SENTENCIA C-720 DE AGOSTO 3 DE 2004

 

Sentencia C-720 de agosto 3 de 2004 

CORTE CONSTITUCIONAL 

SALA PLENA

Sentencia C-720 de 2004 

Ref.: Expediente D-5019

Magistrado Ponente:

Dr. Álvaro Tafur Galvis

Actor: Jorge Alberto Vera Quintero.

Demanda de inconstitucionalidad contra las expresiones “diputados” y “concejales municipales y distritales, y “miembros de juntas administradoras locales municipales y distritales” contenidas en el tercer inciso del artículo 49 de la Ley 617 de 2000 tal como quedó modificado por el artículo 1º de la Ley 821 de 2003.

Bogotá, D.C., tres de agosto del año dos mil cuatro.

EXTRACTOS: «II. Normas demandadas

A continuación se transcribe el texto de la norma demandada de conformidad con su publicación en el Diario Oficial 45.244 del 10 de julio de 2003. Se resalta lo demandado.

“LEY 821 DE 2003

(Julio 10)

Por la cual se modifica el artículo 49 de la Ley 617 de 2000.

El Congreso de Colombia,

DECRETA:

(...).

ART. 1º—El artículo 49 de la Ley 617 de 2000 quedará así:

ART. 49.—Prohibiciones relativas a los cónyuges, compañeros permanentes y parientes de los gobernadores, diputados, alcaldes municipales, y distritales; concejales municipales, y distritales; y miembros de juntas administradoras locales municipales y distritales. Los cónyuges o compañeros permanentes, y parientes hasta el cuarto grado de consanguinidad, segundo de afinidad y primero civil de los gobernadores, diputados, alcaldes municipales y distritales y concejales municipales y distritales, y miembros de juntas administradoras locales municipales y distritales no podrán ser miembros de juntas o consejos directivos de entidades del sector central o descentralizados del correspondiente departamento, distrito o municipio, ni miembros de juntas directivas, representantes legales, revisores fiscales, auditores o administradores de las entidades prestadoras de servicios públicos domiciliarios o de seguridad social en el respectivo departamento o municipio.

Los cónyuges o compañeros permanentes de los gobernadores, diputados, alcaldes municipales y distritales y concejales municipales y distritales, y miembros de juntas administradoras locales municipales y distritales y sus parientes dentro del cuarto grado de consanguinidad, segundo de afinidad o primero civil, no podrán ser designados funcionarios del respectivo departamento, distrito o municipio, o de sus entidades descentralizadas.

Los cónyuges o compañeros permanentes de los gobernadores, diputados, alcaldes municipales y distritales y concejales municipales y distritales, y miembros de juntas administradoras locales municipales y distritales, sus parientes dentro del cuarto grado de consanguinidad, segundo de afinidad o primero civil, no podrán ser contratistas del respectivo departamento, distrito o municipio, o de sus entidades descentralizadas, ni directa, ni indirectamente.

PAR. 1º—Se exceptúan de lo previsto en este artículo los nombramientos que se hagan en aplicación de las normas vigentes sobre carrera administrativa.

PAR. 2º—Las prohibiciones para el nombramiento, elección o designación de servidores públicos y trabajadores previstas en este artículo también se aplicarán en relación con la vinculación de personas a través de contratos de prestación de servicios”.

(...).

VI. Consideraciones y fundamentos

1. Competencia.

De conformidad con lo dispuesto en el artículo 241, numeral 4º de la Constitución Política, la Corte Constitucional es competente para conocer y decidir, definitivamente, sobre la demanda de inconstitucionalidad de la referencia, pues la norma acusada hace parte de una ley de la República.

2. Existencia de cosa juzgada constitucional absoluta en relación con las expresiones “diputados” y “concejales municipales y distritales” contenidas en el inciso 3º del artículo 49 de la Ley 617 de 2000 tal como quedó modificado por el artículo 1º de la Ley 821 de 2003.

La Corte constata que en la Sentencia C-348 de 2004 la corporación decidió declarar la exequibilidad de las expresiones “diputados” y “concejales municipales y distritales”, contenidas en el tercer inciso del artículo 49 de la Ley 617 de 2000 tal como quedó modificado por el artículo 1º de la Ley 821 de 2003, “en el entendido que las prohibiciones allí previstas se aplican únicamente dentro del ámbito territorial de competencia del correspondiente diputado o concejal” (1) .

La Corte sustentó su decisión en las siguientes consideraciones:

“3.2. Las inhabilidades son restricciones fijadas por el constituyente o el legislador para limitar el derecho de acceso al ejercicio de cargos o funciones públicas. También han sido definidas por esta corporación como aquellos requisitos negativos para acceder a la función pública, los cuales buscan rodear de condiciones de transparencia, imparcialidad, igualdad y moralidad el acceso y la permanencia en el servicio público, de tal suerte que las decisiones públicas sean objetivas y tengan como resultado el adecuado cumplimiento de los fines del Estado que asegure la convivencia pacífica y la vigencia de un orden justo (2) .

El ordenamiento jurídico consagra dos tipos de inhabilidades en consideración a la naturaleza y la finalidad de la limitación. En uno de los grupos están las inhabilidades relacionadas directamente con la potestad sancionadora del Estado, la cual se aplica en los ámbitos penal, disciplinario, contravencional, correccional y de punición por indignidad política. En el otro grupo se hallan las inhabilidades que no constituyen sanción ni están relacionadas con la comisión de faltas, sino que corresponden a modalidades diferentes de protección del interés general y obedecen a la efectividad de principios, derechos y valores constitucionales, como son la lealtad empresarial, moralidad, imparcialidad, eficacia, transparencia o sigilo profesional, entre otros postulados. Desde este segundo punto de vista, la inhabilidad no constituye una pena ni una sanción, sino una garantía de que el comportamiento anterior o el vínculo familiar no afectarán el desempeño del empleo o función, de protección del interés general y de la idoneidad, probidad, imparcialidad y moralidad del aspirante.

3.3. De acuerdo con los artículos 6º, 123 y 150 numeral 23 de la Constitución, salvo los eventos expresamente señalados por el constituyente, corresponde a la ley determinar el régimen de calidades, inhabilidades, incompatibilidades y requisitos para desempeñar los empleos públicos. De ahí que, tal y como lo ha dicho esta Corte, el legislador dispone de una amplia discrecionalidad para establecer el régimen de inhabilidades para los servidores públicos, sin más limitaciones que las que surgen de la propia Carta Política (3) . Corresponde entonces a este órgano político “evaluar y definir el alcance de cada uno de los hechos, situaciones o actos constitutivos de inhabilidad o incompatibilidad, así como el tiempo durante el cual se extienden y las sanciones aplicables a quienes incurran en ellas” (4) .

En ejercicio de esa facultad, el legislador tiene dos límites. De una parte, no podrá modificar las inhabilidades ya señaladas por el constituyente (5) y, en los demás asuntos, deberá hacerlo de manera razonable y proporcional, de tal suerte que no desconozca los principios, valores y derechos consagrados en la Carta Política. Según lo señaló la Corte, “el legislador no está constitucionalmente autorizado para regular de cualquier forma los requisitos para el desempeño de la función pública, puesto que debe armonizar, de un lado, la defensa de los intereses colectivos incita en la consagración de las causales de inelegibilidad y, de otro lado, el derecho político fundamental (6) de acceder a los cargos públicos (C.P., art. 40-7). Por ello, tal y como esta corporación lo ha manifestado en varias oportunidades (7) , las condiciones de ingreso y permanencia en el servicio público deben ceñirse a los parámetros de razonabilidad y proporcionalidad de la medida, las cuales deberán determinarse teniendo en cuenta ‘el cargo de que se trate, la condición reconocida al servidor público, las atribuciones y competencias que le hayan sido asignadas y sus respectivas responsabilidades’” (8) .

Así entonces, el legislador está constitucionalmente facultado para establecer causales de inhabilidad e incompatibilidad referentes al ejercicio de cargos públicos, y al hacerlo, en tanto no contradiga lo dispuesto por la Carta Política y adopte reglas razonables y proporcionales, podrá señalar los motivos que las configuren. El legislador adoptará estas determinaciones, “según su propia verificación acerca de experiencias anteriores y su evaluación sobre lo que más convenga con el objeto de garantizar la transparencia del acceso a la función pública, de las sanas costumbres en el seno de la sociedad y de la separación entre el interés público y el privado de los servidores estatales, sin que necesariamente los fenómenos que decida consagrar en la calidad dicha tengan que estar explícitamente contemplados en el texto de la Constitución. Exigirlo así significaría quitar a la ley toda iniciativa en materias que son propias de su papel en el plano de la conformación del orden jurídico, despojando de contenido la función legislativa misma” (9) .

Dado que el régimen de inhabilidades restringe derechos fundamentales como la igualdad, el trabajo o la participación en la conformación, ejercicio y control del poder público, entre otros (C.P., arts. 13, 25 y 40), la potestad de configuración legislativa no es absoluta. Por ende, la adopción de tales restricciones deberá corresponder a criterios de razonabilidad y proporcionalidad (10) . Al respecto esta corporación ha señalado que: “... aunque la Carta faculta al legislador para supeditar el ejercicio de funciones y cargos públicos a condiciones y requisitos, para esta Corte cualquier limitación a los derechos consagrados en los artículos 13 y 40-7 superiores debe consultar los valores, principios y derechos de la Carta, so pena de profundizar la desigualdad social mediante la negación del núcleo esencial de tales derechos, los cuales tienen además incidencia en el ejercicio del derecho al trabajo. La exigencia de requisitos o condiciones excesivas, innecesarias o irrazonables para aspirar a ejercer un cargo o función pública, violaría el contenido esencial de los derechos fundamentales al trabajo, a la igualdad, a escoger y ejercer profesión u oficio y a participar efectivamente en el ejercicio del poder político” (11) .

(...).

Con base en lo expuesto, procede ahora la Sala a establecer si las inhabilidades impugnadas se fundamentan o no en principios constitucionales que las soporten (12) .

(...).

“En relación con las normas sobre la inhabilidad para ser directa o indirectamente contratistas del respectivo departamento, distrito o municipio o de sus entidades descentralizadas o para ser vinculados por contratos de prestación de servicios, la Corte resalta que estas disposiciones hacen parte del desarrollo de la atribución dada por el artículo 150 inciso final de la Constitución, según el cual compete al Congreso de la República expedir el estatuto general de contratación de la administración pública.

Estas medidas constituyen igualmente un desarrollo legislativo razonable y proporcionado, como instrumento necesario e idóneo para el logro de los principios rectores de la actuación administrativa y garantizar que las actuaciones públicas estén despojadas de propósitos o intenciones ajenos al servicio público y al interés general. Lo que buscan las disposiciones demandadas es evitar, entre otros efectos, la ingerencia indebida de los miembros de las corporaciones públicas en la gestión pública del orden territorial y a favor de sus allegados, lo cual no puede entenderse como una sanción legislativa a los parientes de los diputados y concejales. De tal suerte que las inhabilidades en referencia constituyen una garantía de imparcialidad, transparencia y moralidad de la gestión pública en los departamentos, distritos y municipios.

Además, el artículo 292 no constituye el único referente constitucional para efectos de determinar el régimen de prohibiciones de la contratación estatal que se surta en el orden territorial. Por consiguiente, la regulación legislativa sobre asuntos ajenos a los contemplados en ese artículo superior que invoca el actor, no constituye, per se, una vulneración de la Carta Política, y menos aun cuando en esta materia tampoco existe exigencia constitucional alguna que aluda al carácter vinculante de los grados de parentesco señalados en el inciso segundo del artículo 292 de la Carta.

La Corte concluye entonces que las medidas adoptadas representan la voluntad del legislador, que, a partir de su propia verificación de las experiencias conocidas y la evaluación de la gestión territorial, ha estimado pertinente fijar tales restricciones, sin que ellas afecten de manera irrazonable o desproporcionada los derechos a la igualdad, trabajo o acceso a cargos y funciones públicas de los parientes de diputados y concejales.

En consecuencia, se declarará la exequibilidad de los apartes demandados del inciso tercero y el parágrafo 2º del artículo 1º de la Ley 821 de 2003, pero precisando que las prohibiciones allí previstas surtan efectos únicamente dentro del ámbito territorial de competencias del respectivo diputado o concejal.

No obstante lo anterior, para evitar alcances irrazonables de las disposiciones acusadas, en el mismo sentido de lo señalado en la Sentencia C-618 de 1997, M.P. Alejandro Martínez Caballero, “la Corte entiende que la disposición acusada no se aplica a aquellos contratos por medio de los cuales la administración ofrece, en igualdad de condiciones, a todos los ciudadanos y personas, un determinado bien o servicio, en desarrollo de sus funciones constitucionales y legales, tal y como sucede por ejemplo con la prestación de los servicios públicos, pues en tal caso la inhabilidad sería totalmente irrazonable” (13) .

En dicha sentencia la Corte no limitó los efectos de su decisión en cuanto declaró la exequibilidad de las expresiones “diputados” y “concejales municipales y distritales” contenidas en el inciso 3º del artículo 49 de la Ley 617 de 2000 tal como quedó modificado por el artículo 1º de la Ley 821 de 2003, en el entendido a que se ha hecho referencia, por lo tanto es claro que respecto de la acusación hecha en el presente proceso contra las mismas expresiones ha operado el fenómeno de la cosa juzgada constitucional en los términos señalados por el artículo 243 de la Carta Política.

Así las cosas, respecto de los cargos formulados en el presente proceso contra dichas expresiones, esta corporación habrá de estarse a lo resuelto en la citada sentencia y así se dispondrá en la parte resolutiva de la presente providencia.

3. Ausencia de cosa juzgada en relación con las expresiones “y miembros de juntas administradoras locales municipales y distritales” contenidas en el inciso 3º del artículo 49 de la Ley 617 de 2000 tal como quedó modificado por el artículo 1º de la Ley 821 de 2003.

En el presente proceso el actor demandó igualmente las expresiones “y miembros de juntas administradoras locales municipales y distritales” contenidas en el inciso 3º del artículo 49 de la Ley 617 de 2000 tal como quedó modificado por el artículo 1º de la Ley 821 de 2003, respecto de las cuales la Corte no se pronunció en la Sentencia C-348 de 2004 por no haber sido objeto de la demanda analizada en esa oportunidad, que aludía específicamente al caso de los diputados y concejales municipales o distritales (14) .

Así las cosas, en relación con dichas expresiones no puede predicarse el fenómeno de la cosa juzgada constitucional y debe precederse por la Corte al examen de los cargos planteados por el actor en su demanda.

4. El análisis de los cargos planteados contra las expresiones “y miembros de juntas administradoras locales municipales y distritales” por la supuesta vulneración de los artículos 2º, 13 y 83 superiores. Reiteración de los criterios expuestos por la Corte en las sentencias C-311 y C-348 de 2004.

Para el actor el hecho de que en el tercer inciso del artículo 49 de la Ley 617 de 2000 tal como quedó modificado por el artículo 1º de la Ley 821 de 2003 se establezca que “Los cónyuges o compañeros permanentes de los gobernadores, diputados, alcaldes municipales y distritales y concejales municipales y distritales, y miembros de juntas administradoras locales municipales y distritales (15) , sus parientes dentro del cuarto grado de consanguinidad, segundo de afinidad o primero civil, no podrán ser contratistas del respectivo departamento, distrito o municipio, o de sus entidades descentralizadas, ni directa, ni indirectamente”, vulnera los artículos 2º, 13 y 83 superiores.

La interviniente en representación del Ministerio del Interior y de Justicia solicita la declaratoria de constitucionalidad de las expresiones acusadas. Hace énfasis en que la determinación del régimen de inhabilidades e incompatibilidades se enmarca dentro de una amplia potestad de configuración del legislador y en que la norma no desconoce en manera alguna el principio de buena fe.

El interviniente en representación de la Federación Colombiana de Municipios solicita por el contrario que se declare la inconstitucionalidad de las disposiciones acusadas y hace énfasis en el carácter irrazonable y desproporcionado que tendría la prohibición a que alude la norma en que se contienen las expresiones acusadas.

El señor Procurador General de la Nación solicita a la Corte declarar la exequibilidad de dichas expresiones por cuanto en su criterio la prohibición a que ellas aluden resulta perfectamente proporcionada y razonable y se enmarca claramente dentro del cumplimento de las finalidades del Estado y particularmente dentro del respeto del principio de moralidad que rige la función administrativa.

Al respecto la Corte constata que las mismas consideraciones que llevaron a la Corte a declarar la exequibilidad de las expresiones “diputados” y “y concejales municipales y distritales” en la Sentencia C-348 de 2004 (16) contenidas en el tercer inciso del artículo 49 de la Ley 617 de 2000 tal como quedó modificado por el artículo 1º de la Ley 821 de 2003 deben reiterarse en el presente caso en relación con las expresiones “y miembros de juntas administradoras locales municipales y distritales”, contenidas en el mismo inciso acusadas en el presente proceso.

En efecto, como allí se señaló, haciendo a su vez alusión a las consideraciones expuestas en la Sentencia C-311 de 2004 (17) , el legislador si bien goza de un amplio margen de configuración en materia de establecimiento de inhabilidades e incompatibilidades, debe respetar, sin embargo, los límites que en este campo impone la Carta Política (18) , bien porque ella haya fijado de manera explícita determinados parámetros (19) , bien porque la actuación del legislador deba subordinarse a los valores, principios y derechos constitucionalmente reconocidos y en particular los determinados en los artículos 13, 25, 26 y 40-7 superiores (20) .

La Corte precisó en dichas sentencias que el alcance concreto de la potestad de configuración del legislador, en este, como en los demás casos, dependerá de la precisión con la que la Constitución haya regulado la institución jurídica de que se trate y que en este sentido la posibilidad que en cualquier circunstancia tiene el legislador para desarrollar la Constitución dependerá, en su alcance, del mayor o menor margen que haya dejado la Constitución (21) .

La Corte señaló así mismo que conforme al artículo 2º de la Constitución, las autoridades están instituidas, entre otras finalidades, “para asegurar el cumplimiento de los deberes sociales del Estado y de los particulares” y cómo al tenor del artículo 209 constitucional son principios que fundamentan el ejercicio de la función administrativa los “(...) de igualdad, moralidad, eficacia, economía, celeridad, imparcialidad y publicidad (...)”. Y que la necesidad de poner en práctica la aplicación de estos principios superiores significa que quienes acceden al desempeño de funciones públicas, así como quienes contratan con la administración, deben someterse al cumplimiento de ciertas reglas y exigencias, acordes con los supremos intereses que les corresponde gestionar en beneficio del interés común y de la prosperidad colectiva (22) , sin que con ello pueda entenderse que se desconoce el derecho a participar en los asuntos públicos a que alude el artículo 40-7 superior, ni que se limite indebidamente el ejercicio de sus derechos y en particular el derecho a la igualdad” (23) .

A partir de los anteriores presupuestos, en cuanto a las expresiones “y los miembros de las juntas administradoras locales municipales y distritales” contenidas en el tercer inciso del artículo 49 de la Ley 617 de 200 (sic) tal como quedó modificado por el artículo 1º de la Ley 821 de 2003, a que alude el actor, la Corte hace énfasis en i) que no existe ninguna disposición constitucional que regule de manera directa el régimen de inhabilidades e incompatibilidades de sus miembros y de sus parientes, tanto para acceder a un cargo público (24) como para contratar con el Estado (25) , al tiempo que los artículos 293, 318 y 322 superiores (26) asignan a la ley de manera general la regulación del régimen aplicable a dichas juntas administradoras locales; ii) que en función de asegurar la plena vigencia de los principios de moralidad e imparcialidad en la administración local, —tomando en cuenta particularmente la función atribuida a dichas juntas administradoras de distribuir las partidas globales que les asigne el presupuesto municipal—, bien puede el legislador, sin desbordar los límites de su potestad de configuración establecer reglas estrictas dirigidas a asegurar el pleno respeto de los referidos principios; iii) que como se precisa más adelante la prohibición ha de entenderse circunscrita al respectivo distrito o municipio, por lo que no puede considerarse que la norma esté estableciendo una prohibición desproporcionada o irrazonable que vulnere los derechos fundamentales de las personas a las que ella se aplica (27) ; iv) que lo que buscan las disposiciones demandadas es evitar, entre otros efectos, la injerencia indebida de los miembros de las corporaciones públicas en materia de contratación en el orden territorial a favor de sus allegados, de tal suerte que la prohibición aludida constituye una garantía de imparcialidad, transparencia y moralidad de la gestión pública en los distritos y municipios y no el desconocimiento de la buena fe de los miembros de las juntas administradoras locales municipales o distritales ni de sus parientes, por lo que no cabe en consecuencia considerar vulnerado en este caso dicho principio constitucional invocado por el actor (C.P., art. 83); y v) que la prohibición a que alude el tercer inciso del artículo 49 de la Ley 617 de 200(sic) tal como quedó modificado por el artículo 1º de la Ley 821 de 2003 se predica sin distinción de todos los miembros de juntas administradoras locales o distritales y de sus parientes en los casos a que en él se alude, por lo que tampoco puede considerarse vulnerado el principio de igualdad.

5. La constitucionalidad condicionada de las expresiones acusadas.

Ahora bien, de la misma manera que la Corte advirtió en las sentencias C-311 y C-348 de 2004 que las inhabilidades a que alude el artículo 49 de la Ley 617 de 2000 tal como quedó modificado por el artículo 1º de la Ley 821 de 2003 deben predicarse exclusivamente dentro del ámbito territorial de competencia del respectivo servidor —por lo que condicionó la exequibilidad de las disposiciones acusadas en dichos procesos a ese entendimiento— (28) , en el presente caso ha de hacerse idéntica precisión.

En ese orden de ideas la Corte declarará la exequibilidad de las expresiones “y miembros de juntas administradoras locales municipales o distritales” en el entendido que la prohibición a que alude el tercer inciso del artículo 49 de la Ley 617 de 2000 tal como quedó modificado por el artículo 1º de la Ley 821 de 2003 se aplica dentro del ámbito territorial de competencia del respectivo miembro de junta administradora local, municipal o distrital.

Así mismo ha de entenderse, —como también se precisó en la Sentencia C-348 de 2004—, que la prohibición contenida en dicho inciso no impide a las personas a que este alude contratar bienes o servicios que la administración —en este caso municipal o distrital—, ofrezca, en igualdad de condiciones, a todos los ciudadanos y personas, en desarrollo de sus funciones constitucionales y legales (29) .

Así las cosas la Corte condicionará en este sentido la exequibilidad de las expresiones acusadas y así lo señalará en la parte resolutiva de esta sentencia.

VII. Decisión

En mérito de lo expuesto, la Sala Plena de la Corte Constitucional, administrando justicia en nombre del pueblo y por mandato de la Constitución,

RESUELVE:

1. ESTARSE A LO RESUELTO en la Sentencia C-348 de 2004, en relación con la acusación formulada contra las expresiones “diputados” y “concejales municipales y distritales”, contenidas en el tercer inciso del artículo 49 de la Ley 617 de 2000 tal como quedó modificado por el artículo 1º de la Ley 821 de 2003.

2. Declarar EXEQUIBLES, por los cargos analizados, las expresiones “y miembros de juntas administradoras locales municipales y distritales” contenidas en el tercer inciso del artículo 49 de la Ley 617 de 2000 tal como quedó modificado por artículo 1º de la Ley 821 de 2003, en el entendido que la prohibición a que alude dicho inciso se aplica dentro del ámbito territorial de competencia del respectivo miembro de junta administradora local, municipal o distrital, así como que ella no impide a las personas allí enunciadas contratar bienes o servicios que la administración ofrece, en igualdad de condiciones, a todos los ciudadanos y personas, en desarrollo de sus funciones constitucionales y legales.

Notifíquese, comuníquese, cúmplase, publíquese, insértese en la Gaceta de la Corte Constitucional y archívese el expediente».

(1) La parte resolutiva de dicha sentencia en su aparte pertinente señaló:

“Tercero. Declarar EXEQUIBLES los apartes demandados del inciso tercero y del parágrafo 2º del artículo 1º de la Ley 821 de 2003, en el entendido que las prohibiciones allí previstas se aplican únicamente dentro del ámbito territorial de competencia del correspondiente diputado o concejal”. Sentencia C-348 de 2004, M.P. Jaime Córdoba Triviño.

(2) Cfr. Corte Constitucional. Sentencias C-380 de 1997, M.P. Hernando Herrera Vergara; C-200 de 2001, M.P. Eduardo Montealegre Lynett y C-1212 de 2001, M.P. Jaime Araújo Rentería.

(3) Según lo ha señalado esta corporación, “el legislador tiene un margen de discrecionalidad amplio para regular las inhabilidades e incompatibilidades para acceder a la función pública, dentro de las limitaciones que la propia Carta define. Diferente es la situación del operador jurídico, quien debe interpretar estricta y restrictivamente las causales de inelegibilidad, en tanto y cuanto son excepciones legales al derecho de las personas a acceder a los cargos públicos”. Sentencia C-200 de 2001, M.P. Eduardo Montealegre Lynett.

(4) Sentencia C-194 de 1995, M.P. José Gregorio Hernández Galindo.

(5) Para la Corte Constitucional, “el régimen de inhabilidades e incompatibilidades de los servidores públicos está prevista en la Constitución y la ley. El legislador no puede modificar los límites fijados directamente por el constituyente en cuanto existen varias razones que impiden a la ley ampliar este régimen, entre las cuales se destacan las siguientes: 1. La Constitución establece un sistema cerrado de inhabilidades e incompatibilidades por tratarse de restricciones al derecho fundamental de elegir y ser elegido (C.P., art. 40). 2. La sujeción de la ley al principio de la supremacía de la Constitución Política, lo cual impide que el legislador consagre regulaciones que estén en contravía de la Carta o modifiquen los preceptos en ella dispuestos (C.P., art. 4º); 3. Los límites de los derechos fundamentales tienen que ser de interpretación restrictiva; 4. Cuando la propia Constitución establece un límite a un derecho fundamental y se reserva tal prerrogativa, cierra la posibilidad para que la ley, en su ámbito de competencia, pueda ser más restrictiva en esa materia. De acuerdo con el principio de la supremacía de la Constitución, la ley no está facultada para dejar sin efecto práctico un principio constitucional”. Sentencia C-540 de 2001.

(6) Al respecto, pueden consultarse las sentencias T-181 de 1994, M.P. Alejandro Martínez Caballero; T-058 de 1997, M.P. Carlos Gaviria Díaz y T-759 de 1999, M.P. Antonio Barrera Carbonell.

(7) Sentencias C-329 de 1995 y C-209 de 2000, M.P. Vladimiro Naranjo Mesa y C-618 de 1997, M.P. Alejandro Martínez Caballero.

(8) Corte Constitucional. Sentencia C-200 de 2001, M.P. Eduardo Montealegre Lynett.

(9) Sentencia C-617 de 1997, M.P. José Gregorio Hernández Galindo.

(10) Para esta corporación, el que sean razonables significa que “no puede ser arbitraria sino objetivamente justiciables. Por consiguiente, debe existir una correspondencia adecuada entre el medio adoptado y la referida finalidad. Que sea proporcional implica que no puede ser excesiva en procura de alcanzar el fin buscado, es decir, que sea estrictamente necesaria para conseguirlo o que exista una relación justa y mesurada entre la causal de inelegibilidad adoptada y la finalidad que se pretende al impedir el nombramiento de la persona incursa en ella”. Sentencia C-1212 de 2001, M.P. Jaime Araújo Rentería.

(11) Corte Constitucional. Sentencia C-537 de 1993, M.P. Hernando Herrera Vergara. Esta sentencia ha sido retomada en varias ocasiones por la corporación. Ver, entre otras, las sentencias C-373 de 1995, M.P. Carlos Gaviria Díaz y C-1212 de 2001, M.P. Jaime Araújo Rentería.

(12) Si bien las inhabilidades limitan el ejercicio de derechos fundamentales, como el derecho de acceder al desempeño de cargos y funciones públicas, cuando se efectúa el control abstracto de constitucionalidad no procede aplicar un control estricto, en la medida en que la propia Carta Política ha atribuido al legislador la función de establecer esas causales, con el fin de proteger la moralidad e imparcialidad de la administración. Cfr. Corte Constitucional, Sentencia C-618 de 1997, M.P. Alejandro Martínez Caballero.

(13) Sentencia C-348 de 2004, M.P. Jaime Córdoba Triviño.

(14) La Corte sintetizó de la siguiente manera la acusación formulada en esa ocasión contra las expresiones “diputados” y “concejales municipales y distritales” contenidas en el inciso 3º del artículo 49 de la Ley 617 de 2000 tal como quedó modificado por el artículo 1º de la Ley 821 de 2003. Dijo la Corte: “manifiesta que existe desproporción e irrazonabilidad en la prohibición para que los parientes de los diputados y concejales, dentro del cuarto grado de consanguinidad, segundo de afinidad y primero civil, puedan ser miembros de juntas o consejos directivos de entidades del sector central o descentralizado del departamento, distrito o municipio, o miembros de juntas directivas, representantes legales, revisores fiscales, auditores o administradores de las entidades prestadoras de servicios públicos domiciliarios o de seguridad social en la respectiva entidad territorial, así como para ser contratistas del respectivo departamento, distrito o municipio, o de sus entidades descentralizadas.

Considera que, si los límites establecidos por el artículo 292 de la Constitución a los parientes de los concejales y diputados para ser designados como empleados de las respectivas entidades territoriales solo alcanzan el segundo grado de consanguinidad, primero de afinidad y único civil, debe inferirse entonces que la previsión de prohibiciones a grados de parentesco superiores a los descritos para eventos de menor implicación institucional como los referidos en el párrafo precedente, resulta desproporcionado, máxime cuando se trata de personas que no están sujetas a una relación de subordinación con la respectiva entidad territorial ni adquieren las atribuciones legales que los empleados sí podrían tener, como son la dirección administrativa o la autoridad política o civil, por ejemplo”. Sentencia C-348 de 2004, M.P. Jaime Córdoba Triviño.

(15) En itálica el aparte acusado en el presente proceso.

(16) M.P. Jaime Córdoba Triviño.

(17) M.P. Álvaro Tafur Galvis.

(18) Ver en este sentido, entre otras, las sentencias C-200 de 2001, M.P. Eduardo Montealegre Lynett; C-247 de 2001, M.P. Carlos Gaviria Díaz; C-952 de 2001, M.P. Álvaro Tafur Galvis; C-1212 de 2001, M.P. Jaime Araújo Rentería; C-373 de 2002, M.P. Jaime Córdoba Triviño.

(19) Ver entre otras las sentencias C-1412 de 2000, M.P. Martha Victoria Sáchica Méndez y C-200 de 2001, M.P. Eduardo Montealegre Lynett.

(20) Ver entre otras las sentencias C-952 de 2001, M.P. Álvaro Tafur Galvis; C-1212 de 2001, M.P. Jaime Araújo Rentería; C-064 de 2003, M.P. Jaime Araújo Rentería; C-625 de 2003, M.P. Marco Gerardo Monroy Cabra y C-015 de 2004, M.P. Manuel José Cepeda Espinosa.

(21) Ver las sentencias C-064 de 2003, M.P. Jaime Araújo Rentería A.V. Jaime Córdoba Triviño, S.V. Álvaro Tafur Galvis y C-311 de 2004, M.P. Álvaro Tafur Galvis.

(22) Ver Sentencia C-209 de 2000, M.P. Vladimiro Naranjo Mesa.

(23) Ver Sentencia C-311 de 2004, M.P. Álvaro Tafur Galvis y C-348 de 2004, M.P. Jaime Córdoba Triviño.

(24) Sobre el alcance de las inhabilidades para acceder a un cargo público ver, entre otras, las sentencias C-1372 de 2000, M.P. Alfredo Beltrán Sierra; C-711 de 2002, M.P. Álvaro Tafur Galvis; C-1066 de 2002, M.P. Jaime Araújo Rentería.

(25) Sobre el alcance de las inhabilidades para contratar con el Estado, ver, entre otras, las sentencias C-415 de 1994, M.P. Eduardo Cifuentes Muñoz; C-489 de 1996, M.P. Antonio Barrera Carbonell; C-711 de 1996, M.P. Fabio Morón Díaz; C-429 de 1997, M.P. Alejandro Martínez Caballero; C-054 de 2001, M.P. Álvaro Tafur Galvis.

(26) ART. 293.—Sin perjuicio de lo establecido en la Constitución, la ley determinará las calidades, inhabilidades, incompatibilidades, fecha de posesión, períodos de sesiones, faltas absolutas o temporales, causas de destitución y formas de llenar las vacantes de los ciudadanos que sean elegidos por voto popular para el desempeño de funciones públicas en las entidades territoriales. La ley dictará también las demás disposiciones necesarias para su elección y desempeño de funciones.

ART. 318.—Con el fin de mejorar la prestación de los servicios y asegurar la participación de la ciudadanía en el manejo de los asuntos públicos de carácter local, los concejos podrán dividir sus municipios en comunas cuando se trate de áreas urbanas y en corregimientos en el caso de las zonas rurales.

En cada una de las comunas o corregimientos habrá una junta administradora local de elección popular, integrada por el número de miembros que determine la ley, que tendrá las siguientes funciones:

1. Participar en la elaboración de los planes y programas municipales de desarrollo económico y social y de obras públicas.

2. Vigilar y controlar la prestación de los servicios municipales en su comuna o corregimiento y las inversiones que se realicen con recursos públicos.

3. Formular propuestas de inversión ante las autoridades nacionales, departamentales y municipales encargadas de la elaboración de los respectivos planes de inversión.

4. Distribuir las partidas globales que les asigne el presupuesto municipal.

5. Ejercer las funciones que les deleguen el concejo y otras autoridades locales. Las asambleas departamentales podrán organizar juntas administradoras para el cumplimiento de las funciones que les señale el acto de su creación en el territorio que este mismo determine.

ART. 322.—Bogotá. Capital de la República y del departamento de Cundinamarca, se organiza como distrito capital (reformado, A.L. 1/2000, art. 1º).

Su régimen político, fiscal y administrativo será el que determine la Constitución, las leyes especiales que para el mismo se dicten y las disposiciones vigentes para los municipios.

Con base en las normas generales que establezca la ley, el concejo, a iniciativa del alcalde, dividirá el territorio distrital en localidades, de acuerdo con las características sociales de sus habitantes, y hará el correspondiente reparto de competencias y funciones administrativas.

A las autoridades distritales corresponderá garantizar el desarrollo armónico e integrado de la ciudad y la eficiente prestación de los servicios a cargo del distrito; a las locales, la gestión de los asuntos propios de su territorio.

(27) Ver Sentencia C-311 de 2004, M.P. Álvaro Tafur Galvis.

(28) En la Sentencia C-311 de 2004, la Corte decidió en efecto “Declarar la EXEQUIBILIDAD CONDICIONADA del segundo inciso del artículo 49 de la Ley 617 de 2000 tal como quedó modificado por el artículo 1º de la Ley 821 de 2003, en el entendido que respecto de diputados y concejales, cuando los mismos diputados y concejales no actúan como nominadores o no han intervenido en la designación de quien actúa como nominador, se aplicará la regla prevista en el segundo inciso del artículo 292 de la Constitución y que la inhabilidad a que dicho inciso se refiere se aplica dentro del ámbito territorial de competencia del respectivo gobernador, alcalde, diputado, concejal o miembro de junta administradora local, municipal o distrital”. Sentencia C-311 de 2004, M.P. Álvaro Tafur Galvis.

En tanto que en la Sentencia C-348 de 2004 decidió “Declarar EXEQUIBLES los apartes demandados del inciso tercero y del parágrafo 2º del artículo 1º de la Ley 821 de 2003, en el entendido que se aplica únicamente dentro del ámbito territorial de competencia del respectivo gobernador, alcalde o miembros de juntas administradoras locales, municipales y distritales”. Sentencia C-348 de 2004, M.P. Jaime Córdoba Triviño.

(29) Ver las sentencias C-618 de 1997, M.P. Alejandro Martínez Caballero y C-348 de 2004, M.P. Jaime Córdoba Triviño.

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