Sentencia C-713 de julio 5 de 2001 

CORTE CONSTITUCIONAL 

SENTENCIA NÚMERO C-713 DE 2001

Ref.: Proceso D-3329

Magistrada Sustanciadora:

Dra. Clara Inés Vargas Hernández

Actor: Miguel Arcángel Villalobos Chavarro

Demanda de inconstitucionalidad contra el Decreto 1797 de 2000, “Por el cual se expide el reglamento de régimen disciplinario para las Fuerzas Militares”.

Bogotá, D.C., julio cinco de dos mil uno.

EXTRACTOS:« II. Texto objeto de revisión

Debido a su extensión, no se transcribe la norma acusada, para lo cual se remite al Diario Oficial 44.161 del 14 de septiembre de 2000.

(...).

VI. Consideraciones y fundamentos

1. Competencia.

En virtud de lo dispuesto por el artículo 241, numeral 5º, de la Constitución, la Corte Constitucional es competente para conocer de la constitucionalidad del Decreto 1797 de 2000, “por el cual se expide el reglamento de régimen disciplinario para las Fuerzas Militares”, ya que se trata de una demanda ciudadana contra un decreto dictado por el gobierno en ejercicio de facultades extraordinarias.

2. Lo que se debate.

Corresponde a la Corte establecer si el decreto acusado contraviene la prohibición constitucional de expedir códigos en ejercicio de facultades extraordinarias, puesto que en opinión del demandante a través de sus preceptivas el ejecutivo le introdujo modificaciones al régimen disciplinario de las Fuerzas Militares, contenido en el Código Disciplinario Único (L. 200/95) y en el Decreto-Ley 85 de 1989.

Según los intervinientes el decreto censurado se ajusta a la Carta, puesto que por mandato expreso de la Constitución Política las Fuerzas Militares deben contar con un régimen disciplinario propio, motivo por el cual bien podía el gobierno, en ejercicio de facultades extraordinarias, expedir un reglamento disciplinario especial que no constituyera un código.

Por su parte, el jefe del Ministerio Público considera que el decreto que se demanda se ajusta a la Carta Política, con excepción de su parte II, que al haber adoptado reglas especiales de procedimiento en materia disciplinaria para los miembros de las Fuerzas Militares, modificó el Código Disciplinario Único en contra de la prescripción contenida en el canon 150-10 superior, que prohíbe revestir al Presidente de la República de atribuciones excepcionales para legislar con el fin de dictar códigos.

Con el objeto de despejar los interrogantes que plantea la demanda, se hace necesario establecer, en primer término, un marco general donde se precise el sentido y alcance del régimen disciplinario especial para las Fuerzas Militares. En segundo lugar, debe determinarse en qué consiste la prohibición constitucional de reformar códigos a través de facultades extraordinarias. Sentadas estas premisas se procederá al análisis de los cargos de inconstitucionalidad contra el Decreto 1797 de 2000.

3. Sentido y alcance del régimen disciplinario especial para las Fuerzas Militares.

De conformidad con lo preceptuado en el artículo 217 de la Constitución Política, las Fuerzas Militares, cuya finalidad primordial es la defensa de la soberanía, la independencia, la integridad del territorio y del orden constitucional, deben contar con un régimen especial en materia disciplinaria que le sea propio.

Para la jurisprudencia constitucional, el significado de ese régimen especial de carácter disciplinario estriba en la existencia de un singular conjunto normativo aplicable a los miembros de las Fuerzas Militares, en el que se establecen las faltas, las sanciones, los funcionarios competentes para imponerlas y el trámite que debe seguir el respectivo proceso, incluido el señalamiento de los términos, las actuaciones y los medios de impugnación, etc. (1)

(1) Sentencia C-310 de 1997, M.P. Carlos Gaviria Díaz. En este pronunciamiento, la Corte sentó la anterior doctrina al analizar una demanda de demanda (sic) de inconstitucionalidad contra los artículos 25-4, 26 inciso primero (parcial), 30-1, y 175 (parcial) de la Ley 200 de 1995 —Código Disciplinario Único—.

Pero también se ha dicho que la diferencia específica de este régimen especial con el estatuto disciplinario general para los servidores públicos consiste en la descripción de las conductas constitutivas de falta disciplinaria y en el catálogo de sanciones a imponer, dada la índole de las funciones que están llamados a desempeñar los miembros de las Fuerzas Militares las cuales no se identifican con las de ningún otro organismo del Estado (2) .

(2) En la Sentencia C-620 de 1998, M.P. Vladimiro Naranjo Mesa, la Corte reiteró que las diferencias existentes entre los estatutos disciplinarios de las Fuerzas Militares y la Policía Nacional y los aplicables a los demás funcionarios públicos, radican, exclusivamente, en los aspectos de orden sustancial —las faltas en que pueden incurrir y las sanciones que le son aplicables— y no en el procedimiento que debe surtirse para imponer la sanción, pues allí es perfectamente posible que el legislador fije una regulación común sin que por eso se entiendan afectados los regímenes especiales y, en consecuencia, las disposiciones constitucionales que los consagran. No obstante, precisó que si bien los regímenes especiales disciplinarios sólo pueden comprender las regulaciones íntimamente vinculadas con su objeto específico, “las conductas que trasciendan la función propiamente militar o policiva, por carecer de relación directa con el servicio, no pueden quedar cobijadas dentro de las indicadas regulaciones, lo cual se predica, entre otros casos, de las conductas que violan los derechos humanos. Tales comportamientos quedan, entonces, sometidos a la normatividad ordinaria, penal o disciplinaria”.

En lo sustantivo dicho régimen se encontraba consignado en el Decreto-Ley 85 de 1989, en el cual fue subrogado por el Decreto 1797 de 2000 bajo revisión. Y en lo que respecta a los procedimientos, el régimen disciplinario especial se rige por lo normado en la Ley 200 de 1995, Código Único Disciplinario, cuyo artículo 175, al preservar la vigencia de los regímenes disciplinarios especiales para los miembros de la Fuerza Pública, dispone que en los procesos disciplinarios que se adelanten contra estos servidores se aplicará el procedimiento señalado en dicho estatuto, cualquiera sea la autoridad que adelante la investigación.

Al examinar el artículo 175 del Código Disciplinario Único , la Corte consideró que la medida consistente en hacer extensivas a los miembros de la Fuerza Pública en general las reglas de procedimiento previstas en ese ordenamiento legal, obedeció a la necesidad de establecer una unidad en esta materia para efectos de la determinación de la responsabilidad disciplinaria, toda vez que los aspectos procesales pueden ser objeto de regulaciones comunes aplicables para investigar y sancionar la conducta de cualquier servidor público incurso en una infracción de tal naturaleza (3) .

(3) Sentencia C-88 de 1997, M.P. Antonio Barrera Carbonell.

Lo anterior permite concluir que en virtud de la autorización constitucional para expedir un régimen especial disciplinario aplicable a los miembros de la Fuerza Pública, el legislador goza de amplio poder de configuración en esta materia que lo habilita para regular lo concerniente al señalamiento de las conductas constitutivas de falta disciplinaria, las sanciones a imponer y el trámite procedimental que debe observarse para su aplicación, aspecto este que según se anotó, se gobierna por las disposiciones procesales previstas en la Ley 200 de 1995 o Código Disciplinario Único.

4. La prohibición constitucional de modificar códigos por medio de facultades extraordinarias.

El segundo aspecto que debe ser dilucidado por la Corte consiste en establecer el sentido y alcance de la prohibición constitucional consagrada en el artículo 150-10 de la Carta, de expedir códigos a través del ejercicio de facultades extraordinarias otorgadas al Presidente de la República, por cuanto en criterio del demandante el ejecutivo al dictar el decreto censurado desconoció el aludido mandato fundamental, ya que mediante este ordenamiento jurídico, que contiene el reglamento de régimen disciplinario para las Fuerzas Militares, le introdujo enmiendas esenciales al Código Disciplinario Único.

La jurisprudencia constitucional ha venido decantando una doctrina en torno a la mencionada prohibición y así ha llegado a admitir que no toda modificación que se le introduzca a los códigos por intermedio de un decreto de facultades extraordinarias implica una infracción directa al canon 150-10 de la Constitución, salvo que la enmienda afecte significativamente la estructura normativa de esta clase de legislación o consista en una regulación que presente las características que son propias de los códigos, a saber, la unificación y armonización de determinada materia con sujeción a unos principios comunes a fin de brindar la debida seguridad jurídica, caso en el cual se configura la inconstitucionalidad.

En la Sentencia C-77 de 1997, cuyos planteamientos prohíja esta corporación para los fines del presente pronunciamiento, la Corte dijo sobre este particular lo siguiente:

“Como quedó definido en las sentencias C-252 de 1994 (4) y C-296 de 1995 (5) , no toda reforma a la legislación que toque de algún modo con una materia regulada en un código, se encuentra limitada por el precepto del artículo 150-10 de la Constitución que prohíbe el otorgamiento de facultades extraordinarias para la expedición de códigos, dentro de las cuales se comprenden los cambios esenciales o las modificaciones de cierta envergadura o magnitud que comprometen su estructura normativa. Por lo tanto, no están cobijadas por la prohibición las reformas por la vía de las facultades extraordinarias que no afectan la estructura general de un código ni establecen la regulación sistemática e integral de una materia. Además, es del resorte del legislador determinar las circunstancias bajo las cuales la regulación de una materia determinada debe cumplir con la forma propia de un código, e incluso puede descodificarla. Así, por ejemplo, en la Sentencia C-64 de 1997 (6) la Corte consideró que el estatuto de registro (D. 1250/1970) era una mataria descodificada y que por lo tanto no formaba parte del Código Civil y, en tal virtud, el legislador podía conceder facultades para su reforma”.

(4) M.P. Antonio Barrera Carbonell y M.P. Vladimiro Naranjo Mesa.

(5) M.P. Eduardo Cifuentes Muñoz.

(6) M.P. Jorge Arango Mejía.

Bajo estas consideraciones, procede indagar si en el asunto bajo revisión el reglamento de régimen disciplinario para las Fuerzas Militares, adoptado por medio del Decreto 1797 de 2000, le introdujo modificaciones sustanciales al Código Disciplinario Único, en cuanto respecta al trámite procedimental para el juzgamiento de los miembros de dicha institución, desconociendo la prohibición constitucional prevista en el artículo 150-10 de la Carta Política.

5. El caso concreto.

Antes de decidir el cuestionamiento central de la demanda, la Corte considera pertinente hacer las siguientes observaciones sobre los límites temporales y materiales dentro de los cuales se produjo la expedición del Decreto 1797 de 2000, bajo revisión:

La Ley 578 de 2000, preceptúa:

“LEY 578 DE 2000

(Marzo 14)

“Por medio de la cual se reviste al Presidente de la República de facultades extraordinarias para expedir normas relacionadas con las Fuerzas Militares y de Policía Nacional.

“El Congreso de Colombia,

“DECRETA:

“ART. 1º—De conformidad con el numeral 10 del artículo 150 de la Constitución Política, revístese al Presidente de la República de precisas facultades extraordinarias, hasta por el término de seis (6) meses, contados a partir de la promulgación de la presente ley, para expedir las normas de carrera, los reglamentos de régimen disciplinario y de evaluación de los oficiales y suboficiales de las Fuerzas Militares; el reglamento de aptitud sicofísica, incapacidades, invalideces e indemnizaciones de las Fuerzas Militares y de la Policía Nacional y el régimen de carrera y/o (sic) estatuto del soldado profesional así como el reglamento de disciplina y ética para la Policía Nacional y el régimen de carrera y/o estatuto del soldado profesional así como el reglamento de disciplina y ética para la Policía Nacional, el reglamento de evaluación y clasificación para el personal de la Policía Nacional, las normas de carrera del personal de oficial y suboficiales de la Policía Nacional, las normas de carrera profesional del nivel ejecutivo de la Policía Nacional, los estatutos del personal civil del Ministerio de Defensa y la Policía Nacional; la estructura del sistema de salud de las Fuerzas Militares y de la Policía Nacional y se dictan otras disposiciones.

“ART. 2º—En desarrollo de las facultades extraordinarias contempladas en el artículo anterior el Presidente de la República podrá derogar, modificar o adicionar entre otros los siguientes decretos: 1211 de 1990, 85 de 1989, 1253 de 1988, 94 de 1989, 2584 de 1993, 575 de 1995, 354 de 1994, 572 de 1995, 1214 de 1990, 41 de 1994, 574 de 1995, 262 de 1994, 132 de 1995, 352 de 1997, 353 de 1994 y las demás normas relacionadas con la materia.

“ART. 3º—Las mesas directivas de ambas cámaras designarán una comisión especial integrada así: cinco (5) Senadores de la República y cinco (5) Representantes a la Cámara, con el fin de participar en el desarrollo de estas facultades y en la elaboración, revisión y concertación de los textos definitivos de los decretos de reestructuración. De la comisión de redacción de la ley de facultades hará parte el Procurador General de la Nación o su delegado.

“PAR.—Los decretos legislativos que se dicten en desarrollo de estas facultades no serán considerados códigos.

“ART. 4º—La presente ley rige a partir de su promulgación” (7) .

(7) En las sentencias C-1493 y C-1713 de 2000, la Corte examinó la constitucionalidad de la Ley 578 de 2000. En la primera providencia, se tomaron estas determinaciones: Primero: declarar INEXEQUIBLE la expresión “…y se dictan otras disposiciones ...” del artículo 1º de la Ley 578 de 2000. Segundo: declarar INEXEQUIBLES las expresiones “... entre otros...” y “y las demás normas relacionadas con la materia” del artículo 2º de la Ley 578 de 2000. Tercero: declarar INEXEQUIBLE el aparte final del artículo 3º de la Ley 578 de 2000, que dice: “…De la comisión de redacción de la ley de facultades hará parte el Procurador General de la Nación o su delegado” y cuarto: declararse inhibida para emitir pronunciamiento sobre la acusación por vicios de trámite, por ineptitud de la demanda. En el segundo pronunciamiento la Corte decidió: Primero: INHIBIRSE para fallar de fondo respecto de los cargos formulados por vicios formales contra la Ley 578 de 2000, por ineptitud de la demanda. Segundo: declarar EXEQUIBLE el artículo 1º de la Ley 578 de 2000 salvo la expresión “y se dictan otras disposiciones” en relación con la cual debe ESTARSE A LO RESUELTO en la Sentencia C-1493 de 2000 que declaró su inconstitucionalidad. Tercero; declarar EXEQUIBLE el artículo 2º de la Ley 578 de 2000 salvo respecto de la expresión “y las demás normas relacionadas con la materia” en relación con la cual debe ESTARSE A LO RESUELTO en la Sentencia C-1493 de 2000 que declaró su inconstitucionalidad.

Desde el punto de vista temporal encuentra la Corte que el decreto que se examina no presenta vicio alguno de inconstitucionalidad, toda vez que al haberlo expedido el 14 de septiembre de 2000, el ejecutivo cumplió con el término que para tal efecto le había señalado la ley habilitante que era de seis (6) meses a partir de su promulgación, hecho ocurrido el día 15 de marzo de 2000, según consta en el Diario Oficial año CXXXV, 43.934, página 56.

Así mismo, desde el punto de vista material, se aprecia que el Decreto 1797 de 2000, tal como lo anuncia su epígrafe, establece el reglamento del régimen disciplinario para las Fuerzas Militares, en consonancia con la autorización que al efecto le fue impartida al gobierno en el artículo 1º de la Ley 578 de 2000, subrogando las disposiciones del Decreto 85 de 1989, según la facultad que en este sentido le otorgó al gobierno el artículo 2º de la citada normatividad.

Ahora bien, al revisar el contenido normativo del Decreto 1797 de 2000, advierte esta Corte que algunas de sus preceptivas no vulneran la prohibición constitucional de enmendar códigos mediante facultades extraordinarias, toda vez que se trata de regulaciones que consagran normas sustantivas que prescriben las faltas disciplinarias y las sanciones aplicables a los miembros de las Fuerzas Militares, asuntos que según se señaló en acápite precedente, bien pueden estar contemplados en un ordenamiento jurídico singular como lo es el decreto impugnado.

En efecto, el libro primero del Decreto 1797 de 2000 (arts. 1º a 86), contiene la parte sustantiva del reglamento de régimen disciplinario para las fuerzas militares, donde se especifican los principios rectores, su ámbito de aplicación, las normas militares de conducta, las órdenes, los estímulos, las faltas, las sanciones, los correctivos, la exclusión de responsabilidad, la extinción de la acción, las atribuciones disciplinarias y la competencia, aspectos estos que por su particularidad podían ser regulados por el ejecutivo haciendo uso de facultades excepcionales para legislar, como en efecto lo hizo al dictar la normatividad que se demanda.

Por el contrario, encuentra esta corporación que el conjunto de disposiciones que integran el libro segundo son de clara estirpe procesal en la medida en que regulan la actuación que debe ser observada por la autoridad competente a efectos de juzgar las infracciones disciplinarias cometidas por los miembros de la Fuerza Pública, lo cual conlleva una modificación en esta materia al Código Disciplinario Único, en contravía de la prohibición del artículo 150-10 superior, de emplear las facultades extraordinarias para estos propósitos.

Ciertamente, las normas contenidas en el libro segundo (arts. 87 a 187) sobre actuación procesal; acción disciplinaria; impedimentos y recusaciones; sujetos procesales; providencias, notificaciones y términos; recursos y consulta, pruebas y nulidades; suspensión provisional; procedimientos; segunda instancia; lectura y ejecución del fallo constituyen, indudablemente, reglas de trámite procedimental que, por tal razón, reforman de manera significativa la estructura del Código Disciplinario Único, por cuanto alteran el propósito plasmado en el artículo 175 de la Ley 200 de 1995, de aplicar el procedimiento previsto en este ordenamiento a los miembros de las Fuerzas Militares, motivo por el cual se encuentran afectadas de inconstitucionalidad, y así lo declarará la Corte Constitucional en la parte resolutiva de esta providencia.

Finalmente, es deber de esta Corte señalar que los efectos de cosa juzgada que acompañen a este pronunciamiento, se limitan al análisis de los cargos formulados por el actor contra el Decreto-Ley 1797 de 2000, relacionados con el ejercicio indebido de las facultades extraordinarias.

VII. Decisión

En mérito de lo expuesto, la Corte Constitucional, administrando justicia en nombre del pueblo y por mandato de la Constitución,

RESUELVE:

1. Declarar EXEQUIBLE el libro primero, que inicia en el artículo 1º y finaliza en el artículo 86, del Decreto-Ley 1797 de 2000.

2. Declarar INEXEQUIBLE el Libro Segundo, que inicia en el artículo 87 y finaliza en el artículo 187, del Decreto-Ley 1797 de 2000.

Notifíquese, comuníquese, publíquese, insértese en la Gaceta de la Corte Constitucional y archívese el expediente».

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