Sentencia C-734 de julio 23 de 2008 

CORTE CONSTITUCIONAL

SALA PLENA

Sentencia C-734 de 2008 

Ref.: expedientes acumulados D-7106, D-7107, D-7141.

Magistrado Ponente:

Dr. Mauricio González Cuervo

Demandas de Inconstitucionalidad: contra el artículo 363 del Código Sustantivo del Trabajo, modificado por el artículo 43 de la Ley 50 de 1990.

Actores: Humberto Manuel Suárez Tirado; Iván Alirio Ramírez Rusinque; Katia Ozaga (sic) Montes

Bogotá, D.C., veintitrés de julio de dos mil ocho.

EXTRACTOS: «I. Antecedentes

1. Norma demandada.

En ejercicio de la acción pública del artículo 241 de la Constitución, los ciudadanos Humberto Manuel Suárez Tirado, Iván Alirio Ramírez Rusinque y Katia Ogaza (sic) Montes plantearon la inexequibilidad del artículo 363 del Código Sustantivo del Trabajo, modificado por el artículo 43 de la Ley 50 de 1990, que dice:

“Código Sustantivo del Trabajo”

“ART. 363.—Modificado por el artículo 43 de la Ley 50 de 1990 (1) . Una vez realizada la asamblea de constitución, el sindicato de trabajadores comunicará por escrito al respectivo empleador y al inspector del trabajo, y en su defecto, al alcalde del lugar, la constitución del sindicato, con la declaración de los nombres e indentificación de cada uno de los fundadores.

El inspector o el alcalde a su vez, pasarán igual comunicación al empleador inmediatamente”.

(...).

II. Consideraciones y fundamentos

1. Competencia.

Compete a la Corte Constitucional el conocimiento de la presente demanda, al dirigirse contra una disposición contenida en una ley de la República (C.P., art. 241, num. 4º).

2. El problema jurídico de constitucionalidad.

Corresponde a la Corte decidir si el artículo 363 del Código Sustantivo del Trabajo, modificado por el artículo 43 de la Ley 50 de 1990, vulnera los artículos 25 y 39 de la Constitución Política y normas de la Organización Internacional del Trabajo (7) , por desconocer el derecho fundamental a la libertad sindical, la adquisición automática de la personalidad jurídica de los sindicatos, y obligar a sus miembros a un acto de notificación limitante de estos derechos.

Para resolver el problema jurídico planteado se hará referencia a: (i) derecho de asociación sindical de los trabajadores y su alcance; (ii) la personería jurídica y el registro sindical. Finalmente entrará a decidir sobre la validez constitucional del deber de notificación de la constitución de un sindicato a las autoridades y al empleador.

2.1. El derecho de asociación sindical.

2.1.1. Consagrado en el artículo 39 de la Constitución Política, es una modalidad del derecho de libre asociación. Consiste “en la voluntad de los trabajadores para constituir formalmente organizaciones permanentes que los identifique y los una, en defensa de sus intereses comunes, sin autorización previa o la injerencia o intervención del Estado o de los empleadores” (8) .

La especificidad de este derecho reside en la finalidad perseguida y las actividades que ampara. Mientras el derecho de libre asociación es el que tienen todas las personas que de manera voluntaria convergen para la realización de un fin común, el derecho de asociación sindical es la facultad que tienen los trabajadores y empleadores para crear organizaciones destinadas a fomentar y defender intereses comunes de sus miembros que nacen de las relaciones laborales y profesionales (9) .

2.1.2. De acuerdo con la Constitución Política el contenido y alcance de los derechos de asociación deben fijarse con arreglo a los convenios y tratados internacionales sobre derechos humanos, y tenerse en cuenta de manera específica el Convenio 87 de la OIT (10) , que obliga a los miembros de la Organización Internacional del Trabajo a poner en práctica el derecho de los trabajadores y empleadores expresados en lo siguiente: “(i) constituir las organizaciones que estimen convenientes, así como el de afiliarse a estas organizaciones con la sola condición de observar sus estatutos, sin autorización previa; (ii) redactar sus estatutos y reglamentos administrativos, elegir libremente a sus representantes, organizar su administración y sus actividades; por tanto, (iii) las autoridades públicas deben abstenerse de toda intervención que limite este derecho o entorpezca su ejercicio. (iv) Las organizaciones de trabajadores y empleadores no están sujetas a disolución o suspensión por vía administrativa; (v) tienen el derecho de constituir federaciones y confederaciones, así como el de afiliarse a las organizaciones internacionales de trabajadores y de empleadores. (vi) Los trabajadores, los empleadores y sus organizaciones respectivas están obligados, a respetar la legalidad”.

La Corte, respecto del derecho de libertad sindical ha manifestado que comprende: “(i) el derecho de todos los trabajadores, sin discriminación ni distinción alguna, para agruparse a través de la constitución de organizaciones permanentes que los identifican como grupos de intereses comunes, y cuya defensa propugnan. Este derecho implica la libertad tanto para afiliarse como para retirarse de dichas organizaciones; (ii) la facultad de constituir y organizar estructural y funcionalmente las referidas organizaciones y conformarlas automáticamente como personas jurídicas, sin la injerencia, intervención o restricción del Estado; (iii) el poder de las organizaciones de trabajadores de determinar: el objeto, retiro y exclusión de sus miembros, régimen disciplinario, constitución y manejo del patrimonio, causales de disolución y liquidación, procedimiento liquidatorio, y otros aspectos que atañen a su estructura, organización y funcionamiento, que deben ser convenidos por los miembros de las asociaciones sindicales al darse sus propios estatutos o reformarlos salvo las limitaciones que válidamente puede imponer el legislador; (iv) la facultad de las asociaciones sindicales para formular las reglas relativas a la organización de su administración, así como las políticas, planes y programas de acción que mejor convenga a sus intereses, con la señalada limitación; (v) la garantía de que las organizaciones de trabajadores no están sujetas a que la cancelación o la suspensión de la personería jurídica sea ordenada por vía administrativa, sino por vía judicial; (vi) el derecho de las organizaciones sindicales para constituir y afiliarse a federaciones y confederaciones internacionales; (vii) la inhibición, para las autoridades públicas, incluyendo al legislador, de adoptar regulaciones, decisiones o adelantar acciones que tiendan a obstaculizar el disfrute del derecho a la libertad sindical” (11) .

2.1.3. El derecho de asociación sindical no es absoluto. Como lo establece la Constitución, el derecho de asociación sindical está sujeto a que la estructura interna de los sindicatos y organizaciones sociales y gremiales se ajusten al orden legal y a los principios democráticos (12) . Esto se traduce en el cumplimiento de unos requisitos mínimos, que son determinados por el legislador, en desarrollo de los principios y garantías sindicales contenidos en el artículo 39 de la Constitución Política.

Adicionalmente, convenios internacionales sobre derechos humanos autorizan que por vía legislativa puedan imponerse restricciones a los derechos, cuando sea necesario para la finalidad que persiga, en garantía de “la seguridad nacional, el orden, la salud o moral pública, los derechos y deberes ajenos y, en general el cumplimiento de cualquier finalidad que estime valiosa, siempre y cuando no afecten el núcleo esencial del derecho a la libertad sindical, de modo que lo desnaturalicen o impidan su norma o adecuado ejercicio” (13) .

2.2. Personería jurídica y registro de inscripción de los sindicatos.

Las organizaciones sindicales adquieren la personería jurídica a partir de la fecha de la asamblea constitutiva, es decir, desde su fundación (14) . En consecuencia, esta disposición cumple con los presupuestos del artículo 39 de la Constitución Política, en cuanto los sindicatos y asociaciones sindicales “se constituye por sí y ante sí, y únicamente por los trabajadores, sin intervención del Estado, y con el solo hecho de su fundación, en la respectiva asamblea constitutiva, en la que naturalmente quedará el acta de constitución” (15) .

El artículo 365 del Código Sustantivo del Trabajo, modificado por el artículo 4º de la Ley 584 de 2000 determinó que: “Todo sindicato de trabajadores deberá inscribirse en el registro que para tales efectos lleva el Ministerio de la Protección Social”. El artículo 366 del Código Sustantivo del Trabajo, modificado por el artículo 46 de la Ley 50 de 1990, establece el trámite que debe realizar en la actualidad el Ministerio de la Protección Social.

Sobre el particular, es preciso señalar que la Corte Constitucional (16) ya se pronunció sobre la constitucionalidad de las normas que exigen la inscripción de los sindicatos en el “registro sindical” al señalar que “(...) no infringe el artículo 39 de la Constitución, ni las normas citadas en el Convenio 87, el hecho de que en la ley se establezca que la organización sindical recién creada y que ya tiene personería jurídica, cumpla con posterioridad, con unos requisitos legales para que sea inscrita ante la autoridad correspondiente, para los efectos mencionados de publicidad, seguridad y prueba de su existencia”.

En conclusión, las organizaciones sindicales adquieren personería jurídica desde su fundación, a partir de la fecha de la asamblea de constitución. La exigencia de inscripción del acta de constitución de un sindicato ante el Ministerio del Trabajo y Seguridad Social —hoy, Ministerio de la Protección Social— para que pueda actuar como tal solo tiene finalidad de publicidad, sin que implique control alguno por parte del ministerio, respetando la no injerencia del Estado en el derecho de constituir una organización sindical, estipulado en el artículo 39 de la Carta Política.

3. Fundamento de la decisión.

3.1. Esta Corte desestima el cargo de inconstitucionalidad de la norma demandada basado en la supuesta vulneración de los artículos 25 y 39 de la Carta, por considerarse que el conocimiento de la constitución de un sindicato en poder de los empleadores o autoridades amenazaría los derechos de los trabajadores, por las eventuales hostilidades y retaliaciones de que podrían ser objeto los sindicalizados. Para la Corte, la comunicación del acto de constitución de un sindicato se dirige a unos sujetos de derecho relacionados directamente con la decisión autónoma de los trabajadores, como lo son el empleador y la autoridad del trabajo o político-administrativa del lugar; además, dicha notificación tiene una finalidad legítima de publicidad y seguridad, ligada al ejercicio de los derechos sindicales por los trabajadores y a la propia gestión de representación sindical.

3.2. Para la Corte, la notificación prevista en la norma demandada, más que una restricción al derecho de libertad sindical, es una garantía para los trabajadores que conforman un sindicato. El que el empleador conozca de su existencia, permite hacerle exigible la garantía de los derechos de los trabajadores fundadores del sindicato, de su junta directiva y de todos cuantos hayan participado en su constitución, particularmente para el reconocimiento del fuero sindical y el ejercicio de las gestiones y labores de representación del sindicato mismo y sus asociados. De modo similar, el conocimiento del acto de constitución del sindicato por las autoridades del trabajo —y del alcalde, en subsidio— al tiempo que refuerza la defensa del derecho al trabajo y del derecho de libre asociación sindical, en virtud de la protección constitucional especial al trabajo erigido como deber del Estado, facilita la aplicación de las disposiciones del artículo 39 de la Constitución, en cuanto hace referencia a la sujeción de la estructura interna y funcionamiento de los sindicatos y demás asociaciones a los mandatos de democracia interna y sujeción al orden jurídico.

3.3. Partiendo de que la notificación es un mecanismo de publicidad y una garantía para los trabajadores sindicalizados, no un condicionamiento para la existencia del sindicato y, en consecuencia, no transgrede el derecho a la personería jurídica sin intervención del Estado ni limita el derecho libre asociación sindical (sic), carece de razón la acusación de vulneración de los artículos 25 y 39 de la Constitución Política o de las normas contenidas en los convenios de la Organización Internacional del Trabajo que plantean los demandantes.

III. Decisión

En mérito de lo expuesto, la Corte Constitucional de la República de Colombia, administrando justicia en nombre del pueblo y por mandato de la Constitución,

RESUELVE:

1. Declarar exequible el artículo 363 del Código Sustantivo del Trabajo, modificado por el artículo 43 de la Ley 50 de 1990.

Notifíquese, comuníquese, publíquese, insértese en la Gaceta de la Corte Constitucional y archívese el expediente».

(1) Publicada en el Diario Oficial 39618 de enero 1º de 1991.

(7) Convenio 87 de la OIT.

(8) Ver Sentencias C-385 de 2000, M.P. Antonio Barrera Carbonell.

(9) Ver Sentencias C-385 de 2000, citada, T-441 de 1992, M.P. Alejandro Martínez Caballero.

(10) Convenio 87 de la OIT relativo a la libertad sindical y ala protección del derecho de sindicalización, tal como se consagra en los artículos 1º a 11.

(11) Ver sentencias C-385 de 2000, citada; C-797 de 2000, M.P. Antonio Barrera Carbonell; T-575 de 2002, M.P. Alfredo Beltrán Sierra, entre otras.

(12) Artículos 2º y 39 de la Constitución Nacional.

(13) Sentencia 385 de 2000, citada.

(14) Artículo 364 del Código Sustantivo del Trabajo, modificado por el artículo 44 de la Ley 50 de 1990: “Toda organización sindical de trabajadores, por el solo hecho de su fundación, y a partir de la fecha de la asamblea constitutiva, goza de personería jurídica”. La Ley 50 de 1990 tuvo “como finalidad adecuar las disposiciones del Código Sustantivo del Trabajo a los convenios de la OIT, y en cuanto a la personería jurídica de las organizaciones sindicales, propuso modificaciones sustanciales, tanto a nivel conceptual como procedimental, eliminando trámites y requisitos innecesarios para la constitución de sindicatos” ( Exposición de motivos de la L. 50/90, citada en la Sent. C-567/2000, M.P. Alfredo Beltrán Sierra).

(15) Sentencia C-567 de 2000, M.P. Alfredo Beltrán Sierra.

(16) Sentencia C-567 de 2000, citada.

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