SENTENCIA C-717 DE AGOSTO 23 DE 2006

 

Sentencia C-717 de agosto 23 de 2006 

CORTE CONSTITUCIONAL 

SALA PLENA

Sentencia C-717 de 2006 

Ref.: Expediente D-6102

Magistrado Ponente:

Dr. Rodrigo Escobar Gil

Demandantes: Mauricio Pava Lugo y Fernando Jaramillo Vargas

Asunto: Demanda de inconstitucionalidad contra los artículos 104 y 107 (parciales) de la Ley 906 de 2004, “por la cual se expide el Código de Procedimiento Penal”.

Bogotá, D.C., veintitrés de agosto de dos mil seis.

EXTRACTOS: «II. Textos de las normas demandadas

A continuación se transcribe el texto de los artículos acusados, conforme a su publicación en el Diario Oficial 45.658 del 1º de septiembre de 2004, subrayando y resaltando los apartes demandados:

LEY 906 DE 2004

(Agosto 31)

Por la cual se expide el Código de Procedimiento Penal

El Congreso de la República

DECRETA:

Artículo 104. Audiencia de pruebas y alegaciones. El día y hora señalados el juez realizará la audiencia, la cual iniciará con una invitación a los intervinientes a conciliar. De lograrse el acuerdo su contenido se incorporará a la decisión. En caso contrario, se procederá a la práctica de la prueba ofrecida por cada parte y se oirá el fundamento de sus pretensiones.

Parágrafo. La ausencia injustificada del solicitante a las audiencias de este trámite implicará el desistimiento de la pretensión, el archivo de la solicitud, y la condenatoria en costas.

Si injustificadamente no compareciere el declarado penalmente responsable se recibirá la prueba ofrecida por los presentes y, con base en ella, se resolverá. Quien no comparezca, habiendo sido citado en forma debida, quedará vinculado a los resultados de la decisión del incidente ”.

“Artículo 107. Tercero civilmente responsable. Es la persona que según la ley civil deba responder por el daño causado por la conducta del condenado.

El tercero civilmente responsable podrá ser citado o acudir al incidente de reparación a solicitud de la víctima del condenado o su defensor. Esta citación deberá realizarse en la audiencia que abra el trámite del incidente”.

(...).

VI. Consideraciones de la Corte

1. Conforme al artículo 241 ordinal 4º de la Constitución, la Corte es competente para conocer de la constitucionalidad de los preceptos normativos acusados previstos en los artículos 104 y 107 de la Ley 906 de 2004, ya que se trata de un conjunto de disposiciones contenidas en una ley de la República.

Problemas jurídicos

2. Con fundamento en los argumentos esgrimidos en la demanda, en las distintas intervenciones y teniendo en cuenta el concepto de la vista fiscal, le corresponde a esta corporación resolver los siguientes problemas jurídicos:

• ¿Se vulneran los derechos fundamentales al debido proceso y a la defensa previstos en el artículo 29 de la Constitución Política, cuando el legislador en el artículo 107 de la Ley 906 de 2004, establece que la vinculación del tercero civilmente responsable al proceso penal, se efectúa tan solo hasta el momento en que se da trámite al incidente de reparación integral, lo que priva a este sujeto de la posibilidad de participar en las instancias procesales que se desarrollan con antelación a la sentencia condenatoria, que sirven de fundamento para la determinación de su responsabilidad civil?

• ¿Se desconoce o no el derecho a la defensa previsto en el artículo 29 del texto superior, cuando el tercero civilmente responsable habiendo sido citado en legal forma, queda vinculado a los resultados del incidente de reparación integral, por el simple hecho de no comparecer a la audiencia de pruebas y alegaciones, sin que el Estado le proporcione una defensa técnica para velar por sus intereses, en los términos consagrados en el artículo 104 de la Ley 906 de 2004?

Pronunciamiento previo de la Corte en torno a los mismos preceptos legales acusados. Existencia de cosa juzgada constitucional

3. Conforme lo expuso la vista fiscal en el concepto de rigor, las disposiciones acusadas contenidas en los artículos 104 y 107 de la Ley 906 de 2004, ya fueron objeto de pronunciamiento por parte de esta corporación, mediante demandas D-5881 y D-6027.

4. Precisamente, en el expediente D-6027 que concluyó con la Sentencia C-425 de 2006 (5) , la Corte tuvo la oportunidad de adelantar el respectivo juicio de inconstitucionalidad en contra de los apartes normativos impugnados del artículo 107 de la Ley 906 de 2004 (6) , procediendo a declarar su exequibilidad condicionada, en el entendido que el tercero civilmente responsable se encuentra facultado para ejercer su derecho de defensa en relación con el decreto y práctica de medidas cautelares que se hayan proferido en su contra con antelación al trámite del incidente de reparación integral. Sobre este particular, en la parte resolutiva del mencionado fallo, se resolvió:

“Declarar EXEQUIBLE, por el cargo analizado, el artículo 107 de la Ley 906 de 2004, en el entendido que el tercero civilmente responsable se encuentra facultado para ejercer plenamente su derecho de defensa en relación con el decreto y práctica de medidas cautelares en su contra”.

Cabe precisar que el cargo formulado contra las expresiones acusadas, y que fue objeto de estudio en la citada Sentencia C-425 de 2006, coincide plenamente con el que se plantea en la presente causa. En dicha oportunidad, la pretensión de declarar inexequible la disposición demandada, prevista en el inciso 2º del artículo 107 de la Ley 906 de 2004, también tuvo como fundamento el desconocimiento de los derechos fundamentales al debido proceso y a la defensa previstos en el artículo 29 del texto superior, tal y como se deduce de lo consignado en el acápite de antecedentes del fallo en mención. Allí textualmente se señaló: “El ciudadano (...) argumenta que el artículo 107 de la Ley 906 de 2004 vulnera el artículo 29 constitucional, por cuanto al tercero civilmente responsable no se le permite ejercer su derecho defensa con antelación al incidente de reparación integral de perjuicios. En otros términos, que su limitada intervención en el proceso penal resulta ser posterior a la sentencia condenatoria, cuando ya es imposible coadyuvar la defensa del imputado”.

Tal coincidencia se advierte, además, en el hecho que en esa ocasión uno de los aquí demandantes intervino impugnando la constitucionalidad de la citada norma, con los mismos argumentos expuestos en la presente demanda. Precisamente, en la providencia previamente reseñada, este tribunal resumió su participación en los siguientes términos:

“El ciudadano Mauricio Pava Lugo interviene en el proceso de la referencia para coadyuvar la demanda de inconstitucionalidad.

Afirma que en el presente caso no se ha presentado el fenómeno de la cosa juzgada en relación con las sentencias C-541 de 1992 y C-1075 de 2002, por cuanto estas fueron proferidas bajo un sistema procesal diferente.

Agrega que cuando el legislador incorporó la “citación” del tercero civilmente responsable solo durante el incidente de reparación integral, esto es, una vez emitido el sentido del fallo, violó los derechos fundamentales contenidos en la Carta Política y en el bloque de constitucionalidad, ya que desconoció el derecho a ser oído con las debidas garantías para la determinación de sus obligaciones de carácter civil. De allí que solo pueda entrar a discutir el monto de los perjuicios “pero no puede discutir si existe la condición primigenia por la que nuestro ordenamiento jurídico le atribuye compromiso pecuniario y es si existió el hecho naturalística y jurídico, penalmente determinado, y es si existe o no responsabilidad de la persona por la que se responde en el hecho”.

Señala que si bien, de conformidad con la Sentencia C-591 de 2005 el nuestro es un sistema procesal “con identidad propia”, en el cual el tercero civilmente responsable tiene cabida, se le debe asimismo garantizar el derecho de ser oído con todas las garantías judiciales y en condiciones de igualdad.

Indica igualmente que al tercero civilmente responsable se le debe permitir ejercer su derecho de defensa en relación con la existencia del hecho delictivo, y no tan solo en lo que concierne a la discusión en torno a la existencia o no de un vínculo con el responsable directo del delito o en lo que atañe al monto de los perjuicios.

Explica que en materia civil tal desequilibrio ya que desde el momento en que se traba la relación jurídico-procesal entre demandante y demandado, el tercero es enterado de los hechos, conoce las pretensiones, contando con amplias garantías para su defensa, es decir, “en materia civil siempre el responsable por el hecho de un tercero tiene, sustancial y procesalmente, la posibilidad de discutir todos los extremos que constituyen la fuente de su responsabilidad, de manera tal que para el debido proceso y derecho de defensa vienen a corresponder a su facultad de discutir, de cara a la víctima, si el causante del agravio obró culposamente, si dicha conducta produjo un daño, a cuánto asciende la indemnización que lo resarza y, finalmente, si el vínculo con fundamento en el cual se pretende en su contra en verdad existe y es de la naturaleza que la ley exige para que en su contra pueda imponerse una condena”.

En pocas palabras, para el interviniente la norma acusada es contraria a la Constitución por cuanto el tercero civilmente responsable solo puede comparecer al proceso penal una vez se encuentre establecida la responsabilidad penal del autor del delito, es decir, una vez concluido que incurrió en la conducta descrita en el estatuto penal, y solo resta por establecer el vínculo jurídico en razón del cual, y de conformidad con la preceptiva civil, debe responder a la víctima” (7) .

En torno al cargo formulado, la Corte en la citada sentencia, luego de realizar unas breves consideraciones sobre la posición del tercero civilmente responsable en el nuevo sistema acusatorio previsto en el Acto Legislativo 3 de 2002, concluyó que aun cuando el legislador puede negarle al citado sujeto la condición de parte en el proceso penal y, por lo mismo, limitar su participación tan solo al incidente de reparación integral, debe asegurar —en todo caso— la posibilidad de ejercer su derecho de defensa en el evento que se adopten medidas cautelares en su contra con antelación a la sentencia condenatoria, ello de conformidad con el contenido normativo del citado derecho fundamental previsto en el artículo 29 del texto superior. Al respecto, en algunos de los apartes de la precitada Sentencia C-425 de 2006, se manifestó lo siguiente:

“En este estado de cosas, la norma acusada prevé que el tercero civilmente responsable podrá ser citado o acudir al incidente de reparación integral a solicitud de la víctima, del condenado o de su defensor, citación que deberá realizarse en el curso de la audiencia que abra el trámite del incidente. (...) [Así] la Corte encuentra que (i) el tercero civilmente responsable en el sistema acusatorio no es una parte o interviniente, en los términos del título IV del libro I del Código de Procedimiento Penal sino que su actuación se limitará a participar, en igualdad de condiciones que la víctima, en el incidente de reparación integral al cual (ii) deberá ser citado, de conformidad con la ley, o acudirá al mismo en caso de buscarse una reparación de carácter económico; (iii) podrá llamar en garantía a un asegurador; y (iv) gozará de todas las garantías procesales, en especial aportar y controvertir pruebas, para desvirtuar la presunción legal según la cual los daños que ocasionaron las personas a su cuidado le son imputables por no haber ejercido adecuadamente un control y vigilancia sobre aquellos; rebatirá la existencia del daño causado, el monto el mismo, la calidad de víctima, e incluso, podrá llegar a una conciliación con la misma. (...).

El ciudadano demandante sostiene que el artículo 107 de la Ley 906 de 2004 vulnera el artículo 29 superior, por cuanto prevé que el tercero civilmente responsable solo puede intervenir durante el incidente de reparación integral, cuando ya ha sido establecida la responsabilidad penal de la persona por la cual debe entrar a responder económicamente. De allí que, en su concepto, la participación de dicho tercero debía haber sido asegurada por el legislador desde la etapa de investigación y no con posterioridad a la celebración del juicio oral, cuando aquel simplemente es llamado a controvertir asuntos referentes a la responsabilidad civil, tales como el cumplimiento de los deberes de vigilancia, el monto del perjuicio, la prueba del mismo, etcétera. (...).

[El] problema jurídico planteado en el presente caso ya fue examinado por la Corte en Sentencia C-423 de 2006. En dicho fallo, esta corporación examinó, a propósito de la medida cautelar de entrega provisional decretada contra el tercero civilmente responsable, las diversas posturas posibles en relación con la participación de estos terceros en el nuevo sistema acusatorio, para concluir diciendo ‘que una tercera postura en relación con la actuación de los terceros en el proceso penal, acogida por la Corte y desarrollada a continuación, se fundamenta en no equipararlos con los demás intervinientes y partes, como sucedía en el anterior sistema procesal de carácter mixto, pero tampoco en admitir que el legislador los pueda dejar completamente desamparados frente a decisiones judiciales concretas que afecten el disfrute de sus bienes, como lo son las medidas cautelares, caso en el cual se presentaría el fenómeno la inconstitucionalidad por omisión relativa. En otras palabras, si bien el tercero civilmente responsable no es parte ni interviniente en el proceso penal acusatorio, el legislador no puede negarle por completo el ejercicio de su derecho de defensa frente a la imposición de medidas cautelares durante la etapa de investigación’.

De igual manera, en la referida sentencia, la Corte consideró en relación con la participación del tercero civilmente responsable en el proceso penal lo siguiente: ‘En otras palabras, el legislador, en virtud del artículo 29 superior, debió haber garantizado el ejercicio del derecho de defensa del tercero civilmente responsable en el curso del proceso penal, en lo que atañe únicamente a decisiones judiciales que afecten de manera directa, no potencial o hipotética, sus intereses patrimoniales, como lo es el decreto y práctica de una medida cautelar; por el contrario, como salvaguarda del principio de igualdad de armas, no estaba ante el deber de permitir, antes del incidente de reparación integral, la participación del tercero civilmente responsable en el proceso. De tal suerte que el ejercicio del derecho de defensa de los mencionados terceros, inicia con el decreto y práctica de la medida cautelar, extendiéndose por el tiempo que esta se encuentre vigente, sin perjuicio de su plena intervención durante el referido incidente procesal’.

De allí que esta corporación resolvió ‘Declarar exequible el artículo 100 de la Ley 906 de 2004, por el cargo analizado, en el entendido de que el tercero civilmente responsable se encuentra facultado para ejercer plenamente su derecho de defensa en relación con el decreto y práctica de medidas cautelares en su contra’, condicionamiento que igualmente se hará extensivo en el presente fallo al artículo 107 del Código de Procedimiento Penal.

Para llegar a dicha conclusión, la Corte tomó en cuenta que equipar, sin más y para todos los efectos, al tercero civilmente responsable con los demás intervinientes y partes en el nuevo sistema acusatorio conduciría no solo a desvertebrar por completo la estructura del mismo, de carácter adversarial y regido por el principio de igualdad de armas entre la acusación y la defensa, sino incluso dejaría en una mejor posición procesal al tercero que a la misma víctima.

Sumado a lo anterior, es necesario tomar en consideración que, si bien es cierto, como lo sostiene el demandante, que al tercero civilmente responsable no se le permite participar activamente en las etapas de investigación y juicio oral en defensa de la persona por cuyos actos eventualmente deberá entrar a responder económicamente, como sí sucedía en anterior sistema procesal de carácter mixto, lo cierto es que, en el nuevo sistema acusatorio, solo una vez se dé inicio al incidente de reparación integral, la víctima va a presentar su pretensión económica, expresará en forma concreta la forma de reparación que espera, e igualmente, aportará las correspondientes pruebas. En otros términos, no se pueden equiparar, en materia de participación de terceros, el anterior con el nuevo sistema procesal penal, y por esta vía, tratar de extrapolar la manera de participación del tercero del uno al otro. (...).

De acuerdo con lo expuesto, la aludida limitación a la participación del tercero civilmente responsable en el sistema acusatorio, no vulnera el artículo 29 superior, motivo por el cual la norma será declarada exequible.

En mérito de lo expuesto, la Corte Constitucional de la República de Colombia, en nombre del pueblo y por mandato de la Constitución, RESUELVE, Declarar EXEQUIBLE, por el cargo analizado, el artículo 107 de la Ley 906 de 2004, en el entendido que el tercero civilmente responsable se encuentra facultado para ejercer plenamente su derecho de defensa en relación con el decreto y práctica de medidas cautelares en su contra”.

Así las cosas, como las expresiones acusadas ya fueron analizada por la Corte en la Sentencia C-425 de 2006 (8) , y el cargo que sustenta o justifica dicho fallo es el mismo que ahora se impetra, es claro que en el presente caso ha operado el fenómeno de la cosa juzgada constitucional (C.P. art. 243). En este orden de ideas, no puede este alto tribunal proferir de nuevo un pronunciamiento sobre ellas, limitándose a ordenar en la parte resolutiva de esta decisión estarse a lo resuelto en el fallo citado.

5. Por otra parte, en el Proceso D-5881 que finalizó con la Sentencia C-423 de 2006 (9) , esta corporación adelantó el respectivo control de constitucionalidad en contra de los apartes normativos impugnados del artículo 104 de la Ley 906 de 2004, conforme a los cuales: “Quien no comparezca, habiendo sido citado en forma debida, quedará vinculado a los resultados de la decisión del incidente”.

A juicio de la Corte, la citada norma no desconoce el derecho fundamental a la defensa consagrado en el artículo 29 de la Constitución Política, el cual se invoca de nuevo como vulnerado en esta oportunidad, pues se trata simplemente de una disposición que se limita a establecer los efectos que surgen de la inasistencia del tercero civilmente responsable a la audiencia de pruebas y alegatos, prevista para la definición de la responsabilidad patrimonial de los perjuicios ocasionados a la víctima.

En criterio de esta corporación, la falta de comparecencia injustificada del citado sujeto equivale a una “renuncia válida” a ejercer su derecho de defensa, lo que, contrario a lo expuesto por el aquí accionante, no contradice lo dispuesto en el artículo 29 del texto superior.

Es preciso señalar que en esa ocasión al igual que en esta oportunidad, el demandante pretendía la declaratoria de inconstitucionalidad del precepto acusado por desconocer el derecho de defensa. Dicha coincidencia se comprueba con la transcripción del planteamiento del problema jurídico analizado en aquella ocasión:

“[Se] vulnera o no el derecho de defensa (art. 29) del tercero civilmente responsable y de las compañías aseguradoras que, a pesar de no haber sido citados a lo largo de la investigación, no comparecen a la audiencia dentro del incidente de reparación integral y por lo tanto quedan vinculados y deben adoptar la decisión que allí se tome” (10) .

Para la Corte, como ya se señaló, el precepto legal demandado no “presenta vulneración alguna del derecho de defensa del tercero civilmente responsable”, pues su contenido normativo se limita a establecer los efectos jurídicos que surgen del incumplimiento injustificado frente a la carga procesal de asistir a la audiencia de pruebas y alegaciones prevista en desarrollo del incidente de reparación integral. En estos términos, textualmente este tribunal señaló:

“La expresión demandada simplemente establece, en relación con el tercero civilmente responsable, un efecto jurídico lógico a su incumplimiento injustificado de asistir a la audiencia de pruebas y alegaciones que tiene lugar en el curso del incidente de reparación integral de perjuicios, consecuencia consistente en que, una vez recibida la prueba ofrecida por los presentes, “con base en ella, se resolverá”. Adviértase entonces que no se presenta vulneración alguna del derecho de defensa del tercero civilmente responsable, comoquiera que el mismo debe ser debidamente citado para que compareciera a la mencionada audiencia, y por ende, su inasistencia injustificada equivale a una renuncia válida a ejercer su derecho de defensa, se insiste, en relación con aspectos meramente económicos. De allí que, aceptar los argumentos del demandante conduciría a que, en la práctica, la no presencia consciente del tercero civilmente responsable le impediría al juez de conocimiento pronunciarse de fondo en relación con la reparación de las víctimas.

En este orden de ideas, la Corte declarará exequible la expresión “Quien no comparezca, habiendo sido citado en forma debida, quedará vinculado a los resultados de la decisión del incidente”, del parágrafo del artículo 104 de la Ley 906 de 2004, por el cargo analizado” (11) .

Ahora bien, podría considerarse que a pesar de que esta corporación concluyó que la disposición acusada no desconoce el derecho fundamental a la defensa, lo que daría lugar a la declaratoria de cosa juzgada constitucional (C.P. art. 243), dicho pronunciamiento no es procedente, por cuanto, en específico, este tribunal no se refirió en aquella ocasión al derecho a la defensa técnica alegado por los aquí accionantes. Obsérvese cómo, en criterio de estos, resulta inconstitucional que el tercero civilmente responsable quede vinculado a la decisión que pone fin al incidente, a pesar de no comparecer al mismo, sin que el Estado le proporcione una defensa profesional en aras de proteger sus intereses. Así las cosas, en sus propias palabras, manifestaron que:

“En el procedimiento establecido para el incidente de reparación integral se pretermitió el derecho de defensa del [sindicado y del] tercero civilmente que no comparece habiendo sido citado en debida forma. Nuestra Carta Política, y aun en los contornos de la jurisdicción civil, prevé la defensa, la representación técnica, del ausente. // Por lo anteriormente expuesto debe declararse la inconstitucionalidad del aparte destacado en la norma por omisión legislativa”.

Teniendo en cuenta el carácter relativo del fallo proferido en la Sentencia C-423 de 2006 (12) y la exigibilidad de principio pro actione en la interpretación de las demandas de inconstitucionalidad (13) , la Corte procederá a pronunciarse en relación con el cargo impetrado por los accionantes, siguiendo para el efecto el precedente jurisprudencial trazado en la citada sentencia de constitucionalidad.

En este orden de ideas, esta corporación encuentra que a diferencia de lo expuesto por los demandantes, no existe la omisión legislativa alegada en las expresiones acusadas del artículo 104 de la Ley 906 de 2004, pues así como lo señalaron los intervinientes y la vista fiscal en este proceso, y además, lo sostuvo este tribunal en Sentencia C-423 de 2006 (14) , lo que hace la norma demandada es establecer el efecto jurídico que surge como consecuencia del incumplimiento de la carga procesal que se le impone al tercero civilmente responsable de acudir al incidente de reparación integral y ejercer allí cabalmente su derecho de defensa.

El citado artículo 104, en ningún momento, regula la forma cómo se adelanta la citación del tercero civilmente responsable, ni tampoco prevé si como consecuencia de la misma, es necesario que el citado sujeto asista a la audiencia de pruebas y alegaciones acompañado de abogado. Esas precisas determinaciones legales, en el campo del derecho procesal penal, se encuentran previstas, por una parte, en los artículos 171 y 173 de la Ley 906 de 2004, que regulan el instituto procesal de las “citaciones” (15) , y por la otra, en el artículo 25 del mismo estatuto legal, el cual establece como forma de integrar los eventuales vacíos que se presenten al momento de aplicar la ley penal, la posibilidad de acudir a las disposiciones que no se opongan a su naturaleza, consagradas en el Código de Procedimiento Civil (16) . Es precisamente en el mencionado régimen procesal, en donde se reglamenta la asistencia profesional y técnica que consagra a favor de aquellas personas que a pesar de ser debidamente citadas, omiten la obligación de acudir en los términos legales ante las autoridades judiciales que las requieren.

De manera que, contrario a lo expuesto por los accionantes, en las expresiones demandadas del artículo 104 de la Ley 906 de 2004, no se ha omitido la regulación de la defensa técnica del tercero civilmente responsable que incumple el deber de asistir a la audiencia de alegación y pruebas en desarrollo del incidente de reparación integral, ya que conforme a una interpretación sistemática del estatuto procesal penal, es claro que ese tipo de apoyo profesional deviene de otras disposiciones conexas.

Así las cosas, es innegable que la norma en cuestión, en nada se relaciona con el alcance de la defensa técnica del tercero civilmente responsable, pues su rigor normativo se restringe a establecer el efecto jurídico de la inasistencia a la citada audiencia de alegación y pruebas, de quien a pesar de haber sido debidamente citado, hace caso omiso a esa citación. En este escenario, como bien lo señaló esta corporación en la Sentencia C-423 de 2006 (17) , “no se presenta vulneración alguna del derecho de defensa del tercero civilmente responsable, comoquiera que el mismo debe ser debidamente citado para que compareciera a la mencionada audiencia, y por ende, su inasistencia injustificada equivale a una renuncia válida a ejercer su derecho de defensa, se insiste, en relación con aspectos meramente económicos”, más aún, cuando, la principal finalidad de la norma demandada es asegurar que la no presencia consciente y deliberada del tercero civilmente responsable, le impida al juez pronunciarse de fondo en relación con el derecho constitucional a la reparación de las víctimas (18) .

Finalmente, a pesar de la inasistencia a la citada audiencia, el mismo Código de Procedimiento Penal prevé mecanismos adicionales que aseguran el derecho de defensa del tercero civilmente responsable, permitiendo la posibilidad de que este justifique con posterioridad su falta de comparecencia, en casos de fuerza mayor o caso fortuito, tal y como se establece en el artículo 169 de dicho estatuto (19) ; e incluso otorga la oportunidad de apelar la decisión acerca de su responsabilidad civil, en la audiencia en la que se vaya a proferir la sentencia condenatoria, ello se deduce conforme a la interpretación armónica de los artículos 179 y 447 de la Ley 906 de 2004 (20) .

En consecuencia, y con fundamento en las anteriores consideraciones, esta corporación declarará exequibles las expresiones acusadas del artículo 104 de la Ley 906 de 2004, en cuanto no vulneran el derecho a la defensa técnica, en los términos alegados por los accionantes.

VII. Decisión

En mérito de lo expuesto, la Sala Plena de la Corte Constitucional de la República de Colombia, administrando justicia en nombre del pueblo y por mandato de la Constitución,

RESUELVE

1. ESTARSE A LO RESUELTO en la Sentencia C-425 de 2006, que declaró EXEQUIBLE las expresiones “ser citado o” previstas en el artículo 107 de la Ley 906 de 2004, en el entendido que el tercero civilmente responsable se encuentra facultado para ejercer plenamente su derecho de defensa en relación con el decreto y práctica de medidas cautelares en su contra.

2. Declarar EXEQUIBLE las expresiones “Quien no comparezca, habiendo sido citado en forma debida, quedará vinculado a los resultados de la decisión del incidente” prevista en el artículo 104 de la Ley 906 de 2004, por el cargo analizado.

Notifíquese, comuníquese, cúmplase, publíquese, insértese en la Gaceta de la Corte Constitucional y archívese el expediente».

(5) M.P. Humberto Antonio Sierra Porto.

(6) Se transcribe a continuación la disposición demandada, resaltando y subrayando el precepto normativo acusado: “ART. 107.—Tercero civilmente responsable. Es la persona que según la ley civil deba responder por el daño causado por la conducta del condenado. // El tercero civilmente responsable podrá ser citado o acudir al incidente de reparación a solicitud de la víctima del condenado o su defensor. Esta citación deberá realizarse en la audiencia que abra el trámite del incidente”.

(7) Resaltado por fuera del texto original.

(8) M.P. Humberto Antonio Sierra Porto.

(9) M.P. Humberto Antonio Sierra Porto.

(10) Resaltado por fuera del texto original.

(11) Resaltado por fuera del texto original.

(12) En la parte resolutiva del fallo en cuestión, se determinó: “Segundo. Declarar exequible la expresión: ‘Quien no comparezca, habiendo sido citado en forma debida, quedará vinculado a los resultados de la decisión del incidente’, del parágrafo del artículo 104 de la Ley 906 de 2004, por el cargo analizado” (resaltado por fuera del texto original). En la parte correspondiente al resumen de los argumentos de la demanda, se señaló: “El ciudadano demandante considera que (...) el parágrafo del artículo 104 de la Ley 906 de 2004 viola el derecho de defensa del tercero civilmente responsable por cuanto este puede ser condenado al pago de una indemnización por la simple inasistencia al incidente de reparación integral, cuando lo cierto es que durante la etapa de investigación ni siquiera se le permitió intervenir como sujeto procesal”.

(13) Sobre el citado principio, en Sentencia C-170 de 2004 (M.P. Rodrigo Escobar Gil), se manifestó: “[Esta] corporación ha reconocido que en atención a esos pilares fundamentales de participación y de acceso público, en el ejercicio de la acción de control de constitucionalidad, no pueden interpretarse las demandas de inexequibilidad, en una forma tan rigurosa o sujeta a tal ritualismo, que les impida a los ciudadanos el ejercicio efectivo de su derecho de acceder a la administración de justicia y, en concreto, a la jurisdicción constitucional, como emanación del derecho de los ciudadanos a participar en la conformación, ejercicio y control del poder político (C.P. art. 40-6). // En esta medida, surge como pilar de aplicación el denominado principio pro actione, según el cual, siempre que del análisis de una demanda sea posible identificar el texto acusado, el cargo formulado o, al menos, exista una duda razonable sobre el alcance hermenéutico de la disposición acusada o de la norma constitucional que sirve como parámetro de confrontación; es viable que esta corporación subsane los distintos defectos de las demandas (...) y, por ende, adelante el control de constitucionalidad, con el fin de hacer prevalecer el derecho sustancial sobre el formal, y de garantizar los derechos de acceso a la administración de justicia y de participación democrática. Pero, en especial, con el propósito esencial de mantener ‘la integridad y supremacía de la Constitución’, en los términos previstos en los artículos 241 y subsiguientes del texto superior”.

(14) M.P. Humberto Antonio Sierra Porto.

(15) Disponen las normas en cita: “ART. 171.—Citaciones. Procedencia. Cuando se convoque a la celebración de una audiencia o deba adelantarse un trámite especial, deberá citarse oportunamente a las partes, testigos, peritos y demás personas que deban intervenir en la actuación. // La citación para que los intervinientes comparezcan a la audiencia preliminar deberá ser ordenada por el juez de control de garantías”. “ART. 173.—Contenido. La citación debe indicar la clase de diligencia para la cual se le requiere y si debe asistir acompañado de abogado. De ser factible se determinará la clase de delito, fecha de la comisión, víctima del mismo y número de radicación de la actuación a la cual corresponde”.

(16) Al respecto, la disposición en referencia, señala: “ART. 25.—Integración. En materias que no estén expresamente reguladas en este código o demás disposiciones complementarias, son aplicables las del Código de Procedimiento Civil y las de otros ordenamientos procesales cuando no se opongan a la naturaleza del procedimiento penal”.

(17) M.P. Humberto Antonio Sierra Porto.

(18) Véase, sentencias C-228 de 2002, T-589 de 2005 y C-370 de 2006.

(19) Determina la norma en cita: “ART. 169.—(...) En caso de no comparecer a la audiencia a pesar de haberse hecho la citación oportunamente, se entenderá surtida la notificación salvo que la ausencia se justifique por fuerza mayor o caso fortuito. En este evento la notificación se entenderá realizada al momento de aceptarse la justificación (...)”.

(20) Al respecto, disponen las normas de la referencia: “ART. 447.—(...) Escuchados los intervinientes, el juez señalará el lugar, fecha y hora de la audiencia para proferir sentencia, en un término que no podrá exceder de quince (15) días calendario contados a partir de la terminación del juicio oral, en la cual incorporará la decisión que puso fin al incidente de reparación integral” (resaltado por fuera del texto original). “ART. 179.—Trámite del recurso de apelación contra sentencias. El recurso se interpondrá y concederá en la misma audiencia en la que la parte recurrente solicitará los apartes pertinentes de los registros, en los términos del artículo 9º de este código, correspondientes a las audiencias que en su criterio guarden relación con la impugnación. De igual manera procederán los no apelantes. // Recibido el fallo, la secretaría de la Sala Penal del Tribunal Superior correspondiente deberá acreditar la entrega de los registros a que se refiere el inciso anterior. Satisfecho este requisito, el magistrado ponente convocará a audiencia de debate oral que se celebrará dentro de los diez (10) días siguientes. // Sustentado el recurso por el apelante, y oídas las partes e intervinientes no recurrentes que se hallaren presentes, la Sala de Decisión convocará para audiencia de lectura de fallo dentro los diez (10) días siguientes”.

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