Sentencia C-739 de junio 22 de 2000 

CORTE CONSTITUCIONAL

SALA PLENA

PRESTACIÓN ILEGAL DE SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES

INEXEQUIBLE PARCIALMENTE LA NORMA QUE CONSAGRA ESTE DELITO

EXTRACTOS: «A continuación se transcribe el texto de la norma acusada:

“LEY 422 DE 1998

Por la cual se modifica parcialmente la Ley 37 de 1993, y se dictan otras disposiciones.

El Congreso de Colombia,

DECRETA:

ART. 6º—Del acceso ilegal o prestación ilegal de los servicios de telecomunicaciones. El que acceda o use el servicio de telefonía móvil celular u otro servicio de telecomunicaciones mediante copia o reproducción no autorizada de señales de identificación de equipos terminales de estos servicios, derivaciones, o uso de líneas de telefonía pública básica conmutada local, local extendida o de larga distancia no autorizadas, o preste servicios o actividades de telecomunicaciones con ánimo de lucro no autorizados, incurrirá en prisión de cuatro (4) a diez (10) años y multa de quinientos (500) a mil (1.000) salarios mínimos legales mensuales.

La pena anterior se aumentará de una tercera parte a la mitad, para quien hubiese explotado comercialmente por sí o por interpuesta persona, dicho acceso, uso o prestación de servicios de telecomunicaciones no autorizados.

Igual aumento de pena sufrirá quien facilite a terceras personas el acceso, uso ilegítimo o prestación no autorizada del servicio de que trata este artículo”.

(...).

2. La materia de la demanda.

En esta oportunidad le corresponde a la Corte Constitucional determinar si el contenido del artículo 6º de la Ley 422 de 1998, que tipifica como delito el acceso, uso o prestación del servicio de telefonía móvil celular y de otros servicios de telecomunicaciones, mediante copia o reproducción no autorizadas, viola, como lo señala el actor, el principio constitucional de legalidad, y los de reserva legal y tipicidad que se derivan de él, consagrados en el artículo 29 de la C.P., por consignar “un tipo penal en blanco”, ambiguo y vacío de contenidos concretos e inequívocos, que implica que los mismos deban ser llenados, en cada caso concreto, por el juez, lo que propicia la arbitrariedad y vulnera los principios rectores del derecho penal.

También deberá establecer la Corte, si el legislador, al introducir un tipo penal que señala como delito el uso o acceso no autorizado a los servicios de telecomunicaciones, dentro de una ley que reforma la Ley 37 de 1993 y dicta otras disposiciones, vulneró el principio de unidad de materia de que trata el artículo 158 de la Carta Política y desconoció el mandato del artículo 169 de la misma.

3. Del contenido y alcance del principio de legalidad en el ordenamiento jurídico colombiano y de sus derivados los principios de reserva legal y tipicidad.

El principal cargo de inconstitucionalidad que formula el actor de la demanda contra el artículo 6º de la Ley 422 de 1998, es que el mismo desconoce y vulnera el principio de legalidad que consagra el artículo 29 de la C.P., por eso, para analizar de fondo los argumentos con los que el demandante sustenta su acusación, es pertinente detenerse, por lo menos de manera breve, en el contenido y alcance de dicho principio y de los principios de reserva legal y tipicidad que se derivan de él.

Dice el artículo 29 de la C.P.:

“ART. 29.—El debido proceso se aplicará a toda clase de actuaciones judiciales y administrativas.

Nadie podrá ser juzgado sino conforme a leyes preexistentes al acto que se le imputa, ante juez o tribunal competente y con observancia de la plenitud de las formas propias de cada juicio.

En materia penal, la ley permisiva o favorable, aun cuando sea posterior, se aplicará de preferencia a la restrictiva o desfavorable.

Toda persona se presume inocente mientras no se la haya declarado judicialmente culpable. Quien sea sindicado tiene derecho a la defensa y a la asistencia de un abogado escogido por él, o de oficio, durante la investigación y el juzgamiento; a un debido proceso sin dilaciones injustificadas; a presentar pruebas y a controvertir las que se alleguen en su contra; a impugnar la sentencia condenatoria, y a no ser juzgado dos veces por el mismo hecho”.

Es claro, que en la norma superior citada, el constituyente de 1991 consagró de manera expresa el denominado principio de legalidad, “nullum crimen, nulla poena sine lege”, principio tradicionalmente reconocido y aceptado como inherente al Estado democrático de derecho, sobre el cual se sustenta la estricta legalidad que se predica del derecho penal, característica con la que se garantiza la no aplicación de la analogía jurídica en materia penal(1), la libertad de quienes no infringen la norma, y la seguridad para quienes lo hacen de que la pena que se les imponga lo será por parte del juez competente, quien deberá aplicar aquélla previamente definida en la ley.

(1) “El repudio de la analogía jurídica en materia penal es justicia racional” Cossio Carlos, citado en “Tratado de Derecho Penal”, Luis Jiménez de Asúa, Edit. Losada Buenos Aires, 1950.

Dicho principio encuentra expresión en varios componentes, que la doctrina especializada reconoce como “los principios legalistas que rigen el derecho penal”, los cuales se definen de la siguiente manera:

“...nullum crimen sine praevia lege: no puede considerarse delito el hecho que no ha sido expresa y previamente declarado como tal por la ley; nulla poena sine praevia lege: esto es, no puede aplicarse pena alguna que no esté conminada por la ley anterior e indicada en ella; nemo iudex sine lege: o sea que la ley penal sólo puede aplicarse por los órganos y jueces instituidos por la ley para esa función; nemo damnetur nisi per legale indicum, es decir que nadie puede ser castigado sino en virtud de juicio legal”(2).

(2) Luis Jiménez de Asúa, “Tratado de Derecho Penal. Tomo II Filosofía y Ley Penal”, Edit. Losada, Buenos Aires, Argentina, 1950.

En esa perspectiva, para la realización del principio de legalidad, paralelos han de encontrar espacio propicio y efectivo para su pleno desarrollo otros principios que se derivan de él, tales como el de reserva legal y el de tipicidad.

El primero, el principio de reserva legal, implica en el Estado democrático de derecho, que el único facultado para producir normas de carácter penal es el legislador, pues además de ser esa su función natural en desarrollo del principio de división de poderes, en él se radica la representación popular, la cual es esencial en la elaboración de todas las leyes, pero muy especialmente en las de carácter penal, que, como lo ha dicho la Corte, por sus características “...deben estar precedidas de un proceso público de debate y aprendizaje en la concepción y ejecución de las políticas criminales, es decir una elaboración más democrática...”(3).

(3) Corte Constitucional, sentencia C-559 de 1999, M.P. Dr. Alejandro Martínez Caballero.

“Esta discusión pública debe permitir que la respuesta penal no sea un recurso contingente que el poder político utiliza a discreción, sin debate, para hacer frente a las dificultades del momento... el respeto riguroso del principio de legalidad opera no solo como un mecanismo de protección de las libertades fundamentales, sino que también obliga a la discusión colectiva y democrática de las políticas criminales a fin de evitar la intervención penal inútil y perjudicial. El principio de legalidad es expresión no solo del Estado de derecho, sino también de las exigencias del Estado democrático, pues gracias a su riguroso respeto pueden llegar a estar representados los intereses de todos los miembros de la comunidad en la elaboración de la política criminal”. (C. Const., Sent. C-559/99, M.P., Alejandro Martínez Caballero).

Respecto del principio de tipicidad, que también como se dijo se deriva del principio de legalidad, esta corporación ha dicho lo siguiente:

“Este principio busca que las personas a quienes las normas van dirigidas, conozcan hasta dónde va la protección jurídica de sus actos. Con la tipicidad se desarrolla el principio fundamental nullum crimen, nulla poena sine lege, es decir, la abstracta descripción que tipifica el legislador con su correspondiente sanción, debe ser de tal claridad que permita que su destinatario conozca exactamente la conducta punitiva; en principio se debe evitar pues la indeterminación para no caer en una decisión subjetiva y arbitraria.

Quiere decir lo anterior que cuando el legislador redacta un tipo penal está obligado a definir de manera precisa el acto, el hecho o la omisión que constituye el delito, y que si no lo hace propicia un atentado contra la libertad individual, pues deja al arbitrio de la autoridad que deba aplicarlo la calificación de los actos, vulnerando la libertad y la seguridad individuales consagrados como derechos fundamentales en el ordenamiento superior”. (Corte Constitucional, Sentencia C-127 de 1993, M.P. Dr. Alejandro Martínez Caballero).

Al abordar el análisis del principio de legalidad y de sus derivados los principios de reserva legal y de tipicidad en el ordenamiento jurídico colombiano, especialmente en el derecho penal, esta corporación se ha pronunciado en el siguiente sentido:

“De acuerdo con nuestro ordenamiento constitucional sólo el legislador puede establecer hechos punibles y señalar las sanciones a que se hacen acreedores quienes incurran en ellos. Un hecho no puede considerarse delito ni ser objeto de sanción si no existe una ley que así lo señale. Ley, que ineludiblemente debe ser anterior al hecho o comportamiento punible, es decir, previa o “preexistente”.

El artículo 1º del Código Penal incluye tal principio dentro de las normas rectoras del proceso penal, en estos términos: “Nadie podrá ser juzgado por un hecho que no esté expresamente previsto como punible por la ley penal vigente al tiempo en que se cometió ni sometido a pena o medida de seguridad que no se encuentre establecida en ella”. Y en el artículo 3º del mismo estatuto establece: “la ley penal definirá el hecho punible de manera inequívoca”.

El principio de legalidad garantiza la seguridad jurídica de los ciudadanos por cuanto les permite conocer cuándo y por qué motivos pueden ser objeto de penas ya sean privativas de la libertad o de otra índole evitando de esta forma, toda clase de arbitrariedad o intervención indebida por parte de las autoridades penales respectivas”. (C. Const., Sent. C-133/99, M.P. Dr. Carlos Gaviria Díaz).

Con base en los anteriores presupuestos, procederá ahora la Corte a establecer, si, como lo sostiene el actor de la demanda, el contenido del artículo 6º de la Ley 422 de 1998 vulnera el principio de legalidad y sus derivados los de reserva legal y tipicidad.

4.La modalidad del tipo penal en blanco es válida y aceptada en nuestro ordenamiento jurídico, siempre y cuando sus contenidos se puedan complementar, de manera clara e inequívoca, con normas legales precedentes que permitan la correspondiente integración normativa.

Como lo anota el señor procurador en el concepto que remitió a esta corporación, solicitando que se declare exequible la norma impugnada, el actor de la demanda no cuestiona la constitucionalidad del artículo 6º de la Ley 422 de 1998, por considerar que su contenido sea contrario al ordenamiento superior, lo que él alega es que la redacción del mismo es ambigua y equívoca, a punto que da paso a “un tipo penal en blanco”, que no puede complementarse con normas legales precedentes, en las que se definan claramente las actividades y aspectos técnicos a los que se refiere la disposición acusada, situación que a su vez da cabida a un tipo penal carente de contenido, cuyos vacíos debe llenar arbitrariamente el juez en cada caso concreto, lo que vulnera de plano el principio de legalidad, fundamento principal del derecho penal.

El primer aspecto de la controversia que debe acotar la Sala, es el referido al denominado tipo penal en blanco, pues al estudiar los fundamentos de la demanda, en principio parecería que el actor parte de un presupuesto equivocado: que los tipos penales en blanco per se son contrarios a la Constitución; no obstante, un análisis más minucioso de los términos de la demanda, permite entrever que no es esa la posición del actor, que lo que él quiere señalar es que en el caso específico la norma demandada es contraria al ordenamiento superior, dado que consigna un tipo penal en blanco cuyo contenido no puede ser complementado por parte del intérprete, específicamente del juez penal, dada la ausencia de normas legales precedentes, que definan de manera clara e inequívoca los servicios y actividades técnicas a las que alude la primera, lo que implica que sea precisamente el juez, en cada caso específico, el que de manera arbitraria proceda a hacerlo, violando así el principio de legalidad.

El tipo penal en blanco lo define la doctrina como aquel que contiene una norma incriminadora incompleta o imperfecta, dado que aunque incluye precepto y sanción, el primero, el precepto, es relativamente indeterminado, “...siendo determinable mediante norma jurídica distinta que será, generalmente, un decreto, resolución o mandamiento de autoridad extraprocesal (administrativa por regla general), cuyo reglamento —complementario del precepto— tiene que darse antes del hecho, pues de otra manera se sancionaría en parte con una norma posterior”. Los tipos penales en blanco, son aquellos en que “la conducta no aparece completamente descrita en cuanto el legislador se remite al mismo u otros ordenamientos jurídicos para actualizarla y concretarla”(4).

(4) Reyes Echandía Alfonso, “Derecho Penal Parte General”, Universidad Externado de Colombia, 1984.

Esta modalidad de tipo penal ha sido aceptada por la jurisprudencia nacional e internacional; así, al referirse a las distintas categorías de tipos penales esta corporación la ha incluido, señalando al efecto lo siguiente:

“... los tipos (penales) se clasifican en distintos grupos, por ejemplo: según su estructura son básicos, especiales, subordinados, elementales, compuestos, completos, incompletos, autónomos y en blanco. En relación con el sujeto activo pueden ser monosubjetivos, plurisubjetivos, de sujeto indeterminado o de sujeto cualificado. En cuanto al bien jurídico tutelado pueden ser simples, complejos, de lesión y de peligro. De acuerdo con su contenido existen tipos de mera conducta, de resultado, de conducta instantánea, de conducta permanente, de acción, de omisión, abiertos y cerrados”. (C. Const., Sent. C-133/99, M.P. Dr. Carlos Gaviria Díaz).

Es decir, que en nada contraría el ordenamiento superior el hecho de que el legislador recurra a esta modalidad de tipo penal, siempre y cuando verifique la existencia de normas jurídicas precedentes que definan y determinen, de manera clara e inequívoca, aquellos aspectos de los que adolece(sic) el precepto en blanco, cuyos contenidos le sirvan efectivamente al intérprete, específicamente al juez penal, para precisar la conducta tipificada como punible, esto es, para realizar una adecuada integración normativa que cumpla con los requisitos que exige la plena realización del principio de legalidad.

Así las cosas, esto es determinada la validez de los tipos penales en blanco en nuestro ordenamiento jurídico, lo que a continuación debe establecer la Sala es si efectivamente la norma impugnada reúne las características propias de esa modalidad de tipo penal, y de ser así, si existen las disposiciones jurídicas precedentes necesarias para que el juez proceda a la respectiva integración normativa, de manera tal que sin violar los principios de legalidad y reserva, dote de contenido completo e inequívoco el tipo penal que el actor tacha de inconstitucional.

5. El artículo 6º de la Ley 422 de 1998, en lo que se refiere al servicio de telefonía móvil celular, no es un tipo penal en blanco, su contenido incluye todos los elementos necesarios de un tipo penal completo, claro e inequívoco, cuya producción por parte del legislador respetó en todo el principio de legalidad.

La norma penal, siempre de origen estatal, es un imperativo que contiene reglas de comportamiento impuestas por el Estado, dirigidas a regular conductas de los ciudadanos, asociadas a determinados comportamientos sancionados punitivamente. La norma penal tiene una función valorativa, en el sentido de que a través de ella ciertos comportamientos se califican como contrarios a los fines del Estado, al efecto “...el legislador prohíbe ciertas acciones u omisiones porque las considera perjudiciales o peligrosas para la comunidad social”(5).

(5) Antolisei Francesco, “Manuel de Derecho Penal, Parte General”, Edit. Temis, Bogotá Colombia, 1988.

Así las cosas, por lo general la norma penal está constituida por dos elementos: el precepto (praeceptum legis) y la sanción (sanctio legis). “El precepto es la orden de observar un determinado comportamiento, es decir de no realizar algo o de cumplir determinada acción; la sanción es la consecuencia jurídica que debe seguir a la infracción del precepto”(6).

(6) Ibídem.

En el precepto está contenida la descripción de lo que se debe hacer o no hacer, y, por lo tanto del hecho que constituye delito. La situación descrita en la norma se denomina comúnmente figura o tipo penal.

El tipo penal presenta entonces una estructura que contiene varios elementos, pues “...todo tipo penal muestra una conducta que, realizada por alguien, lesiona o pone en peligro un bien del cual otra persona es titular; por consiguiente, en cada tipo se identifican dos sujetos, el activo que ejecuta el comportamiento y el pasivo en cuya cabeza radica el interés que se vulnera; una conducta que genéricamente allí se plasma y que, siendo por lo regular de naturaleza objetivo-descriptiva, en veces trae referencias normativas y subjetivas, y un objeto de doble entidad: jurídica en cuanto legalmente tutelado y material en cuanto ente (persona o cosa) sobre la cual se concreta la vulneración del interés jurídicamente protegido”(7). El tipo penal que contenga todos estos elementos es un tipo penal completo.

(7) Echandía Reyes Alfonso, “Derecho Penal Parte General”. Universidad Externado de Colombia, 1984.

El tipo penal completo es entonces el que contiene el precepto y la sanción con todos sus elementos constitutivos, es decir, aquel que no necesita complementarse con el contenido de otra norma jurídica del mismo u otro ordenamiento; a su vez el precepto deberá precisar, en primer lugar, el sujeto activo del hecho punible, esto es, quién o quiénes podrán incurrir en la acción u omisión que se prohíbe; en segundo lugar el sujeto pasivo del mismo, que es el titular del bien jurídico objeto de protección, y en tercer lugar el bien jurídico que se pretende proteger de una conducta específica, cuya referencia y descripción constituyen el cuarto elemento del precepto.

A partir de los anteriores presupuestos procederá ahora la Corte a analizar la norma impugnada.

El artículo 6º de la Ley 422 de 1998, impugnado por el actor, establece lo siguiente:

“ART. 6º—Del acceso ilegal o prestación ilegal de los servicios de telecomunicaciones. El que acceda o use el servicio de telefonía móvil celular u otro servicio de telecomunicaciones, mediante copia o reproducción no autorizada de señales de identificación de equipo, terminales de estos servicios, derivaciones, o uso de líneas de telefonía pública básica conmutada local, local extendida o de larga distancia no autorizadas, o preste servicios o actividades de telecomunicaciones con ánimo de lucro no autorizados incurrirá en prisión de cuatro (4) a diez (10) años y multa de quinientos (500) a mil (1.000) salarios mínimos legales mensuales.

La pena anterior se aumentará de una tercera parte a la mitad, para quien hubiese explotado comercialmente por sí o por interpuesta persona, dicho acceso, uso o prestación de servicios de telecomunicaciones no autorizados.

Igual aumento de pena sufrirá quien facilite a terceras personas el acceso, uso ilegítimo o prestación no autorizada del servicio de que trata este artículo”.

Dicha norma, si se circunscribe al servicio de telefonía móvil celular, contiene los elementos necesarios para ser catalogada como un tipo penal completo, pues como tal contiene un precepto y una sanción; el precepto define el sujeto activo del hecho punible, a través de la expresión “el que acceda o use”, la cual indica que se trata de un sujeto activo indeterminado, en la medida en que cualquier persona puede incurrir en las acciones que se prohíben.

En cuanto al sujeto pasivo, esto es el titular del bien jurídico que se protege, éste también se encuentra definido tácita pero inequívocamente en la norma acusada, pues de la redacción de la misma se desprende que lo será el Estado(8), que es el que tiene a su cargo la gestión y control del espectro electromagnético de que trata el artículo 75 de la C.P., bien público, imprescriptible e inenajenable, esencial para la prestación del servicio de telefonía móvil celular; también los particulares concesionarios del servicio de telefonía móvil celular que legítimamente lo explotan y prestan el servicio, y todas las personas, naturales y jurídicas, públicas y privadas, debidamente autorizadas para prestar ese servicio.

(8) “Cuando el interés jurídicamente titulado pertenece al Estado, éste adquiere la categoría de sujeto pasivo...”. Reyes Echandía Alfonso, “Derecho Penal, Parte General”, Universidad Externado de Colombia, 1984.

En cuanto a la conducta que se señala como punible, ésta en la disposición impugnada es plural y se encuentra descrita de manera precisa a través de tres verbos concretos (verbos rectores o núcleos rectores del tipo penal): acceder, usar y prestar, que descartan la ambigüedad que el actor le atribuye a la norma; así, se desprende inequívocamente del contenido del artículo 6º de la Ley 422 de 1998, que el que acceda o use sin autorización el servicio de telefonía móvil celular, incurrirá en el delito que tipifica la disposición impugnada.

No ocurre lo mismo con la expresión “u otro servicio de telecomunicaciones”, la cual por su amplitud se torna ambigua, incumpliéndose así uno de los presupuestos esenciales del tipo penal, que exige precisión y exactitud en la referencia y descripción de la conducta punible, en el caso concreto, de los servicios sobre los que recae la prohibición de prestarlos sin autorización. Por eso la Corte ordenará que la misma se retire del ordenamiento legal, pues de no hacerlo, se estaría dotando al juez de la facultad de llenar de contenido dicha expresión, y salvo el caso de la telefonía móvil celular, decidir en cada evento, qué servicios caben dentro de esa categoría, lo que de plano vulnera los principios de legalidad y de reserva legal.

Igual ocurre con la expresión “o preste servicios o actividades de telecomunicaciones con ánimo de lucro no autorizados....”, que al ser abierta se torna imprecisa e inexacta, pues no se identifican de manera inequívoca cuáles son esos servicios; por eso y por las razones anotadas, también será declarada inexequible.

Ahora bien, la orden que impartirá la Corte, de retirar esas expresiones de la norma legal impugnada, no quiere decir que tales conductas, estimadas como violatorias de la normatividad sobre la materia, no puedan ser objeto de sanción penal si así lo determina el legislador en ejercicio de sus competencias constitucionales; no obstante, en este caso particular, la Corte considera que las señaladas conductas no están bien precisadas, y que por lo tanto generan con su ambigüedad confusión en el ciudadano receptor de la norma y en el intérprete, y en consecuencia atentan contra los mencionados principios constitucionales de legalidad y seguridad jurídica.

En cuanto a los conceptos técnicos involucrados en el inciso primero de la norma impugnada, éstos remiten al juez a otras normas legales que los definen de manera precisa y para la materia (decretos, reglamentos, resoluciones, acuerdos, etc., que en el caso específico existen como bien lo señalan varios de los intervinientes)(9); sin embargo, si se diera el caso de conceptos que carezcan de definición legal precedente, el tipo penal no requiere de tal remisión para adquirir sentido, pues las mismas pueden entenderse de acuerdo con el uso común que se les da, tal como lo establece el artículo 28 del Código Civil(10), dado que el hecho de que sean de carácter técnico no implica, necesariamente, que sean ajenas a una definición en el lenguaje cotidiano; ahora bien, también, si el juez o funcionario judicial competente lo considera pertinente, tales expresiones pueden ser dilucidadas por expertos a los que él acuda en ejercicio de la potestad que le otorga el artículo 257 del Código de Procedimiento Penal.

(9) Ley 72 de 1989, Decreto Ley 1900 de 1990, Ley 37 de 1993.

(10) Artículo 28 C.C.: “Las palabras de la ley se entenderán en su sentido natural y obvio, según el uso general de las mismas palabras; pero cuando el legislador las haya definido expresamente para ciertas materias, se les dará a éstas su significado legal”.

Queda claro entonces, que en el caso que se revisa la norma impugnada, circunscrita únicamente al servicio de telefonía móvil celular es un tipo penal completo, que no requiere, como lo sostiene el actor, de un complemento legal precedente, sin el cual el juez no puede proceder a realizar la integración normativa correspondiente que exigen los ya analizados tipos penales en blanco.

En cuanto a la sanción, ella también está claramente determinada en la norma en cuestión, que establece que quien incurra en las conductas prohibidas incurrirá en prisión de cuatro a diez años y multa de quinientos a mil salarios mínimos legales mensuales y que la misma se agravará para quienes estén incursos en uno de los siguientes presupuestos: que haya explotado comercialmente, por sí o por interpuesta persona, dicho acceso, uso o prestación de servicios de telecomunicación no autorizados, y/o que haya facilitado a terceras personas el acceso o uso ilegítimo, o prestación no autorizada de tales servicios.

No hay duda de que la redacción de la norma cuestionada no es perfecta, que elIa adolece de errores; pero que circunscrita al servicio de telefonía móvil celular, no puede ser calificada como ambigua e inexacta, a punto que derive en vacíos que arbitrariamente deba llenar el juez penal, violando así, no sólo el principio de legalidad, sino el principio de reserva legal, que le atribuye al legislador de manera exclusiva la función de definir las conductas punibles a través de la ley. Por eso, salvo las expresiones antes anotadas, el inciso primero de la norma impugnada será declarado exequible.

En cuanto a los incisos segundo y tercero del artículo 6º de la Ley 422 de 1998, al referirse ellos, para efectos de agravación de la pena, a “servicios de telecomunicaciones no autorizados”, expresión, que como quedó demostrado, en el ámbito de lo penal por su amplitud se torna ambigua e imprecisa, éstos también y por las razones expuestas, serán declarados inexequibles.

6. La norma impugnada no vulnera el principio de unidad de materia consagrado en el artículo 158 de la Carta Política, ni desconoce el mandato del artículo 169 de la misma.

En opinión del actor, el artículo 6º de la Ley 422 de 1998 también vulnera el principio de unidad de materia, consagrado en el artículo 158 de la C.P., pues según él, tratándose de un tipo penal este no podía incluirse en una ley cuyo objetivo es la modificación de otra, la Ley 37 de 1993, por la cual se regula la prestación del servicio de telefonía móvil celular, la celebración de contratos de sociedad y de asociación en el ámbito de las telecomunicaciones y se dictan otras disposiciones.

Sobre el principio de unidad de materia esta corporación se ha pronunciado en el siguiente sentido:

“ ...el objeto de dicho mandato constitucional es lograr la tecnificación del proceso legislativo en forma tal que las distintas disposiciones que se insertan en un proyecto de ley guarden la debida relación o conexidad con el tema general de la misma, o se dirijan a un mismo propósito o finalidad, o, como tantas veces se ha dicho, “que los temas tratados en los proyectos tengan la coherencia que la lógica y la técnica jurídica suponen. Con ello se busca evitar que se introduzcan en los proyectos de ley preceptos que resulten totalmente contrarios, ajenos o extraños a la materia que se trata de regular en el proyecto o a la finalidad buscada por él”. (C. Const., Sent. C-133/93, M.P. Dr. Vladimiro Naranjo Mesa).

A partir de esos presupuestos, la pregunta que surge en el caso concreto que se revisa, es si la introducción de un tipo penal, que consagra como punibles actividades relacionadas con la prestación del servicio de telefonía móvil celular y de otros servicios de telecomunicaciones, en efecto vulnera el principio de unidad de materia.

Lo primero que hay que señalar, es que el legislador, al establecer los tipos penales “...goza de una amplia discrecionalidad, pues únicamente él está llamado a evaluar el daño social que causa determinada conducta y las medidas de punición que debe adoptar el Estado, dentro del contexto de la política criminal, para su prevención y castigo”(11); en esa perspectiva, no hay duda que en el caso que se analiza el legislador, teniendo en cuenta los perjuicios que se estaban causando con el acceso, uso y prestación no autorizados de los servicios de telecomunicaciones a los que alude la disposición impugnada, resolvió categorizar esas conductas como hechos punibles, en una ley que precisamente modifica y amplía la regulación preexistente sobre la materia de telecomunicaciones, pues, vale aclarar, el objeto de la misma no se circunscribió específicamente al tema de telefonía móvil celular, como lo sostiene el demandante, sino que expresamente se extendió, como se constata en el título de la ley, a expedir “otras disposiciones”, desde luego relacionadas todas con esa materia.

(11) Corte Constitucional, Sentencia C-146 de 1994, M.P, Dr. José Gregorio Hernández Galindo.

Si se tiene en cuenta que la interpretación del principio de unidad de materia, como lo ha señalado con insistencia esta corporación, “...no puede rebasar su finalidad y terminar por anular el principio democrático, significativamente de mayor entidad como valor fundante del Estado Colombiano, y que solamente aquellos apartes, segmentos o proposiciones de una ley respecto de los cuales, razonable y objetivamente, no sea posible establecer una relación de conexidad causal, teleológica, temática o sistemática con la materia dominante de la misma, deben rechazarse como inadmisibles si están incorporados en el proyecto o declararse inexequibles si integran el cuerpo de la ley”(12), es viable concluir, en el caso del artículo demandado, que existe una clara y nítida relación entre la materia que desarrolla la Ley 422 de 1998, la de telecomunicaciones, y el contenido específico del artículo 6º de la misma, que eleva a la categoría de delitos actividades y conductas directamente relacionadas con la prestación de dichos servicios, lo que indica una relación objetiva y razonable entre la materia dominante de la ley y lo dispuesto en el artículo impugnado, razones suficientes para desestimar la acusación que formula el actor contra la citada disposición, por la supuesta vulneración del principio de unidad de materia y para rechazar también el cargo dirigido a demostrar el desconocimiento por parte del legislador del artículo 169 superior, pues el título de la ley en este caso corresponde a su contenido.

(12) Corte Constitucional Sentencia C-025 de 1993, M.P. Dr. Eduardo Cifuentes Muñoz.

Por último, es pertinente reiterar que, como en varias oportunidades lo ha señalado esta Corte, el principio de unidad de materia no puede ser entendido,

“... dentro del criterio de una rigidez formal por cuya virtud se desconozcan o ignoren las relaciones sustanciales entre normas que, en apariencia, se refieren a materias diversas pero cuyos contenidos se hallan ligados, en el ámbito de la función legislativa, por las finalidades perseguidas, por las repercusiones de unas decisiones en otras, o, en fin, por razones de orden fáctico que, evaluadas y ponderadas por el propio legislador, lo obligan a incluir en un mismo cuerpo normativo disposiciones alusivas a cuestiones que en teoría pueden parecer disímiles”. (C. Const., Sent. C-390/96, M.P. Dr. José Gregorio Hernández Galindo).

Así las cosas, no encuentra la Corte fundados los argumentos que respaldan las acusaciones de inconstitucionalidad que presenta el actor contra el artículo 6º de la Ley 422 de 1998, por lo que procederá a declararlo exequible.

VII. Decisión

En mérito de lo expuesto, la Sala Plena de la Corte Constitucional, administrando justicia en nombre del pueblo y por mandato de la Constitución,

RESUELVE:

Declarar EXEQUIBLE el artículo 6º de la Ley 422 de 1998, salvo los segmentos “u otro servicio de telecomunicaciones“, “o preste servicios o actividades de telecomunicaciones con ánimo de lucro no autorizados” de su primer inciso, que se declaran INEXEQUIBLES.

Así mismo se declaran INEXEQUIBLES el inciso segundo y el inciso tercero de este artículo que dicen así:

“La pena anterior se aumentará de una tercera parte a la mitad, para quien hubiese explotado comercialmente por sí o por interpuesta persona, dicho acceso uso o prestación de servicios de telecomunicaciones no autorizados.

Igual aumento de pena sufrirá quien facilite a terceras personas el acceso, uso ilegítimo o prestación no autorizada del servicio de que trata este artículo”.

Notifíquese, comuníquese, publíquese, insértese en la Gaceta de la Corte Constitucional, archívese el expediente y cúmplase».

(Sentencia C-739 de junio 22 de 2000. Magistrado Ponente: Dr. Fabio Morón Díaz).

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