Sentencia C-72 de febrero 12 de 2009 

CORTE CONSTITUCIONAL 

SALA PLENA

Sentencia C-072 de 2009 

Ref.: Expediente RE-134

Magistrado Sustanciador:

Dr. Nilson Pinilla Pinilla

Revisión constitucional del Decreto 3955 del 11 de octubre de 2008, “Por el cual se otorgan facultades a la Sala Administrativa del Consejo Superior de la Judicatura y se dictan otras disposiciones”.

Bogotá, D.C., febrero doce de dos mil nueve.

EXTRACTOS: «II. Texto del decreto bajo revisión

El texto del Decreto 3955 del 11 de octubre de 2008, tal como aparece publicado en el Diario Oficial 47.139 de la misma fecha, es el siguiente:

“DECRETO 3955 DE 2008

(Octubre 11)

“Por el cual se otorgan facultades a la Sala Administrativa del Consejo Superior de la Judicatura y se dictan otras disposiciones”.

El Presidente de la República de Colombia,

en ejercicio de sus facultades constitucionales y legales, en especial las conferidas por el artículo 213 de la Constitución Política y en desarrollo de lo dispuesto en el Decreto 3929 del 9 de octubre de 2008,

DECRETA:

ART. 1º—La Sala Administrativa del Consejo Superior de la Judicatura tomará las medidas necesarias para agilizar el trámite de las notificaciones personales que se deban surtir en cualquier tipo de proceso, incluidas las acciones de tutela, con sujeción a las siguientes reglas:

1. La notificación personal podrá practicarse válidamente a través de la entidad contratada por la dirección ejecutiva nacional o las direcciones seccionales de administración judicial sin que sea necesaria la intervención de un empleado o servidor judicial.

2. El director ejecutivo de administración judicial y los directores seccionales de la rama judicial podrán, de acuerdo al procedimiento establecido en el artículo 44 del Decreto 2474 de 2008, contratar empresas de mensajería para que realicen notificaciones personales y las diligencias relacionadas con las mismas.

3. En los procesos contractuales que se realicen en desarrollo de lo previsto en el numeral anterior se garantizará la transparencia de la selección de los contratistas.

4. En ningún caso las empresas contratadas para practicar notificaciones personales podrán asumir funciones judiciales al efectuar las mismas.

ART. 2º—Facúltase a la Sala Administrativa del Consejo Superior de la Judicatura para que adopte las medidas necesarias en materia de suspensión de términos.

ART. 3º—El presente decreto rige a partir de la fecha de su expedición y suspende, por todo el tiempo que estuviere vigente, las normas contrarias.

Publíquese, comuníquese y cúmplase.

Dado en Bogotá, D.C., a 11 de octubre de 2008.

Álvaro Uribe Vélez.

El Ministro del Interior y de Justicia,

Fabio Valencia Cossio.

La viceministra de asuntos multilaterales, encargada de las funciones del despacho del Ministro de Relaciones Exteriores,

Adriana Mejía Hernández.

La viceministra general del Ministerio de Hacienda y Crédito Público, encargada de las funciones del despacho del Ministro de Hacienda y Crédito Público,

María Cristina Gloria Inés Cortés Arango.

El comandante general de las Fuerzas Militares, encargado de las funciones del despacho del Ministro de Defensa Nacional,

General Freddy Padilla de León.

El Ministro de Agricultura y Desarrollo Rural,

Andrés Felipe Arias Leyva.

El Ministro de la Protección Social,

Diego Palacio Betancourt.

El Ministro de Minas y Energía,

Hernán Martínez Torres.

El viceministro de comercio exterior, encargado de las funciones del despacho del Ministro de Comercio, Industria y Turismo,

Eduardo Muñoz Gómez.

La Ministra de Educación Nacional,

Cecilia Vélez White.

El Ministro de Ambiente, Vivienda y Desarrollo Territorial,

Juan Lozano Ramírez.

La Ministra de Comunicaciones,

María del Rosario Guerra de la Espriella.

El Ministro de Transporte,

Andrés Uriel Gallego Henao.

La Ministra de Cultura,

Paula Marcela Moreno Zapata”.

(...).

VI. Consideraciones de la Corte Constitucional

1. Competencia.

De conformidad con lo dispuesto por los artículos 214-6 y 241-7 de la Constitución Política, corresponde a la Corte Constitucional ejercer control oficioso de constitucionalidad sobre el Decreto 3955 de 2008, expedido por el Presidente de la República en ejercicio de las facultades que le confiere el artículo 213 de la Constitución Política y en desarrollo del Decreto 3929 de octubre 9 de 2008, por medio del cual se declaró el estado de conmoción.

2. Inexequibilidad del Decreto 3955 de 2008.

Sería esta la oportunidad para que la Corte reconociera si los problemas en la notificación de los procesos judiciales, a los cuales se quiso hacer frente con las medidas adoptadas en el Decreto 3955 de 2008, se “agudizaron” con la aberrante suspensión en las actividades judiciales, como consecuencia “directa y específica” de tal suspensión, dificultades que en realidad le anteceden y ello constituiría base para excluir dicha preceptiva del ordenamiento jurídico.

Pero mediante Sentencia C-070 de 2009 (feb. 12), magistrados ponentes Humberto Antonio Sierra Porto y Clara Elena Reales Gutiérrez, la Corte Constitucional declaró la inexequibilidad del Decreto 3929 de 2008, por el cual se dispuso el Estado de conmoción interior. Así pues, al haber desaparecido la causa jurídica que sirvió de fundamento para dictar el Decreto 3955 de 2008, objeto de revisión, dicha preceptiva consecuencialmente deviene inconstitucional.

Como lo ha establecido esta corporación en anteriores pronunciamientos (Cfr. C-129, mar. 19/97, M.P. Antonio Barrera Carbonell), ante tal situación basta a la Corte realizar un “pronunciamiento formal” sobre la inexequibilidad “por consecuencia”, de cada uno de los decretos que dieron lugar a medidas en desarrollo del correspondiente estado excepcional, atendiendo que el artículo 241 superior le asigna competencia para “decidir definitivamente” sobre los decretos legislativos expedidos con fundamento en los artículos 212, 213 y 215 superiores.

Con base en la terminante consideración anterior, la Corte declarará la inexequibilidad del Decreto 3955 de 2008, por vulnerar consecuencialmente la Constitución Política.

VII. Decisión

En mérito de lo expuesto, la Sala Plena de la Corte Constitucional, administrando justicia en nombre del pueblo y por mandato de la Constitución,

RESUELVE:

Declarar INEXEQUIBLE el Decreto Legislativo 3955 de octubre 11 de 2008.

Notifíquese, comuníquese, publíquese, insértese en la Gaceta de la Corte Constitucional y archívese el expediente. Cúmplase».

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