Sentencia C-729 de junio 21 de 2000 

CORTE CONSTITUCIONAL

SALA PLENA

HÁBEAS DATA

ES INEXEQUIBLE EL ARTÍCULO 110 DE LA LEY 510 DE 1999

EXTRACTOS: «El tenor literal de las normas demandadas es el siguiente:

“LEY 510 DE 1999

ART. 110.—Las entidades financieras velarán porque las personas encargadas de la conservación, el uso y la divulgación informática de la información de los usuarios del sistema financiero, se mantenga permanentemente actualizada, siguiendo para el efecto, en el reporte histórico de la misma, las siguientes reglas:

a) Todo usuario cuyo monto adeudado al sistema financiero no supere cien (100) salarios mínimos legales mensuales vigentes, que realice voluntariamente el pago del saldo de su deuda en mora dentro de los seis (6) meses contados a partir del primer día en que incurrió en el retardo, tendrá derecho a solicitar a la respectiva entidad financiera el inmediato reporte a las centrales de información de la recalificación de su deuda en la categoría correspondiente a los créditos adecuadamente atendidos;

b) Si el usuario de que trata el literal anterior reincide en la mora de sus obligaciones dentro de los seis (6) meses siguientes a la fecha de recalificación, no podrá efectuar nuevamente la solicitud de que trata el literal anterior y deberá estar calificado en la categoría respectiva, durante un término no inferior al doble del plazo en mora cuando ésta no supere un (1) año o por un término de dos (2) años cuando la misma supere el mencionado plazo;

c) Si el usuario presenta una deuda con monto superior a los cien (100) salarios mínimos legales mensuales vigentes o si su deuda es inferior a dicho monto pero paga después de los seis (6) meses , previstos en el literal a del presente artículo, se sujetará a los términos previstos en el literal b para efectos de la permanencia de su calificación en el reporte;

d) Cuando el usuario incurra en mora de su obligación, cualquiera que sea su monto y se inicia proceso judicial para la recuperación de la misma, la respectiva entidad financiera podrá mantener el último reporte efectuado a las centrales de información por un término máximo no superior de cinco (5) años contados desde la fecha de la sentencia que condene al deudor. No obstante, si el deudor paga el monto adeudado con la notificación de mandamiento de pago en proceso ejecutivo, el término del reporte será de dos (2) años contados desde la fecha del pago;

e) En el evento en que el usuario demandado no resulte condenado en el proceso judicial iniciado por la entidad financiera, el reporte efectuado debe eliminarse con la sentencia de primera instancia debidamente notificada, por solicitud del usuario demandado. Esta regla no se aplicará si el fundamento de la sentencia es la prescripción de la obligación, caso en el cual, sin perjuicio de la exoneración del pago de la deuda, el reporte de esta circunstancia deberá realizarse por la entidad financiera correspondiente por dos (2) años contados desde la sentencia.

PAR.—El límite adeudado previsto en el literal a del presente artículo, será de doscientos cincuenta (250) salarios mínimos legales mensuales vigentes, para el caso de las pequeñas y medianas empresas definidas como tales por la Ley 78 de 1988. (...).

ART. 114.—Banco de datos financieros o de solvencia patrimonial y crediticia. Las entidades o personas naturales que suministren regularmente datos financieros o sobre solvencia patrimonial y crediticia sólo podrán tratar automatizadamente datos personales obtenidos de fuentes accesibles al público o procedentes de informaciones recogidas mediante el consentimiento libre, expreso, informado y escrito de su titular.

Previo el pago de la tarifa que autorice la Superintendencia Bancaria y la solicitud escrita de su titular, el responsable del banco de datos deberá comunicarle las informaciones difundidas y el nombre y dirección del cesionario. Sólo se podrán registrar y ceder los datos que, según las normas o pautas de la Superintendencia Bancaria y de conformidad con el artículo 15 de la Constitución, se consideren relevantes para evaluar la solvencia económica de sus titulares.

Los datos personales que recojan y sean objeto de tratamiento deben ser pertinentes, exactos y actualizados, de modo que correspondan verazmente a la situación real de su titular.

PAR.—Las personas que dentro de los seis (6) meses siguientes a la vigencia de la presente ley se pongan al día en obligaciones por cuya causa hubieren sido reportadas a los bancos de datos de que trata este artículo tendrán un alivio consistente en la caducidad inmediata de la información negativa, sin importar el monto de obligación e independientemente de si el pago se produce judicial o extrajudicialmente. La Defensoría del Pueblo velará por el cumplimiento de esta norma”.

(...).

2. Cosa juzgada respecto del artículo 114 de la Ley 510 de 1999.

Durante el trámite del presente proceso, después de admitida la presente demanda, esta corporación se pronunció sobre el artículo 114 demandado, mediante sentencia C-384 de 2000 (M.P. Vladimiro Naranjo Mesa), declarándolo inexequible. En aquella oportunidad, la Corte resolvió:

“5. Declarar INEXEQUIBLES las expresiones, “el monto de los mismos que se capitalizarían”, contenida en el artículo 80 y “de una menor capitalización de intereses o” contenida en el artículo 81, así como el artículo 114 de la Ley 510 de 1999”.

Por lo tanto, al haber sido objeto de pronunciamiento previo y habiendo quedado por fuera del ordenamiento jurídico, en esta oportunidad la Corte se abstendrá de emitir pronunciamiento de fondo respecto de dicha norma y ordenará estarse a lo resuelto en la sentencia anterior.

3. Reiteración de jurisprudencia sobre la reserva de ley estatutaria para regular el derecho de hábeas data.

Como se dijo en el numeral anterior de las consideraciones de la presente sentencia, la Corte Constitucional declaró la inexequibilidad del artículo 114 demandado en la sentencia 384 de 2000. En aquella oportunidad, las consideraciones de esta corporación para declarar la inconstitucionalidad de dicho artículo fueron exactamente iguales a los cargos que se imputan actualmente, tanto al artículo 114 ya analizado por la Corte, como al artículo 110. En efecto, en aquella oportunidad el fundamento de la declaratoria fue la violación de la reserva de ley estatutaria para la regulación del derecho de hábeas data. Por tal motivo, considerando la evidente similitud de materia entre las dos normas y la identidad entre los cargos de inconstitucionalidad formulados en la presente demanda y los fundamentos de la declaratoria de inconstitucionalidad antes mencionada, se transcribirá el aparte respectivo de las consideraciones de dicha sentencia (*) .

(...).

(*) La Corte transcribe los numerales 27 a 30 de la sentencia C-384 de 2000, los cuales pueden leerse en la revista Jurisprudencia Nº 343, págs. 1370 a 1372 (N. del D.).

Como se desprende de la anterior jurisprudencia, cuando se establecen reglas atinentes a los alcances, o a las condiciones de ejercicio de los derechos fundamentales, el legislador está sometido a la llamada reserva de ley estatutaria, en la medida en que ella constituye una garantía constitucional a favor de los ciudadanos. En particular, refiriéndose al hábeas data, cuando se regulen las facultades de los particulares de conocer, actualizar o rectificar informaciones que sobre ellos se encuentren en cualquier base de datos, el trámite correspondiente a tal regulación es el de las leyes estatutarias.

Por otra parte, la jurisprudencia, si bien ha establecido que no siempre que una ley se refiere a un derecho fundamental lo está regulando, también ha dicho que la atribución de los alcances de un derecho determinado, la fijación de unas condiciones o la imposición de restricciones para su ejercicio, implican una labor de regulación.

4. Análisis de la norma demandada.

Ahora bien, es necesario verificar entonces si la norma objeto de la presente sentencia está regulando el derecho de hábeas data. En primera medida, es necesario recordar que el tenor literal del encabezado del artículo reza:

“ART. 110.—Las entidades financieras velarán porque las personas encargadas de la conservación, el uso y la divulgación informática de la información de los usuarios del sistema financiero, se mantenga permanentemente actualizada, siguiendo para el efecto, en el reporte histórico de la misma, las siguientes reglas” (resaltado fuera de texto).

Como se ve, la misma norma alude explícitamente a la palabra reglas, para identificar las disposiciones de los literales siguientes. En efecto, analizando cada uno de ellos, se ve que en efecto se están regulando diversas situaciones de hecho, asignándole a cada una un cierto término de caducidad y, en tal medida, determinando los alcances de los derechos de las personas que se encuentren en cada hipótesis.

El literal a regula la situación de aquellas personas que cumplan con dos condiciones: 1) que su deuda no supere los 100 salarios mínimos mensuales legales vigentes; y 2) que paguen el saldo de su deuda dentro de los seis meses siguiente al primero en que incurrieron en retardo, otorgándoles el derecho a la recalificación inmediata de su deuda (rectificación del dato).

En el literal b se están determinando los alcances del derecho de quienes, encontrándose en la situación anterior, reincidan en la mora, negándoles el derecho de solicitar la recalificación inmediata y, además, estableciendo el término de caducidad de sus respectivos datos, dependiendo del tiempo que lleven en mora.

A su vez, el literal c atribuye los efectos previstos en el literal anterior a quienes se encuentren en una de las siguientes situaciones: 1) tener una deuda superior a los 100 salarios mínimos legales mensuales vigentes, o 2) tener una deuda inferior al monto anterior, pero que no haya sido cancelada antes de los seis primeros meses.

Así mismo, el literal d regula la situación de aquellas personas a quienes se les inició un proceso judicial para la recuperación de la deuda, estableciendo para ellos, un término de caducidad del dato de 5 años, exceptuando de esta situación a quienes paguen las sumas adeudadas con la notificación del mandamiento ejecutivo, para quienes se fija un término de 2 años a partir de que se efectuó el pago.

El literal e prevé la situación de quienes, a pesar de habérseles iniciado un proceso judicial, no sean condenados dentro del juicio, estableciendo que tienen derecho a la recalificación inmediata, siempre y cuando la soliciten, salvo que su absolución sea consecuencia de la prescripción de la obligación, en cuyo caso se los mantendrá en la base de datos por dos años a partir de la fecha en que se profirió la respectiva sentencia.

Finalmente, el parágrafo del artículo establece una condición más favorable para las pequeñas y medianas industrias, aplicándoles los derechos consagrados en el literal a, en los casos en que su deuda sea inferior a los 250 salarios mínimos legales mensuales vigentes, en lugar de 100, como en los demás casos.

De lo anterior se puede concluir que la norma demandada está determinando los alcances del derecho de hábeas data, en particular, respecto de la facultad de actualizar la información personal que se encuentre dentro de las bases de datos de las entidades financieras. Por ello, se declarará la inexequibilidad de la norma acusada.

En mérito de lo expuesto, la Sala Plena de la Corte Constitucional, administrando justicia en nombre del pueblo y por mandato de la Constitución,

RESUELVE:

1. Declarar INEXEQUIBLE el artículo 110 de la Ley 510 de 1999.

2. Respecto del artículo 114 de la Ley 510 de 1999, ESTARSE a lo resuelto por la sentencia C-384 de 2000.

Cópiese, notifíquese, publíquese, comuníquese al Gobierno Nacional, insértese en la Gaceta de la Corte Constitucional y archívese el expediente».

(Sentencia C-729 de junio 21 de 2000. Magistrado Ponente: Dr. Vladimiro Naranjo Mesa).

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