Sentencia C-728 de octubre 14 de 2009 

CORTE CONSTITUCIONAL

SALA PLENA

Sentencia C-728 de 2009

Ref.: Expediente D-7685

Magistrado Ponente:

Dr. Gabriel Eduardo Mendoza Martelo

Demanda de inconstitucionalidad contra el artículo 27 de la Ley 48 de 1993

Demandantes: Gina Cabarcas Macía, Antonio Barreto Rozo y Daniel Bonilla Maldonado

Bogotá, D.C., catorce de octubre dos mil nueve.

EXTRACTOS: «II. Normas demandadas

A continuación se transcribe el texto de las normas acusadas:

LEY 48 DE 1993

“Por la cual se reglamenta el servicio de reclutamiento y movilización”.

[...].

ART. 27.—Exenciones en todo tiempo. Están exentos de prestar el servicio militar en todo tiempo y no pagan cuota de compensación militar:

a) Los limitados físicos y sensoriales permanentes.

b) Los indígenas que residan en su territorio y conserven su integridad cultural, social y económica.

(...).

VI. Consideraciones y fundamentos

1. Competencia.

De conformidad con lo dispuesto en el artículo 241, numeral 4º, de la Constitución Política, la Corte Constitucional es competente para conocer y decidir definitivamente sobre las demandas de inconstitucionalidad contra normas de rango legal, como las acusadas.

2. Problema jurídico.

Le corresponde a la Corte resolver, si el legislador, al establecer en el artículo 27 de la Ley 48 de 1993 dos hipótesis en las que se está exento de prestar el servicio militar en todo tiempo, incurrió en una omisión legislativa relativa contraria a la igualdad (C.P., art. 13), la libertad de conciencia (C.P., art. 18) y a la libertad de cultos (C.P., art. 19), por no incluir a los objetores de conciencia.

De manera preliminar, antes de abordar el problema jurídico propuesto, la Corte indicará las razones por las cuales no existe cosa juzgada en este caso, hará un recuento sobre la jurisprudencia constitucional en tomo a la omisión legislativa y presentará unas consideraciones generales en torno a la objeción de conciencia al servicio militar.

3. Inexistencia de cosa juzgada constitucional, con relación a la cuestión planteada por la demanda(161). 

La Corte Constitucional nunca ha estudiado una demanda contra la totalidad del texto del artículo 27 de la Ley 48 de 1993, ni por las razones expuestas en la demanda, ni por otras diferentes.

3.1. En efecto, la única ocasión en la que la Corte Constitucional se ha pronunciado sobre el artículo 27 de la Ley 48 de 1993, lo hizo parcialmente, sobre el literal b, que exime de la prestación del servicio militar a los miembros de comunidades indígenas que habiten en sus territorios y conserven su identidad cultural, social y económica en la Sentencia C-058 de 1994, en la que se resolvió declararlo constitucional(162). La Corte consideró que era constitucionalmente razonable que el legislador eximiera a los miembros de las comunidades indígenas de la prestación del servicio militar obligatorio, por el impacto que ese daño causaría en ellos y en su comunidad, y que no eximiera a aquellos indígenas que ya no formaran parte de dicha comunidad. Recientemente, la jurisprudencia constitucional ha reconocido y defendido esta figura legislativa que ha sido reconocida y defendida en calidad de excepción etnocultural, propia de un Estado social de derecho pluralista y respetuoso de la diversidad(163).

3.2. Las otras sentencias de constitucionalidad mencionadas por los demandantes y los intervinientes, en las que se ha hecho referencia a la objeción de conciencia, tampoco impiden a la Corte pronunciarse de fondo en el presente caso. Bien porque no estudian la disposición que en este proceso se demanda por las razones expuestas —por ejemplo, las sentencias C-511 de 1994 y C-740 de 2001—, o bien porque se trata de sentencias de tutela en las que, obviamente, no se estudió la constitucionalidad de norma alguna —por ejemplo, la T-409 de 1992—. Concretamente, en la Sentencia C-511 de 1994 se hizo referencia al derecho de objeción de conciencia, pero no se abordó la cuestión planteada por la presente demanda; la norma demandada en el presente proceso no fue objeto de análisis constitucional en aquella sentencia, porque su constitucionalidad no fue cuestionada en esa oportunidad(164). En la Sentencia C-740 de 2001, la Corte Constitucional también hizo alusión a la objeción de conciencia, pero se dedicó a estudiar normas legales diferentes a la demandada en el presente proceso; de hecho, en aquel caso ni siquiera se pronunció sobre la Ley 48 de 1993(165).

3.3. Ahora bien, en gracia de discusión podría alegarse que la Sentencia C-511 de 1994 resolvió la cuestión planteada por la demanda y que, en consecuencia, sí existe cosa juzgada constitucional al respecto, en razón a la manera en que uno de los argumentos fue planteado en aquella ocasión En efecto de acuerdo con el resumen de la demanda hecho por la sentencia, uno de los cargos se dirigió en contra de toda la Ley 48 de 1993, precisamente por haber omitido la regulación de la objeción de conciencia. Expresamente se dijo,

“III. Las demandas

1. El accionante Almanza y Góngora considera que los preceptos señalados en su demanda violan los artículos 1º, 2º, 13, 15, 18, 22, 45, 95, 216, 217 y 218 de la Constitución Política, por las razones siguientes:

— Que las violaciones son por interpretación errónea y por omisión.

[...].

— Que el artículo 57 demandado es contrario a la Constitución, al suponer la obligación de prestar el servicio militar.

Que la ley omitió los mandatos superiores sobre la prevalencia del interés general (C.N., art. 1º), la protección de la vida, honra y bienes de los ciudadanos (C.N., 2º)(sic), el principio de la igualdad (C.N., art. 13), el principio de la intimidad (C.N., art. 15), la libertad de conciencia (C.N., art. 18), el derecho a la paz (C.N., art. 22), la protección y formación integral del adolescente (C.N., art. 45).

— Que el artículo 95 de la Carta al disponer en su numeral 3º sobre deberes ciudadanos, estos se “circunscriben a apoyar”, o sea a respaldar, a estar al lado, a prestarles colaboración. De este texto se concluye que la obligación primaria reposa en cabeza de las autoridades”(166).

3 4. En tal sentido podría decirse, en gracia de discusión, que el cargo presentado por la demanda de la referencia, ya había sido conocido, por cuanto toda la ley, esto es, todos y cada uno de sus artículos, incluyendo el 27, ya habrían sido declarados exequibles con relación al cargo de haber omitido el deber de contemplar la objeción de conciencia. Suponiendo que tal fuera el cargo(167), en todo caso es preciso concluir que no se estableció una cosa juzgada constitucional en este caso. Por una parte, porque al considerar la cuestión, el análisis hecho por la sentencia se circunscribió a los artículos que se están analizando y, por otra, porque nunca se resolvió declarar exequible la totalidad de la ley, en relación con dicho cargo. La parte resolutiva de la sentencia se circunscribió a las normas específicas analizadas, no a la ley en general, como se muestra a continuación:

“Primero. Declarar exequibles los artículos 4º (parcial), 9º, 10, 11 (parcial), 13, 14, 42 literal a), 49 (parcial), 55 (parcial) y 57 de la Ley 48 de 1993.

Segundo. Estese a lo resuelto en la Sentencia C-406 de septiembre 15 de 1994, sobre los artículos 36 y 37,41 literal h) de la Ley 48 de 1993.

Tercero. En relación con los menores de más de 15 años y menores de 18 años se cumplirán las normas de protección consagradas en la Convención sobre los Derechos del Niño de 1989, adoptada en la Resolución 44/25 de la Asamblea General de las Naciones Unidas y ratificada por Colombia (L. 12/91).

Cópiese, comuníquese, notifíquese, cúmplase, insértese en la Gaceta de la Corte Constitucional y archívese el expediente”(168).

Por tanto, para la Sala es claro que no existe ningún pronunciamiento en sede de constitucionalidad que se haya ocupado por completo del artículo 27 de la Ley 48 de 1993, por las razones que es acusado en el presente proceso o por otras. A continuación, entonces, pasa la Sala Plena de la Corte a estudiar de fondo la demanda de la referencia.

4. La omisión legislativa.

Al tratar el tema de la omisión legislativa, la Corte Constitucional, en jurisprudencia ampliamente, reiterada, ha señalado que, por la vía de la acción pública de inconstitucionalidad, cabe ejercer el control sobre las denominadas omisiones legislativas relativas, pero ha rechazado la posibilidad del control de constitucionalidad sobre las omisiones legislativas absolutas.

4.1. Una omisión legislativa es relativa, según la jurisprudencia, “(...) cuando se vincula con un aspecto puntual dentro de una normatividad específica (...) (que) se vuelve constitucionalmente reprochable si se predica de un elemento que, por razones lógicas o jurídicas —específicamente por razones constitucionales— debería estar incluido en el sistema normativo de que se trata, de modo que su ausencia constituye una imperfección del régimen que lo hace inequitativo, inoperante o ineficiente”(169).

4.1.1. Así, para que se presente una omisión legislativa contraria a la Constitución, la Corte, en una primera etapa, puntualizó que era necesario que se diesen los siguientes supuestos: “a) que exista una norma sobre la cual se predica; b) que una omisión en tal norma excluya de sus consecuencias aquellos casos que, por ser asimilables, deberían subsumirse dentro de su presupuesto fáctico; c) que dicha exclusión no obedezca a una razón objetiva y suficiente; d) que al carecer de una razón objetiva y suficiente, la omisión produzca una desigualdad injustificada entre los casos que están y los que no están sujetos a las consecuencias previstas por la norma y; e) que la omisión implique el incumplimiento de un deber constitucional del legislador”(170).

Como se puede apreciar, la jurisprudencia sobe la omisión legislativa relativa giró inicialmente alrededor del principio de igualdad, a partir de la consideración según la cual el presupuesto básico de dicha omisión consiste en que el legislador regula una materia, pero lo hace de manera parcial porque no cobija a todos aquellos supuestos que, por ser análogos a los regulados, deberían quedar incluidos en la regulación. Sin embargo, la Corte, desde una perspectiva más amplia, ha señalado que la omisión legislativa, de manera genérica, también ocurre cuando se deja de regular algún supuesto que, en atención a los contenidos superiores del ordenamiento, tendría que formar parte de la disciplina legal de una determinada materia, aún cuando de ello no se desprenda un problema de igualdad(171). Así, por ejemplo, la jurisprudencia se ha referido a omisiones relativas que se configuran respecto “(...) del derecho de defensa, como elemento esencial del debido proceso, por cuanto la ley existe pero no cubre todos los supuestos que debería abarcar y su actuación sería ‘imperfecta o incompleta’”(172).

Más adelante la Corte puntualizó que dentro de la configuración jurisprudencial del control de constitucionalidad sobre las omisiones legislativas las referencias a los derechos a la igualdad y al debido proceso, permiten ilustrar situaciones en las cuales las mismas se presentan con relativa frecuencia, sin que de ello se desprenda una restricción al ámbito de aplicación de la figura(173).

Dijo entonces la Corte, de manera general, que se presenta una omisión legislativa relativa cuando “(...) el legislador al regular o construir una institución omite una condición o un ingrediente que, de acuerdo con la Constitución, sería exigencia esencial para armonizar con ella”(174). De este modo, ya no es necesario establecer una afectación del derecho de igualdad para que pueda predicarse la existencia de una omisión legislativa relativa puesto que basta con acreditar que, en relación con la materia objeto de regulación, era imperativo a la luz de la Constitución regular también el supuesto que se considera omitido, sin que para ello sea preciso establecer, ni una identidad en las situaciones fácticas, ni la exigencia de una identidad en la regulación legal que les resulte aplicable. Señaló la Corte que en tales hipótesis, bastaría con acreditar que, en relación con la materia objeto de regulación, era imperativo a la luz de la Constitución regular también el supuesto que se considera omitido, evento en el cual, “(...) también sería posible señalar que el producto de la actividad legislativa resulta incompleto, por no incorporar una previsión cuya inclusión resultaba imperativa a la luz de la Constitución, y que por consiguiente existe una inconstitucionalidad que proviene de dicha omisión”(175).

4.1.2. Lo importante es destacar que esa forma de construcción de la omisión legislativa relativa tiene como propósito delimitar claramente los escenarios en los que es posible que la reparación del resultado inconstitucional se haga de manera directa por el juez constitucional, para lo cual, entonces, se hace necesario determinar la manera como ello puede llevarse a cabo.

En la Sentencia C-208 de 2007, la Corte, haciendo un recuento de la jurisprudencia sobre el particular, expresó que, “(...) en general, en la omisión legislativa, el silencio del legislador tiene efectos de exclusión a los cuales es posible hacer frente por la vía del control de constitucionalidad”, y que “[t]ratándose de las omisiones legislativas lo que merece reproche constitucional es el efecto contrario a la Constitución que ellas lleguen a generar en el ordenamiento”, razón por la cual “(...) únicamente cuando el silencio del legislador se traduce en una norma implícita que, por ejemplo, prohíbe algo permitido u ordenado por la Carta cabe hablar de la inconstitucionalidad de la omisión”. De acuerdo con la jurisprudencia, “[s]iempre que esa inconstitucionalidad se compruebe, la Corte está llamada a hacer valer el superior imperio de la Constitución, siendo este el propósito de su función de control sobre las omisiones (...)”(176).

En las sentencias C-891A de 2006 y C-208 de 2007, la Corte hizo un recuento de las opciones aplicables al propósito de reparar una omisión legislativa contraria a la Constitución, para lo cual señaló, en primer lugar, que es preciso tener en cuenta que, “(...) como quiera que en tales hipótesis la inconstitucionalidad no radica en los contenidos normativos que cuentan con base textual expresa, sino en un significado implícito que surte efectos violatorios de la Carta, la depuración del ordenamiento no se logra mediante el decreto de la inexequibilidad de las disposiciones de la cuales se predica la omisión y que lo conducente es neutralizar el comentado efecto de la omisión legislativa que riñe con la Constitución y en su lugar incorporar un significado que sea acorde con los dictados superiores”(177).

Así, dijo la Corte que cuando la inconstitucionalidad de la omisión legislativa proviene de una violación del principio de igualdad, de ordinario la solución se encuentra en una sentencia de exequibilidad aditiva que permita extender a los sujetos excluidos la cobertura de aquellos contenidos normativos de los que se predica la omisión.

Tal solución no cabe, sin embargo, al menos sin cierto tipo de matización, cuando la omisión no se desprende de la exclusión de algunos sujetos en circunstancias en las cuales cabía predicar el imperativo constitucional de una identidad de régimen jurídico, eventualidad ante la cual se ha planteado la alternativa de una sentencia integradora “(...) que permita mantener la disposición enjuiciada en el ordenamiento y superar la inconstitucionalidad derivada de la omisión ‘... desplazando la lectura afectada de invalidez mediante la proyección, sobre el precepto inferior, de los contenidos de la Carta que, en esas circunstancias, brinda una solución constitucionalmente adecuada, precisa e indudable’(178)(179).

Al explicar el fundamento constitucional de una intervención de la Corte en supuestos distintos de aquellos que conducen a las decisiones típicas de exequibilidad o inexequibilidad, la Corte, en relación con las llamadas sentencias integradoras, ha dicho que las mismas encuentran su primer fundamento “... en el carácter normativo de la Constitución, puesto que el juez constitucional, con fin de asegurar la integridad y la supremacía de la Carta, debe incorporar en el orden legal los mandatos constitucionales. Por ello, si el juez, para decidir un caso, se encuentra con una indeterminación legal, ya sea porque el enunciado legal es insuficiente, ya sea porque el enunciado es contrario a la Carta, el juez debe proyectar los mandatos constitucionales directamente al caso, aun cuando de esa manera, en apariencia, adicione el orden legal con nuevos contenidos normativos”(180). Agregó la Corte que [e]l juez en este caso en manera alguna está legislando pues lo único que hace es dar aplicación al principio según el cual la Constitución, como norma de normas, tiene una suprema fuerza normativa (C.P., art. 4º). Y prosiguió diciendo que “... este tipo de decisiones integradoras también encuentra fundamento en el principio de efectividad establecido por el artículo 2º de la Carta, puesto que los órganos del Estado en general, y los jueces y la Corte Constitucional en particular, deben buscar, en sus actuaciones, hacer realidad los principios, derechos y deberes constitucionales así como el orden de valores que la Constitución aspira a instaurar. Es pues natural que los jueces, y en particular el juez constitucional, integren en sus sentencias los mandatos constitucionales”(181).

Sin embargo, cuando para hacer frente a la omisión no sea posible encontrar contenido constitucional preciso que pueda proyectarse sobre la norma enjuiciada, no es posible establecer con certeza cual deba ser el contenido de la regulación omitida, hipótesis que se presenta cuando, por la indeterminación del deber incumplido por el legislador, se concluya que existe un ámbito de configuración legislativa dentro del cual este puede optar por distintas alternativas constitucionalmente admisibles. En ese caso no cabría que el juez constitucional, mediante una sentencia integradora fijase directamente, haciendo valer las disposiciones constitucionales, el contenido normativo que subsane la omisión(182).

En hipótesis como esas, ha dicho la Corte, para subsanar la omisión, lo adecuado consistiría en “(...) otorgarle un plazo al Congreso de la República, toda vez que es la institución indicada para escoger, entre distintas alternativas, aquella que surja del debate democrático cumplido en su seno”(183). Sin embargo la corporación también ha puesto de presente que la condición de efectividad de ese plazo conferido al legislador estaría, “... en una sentencia de inexequibilidad diferida, conforme a la cual, si el legislador no subsana la omisión en el término previsto por el juez constitucional la misma se hace efectiva”(184). Y ello la ha llevado a concluir que “(...) esta solución no resulta adecuada cuando la posibilidad de declarar la inexequibilidad del contenido normativo omisivo está descartada por el efecto gravemente perturbador del ordenamiento constitucional que ello ocasionaría debido a la afectación de bienes jurídicos de la misma o de mayor entidad que la de aquellos que se intenta proteger”(185).

Para la Corte, en “[e]sas situaciones límite, si bien no se descarta la opción de fijarle un plazo al Congreso, o para respetar el ámbito de configuración conferido por la Carta y dentro del cual se inscribe también el juicio de oportunidad para el ejercicio de su potestad para hacerle un exhorto dirigido a que expida la legislación que subsane la omisión(...)”(186), “... se debe escrutar si el legislador ha producido alguna regulación que, analizadas las circunstancias, permita encontrar una solución constitucionalmente adecuada (...)(187).

Fue lo que ocurrió en la Sentencia C-891A de 2006, cuando la Corte detectó la presencia de una omisión legislativa en el régimen de la pensión sanción, por el hecho de no haberse previsto un sistema que permitiese la actualización de su valor entre el momento en el que surge le derecho a la pensión y aquel en el que se materializan las condiciones objetivas para ello. Si bien dicha omisión resultaba contraria a la Constitución, la multiplicidad de posibilidades técnicas abiertas para resolver el problema de actualización, impedían que la Corte impusiese alguna como derivada necesariamente de las disposiciones superiores del ordenamiento. Tras un cuidadoso examen, la Corte concluyó que lo más adecuado para resolver la inconstitucionalidad detectada era acudir al régimen legal de actualización de las pensiones que se había previsto en la Ley 100 de 1993 para unos supuestos distintos.

4.1.3. De este modo, la jurisprudencia constitucional ha señalado que, frente a las omisiones legislativas relativas, es posible que, superando la dicotomía exequibilidad - inexequibilidad, el juez constitucional acuda a diversas fórmulas que permitan subsanar el efecto inconstitucional de la omisión, preservando en la medida de lo posible el ámbito de configuración del legislador.

4.2. Como se ha puesto de presente, la Corte ha puntualizado que no cabe el control de constitucionalidad de las omisiones legislativas absolutas, toda vez que “la acción pública de inconstitucionalidad si bien permite realizar un control más o menos extenso de la labor legislativa, no autoriza la fiscalización de lo que el legislador genéricamente ha omitido, conforme a las directrices Constitucionales(...). Por esta razón, hay que excluir de esta forma de control el que se dirige a evaluar las omisiones legislativas absolutas: si no hay actuación, no hay acto qué comparar con las normas superiores; si no hay actuación, no hay acto que pueda ser sujeto de control. La Corte carece de competencia para conocer de demandas de inconstitucionalidad por omisión legislativa absoluta”(188).

Lo anterior, sin embargo, no ha impedido que la Corte, en diversas oportunidades, haya acudido a los exhortos al legislador, para que en un plazo razonable, expida la legislación que se echa de menos a la luz de los mandatos constitucionales. Así ha ocurrido, por ejemplo con el llamado al Congreso para que expida una regulación de la huelga en los servicios públicos que sea acorde con la Constitución(189); o para que actualice la legislación electoral(190), o para que expida el estatuto del trabajo en los términos del artículo 53 de la Carta(191).

4.3. El exhorto es un requerimiento al legislador, con o sin señalamiento de plazo, para que produzca las normas cuya expedición aparece como obligada a la luz de la Constitución.

Sobre el exhorto y su significado en derecho constitucional esta corporación ha dicho que el mismo no debe ser visto “(...) como una ruptura de la división de los poderes sino como una expresión de la colaboración de los mismos para la realización de los fines del Estado, en particular para la garantía de la efectividad de los derechos de las personas”(192) . Ha destacado la Corte(193) que en el ordenamiento jurídico colombiano se han previsto mecanismos de cooperación entre los órganos del Estado a fin de asegurar la fuerza expansiva de los derechos constitucionales, entre los cuales, por vía de ejemplo, se puede señalar que la propia Constitución establece que el Procurador General de la Nación deberá “(...) exhortar al Congreso para que expida las leyes que aseguren la promoción, el ejercicio y la protección de los derechos humanos, y exigir su cumplimiento a las autoridades competentes”(194). En ese contexto, no resulta extraño que la Corte Constitucional pueda exhortar al Congreso para que adecue el orden legal a la Constitución en materia de derechos constitucionales(195).

Para la Corte, por otra parte, (...) este tipo de exhorto no es en manera alguna una innovación doctrinaria de esta Corte (...), sino que este surge de las tensiones valorativas propias del texto constitucional, en particular de aquella que existe entre la supremacía normativa de la Constitución y el principio de libertad de configuración del legislador. Esto explica que la mayoría de los tribunales constitucionales establezcan formas similares de exhortos con el fin de armonizar tales principios y tomar en cuenta los efectos sociales de las decisiones constitucionales. Así, el Tribunal Constitucional alemán ha adoptado estos exhortos bajo la forma de ‘resoluciones de aviso’ o ‘admonitorias’(196) En el mismo sentido ha actuado, en determinados casos, el Tribunal Constitucional Español(197)(198).

4.3.1. Un escenario en el que la Corte ha acudido al exhorto es el de las sentencias de inexequibilidad diferida, en las cuales se le fija al legislador un plazo, cuya duración puede variar según la naturaleza del asunto, para que profiriera una nueva regulación legal, acorde con los postulados constitucionales.

Se trata una de hipótesis no necesariamente vinculada con la omisión legislativa, en la cual la Corte ha establecido que se presenta una violación de la Constitución, pero que la declaratoria, con efecto inmediato, de la inexequibilidad de la disposición de la cual ella se deriva podría comportar un efecto también lesivo de la Constitución, por el vacío normativo que ello generaría, razón por la cual se le confiere un plazo al legislador, para que, en ejercicio de su potestad de configuración, adopte las medidas que suplan la regulación que se declara inexequible, con otra que resulte acorde con los mandatos constitucionales.

En estos eventos, el plazo tiene un componente en cierto modo coercitivo, puesto que, la omisión del legislador en expedir la regulación que sustituya la que se declara inexequible de manera diferida, tiene como consecuencia el hecho de que, al hacerse efectiva la decisión de la Corte, se generaría el vacio que se quiso evitar.

4 3 2. En los eventos de omisión legislativa absoluta se presenta un tipo distinto de exhorto, cuando la Corte advierte que el legislador ha omitido una regulación que debe expedir de acuerdo con la Constitución, pero concluye que la solución de dicha omisión, en razón de la naturaleza de la misma, se encuentra por fuera del ámbito de la competencia del juez constitucional, razón por la cual solo cabe un llamado al legislador, para que en ejercicio de su potestad de configuración, proceda a hacer efectivos los mandatos constitucionales.

Así, cuando ha constatado que el legislador no ha producido ningún precepto encaminado a ejecutar un deber concreto que le ha impuesto la Constitución, la Corte, en diversas oportunidades le ha hecho llamamientos o apremios para que se expida la legislación necesaria para el adecuado desarrollo de la Carta.

Tal como se ha dicho, la Corte ha exhortado al Congreso de la República para que, entre otros casos, expida una regulación de la huelga en los servicios públicos que sea acorde con la Constitución, o para que actualice la legislación electoral, o para que expida el estatuto del trabajo en los términos del artículo 53 de la Carta, o para que establezca un nuevo régimen de policía que desarrolle la Constitución.

En todos esos casos, no obstante que se constata que el legislador ha omitido un deber constitucional, el carácter absoluto de la omisión impide que la Corte, en sede de control abstracto de normas, adopte una medida orientada a subsanarla, en tanto no actúe el legislador. Se trata de escenarios en los cuales, para el desarrollo legislativo de un mandato constitucional, el legislador cuenta con un amplio margen de configuración, circunstancia que impide que la Corte imponga como obligado a la luz de la Constitución, un determinado conjunto de disposiciones de entre las múltiples alternativas políticas disponibles para el legislador.

4.3.3. No obstante lo anterior, es importante señalar que cuando la omisión del legislador incide sobre el desarrollo de derechos directamente consagrados en la Constitución, la jurisprudencia ha puntualizado que, aún en el evento de omisiones absolutas, tales derechos pueden, y deben, aplicarse, de manera directa e inmediata, con base en la Constitución, sin que el silencio del legislador pueda tenerse como un obstáculo para el efecto.

Así, por ejemplo, en materia de habeas data, no obstante considerar la Corte que la materia exigía una regulación legislativa, criterio a partir del cual exhortó en su momento al Congreso de la República a expedirla(199), fijó, antes de la entrada en vigencia de la Ley 1266 de 2008, una serie de criterios jurisprudenciales para la aplicación del derecho.

De manera general, en la Sentencia T-406 de 1992, la Corte puso de presente que, ante la falta de intervención legislativa que desarrolle los derechos sociales del capítulo segundo título segundo de la Constitución, surgía el dilema de si “(...) debe el juez permanecer a la espera de que se produzca dicho desarrollo, y en tal caso, considerar los textos que consagran tales derechos como desprovistos de fuerza normativa, o por el contrario, debe el juez definir el contenido de tales derechos, anticipándose al legislador y aplicándolos de manera directa a partir del propio texto constitucional?”.

Sobre el particular la Corte puntualizó:

“Ante este dilema el juez debe actuar con prudencia y firmeza a la vez. En primer lugar, la intervención judicial en el caso de un derecho económico social o cultural es necesaria cuando ella sea indispensable para hacer respetar un principio constitucional o un derecho fundamental. En estas circunstancias el juez actúa bajo condiciones similares a aquellas que se presentan cuando debe resolver un problema relacionado con un vacío o una incoherencia de la ley. Es claro que en todos estos casos el juez decide algo que en principio le corresponde al legislador. Sin embargo, en estas precisas condiciones, la falta de solución proveniente del órgano que tiene la facultad de decidir, implica la posibilidad de que otro órgano, en este caso el judicial, decida, para un caso específico, con la única pretensión de garantizar la validez y efectividad de la norma constitucional.

La solución opuesta —es decir la que supone la no intervención judicial— desconoce los valores y principios constitucionales que consagran la efectividad de los derechos (art .2º “Son fines esenciales del Estado: servir a la comunidad, promover la prosperidad general y garantizar la efectividad de los principios, derechos y deberes consagrados...”; Artículo 5º “El Estado reconoce, sin discriminación alguna, la primacía de los derechos inalienables...”; Artículo 13, inciso 2º”. El Estado promoverá las condiciones para que la igualdad sea real y efectiva...”) y desconoce la prevalencia del derecho sustancial sobre los procedimientos, consagrada en el artículo 228.

Pero quizás lo más grave de la solución que se comenta consiste en el desconocimiento del artículo cuarto de la Constitución, en el cual se afirma que “La Constitución es norma de normas. En todo caso de incompatibilidad entre la Constitución y la ley u otra norma jurídica, se aplicarán las disposiciones constitucionales”. Este artículo no solo plantea un asunto relacionado con la validez de las normas constitucionales, también prescribe una clara definición en cuanto a su efectividad.

Con independencia de la función programática-finalista y de la función simbólica que sin duda ocupan un lugar importante en los preceptos sobre fines y valores, la Constitución es una norma jurídica del presente y debe ser aplicada y respetada de inmediato. Por esta razón, sostener que los derechos sociales, económicos y culturales se reducen a un vínculo de responsabilidad política entre el constituyente y el legislador, es no solo una ingenuidad en cuanto a la existencia de dicho vínculo, sino también una distorsión evidente en cuanto al sentido y coherencia que debe mantener la Constitución. Si la responsabilidad de la eficacia de los derechos mencionados estuviese solo en manos del legislador, la norma constitucional no tendría ningún valor y la validez de la voluntad constituyente quedaría supeditada a la voluntad legislativa”(200).

En otro escenario, en la Sentencia C-691 de 2008, la Corte encontró una omisión legislativa absoluta en el hecho de que después de tres lustros de expedida la Constitución, el Congreso no hubiese desarrollado el artículo 56 de la Carta, que le impone al legislador la tarea de definir los servicios públicos esenciales en los cuales no opera la garantía del derecho de huelga. Frente a ese vacío, la Corte decidió exhortar respetuosamente al Congreso para que desarrolle el artículo 56 de la Constitución. No obstante eso, concluyó la Corte que, mientras se expide la ley correspondiente, el artículo 56, que amplió el alcance del derecho de huelga, se aplica de manera directa e inmediata. Para la corporación, “(...) el silencio del legislador no obsta para que los sindicatos ejerzan el derecho de huelga y para que este derecho sea interpretado y aplicado en un sentido amplio en punto a los ámbitos de actividad en los cuales este derecho está garantizado. “En aplicación de ese criterio, la Corte encontró que el literal g) del artículo primero del Decreto Extraordinario 753 de 1956, que subrogó el artículo 430 del Código Sustantivo del Trabajo, era contrario a la Constitución, por cuanto limitaba el derecho de huelga en una actividad que no corresponde al concepto constitucional de servicios públicos esenciales, tal como ha sido perfilado por la jurisprudencia.

Ha precisado la Corte que, en ciertos eventos, la Constitución no solo ordena al legislador desarrollar un tema sino que fija, a veces con mucha precisión, los contenidos mismos de la normatividad a ser expedida(201). Así, por ejemplo, el artículo 53 no solo señala que “el Congreso expedirá el estatuto del trabajo” sino que, además, establece los principios mínimos fundamentales que este debe contener. De este modo, en virtud del postulado de supremacía de la Constitución, la omisión del legislador en el cumplimiento de ese mandato, conduce a una aplicación directa de esos principios constitucionales, tal y como esta Corte lo ha hecho en numerosas sentencias de tutela(202). En esta categoría cabe también, de acuerdo con la jurisprudencia de la Corte, el mandato sobre regulación del derecho de huelga que se acaba de enunciar, porque no obstante la indeterminación del concepto de “servicios públicos esenciales” y la habilitación que la propia Constitución le hace al legislador para definir su alcance, ha encontrado la Corte que el mismo tiene un contenido propio, de nivel constitucional, susceptible de aplicarse directamente, como aconteció en la aludida Sentencia C-691 de 2008.

5. La objeción de conciencia al servicio militar.

5.1. Sobre la objeción de conciencia en general.

5.1.1. De acuerdo con el artículo 18 de la Constitución, se “garantiza la libertad conciencia” y “nadie será molestado por razón de sus convicciones o creencias ni compelido a revelarlas ni obligado a actuar contra su conciencia”.

En general, la Corte Constitucional ha señalado(203) que la objeción de conciencia se presenta cuando el cumplimiento de la normatividad vigente exige por parte de las personas obligadas a acatarla un comportamiento que su conciencia prohíbe. En otras palabras, ha dicho la Corte, la objeción de conciencia supone la presencia de una discrepancia entre la norma jurídica y alguna norma moral. Siguiendo a Venditti, la corporación(204) ha definido la objeción. de conciencia, como “la resistencia a obedecer un imperativo jurídico invocando la existencia de un dictamen de conciencia que impide sujetarse al comportamiento prescrito(205).

La jurisprudencia constitucional ha destacado la existencia de un claro nexo entre la objeción de conciencia y la libertad de pensamiento, la libertad religiosa y la libertad de conciencia, “(...) hasta el punto de poder afirmar que la objeción de conciencia resulta ser uno de los corolarios obligados de estas libertades”(206). Para la Corte, desde esa perspectiva, “(...) existe un escenario de realización humana dentro del cual las interferencias estatales o son inadmisibles o exigen una mayor carga de justificación. Así, quien objeta por razones de conciencia goza prima facie de una presunción de corrección moral. El Estado, debe, entretanto, aportar los argumentos que justificarían una intervención en este campo en principio inmune a cualquier Interferencia(207).

En este contexto, esta corporación se ha pronunciado en varias oportunidades sobre la objeción de conciencia, en materias como la educación(208), el respeto de la obligación de prestar juramento(209), obligaciones laborales(210), o salud(211).

5.1.2. Al paso que la jurisprudencia ha ido definiendo los perfiles del derecho a la objeción de conciencia, se ha establecido que el mismo no es ilimitado, sino que, por el contrario, puede verse sometido a restricciones, “(...) pues, de lo contrario, no sería factible adoptar medidas vinculantes para las personas asociadas”(212).

El presupuesto de la objeción de conciencia es la existencia de unos deberes jurídicos que pueden consistir en un mandato previsto expresamente en la Constitución, o en una obligación legal, o resultar de una relación jurídica que habilite a una persona para exigir de otra determinada conducta, como ocurre en el ámbito educativo, o en el de la salud, o en laboral. En todos los casos, el objetor plantea que el acatamiento de ese deber jurídico es contrario a su conciencia.

En relación con los deberes constitucionales, la Corte ha señalado que los mismos operan en una relación de complementariedad con los derechos consagrados en la Constitución, puesto que “[l]a persona humana, centro del ordenamiento constitucional, no solo es titular de derechos fundamentales sino que también es sujeto de deberes u obligaciones, imprescindibles para la convivencia social”(213).

Para la Corte, dentro del Estado social de derecho, fundado en la solidaridad, la dignidad, el trabajo y la prevalencia del interés general (C.P., art. 1º), al paso que se afirma, por un lado, la vigencia inmediata de los derechos fundamentales, se reconoce, por otro, que los deberes consagrados en la Carta Política constituyen imperativos que vinculan directamente a los particulares y cuyo cumplimiento es condición de la convivencia pacífica(214).

En este contexto, los deberes constitucionales, ha dicho la Corte, “(...) son aquellas conductas o comportamientos de carácter público, exigibles por la ley a la persona o al ciudadano, que imponen prestaciones físicas o económicas y que afectan, en consecuencia, la esfera de su libertad personal”(215). Se trata de comportamientos que se imponen a los particulares en consideración a intereses generales de la comunidad y que responden al criterio conforme al cual todas las personas están obligadas a contribuir al mantenimiento de las condiciones que permiten la armónica convivencia. Los deberes encuentran fundamento en el principio de solidaridad y son presupuesto del orden y de la existencia misma de la sociedad y del derecho. En la base de esos deberes está la idea misma de sometimiento al derecho y la obligatoriedad de la que son revestidos obedece a la consideración de que si cada persona pudiese, según los dictados de su conciencia, decidir cuáles normas acata y cuáles no, se desvertebraría el orden y se haría imposible la existencia de la comunidad organizada.

Ha precisado la corporación que, en general, la obligatoriedad de los deberes constitucionales exige un desarrollo legislativo de los mismos y que, en ese sentido, “(...) los deberes consagrados en la Constitución comprenden una habilitación al legislador para desarrollar y concretar la sanción por el incumplimiento de los parámetros básicos de conducta social fijados por el Constituyente”(216). Para la Corte, “[l]o anterior no impide, sin embargo, que en la ponderación de los valores constitucionales el juez de tutela tome directamente en cuenta los deberes constitucionales, ya que estos constituyen un criterio hermenéutico indispensable para la delimitación de los derechos fundamentales. La relación de complementariedad entre unos y otros exige del intérprete constitucional una lectura de los derechos y deberes que actualice el contenido de las libertades en general, pero que, a la vez, obligue a la persona a asumir las responsabilidades derivadas de la vida en comunidad”(217) La Corte, incluso, ha expresado que, excepcionalmente, los deberes constitucionales son exigibles directamente y que ello, entre otros eventos, sucede cuando su incumplimiento por un particular, vulnera o amenaza derechos fundamentales de otra persona, lo que exige la intervención oportuna de los jueces constitucionales para impedir la consumación de un perjuicio irremediable(218).

En la Constitución es posible encontrar un extenso conjunto de deberes, algunos de ellos ya desarrollados por la ley y otros aún desprovistos de sanción que los haga jurídicamente aplicables.

Tal como se puso de presente por la Corte en la Sentencia T-125 de 1994, la doctrina ha clasificado los deberes según los valores superiores en que se asientan: la igualdad, la justicia y la solidaridad, valores que, en su orden, corresponden a los deberes en un Estado democrático, en un Estado de derecho y en un Estado social de derecho:

“Dentro de los deberes que emanan del Estado democrático de derecho, la Constitución consagra la obligación de educación entre los cinco y los quince años de edad (C.P. art. 67), el deber de propender a la paz y mantenerla (C.P. arts. 22 y 95-6), el deber de estudiar la Constitución (C.P., art. 41), los deberes de defender y divulgar los derechos humanos y de participar en la vida política, cívica y comunitaria del país (C.P., art. 95-4, -5) y el deber de prestar el servido militar (C.P. art. 216), entre otros.

El Estado de derecho presupone la obligación de las personas de acatar la Constitución y la ley (C.P., arts. 4 º y 95), la responsabilidad por su infracción (C.P., art. 6º), las obligaciones y deberes derivados de las relaciones familiares (C.P., arts. 42, 44 y 46), el deber de ceñirse en todas las actuaciones a los postulados de la buena fe (C.P., art. 83), los deberes de respetar, obedecer y apoyar a las autoridades legítimamente constituidas (C.P., arts. 4º y 95-3) y el deber de colaborar para el buen funcionamiento de la administración de justicia (C.P., art. 95-7).

La naturaleza social del Estado de derecho hunde sus raíces en el principio de solidaridad social (C.P. art. 1º). De este principio se desprenden la obligación social del trabajo (C.P. art. 25), las obligaciones derivadas de la función social de la propiedad (C.P. art. 58) y de la empresa (C.P. art. 333), las obligaciones tributarias (C.P. art. 95-9), el deber de procurar la salud individual y comunitaria (C.P. art. 49), los deberes de respetar los derechos ajenos y no abusar de los propios y de obrar conforme al principio de solidaridad social (C.P., art. 95-1, -2), proteger las riquezas culturales y naturales de la Nación (C.P., art. 8º) y velar por el medio ambiente sano (C.P. arts. 80 y 95-8)”.

En ese contexto, la Corte ha señalado que asuntos que, en principio, pueden parecer materia estrictamente contractual, controvertible ante la jurisdicción ordinaria y, por lo tanto, no susceptible de acción de tutela, a la luz de las circunstancias concretas, pueden revelarse como constitucionalmente relevantes(219). Así, a la luz de las circunstancias de cada caso particular, es posible reconducir las situaciones de deber que surgen en distintos tipos de relaciones, al ámbito de lo constitucionalmente relevante, en orden a establecer si cabe invocar consideraciones de conciencia para, al amparo de lo dispuesto en el artículo 18 de la Constitución, omitir el cumplimiento del deber o excluir las consecuencias negativas que de dicha omisión, de ordinario, se derivarían para la persona.

5.1.3. De este modo, cabe, en general, plantear el interrogante acerca de las condiciones en las cuales es posible que las personas se sustraigan, por consideraciones de conciencia, al acatamiento de los deberes jurídicos a los que se encuentran sujetas de acuerdo con la Constitución y con la ley.

En un primer momento, en el derecho comparado, los ordenamientos habían contemplado la posibilidad de establecer excepciones expresas a esos deberes, de tal manera que la objeción de conciencia solo resultaba admisible cuando hubiese sido expresamente contemplada en la ley. Esa ha sido en Colombia la postura de la Corte Constitucional en relación con la objeción de conciencia al servicio militar obligatorio, aspecto que se analizará de manera específica en el siguiente apartado de esta providencia.

En la Constitución de 1991, sin embargo, el asunto se ha consagrado de una manera más amplia, por cuanto de acuerdo con la previsión del artículo 18 superior, el derecho a no ser obligado a actuar contra la conciencia no se encuentra subordinado a la ley. Así, en escenarios distintos al del servicio militar, no se ha exigido una ley de desarrollo para hacer efectivo el derecho a la objeción de conciencia(220).

Eso impone definir el criterio a partir del cual pueda hacerse efectiva la aplicación inmediata del derecho, sobre la base de que no toda manifestación de una reserva de conciencia puede tenerse como eximente frente a los deberes jurídicos, ni, en el otro extremo, todos los deberes jurídicos pueden pretenderse ineludibles, aún sobre las consideraciones de conciencia de los individuos.

Debe haber un criterio de ponderación que haga énfasis en la consideración de la naturaleza del reparo de conciencia, la seriedad con la que es asumido, la afectación que su desconocimiento produce en el sujeto, etc., frente a, por otra parte, la importancia del deber jurídico en relación con el cual se plantea y las circunstancias en las que se desarrolla, aspecto en el que cabe examinar, por ejemplo, la posibilidad de suplir a los objetores en el cumplimiento del deber omitido(221), o de sustituirlo por otro de similar naturaleza que no plantee conflictos de conciencia a dichos objetores. En este último sentido, la Corte Constitucional se ha pronunciado en torno a la posibilidad de conciliar el cumplimiento del deber con modalidades que lo hagan compatible con las consideraciones de conciencia(222).

Uno de los criterios para establecer la seriedad y el significado del asunto de conciencia planteado por el objetor es la vinculación del mismo con la libertad religiosa. Así, si se esgrimen consideraciones religiosas, “(...) sería incongruente que el ordenamiento, de una parte garantizara la libertad religiosa, y de otra se negara a proteger las manifestaciones más valiosas de la experiencia espiritual, como la relativa a la aspiración de coherencia a la que apunta el creyente entre lo que profesa y lo que practica. Este elemento que puede pertenecer al núcleo esencial de la libertad religiosa, define igualmente una facultad que es central a la libertad de conciencia, que refuerza aún más la defensa constitucional de los modos de vida que sean la expresión cabal de las convicciones personales más firmes”(223).

Al desarrollar el ámbito de la libertad de conciencia, de la cual se desprende el derecho a la objeción de conciencia, la Corte ha expresado que, en desarrollo de la garantía consagrada en el artículo 18 de la Constitución, “(...) a partir del inalienable fuero interno de cada individuo, este goza de la facultad para actuar o abstenerse de hacerlo en virtud de su razón práctica, de su pensamiento y de su íntima convicción, claro está, sobre la base, implícita de todo derecho y en toda libertad, de que sus expresiones están limitadas por los derechos de los demás y por las necesidades propias del orden público, la tranquilidad, la salubridad y la seguridad colectivas”(224).

De este modo, la objeción de conciencia encuentra límites en los derechos de los demás y en la existencia de deberes jurídicos vinculados a aspectos como los requerimientos del orden público, la tranquilidad, la salubridad o la seguridad colectivas.

Desde la perspectiva de la afectación de derechos, la Corte ha expresado que [e]l problema surge cuando la exteriorización de las propias convicciones morales con el propósito de evadir el cumplimiento de un deber jurídico interfiere el ejercicio de los derechos de otras personas. Dicho en otros términos: cuando con el ejercicio de la objeción de conciencia se obstaculiza el ejercicio de los derechos de terceras personas, entonces el asunto se convierte en un problema de límites al ejercicio de derechos fundamentales, esto es, 'en un problema de colisión entre el derecho individual y los valores y principios, derechos o bienes protegidos por el deber jurídico’(225)(226).

La Corte también ha realizado ejercicios de ponderación de la libertad de conciencia con los deberes jurídicos que tienen las personas, para concluir que, eventualmente, a la luz de las circunstancias de cada caso, estos pueden prevalecer sobre aquella(227).

5.2. Sobre la objeción de conciencia al servicio militar obligatorio.

5.2.1. De conformidad con jurisprudencia ampliamente reiterada por la Corte, de la Constitución se deriva la existencia de un servicio militar obligatorio(228).

Así, ha dicho la Corte, de acuerdo con el artículo 216 de la Constitución, como regla general, todos los colombianos están obligados a tomar las armas cuando las necesidades públicas lo exijan para defender la independencia nacional y las instituciones públicas. Para la Corte, ese precepto consagra el servicio militar como obligatorio, “... lo cual resulta no solamente del perentorio mandato aludido sino de la referencia constitucional a las condiciones eximentes, que únicamente son las determinadas por la ley”(229).

De acuerdo con la jurisprudencia constitucional, “... resulta indudable que, a menos que se configure una de las causales legales de exención, la prestación del servicio militar corresponde a un deber ineludible de la persona, que tiene su fundamento en el principio constitucional de prevalencia del interés general (C.P., art. 1º) y que se exige a los nacionales como expresión concreta de la obligación genérica, a todos impuesta, de cumplir la Constitución y las leyes (C.P., arts. 4º, inc. 2º, y 95). Este último precepto ordena a las personas, de manera específica, el respeto y apoyo a las autoridades democráticas legítimamente constituidas para mantener la independencia y la integridad nacionales”(230).

Para fundamentar la existencia de ese deber a la luz de los principios constitucionales, la corporación ha expresado que:

“El Estado, como organización política de la sociedad, garantiza mediante su Constitución, a los individuos que lo integran una amplia gama de derechos y libertades, al lado de los cuales existen obligaciones correlativas.

Los beneficios conferidos por la Carta Política a los colombianos se hallan establecidos, de manera genérica, en el título II, capítulos 1º al 4º, pero como ella misma lo dice en su artículo 95, inciso primero, “el ejercicio de los derechos y libertades reconocidos en esta Constitución implica responsabilidades”.

De igual manera el artículo 2º de la Constitución, en su inciso segundo, declara que las autoridades han sido instituidas para “proteger a todas las personas residentes en Colombia, en su vida, honra, bienes, creencias, y demás derechos y libertades y para asegurar el cumplimiento de los deberes sociales del Estado y de los particulares” (resalta la Corte): Es apenas lógico que, si el Estado proporciona beneficios, reclame de quienes gozan de ellos, una mínima contribución al interés colectivo y les imponga límites razonables al ejercicio de sus libertades”.

“... en el 216, con las excepciones que la ley señale, se exige —a título de obligación en cabeza de todos los colombianos— “tomar las armas cuando las necesidades públicas lo exijan para defender la independencia nacional y las instituciones públicas”.

No se trata de tiránica imposición sino de la natural y equitativa consecuencia del principio general de prevalencia del interés social sobre el privado, así como de las justas prestaciones que la vida en comunidad exige de cada uno de sus miembros para hacerla posible” (Cfr. Corte Constitucional. Sala Tercera de Revisión. Sent. T-409 de jun.8/92. M.P. José Gregorio Hernández Galindo).

“La propia Carta Política impone a los colombianos obligaciones genéricas y específicas, en relación con la Fuerza Pública. En efecto, de manera general, dentro de las obligaciones de la persona y del ciudadano se encuentran las de respetar y apoyar a las autoridades democráticas legítimamente constituidas para mantener la independencia y la integridad nacionales” o para “defender y difundir los derechos humanos como fundamento de la convivencia pacífica”; ... y de “propender al logro y mantenimiento de la paz” (C.N., art. 95). Deberes estos genéricos cuya finalidad, resulta coincidente con los fines que son propios de las instituciones conformantes de la Fuerza Pública; de suerte que no están desprovistos los asociados del cumplimiento de obligaciones expresas que les son impuestas por el orden superior.

Lo que responde, sin lugar a dudas, a una concepción del Estado moderno y contemporáneo, que al tiempo que rodea de garantías al hombre para su realización en los distintos ámbitos de su existencia, le encarga, en la dimensión de los deberes autoconstructivos, de las cargas de autobeneficio, del cumplimiento de un conjunto de deberes, la mayoría de los cuales con alcances solidarios, cuando no de conservación de los principios de sociabilidad, que permitan realizar una civilización mejor o hacer más humanos los efectos del crecimiento económico, y de los desarrollos políticos y sociales.

Al mismo tiempo, la Constitución Política, establece en el marco regulador de la Fuerza Pública, de manera específica, la obligación a los colombianos de tomar las armas cuando la necesidad pública lo exija, para defender la independencia nacional y las instituciones públicas.

Partiendo el mismo estatuto superior de la necesidad “de la prestación de un servicio militar”, defiere a la ley su regulación en cuanto a las condiciones y prerrogativas para la prestación del mismo. Y lo que interesa de manera especial en este proceso, le encarga también la definición de las condiciones que eximen de su prestación. Luego, no solo previó la Carta Política la posibilidad de que la ley estableciera, con un carácter obligatorio, la prestación del servicio militar, como se desprende de la habilitación expresa que otorga al legislador para la determinación de las condiciones que en todo tiempo eximen del mismo, sino que facultó al legislador para establecer diferencias entre quienes presten o no el servicio militar. Esto último según se desprende de las competencias para determinar “las prerrogativas por la prestación del mismo", que no solo permiten que la ley establezca beneficios para quien preste el servicio militar, sino que la habilitan para imponer sanciones a quienes no lo hagan, conforme a sus propias prescripciones” (Cfr. Corte Constitucional. Sala Plena. Sent. C-511 de nov.16/94. M P. Fabio Morón Díaz).

“La de prestar el servicio militar es una obligación de naturaleza constitucional que corresponde a exigencias mínimas derivadas del deber genérico impuesto a los nacionales respecto del sostenimiento y defensa de la soberanía, la guarda del orden institucional y el mantenimiento del orden público.

La calidad de nacional no solamente implica el ejercicio de derechos políticos sino que comporta la existencia de obligaciones y deberes sociales a favor de la colectividad, en cabeza de quienes están ligados por ese vínculo.

En toda sociedad los individuos tienen que aportar algo, en los términos que señala el sistema jurídico, para contribuir a la subsistencia de la organización política y a las necesarias garantías de la convivencia social.

La Constitución, como estatuto básico al que se acogen gobernantes y gobernados, es la llamada a fijar los elementos fundamentales de la estructura estatal y el marco general de las funciones y responsabilidades de los servidores públicos, así como los compromisos que contraen los particulares con miras a la realización de las finalidades comunes.

En ese orden de ideas, es la Carta Política la que debe definir si el Estado mantiene para su defensa un conjunto de cuerpos armados (la Fuerza Pública) y claro está, en el caso de optar por esa posibilidad, el Estado no tiene otro remedio que apelar al concurso de los nacionales para la conformación de los mismos” (Cfr. Corte Constitucional. Sala Quinta de Revisión. Sent. T-363

de ago.14/95. M.P. José Gregorio Hernández Galindo)(231).

5 2.2. En el mismo artículo que establece la obligación de prestar el servicio militar, la Constitución dispone que corresponde a la ley determinar las condiciones que en todo tiempo eximen de servicio militar.

En desarrollo de esa previsión constitucional, en el artículo 27 de la Ley 48 de 1993, el legislador determinó las condiciones que en todo tiempo eximen del servicio militar.

ART. 27.—Exenciones en todo tiempo. Están exentos de prestar el servicio militar en todo tiempo y no pagan cuota de compensación militar:

a) Los limitados físicos y sensoriales permanentes.

b) Los indígenas que residan en su territorio y conserven su integridad cultural, social y económica.

Por otra parte, la misma ley, en su artículo 28, contempló también una exención que opera únicamente en tiempos de paz y que supone la obligación de inscribirse y pagar cuota de compensación militar:

Ley 48, artículo 28. Exención en tiempo de paz. Están exentos del servicio militar en tiempo de paz, con la obligación de inscribirse y pagar cuota de compensación militar:

a) Los clérigos y religiosos de acuerdo a los convenios concordatarios vigentes. Así mismo los similares jerárquicos de otras religiones o iglesias, dedicados permanentemente a su culto;

b) Los que hubieren sido condenados a penas que tengan como accesorias la pérdida de los derechos políticos mientras no obtengan su rehabilitación

c) El hijo único hombre o mujer,(232)

d) El huérfano de padre o madre que atienda con su trabajo a la subsistencia de sus hermanos incapaces de ganarse el sustento;

e) El hijo de padres incapacitados para trabajar o mayores de 60 años, cuando estos carezcan de renta, pensión o medios de subsistencia siempre que dicho hijo vele por ellos;

f) El hermano o hijo de quien haya muerto o adquirido una inhabilidad absoluta y permanente en combate, en actos del servicio o como consecuencia del mismo, durante la prestación del servicio militar obligatorio, a menos, que siendo apto, voluntariamente quiera prestarlo;

g) Los casados que hagan vida conyugal; [en el entendido de que la exención allí establecida se extiende a quienes convivan en unión permanente, de acuerdo con la ley](233).

h) Los inhábiles relativos y permanentes;

i) Los hijos de oficiales, suboficiales, agentes y civiles de la Fuerza Pública que hayan fallecido o adquirido una inhabilidad absoluta y permanente en combate o en actos del servicio y por causas inherentes al mismo, a menos que siendo aptos, voluntariamente quieran prestarlo”.

Finalmente, en el artículo 29 de la Ley 48 de 1993 se contempla el caso de quienes se encuentren en una situación que, temporalmente, los imposibilita prestar el servicio militar, evento para el cual se dispone (1) el aplazamiento de la prestación del servicio militar y que, (2) tal aplazamiento se mantendrá por el tiempo que subsista la respectiva causal. Dice la norma:

“ART. 29.—Aplazamientos. Son causales de aplazamiento para la prestación del servicio militar por el tiempo que subsistan, las siguientes:

a) Ser hermano de quien esté prestando servicio militar obligatorio.

b) Encontrarse detenido presuntivamente por las autoridades civiles en la época en que deba ser incorporado;

c) Resultar inhábil relativo temporal, en cuyo caso queda pendiente de un nuevo reconocimiento hasta la próxima incorporación. Si subsistiere la inhabilidad, se clasificará para el pago de la cuota de compensación militar;

d) Haber sido aceptado o estar cursando estudios en establecimientos reconocidos por las autoridades eclesiásticas como centros de preparación de la carrera sacerdotal o de la vida religiosa; [en el entendido de que la misma se refiere a todas las iglesias y confesiones religiosas reconocidas jurídicamente por el Estado colombiano](234).

e) El aspirante a ingresar a las escuelas de formación de oficiales, suboficiales y agentes;

f) El inscrito que esté cursando el último año de enseñanza, media y no obtuviere el título de bachiller por pérdida del año;

g) El conscripto que reclame alguna exención al tenor del artículo 19 de la presente ley”.

Cabe observar que al desarrollar la previsión constitucional sobre exenciones, el legislador acudió al criterio de identificar grupos de personas, que en razón de un conjunto de características objetivas comunes, se verían exceptuados de la obligación de prestar el servicio militar. El legislador acude a consideraciones objetivas, predicables, de manera general, de los grupos para los cuales se establece la exención.

En el caso de la objeción de conciencia, por su parte, se está ante una situación personal, que obedece al fuero interno del objetor. De este modo, subsiste la obligación general, pero la persona, por consideraciones de conciencia, puede oponerse a cumplirla. La regulación de este fenómeno, entonces, debe ser distinta, puesto que ya no se trata de identificar grupos de personas que por sus características objetivas comunes deban ser eximidos del servicio, sino que la misma debe orientarse a establecer criterios para determinar la naturaleza de la objeción, su seriedad, o, en general, los condiciones en las que puede tenerse como válida.

5.2.3. De acuerdo con la jurisprudencia constitucional, por fuera del ámbito de las exenciones previstas en la ley, existe un deber ineludible de prestar el servicio militar. Como se puede apreciar a partir del recuento legislativo realizado, al regular las exenciones al servicio militar obligatorio el legislador no se ocupó de la objeción de conciencia, razón por la cual cabría decir que el ordenamiento jurídico, ni consagra, ni excluye la objeción de conciencia al servicio militar.

La existencia de un deber ineludible de prestar el servicio militar que recae sobre quienes no se encuentren en los supuestos de exención previstos en la ley conduce al interrogante acerca de la posibilidad de sustraerse de esa obligación por consideraciones de conciencia. Esto es, en ausencia de regulación, se plantea la existencia de una tensión entre el carácter obligatorio del servicio militar, que tiene asidero en la propia Constitución, y la garantía conforme a la cual nadie puede ser obligado a actuar contra su conciencia, a la luz de la cual puede fundarse una objeción a la prestación del servicio militar.

5.2.4. Hasta ahora, la jurisprudencia de la Corte se ha pronunciado en contra de la aplicación de la objeción de conciencia en el ámbito del servicio miliar obligatorio.

En la Sentencia T-409 de 1992 la Corte expresó que “[c]omo lo establece la Carta, la regla general es la obligación de prestar el servicio militar y las excepciones a la misma se encuentran en la ley, lo que significa que si el colombiano llamado al servicio, no se encuentra en una de tales circunstancias, debe acudir a las filas”. Agregó la Corte que “la garantía de la libertad de conciencia no necesariamente incluye la consagración positiva de la objeción de conciencia para prestar el servicio militar. Esta figura, que en otros sistemas permite al individuo negarse a cumplir una obligación como la mencionada cuando la actividad correspondiente signifique la realización de conductas que pugnan con sus convicciones íntimas, no ha sido aceptada por la Constitución colombiana como recurso exonerativo de la indicada obligación”.

Dijo la Corte en esa sentencia:

“Si, como ya se ha dicho, la obligación de prestar el servicio militar es desarrollo del postulado según el cual los intereses colectivos prevalecen sobre los individuales y si, además, el Estado al exigirlo no puede desconocer la igualdad de las personas ante la ley, cuyos dictados deben ser objetivos e imparciales, es evidente que la objeción de conciencia para que pueda invocarse, requiere de su expresa institucionalización dentro del respectivo ordenamiento jurídico. Es decir, las autoridades no pueden admitirla sin estar contemplada su posibilidad ni fijadas en norma vigente las condiciones dentro de las cuales ha de reconocerse; hacerlo sin ese fundamento en casos específicos representaría desbordamiento de sus atribuciones y franca violación del principio de igualdad, aparte de la incertidumbre que se generaría en el interior de la comunidad”.

En la misma sentencia la Corte presenta una serie de argumentos adicionales para justificar su decisión, entre los cuales se cuenta, en primer lugar, el hecho de que, de acuerdo con la historia constituyente, es posible establecer que la objeción de conciencia fue expresamente rechazada por la Asamblea Nacional Constituyente. En segundo lugar, añadió que a su parecer, el servicio militar en sí mismo, como actividad genéricamente considerada, “(...) carece de connotaciones que puedan afectar el ámbito de la conciencia individual (...)”, por cuanto puede prestarse en distintos campos presentes en la actividad de las fuerzas militares(235) Finalmente recurre al derecho comparado para señalar que en algunos países existen figuras de objeción de conciencia a tomar las armas, y reitera que en virtud del argumento histórico es imposible considerar la objeción de conciencia. Dice la sentencia al respecto:

“Pese a lo anterior, algunos sistemas jurídicos han consagrado, dentro del servicio, una forma específica de objeción, circunscrita a la obligación de tomar las armas si con ello se violentan los dictados de la conciencia individual.

En esta modalidad, como se observa, la objeción no se refiere al servicio militar en su integridad, pues se parte del supuesto de que está siendo prestado, sino que concierne a una manifestación del mismo, obviamente dentro de la reglamentación que la respectiva ley establezca.

En Colombia tampoco es admisible esta posibilidad, igualmente propuesta y rechazada en la Asamblea Nacional Constituyente, de tal modo que no existe en nuestro derecho público norma alguna que haga lícita al individuo la conducta de negarse a tomar o a emplear las armas que le suministran las Fuerzas Militares para los fines que la Constitución Política indica”.

No obstante lo anterior, en la Sentencia T-409 de 1992 se expresó que del artículo 18 superior sí es posible derivar un derecho constitucional a no observar ciegamente las instrucciones impartidas por el superior(236). Para ello se sustenta en el bloque de constitucionalidad. Dice la sentencia al respecto:

“No podría interpretarse de otra manera el concepto de orden justo, perseguido por la Carta Política, según su preámbulo, ni entenderse de modo diverso el artículo 93 constitucional, a cuyo tenor “los tratados y convenios internacionales ratificados por el Congreso, que reconocen los derechos humanos y que prohíben su limitación en los estados de excepción, prevalecen en el orden interno”.

Según el Convenio de Ginebra I, del 12 de agosto de 1949, aprobado por la Ley 5ª de 1960 (D.O. 30318), que las altas Partes Contratantes se comprometieron a respetar y a hacer respetar “en todas las circunstancias”, existen infracciones graves, contra las cuales los Estados han de tomar oportunas medidas. Entre ellas se enuncian, a título de ejemplo, “el homicidio intencional, la tortura o los tratos inhumanos, incluidos los experimentos biológicos, el hecho de causar deliberadamente grandes sufrimientos o de atentar gravemente contra la integridad física o la salud, la destrucción y la apropiación de bienes, no justificadas por necesidades militares y efectuadas a gran escala, ilícita y arbitrariamente” (art. 50).

Obligado en esos términos el Estado colombiano, mediante un convenio internacional que, por otra parte, es hoy fuente interpretativa sobre el alcance de los derechos y deberes de rango constitucional (art. 93 Constitución Política), mal podría prohijarse actualmente una concepción absoluta y ciega de la obediencia castrense.

Los anteriores conceptos no deben entenderse como la posibilidad constitucional de que toda orden militar pueda ser discutida por quienes la reciben, ya que eso representaría una ruptura del concepto de autoridad, cuyo fundamento reside en la normatividad en que se apoya este fallo para sostener la obligatoriedad del servicio y la indispensable disciplina que exigen los altos fines señalados por la Constitución a las Fuerzas Armadas”.

Por otra parte, en la Sentencia T-409 de 1992 la Corte no se ocupó de estudiar la constitucionalidad de la Ley 1ª de 1945, que, para ese momento, regulaba las condiciones en las que se eximía la prestación del servicio militar obligatorio,(237) asunto que fue abordado en la Sentencia C-511 de 1994, en la cual, al estudiar la constitucionalidad de la Ley 48 de 1993, la Sala Plena de la Corte Constitucional resolvió reiterar los criterios fijados en la Sentencia T-409 de 1992.

Dijo la Corte que la normativa acusada no resultaba violatoria, por omisión, de la libertad de conciencia consagrada en el artículo 18 de la Carta, dado que “... no existe en nuestro régimen relacionado con el servicio militar la figura de la ‘objeción de conciencia’, por cuanto no resulta del fuero propio de las exigencias del servicio militar el autorizar a los ciudadanos para no atender este deber esencial, cuyos basamentos se encuentran no solo en lo dispuesto en la ley sino justamente en la conciencia del propio compromiso social”. Al referirse a un cargo por desconocimiento a la paz, para declararlo infundado, la Corte agregó que era preciso tener en cuenta que el servicio militar tiene por finalidad constitucional la participación ciudadana en el logro y mantenimiento de la paz.

La anterior línea jurisprudencial ha sido reiterada en varias ocasiones. En la Sentencia C-561 de 1995, por ejemplo, se consideró que el artículo 3º de la Ley 48 de 1993, que establece el carácter obligatorio general del servicio militar obligatorio, no viola las libertades de conciencia, de religión y de cultos, al no excluir aquellas personas que podrían objetar conciencia con base en lo dicho en las sentencias T-409 de 1992, C-511 de 1994 y T-363 de 1995.(238) En la Sentencia C-740 de 2001 volvió a reiterarse esta posición, a propósito de una demanda contra los artículos 117, 255 a 258 e inciso final del artículo 579 de la ,Ley 522 de 1999 —Código Penal Militar—(239). Recientemente la Corte se pronunció tangencialmente acerca de la objeción de conciencia y el pago de la cuota de compensación militar, pero con ocasión de una demanda que no controvirtió la norma por tales razones, sino por el hecho de que se trataba de un impuesto incompleto que, por tanto, violaba el principio de tipicidad legal de los tributos(240).

5.2.5. En este recuento sobre la objeción de conciencia a la prestación del servicio militar, la Sala Plena de la Corte Constitucional encuentra que existen varias razones para apartarse de la jurisprudencia de la corporación conforme a la cual, bajo el orden constitucional vigente, no existe el derecho a dicha objeción.

Para la Corte, a partir de una lectura armónica de los artículos, 18 (libertad de conciencia) y 19 (libertad de religión y cultos) de la Constitución, a la luz del bloque de constitucionalidad, es posible concluir que de los mismos sí se desprende la garantía de la objeción de conciencia frente al servicio militar.

Lo anterior encuentra sustento en el hecho de que, en general, la libertad de conciencia, como se indicó, explícitamente garantiza a toda persona el derecho constitucional a ‘no ser obligado actuar en contra de su conciencia’. De este modo, quien de manera seria presente una objeción de conciencia, vería irrespetado su derecho si, pese a ello, se le impusiese un deber que tiene un altísimo grado de afectación sobre la persona en cuanto que, precisamente, su cumplimiento implicaría actuar en contra de su conciencia.

Como se ha dicho, si bien la garantía constitucional a partir de la cual es posible plantear objeciones de conciencia al cumplimiento de distintos deberes jurídicos, requiere un desarrollo legislativo, la ausencia del mismo no comporta la ineficacia del derecho, el cual, en su núcleo esencial, puede hacerse valer directamente con base en la Constitución.

De este modo, la posibilidad de presentar una objeción de conciencia está supeditada a la valoración que, en cada caso concreto se realice en tomo a, por una parte, los elementos que configuran la reserva de conciencia, frente a, por otro, la naturaleza del deber que da lugar al reparo. Si a la luz de ese análisis se concluye que hay lugar a la objeción de conciencia, la falta de previsión legislativa sobre el particular, no puede tenerse como un obstáculo para la efectividad del derecho, el cual podría ejercerse con base directamente en la Constitución. En este sentido la Corte se aparta de la interpretación conforme con la cual, en el pasado, había llegado a la conclusión de que la Asamblea Nacional Constituyente, al rechazar la propuesta de incluir de manera expresa en el texto de la Constitución la garantía de la objeción de conciencia al servicio militar, había excluido del orden constitucional la posibilidad de dicha objeción. Esa conclusión parte del criterio según el cual el ejercicio de la objeción de conciencia requiere que, en cada caso, la misma se consagre de manera expresa por la Constitución o por la ley. Sin embargo, observa la Sala que no ha sido esa la lectura que a la garantía del derecho a no ser obligado a actuar contra su conciencia le ha dado la jurisprudencia, ni el alcance que en relación con la misma se precisa en esta sentencia. En efecto, una cosa es que las condiciones para el ejercicio del derecho deban ser definidas por el legislador, y otra que cuando se den los supuestos que, a la luz de la Constitución, le dan piso, el mismo puede ejercerse por sus titulares, aún sin que el legislador haya fijado las condiciones para ese ejercicio.

Por otra parte, en la medida en que, a menudo, la objeción de conciencia al servicio militar está ligada a consideraciones de carácter religioso, la negativa a reconocerla afecta también la libertad religiosa y de cultos (C.P., art. 19) que tiene por objeto asegurar a las personas la posibilidad de tener las creencias religiosas que se quieran, y, además, la posibilidad de adecuar sus comportamientos y actuaciones externas a los mandatos de sus creencias internas. Para la Corte no es razonable obligar a una persona a prestar el servicio militar, cuando los fines imperiosos que se buscan por tal medio, como retribuir a la patria los beneficios recibidos, contribuir a la protección de la Nación y el Estado, así como propiciar la cohesión social, son fines constitucionales que pueden conseguirse por otros medios. No es necesario que sea mediante la prestación del servicio militar, que, en el caso de los objetores de conciencia, plantea un conflicto muy profundo entre el deber constitucional y las convicciones o las creencias que profesan.

La anterior interpretación se encuentra en armonía no solamente con jurisprudencia de la Corte que ha reconocido explícitamente que es posible objetar por razones de conciencia deberes laborales, educativos y profesionales, sino con referentes normativos del bloque de constitucionalidad como el que se desprende de la Resolución 1989/59 adoptada por la comisión de derechos humanos de las Naciones Unidas, sobre objeción de conciencia al servicio militar, la cual se da, entre otras, “reconociendo el derecho de toda persona a tener objeciones de conciencia al servicio militar como ejercicio legítimo del derecho a la libertad de pensamiento, de conciencia y de religión enunciado en el artículo 18 de la declaración universal de derechos humanos y en el artículo 18 del Pacto internacional de derechos civiles y políticos”, y en la cual se “recomienda a los Estados que tenga un sistema de servicio militar obligatorio en el que no se haya introducido todavía una disposición de ese tipo, que introduzcan varias formas de servicio alternativo para los objetores de conciencia, compatibles con las razones en que se basa la objeción de conciencia”. Del mismo modo, en la Observación General 22 de 1993, sobre el derecho a la libertad de pensamiento, el comité observa que “[e]n el Pacto no se menciona explícitamente el derecho a la objeción de conciencia pero el comité cree que ese derecho puede derivarse del artículo 18, en la medida en que la obligación de utilizar la fuerza mortífera puede entrar en grave conflicto con la libertad de conciencia y el derecho a manifestar y expresar creencias religiosas u otras creencias”. Expresamente el comité invitó a los Estados Partes a que “[...] informen sobre las condiciones en que se puede eximir a las personas de la realización del servicio militar sobre la base de sus derechos en virtud del artículo 18 y sobre la naturaleza y la duración del servicio nacional sustitutorio”. Recientemente, como lo mencionan varias intervenciones, en las observaciones finales del comité de derechos humanos: Colombia (2004)(241) este organismo constato “con preocupación” que la legislación de Colombia “no permite la objeción de conciencia al servicio militar”. En consecuencia, observa que el Estado “debería garantizar que los objetores de conciencia puedan optar por un servicio alternativo cuya duración no tenga efectos punitivos” (arts. 18 y 26). A lo anterior, se suma el reciente caso Yeo-Bum Yoon and Myung-Jin Choi contra la República de Korea, en el cual el comité de derechos humanos consideró que el Estado Parte había sido en extremo severo; señaló que la acumulación de condenas penales por declarar la objeción de conciencia, mediante la reiterada expedición de los avisos de alistamiento, puede dar lugar a medidas draconianas, y que la prohibición de empleo en organizaciones públicas tras la negativa a cumplir con el servicio militar es también una medida severa(242).

5.2.6. La Corte debe señalar que las convicciones o creencias que den lugar a negarse a la prestación del servicio militar deben ser profundas, fijas y sinceras, para que sean de una entidad tal que realmente se encuentre amenazada la libertad de conciencia y de religión(243).

5.2.6.1. En primer lugar, cabe resaltar que las convicciones o las creencias que son objeto de protección constitucional, tienen que definir y condicionar la actuación de las personas. Esto es, su obrar, su comportamiento externo. No puede tratarse de convicciones o de creencias que tan solo estén en el fuero interno y vivan allí, que no transciendan a la acción. En tal sentido, si una convicción o una creencia han permanecido en el fuero interno durante algún tiempo, al llegar el momento de prestar el servicio militar obligatorio, tal convicción o creencia puede seguir limitada a ese ámbito interno. No existe en tal caso, en principio, un deber constitucional de garantizar el derecho a no ser obligado a actuar en contra de su conciencia.

5.2.6.2. En tal sentido, todo objetor de conciencia tendrá la mínima obligación de demostrar las manifestaciones externas de sus convicciones y de sus creencias. Es su deber, probar que su conciencia ha condicionado y determinado su actuar de tal forma, que prestar el servicio militar obligatorio implicaría actuar en contra de ella.

5.2.6.3. Ahora bien, las convicciones o creencias que se invoquen, además de tener manifestaciones externas que se puedan probar, deben ser profundas, fijas y sinceras.

5.2.6.3.1. Que sean profundas implica que no son una convicción o una creencia personal superficial, sino que afecta de manera integral su vida y su forma de ser, así como la totalidad de sus decisiones y apreciaciones. Tiene que tratarse de convicciones o creencias que formen parte de su forma de vida y que condicionen su actuar de manera integral.

5.2.6.3.2. Que sean fijas, implica que no son móviles, que no se trata de convicciones o creencias que pueden ser modificadas fácil o rápidamente. Creencias o convicciones que tan solo hace poco tiempo se alega tener.

5.2.6.3.3. Finalmente, que sean sinceras implica que son honestas, que no son falsas, acomodaticias o estratégicas. En tal caso, por ejemplo, el comportamiento violento de un joven en riñas escolares puede ser una forma legítima de desvirtuar la supuesta sinceridad, si esta realmente no existe.

5.2.6.4. Por otra parte, aclara la Corte, que las convicciones o creencias susceptibles de ser alegadas pueden ser de carácter religioso, ético, moral o filosófico. Las normas constitucionales e internacionales, como fue expuesto, no se circunscriben a las creencias religiosas, contemplan convicciones humanas de otro orden, que estructuran la autonomía y la personalidad de toda persona.

5.2.6.5. Finalmente, basta señalar que hasta tanto no se considere un proceso especial, reglamentado por el legislador, las objeciones de conciencia que presenten los jóvenes, deberán ser tramitadas de forma imparcial y neutral, de acuerdo con las reglas del debido proceso, y, en todo caso, el derecho constitucional de objeción de conciencia, puede ser objeto de protección por parte de los jueces de tutela.

6. Análisis del problema jurídico.

Tal como se ha señalado, el problema que debe resolver la Corte es si el legislador, al establecer en el artículo 27 de la Ley 48 de 1993 dos hipótesis en las que se está exento de prestar el servicio militar en todo tiempo, incurrió en una omisión legislativa relativa contraria a la igualdad, a la libertad de conciencia y a la libertad de cultos, por no incluir a los objetores de conciencia entre los sujetos exentos.

Para la Sala, la pretensión de la demanda no satisface el primero de los requisitos que la jurisprudencia ha fijado para que proceda una demanda de inconstitucionalidad frente a una omisión legislativa relativa, cual es que la acusación recaiga sobre una norma específica de la que pueda predicarse la omisión.

En efecto, en este caso, la omisión legislativa señalada por los demandantes no se predica de la norma acusada que establece, de manera general, unas exenciones al servicio militar. Así, si bien es cierto que los demandantes acusan una norma específica, el artículo 27 de la Ley 48 de 1993, no cabe afirmar que los supuestos allí regulados sean asimilables a la situación de quienes se oponen al servicio militar por consideraciones de conciencia, al punto que resultase imperativo regular, en la misma disposición, el régimen aplicable a la objeción de conciencia al servicio militar.

En el artículo demandado el legislador determinó las condiciones que en todo tiempo eximen del servicio militar, en los siguientes términos:

ART. 27.—Exenciones en todo tiempo. Están exentos de prestar el servicio militar en todo tiempo y no pagan cuota de compensación militar:

a) Los limitados físicos y sensoriales permanentes.

b) Los indígenas que residan en su territorio y conserven su integridad cultural, social y económica.

Así, la disposición demandada tiene por objeto establecer cuáles son los grupos de personas que se benefician de dos consecuencias jurídicas, a saber, (i) estar exentos de prestar el servicio militar en todo tiempo y, además, (ii) no pagar cuota de compensación militar. Los grupos a los cuales se otorgan estas dos consecuencias jurídicas son: (a) ‘los limitados físicos y sensoriales permanentes’ y (b) ‘los indígenas que residan en su territorio y conserven su integridad cultural, social y económica’.

Para los demandantes, parece claro que las personas para las cuales prestar el servicio militar obligatorio implica actuar en contra de su conciencia o de sus creencias religiosas no están comprendidas dentro de la previsión del artículo 27 de la Ley 48 de 1993, no obstante que se encuentran en una situación asimilable a la de quienes sí lo están, razón por la cual se presentaría una omisión legislativa relativa, contraria a la Constitución.

No comparte la Corte la anterior consideración por cuanto, al paso que en la disposición acusada se identifica a dos conjuntos de personas que, en razón de una serie de características objetivas, se encuentran exentos, de manera general, de la prestación del servicio militar y de la obligación de pagar la cuota de compensación militar, la pretensión de los demandantes alude a una condición subjetiva, por razón de la cual, determinadas personas, por consideraciones de conciencia, se oponen a la prestación del servicio militar, al cual, de manera general, se encuentran obligadas. Así, al paso que la norma acusada alude a dos conjuntos de personas objetivamente caracterizados, la objeción de conciencia plantea, en cada caso concreto, la existencia de un conflicto que surge para una persona en razón de la contraposición que encuentra entre la obligación a la que se encuentra sometida de prestar el servicio militar, y sus convicciones o sus creencias religiosas. Se trata, entonces, de supuestos que no son asimilables. En el caso de la objeción de conciencia no habría una exención a la obligación de prestar el servicio militar, sino un derecho subjetivo a no verse forzado a prestar un servicio —al que se estaría obligado por la ley— por consideraciones de conciencia. En general, sobre el carácter eminentemente subjetivo de la objeción conciencia, la Corte ha puntualizado que “[e]n cuanto prerrogativa personal, la conciencia a la que se refiere la libertad constitucionalmente protegida, es la conciencia subjetiva, o mejor, la regla subjetiva de moralidad. No se trata pues de la protección abstracta de un sistema moral determinado, o de una regla objetiva de moralidad. De hecho, no hace falta estar inscrito en una religión determinada, ni en un sistema filosófico, humanístico o político, para emitir juicios prácticos en torno de lo que es correcto o incorrecto”(244).

La norma acusada no se orienta a regular las condiciones en las cuales determinadas personas, por consideraciones puramente subjetivas, se oponen al servicio militar, sino a identificar conjuntos de personas, objetivamente diferenciables, a cuyos integrantes, en razón de sus circunstancias se les exime de la obligación del servicio militar.

En este caso, lo que en realidad se censura es que el legislador no haya expedido una ley que regule la objeción de conciencia en el ámbito del servicio militar, lo cual se mueve en el ámbito de una omisión legislativa absoluta. Distinto sería el evento de una ley que regulase la procedencia de la objeción de conciencia, estableciese unos supuestos generales para ello y omitiese incluir al servicio militar entre las hipótesis en las cuales puede plantearse la objeción. En ese caso, en relación con esa norma, podría predicarse la existencia de una omisión legislativa relativa.

Reitera la Sala que en esta oportunidad se está ante una omisión legislativa absoluta, por cuanto, no obstante que, como se ha puesto de presente en esta providencia, existe un derecho subjetivo a oponerse a la prestación del servicio militar por consideraciones de conciencia, el legislador no ha desarrollado la norma constitucional en este campo, para regular, entre otros aspectos, las condiciones en las que puede hacerse efectivo el derecho, el procedimiento para obtener su reconocimiento, la fijación de una cuota de compensación militar, o la previsión de un servicio social alternativo.

Advierte la Sala que, tal como se ha manifestado en otras ocasiones, la omisión del legislador, si bien dado su carácter de absoluta, no puede ser suplida por una decisión integradora de la Corte en sede de control abstracto de normas, no implica que el derecho a la objeción de conciencia, incluido el que se plantee frente al servicio militar, no pueda ejercerse, sino que en tal caso se aplica de manera directa la Constitución y el derecho puede hacerse valer, cuando sea necesario, por la vía de la acción de tutela.

En este contexto es preciso señalar que en el concepto de objeción de conciencia confluyen dos aspectos distintos, puesto que, por un lado, está el derecho constitucional que tiene una persona a no ser obligada a actuar en contra de su conciencia o de sus creencias y, por otro, el procedimiento que debe establecer el legislador en orden a puntualizar las condiciones requeridas para que se reconozca a una persona su condición de objetor de conciencia al servicio militar. El primero es un derecho fundamental de inmediato cumplimiento, cuyo goce efectivo, como se ha dicho, puede ser garantizado por el juez de tutela. El segundo es un desarrollo legal que en Colombia no existe. No obstante, el cumplimiento del primer derecho no puede depender de la existencia del procedimiento legal para que se reconozca a alguien su condición de objetor.

Dado que la omisión legislativa pretendida por los demandantes no es predicable del artículo 27 de la Ley 48 de 1993, se declarará la exequibilidad de esa disposición. No obstante lo anterior, para la Corte es claro que, el reconocimiento del derecho de objeción de conciencia, sin un marco legal que defina las condiciones y los procedimientos para su ejercicio, genera ciertas dudas y vacíos en el sistema jurídico, y que la definición de tales reglas y condiciones corresponde al legislador como agente por excelencia de la democracia representativa. Por esta razón, se exhortará al Congreso a que regule el tema, definiendo, a la luz de la Constitución, las condiciones de procedencia del derecho, así como las alternativas que quepa ofrecer a los objetores para que tengan la opción de cumplir con su deber constitucional para con la patria sin tener que desconocer sus convicciones o creencias religiosas.

VIII. Decisión

En mérito de lo expuesto, la Corte Constitucional de la República de Colombia, administrando justicia en nombre del pueblo y por mandato de la Constitución,

RESUELVE:

1. Declarar EXEQUIBLE, por el cargo analizado, el artículo 27 de la Ley 48 de 1993.

2. Exhortar al Congreso de la República para que, a la luz de las consideraciones de esta providencia, regule lo concerniente a la objeción de conciencia frente al servicio militar».

(161) Este acápite de la sentencia corresponde en lo esencial, salvo ajustes menores, al texto de la ponencia originalmente presentada por la magistrada María Victoria Calle Correa.

(162) Corte Constitucional, Sentencia C-058 de 1994 (M.P. Alejandro Martínez Caballero, SV Eduardo Cifuentes Muñoz). En este caso se resolvió, entre otras cosas, declarar exequible el artículo 27 (parcial) de la Ley 48 de 1993.

(163) En la Sentencia T-113 de 2009 (M.P. Clara Elena Reales Gutiérrez) se decidió, entre otras cosas, que “existe una excepción etnocultural para el servicio militar obligatorio de indígenas ‘en todo tiempo’, tanto (i) para prestar el servicio, como (ii) para tener que pagar la cuota de compensación, a ‘los indígenas que residan en su territorio y conserven su integridad cultural, social y económica’ (L. 48/93, art. 27, lit. b)”.

(164) Corte Constitucional, Sentencia C-511 de 1994 (M.P. Fabio Morón Díaz; SV Eduardo Cifuentes Muñoz, Carlos Gaviria Díaz y Alejandro Martínez Caballero). En esta oportunidad, la Corte se pronunció acerca de dos acciones de inconstitucionalidad contra los artículos 4º (parcial), 9º (parcial), 10, 11, 13 (parcial), 14, 36, 37, 41 (parcial), 42, 49 (parcial), 55 (parcial) y 57 de la Ley 48 de 1993, por la cual se reglamenta el servicio de reclutamiento y movilización.

(165) Corte Constitucional, Sentencia C-740 de 2001 (M.P. Alvar Tafur Galvis, SPV Jaime Araujo Rentería, SV Eduardo Montealegre Lynett, Manuel José Cepeda Espinosa). En esta oportunidad la se estudió la constitucionalidad de los artículos 117, 255 a 258 e inciso final del artículo 579 de la Ley 522 de 1999 —Código Penal Militar—.

(166) Corte Constitucional, Sentencia C-511 de 1994 (M.P. Fabio Morón Díaz; SV Eduardo Cifuentes Muñoz, Carlos Gaviria Díaz y Alejandro Martínez Caballero).

(167) Nótese que en el resumen de la demanda hecho por la sentencia no se advierte que se emplee el concepto de objeción de conciencia.

(168) Corte Constitucional, Sentencia C-511 de 1994 (M.P. Fabio Morán Díaz; SV Eduardo Cifuentes Muñoz, Carlos Gaviria Díaz y Alejandro Martínez Caballero).

(169) Cfr. Sentencia C-041 de 2001, M.P. Marco Gerardo Monroy Cabra, criterio reiterado en la Sentencia C-528 de 2003 del mismo despacho, así como en la Sentencia C-1009 de 2005, M.P. Manuel José Cepeda Espinosa.

(170) Sentencia C-427 de 2000, M.P. Vladimir Naranjo Mesa, En el mismo sentido ver la Sentencia C-809 de 2002, M.P. Eduardo Montealegre Lynnett.

(171) Sobre el tema, se puede consultar las sentencias C-185 de 2002, M.P. Rodrigo Escobar Gil y C-891 de 2006, M.P. Rodrigo Escobar Gil.

(172) Cfr. Corte Constitucional, Sentencia C-543 de 1996. M.P. Carlos Gaviria Díaz.

(173) Cfr. Corte Constitucional, Sentencia C-408 de 1998. M.P. Eduardo Cifuentes Muñoz. Sentencia C-891 de 2006.

(174) Cfr. Corte Constitucional, Sentencia C-543 de 1996. M.P. Carlos Gaviria Díaz.

(175) Sentencia C-208 de 2007, M.P. Rodrigo Escobar Gil.

(176) Sentencia C-891 de 2006.

(177) Sentencia C-208 de 2007.

(178) Corte Constitucional, Sentencia C-109 de 1995, M.P. Alejandro Martínez Caballero.

(179) Sentencia C-89I de 2006.

(180) Sentencia C-109 de 1995, M.P. Alejandro Martínez Caballero.

(181) Ibid.

(182) Cfr. Sentencia C-1064 de 2001, M.P. Manuel José Cepeda Espinosa.

(183) Sentencia C-891 de 2006.

(184) Sentencia C-208 de 2007.

(185) Ibid.

(186) Sentencia C-208 de 2007.

(187) Sentencia C-891 de 2006.

(188) Sentencia C-543 de 1996, M.P. Carlos Gaviria Díaz. En el mismo sentido ver, entre otras, las sentencias C-246 de 2001, M.P. José Gregorio Hernández Galindo, C-739 de 2001, M.P. Álvaro Tafur Galvis y C-041 de 2002, M.P. Marco Gerardo Monroy Cabra.

(189) Ver la Sentencia C-691 de 2008. En esa sentencia la Corte precisó que, como lo indica el artículo 56 de la Constitución, en su inciso 1º, el derecho de huelga está garantizado como regla general, mientras que la excepción se circunscribe a la posibilidad de que el legislador defina los servicios públicos esenciales. Agregó la corporación que dado que “(...) después de tres lustros, el Congreso no ha desarrollado el artículo 56 (...) se exhortará respetuosamente al Congreso para que lo desarrolle" y que “(...) mientras se expide la ley correspondiente, el articulo 56, que amplió el alcance del derecho de huelga, se aplica de manera directa e inmediata”. Con anterioridad, en la Sentencia C-473 de 1994, la Corte había resuelto “exhortar al Congreso para que en un plazo razonable expida una regulación de la huelga en los servicios públicos esenciales que sea acorde con la Constitución”.

(190) En la Sentencia C-230A de 2008 la Corte Constitucional resolvió “exhortar al Congreso de la República, para que antes del 16 de diciembre de 2008, profiera la ley que tenga por objeto armonizar el Código Electoral con el modelo de organización electoral adoptado por la Constitución de 1991, con la reforma expedida mediante el Acto Legislativo 01 de 2003 y en particular, la reglamentación de la carrera administrativa especial prevista en el artículo 266 de la Carta Política”. En razón a que el tratado de libre comercio con los Estados Unidos de América impone un mayor compromiso de los Estados Partes en la protección de los derechos de los trabajadores tanto en lo individual como en lo colectivo frente al ordenamiento nacional e internacional en el proceso de liberalización comercial, le permite a la Corte llamar la atención nuevamente del Congreso de la República sobre la necesidad improrrogable que expida el estatuto del trabajo que contenga los principios mínimos fundamentales de la relación laboral, según lo ordena el artículo 53 de la Constitución Política de 1991.

(191) En la Sentencia C-750 de 2008 la Corte llamó la atención del Congreso de la República “... sobre la necesidad improrrogable que expida el estatuto del trabajo que contenga los principios mínimos fundamentales de la relación laboral, según lo ordena el artículo 53 de la Constitución Política de 1991”.

(192) Sentencia C-473 de 1994. M.P. Alejandro Martínez Caballero.

(193) Ibid.

(194) Ibid

(195) Ibid.

(196) Ver Hans Peter Schneider. Democracia y Constitución. Madrid: Centro de Estudios constitucionales, 1991, págs. 62 y 218 y ss.

(197) Tribunal Constitucional Español. Sentencia S-124/84 del 18 de diciembre de 1984, fundamentos 7 a 10.

(198) Sentencia C-473 de 1994, M.P. Alejandro Martínez Caballero.

(199) Sentencia C-687 de 2002.

(200) T-406 de 1992, M.P. Ciro Angarita Barón.

(201) Sobre el particular ver el salvamento de voto de los magistrados Eduardo Cifuentes Muñoz y Alejandro Martínez caballero a la Sentencia C-543 de 1996.

(202) Ibid.

(203) Ver Sentencia T-388 de 2009, M.P. Humberto Antonio Sierra Porto.

(204) Sentencia T-409 de 1992.

(205) Citada por Suárez Pertierro, Gustavo: La objeción de conciencia al servicio militar en España, en “anuario de derechos humanos”, Instituto de Derechos Humanos, Madrid, 1990, pág. 251.

(206) Sentencia T-388 de 2009.

(207) lbid.

(208) Sentencias T-539 de 1993, T-075 de 1995, T-588 de 1998, T-877 de 1999, T-026 de 2005.

(209) Sentencias T-547 de 1993, C-616 de 1997.

(210) Sentencias T-982 de 2001, T-332 de 2004.

(211) Sentencias T-411 de 1994, T-744 de 1996, T-659 de 2002, T-471 de 2005.

(212) Sentencia T-388 de 2009.

(213) Sentencia T-125 de 1994.

(214) Ibid.

(215) Ibid.

(216) Ibid.

(217) Ibid.

(218) Cfr. Sentencia T-125 de 1994, M.P. Eduardo Cifuentes Muñoz.

(219) Ver. Sentencia T-125 de 1994.

(220) Así, por ejemplo, sin necesidad de ley que desarrolle el derecho a la objeción de conciencia, en la Sentencia T-547 de 1993, se protegió la libertad de conciencia de una persona que, por motivos religiosos, se negaba a rendir el juramento necesario para formular una denuncia penal. Del mismo modo, en la Sentencia T-588 de 1998 se protegió el derecho a la objeción de conciencia en el caso de unos padres que, por consideraciones religiosas, se oponían a que sus hijos participasen en la práctica de ciertas danzas que resultaba contraria a su sentimiento religioso. En la Sentencia T-982 de 2001, por su parte, la Corte protegió el derecho de una trabajadora a no laborar durante el sábado, así eso implicase una reorganización de su horario laboral.

(221) En esta dirección por ejemplo, la jurisprudencia de la Corte ha reconocido el derecho de los médicos a negarse, por consideraciones de conciencia, a la práctica de abortos en los casos previstos en la Sentencia C-355 de 2006, pero señala, al mismo tiempo, que en esa hipótesis está obligados a remitir a la paciente a un profesional que esté en condiciones de practicar el procedimiento. De manera más amplia, en el salvamento parcial de voto del magistrado Juan Carlos Henao Pérez a la Sentencia T-388 de 2009 se hace notar que en ciertos Estados la objeción de conciencia a la práctica del aborto se admite en relación con instituciones hospitalarias de carácter religioso, siempre y cuando en el lugar exista otro establecimiento que pueda responder a las necesidades de las personas en ese sentido.

(222) Así, por ejemplo, frente a la objeción de conciencia al servicio militar, se ha planteado que, como alternativa, los objetores deberían prestar un servicio social, también obligatorio, en condiciones equivalentes. Sobre esta materia, en la Sentencia T-025 de 2005, la Corte señaló que “[e]n tanto los imperativos en que se traducen las preferencias espirituales de los fieles pueden generar tensiones con los derechos de otros, tanto el constituyente, como el legislador en desarrollo de la norma superior, prefirieron la opción dialógica para conciliar los diferentes intereses y derechos hasta donde esto sea posible. Es, entonces, en la perspectiva del diálogo y el acuerdo en donde deben concertase los diversos derechos e intereses sobre el punto”.

(223) Cfr. T-026 de 2005. En esa sentencia la Corte, al estudiar el caso de una persona que alegaba que su derecho a la libertad religiosa había sido violado por el SENA, debido a la cancelación de su matrícula por la falta de asistencia al módulo dictado los viernes y sábados, en atención a que esos días, según sus creencias, deben ser consagrados a Dios, consideró que esa persona era miembro activo y fiel de la iglesia adventista del Séptimo Día, de conformidad con la cual, el sábado debe guardarse para la adoración del señor y que esta práctica no constituye tan solo una eventualidad, sino un deber irrenunciable y definitorio de los miembros del mencionado culto, razón por la cual debía concederse el amparo solicitado.

(224) Cfr. Corte Constitucional. Sentencia T-409 de 1992, M.P. José Gregorio Hernández Galindo.

(225) Escobar Roca Guillermo, La objeción, op. cit., pág. 281.

(226) Sentencia T-388 de 2009.

(227) Así, por ejemplo, en la Sentencia T-1059 de 2001, M.P. Jaime Araujo Rentería, la Corte, en un caso en el que se debatía la situación de una trabajadora a quien le habían descontado tres días de salario por su participación en un paro cívico nacional, expresó que si bien la actora podía obrar acorde a su propia conciencia, eso no la eximía de atender sus responsabilidades laborales, y que el ejercicio de su libertad de conciencia no puede interponerse en el cumplimiento de los deberes que asumió desde el momento mismo en que aceptó su vinculación laboral. Expresó la Corte que “[n]o podría válidamente señalarse que la participación en el paro como forma de expresar y actuar acorde con sus propias convicciones y creencias, justificaba a la actora para no asistir al trabajo, por cuanto el ejercicio de esta libertad no es absoluto ni incondicional; pues, solo puede ejercerse legítimamente cuando no afecta a otras personas, o no se causa un daño. En el presente caso, se ha visto afectado el servicio público de la educación, causando daño a quienes debían recibirla".

(228) Ver entre otras, las sentencias T-409 de 1992, C-51I de 1994 y T-363 de 1995.

(229) Sentencia C-561 de 1995, M.P. José Gregorio Hernández Galindo.

(230) Ibid.

(231) Sentencia C-561 de 1995, M.P. José Gregorio Hernández Galindo. En esa sentencia se reitera la jurisprudencia plasmada especialmente en las sentencias T-409 de 1992, C-511 de 1994 y T-363 de 1995.

(232) La Corte Constitucional, en Sentencia C-755 de 2008, M.P. Nilson Pinilla Pinilla; S.V. Jaime Araujo Rentería, declaró una inexequibilidad parcial de este literal, que, en su texto original decía: c) El hijo único hombre o mujer, de matrimonio o de unión permanente, de mujer viuda, divorciada separada o madre soltera’.

(233) Condicionamiento contenido en la Sentencia C-755 de 2008, M.P. Nilson Pinilla Pinilla; SV Jaime Araujo Rentería.

(234) Corte Constitucional, Sentencia C-478 de 1999 (M.P. Martha Victoria Sáchica de Moncaleano).

(235) Dice la sentencia al respecto: “Juzga la Corte, por otra parte, que el servicio militar en sí mismo, es decir como actividad genéricamente considerada, carece de connotaciones que puedan afectar el ámbito de la conciencia individual, por cuanto aquel puede prestarse en diversas funciones de las requeridas para la permanencia y continuidad de las Fuerzas Militares. Así, un colombiano llamado a las filas del Ejército Nacional, puede desempeñarse en cualquiera de los distintos frentes que implican la existencia de los cuerpos armados, por ejemplo en calidad de conductor de vehículo, o como operador de radio, mediante una razonable distribución de tareas y responsabilidades, en el marco de las facultades legales de quienes tienen a cargo su funcionamiento”, Sentencia T-409 de 1992 (M.P. José Gregorio Hernández Galindo).

(236) “No obstante, el perentorio mandato consagrado en el artículo [18] de la Constitución vigente permite al subalterno reclamar el derecho inalienable de no ser obligado a actuar en contra de su conciencia, lo cual conduce necesariamente a distinguir, en el campo de la obediencia militar, entre aquella que se debe observar por el inferior para que no se quiebre la disciplina y la que, desbordando las barreras del orden razonable, implica un seguimiento ciego de las instrucciones impartidas por el superior”. Sentencia T-409 de 1992 (M.P. José Gregorio Hernández Galindo) Ibidem.

(237) En esa sentencia, la Corte expresó: “Ahora bien, si es la ley que obliga a prestar el servicio militar, la que se considera violatoria de la Constitución Política, ella es susceptible de ser demandada ante la Corte Constitucional mediante el procedimiento propio de tal acción. II [...] la corporación que este proceso no tiene por origen una cuestión de inconstitucionalidad de la ley que regula el tema del servicio militar, sino que el apoderado de los aquí llamados a prestarlo pide que se los exceptúe de la convocatoria alegando que esta, dada la religión a la cual dicen pertenecer, vulnera su libertad de conciencia, asunto del cual se ocupa a continuación esta providencia".

(238) Corte Constitucional, Sentencia C-561 de 1995, M.P. José Gregorio Hernández Galindo.

(239) Corte Constitucional, Sentencia C-740 de 2001, M.P. Álvaro Tafur Galvis, S.V. Jaime Araujo Rentería, Manuel José Cepeda Espinosa y Eduardo Montealegre Lynett.

(240) Sentencia C-621 de 2007, M.P. Rodrigo Escobar Gil, A.V. Manuel José Cepeda Espinosa. En este caso la Corte indicó, entre otras cosas, lo siguiente: “Conforme [al art. 216] constitucional [...] al legislador le corresponde determinar las condiciones que eximen del servicio militar y, aunque nada se opone a estimar que el Congreso de la República hubiera podido imponer el cumplimiento de una prestación social sustitutoria a quienes resultaran eximidos del servicio militar por haberse configurado alguna de las causales de exención o por inhabilidad o falta de cupo, lo cierto es que no lo hizo así y que, en cambio, previó el pago de una suma de dinero, denominándola ‘cuota de compensación militar’.II como lo ha expuesto la Corte Constitucional [C-804 de 2001], el propósito de esa cuota consiste en normalizar la situación militar del inscrito que no ingrese a filas y, de acuerdo con lo precedentemente señalado, cabe agregar ahora que esa finalidad no le transmite a la cuota de compensación las características del servicio militar y, por supuesto, tampoco el carácter personal, pues aunque el pago de la cuota es obligatorio, se trata de una prestación eminentemente pecuniaria y así la califica el artículo 22 de la Ley 48 de 1993 cuya constitucionalidad debe examinar la corporación. No existe, pues, una especie de filiación capaz de transmitirle a la cuota de compensación las condiciones propias del servicio militar y ello responde al sentido mismo de la situación de eximido que tiende a producir una ruptura respecto de la obligación originaria, pues, como se destacó, significa ser liberado de ella y, según el régimen colombiano, en las condiciones que la ley disponga”. La Corte resolvió, primero, inhibirse para emitir un pronunciamiento de fondo en relación con las expresiones “El inscrito que no ingrese a filas y sea clasificado debe pagar laza contribución pecuniaria al tesoro nacional, denominada cuota de compensación militar” contenidas en el inciso primero del artículo 22 de la Ley 48 de 1993, por ineptitud sustantiva de la demanda; segundo, declarar inexequible la expresión “El Gobierno determinará su valor y las condiciones de liquidación y recaudo”, contenida en el artículo 22 de la Ley 48 de 1993; y tercero, que los efectos de la inexequibilidad declarada, operan hacia el futuro respecto de quienes sean clasificados con posterioridad a la presente sentencia.

(241) 26/05/2004; CCPR/C0/80/COL.

(242) Dice el comité: “This does not change the fact that the practice of the state party in this case has apparently tended to be harsh. The “stacking” of criminal sentences for conscientious objection, through repeated re-issuance of notices for military service, can lead to draconian results. The prohibition of employment by public organizations after a refusal to serve also is a severe result” (Yeo-Bum Yoon and Myung-Jin Choi contra la República de Koreal CCPR/C/88/D/1321 -1322 /2004).

(243) En este apartado la Corte retoma textualmente, salvo ajustes menores, la ponencia inicialmente presentada por la magistrada María Victoria Calle Correa.

(244) Sentencia C-616 de 1997.