

Los demás medios de prueba se practicarán de acuerdo con las disposiciones que los regulen, respetando siempre los derechos fundamentales.

ART. 92.—Prueba para sancionar. El fallo sancionatorio sólo procederá cuando obre prueba que conduzca a la certeza de la falta y de la responsabilidad del disciplinado.

ART. 93.—Petición de pruebas. El disciplinado o quien haya rendido versión, podrá pedir la práctica de pruebas o aportar las que estime conducentes.

Cuando las pruebas sean allegadas o aportadas por el disciplinado o quien haya rendido versión, sólo se incorporarán al proceso previo auto que estime su conducencia o pertinencia. La denegación total o parcial de las solicitadas o allegadas antes de que se abra investigación disciplinaria, deberá ser motivada y comunicarse por escrito al peticionario.

ART. 94.—Libertad de pruebas. La falta y la responsabilidad del disciplinado podrán demostrarse con cualquiera de los medios de prueba legalmente reconocidos.

ART. 95.—Práctica de pruebas por comisionado. El funcionario con atribución disciplinaria o el investigador, podrán comisionar para la práctica de pruebas a otro funcionario idóneo.

En la decisión que ordene la comisión se deben establecer las diligencias objeto de la misma y el término para practicarlas.

No obstante, el comisionado podrá practicar aquellas pruebas que surjan directamente de las que son objeto de la comisión, si así lo autoriza expresamente el comitente.

Se remitirán al comisionado las copias de la actuación disciplinaria que sean necesarias para la práctica de las pruebas.

ART. 96.—Utilización de medios técnicos. Para la práctica de cualquier prueba, se podrán utilizar los medios técnicos adecuados y autorizados.

ART. 97.—Prueba trasladada. Las pruebas obrantes válidamente en un proceso judicial o administrativo, podrán trasladarse al proceso disciplinario en copia autenticada y se apreciarán de acuerdo con las reglas preexistentes, según la naturaleza de cada medio probatorio.

ART. 98.—Inexistencia de la prueba. La prueba recaudada sin el lleno de las formalidades sustanciales o en forma tal que afecte los derechos fundamentales del disciplinado, se tendrá como inexistente.

CAPÍTULO VIII

Nulidades

ART. 99.—Causales. Son causales de nulidad del proceso las siguientes:

1. La falta de competencia del funcionario para fallar.

2. La violación al debido proceso.

3. La ostensible vaguedad o ambigüedad de los cargos y la imprecisión de las normas en que se fundamenten.

ART. 100.—Declaratoria de oficio. En cualquier etapa del proceso en que el funcionario investigador o el funcionario con atribución disciplinaria, advierta que existe alguna de las causales previstas en el artículo anterior, decretará la nulidad total o parcial de lo actuado desde el momento en que se presentó la causal y ordenará que se reponga la actuación que dependa del acto declarado nulo para que se subsane lo afectado. Las pruebas practicadas legalmente conservarán su plena validez.

ART. 101.—Solicitud de nulidad. La solicitud de nulidad podrá formularse antes de proferirse el fallo definitivo y deberá indicar la causal o causales invocadas y expresar las razones que la sustenten. Únicamente se podrá formular otra solicitud de nulidad por causal diferente o por hechos posteriores.

ART. 102.—Término para resolver. El funcionario investigador o el funcionario con atribuciones disciplinarias resolverá la solicitud de nulidad, a más tardar dentro de los diez (10) días siguientes a la fecha de su recibo.

CAPÍTULO IX

De la suspensión provisional

ART. 103.—Suspensión provisional. El director general de la Policía Nacional, a solicitud del funcionario competente, podrá ordenar la suspensión provisional del investigado por el término de tres (3) meses, prorrogable hasta por otro tanto, siempre y cuando existen serios elementos de juicio, que permitan establecer que la permanencia en el cargo o servicio, facilita la interferencia del presunto autor de la falta en el trámite normal de la investigación o ante la posibilidad de la continuidad o reiteración de la falta.

El auto que ordene o solicite la suspensión provisional será motivado, tendrá vigencia inmediata y contra él no procede recurso alguno.

ART. 104.—Reintegro del suspendido. El disciplinado suspendido provisionalmente, será reintegrado a su cargo o servicio y tendrá derecho al reconocimiento y pago de la remuneración dejada de percibir durante el período de suspensión en los siguientes casos:

a) Cuando la investigación termine porque el hecho investigado no existió, la ley no lo considera como falta disciplinaria, se justifica, el acusado no lo cometió, la acción no puede proseguirse; también, por haberse declarado la nulidad de lo anotado, incluido el auto que decretó la suspensión provisional;

b) Por la expiración del término de suspensión sin que hubiere terminado la investigación, salvo que esta circunstancia haya sido determinada por el comportamiento dilatorio del investigado o su apoderado.

PAR.—La determinación del comportamiento dilatorio, se efectuará mediante providencia motivada por el funcionario con atribuciones disciplinarias para fallar.

c) Cuando la sanción impuesta fuere de amonestación, multa o suspensión.

PAR.—Cuando la sanción impuesta fuere la multa, se ordenará descontar de la cuantía de la remuneración correspondiente al término de suspensión, el valor de la multa hasta su concurrencia.

Cuando el disciplinado fuere sancionado con suspensión de funciones en el fallo se ordenarán las compensaciones que correspondan, según lo dejado de percibir durante el lapso de la suspensión provisional.

ART. 105.—Destitución del suspendido. Si el suspendido resultare responsable de haber cometido la falta, la sanción de destitución que se le imponga se hará efectiva a partir de la fecha de la suspensión disciplinaria dictada como medida cautelar.

TÍTULO III

Competencia

CAPÍTULO I

Generalidades de la competencia

ART. 106.—Noción. Es la atribución disciplinaria que tienen los miembros uniformados de la Policía Nacional, que ejercen mando o autoridad respecto de los subalternos, para aplicar sanciones disciplinarias.

ART. 107.—Factores determinantes de la competencia. La competencia se determinará teniendo en cuenta la calidad del sujeto disciplinable, la naturaleza del hecho, el territorio en donde se cometió la falta, el factor funcional y el de conexidad.

ART. 108.—Competencia por la calidad del sujeto disciplinable. Corresponde a los funcionarios de la Policía Nacional enunciados en el artículo 122 de este decreto, disciplinar al personal de la institución.

PAR.—El personal no uniformado de la Policía Nacional, no podrá disciplinar al personal uniformado de la institución.

ART. 109.—Factor territorial. Es competente en materia disciplinaria, el funcionario de la Policía Nacional del territorio donde se realizó la conducta y, en los casos de omisión, donde debió realizarse la acción.

ART. 110.—Competencia por razón de la conexidad. Cuando un funcionario de la institución cometa varias faltas disciplinarias conexas, se investigarán y decidirán en un solo proceso.

Cuando varios servidores de la Policía Nacional participen en la comisión de una falta o de varias que sean conexas, se investigarán y decidirán en el mismo proceso por quien tenga la competencia para disciplinar al de mayor jerarquía.

ART. 111.—Competencia funcional. Corresponde a las autoridades con atribuciones disciplinarias, imponer las sanciones dentro de los límites y condiciones que este decreto establece.

ART. 112.—Concurrencia de competencias. Cuando se presente concurrencia de competencia entre falladores, por haberse cometido la falta por personal perteneciente a diferentes unidades u organismos policiales, será competente para investigar y sancionar al superior con atribuciones disciplinarias comunes a todos ellos.

PAR.—Cuando existan dudas sobre la autoridad que deba asumir la investigación disciplinaria, el director general de la Policía Nacional la designará mediante auto motivado contra el cual no procede recurso alguno.

ART. 113.—Competencia a prevención. Cuando un servidor de la institución cometa una falta en jurisdicción de una unidad policial distinta a la que pertenece, el comandante del departamento donde se cometió la falta iniciará la investigación disciplinaria, debiendo remitirla al superior funcional del investigado dentro de los quince (15) días siguientes.

ART. 114.—Acumulación de investigaciones. La acumulación de las investigaciones disciplinarias que se adelanten contra un mismo investigado, podrá ordenarse de oficio o a solicitud del mismo a partir de la notificación del auto de cargos, siempre que no se haya proferido fallo de primera instancia.

Si se niega, deberá expedirse auto motivado contra el cual procede el recurso de reposición.

ART. 115.—Conflicto de competencias. El funcionario con atribuciones disciplinarias que se considere incompetente para conocer de una actuación disciplinaria, deberá expresarlo remitiendo el expediente en el estado en que se encuentre, dentro de los diez (10) días siguientes, a quien de conformidad con lo dispuesto en este decreto tenga atribuida la competencia.

Si el funcionario a quien se remite la actuación acepta la competencia, avocará el conocimiento del asunto; en caso contrario, lo remitirá al superior común inmediato con el objeto de que éste dirima el conflicto. Contra esta decisión no procede recurso alguno.

El funcionario de inferior nivel, no podrá promover conflicto de competencia al superior, pero podrá exponer las razones que le asisten y aquél, de plano, resolverá lo pertinente.

Este mismo procedimiento se aplicará cuando existan dos o más funcionarios que se consideren competentes.

ART. 116.—Otras atribuciones. Cuando se produzcan cambios en la denominación de los organismos o dependencias, el director general de la Policía Nacional, mediante resolución, fijará la atribución disciplinaria conforme a las pautas establecidas en el presente decreto, siempre que la norma que disponga el cambio o denominación no la contemple.

ART. 117.—Traslado o comisión del investigado o disciplinado. Si el investigado o disciplinado cambia de unidad por traslado o comisión del servicio, la atribución disciplinaria para investigar y sancionar la falta continuará siendo del superior que fuere competente en el momento en que ocurrieron los hechos.

CAPÍTULO II

Impedimentos y recusaciones

ART. 118.—Declaración de impedimentos. El servidor de la Policía Nacional, que conozca de procesos disciplinarios en quien concurra alguna causal de recusación, deberá declararse impedido tan pronto como advierta la existencia de ella.

ART. 119.—Causales de recusación y de impedimento. Son causales de recusación y de impedimento para los servidores de la Policía Nacional que ejercen la acción disciplinaria, las establecidas en los códigos de Procedimiento Civil y Penal.

ART. 120.—Procedimiento en caso de impedimento. El servidor de la Policía Nacional impedido o recusado, pasará el proceso a su superior jerárquico o funcional, según el caso, fundamentando y señalando la causal existente y si fuere posible aportará las pruebas pertinentes, a el fin de que el superior decida de plano y determine quién lo sustituye.

La actuación disciplinaria se suspenderá desde que se manifieste el impedimento o se presente la recusación y hasta cuando se decida.

Cuando el recusado o impedido sea el funcionario investigador, el competente para decidir la causal será el funcionario con atribuciones disciplinarias que ordene la investigación.

ART. 121.—Improcedencia de impedimento y recusación. No están impedidos ni son recusables, los funcionarios a quienes corresponda decidir el incidente.

CAPÍTULO III

Autoridades con atribuciones disciplinarias

ART. 122.—Autoridades con atribuciones disciplinarias. Son autoridades con atribuciones disciplinarias para imponer las sanciones previstas en este decreto:

1. Ministro de Defensa Nacional: Conoce del recurso de apelación y del grado de consulta, de los procesos fallados en primera instancia por el director general de la Policía Nacional.

2. Director general de la Policía Nacional:

a) Conoce de las faltas cometidas por el subdirector general, inspector general, jefes de las oficinas asesoras y del personal de su despacho;

b) Del grado jurisdiccional de consulta,

c) Del recurso de apelación contra los fallos de primera instancia.

3. Subdirector general de la Policía Nacional:

a) Conoce de las faltas cometidas por el personal de su despacho y por los directores de la dirección general;

b) De las faltas cometidas por el personal adscrito a las dependencias de la dirección general de la Policía Nacional, cuando el superior inmediato carezca de atribuciones disciplinarias.

4. Inspector general de la Policía Nacional: Conoce de las faltas cometidas por el personal de su despacho, director del centro de reclusión, personal en comisión en el exterior.

5. Directores de la dirección general:

a) Conocen de las faltas cometidas por el personal de su despacho y jefes de área;

b) El director operativo conocerá de las faltas cometidas, además de lo prescrito en el literal anterior, por los comandantes de departamento y comandantes de policía metropolitana;

c) El director de la Escuela Nacional de Policía “General Santander” conoce, además de lo establecido en el literal a) de las faltas cometidas por los directores de las seccionales de formación.

6. Jefes de oficinas asesoras de la dirección general: Conocen de las faltas cometidas por el personal de su despacho.

7. Comandantes de policía metropolitana: Conocen de las faltas cometidas por el personal de su despacho y subcomandantes de policía metropolitana.

8. Comandantes de departamento: Conocen de las faltas cometidas por el personal de su despacho y subcomandantes de departamento.

9. Directores de seccionales de formación: Conocen de las faltas cometidas por el personal de su despacho y jefes de área.

10. Subcomandantes de departamento y de policía metropolitana: Conocen de las faltas cometidas por el personal de su despacho, los comandantes de distrito y jefes de grupo, según el subcomando que corresponda.

11. Comandantes de distrito: Conocen de las faltas cometidas por el personal del comando de distrito y comandantes de estación.

12. Jueces de instancia o de conocimiento de la Policía Nacional vinculados a la justicia penal militar: Conocen de las faltas cometidas por el personal de su despacho.

13. Jefes de área y comandantes de estación:

a) Los jefes de área conocen de las faltas cometidas por el personal bajo su mando;

b) Los comandantes de estación conocen de las faltas cometidas por el personal del comando de estación y los comandantes de subestación.

14. Jefes de grupo y subcomandantes de estación: Conocen de las faltas cometidas por el personal bajo su mando.

ART. 123.—Competencia para disciplinar al personal en comisión o adscrito a otras unidades. El personal que se encuentre en comisión en una unidad policial, quedará sometido a la atribución disciplinaria del funcionario que se indique en el acto administrativo que ordena la misma. El que se encuentre adscrito, a la atribución disciplinaria del comandante o director de dicha unidad.

El personal que se encuentra en comisión en el ramo de la defensa o en otras entidades, quedará sometido a la atribución disciplinaria del jefe policial directo. Cuando carezca de éste, la atribución disciplinaria corresponderá al director de recursos humanos.

ART. 124.—Competencias especiales. Las siguientes son competencias especiales:

a) Los comandantes de zona antinarcóticos, conocen de las faltas cometidas por el personal bajo su mando directo y los comandantes de compañía;

b) Los comandantes de base aérea, escuadrón móvil antidisturbios, Gaula, Copes, Goes, jefes de Sipol y Sijin, conocen de las faltas cometidas por el personal bajo su mando;

c) El comandante de policía de carreteras, conoce de las faltas que cometan los subcomandantes y los comandantes de zona, y estos últimos, de las faltas cometidas por el personal bajo su mando.

ART. 125.—Competencias en cuanto al personal de la justicia penal militar. Con relación al personal de oficiales y suboficiales de la Policía Nacional que desempeñen cargos en la justicia penal militar, corresponde al director ejecutivo de la justicia penal militar conocer de las faltas disciplinarias en única instancia para las leves y en primera instancia para las graves y gravísimas a las que se refiere el presente decreto. Corresponde al ministro de Defensa Nacional, en segunda instancia, de las faltas graves y gravísimas.

PAR.—Tratándose de faltas relacionadas con el desempeño de las funciones y jurisdicciones propias del respectivo cargo, les serán aplicadas las normas disciplinarias de la rama jurisdiccional por las autoridades en ellas señaladas.

ART. 126.—Competencia por razón de la falta y de la sanción. Sin perjuicio de lo dispuesto en los artículos anteriores, únicamente podrán ordenar la apertura de investigación por faltas gravísimas los funcionarios a que se refieren los numerales 2º al 9º del artículo 122.

La sanción de destitución sólo podrá ser impuesta en primera instancia por los mismos funcionarios a que se refiere el inciso anterior.

La sanción de suspensión sólo podrá ser impuesta en primera instancia por los funcionarios a que se refieren los numerales 2º al 10, los jefes de área, los comandantes de zona antinarcóticos y el comandante de policía de carreteras.

TÍTULO IV

Procedimiento ordinario

CAPÍTULO I

Indagación preliminar

ART. 127.—Indagación preliminar. En caso de duda sobre la procedencia de investigación disciplinaria, se ordenará indagación preliminar.

ART. 128.—Fines de la indagación preliminar. La indagación preliminar tendrá como fines verificar la ocurrencia de la conducta, determinar si es constitutiva de falta disciplinaria e identificar o individualizar al uniformado que haya intervenido en ella.

ART. 129.—Facultades en la indagación preliminar. Para el cumplimiento de los fines de la indagación preliminar, el funcionario que la adelante hará uso de los medios de prueba legalmente reconocidos y podrá oír en versión al servidor público, para determinar la individualización o identificación de los intervinientes en el hecho investigado.

ART. 130.—Término. Cuando proceda la indagación preliminar no podrá prolongarse por más de seis (6) meses.

La indagación preliminar no podrá extenderse a hechos distintos del que fue objeto de denuncia, queja o iniciación oficiosa y los que le sean conexos; al vencimiento de este término perentorio, el funcionario con atribución disciplinaria sólo podrá abrir investigación o archivar definitivamente el expediente.

ART. 131.—Funcionario competente. En la indagación preliminar podrá nombrarse funcionario investigador para que adelante la respectiva indagación, la cual, una vez perfeccionada, será enviada al funcionario con atribución disciplinaria para que proceda de conformidad con lo dispuesto en el artículo anterior.

Por razón de la distancia o del lugar donde deba practicarse alguna prueba, quien adelante la indagación preliminar o la investigación disciplinaria, podrá comisionar a funcionario de igual o inferior categoría, quien una vez surtida la comisión devolverá la actuación al comitente.

PAR.—Podrá desempeñarse como funcionario investigador cualquiera de las personas a que se refiere el artículo 135 del presente decreto.

CAPÍTULO II

Investigación disciplinaria

ART. 132.—Investigación disciplinaria. Cuando de la indagación preliminar, de la queja o del informe y de sus anexos, el funcionario con atribución disciplinaria encuentre establecida la existencia de una falta disciplinaria y la prueba del posible autor de la misma, ordenará investigación disciplinaria.

El auto de trámite que la ordene contendrá los siguientes requisitos:

(Sic) 2. Breve fundamentación sobre la existencia del hecho u omisión que se investiga y sobre el carácter de la falta disciplinaria.

3. La orden de las pruebas que se consideren conducentes.

4. Solicitud para que la unidad donde el uniformado esté o haya estado laborando, informe sobre sus antecedentes disciplinarios, el sueldo devengado para la época de los hechos, los datos sobre su identidad personal y su última dirección conocida.

5. La orden de dar aviso al disciplinado sobre esta decisión. Contra esta determinación de trámite no procede recurso alguno.

ART. 133.—Informe de apertura de investigación disciplinaria. De la iniciación de toda investigación disciplinaria, se informará de inmediato a la división de registro y control de la Procuraduría General de la Nación, al comisionado nacional para la Policía y a la Inspección General de la Policía Nacional, con los siguientes datos:

1. Nombres, apellidos, estado civil, nivel educativo, sexo, edad, lugar de nacimiento, documento de identificación del presunto infractor, cargo que desempeñaba, unidad administrativa a la cual pertenecía y el lugar donde ejercía sus funciones.

2. Descripción de la presunta falta objeto de la actuación, así como el lugar y fecha de su posible comisión.

3. Disposiciones generales y especiales presuntamente quebrantadas.

4. Unidad policial que adelante el asunto disciplinario, con precisión del número de la radicación, fecha del auto de apertura e indicación de su dirección.

PAR.—Todo funcionario que culmine investigación disciplinaria de su competencia, lo hará saber a la división de registro y control de la Procuraduría General de la Nación, precisando el sentido de su decisión.

ART. 134.—Oportunidad para rendir versión. Quien tenga conocimiento de la existencia de una investigación disciplinaria en su contra y antes de que le formulen cargos, podrá solicitar al correspondiente funcionario que le reciba la versión libre.

Siempre que al uniformado se le reciba versión libre, se le hará conocer el derecho de ser asistido por un abogado conforme a lo previsto en el artículo 55, numeral 2º de este decreto.

ART. 135.—Funcionario investigador. Para que se adelante la investigación disciplinaria podrá nombrarse funcionario investigador, cargo que podrá recaer en un oficial, miembro del nivel ejecutivo a partir del grado de subintendente, suboficial o personal no uniformado, para este último es requisito esencial ostentar el título de abogado.

PAR.—Dentro de la jerarquía policial, no podrá designarse como funcionario investigador a persona de menor antigüedad o grado de quien es objeto de investigación.

ART. 136.—Término. El término de la investigación disciplinaria será de doce (12) meses, contados a partir de la fecha del auto que la ordena. Cuando se investiguen dos (2) o más funcionarios, este término podrá prorrogarse hasta en la mitad.

CAPÍTULO III

Evaluación

ART. 137.—Evaluación de la investigación. Cuando se haya recaudado prueba que permita la formulación de cargos o se haya vencido el término de la investigación, el funcionario con atribución disciplinaria, y mediante decisión motivada, dentro de los quince (15) días siguientes evaluará el mérito de las pruebas recaudadas y procederá a formular pliego de cargos contra el investigado; si no hay mérito, dispondrá el archivo definitivo de la actuación.

ART. 138.—Formulación del pliego de cargos. El funcionario con atribución disciplinaria, formulará pliego de cargos cuando esté objetivamente demostrada la falta y exista prueba que comprometa la responsabilidad del investigado. Contra esta decisión no procede recurso alguno.

ART. 139.—Requisitos formales del pliego de cargos. El pliego de cargos deberá contener:

1. La descripción y determinación de la conducta investigada, con indicación de las circunstancias de tiempo, modo y lugar en que se realizó.

2. El análisis de la prueba recaudada.

3. La individualización funcional e identificación del posible autor o autores de la falta o faltas, señalando el grado, cargo, unidad en la que se desempeña o se desempeñaba y la fecha o época aproximada de los hechos.

4. La determinación de la(s) norma(s) presuntamente violada(s).

5. La descripción de la conducta violatoria de las normas, señalando por separado la prueba en que se fundamenta cada uno de los cargos.

6. La clasificación a que pertenece la presunta falta investigada, de conformidad con lo dispuesto en este decreto.

ART. 140.—Archivo definitivo. En cualquier estado de la investigación el funcionario con atribuciones disciplinarias declarará el archivo definitivo, cuando se establezca plenamente:

1. Que la conducta no ha existido o que el inculpado no lo ha cometido.

2. Que el hecho no está tipificado como falta o que existe causal de justificación.

3. Que la acción no puede iniciarse o proseguirse, por prescripción o muerte del implicado.

La decisión de archivo definitivo hará tránsito a cosa juzgada.

CAPÍTULO IV

Descargos, pruebas y fallo

ART. 141.—Término para presentar los descargos. El disciplinado dispondrá de un término de diez (10) días, contados a partir del día siguiente al de la notificación del pliego de cargos, para que presente sus descargos, solicite y aporte pruebas, si así lo estima conveniente. Durante ese término, el expediente permanecerá a su disposición en la secretaría.

ART. 142.—Renuencia. La renuencia del disciplinado o de su apoderado a presentar descargos no interrumpe el trámite de la actuación.

ART. 143.—Término para decretar pruebas. Vencido el término anterior, el investigador tendrá hasta veinte (20) días para decretar las pruebas pedidas y las que de oficio considere conducentes, hasta el máximo de los términos fijados en el artículo 136 de este decreto para su práctica; pero si fueren más de tres (3) los disciplinados, el término para la práctica se ampliará en tres (3) meses.

Si contra el auto que decreta pruebas se interpone recurso de apelación, éste será decidido por el funcionario con atribuciones disciplinarias si quien la profirió fue el funcionario investigador. En caso contrario, conocerá del recurso el superior funcional con atribución disciplinaria.

ART. 144.—Término para fallar. Practicadas las pruebas o vencido el término a que se refiere el artículo anterior, el funcionario con atribución disciplinaria proferirá decisión de fondo dentro del término de treinta (30) días. En caso de que los investigados sean tres (3) o más, el término se ampliará en quince (15) días.

ART. 145.—Insuficiencia de competencia. Si el funcionario con atribuciones disciplinarias que ordenó la investigación carece de competencia para imponer la sanción a que haya lugar, de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 125 de este decreto, procederá a consignar tal circunstancia mediante auto debidamente motivado, y a remitir de inmediato lo actuado al superior funcional competente, para que profiera la decisión correspondiente.

Contra el auto a que se refiere este artículo no procederá recurso alguno.

ART. 146.—Contenido de los fallos. Todo fallo contendrá:

1. La identidad del investigado.

2. Un resumen de los hechos.

3. Un análisis jurídico probatorio.

4. El análisis y valoración jurídica de los cargos imputados y de los descargos.

5. La fundamentación de la calificación de la falta.

6. El análisis de la culpabilidad.

7. La exposición fundamentada de los criterios utilizados para determinar la graduación de la sanción.

8. La decisión que se adopte y las comunicaciones necesarias para su ejecución. Si al momento del fallo el funcionario objeto de investigación se encuentra retirado del servicio, el fallo ordenará que se ejecute la sanción con el registro y la anotación en la hoja de vida.

9. Cuando se haya decretado la suspensión provisional, se decidirá sobre la misma y se ordenarán las compensaciones a que haya lugar cuando fuere el caso.

ART. 147.—Comunicación al quejoso. De los autos que ordenen el archivo definitivo de las diligencias investigativas, excepto cuando la causal sea la muerte del implicado, así como del fallo absolutorio, se librará comunicación al quejoso a la dirección registrada en la queja al día siguiente de su pronunciamiento, para que pueda impugnar mediante recurso de apelación debidamente fundamentado en la forma y términos del artículo 75 de este decreto.

CAPÍTULO V

Procedimiento verbal

ART. 148.—Procedencia. Se aplicará este procedimiento, cuando se trate de faltas leves admitidas por el disciplinado.

ART. 149.—Procedimiento. Cuando el superior con atribuciones disciplinarias, tenga conocimiento directo de la comisión de una falta disciplinaria leve cometida por un funcionario bajo su mando, procederá a requerir en forma escrita al presunto responsable, sobre los hechos respectivos, indicándole las normas infringidas. Si la falta es admitida por el investigado, lo citará para audiencia, precisando el lugar, fecha y hora de su celebración, la cual no podrá realizarse ni antes de cinco (5) ni después de diez (10) días siguientes a la notificación de esta citación, lapso durante el cual el expediente permanecerá a su disposición en la secretaría del despacho del competente.

Contra el auto de citación a audiencia no procede recurso alguno.

El investigado o su apoderado podrán solicitar por escrito pruebas o aportarlas dentro de los cinco (5) días anteriores a la celebración de la audiencia.

Llegados el día y la hora para su celebración, se dará lectura al escrito de citación a audiencia y se procederá a resolver sobre la conducencia de las pruebas solicitadas y aportadas y se decretarán las que de oficio se consideren necesarias. La notificación del auto que resuelve sobre pruebas, se hará en estrados y contra él sólo procederá el recurso de reposición, que se interpondrá y resolverá inmediatamente.

Agotado el trámite se procederá a la práctica de las pruebas, las que sí deben recaudarse en una unidad diferente, se podrá comisionar hasta por diez (10) días para el efecto, término durante el cual se suspenderá la audiencia.

En caso de que se decrete prueba pericial, la audiencia puede suspenderse hasta por el mismo término.

El término para la práctica de pruebas en audiencia no podrá ser superior a veinte (20) días hábiles.

Agotado el término probatorio, se concederá, por una sola vez, la palabra al investigado y a su apoderado, si lo tuviere. La intervención sólo podrá referirse en forma concreta a los cargos por los cuales se citó a audiencia; el incumplimiento de este mandato dará lugar a amonestación y su reiteración, autorizará al competente para limitar prudencialmente el tiempo de la misma.

Concluida la intervención se procederá verbal y motivadamente, a emitir el fallo en el transcurso de la misma diligencia. El funcionario con atribución disciplinaria podrá suspender para este efecto la diligencia por una vez y por un término de hasta cinco (5) días hábiles.

De todo lo actuado en las diligencias de audiencia, se dejará constancia en un acta que será firmada por los intervinientes. En caso de renuencia de alguno de los participantes a firmarla o en el de inasistencia se dejará constancia.

Contra el fallo proferido, sólo procede recurso de reposición que se interpondrá en el mismo acto y sustentará verbalmente o por escrito dentro de los dos (2) días siguientes, el cual se decidirá en el término de tres (3) días.

CAPÍTULO VI

Segunda instancia

ART. 150.—Decisión de segunda instancia. El Ministro de Defensa o el director general de la Policía Nacional, según el caso, una vez recibido el proceso deberá decidir dentro de los cuarenta (40) días hábiles siguientes. En caso de que los investigados sean tres (3) o más, el término se ampliará en quince (15) días más.

El funcionario de segunda instancia podrá, únicamente de oficio, decretar y practicar las pruebas que considere indispensables para la decisión, dentro de un término de diez (10) días libres de distancia, pudiendo comisionar para su práctica.

CAPÍTULO VII

Consulta

ART. 151.—Consulta. Se establece el grado jurisdiccional de consulta en defensa del interés público, del ordenamiento jurídico y de los derechos y garantías fundamentales.

Si transcurridos seis (6) meses de recibido el expediente por el superior no se hubiere proferido la respectiva providencia, quedará en firme el fallo materia de la consulta y el funcionario moroso será investigado disciplinariamente.

ART. 152.—Fallos consultables. Son consultables los fallos de primera instancia que no hayan sido apelados.

En relación con la consulta dentro de la ejecutoria del fallo absolutorio, el disciplinado podrá solicitar, mediante petición debidamente fundamentada, su confirmación.

ART. 153.—Transitoriedad. Los procesos disciplinarios que al entrar en vigencia el presente decreto que se encuentren con pliego de cargos notificado legalmente, continuarán su trámite hasta el fallo definitivo de conformidad con el procedimiento establecido en las normas anteriores.

ART. 154.—Vigencia. El presente decreto rige a partir del primero de enero de 2001 y deroga los decretos 2584 del 22 de diciembre de 1993 y 575 del 4 de abril de 1995 y las demás disposiciones que le sean contrarias.

Publíquese y cúmplase.

Dado en Bogotá, D.C., a 14 de septiembre de 2000.

(...).

V. Consideraciones de la Corte Constitucional y fundamentos de la decisión

Los cargos formulados por el demandante apuntan a considerar que las facultades conferidas al legislador extraordinario desconocen la reserva de ley al permitir que modifique, derogue o suprima el Código Disciplinario Único (en adelante CDU). Afirma que el ejecutivo en uso de las facultades extraordinarias conferidas por la Ley 578 de 2000 creó un procedimiento para juzgar disciplinariamente al personal uniformado de la Policía Nacional, acto que deroga normas expresas del Código Único Disciplinario.

En la intervención de la representante del Ministerio de Defensa Nacional considera que el legislador extraordinario no derogó el Código Único Disciplinario sino que creó la reglamentación de un régimen disciplinario especial, tal y como lo prescribe la Constitución en su artículo 218 que permite sustraer del régimen disciplinario del Código Único Disciplinario al personal de la Policía. Expone además que en ninguna de las normas constitucionales se prohíbe al ejecutivo modificar, adicionar o derogar leyes preexistentes que se relacionen con las materias incluidas en las facultades extraordinarias. Además agrega, que la demanda es imprecisa porque la acción de inconstitucionalidad se interpone contra el Decreto-Ley 1798 de 2000 pero los argumentos se concentran en atacar la Ley 578 de 2000.

El señor Procurador General considera que por medio de facultades extraordinarias no se podía establecer un régimen de procedimiento disciplinario diferente al establecido por el Código Único Disciplinario. Con esta reglamentación especial, el ejecutivo introdujo una serie de modificaciones al Código Único Disciplinario que contrarían el numeral 10 del artículo 150 de la Constitución Política.

De los aspectos considerados por las partes que intervienen en el proceso se define como problema jurídico a considerar por parte de la Corte, la necesidad de establecer si el Decreto 1798 de 2000, expedido por medio de facultades extraordinarias, contraría el principio de reserva de ley previsto en el numeral 10 del artículo 150 de la Constitución.

1. ¿Qué facultades le fueron conferidas al legislador extraordinario en la Ley 578 de 2000 en relación con el régimen disciplinario de los miembros de la Policía?

Como antecedentes que ilustran el presente estudio es importante citar las sentencias C-1713 y C-1493 de 2000 que realizan el estudio de constitucionalidad de las facultades extraordinarias conferidas al gobierno, y declaran la inexequibilidad de las expresiones ambiguas y de otro lado la exequibilidad de las facultades específicas entre las que se encuentran las relativas a la expedición del régimen disciplinario y ético para los miembros de la Policía Nacional. El texto de la ley habilitante es:

"LEY 578 DE 2000

(Marzo 14)

"Por medio de la cual se reviste al Presidente de la República de facultades extraordinarias para expedir normas relacionadas con las Fuerzas Militares y de Policía Nacional.

ART. 1º—De conformidad con el numeral 10 del artículo 150 de la Constitución Política, revístese al Presidente de la República de precisas facultades extraordinarias, hasta por el término de seis (6) meses, contados a partir de la promulgación de la presente ley, para expedir las normas de carrera, los reglamentos de régimen disciplinario y de evaluación de los oficiales y suboficiales de las Fuerzas Militares; el reglamento de aptitud sicofísica, incapacidades, invalideces e indemnizaciones de las Fuerzas Militares y de la Policía Nacional y el régimen de carrera y/o estatuto del soldado profesional así como el reglamento de disciplina y ética para la Policía Nacional, el reglamento de evaluación y clasificación para el personal de la Policía Nacional, las normas de carrera del personal de oficial y suboficiales de la Policía Nacional, las normas de carrera profesional del nivel ejecutivo de la Policía Nacional, los estatutos del personal civil del Ministerio de Defensa y la Policía Nacional; la estructura del sistema de salud de las Fuerzas Militares y de la Policía Nacional y se dictan otras disposiciones.

ART. 2º—En desarrollo de las facultades extraordinarias contempladas en el artículo anterior el Presidente de la República podrá derogar, modificar o adicionar entre otros los siguientes decretos: 1211 de 1990, 85 de 1989, 1253 de 1988, 94 de 1989, 2584 de 1993, 575 de 1995, 354 de 1994, 572 de 1995, 1214 de 1990, 41 de 1994, 574 de 1995, 262 de 1994, 132 de 1995, 352 de 1997, 353 de 1994 ylas demás normas relacionadas con la materia.

ART. 3º—Las mesas directivas de ambas cámaras designarán una comisión especial integrada así: cinco (5) Senadores de la República y cinco (5) Representantes a la Cámara, con el fin de participar en el desarrollo de estas facultades y en la elaboración, revisión y concertación de los textos definitivos de los decretos de reestructuración. De la comisión de redacción de la ley de facultades hará parte el Procurador General de la Nación o su delegado.

PAR.—Los decretos legislativos que se dicten en desarrollo de estas facultades no serán considerados códigos”.

La Sentencia C-1493 de 2000 declaró inexequibles las expresiones resaltadas por considerarlas vagas e imprecisas lesionando de esta manera el artículo 150, 10 de la Carta. Los decretos que el Presidente de la República podrá modificar, adicionar o derogar, de conformidad con el artículo 2º acusado, no son otros que los expresamente enumerados en tal disposición. No se olvide que en este campo no se admiten las facultades implícitas.

La Sentencia C-1713 de 2000 estudia la constitucionalidad de la parte final del artículo 1º:

…así como el reglamento de disciplina y ética para la Policía Nacional, el reglamento de evaluación y clasificación para el personal de la Policía Nacional, las normas de carrera del personal de oficial y suboficiales de la Policía Nacional, las normas de carrera profesional del nivel ejecutivo de la Policía Nacional, los estatutos del personal civil del Ministerio de Defensa y la Policía Nacional; la estructura del sistema de salud de las Fuerzas Militares y de la Policía Nacional y se dictan otras disposiciones.

Y del artículo 2º:

ART. 2º—En desarrollo de las facultades extraordinarias contempladas en el artículo anterior el Presidente de la República podrá derogar, modificar o adicionar, entre otros los siguientes decretos: 1211 de 1990, 85 de 1989, 1253 de 1988, 94 de 1989, 2584 de 1993, 575 de 1995, 354 de 1994, 572 de 1995, 1214 de 1990, 41 de 1994, 574 de 1995, 262 de 1994, 132 de 1995, 352 de 1997, 353 de 1994 y las demás normas relacionadas con la materia.

El cargo expuesto en la demanda hace referencia a la violación del artículo 150 numeral 10 de la Carta Política debido a que el actor considera que las facultades conferidas le permiten al ejecutivo expedir un código, facultad objeto de la reserva de ley. Esta Corte desestima las consideraciones del actor porque de la ley no se infiere que exista una autorización extendida a la expedición de códigos pues si bien, la restricción constitucional ha de entenderse circunscrita, como el mismo texto lo indica, a la expedición de un cuerpo legislativo que debido a su estructuración alcanza la denominación de “código” y no a todos los asuntos tratados en él. El fallo cita jurisprudencia en la que esta corporación ha declarado que

“Como quedó definido en sentencias, no toda reforma a la legislación que toque de algún modo con una materia regulada en un código, se encuentra limitada por el precepto de la Constitución que prohíbe el otorgamiento de facultades extraordinarias para la expedición de códigos, dentro de las cuales se comprenden los cambios esenciales o las modificaciones de cierta envergadura o magnitud que comprometen su estructura normativa. No están cobijadas por la prohibición las reformas por la vía de las facultades extraordinarias que no afectan la estructura general de un código ni establecen la regulación sistemática e integral de una materia. Además, es del resorte del legislador determinar las circunstancias bajo las cuales la regulación de una materia determinada debe cumplir con la forma propia de un código, e incluso puede descodificarla” (1) .

(1) Sentencia C-77 de 1997, M.P. Antonio Barrera Carbonell.

Es más, la jurisprudencia señala claramente que no toda modificación a una norma reconocida como código implica el quebrantamiento de la Constitución:

"En todo caso, aun en el evento de que una modificación de este tipo hubiese tenido lugar, tampoco se habría incurrido en inconstitucionalidad por este motivo, debido a que se trataría simplemente de una reforma parcial que no afecta la estructura general del código, ni establece la regulación sistemática e integral de una materia y, por lo tanto, no vulnera el principio democrático que el constituyente quiso proteger con la prohibición de que trata el tercer inciso del numeral décimo del artículo 150 de la Carta” (2) .

(2) Sentencia C-296 de 1995, M.P. Eduardo Cifuentes Muñoz.

Conforme a la jurisprudencia de la Corte respecto a los fallos que estudian la Ley 578 de 2000, deben considerarse como puntos de referencia para la interpretación de los alcances de las facultades extraordinarias conferidas al Presidente de la República, en el estudio de constitucionalidad del Decreto-Ley 1798 de 2000. Las sentencias identifican los aspectos para los cuales el ejecutivo estaba específicamente facultado y por ello, declaró inconstitucional las expresiones que permitían transferir facultades genéricas y frente a la facultad de derogar se declaró exequible porque es una potestad conferida en forma específica frente a los decretos enunciados en la ley y no es ni genérica ni abierta para derogar cualquier norma que se considere contraria a la reglamentación por expedir.

En repetidas ocasiones la Corte se ha referido al carácter restrictivo que tienen las facultades extraordinarias en la Constitución de 1991 (3) . El constituyente en atención a la necesidad histórica de restringir la practica de la vía excepcional de producir las leyes que desconoce el procedimiento democrático, consideró indispensable restablecer la responsabilidad que tiene el Congreso de expedir la legislación en respuesta al ejercicio de la cláusula general de competencia legislativa. Los principios constitucionales de la soberanía popular, la división de poderes y el pluralismo resultan vacíos e inútiles si el legislador ordinario renuncia a su principal función. Si la regla general es la producción de las leyes por parte del legislador ordinario y la Corte ya se pronunció sobre los alcances de las facultades extraordinarias en el caso sub judice la pregunta obvia se relaciona con la necesidad de precisar si el Decreto-Ley 1798 de 2000 responde a los límites impuestos para la expedición de un régimen disciplinario especial para los miembros de la Policía Nacional.

(3) Ver, entras otras sentencias, C-417 de 1993, C-80 de 1994, C-50 de 1997 y C-702 de 1999.

2. ¿La Policía Nacional debe tener un régimen disciplinario especial? Contenido y alcance de la legislación especial.

La Carta Política de 1991 establece que los funcionarios públicos son responsables por infringir la Constitución y las leyes y por omisión o, extralimitación en el ejercicio de sus funciones. El establecimiento de un régimen disciplinario corresponde al desarrollo del principio de legalidad propio de un Estado de derecho en el que las autoridades deben respeto y observancia al ordenamiento jurídico y responden por las acciones con las que infrinjan las normas o por las omisiones al debido desempeño de sus obligaciones.

El Código Disciplinario Único comprende el conjunto de normas sustanciales y procesales, con las que el legislador pretende asegurar la obediencia, la disciplina, la eficiencia y el adecuado comportamiento de los servidores públicos en el ejercicio de sus cargos. El Código Disciplinario Único define las conductas que se consideran faltas disciplinarias, las sanciones en las que se puede incurrir y el proceso que debe seguirse para establecer la responsabilidad disciplinaria. Con la expedición del Código Disciplinario Único se persigue la instauración de un estatuto uniforme y comprensivo de todo el régimen disciplinario aplicable a los servidores del Estado.

En el artículo 20 de la Ley 200 de 1995 se señalan como destinatarios de la ley disciplinaria a los miembros de las corporaciones públicas y empleados y trabajadores del Estado y entidades descentralizadas territorialmente y por servicios, y se reafirma su aplicación a los miembros de la fuerza pública, con las excepciones previstas en el artículo 175, a “los particulares que ejerzan funciones públicas en forma permanente o transitoria, los funcionarios y trabajadores del Banco de la República, los integrantes de la comisión de lucha ciudadana y las personas que administran los recursos de que trata el artículo 338 de la Constitución”.

El artículo 20 debe ser interpretado en concordancia con el artículo 177 que prescribe:

“Esta ley regirá 45 días después de su sanción, será aplicada por la Procuraduría General de la Nación, por los personeros, por las administraciones central y descentralizada territorialmente y por servicios y por todos los servidores públicos que tengan competencia disciplinaria; se aplicará a todos los servidores públicos sin excepción alguna y deroga las disposiciones generales o especiales que regulen materias disciplinarias a nivel nacional, departamental, distrital o municipal, o que le sean contrarias, salvo los regímenes especiales de la fuerza pública, de acuerdo con lo establecido en el artículo 175 de este código".

Y el artículo 175. De los regímenes disciplinarios especiales aplicables a los miembros de la Fuerza Pública. En los procesos disciplinarios que se adelanten contra los miembros de la Fuerza Pública se aplicarán las normas sustantivas contenidas en sus respectivos estatutos disciplinarios especiales con observancia de los principios rectores y por el procedimiento señalado en esté código, cualquiera sea la autoridad que adelante la investigación.

Estas tres normas del Código Disciplinario Único han sido objeto de evaluación constitucional al resolver demandas en su contra y han sido declaradas exequibles en los fallos C-280, C-286 y C-341 de 1996.

En la Sentencia C-310 de 1997 se estudia la constitucionalidad del artículo 175 del Código Disciplinario Único y se define su exequibilidad en los siguientes términos (4) :

(4) Respecto al mismo tema ver las sentencias C-88 de 1997 y C-620 de 1998. Ambas reiteran la condición de un régimen disciplinario especial de los miembros de la Fuerza Pública hace referencia al establecimiento de las faltas y las sanciones que atiendan a la especificidad de las funciones y no al procedimiento disciplinario que debe ser el mismo para todos los servidores del Estado.

“En relación con la unificación de estatutos y su obligatoriedad para todos los servidores públicos excepto los regidos por normas especiales, como son los miembros de la Fuerza Pública, afirmó la Corte que “si el legislador pretendía por medio del CDU (Código Disciplinario Único) unificar el derecho disciplinario, es perfectamente razonable que sus artículos se apliquen a todos los servidores públicos y deroguen los regímenes especiales, como es obvio, con las excepciones establecidas en la Constitución. Tal es el caso de aquellos altos dignatarios que tienen fuero disciplinario autónomo, pues sólo pueden ser investigados por la Cámara de Representantes (C.P., art. 178) o de los miembros de la Fuerza Pública, pues en este caso la propia Carta establece que ellos están sujetos a un régimen disciplinario especial (C.P., arts. 217 y 218), debido a las particularidades de la función que ejercen...”.

En efecto: la facultad del legislador para establecer regímenes especiales de carácter disciplinario aplicables a los miembros de la Fuerza Pública (Fuerzas Militares y Policía Nacional), proviene de la misma Constitución, concretamente de los artículos 217 y 218 de cuyos apartes pertinentes se lee:

"La ley determinará el sistema de reemplazos en las Fuerzas Militares, así como los ascensos, derechos y obligaciones de sus miembros y el régimen especial de carrera, prestacional y disciplinario, que les es propio". (art. 217, inc. 2º). Y en el inciso 1º del artículo 218 se alude al de la Policía Nacional en estos términos: “La ley determinará su régimen de carrera, prestacional y disciplinario”.

¿Pero qué significa tener un régimen especial de carácter disciplinario? Simplemente que existe un conjunto de normas singulares o particulares en las que se consagran las faltas, las sanciones, los funcionarios competentes para imponerlas y el procedimiento o trámite que debe seguir el proceso respectivo, incluyendo términos, recursos, etc., aplicables a un determinado grupo de personas, en este caso a los miembros de las Fuerzas Militares y de la Policía Nacional, que se distinguen de las que rigen para los demás servidores del Estado, debido a la específica función o actividad que les corresponde cumplir. Dicho régimen por ser especial prevalece sobre el general u ordinario, en este caso, sobre el Código Disciplinario Único.

Sin embargo, la norma demandada parcialmente, deja vigentes las disposiciones disciplinarias de carácter sustantivo que rigen a la Fuerza Pública y que están contenidas en tales estatutos especiales, disponiendo que éstas deberán aplicarse con observancia de los principios rectores contenidos en el Código Disciplinario Único y siguiendo el procedimiento señalado en el mismo, lo cual no vulnera la Constitución, pues la remisión en estos aspectos no significa desconocimiento del régimen especial.

Es que lo que en verdad diferencia los estatutos disciplinarios de las fuerzas militares y de la Policía Nacional frente a los demás regímenes de esta clase, es la descripción de las faltas en que pueden incurrir sus miembros y las sanciones que se les pueden imponer, precisamente por la índole de las funciones que están llamados a ejecutar, las que no se identifican con las de ningún otro organismo estatal.

No sucede lo mismo con el procedimiento que se debe seguir para la aplicación de tales sanciones, pues éste sí puede ser igual o similar al que rige para los demás servidores públicos, de ahí que el legislador haya decidido establecer uno sólo, el consagrado en el Código Disciplinario Único.

En relación con este tema expresó la Corte en reciente Sentencia (C-88/97), al referirse a la misma norma que es hoy objeto de acusación, “La salvedad que hizo el legislador obedeció, presumiblemente, a la idea de mantener un régimen especial disciplinario para la fuerza pública, en lo que concierne a los aspectos sustanciales, en atención a las especiales características de las funciones y actividades que cumplen sus miembros, que pueden ofrecer diferencias sustanciales con las que desarrollan el resto de los servidores del Estado. No obstante la conservación de dicho régimen excepcional para la fuerza pública, en los aspectos de orden sustancial propios de su estatuto disciplinario, el legislador consideró que debía establecer una unidad en los procedimientos para la determinación de la responsabilidad disciplinaria, por considerar que los aspectos procesales pueden ser materia de regulaciones comunes que, por tanto, pueden ser aplicables por igual para investigar y sancionar la conducta de cualquier servicio público que incurra en falta disciplinaria” (M.P. Antonio Barrera Carbonell). Resaltado fuera del texto.

La existencia de estatutos especiales no impide al legislador incluir en ellos normas que se identifican con las de estatutos de carácter general o remitirse a normas que regulen materias semejantes, por el contrario si ellas sustentan su contenido la reiteración es pertinente. Los principios rectores del proceso disciplinario —debido proceso, principio de legalidad, principio de favorabilidad, presunción de inocencia, igualdad ante la ley, reconocimiento de la dignidad humana, resolución de la duda en favor del disciplinado, etc.— deben necesariamente identificarse cualquiera que sea el régimen al que se pertenezca, pues se han instituido para garantizar al servidor público, objeto de investigación, el respeto de sus derechos constitucionales en el adelantamiento del proceso respectivo. Resaltado fuera del texto.

Como lo que pretende el demandante es que se elimine el régimen especial y, en consecuencia, se aplique la totalidad de las normas del Código Disciplinario Único a los miembros de la Fuerza Pública, basta recordar, como ya se expuso en párrafos anteriores, que es la misma Constitución la que autoriza al legislador para expedir el régimen especial disciplinario aplicable a los miembros de la Fuerza Pública; y que el legislador, de acuerdo con una política preestablecida, goza de autonomía y cierta discrecionalidad para describir las conductas que constituyen falta disciplinaria, las sanciones imponibles y el procedimiento que ha de seguirse para su aplicación, siempre y cuando con este comportamiento no vulnere normas superiores. Ante estas circunstancias mal podría el legislador desconocer la Constitución y ordenar la abolición del citado régimen especial.

La aplicación de normas sustanciales con procedimientos especiales, deberá hacerse por las instancias competentes señaladas en los ordenamientos correspondientes.

Así las cosas, no encuentra la Corte que le asista razón al accionante y, en consecuencia, el artículo 175 de la Ley 200 de 1995 será declarado exequible por no vulnerar norma constitucional alguna.

Conforme a lo expuesto el régimen disciplinario especial para los miembros de la Policía Nacional que puede ser expedido por el legislador extraordinario en uso de las facultades conferidas por la Ley 578 de 2000, sólo podía reglamentar lo relativo a los aspectos sustanciales relacionados con la actividad específica que cumple la Fuerza Pública, pero tal y como observa el señor Procurador General, este régimen sustantivo especial se aplicará en todo lo relacionado con las funciones propias del servicio y el Código Disciplinario Único en todas las otras actividades que los miembros de la Policía desempeñen como servidores públicos en general. No le estaba permitido al legislador extraordinario crear un procedimiento especial y con ello derogar lo previsto por el legislador ordinario en el proceso de unificación del régimen disciplinario (arts. 20, 175 y 177 del CDU).

En concordancia con el estudio de constitucionalidad de la Ley 578 de 2000 hecho por la Sentencia C-1713 de 2000, la pregunta obligada es saber si la reglamentación expedida por el legislador extraordinario con la promulgación del Decreto 1798 de 2000 por medio del cual se modifican las normas de disciplina y ética para la Policía Nacional, modifica sustancialmente el Código Disciplinario Único o es simplemente una reforma incidental?

3. Las facultades extraordinarias y la modificación de los códigos.

La jurisprudencia de la Corte Constitucional en materia de facultades extraordinarias relacionada con la cláusula de reserva legal para la expedición de códigos se ha caracterizado por desarrollar una posición consistente y coherente para excluir toda posibilidad de que el legislador ordinario renuncie a su función de reglamentar sistemática, armónica y completamente en un cuerpo normativo las disposiciones relativas a una determinada materia. Identificar cuándo la reglamentación de un asunto compromete la expedición de un código no puede soslayarse con la fórmula sacramental incluida en la ley que concede facultades, de que las normas producto de las facultades extraordinarias no constituyen un código. Si bien, en ejercicio de la facultad genérica de legislar le corresponde al Congreso definir cuándo una determinada reglamentación constituye un cuerpo jurídico susceptible de llamarse código, puede ocurrir que lo omita o mejor aun, confiera facultades extraordinarias frente a un conjunto de aspectos de los cuales resulta evidente la sistematicidad, armonía y plenitud reglamentaria.

El desarrollo de la jurisprudencia de la Corte en materia del control sobre las facultades extraordinarias y el cumplimiento de la reserva de ley para la expedición de códigos se inicia con la diferencia que se establece entre la función puramente compiladora y la función propiamente dicha de la producción de los códigos. En las sentencias C-248 y C-252 de 1994 señaló la Corte que la prohibición constitucional se predica de códigos entendidos como conjunto de normas que regulan de manera completa, metódica, sistemática y coordinada, las instituciones constitutivas de una rama del derecho y se extiende a la adopción de reglas especiales en aspectos puntuales claramente determinados como propias de lo que hace parte un código, por lo cual cubre tanto la expedición como la modificación de esa clase de complejos normativos (resaltado fuera del texto).

Luego en la Sentencia C-129 de 1995 se hizo más estricta la valoración del uso de las facultades extraordinarias y se declaró la inexequibilidad del artículo que revistió de facultades al Presidente de la República para compilar las disposiciones constitucionales y legales vigentes para la organización y funcionamiento de los municipios y para reordenar la numeración de las diferentes normas y eliminar aquellas que se encuentren repetidas o derogadas, además declaró también la inexequibilidad de la totalidad del Decreto 2626 de 1994 dictado por el gobierno en su desarrollo. En esta oportunidad la Corte se refirió a la competencia exclusiva del legislador para expedir códigos y frente a la compilación expresó que se trata de una facultad que en nada puede alterar la naturaleza misma de las normas agrupadas.

La sentencia mencionada advirtió que la facultad de compilar no implica la expedición de un nuevo texto jurídico en el que se incorporen nuevas disposiciones o se extingan otras porque esta es una atribución esencialmente legislativa asignada al Congreso.

La Sentencia C-255 de 1995 declaró inexequible tanto el artículo que confirió las facultades extraordinarias como el decreto producto de las mismas por medio del cual se expidió el estatuto orgánico del sistema general de seguridad social en salud por considerar que las facultades concedidas violan la reserva de ley al expedir un estatuto orgánico que tiene por objeto sistematizar, integrar, incorporar y armonizar en un solo cuerpo jurídico las normas vigentes en materia de salud no es diferente a expedir un código. Con mayor razón, si la facultad permite al Presidente eliminar las normas repetidas o superfluas, lo que podría conducir a la derogación por esta vía de normas que hacen parte de las leyes orgánicas o estatutarias.

En la Sentencia C-397 de 1995 la Corte reitera que la función codificadora está reservada al Congreso de la República, ya que ha sido prohibida la institución de las facultades extraordinarias para tal efecto... en cuanto a la codificación, puede ser efectuada por el gobierno y aun por los particulares, por lo cual no sería necesaria una ley de facultades para llevarla a cabo. Pero, si en efecto se concede autorización para codificar, ella es válida mientras no signifique en realidad la atribución presidencial extraordinaria de cumplir funciones propias de la tarea codificadora, exclusivas del legislador ordinario.

Hace parte de la jurisprudencia sobre las facultades extraordinarias y la reserva de ley sobre la expedición de códigos los fallos que evalúan el tipo de modificaciones que pueden introducirse por medio de estas facultades a los códigos así, la Sentencia C-77 de 1997 considera que siempre y cuando las facultades conferidas al gobierno para la modificación de códigos no afecten la estructura general del código ni establezcan una regulación sistemática e integral de la materia no incurren en la violación de la reserva legal. Además, añade, es de resorte del legislador determinar las circunstancias bajo las cuales la regulación de una materia determinada deba cumplir con las formas propias de un código e incluso puede descodificarla. Así, por ejemplo en la Sentencia C-64 de 1997 la Corte consideró que el estatuto de registro (De. 1250/70 era una materia descodificada y que por lo tanto no formaba parte del Código Civil y, en tal virtud, el legislador podía conceder facultades para su reforma. (resaltado fuera del texto).

Respecto a las facultades extraordinarias para la expedición de regímenes sancionadores la Corte ha dicho en Sentencia C-59 de 1997, al estudiar la constitucionalidad de una norma que facultó al Presidente de la República para expedir, precisamente, el régimen sancionatorio para las infracciones cambiarias de conocimiento de la Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales, se señaló:

"Corresponde entonces, al legislador ordinario, en ejercicio de la cláusula general de competencia (C.N., art. 150), o al legislador extraordinario, debidamente facultado para ello, dictar regímenes penales de cualquier índole (disciplinaria, contravencional, administrativa, penal, etc.) señalando el procedimiento para la aplicación de las sanciones que allí se contemplen. Sin embargo, no sobra recordar que el Congreso no puede otorgar facultades al Presidente de la República, para expedir códigos, de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 150-10 del estatuto superior.

"Así las cosas, bien podía el Congreso, sin violar disposición constitucional alguna, otorgarle facultades extraordinarias al presidente para expedir el régimen sancionatorio aplicable a las infracciones cambiarias y el procedimiento para su aplicación, en los asuntos de competencia de la Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales, como se contempla en la norma impugnada".

Lo anterior significa que las facultades extraordinarias pueden conferirse siempre y cuando la regla general de reserva de ley para la expedición de códigos no se desconozca y resulte de las facultades conferidas al gobierno una reglamentación creada de manera completa, metódica, sistemática y coordinada, las instituciones constitutivas de una rama del derecho o la modificación sustancial de un código porque en tal sentido, se incurrirá en la violación de la reserva de ley como lo declaró la Corte en Sentencia C-725 de 2000 al considerar inexequible el Decreto 1073 de 1999 por el cual se expide el régimen disciplinario especial para los servidores públicos de la Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales, DIAN.

“Como salta a la vista, sin esfuerzo queda claro que el Decreto 1073 de 1999, no sólo modifica el Código Disciplinario Único (L. 200/95), en cuanto a sus destinatarios y campo de aplicación, sino que, con toda la amplitud que se creyó necesaria o conveniente, de manera integral en él se regula por completo lo concerniente al régimen disciplinario de unos servidores públicos determinados, haciendo caso omiso de la prohibición constitucional para que se modifiquen los códigos mediante decretos leyes".

En concordancia con la jurisprudencia constitucional respecto al uso de las facultades extraordinarias conferidas al Presidente de la República y la reserva de ley para expedir códigos en la cual, esta corporación ha definido reiteradamente la imposibilidad que tiene el gobierno de expedir o reformar códigos, mas la jurisprudencia que declaró exequibles los artículos 20, 175 y 177 del Código Disciplinario Único que definen el ámbito de aplicación del código y el contenido del régimen especial disciplinario para los miembros de la Fuerza Pública, permite considerar para el caso sub examine, que el Decreto-Ley 1798 de 2000 viola la reserva legal prescrita, en el artículo 150 numeral 10 de la Constitución.

La violación de la reserva de ley en la que incurre el Decreto-Ley 1798 de 2000 consiste en primer lugar, en la expedición de una legislación en la cual reglamenta de manera completa, metódica, sistemática y coordinada todo lo relacionado con el régimen disciplinario de las miembros de la Policía Nacional:

En el libro primero:

— Los principios rectores.

— Ámbito de aplicación.

— De las órdenes.

— Extinción de la acción disciplinaria.

— De las faltas y sanciones disciplinarias.

— Clasificación y límites de las sanciones.

— Criterios para la graduación de las sanciones.

En el libro segundo:

— El procedimiento disciplinario.

— La acción disciplinaria.

— Sujetos procesales.

— Actuación procesal.

— Autos y fallo.

— Ejecutoria de las providencias.

— Recursos.

— Revocatoria directa.

— Nulidades.

— De la suspensión provisional.

— Competencia.

— Impedimentos y recusaciones.

— Autoridades con atribuciones disciplinarias.

— Procedimiento ordinario.

— Indagación preliminar.

— Investigación disciplinaria.

— Evaluación.

— Descargos, pruebas y fallo.

— Procedimiento verbal.

— Segunda instancia.

— Consulta.

El legislador ordinario puede conceder facultades extraordinarias al ejecutivo para expedir normas relacionadas con el régimen disciplinario de la Policía Nacional y si bien, la Constitución prescribe para estos servidores públicos la instauración de un régimen especial (art. 218) no se infiere de la especialidad del régimen la facultad para expedir un código, debido a que la normatividad prescrita en el Decreto 1798 de 2000 reglamenta sistemática y de manera completa las conductas, sanciones, principios, acciones y procedimiento para juzgarlos disciplinariamente. Las facultades extraordinarias concedidas al ejecutivo sólo podían establecer lo relativo al régimen disciplinario sustancial contenido en el Libro Primero del Decreto-Ley 1798 de 2000.

Conforme a lo expuesto la cuestión sub judice se define en consideración a los siguientes aspectos jurídicos:

i) En la Sentencia C-1493 de 2000 esta corporación declaró inexequible la expresión y demás normas relacionadas con la materia del artículo 2º de la Ley 578 de 2000, que concede facultades legislativas al Presidente de la República para derogar, modificar o adicionar las normas referidas al tema. Sin embargo, la declaratoria de inexequibilidad de la expresión restringe el sentido de la ley habilitante al definir como normas objeto de las facultades los decretos taxativamente descritos en la mencionada ley y no cualquier otro. La Corte Constitucional declaró la frase contraria a la Carta Política por ser ambigua, situación que dota al ejecutivo de facultades contrarias al artículo 150, 10 superior, luego el gobierno tan sólo estaba facultado para derogar los decretos allí mencionados y no cualquier otra norma, como en efecto lo hizo al modificar los artículos 20, 175 y 177 del Código Único Disciplinario.

ii) En la Sentencia C-1713 de 2000 la Corte Constitucional declaró exequible la facultad extraordinaria de derogar en relación con los decretos expresamente identificados en la ley habilitante. En su fallo, expresó que tal facultad no revestía al gobierno de facultades para expedir ni modificar un código. Señala que de la Ley 578 de 2000 no se infiere ninguna facultad que desconozca la reserva legal prevista en el artículo 150, 10 de la Constitución Política que consistiría en la expedición o modificación sustancial de un código. El ejecutivo al expedir un régimen disciplinario para los miembros de la Policía desconoció las facultades expresas para derogar y modificar los decretos mencionados porque incluso modificó los artículos 20, 175 y 177 del Código Disciplinario Único, al cambiar su ámbito de aplicación y sacar a los miembros de la Policía, cuando ellos estaban cubiertos expresamente por las normas mencionadas.

iii) El Código Disciplinario Único pretende regular en forma integral lo relativo al comportamiento y eficiencia de los servidores públicos. De allí que los artículos 20 y 177 perciban que se aplicará a todos los servidores públicos sin excepción alguna y deroga las disposiciones generales o especiales que regulen materias disciplinarias... salvo los regímenes especiales de la Fuerza Pública, de acuerdo con lo establecido en el artículo 175 de este código (resaltado fuera de texto). Conforme a esta expresión el Código Disciplinario Único ya había derogado lo dispuesto en el Decreto 575 del cuatro de abril de 1995 que hacía referencia a un procedimiento disciplinario especial para los miembros de la Policía, luego no le estaba permitido al ejecutivo mediante facultades extraordinarias modificar el ámbito de aplicación del código, de los decretos que hace mención la ley habilitante el gobierno sólo podía derogar lo relacionado con el régimen sustancial.

iv) El artículo 175 del Código Disciplinario Único reconoce la prescripción constitucional establecida en los artículos 217 y 218 para crear por medio de la ley los estatutos especiales para los miembros de la fuerza pública, pero acto seguido el legislador ordinario, al expedir el Código Disciplinario Único, determinó que estos regímenes especiales deberán someterse a la observancia de los principios rectores y al procedimiento señalado el Código Disciplinario Único, condición que no se puede modificar por medio de facultades extraordinarias porque hace parte de uno de los aspectos sustanciales del código como es su ámbito de aplicación. Una interpretación contraria llevaría a que por medio de la especialidad de las funciones que desempeñan los servidores públicos, se promoviera un vaciamiento del Código Disciplinario Único y además que se concedan facultades extraordinarias para modificar sustancialmente una norma denominada por el propio legislador ordinario como código en franca contradicción con la norma superior.

Con la expedición del Decreto 1798 de 2000 el legislador extraordinario no sólo excedió sus facultades al expedir un código disciplinario para la Policía sino que además incurrió en la violación de la reserva de ley porque modifica en forma sustancial el Código Disciplinario Único en lo dispuesto por los artículos 20, 175 y 177, artículos que definen el ámbito de aplicación del código en los cuales incluye expresamente a los miembros de la Fuerza Pública y, además, prescribe que frente a los regímenes disciplinarios especiales aplicables a los miembros de la Fuerza Pública se aplicarán las normas sustantivas contenidas en sus respectivos estatutos disciplinarios especiales con observancia de los principios rectores y por el procedimiento señalado en este código (art. 175 del CDU). Normas declaradas exequibles en los fallos ya citados.

El Decreto 1798 de 2000 reglamenta tanto lo relacionado con la parte sustancial como lo procesal. En el Libro Primero define la totalidad de los aspectos relacionados con la descripción de los principios, conductas y destinatarios del régimen disciplinario especial para los miembros de la Policía Nacional. De acuerdo con los aspectos definidos en esta parte considerativa, el gobierno estaba facultado para expedir esta normatividad. Pero en relación con los aspectos procesales definidos en el Libro Segundo del decreto ley no podía el ejecutivo por medio de facultades extraordinarias dictar un procedimiento especial y diferente al previsto en el Código Disciplinario Único.

En consecuencia, la Corte declarará inexequible el Libro Segundo del Decreto-Ley 1798 de 2000 por haber excedido las facultades extraordinarias al expedir un código y modificar el Código Disciplinario Único al crear un procedimiento para las sanciones disciplinarias de los miembros de la Fuerza Pública cuando sólo podía expedir un estatuto disciplinario sustancial.

Por último, la Corte considera oportuno recalcar que los efectos de este fallo únicamente operan hacia el futuro, en consecuencia, las actividades procesales que se encuentren en curso y se estén rigiendo por las normas que se declararán inexequibles, deberán concluirse bajo lo dispuesto por estas normas, y en adelante se deberán aplicar las normas del Código Disciplinario Único.

Decisión

Con fundamento en las precedentes motivaciones, la Sala Plena de la Corte Constitucional administrando justicia en nombre del pueblo y por mandato de la Constitución,

RESUELVE:

1. Declarar EXEQUIBLE el Libro Primero que inicia en el artículo 1º y finaliza en el artículo 46 del Decreto-Ley 1798 de 2000.

2. Declarar INEXEQUIBLE el Libro Segundo que inicia en el artículo 47 y finaliza en el artículo 154 del Decreto-Ley 1798 de 2000.

Cópiese, notifíquese, comuníquese, insértese en la Gaceta de la Corte Constitucional, cúmplase y archívese el expediente».

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