Sentencia C-716 de agosto 19 de 2003 

CORTE CONSTITUCIONAL

SALA PLENA

Sentencia C-716 de 2003 

Ref.: Expediente D-4501

Magistrado Ponente:

Dr. Alfredo Beltrán Sierra

Demandante: Juan Ramírez Chivatá.

Demanda de inconstitucionalidad contra el artículo 372, parcial, del Código de Procedimiento Civil

Bogotá, D.C., diecinueve de agosto de dos mil tres.

EXTRACTOS: «II. Norma demandada

A continuación se transcribe el texto de la norma demandada. Se resalta lo acusado.

“Código de Procedimiento Civil

ART. 372.—Modificado. D.E. 2282/89, art. 1º, num. 187. Admisión del recurso. Repartido el expediente, se decidirá sobre la admisibilidad del recurso. El auto que lo admita lo dictará el ponente; el que lo niegue, la Sala la cual ordenará que se devuelva al tribunal o juzgado que lo remitió. Será inadmisible el recurso por no ser procedente de conformidad con el artículo 366 y cuando no se hayan expedido las copias en el término a que se refiere el artículo 371.

No podrá declararse inadmisible el recurso por razón de la cuantía.

Cuando en virtud del recurso de queja la Sala concede el de casación, se aplicará por el inferior en lo pertinente el artículo 371, a partir de la notificación del auto de obedecimiento a lo resuelto por el superior.

Si la sentencia no está suscrita por el número de magistrados que la ley exige, la Sala ordenará devolver el proceso al tribunal para que proceda como se dispone en el artículo 358.

Lo dispuesto en este artículo se aplicará, en lo pertinente, al recurso de casación per saltum”.

(...).

VI. Consideraciones de la Corte Constitucional

1. Competencia.

Un virtud de lo dispuesto por el artículo 241-4 la Corte Constitucional es competente para conocer de las demandas de inconstitucionalidad contra normas de rango legal, como la que se acusa en la demanda que se estudia.

2. El problema jurídico.

Compete a la Corte establecer si la prohibición contenida en el inciso segundo del artículo 372 del Código de Procedimiento Civil, en el sentido de que le está vedado a la Corte Suprema de Justicia inadmitir el recurso extraordinario de casación por razón de la cuantía del interés para recurrir, viola el acceso a la administración de justicia, su independencia, y desconoce la supremacía de la Corte Suprema de Justicia como máximo tribunal de la jurisdicción ordinaria.

3. Constitucionalidad del inciso segundo del artículo 372 del Código de Procedimiento Civil.

3.1. Como una de las formas de garantizar el debido proceso en las actuaciones judiciales y administrativas se encuentran los recursos, establecidos por los ordenamientos jurídico-procesales, con el fin de obtener a través de su oportuno ejercicio la corrección de los yerros contenidos en decisiones judiciales. Los recursos o medios de impugnación, han sido clasificados por el legislador en ordinarios y extraordinarios, dentro de estos últimos están el recurso extraordinario de casación y el de revisión.

El recurso extraordinario de casación, tiene por finalidad primordial la unificación de la jurisprudencia nacional y defender el derecho objetivo violado. Solamente es procedente en los procesos específicamente señalados en la ley y por las causales taxativamente indicadas en ella.

Ahora bien, el asunto que ahora se pone a consideración de la Corte, debe ser analizado partiendo de la siguiente pregunta: ¿puede el legislador establecer las formas de procedimiento que han de observarse en la tramitación del recurso de casación?

3.2. Al respecto, es importante recordar que la Constitución Política en su artículo 150, numeral 2º, otorga al legislador la atribución y autonomía de “Expedir códigos en todos los ramos de la legislación y reformar sus disposiciones”. Siendo ello así, al órgano legislativo le compete establecer los recursos que son procedentes en cada proceso y regular los requisitos para su procedencia (1) .

(1) Sentencia C-541 de 1998, M.P. Alfredo Beltrán Sierra.

En ese sentido, esta corporación se ha pronunciado en repetidas oportunidades y, en cuanto a la facultad del legislador para regular el recurso extraordinario de casación, ha expresado lo siguiente:

“[C]omo se observó antes, dentro de las funciones que competen al legislador está la de recular las reglas formales del debido proceso. Los recursos judiciales son, indudablemente, parte esencial de dichas reglas. En materia de recursos la Constitución señala simplemente directrices generales, mas no fórmulas procesales acabadas que regulen su procedencia y los requisitos para su interposición, trámite y decisión. Es así como la Constitución establece como parte integrante del debido proceso penal que el sindicado tiene derecho a “impugnar la sentencia condenatoria (art. 29), que toda sentencia judicial podrá ser avalada o consultada, salvo las excepciones que establece la ley, y que el superior no podrá agravar la pena impuesta cuando el condenado sea apelante único (art. 31), y que la Corte Suprema tiene como atribuciones la de actuar como tribunal de casación”.

(...).

En cuanto al recurso de casación la Constitución, como se advirtió antes, aunque sólo se limita a establecer de modo general la competencia funcional de la Corte Suprema como tribunal de casación, lo erige como un recurso de rango constitucional, como lo reconoció la Corte Constitucional. Por lo tanto, no ofrece duda que su regulación en lo que concierne con: procedencia del recurso, en razón de la cuantía del interés para recurrir, de la naturaleza de las sentencia que pueden ser objeto de éste; las formas y los términos para su interposición, su sustentación y condiciones de admisibilidad, los trámites del recurso y el contenido de la decisión, son cuestiones que compete regular al legislador autónomamente, aunque respetando los límites antes señalados(2) (negrillas fuera de texto).

(2) Se pueden consultar entre otras las siguientes sentencias: C-005 de 1996, M.P. José Gregorio Hernández; C-058 de 1996, M.P. Jorge Arango Mejía; C-541 de 1998, M.P. Alfredo Beltrán Sierra.

3.3. El legislador dentro del ámbito de su competencia dispuso que para la prosperidad del recurso extraordinario de casación se han de observar ciertos pasos, a saber: su interposición, la concesión del mismo, la admisión, sustentación y réplica y por último la decisión.

La interposición ha de realizarse en el acto de notificación personal de la sentencia o dentro de los cinco días siguientes al de la notificación de aquella, en escrito presentado ante el tribunal, salvo que en forma oportuna se haya solicitado la adición, corrección o aclaración de la sentencia o se hagan de oficio, evento en el cual el término se contará desde el día siguiente al de la notificación de la correspondiente providencia (CPC, art. 369).

Ahora bien, previo el Congreso de la República que la concesión del recurso de casación, como uno de los pasos a seguir, le correspondía al tribunal para lo cual ha de observar la legitimación, la oportunidad, la procedencia y la cuantía del interés para recurrir. Este último aspecto que debe ser tenido en cuenta por el tribunal para la concesión del recurso, no se refiere como equivocadamente lo interpretan el demandante y el Ministerio Público, a la cuantía de la demanda o de la relación procesal, pues en casación no se toma en cuenta el valor de lo que reclama el demandante sino el monto de lo no reconocido o impuesto al recurrente, esto es, la diferencia entre lo que se ha reclamado y lo que finalmente se ha concedido o el total de lo negado o de la condena impuesta.

Una vez determinados por el tribunal los requisitos para la concesión del recurso, si a ello hay lugar, entre ellos, como se señaló, el interés para recurrir en casación, ya sea que el mismo aparezca indiscutiblemente de los elementos de juicio que obran en el proceso o, que el tribunal haya tenido que acudir a la designación de un perito para que sea justipreciado por éste, se dispone su remisión a la Corte Suprema de Justicia para que esa corporación se pronuncie sobre la admisibilidad del mismo. La Corte Suprema, según lo dispone el artículo 372 del Código de Procedimiento Civil, podrá inadmitir el recurso por no ser procedente “de conformidad con el artículo 366 y cuando no se hayan expedido las copias en el término a que se refiere el artículo 371”, pero no podrá inadmitirlo por razón de la cuantía.

3.4. Encuentra la Corte que el legislador confió al tribunal o a los jueces del circuito en el caso de la casación per saltum la estimación del interés para recurrir en casación, otorgándoles autonomía en ese aspecto, sin que por ello pueda predicarse violación del principio de independencia funcional en la administración de justicia, pues como se señaló, es al legislador a quien corresponde dictar las normas procesales y regular el trámite en los procesos y, en ese orden de ideas consideró que el factor cuantía del interés para recurrir fuera un asunto que llegara definido a la Corte Suprema, sin que con ello se viole la Constitución Política.

Para demandar una norma procesal como violatoria de la Carta Política, se requiere demostrar con rigor, por qué razones quebranta un mandato de la Constitución, no basta pues deducir la inconstitucionalidad de una norma de orden público por la interpretación o la aplicación que se haga de ella, como sucede en el presente caso, en donde el demandante parte de consideraciones subjetivas para deducir un desconocimiento de la jerarquía de la Corte Suprema de Justicia como máximo tribunal de la jurisdicción ordinaria.

Para la Corte Constitucional, el legislador realizó un juicio valorativo atendiendo la relevancia y finalidad del recurso extraordinario de casación, del cual concluyó que correspondía a los jueces de instancia la concesión del recurso sin que le esté dado a la Corte Suprema inadmitirlo por razón del interés para recurrir, pues, se repite, el legislador consideró acudiendo a criterios como la eficacia y eficiencia en la administración de justicia, que ese punto llegara definido a esa corporación. Siendo ello así, las apreciaciones del Congreso de la República en esa materia no pueden ser desconocidas por el juez constitucional, solamente con fundamento en la mala aplicación que en casos particulares se haya realizado por parte de los tribunales.

Aducir, como se hace en la demanda, que la norma acusada desconoce la “institucionalidad” de la Corte Suprema de Justicia, no es una afirmación que pueda tener relevancia desde el punto de vista constitucional. Si el legislador en procura de racionalizar la distribución del trabajo al interior de la administración de justicia, confió en los jueces de instancia la concesión del recurso de casación, no por ello desconoció a la Corte Suprema de Justicia como máximo tribunal de la jurisdicción ordinaria, pues es a ella a quien compete desde la admisión hasta la decisión del recurso. Se trata de una situación que por lo demás no es nueva en el derecho procesal civil colombiano, pues desde el código judicial (L. 105/31, art. 529 in fine), a la Corte Suprema le estaba vedado la inadmisión del recurso por razón de la cuantía.

Así las cosas, el legislador al hacer uso de su atribución para regular los requisitos para la procedencia del recurso de casación, no desconoció los mandatos constitucionales, ni los principios que orientan la administración de justicia como la independencia y autonomía que debe orientar a los jueces de la República y, mucho menos la autoridad que como máximo tribunal en la jurisdicción ordinaria ejerce la Corte Suprema. Solamente, atendiendo criterios de eficiencia y eficacia, sustrajo a esa corporación de la valoración de un factor objetivo, como es la cuantía del interés para recurrir en casación, que en algunas oportunidades requiere la designación de peritos y la práctica de pruebas y, dispuso que se tratara de un asunto previamente definido por los tribunales antes de llegar a esa corporación.

Si bien se puede discrepar de las razones que tuvo el legislador para regular de esa manera la concesión del recurso de casación, no puede ser cuestionada desde el punto de vista constitucional, como quiera que no se observa por la Corte ningún vicio de inexequibilidad del inciso segundo del artículo 372 de Código de Procedimiento Civil, por los cargos expuestos en la demanda, que imponga su retiro del ordenamiento jurídico.

VII. Decisión

En mérito de lo expuesto, la Corte Constitucional, administrando justicia en nombre del pueblo y por mandato de la Constitución,

RESUELVE:

Declarar EXEQUIBLE el inciso segundo del artículo 372 del Código de Procedimiento Civil, por los cargos expuestos en la demanda.

Notifíquese, comuníquese, publíquese, insértese en la Gaceta de la Corte Constitucional y archívese el expediente».

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