SENTENCIA C-740 DE JULIO 23 DE 2008

 

Sentencia C-740 de julio 23 de 2008 

CORTE CONSTITUCIONAL

SALA PLENA

Sentencia C-740 de 2008 

Ref.: Expediente D-7152

Magistrado Ponente:

Dr. Jaime Araújo Rentería

Demandante: Campo Elías Cruz Bermúdez

Demanda de inconstitucionalidad contra los artículos 3º (parcial), 15 (parcial), 24 (parcial), 28, 32 (parcial), 48 (parcial), 51, 62, 71, 73 (parcial), 74 (parcial), 80 (parcial), 82 (parcial), 89 (parcial), 95 (parcial), 96 (parcial), 98 (parcial), 99 (parcial), 100 (parcial), 104 (parcial), 109, 111 (parcial), 129 (parcial), 131, 132, 133, 134, 142 (parcial), 143 (parcial), 144, 147, 148, 150 (parcial), 151(parcial), 157, 158, 162 (parcial), 163 (parcial), 165, 170, 179 (parcial), 180 (parcial), 187 (parcial), 189, 190 (parcial), 191, 193 (parcial), 204 (parcial), 216 y 217 de la Ley 1098 de 2006.

Bogotá, D.C., veintitrés de julio de dos mil ocho.

EXTRACTOS: «II. Normas demandadas

A continuación se transcriben las disposiciones demandadas, con base en su publicación en el Diario Oficial 46.446 de 8 de noviembre de 2006, en las cuales se subrayan las expresiones acusadas:

“LEY 1098 DE 2006

(Noviembre 8)

Por la cual se expide el Código de la Infancia y la Adolescencia.

El Congreso de Colombia,

DECRETA:

ART. 3º—Sujetos titulares de derechos. Para todos los efectos de esta ley son sujetos titulares de derechos todas las personas menores de 18 años. Sin perjuicio de lo establecido en el artículo 34 del Código Civil, se entiende por niño o niña las personas entre los 0 y los 12 años, y por adolescente las personas entre 12 y 18 años de edad.

ART. 15.—Ejercicio de los derechos y responsabilidades. Es obligación de la familia, de la sociedad y del Estado, formar a los niños, las niñas y los adolescentes en el ejercicio responsable de los derechos. Las autoridades contribuirán con este propósito a través de decisiones oportunas y eficaces y con claro sentido pedagógico.

El niño, la niña o el adolescente tendrán o deberán cumplir las obligaciones cívicas y sociales que correspondan a un individuo de su desarrollo.

En las decisiones jurisdiccionales o administrativas, sobre el ejercicio de los derechos o la infracción de los deberes se tomarán en cuenta los dictámenes de especialistas.

ART. 24.—Derecho a los alimentos. Los niños, las niñas y los adolescentes tienen derecho a los alimentos y demás medios para su desarrollo físico, psicológico, espiritual, moral, cultural y social, de acuerdo con la capacidad económica del alimentante. Se entiende por alimentos todo lo que es indispensable para el sustento, habitación, vestido, asistencia médica, recreación, educación o instrucción y, en general, todo lo que es necesario para el desarrollo integral de los niños, las niñas y los adolescentes. Los alimentos comprenden la obligación de proporcionar a la madre los gastos de embarazo y parto.

ART. 28.—Derecho a la educación. Los niños, las niñas y los adolescentes tienen derecho a una educación de calidad. Esta será obligatoria por parte del Estado en un año de preescolar y nueve de educación básica. La educación será gratuita en las instituciones estatales de acuerdo con los términos establecidos en la Constitución Política. Incurrirá en multa hasta de 20 salarios mínimos quienes se abstengan de recibir a un niño en los establecimientos públicos de educación.

ART. 32.—Derecho de asociación y reunión. Los niños, las niñas y los adolescentes tienen derecho de reunión y asociación con fines sociales, culturales, deportivos, recreativos, religiosos, políticos o de cualquier otra índole, sin más limitación que las que imponen la ley, las buenas costumbres, la salubridad física o mental y el bienestar del menor.

Este derecho comprende especialmente el de formar parte de asociaciones, inclusive de sus órganos directivos, y el de promover y constituir asociaciones conformadas por niños, las niñas y los adolescentes.

En la eficacia de los actos de los niños las niñas y los adolescentes se estará a la ley, pero los menores adultos se entenderán habilitados para tomar aquellas decisiones propias de la actividad asociativa, siempre que no afecten negativamente su patrimonio.

Los impúberes deberán contar con la autorización de sus padres o representantes legales para participar en estas actividades. Esta autorización se extenderá a todos los actos propios de la actividad asociativa. Los padres solo podrán revocar esta autorización por justa causa.

ART. 48.—Espacios para mensajes de garantía y restablecimiento de derechos. Los contratos de concesión de los servicios de radiodifusión, televisión y espacios electromagnéticos incluirán la obligación del concesionario de ceder espacios de su programación para transmitir mensajes de garantía y restablecimiento de derechos que para tal fin determine el Instituto Colombiano de Bienestar Familiar dirigidos a los niños, las niñas y los adolescentes y a sus familias.

En alguno de estos espacios y por lo menos una vez a la semana, se presentarán con nombres completos y foto reciente, las personas que hayan sido condenadas en el último mes por cualquiera de los delitos contemplados en el título IV, “Delitos contra la libertad, integridad y formación sexuales”, cuando la víctima haya sido un menor de edad.

ART. 51.—Obligación del restablecimiento de los derechos de los niños, las niñas y los adolescentes. El restablecimiento de los derechos de los niños, las niñas o los adolescentes es responsabilidad del Estado en su conjunto a través de las autoridades públicas, quienes tienen la obligación de informar, oficiar o conducir ante la policía, las defensorías de familia, las comisarías de familia o en su defecto, los inspectores de policía o las personerías municipales o distritales, a todos los niños, las niñas o los adolescentes que se encuentren en condiciones de riesgo o vulnerabilidad. Cuando esto ocurra, la autoridad competente deberá asegurarse de que el sistema nacional de bienestar familiar garantice su vinculación a los servicios sociales.

ART. 62.—La autoridad central en materia de adopción. La autoridad central en materia de adopción es el Instituto Colombiano de Bienestar Familiar.

Solamente podrán desarrollar programas de adopción, el Instituto Colombiano de Bienestar Familiar y las instituciones debidamente autorizadas por este.

ART. 71.—Prelación para adoptantes colombianos. El Instituto Colombiano de Bienestar Familiar y las instituciones autorizadas por este para adelantar el programa de adopción, preferirán, en igualdad de condiciones, las solicitudes presentadas por los y las colombianas, cuando llenen los requisitos establecidos en el presente Código. Si hay una familia colombiana residente en el país o en el exterior y una extranjera, se preferirá a la familia colombiana, y si hay dos familias extranjeras una de un país no adherido a la Convención de La Haya o a otro convenio de carácter bilateral o multilateral en el mismo sentido y otra sí, se privilegiará aquella del país firmante del convenio respectivo.

ART. 73.—Programa de adopción. Por programa de adopción se entiende el conjunto de actividades tendientes a restablecer el derecho del niño, niña o adolescente a tener una familia.

El Instituto Colombiano de Bienestar Familiar a través del Comité de Adopción en cada Regional y Agencia y las Instituciones Autorizadas por este para desarrollar el Programa de adopción a través de su Comité de Adopción serán la instancia responsable de la selección de las familias colombianas y extranjeras adoptantes y de la asignación de los niños, niñas y adolescentes adoptables.

En la asignación de familia que realice el Comité de Adopción, se dará prelación a las familias colombianas de conformidad con lo establecido en el artículo 71 de este código. El incumplimiento de esta norma dará lugar a las sanciones disciplinarias del caso e invalidará la citada asignación.

PAR. 1º—Las Instituciones Autorizadas para desarrollar el Programa de Adopción garantizarán plenamente los derechos de los niños, niñas y adolescentes susceptibles de ser adoptados, mientras permanezcan bajo su cuidado y no podrán entregarlos a persona alguna sin el cumplimiento de los requisitos establecidos en el presente código.

PAR. 2º—Integración de los comités de adopciones. Los comités de adopciones del ICBF y de las instituciones autorizadas, estarán integrados por el Director Regional del ICBF o su delegado, el director de la institución o su delegado, un trabajador social, un psicólogo y por las demás personas que designen, según sea el caso, el ICBF o las juntas directivas de las instituciones.

PAR. 3º—Los requisitos de acreditación para agencias o instituciones que presten servicios de adopción internacional deberán incluir la presentación de pruebas que indiquen una sólida situación financiera y un sistema efectivo de control financiero interno, así como auditoría externa. Se exigirá a estas entidades que mantengan estados contables, para ser sometidas a supervisión de la autoridad, incluyendo una declaración detallada de los costes y gastos promedio asociados a las distintas categorías de adopciones.

La información concerniente a los costes, gastos y honorarios que cobren las agencias o instituciones por la provisión de servicios de adopción internacional deberá ser puesta a disposición del público.

ART. 74.—Prohibición de pago. Ni el Instituto Colombiano de Bienestar Familiar ni las instituciones autorizadas por este para desarrollar el programa de adopción, podrán cobrar directa o indirectamente retribución alguna por la entrega de un niño, niña o adolescente para ser adoptado. En ningún caso podrá darse recompensa a los padres por la entrega que hagan de sus hijos para ser dados en adopción ni ejercer sobre ellos presión alguna para obtener su consentimiento. Tampoco podrán recibir donaciones de familias adoptantes previamente a la adopción.

Quedan absolutamente prohibidas las donaciones de personas naturales o instituciones extranjeras a las instituciones colombianas como retribución por la entrega de niños, niñas o adolescentes en adopción.

PAR.—Sin perjuicio de las acciones penales a que haya lugar, el incumplimiento de esta disposición acarreará la destitución del funcionario infractor, o la cancelación de la autorización para adelantar el programa de adopción si el hecho se hubiere cometido por una institución autorizada.

ART. 80.—Calidades para ser defensor de familia. Para ser Defensor de Familia se requieren las siguientes calidades:

1. Ser abogado en ejercicio y con tarjeta profesional vigente.

2. No tener antecedentes penales ni disciplinarios.

3. Acreditar título de posgrado en Derecho de Familia, Derecho Civil, Derecho Administrativo, Derecho Constitucional, Derecho Procesal, Derechos Humanos, o en Ciencias Sociales siempre y cuando en este último caso el estudio de la familia sea un componente curricular del programa.

ART. 82.—Funciones del defensor de familia. Corresponde al defensor de familia:

(…).

5. Dictar las medidas de restablecimiento de los derechos para los niños y las niñas menores de catorce (14) años que cometan delitos.

(…).

ART. 89.—Funciones de la policía nacional para garantizar los derechos de los niños, las niñas y los adolescentes. Sin perjuicio de las funciones atribuidas en otras leyes en relación con los derechos de los niños, las niñas y los adolescentes, la Policía Nacional y en especial la Policía de Infancia y Adolescencia, tendrán las siguientes funciones:

(…).

10. Brindar apoyo a las autoridades judiciales, los Defensores y Comisarios de Familia, Personeros Municipales e Inspectores de Policía en las acciones de policía y protección de los niños, las niñas y los adolescentes y de su familia, y trasladarlos cuando sea procedente, a los hogares de paso o a los lugares en donde se desarrollen los programas de atención especializada de acuerdo con la orden emitida por estas autoridades. Es obligación de los centros de atención especializada recibir a los niños, las niñas o los adolescentes que sean conducidos por la Policía.

(…).

ART. 95.—El ministerio público. El Ministerio Público está integrado por la Procuraduría General de la Nación, la Defensoría del Pueblo, y las personerías distritales y municipales, y tendrán a su cargo, además de las señaladas en la Constitución Política y en la ley, las siguientes funciones:

(…).

4. Hacer las observaciones y recomendaciones a las autoridades y a los particulares en caso de amenaza o violación de los derechos humanos de los niños, las niñas y los adolescentes.

(…).

ART. 96.—Autoridades competentes. Corresponde a los defensores de familia y comisarios de familia procurar y promover la realización y restablecimiento de los derechos reconocidos en los tratados internacionales, en la Constitución Política y en el presente código.

El seguimiento de las medidas de protección o de restablecimiento adoptadas por los defensores y comisarios de familia estará a cargo del respectivo coordinador del centro zonal del Instituto Colombiano de Bienestar Familiar.

ART. 98.—Competencia subsidiaria. En los municipios donde no haya Defensor de Familia, las funciones que este código le atribuye serán cumplidas por el comisario de familia. En ausencia de este último, las funciones asignadas al defensor y al comisario de familia corresponderán al inspector de policía.

La declaratoria de adoptabilidad del niño, niña o adolescente corresponde exclusivamente al defensor de familia.

ART. 99.—Iniciación de la actuación administrativa. El representante legal del niño, niña o adolescente, o la persona que lo tenga bajo su cuidado o custodia, podrá solicitar, ante el defensor o comisario de familia o en su defecto ante el inspector de policía, la protección de los derechos de aquel. También podrá hacerlo directamente el niño, niña o adolescente.

Cuando el defensor o el comisario de familia o, en su caso, el inspector de policía tenga conocimiento de la inobservancia, vulneración o amenaza de alguno de los derechos que este Código reconoce a los niños, las niñas y los adolescentes, abrirá la respectiva investigación, siempre que sea de su competencia; en caso contrario avisará a la autoridad competente.

(…).

ART. 100.—Trámite. Cuando se trate de asuntos que puedan conciliarse, el defensor o el comisario de familia o, en su caso, el inspector de policía citará a las partes, por el medio más expedito, a audiencia de conciliación que deberá efectuarse dentro de los diez días siguientes al conocimiento de los hechos. Si las partes concilian se levantará acta y en ella se dejará constancia de lo conciliado y de su aprobación.

Fracasado el intento de conciliación, o transcurrido el plazo previsto en el inciso anterior sin haberse realizado la audiencia, y cuando se trate de asuntos que no la admitan, el funcionario citado procederá establecer mediante resolución motivada las obligaciones de protección al menor, incluyendo la obligación provisional de alimentos, visitas y custodia.

El funcionario correrá traslado de la solicitud, por cinco días, a las demás personas interesadas o implicadas de la solicitud, para que se pronuncien y aporten las pruebas que deseen hacer valer. Vencido el traslado decretará las pruebas que estime necesarias, fijará audiencia para practicarlas con sujeción a las reglas del procedimiento civil y en ella fallará mediante resolución susceptible de reposición. Este recurso deberá interponerse verbalmente en la audiencia, por quienes asistieron en la misma, y para quienes no asistieron a la audiencia se les notificará por estado y podrán interponer el recurso, en los términos del Código de Procedimiento Civil.

Resuelto el recurso de reposición o vencido el término para interponerlo, el expediente deberá ser remitido al Juez de Familia para homologar el fallo, si dentro de los cinco días siguientes a su ejecutoria alguna de las partes o el Ministerio Público lo solicita con expresión de las razones en que se funda la inconformidad, el juez resolverá en un término no superior a 10 días.

PAR. 1º—Cuando lo estime aconsejable para la averiguación de los hechos, el defensor, el comisario de familia o, en su caso, el inspector de policía, podrán ordenar que el equipo técnico interdisciplinario de la defensoría o de la comisaría, o alguno de sus integrantes, rinda dictamen pericial.

PAR. 2º—E todo caso, la actuación administrativa deberá resolverse dentro de los cuatro meses siguientes a la fecha de la presentación de la solicitud o a la apertura oficiosa de la investigación, y el recurso de reposición que contra el fallo se presente deberá ser resuelto dentro de los diez días siguientes al vencimiento del término para interponerlo. Vencido el término para fallar o para resolver el recurso de reposición sin haberse emitido la decisión correspondiente, la autoridad administrativa perderá competencia para seguir conociendo del asunto y remitirá inmediatamente el expediente al juez de familia para que, de oficio, adelante la actuación o el proceso respectivo. Cuando el Juez reciba el expediente deberá informarlo a la Procuraduría General de la Nación para que se promueva la investigación disciplinaria a que haya lugar.

Excepcionalmente y por solicitud razonada del defensor, el comisario de familia o, en su caso, el inspector de policía, el director regional podrá ampliar el término para fallar la actuación administrativa hasta por dos meses más, contados a partir del vencimiento de los cuatro meses iniciales, sin que exista en ningún caso nueva prórroga.

ART. 104.—Comisión y poder de investigación. Con miras a la protección de los derechos reconocidos en este código, los defensores de familia, el comisario o, en su defecto, el inspector de policía podrán comisionar a las autoridades administrativas que cumplan funciones de policía judicial, para la práctica de pruebas fuera de su sede, en la forma prevista en el Código de Procedimiento Civil.

Con el mismo propósito los citados funcionarios también podrán solicitar información al respectivo pagador y a la Dirección de Impuestos Nacionales sobre la solvencia de las personas obligadas a suministrar alimentos.

PAR.—El defensor, el comisario de familia o, en su caso, el inspector de policía podrán sancionar con multa de uno a tres salarios mínimos legales mensuales vigentes, a los particulares que rehúsen o retarden el trámite de las solicitudes formuladas en ejercicio de las funciones que esta ley les atribuye. Si el renuente fuere servidor público, además se dará aviso al respectivo superior y a la Procuraduría General de la Nación.

ART. 109.—Reconocimiento de paternidad. Cuando el padre extramatrimonial reconozca, ante el defensor, el comisario de familia o el inspector de policía, la paternidad de un niño, una niña o un adolescente, se levantará acta y se ordenará su inscripción en el registro del estado civil.

ART. 111.—Alimentos. Para la fijación de cuota alimentaria se observarán las siguientes reglas:

(…).

5. El procedimiento para la fijación de la cuota alimentaria será el especial previsto actualmente en el Decreto 2737 de 1989.

ART. 129.—Alimentos. En el auto que corre traslado de la demanda o del informe del defensor de familia, el juez fijará cuota provisional de alimentos, siempre que haya prueba del vínculo que origina la obligación alimentaria. Si no tiene la prueba sobre la solvencia económica del alimentante, el juez podrá establecerlo tomando en cuenta su patrimonio, posición social, costumbres y en general todos los antecedentes y circunstancias que sirvan para evaluar su capacidad económica. En todo caso se presumirá que devenga al menos el salario mínimo legal.

La sentencia podrá disponer que los alimentos se paguen y aseguren mediante la constitución de un capital cuya renta los satisfaga. En tal caso, si el obligado no cumple la orden dentro de los diez días hábiles siguientes, el juez procederá en la forma indicada en el inciso siguiente.

El juez deberá adoptar las medidas necesarias para que el obligado cumpla lo dispuesto en el auto que fije la cuota provisional de alimentos, en la conciliación o en la sentencia que los señale. Con dicho fin decretará embargo, secuestro, avalúo y remate de los bienes o derechos de aquel, los cuales se practicarán con sujeción a las reglas del proceso ejecutivo.

El embargo se levantará si el obligado paga las cuotas atrasadas y presta caución que garantice el pago de las cuotas correspondientes a los dos años siguientes.

Cuando se trate de arreglo privado o de conciliación extrajudicial, con la copia de aquel o del acta de la diligencia el interesado podrá adelantar proceso ejecutivo ante el juez de familia para el cobro de las cuotas vencidas y las que en lo sucesivo se causen.

Cuando se tenga información de que el obligado a suministrar alimentos ha incurrido en mora de pagar la cuota alimentaria por más de un mes, el juez que conozca o haya conocido del proceso de alimentos o el que adelante el ejecutivo dará aviso al Departamento Administrativo de Seguridad ordenando impedirle la salida del país hasta tanto preste garantía suficiente del cumplimiento de la obligación alimentaría y será reportado a las centrales de riesgo.

La cuota alimentaria fijada en providencia judicial, en audiencia de conciliación o en acuerdo privado se entenderá reajustada a partir del 1º de enero siguiente y anualmente en la misma fecha, en porcentaje igual al índice de precios al consumidor, sin perjuicio de que el juez, o las partes de común acuerdo, establezcan otra fórmula de reajuste periódico.

Con todo, cuando haya variado la capacidad económica del alimentante o las necesidades del alimentario, las partes de común acuerdo podrán modificar la cuota alimentaria, y cualquiera de ellas podrá pedirle al juez su modificación. En este último caso el interesado deberá aportar con la demanda por lo menos una copia informal de la providencia, del acta de conciliación o del acuerdo privado en que haya sido señalada.

Mientras el deudor no cumpla o se allane a cumplir la obligación alimentaria que tenga respecto del niño, niña o adolescente, no será escuchado en la reclamación de su custodia y cuidado personal ni en ejercicio de otros derechos sobre él o ella.

Lo dispuesto en este artículo se aplicará también al ofrecimiento de alimentos a niños, niñas o adolescentes.

El incumplimiento de la obligación alimentaria genera responsabilidad penal.

ART. 130.—Medidas especiales para el cumplimiento de la obligación alimentaria. Sin perjuicio de las garantías de cumplimiento de cualquier clase que convengan las partes o establezcan las leyes, el juez tomará las siguientes medidas durante el proceso o en la sentencia, tendientes a asegurar la oportuna satisfacción de la obligación alimentaria:

1. Cuando el obligado a suministrar alimentos fuere asalariado, el Juez podrá ordenar al respectivo pagador o al patrono descontar y consignar a órdenes del juzgado, hasta el cincuenta por ciento (50%) de lo que legalmente compone el salario mensual del demandado, y hasta el mismo porcentaje de sus prestaciones sociales, luego de las deducciones de ley. El incumplimiento de la orden anterior, hace al empleador o al pagador en su caso, responsable solidario de las cantidades no descontadas. Para estos efectos, previo incidente dentro del mismo proceso, en contra de aquel o de este se extenderá la orden de pago.

2. Cuando no sea posible el embargo del salario y de las prestaciones, pero se demuestre el derecho de dominio sobre bienes muebles o inmuebles, o la titularidad sobre bienes o derechos patrimoniales de cualquier otra naturaleza, en cabeza del demandado, el juez podrá decretar medidas cautelares sobre ellos, en cantidad suficiente para garantizar el pago de la obligación y hasta el cincuenta por ciento (50%) de los frutos que produzcan. Del embargo y secuestro quedarán excluidos los útiles e implementos de trabajo de la persona llamada a cumplir con la obligación alimentaria.

ART. 131.—Acumulación de procesos de alimentos. Si los bienes de la persona obligada o sus ingresos se hallaren embargados por virtud de una acción anterior fundada en alimentos o afectos al cumplimiento de una sentencia de alimentos, el juez, de oficio o a solicitud de parte, al tener conocimiento del hecho en un proceso concurrente, asumirá el conocimiento de los distintos procesos para el sólo efecto de señalar la cuantía de las varias pensiones alimentarias, tomando en cuenta las condiciones del alimentante y las necesidades de los diferentes alimentarios.

ART. 132.—Continuidad de la obligación alimentaria. Cuando a los padres se imponga la sanción de suspensión o pérdida de la patria potestad, no por ello cesará la obligación alimentaria. Esta obligación termina cuando el niño, la niña o el adolescente es entregado en adopción.

ART. 133.—Prohibiciones en relación con los alimentos. El derecho de pedir alimentos no puede transmitirse por causa de muerte, ni venderse o cederse de modo alguno, ni renunciarse. El que debe alimentos no puede oponer al demandante en compensación lo que el demandante le deba a él.

No obstante lo anterior, las pensiones alimentarias atrasadas podrán renunciarse o compensarse y el derecho de demandarlas transmitirse por causa de muerte, venderse o cederse, con autorización judicial, sin perjuicio de la prescripción que compete alegar al deudor.

ART. 134.—Prelación de los créditos por alimentos. Los créditos por alimentos a favor de los niños, las niñas y los adolescentes gozan de prelación sobre todos los demás.

ART 142.—Exclusión de la responsabilidad penal para adolescentes. Sin perjuicio de la responsabilidad civil de los padres o representantes legales, así como la responsabilidad penal consagrada en el numeral 2º del artículo 25 del Código Penal, las personas menores de catorce (14) años, no serán juzgadas ni declaradas responsables penalmente, privadas de libertad, bajo denuncia o sindicación de haber cometido una conducta punible. La persona menor de catorce (14) años deberá ser entregada inmediatamente por la policía de infancia y adolescencia ante la autoridad competente para la verificación de la garantía de sus derechos de acuerdo con lo establecido en esta ley. La policía procederá a su identificación y a la recolección de los datos de la conducta punible.

Tampoco serán juzgadas, declaradas penalmente responsables ni sometidas a sanciones penales las personas mayores de catorce (14) y menores de dieciocho (18) años con discapacidad psíquico o mental, pero se les aplicará la respectiva medida de seguridad. Estas situaciones deben probarse debidamente en el proceso, siempre y cuando la conducta punible guarde relación con la discapacidad.

ART. 143.—Niños y niñas menores de catorce (14) años. Cuando una persona menor de catorce (14) años incurra en la comisión de un delito sólo se le aplicarán medidas de verificación de la garantía de derechos, de su restablecimiento y deberán vincularse a procesos de educación y de protección dentro del sistema nacional de bienestar familiar, los cuales observarán todas las garantías propias del debido proceso y el derecho de defensa.

Si un niño o niña o un adolescente menor de catorce (14) años es sorprendido en flagrancia por una autoridad de policía, esta lo pondrá inmediatamente o a más tardar en el término de la distancia a disposición de las autoridades competentes de protección y restablecimiento de derechos. Si es un particular quien lo sorprende, deberá ponerlo de inmediato a disposición de la autoridad policial para que esta proceda en la misma forma.

PAR. 1º—Cuando del resultado de una investigación o juicio surjan serias evidencias de la concurrencia de un niño o niña o un adolescente menor de catorce (14) años en la comisión de un delito, se remitirá copia de lo pertinente a las autoridades competentes de protección y restablecimiento de derechos.

PAR. 2º—El ICBF establecerá los lineamientos técnicos para los programas especiales de protección y restablecimiento de derechos, destinados a la atención de los niños, niñas o adolescentes menores de catorce (14) años que han cometido delitos.

ART. 144.—Procedimiento aplicable. Salvo las reglas especiales de procedimiento definidas en el presente libro, el procedimiento del sistema de responsabilidad penal para adolescentes se regirá por las normas consagradas en la Ley 906 de 2004 (Sistema Penal Acusatorio), exceptuando aquellas que sean contrarias al interés superior del adolescente.

ART. 147.—Audiencias en el sistema de responsabilidad penal para adolescentes. Las audiencias que se surtan en el proceso de responsabilidad penal para adolescentes, ante los jueces de control de garantías y ante los jueces de conocimiento, serán cerradas al público si el juez considera que la publicidad del procedimiento expone a un daño psicológico al niño, niña o adolescente. Cuando así lo disponga, en ellas solamente podrán intervenir los sujetos procesales.

ART. 148.—Carácter especializado. La aplicación de esta ley tanto en el proceso como en la ejecución de medidas por responsabilidad penal para adolescentes, estará a cargo de autoridades y órganos especializados en materia de infancia y adolescencia.

PAR.—Para el cumplimiento de las medidas de restablecimiento de derechos de los menores de 14 años y ejecución de sanciones impuestas a los adolescentes de 14 a 16 años y de 16 a 18 años que cometan delitos, el ICBF diseñará los lineamientos de los programas especializados en los que tendrán prevalencia los principios de política pública de fortalecimiento a la familia de conformidad con la Constitución Política y los Tratados, Convenios y Reglas Internacionales que rigen la materia.

ART. 150.—Práctica de testimonios. Los niños, las niñas y los adolescentes podrán ser citados como testigos en los procesos penales que se adelanten contra los adultos. Sus declaraciones solo las podrá tomar el defensor de familia con cuestionario enviado previamente por el fiscal o el juez. El defensor solo formulará las preguntas que no sean contrarias a su interés superior.

Excepcionalmente, el juez podrá intervenir en el interrogatorio del niño, la niña o el adolescente para conseguir que este responda a la pregunta que se le ha formulado o que lo haga de manera clara y precisa. Dicho interrogatorio se llevará a cabo fuera del recinto de la audiencia y en presencia del defensor de familia, siempre respetando sus derechos prevalentes.

El mismo procedimiento se adoptará para las declaraciones y entrevistas que deban ser rendidas ante la policía judicial y la Fiscalía durante las etapas de indagación o investigación.

A discreción del juez, los testimonios podrán practicarse a través de comunicación de audio video, caso en el cual no será necesaria la presencia física del niño, la niña o el adolescente.

ART. 151.—Derecho al debido proceso y a las garantías procesales. Los adolescentes que cometan delitos tienen derecho al debido proceso penal, a las garantías procesales básicas tales como: la presunción de inocencia, el derecho a ser notificado de las imputaciones, el derecho de defensa y de contradicción, el derecho al asesoramiento, el derecho a la presencia de los padres o tutores, el derecho a guardar silencio, el derecho a la confrontación con los testigos e interrogar a estos, el derecho de apelación ante autoridad superior y, las demás garantías consagradas en la Constitución, la ley y los tratados internacionales.

En todos los casos los derechos de los que goza bajo el presente sistema un adolescente autor o partícipe de una conducta punible son, como mínimo, los previstos por la Ley 906 de 2004.

ART. 157.—Prohibiciones especiales. En los procesos de responsabilidad penal para adolescentes no proceden los acuerdos entre la Fiscalía y la defensa.

Cuando el adolescente aceptare los cargos en la audiencia de legalización de la aprehensión o de imputación se procederá a remitir el asunto al juez de conocimiento para que fije la fecha para la audiencia de imposición de la sanción. El juez instará a la defensoría de familia para que proceda al estudio de la situación familiar, económica, social, sicológica y cultural del adolescente y rinda el informe en dicha audiencia.

El juez al proceder a seleccionar la sanción a imponer tendrá en cuenta la aceptación de cargos por el adolescente, y durante la ejecución de la sanción será un factor a considerar para la modificación de la misma.

ART. 158.—Prohibición de juzgamiento en ausencia. Los adolescentes sometidos a procesos judiciales por responsabilidad penal no serán juzgados en su ausencia. En caso de no lograrse su comparecencia se continuará la investigación y el defensor público o apoderado asumirá plenamente su defensa hasta la acusación o la preclusión. Si hay acusación, se notificará al defensor público o apoderado y al defensor de familia. El proceso se suspenderá mientras se logra la comparecencia del procesado. En estos eventos la prescripción de la acción penal se aumentará en una tercera parte.

ART. 162.—Separación de los adolescentes privados de la libertad. La privación de la libertad de adolescentes, en los casos que proceda, se cumplirá en establecimientos de atención especializada en programas del sistema nacional de bienestar familiar siempre separados de los adultos.

En tanto no existan establecimientos especiales separados de los adultos para recluir a los adolescentes privados de la libertad, el funcionario judicial procederá a otorgarles, libertad provisional o la detención domiciliaria.

ART. 163.—Integración. Forman parte del sistema de responsabilidad penal para adolescentes:

1. Los fiscales delegados ante los jueces penales para adolescentes, quienes se ocuparán de la dirección de las investigaciones en las cuales se encuentren presuntamente comprometidos adolescentes, como autores o partícipes de conductas delictivas.

2. Los jueces penales para adolescentes, promiscuos de familia y los municipales quienes adelantarán las actuaciones y funciones judiciales que les asigna la ley.

3. Las salas penales y de familia de los tribunales superiores de distrito judicial que integrarán la Sala de Asuntos Penales para adolescentes en los mismos tribunales, ante quienes se surtirá la segunda instancia.

4. La Corte Suprema de Justicia, Sala de Casación Penal, ante la cual se tramitará el recurso extraordinario de casación, y la acción de revisión.

5. La policía judicial y el cuerpo técnico especializados adscritos a la Fiscalía delegada ante los jueces Penales para adolescentes y Promiscuos de Familia.

6. La Policía Nacional con su personal especializado quien deberá apoyar las acciones de las autoridades judiciales y entidades del sistema.

7. Los defensores públicos del sistema nacional de defensoría pública de la Defensoría del Pueblo, quienes deben asumir la defensa técnica del proceso, cuando el niño, niña o adolescente carezca de apoderado.

8. Las defensorías de familia del Instituto Colombiano de Bienestar Familiar, y las comisarías de familia, o los inspectores de policía, cuando deban tomar las medidas para la verificación de la garantía de derechos, y las medidas para su restablecimiento.

9. El Instituto Colombiano de Bienestar Familiar quien responderá por los lineamientos técnicos para la ejecución de las medidas pedagógicas dispuestas en este libro.

10. Las demás Instituciones que formen parte del sistema nacional de bienestar familiar.

PAR. 1º—Cada responsable de las entidades que integran el Sistema de Responsabilidad Penal para adolescentes deberá garantizar la provisión o asignación de los cargos que se requieran para su funcionamiento y la especialización del personal correspondiente.

PAR. 2º—La designación de quienes conforman el sistema de responsabilidad penal para adolescentes deberá recaer en personas que demuestren conocimiento calificado de derecho penal, y de infancia y familia, y de las normas internas e internacionales relativas a derechos humanos.

PAR. 3º—Los equipos que desarrollan programas especializados, brindarán a las autoridades judiciales apoyo y asesoría sobre el proceso de cada uno de los adolescentes que están vinculados a estos programas, informando los progresos y necesidades que presenten.

ART. 165.—Competencia de los jueces penales para adolescentes. Los jueces penales para adolescentes conocerán del juzgamiento de las personas menores de dieciocho (18) años y mayores de catorce (14) años acusadas de violar la ley penal. Igualmente conocerán de la función de control de garantías en procesos de responsabilidad penal para adolescentes que no sean de su conocimiento.

ART. 170.—Incidente de reparación. Los padres, o representantes legales, son solidariamente responsables, y en tal calidad, deberán ser citados o acudir al incidente de reparación a solicitud de la víctima del condenado o su defensor. Esta citación deberá realizarse en la audiencia que abra el trámite del incidente.

ART. 179.—Criterios para la definición de las sanciones. Para definir las sanciones aplicables se deberá tener en cuenta:

1. La naturaleza y gravedad de los hechos.

2. La proporcionalidad e idoneidad de la sanción atendidas las circunstancias y gravedad de los hechos; las circunstancias y necesidades del adolescente y las necesidades de la sociedad.

3. La edad del adolescente.

4. La aceptación de cargos por el adolescente.

5. El incumplimiento de los compromisos adquiridos con el Juez.

6. El incumplimiento de las sanciones.

PAR. 1º—Al computar la privación de la libertad en centro de atención especializada, la autoridad judicial deberá descontar el periodo de internamiento preventivo al que haya sido sometido el adolescente.

PAR. 2º—Los adolescentes entre 14 y 18 años que incumplan cualquiera de las sanciones previstas en este Código, terminarán el tiempo de sanción en internamiento.

El incumplimiento por parte del adolescente del compromiso de no volver a infringir la ley penal, ocasionará la imposición de la sanción de privación de libertad por parte del juez.

ART. 180.—Derechos de los adolescentes durante la ejecución de las sanciones. Durante la ejecución de las sanciones, el adolescente tiene los siguientes derechos, además de los consagrados en la Constitución Política y en el presente código:

(…).

4. Comunicarse reservadamente con su apoderado o defensor público, con el defensor de familia, con el fiscal y con la autoridad judicial.

(…).

ART. 187.—La privación de la libertad. La privación de la libertad en centro de atención especializada se aplicará a los adolescentes mayores de dieciséis (16) y menores de dieciocho (18) años que sean hallados responsables de la comisión de delitos cuya pena mínima establecida en el Código Penal sea o exceda de (6) años de prisión. En estos casos, la privación de libertad en centro de atención especializada tendrá una duración de uno (1) hasta cinco (5) años.

En los casos en que los adolescentes mayores de catorce (14) y menores de dieciocho (18) años sean hallados responsables de homicidio doloso, secuestro o extorsión, en todas sus modalidades, la privación de la libertad en centro de atención especializada tendrá una duración de dos (2) hasta ocho (8) años.

Parte de la sanción impuesta podrá ser sustituida por el establecimiento de presentaciones periódicas, servicios a la comunidad, el compromiso de no volver a delinquir y guardar buen comportamiento, por el tiempo que fije el juez. El incumplimiento de estos compromisos acarreará la pérdida de estos beneficios y el cumplimiento del resto de la sanción inicialmente impuesta bajo privación de libertad.

PAR.—Si estando vigente la sanción de privación de la libertad el adolescente cumpliere los dieciocho (18) años, esta podrá continuar hasta que este cumpla los veintiún (21) años. En ningún caso esta sanción podrá cumplirse en sitios destinados a infractores mayores de edad.

Los centros de atención especializada tendrán una atención diferencial entre los adolescentes menores de dieciocho (18) años y aquellos que alcanzaron su mayoría de edad y deben continuar con el cumplimiento de la sanción. Esta atención deberá incluir su separación física al interior del centro.

ART. 189.—Imposición de la sanción. Concluidos los alegatos de los intervinientes en la audiencia del juicio oral el juez declarará si hay lugar o no a la imposición de medida de protección, citará a audiencia para la imposición de la sanción a la cual deberá asistir la defensoría de familia para presentar un estudio que contendrá por lo menos los siguientes aspectos: Situación familiar, económica, social, psicológica y cultural del adolescente y cualquier otra materia que a juicio del funcionario sea de relevancia para imposición de la sanción. Escuchada la defensoría de familia el juez impondrá la sanción que corresponda.

Las sanciones se impondrán en la audiencia de juicio oral que debe ser continua y privada, so pena de nulidad. Si la audiencia de juicio no puede realizarse en una sola jornada, continuará durante todas las audiencias consecutivas que fueren necesarias hasta su conclusión. Se podrá suspender por un plazo máximo de 10 días hábiles y la interrupción por más tiempo conlleva a la nueva realización del debate desde su inicio.

ART. 190.—Sanción para contravenciones de policía cometidas por adolescentes. Las contravenciones de policía cometidas por adolescentes serán sancionadas de la siguiente manera:

Será competente para conocer el proceso y sancionar el comisario de familia del lugar donde se cometió la contravención o en su defecto el alcalde municipal.

Cuando la contravención dé lugar a sanciones pecuniarias, estas serán impuestas a quien tenga la patria potestad o la custodia y este será responsable de su pago, el cual podrá hacerse efectivo por jurisdicción coactiva.

Las contravenciones de tránsito cometidas por adolescentes entre los 15 y los 18 años serán sancionadas por los comisarios de familia o en su defecto por el alcalde municipal.

Para la sanción de contravenciones cometidas por adolescentes se seguirán los mismos procedimientos establecidos para los mayores de edad, siempre que sean compatibles con los principios de este código y especialmente con los contemplados en el presente título.

ART. 191.—Detención en flagrancia. El adolescente sorprendido en flagrancia será conducido de inmediato ante el fiscal delegado para la autoridad judicial, quien dentro de las 36 horas siguientes lo presentará al juez de control de garantías y le expondrá cómo se produjo la aprehensión. Por solicitud del fiscal, la cual contendrá la acusación, el juez de control de garantías enviará la actuación al juez de conocimiento para que este cite a audiencia de juicio oral dentro de los 10 días hábiles siguientes. En lo demás se seguirá el procedimiento penal vigente, con las reglas especiales del proceso para adolescentes establecidas en el presente libro.

ART. 193.—Criterios para el desarrollo del proceso judicial de delitos en los cuales son víctimas los niños, las niñas y los adolescentes víctimas de los delitos. Con el fin de hacer efectivos los principios previstos en el artículo anterior y garantizar el restablecimiento de los derechos, en los procesos por delitos en los cuales sean víctimas los niños, las niñas y los adolescentes la autoridad judicial tendrá en cuenta los siguientes criterios específicos:

(…).

6. Se abstendrá de aplicar el principio de oportunidad y la condena de ejecución condicional cuando los niños, las niñas o los adolescentes sean víctimas del delito, a menos que aparezca demostrado que fueron indemnizados.

(…).

8. Tendrá en cuenta la opinión de los niños, las niñas y los adolescentes víctimas de delitos en los reconocimientos médicos que deban practicárseles. Cuando no la puedan expresar, el consentimiento lo darán sus padres, representantes legales o en su defecto el defensor de familia o la comisaría de familia y a falta de estos, el personero o el i nspector de familia. Si por alguna razón no la prestaren, se les explicará la importancia que tiene para la investigación y las consecuencias probables que se derivarían de la imposibilidad de practicarlos. De perseverar en su negativa se acudirá al juez de control de garantías quien decidirá si la medida debe o no practicarse. Las medidas se practicarán siempre que sean estrictamente necesarias y cuando no representen peligro de menoscabo para la salud del adolescente.

(…).

ART. 204.—Responsables de las políticas públicas de infancia y adolescencia. Son responsables del diseño, la ejecución y la evaluación de las políticas públicas de infancia y adolescencia en los ámbitos nacional, departamental, distrital y municipal, el Presidente de la República, los gobernadores y los alcaldes. Su incumplimiento será sancionado disciplinariamente como causal de mala conducta. La responsabilidad es indelegable y conlleva a la rendición pública de cuentas.

En el nivel territorial se deberá contar con una política pública diferencial y prioritaria de infancia y adolescencia que propicie la articulación entre los concejos municipales, asambleas y Congreso Nacional, para garantizar la definición y asignación de los recursos para la ejecución de la política pública propuesta.

El Departamento Nacional de Planeación, el Ministerio de la Protección Social y el Ministerio de Educación, con la asesoría técnica del ICBF deberá diseñar los lineamientos técnicos mínimos que deberán contener los planes de desarrollo, en materia de infancia y adolescencia teniendo en cuenta el ciclo de vida, el enfoque de garantía y restablecimiento de derechos.

El gobernador y el alcalde, dentro de los primeros cuatro (4) meses de su mandato, realizarán el diagnóstico de la situación de la niñez y la adolescencia en su departamento y municipio, con el fin de establecer las problemáticas prioritarias que deberán atender en su plan de desarrollo, así como determinar las estrategias a corto, mediano y largo plazo que se implementarán para ello.

Las asambleas y concejos para aprobar el plan de desarrollo e inversión deberán verificar que este se corresponda con los resultados del diagnóstico realizado. Para esto requerirán al gobernador y al alcalde, para que lo den a conocer antes del debate de aprobación del plan de desarrollo.

PAR.—La totalidad de los excedentes financieros derivados de la gestión del ICBF se aplicará a la financiación de las políticas públicas de infancia y adolescencia definidas en esta ley.

ART. 216.—Vigencia. La presente ley entrará en vigencia seis (6) meses después de su promulgación. Con excepción de los artículos correspondientes a la ejecución del sistema de responsabilidad penal para adolescentes, los cuales se implementarán de manera gradual en el territorio nacional empezando el primero de enero de 2007 hasta su realización total el 31 de diciembre de 2009.

El artículo 199 relativo a los beneficios y mecanismos sustitutivos entrará en vigencia a partir de la promulgación de la presente ley.

PAR.—La Fiscalía General de la Nación realizará los estudios necesarios y tomará las medidas pertinentes para la implementación gradual del sistema de responsabilidad penal para adolescentes dentro del término señalado en esta ley.

ART. 217.—Derogatoria. El presente código deroga el Decreto 2737 de 1989 o Código del Menor a excepción de los artículos 320 a 325 y los relativos al juicio especial de alimentos los cuales quedan vigentes, también deroga las demás disposiciones que le sean contrarias.

(…)”.

VI. Consideraciones y fundamentos de la corte

Competencia

1. La Corte Constitucional es competente para conocer de la presente demanda, conforme a lo dispuesto en el artículo 241, numeral 4º, de la Constitución, por estar dirigida contra unas disposiciones que forman parte de una ley.

Consideraciones preliminares

Declaración de inhibición para adoptar decisión de fondo respecto de algunas disposiciones demandadas

2. El artículo 2º del Decreto 2067 de 1991 consagra los requisitos de las demandas en las acciones públicas de inconstitucionalidad, los cuales constituyen las condiciones mínimas para que la Corte Constitucional pueda ejercer su función general de guarda de la integridad y supremacía de la Constitución.

Entre dichos requisitos se encuentra la expresión de las razones por las cuales los textos constitucionales se estiman violados (num. 3º).

Acerca del cumplimiento de esta exigencia, la Corte Constitucional ha expresado:

3.4.2. El segundo elemento de toda demanda de inconstitucionalidad es el concepto de la violación, que supone la exposición de las razones por las cuales el actor considera que el contenido de una norma constitucional resulta vulnerado por las disposiciones que son objeto de la demanda. En este orden de ideas, al ciudadano le corresponderá (i) hacer “el señalamiento de las normas constitucionales que se consideren infringidas” (D. 2067/91, art. 2º, num. 2º), pues “si bien cada ciudadano es libre de escoger la estrategia que considere conveniente para demostrar la inconstitucionalidad de un precepto (siempre y cuando respete los parámetros fijados por la Corte), considera la Corte que… el [particular] tiene el deber de concretar el o los cargos contra las disposiciones acusadas, lo que implica realizar un esfuerzo por identificar de manera relativamente clara las normas constitucionales violadas” (1) . Este señalamiento supone, además, (ii) la exposición del contenido normativo de las disposiciones constitucionales que riñe con las normas demandadas, es decir, manifestar qué elementos materiales del texto constitucional son relevantes y resultan vulnerados por las disposiciones legales que se impugnan (2) . No basta, pues, con que el demandante se limite a transcribir la norma constitucional o a recordar su contenido.

Finalmente, (iii) tendrán que presentarse las razones por las cuales los textos normativos demandados violan la Constitución (D. 2067/2000, art. 2º num. 3º). Esta es una materia que ya ha sido objeto de análisis por parte de la Corte Constitucional y en la que se revela buena parte de la efectividad de la acción pública de inconstitucionalidad como forma de control del poder público. La efectividad del derecho político depende, como lo ha dicho esta Corporación, de que las razones presentadas por el actor sean claras, ciertas, específicas, pertinentes y suficientes (3) . De lo contrario, la Corte terminará inhibiéndose, circunstancia que frustra “la expectativa legítima de los demandantes de recibir un pronunciamiento de fondo por parte de la Corte Constitucional” (4) .

La claridad de la demanda es un requisito indispensable para establecer la conducencia del concepto de la violación, pues aunque “el carácter popular de la acción de inconstitucionalidad, [por regla general], releva al ciudadano que la ejerce de hacer una exposición erudita y técnica sobre las razones de oposición entre la norma que acusa y el estatuto fundamental” (5) , no lo excusa del deber de seguir un hilo conductor en la argumentación que permita al lector comprender el contenido de su demanda y las justificaciones en las que se basa.

Adicionalmente, las razones que respaldan los cargos de inconstitucionalidad sean ciertas significa que la demanda recaiga sobre una proposición jurídica real y existente (6) “y no simplemente [sobre una] deducida por el actor, o implícita” (7) e incluso sobre otras normas vigentes que, en todo caso, no son el objeto concreto de la demanda (8) . Así, el ejercicio de la acción pública de inconstitucionalidad supone la confrontación del texto constitucional con una norma legal que tiene un contenido verificable a partir de la interpretación de su propio texto; “esa técnica de control difiere, entonces, de aquella [otra] encaminada a establecer proposiciones inexistentes, que no han sido suministradas por el legislador, para pretender deducir la inconstitucionalidad de las mismas cuando del texto normativo no se desprenden” (9) .

De otra parte, las razones son específicas si definen con claridad la manera como la disposición acusada desconoce o vulnera la Carta Política a través “de la formulación de por lo menos un cargo constitucional concreto contra la norma demandada” (10) . El juicio de constitucionalidad se fundamenta en la necesidad de establecer si realmente existe una oposición objetiva y verificable entre el contenido de la ley y el texto de la Constitución Política, resultando inadmisible que se deba resolver sobre su inexequibilidad a partir de argumentos “vagos, indeterminados, indirectos, abstractos y globales” (11) que no se relacionan concreta y directamente con las disposiciones que se acusan. Sin duda, esta omisión de concretar la acusación impide que se desarrolle la discusión propia del juicio de constitucionalidad (12) .

La pertinencia también es un elemento esencial de las razones que se exponen en la demanda de inconstitucionalidad. Esto quiere decir que el reproche formulado por el peticionario debe ser de naturaleza constitucional, es decir, fundado en la apreciación del contenido de una norma Superior que se expone y se enfrenta al precepto demandado. En este orden de ideas, son inaceptables los argumentos que se formulan a partir de consideraciones puramente legales (13) y doctrinarias (14) , o aquellos otros que se limitan a expresar puntos de vista subjetivos en los que “el demandante en realidad no está acusando el contenido de la norma sino que está utilizando la acción pública para resolver un problema particular, como podría ser la indebida aplicación de la disposición en un caso específico” (15) ; tampoco prosperarán las acusaciones que fundan el reparo contra la norma demandada en un análisis de conveniencia (16) , calificándola “de inocua, innecesaria, o reiterativa” (17) a partir de una valoración parcial de sus efectos.

Finalmente, la suficiencia que se predica de las razones de la demanda de inconstitucionalidad guarda relación, en primer lugar, con la exposición de todos los elementos de juicio (argumentativos y probatorios) necesarios para iniciar el estudio de constitucionalidad respecto del precepto objeto de reproche; así, por ejemplo, cuando se estime que el trámite impuesto por la Constitución para la expedición del acto demandado ha sido quebrantado, se tendrá que referir de qué procedimiento se trata y en qué consistió su vulneración (D. 2067/91, art. 2º, num. 4º), circunstancia que supone una referencia mínima a los hechos que ilustre a la Corte sobre la fundamentación de tales asertos, así no se aporten todas las pruebas y estas sean tan solo pedidas por el demandante. Por otra parte, la suficiencia del razonamiento apela directamente al alcance persuasivo de la demanda, esto es, a la presentación de argumentos que, aunque no logren prima facie convencer al magistrado de que la norma es contraria a la Constitución, si despiertan una duda mínima sobre la constitucionalidad de la norma impugnada, de tal manera que inicia realmente un proceso dirigido a desvirtuar la presunción de constitucionalidad que ampara a toda norma legal y hace necesario un pronunciamiento por parte de la Corte Constitucional” (18) .

3. En el presente asunto no se cumplen los anteriores requisitos en la formulación de los cargos de inconstitucionalidad contra varias de las disposiciones demandadas, como se expone a continuación:

3.1. El cargo contra un aparte del artículo 15 de la Ley 1098 de 2006, argumentando que infringe los artículos 2º, 13, 28, 29, 44 y 45 de la Constitución, por obligar supuestamente al funcionario judicial o administrativo a tener en cuenta los dictámenes de los peritos, cuando los códigos de Procedimiento Penal y de Procedimiento Civil otorgan libertad a dicho funcionario para acogerlos o no, no expresa las razones concretas por las cuales se vulneran los preceptos superiores, por lo que no es posible el examen de constitucionalidad.

3.2. El cargo contra una expresión del artículo 24 de la Ley 1098 de 2006, que contiene el concepto de alimentos, en el sentido de que reproduce el texto del artículo 133 del Código del Menor y es un contrasentido, desfavorable a los derechos prevalecientes de los menores por generar controversia, de modo que se violarían los artículos 2º, 44, 45, 133, 158 y 209 de la Constitución, no expresa las razones concretas de la infracción de estas disposiciones, por lo cual no es posible el examen de constitucionalidad.

3.3. El cargo contra la expresión “en un año de preescolar” contenida en el artículo 28 de la Ley 1098 de 2006, en el sentido de que al establecer que la educación será gratuita únicamente en un año de preescolar, y no desde el preescolar hasta el noveno grado de educación básica, contraría los artículos 44, 45 y 67, inciso 4º, de la Constitución y los artículos 28 de la Convención sobre los Derechos del Niño y 7º de la Declaración de los Derechos del Niño, que consagran el derecho de los niños a la educación, no cumple el requisito de certeza, puesto que la norma acusada claramente establece que la educación “será obligatoria por parte del Estado en un año de preescolar y nueve de educación básica” y que la misma “será gratuita en las instituciones estatales de acuerdo con los términos establecidos en la Constitución Política”. Se observa así que dicha disposición no prevé que la educación será gratuita en un año de preescolar, como lo sostiene la demanda, sino obligatoria por parte del Estado en ese año y nueve de educación básica y, por otra parte, que será gratuita en las instituciones estatales.

3.4. El cargo contra un segmento del artículo 32 de la Ley 1098 de 2006, en virtud del cual los menores adultos se entenderán habilitados para tomar aquellas decisiones propias de la actividad asociativa, siempre que no afecten negativamente su patrimonio, en el sentido de que es contrario a los artículos 2º, 44 y 45 de la Constitución, porque aunque daría facilidad a los menores adultos para actuar rápidamente en defensa de su patrimonio, podrían ser víctimas de engaños por su inmadurez física y síquica, su inexperiencia y la falta de criterios de responsabilidad, es un argumento de conveniencia, con base en el cual no procede un examen de constitucionalidad. Por tanto, el cargo no cumple el requisito de pertinencia.

De otro lado, se indica en la demanda que el texto legal impugnado fue corregido por el artículo 1º del Decreto 4011 de 2006, decreto este que fue derogado por el Decreto 578 de 2007. Se plantea que la corrección fue una modificación del texto, que el ejecutivo solo puede efectuar en ejercicio de facultades extraordinarias conforme a lo dispuesto en el artículo 150, numeral 10, de la Constitución, las cuales no fueron otorgadas.

A este respecto, debe señalarse que el artículo 1º del Decreto 4011 de 2006 no está comprendido en la demanda que es materia de estudio y, si lo estuviera, la Corte Constitucional carecería de competencia para el estudio de su constitucionalidad, de conformidad con lo previsto en el artículo 241 de la Constitución, por haber sido dictado por el Ministro del Interior y de Justicia delegatario de las funciones presidenciales en ejercicio de las facultades conferidas en el artículo 189, numeral 10, de la Constitución Política y en el artículo 45 de la Ley 4ª de 1913 y no tener por tanto el mismo fuerza de ley.

3.5. El cargo contra la expresión “los inspectores de policía” contenida en el artículo 51 de la Ley 1098 de 2006, según el cual el restablecimiento de los derechos de los niños, las niñas y los adolescentes estará a cargo de las autoridades públicas, entre las cuales se indica a los inspectores de policía, en el sentido de que es contrario a los artículos 2º, 13, 28, 29, 44, 45, 93, 94 y 228 de la Constitución y a los artículo 3º y 40 de la Convención sobre los Derechos del Niño, 24 del Pacto internacional de derechos civiles y políticos y 19 de la Convención Americana de Derechos Humanos, por no contar los inspectores de policía con la preparación y la idoneidad necesarias para ejercer esa función, no se funda en una razón jurídica, que permita confrontar la norma legal con el precepto constitucional, sino en una razón fáctica, que además no aparece demostrada, por lo cual no cumple el requisito de pertinencia.

Esta consideración es aplicable al cargo contra la misma expresión contenida en los artículos 89, numeral 10; 98, inciso 1º; 99; 100, inciso 1º y parágrafos 1º y 2º; 104, inciso 1º; 109, y 163, numeral 8º, y contra la expresión “inspector de familia” contenida en el artículo 193, numeral 8º, de la Ley 1098 de 2006.

3.6. El cargo contra las expresiones “instituciones debidamente autorizadas” e “instituciones autorizadas” por el Instituto Colombiano de Bienestar Familiar para desarrollar programas de adopción, contenidas en los artículos 62, 71, 73 y 74 de la Ley 1098 de 2006, en el sentido de que quebrantan los artículos 2º, 13, 44 y 45 de la Constitución, porque el Estado no debe permitir que entidades o personas jurídicas o naturales distintas de aquel Instituto desarrollen dichos programas e integren comités de adopción, tomando en consideración que aquellas no cuentan con los medios técnicos, humanos, pedagógicos y educativos para desempeñar esa función, no expresa las razones concretas en que se sustenta, por lo cual no es procedente el examen de constitucionalidad.

3.7. El cargo contra el numeral 5º del artículo 82 de la Ley 1098 de 2006, en el sentido de que al prever que es función del Defensor de Familia dictar las medidas de restablecimiento de los derechos para los niños y las niñas menores de catorce (14) años que cometan delitos, excluyendo a los menores de edad entre los catorce (14) y los dieciocho (18) años, cuando tales medidas deben aplicarse en forma general a todos los menores, vulnera los artículo 2º, 13, 44 y 45 de la Constitución, no expresa las razones concretas en que se sustenta, por lo cual no es procedente el examen de constitucionalidad.

3.8. Uno de los cargos contra el artículo 96, inciso 2º, de la Ley 1098 de 2006, en el sentido de que al establecer que el seguimiento de las medidas de protección o de restablecimiento de los derechos de los menores, adoptadas por los defensores y comisarios de familia, estará a cargo del respectivo coordinador del centro zonal del Instituto Colombiano de Bienestar Familiar, infringe los artículos 1º, 2º, 44, 45, 113 y 121 de la Constitución, en cuanto quienes ejercen ese cargo no tienen por lo general formación jurídica, no es de orden constitucional, o sea, no cumple el requisito de pertinencia.

3.9. El cargo contra el artículo 100, parágrafo 2º, de la Ley 1098 de 2006, en el sentido de que al disponer que el Juez de Familia, cuando reciba el expediente enviado por el Defensor de Familia o el Comisario de Familia, deberá informarlo a la Procuraduría General de la Nación para que promueva la investigación disciplinaria a que haya lugar, tal aparte crea una nueva causal disciplinaria contra los mencionados funcionarios administrativos y viola los artículo 28, 29 y 157 de la Constitución, no cumple el requisito de certeza, pues la norma sólo establece el deber de informar, a cargo del Juez de Familia, para los efectos disciplinarios a que haya lugar, y no prevé falta o sanción disciplinaria.

3.10. El cargo contra el numeral 5º del artículo 111 de la Ley 1098 de 2006, en virtud del cual el procedimiento para la fijación de la cuota alimentaria será el especial previsto actualmente en el Decreto-Ley 2737 de 1989, en el sentido de que es contrario a la Constitución por las razones expresadas en relación con los artículos 24, 129, 130, 131, 132 y 133 de la misma ley, no determina las razones de la violación, ya que los cargos acerca de estas últimas normas no tienen la fundamentación necesaria o aducen diversas razones y no es posible por tanto establecer las de este cargo.

3.11. El cargo contra el artículo 129 de la Ley 1098 de 2006, que trata de los alimentos, en el sentido de que es contrario a la Constitución porque la última parte del inciso 1º es similar al texto del artículo 155 del Código del Menor; el inciso 2º, por tener una redacción similar al texto del artículo 151 del Código del Menor; el inciso 9º, por tener una redacción igual al inciso 1º del artículo 150 del Código del Menor, con base en las razones expresadas respecto de los artículos 24, 130, 131, 132 y 133 de la misma ley, no expresa las razones que le sirven de sustento, pues la remisión a las variadas razones expuestas en los cargos formulados respecto de otras normas de la misma ley no permite determinar el concepto de la violación.

Así mismo, el cargo contra el inciso 6º del mismo artículo 129, en el sentido de que al impedir la salida del país del deudor de cuotas alimentarias sin adelantar un proceso de alimentos o ejecutivo de alimentos vulnera su derecho de defensa y la presunción de inocencia, no cumple el requisito de certeza, porque el contenido del artículo se refiere precisamente al proceso de alimentos en el cual el juez competente puede adoptar dicha medida.

Igualmente, el cargo contra el mismo inciso en el sentido de que se quebrantan los artículos 13, 15, 28 y 29 de la Constitución porque la información a las centrales de riesgo sólo es posible por deudas comerciales y no por deudas propias del campo del Derecho de Familia, no expresa las razones concretas de la violación, por lo cual no es posible el examen de constitucionalidad.

De otro lado, el cargo contra el inciso 7º del mismo artículo 129 de la Ley 1098 de 2006, en el sentido de que contraviene los artículos 2º, 13, 28, 29, 44, 45 y 228 de la Constitución porque no se puede dejar al juez que conoce del caso de alimentos la libertad para reajustar la cuota alimentaria con un criterio distinto al índice de precios al consumidor, pues ello podría afectar en forma grave la equidad y la justicia, no expresa tampoco las razones concretas de la violación y no es posible el examen de constitucionalidad.

3.12. El cargo contra los artículos 130, 131, 132 y 133 de la Ley 1098 de 2006, en el sentido de que contrarían la Constitución porque reproducen unos textos de disposiciones del Decreto-Ley 2737 de 1989, Código del Menor, no expresa las razones concretas de la violación, por lo cual no es posible el examen de constitucionalidad.

Así mismo, el cargo contra el artículo 134 de la misma ley, en el sentido de que quebranta la Constitución por ser contradictorio con el artículo 134 del Código del Menor, teniendo en cuenta que la norma demandada establece la prelación de los créditos por alimentos a favor de menores “sin sujeción a la calificación crediticia del anterior código”, no expresa tampoco las razones concretas de la violación, por lo cual no es posible el examen de constitucionalidad.

Además, la remisión que en este cargo contra las citadas normas se hace a las razones expresadas en los cargos contra otras disposiciones de la misma ley no permite determinar el concepto de la violación, por ser aquellas inexistentes o diversas.

3.13. El cargo contra el artículo 142 de la Ley 1098 de 2006, en el sentido de que se vulneran los derechos fundamentales de los menores de 14 años y las normas de Derecho Internacional sobre su protección, al establecer que cuando han cometido una conducta punible la policía de infancia y adolescencia procederá a su identificación y a la recolección de los datos de dicha conducta, en cuanto se les aplica “la misma dinámica de las normas penales de los adultos”, no expresa las razones concretas de la violación, por lo cual no es posible el examen de constitucionalidad.

A este respecto debe señalarse que la misma disposición establece que los menores de 14 años no serán juzgados ni declarados responsables penalmente, ni privados de la libertad, bajo denuncia o sindicación de haber cometido una conducta punible.

3.14. El cargo contra el artículo 143 de la Ley 1098 de 2006, en el sentido de que al contemplar que cuando una persona menor de catorce (14) años incurra en la comisión de un delito sólo se le aplicarán medidas de verificación de la garantía y restablecimiento de derechos y deberán vincularse a procesos de educación y de protección dentro del sistema nacional de bienestar familiar, vulnera los artículo 2º, 13, 28, 29, 44, 45 y 228 de la Constitución, por discriminar a los menores de edad que tienen más de 14 años y cometan delitos, pues todos los menores son iguales y deben recibir un mismo trato, no tiene sustentación, esto es, no expone las razones por las cuales el trato diferenciado que otorga el legislador a los menores de edad que tienen más de 14 años y cometan delitos, considerándolos penalmente responsables, no tiene una justificación objetiva y razonable a la luz de la Constitución. En consecuencia, no es posible el examen de constitucionalidad.

De igual modo, el cargo contra el mismo artículo en el sentido de que al prescribir que si un particular sorprende en flagrancia a un menor de 14 años de edad deberá ponerlo de inmediato a disposición de las autoridades de policía para que éstas, a su vez, lo pongan a disposición de la autoridad competente de protección y restablecimiento de derechos, infringe los artículo 2º, 13, 28, 29, 92, 93, 94 y 228 de la Constitución y 6º, 8, 37 y 40 de la Convención sobre los Derechos del Niño, ya que se expone a dichos menores al riesgo de que el particular lesione su dignidad, su honor o integridad física, se basa en un argumento relativo a la posible aplicación indebida de la disposición, esto es, en un argumento de inconveniencia en el campo práctico, y no se funda en el contenido de la misma, por lo cual no se cumple el requisito de pertinencia.

3.15. El cargo contra el artículo 148 de la Ley 1098 de 2006, que regula el cumplimiento de las medidas de restablecimiento de derechos de los menores de 14 años y la ejecución de sanciones impuestas a los adolescentes de 14 a 16 años y de 16 a 18 años que cometan delitos, en el sentido de que vulnera la Constitución por las razones expresadas en relación con el artículo 143 de la misma ley, remite a argumentaciones que son inexistentes e impertinentes, por lo cual no es posible el examen de constitucionalidad.

3.16. El cargo contra el artículo 150 de la Ley 1098 de 2006, en el sentido de que al establecer que, a discreción del juez, los testimonios podrán practicarse a través de comunicación de audio video, caso en el cual no será necesaria la presencia física del niño, la niña o el adolescente, contraviene los artículos 44 y 45 de la Constitución por las razones expresadas respecto de los artículos 143, 144, 147, 148, 150, 151, 157, 158, 162, 163, 165, 179, 180, 187, 190 y 191 de la misma ley, no expresa en forma concreta su sustentación, porque las razones expuestas en relación con la mencionada serie de normas, a las cuales remite, son diversas, de modo que no es posible el examen de constitucionalidad.

3.17. El cargo contra el artículo 151 de la Ley 1098 de 2006, en el sentido de que al disponer que los adolescentes que cometan delitos tienen derecho a la confrontación con los testigos y a interrogar a estos, lesiona la intimidad de los menores y la privacidad del proceso y no da a aquellos la protección que exigen la inmadurez de su personalidad y su fragilidad, por lo cual quebranta la Constitución, no cumple el requisito de certeza, ya que la norma impugnada trata solamente de la confrontación de los menores con los testigos y del interrogatorio a estos por parte de aquellos, y no trata de la publicidad de dichas diligencias.

3.18. El cargo contra el artículo 157 de la Ley 1098 de 2006, en el sentido de que al disponer que el adolescente sindicado de cometer delitos puede aceptar los cargos en la audiencia de legalización de la aprehensión o de imputación, viola la Constitución y los artículos 3º y 40 de la Convención sobre los Derechos del Niño, puesto que en los procesos penales por delitos cometidos por menores los cargos deben ser siempre demostrados por el Estado, no cumple el requisito de certeza, ya que la norma sólo brinda al adolescente la facultad de confesar la comisión del delito y no libera al Estado de la carga de probar la imputación que se hace al mismo.

Por otra parte, el cargo contra el mismo artículo, inciso 3º, en el sentido de que al estatuir que el juez, al seleccionar la sanción que debe imponerse al adolescente, tendrá en cuenta la aceptación de cargos por el mismo, y que durante la ejecución de la sanción será un factor a considerar para la modificación de la misma, quebranta el artículo 37 de la Convención sobre los Derechos del Niño, por ser ello desfavorable para el adolescente, pues el juez debe tener en cuenta otros factores en la determinación y modificación de la sanción, no cumple el requisito de certeza, porque la exigencia de la norma demandada no excluye la consideración de otros factores para los fines allí indicados.

3.19. El cargo contra el artículo 158 de la Ley 1098 de 2006, en el sentido de que al preceptuar que los adolescentes sometidos a procesos judiciales por responsabilidad penal no serán juzgados en su ausencia y que en este evento la prescripción de la acción penal se aumentará en una tercera parte, vulnera el principio de prevalencia de los derechos de los niños y los artículo 6º, 8º, 9º, 37 y 40 de la Convención sobre los Derechos del Niño, no expresa las razones concretas que lo sustentan, por lo cual no procede el examen de constitucionalidad.

3.20. El cargo contra la expresión “o la detención domiciliaria” contenida en el artículo 162 de la Ley 1098 de 2006, que establece que en tanto no existan establecimientos especiales separados de los adultos para recluir a los adolescentes privados de la libertad el funcionario judicial procederá a otorgarles libertad provisional o detención domiciliaria, en el sentido de que vulnera los artículos 2º, 28, 29, 44, 45, 93, 94 y 228 de la Constitución y el artículo 37 de la Convención sobre los Derechos del Niño, porque la detención domiciliaria se convertirá en la medida de aplicación común por parte de los jueces, sin que estos diferencien la situación de los adolescentes de la situación de los adultos, es una apreciación subjetiva del demandante sobre la aplicación de la norma acusada, por lo cual no se cumple el requisito de pertinencia.

3.21. El cargo contra el artículo 163, parágrafo 2º, de la Ley 1098 de 2006, en el sentido de que al disponer que la designación de quienes conforman el sistema de responsabilidad penal para adolescentes deberá recaer en personas que demuestren conocimiento calificado de derecho penal, y de infancia y familia, y de las normas internas e internacionales relativas a derechos humanos, vulnera la Constitución por las razones expresadas en relación con los artículos 143, 144, 147, 148, 150, 151, 157, 158, 162, 163, 165, 179, 180, 187, 190 y 191 de la misma ley, no determina las razones de la violación, ya que las planteadas en relación con la referida serie de normas son diversas y, en consecuencia, no procede el examen de constitucionalidad.

3.22. El cargo contra el artículo 165 de la Ley 1098 de 2006, en virtud del cual los jueces penales para adolescentes igualmente conocerán de la función de control de garantías en procesos de responsabilidad penal para adolescentes que no sean de su conocimiento, en el sentido de que es ambiguo, confuso e impreciso, quebranta el artículo 158 de la Constitución y desconoce que el sistema penal de responsabilidad de los menores no se puede asimilar al sistema penal acusatorio de los adultos, no expresa las razones concretas de la violación, por lo cual no es procedente el examen de constitucionalidad.

3.23. El cargo contra el artículo 170 de la Ley 1098 de 2006, en virtud del cual los padres o representantes legales son solidariamente responsables por los daños causados, en el sentido de que es contrario a los artículos 13, 28 y 29 de la Constitución, porque la responsabilidad penal de los menores es individual y así debe ser también la responsabilidad civil por los daños causados, de modo que los padres o los representantes legales no deben tener dicha responsabilidad, no expresa las razones de la violación y sólo plantea una apreciación subjetiva del demandante que no se ciñe al principio de pertinencia. Por tanto, no es procedente el examen de constitucionalidad.

3.24. El cargo contra el artículo 179 de la Ley 1098 de 2006, en el sentido de que al prever: i) que para definir las sanciones aplicables se deberá tener en cuenta, entre otros criterios, la aceptación de cargos por el adolescente, el incumplimiento de los compromisos adquiridos para con el Juez y el incumplimiento de las sanciones (nums. 4º, 5º y 6º), ii) que los adolescentes entre 14 y 18 años que incumplan cualquiera de las sanciones previstas en el Código de la Infancia y la Adolescencia terminarán el tiempo de sanción en internamiento (par. 2º), y iii) que el incumplimiento por parte del adolescente del compromiso de no volver a infringir la ley penal ocasionará la imposición de la sanción de privación de la libertad por parte del juez (par. 2º), quebranta los artículos 2º, 13, 16, 28, 29, 44, 45, 93 y 94 de la Constitución y los artículos 37 y 40 de la Convención sobre los Derechos del Niño, en cuanto lesiona el sentimiento de arraigo, el libre desarrollo de la personalidad y el derecho de defensa del niño, no contiene las razones concretas de la violación, por lo cual no es posible el examen de constitucionalidad.

3.25. El cargo contra el artículo 180 de la Ley 1098 de 2006, en el sentido de que la expresión “con el Fiscal” contenida en el numeral 4º de esta disposición es inconstitucional, por las razones expresadas en relación con los artículos 143, 144, 147, 148, 150, 151, 157, 158, 162, 163, 165, 179, 180, 187, 190 y 191 de la misma ley, no determina las razones de la violación, puesto que las razones formuladas en relación con la citada serie de normas, a las cuales remite, son variadas y, por tanto, no procede hacer el examen de constitucionalidad.

3.26. El cargo contra el artículo 187 de la Ley 1098 de 2006, en virtud del cual en los casos en que los adolescentes mayores de catorce (14) y menores de dieciocho (18) años sean hallados responsables de homicidio doloso, secuestro o extorsión, en todas sus modalidades, la privación de la libertad en centro de atención especializada tendrá una duración de dos (2) hasta ocho (8) años, en el sentido de que quebranta el preámbulo y los artículo 2º, 28, 29, 44, 45, 93 y 94 de la Constitución Política y los artículos 6º, 8º, 9º, 37 y 40 de la Convención sobre los Derechos del Niño, teniendo en cuenta que estas normas internacionales establecen que las penas que se apliquen a los menores deben ser “el más breve plazo posible”, por las razones expresadas respecto de los artículo 143, 144, 147, 148, 150, 151, 157, 158, 162, 163, 165, 179, 180, 187, 190 y 191 de la misma ley, no determina las razones de la violación, pues las razones expresadas en relación con la serie indicada de normas, a las cuales remite, son diversas, por lo cual no es posible el examen de constitucionalidad.

3.27. El cargo según el cual la expresión “la defensoría de familia” contenida en el inciso 1º del artículo 189 de la Ley 1098 de 2006 es impropia, porque no es concebible que deba participar en la audiencia todo el grupo que preside el defensor de familia, pues sólo este funcionario debe asistir a aquella, por lo cual se infringen los artículos 28, 29, 44, 45 y 158 de la Constitución, no cumple el requisito de pertinencia, ya que sólo plantea una apreciación subjetiva del demandante sobre la aplicación de la norma acusada, lo cual además desconoce que conforme al artículo 82 de la misma ley el defensor de familia tiene la función de emitir los conceptos ordenados por la ley, en las actuaciones judiciales o administrativas.

Por otra parte, la demanda expone que dicha expresión fue introducida por una comisión accidental de conciliación, modificando la voluntad de la plenaria del Senado y contrariando los artículos 150 y 161 de la Constitución.

A este respecto debe señalarse que de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 242, numeral 3º, de la Constitución, las acciones por vicios de forma caducan en el término de un año, contado desde la publicación del respectivo acto.

En este sentido, por haberse publicado la Ley 1098 de 2006 en el Diario Oficial 46.446 de 8 de noviembre de 2006, al presentarse la demanda en la secretaría de esta corporación el 3 de diciembre de 2007 la acción por vicios de forma ya había caducado. En consecuencia, la Corte Constitucional carece de competencia para conocer de este cargo.

3.28. El cargo contra el artículo 190 de la Ley 1098 de 2006, en el sentido de que al contemplar que cuando la contravención dé lugar a sanciones pecuniarias, estas serán impuestas a quien tenga la patria potestad o la custodia, quien será responsable de su pago (inc. 3º), y que para la sanción de contravenciones cometidas por adolescentes se seguirán los mismos procedimientos establecidos para los mayores de edad, siempre que sean compatibles con los principios del mismo Código y especialmente con los contemplados en el mismo título (inc. 5º), es contraria a la Constitución, por las razones expresadas respecto de los artículos 143, 144, 147, 148, 150, 151, 157, 158, 162, 163, 165, 179, 180, 187, 190 y 191 de la misma ley, pues los procesos penales de los menores no deben seguir el sistema penal de los adultos, no determina las razones de la violación, teniendo en cuenta que las razones expresadas en relación con la serie indicada de normas, a las cuales remite, son variadas, por lo cual no es posible el examen de constitucionalidad.

3.29. El cargo contra el artículo 191 de la Ley 1098 de 2006, en el sentido de que al disponer que el adolescente sorprendido en flagrancia será conducido de inmediato ante el fiscal delegado para la autoridad judicial, quien dentro de las 36 horas siguientes lo presentará al juez de control de garantías y le expondrá cómo se produjo la aprehensión, lesiona la dignidad, el honor, el libre desarrollo de la personalidad, el interés superior y la prevalencia de los derechos de los niños y vulnera los artículos 11, 16, 28, 29, 44, 45, 93, 94 y 228 de la Constitución y los artículos 6º, 8º, 9º, 37 y 40 de la Convención sobre los Derechos del Niño, por las razones expresadas en relación con los artículos 143, 144, 147, 148, 150, 151, 157, 158, 162, 163, 165, 179, 180, 187, 190 y 191 de la misma ley, no determina las razones de la violación, teniendo en cuenta que las razones expresadas en relación con la serie indicada de normas, a las cuales remite, son variadas, por lo cual no es posible el examen de constitucionalidad.

3.30. El cargo contra el artículo 193 de la Ley 1098 de 2006, que consagra los criterios específicos para el desarrollo del proceso judicial por delitos en los cuales son víctimas los niños, las niñas y los adolescentes, en el sentido de que al disponer que la autoridad judicial se abstendrá de aplicar el principio de oportunidad y la condena de ejecución condicional cuando los niños, las niñas o los adolescentes sean víctimas del delito, a menos que aparezca demostrado que fueron indemnizados, vulnera los artículos 44, 45, 93 y 94 de la Constitución y el artículo 3º de la Convención sobre los Derechos del Niño, en cuanto con ello se favorece a los delincuentes que hayan pagado la indemnización, no expresa las razones concretas de la violación, por lo cual no es procedente el examen de constitucionalidad.

3.31. El cargo contra el artículo 204 de la Ley 1098 de 2006, en el sentido de que al prescribir que el Departamento Nacional de Planeación, el Ministerio de la Protección Social y el Ministerio de Educación, con la asesoría técnica del ICBF, deberán diseñar los lineamientos técnicos mínimos que deberán contener los planes de desarrollo en materia de infancia y adolescencia, infringe los artículos 2º, 13, incisos 2º y 3º, 44, 45, 93, 94 y 228 de la Constitución y el artículo 3º de la Convención sobre los Derechos del Niño, en cuanto esta función no debe estar a cargo de los citados departamento nacional y ministerios sino exclusivamente a cargo del Instituto Colombiano de Bienestar Familiar, por ser esta la institución que por su naturaleza y funciones puede asegurar mejor la protección efectiva e integral de los niños y de la familia, no es un cargo fundado en razones de inconstitucionalidad sino de inconveniencia y, por tanto, por no cumplir el requisito de pertinencia, no procede su estudio.

3.32. El cargo contra el artículo 216 de la Ley 1098 de 2006, parágrafo, en el sentido de que al disponer que la Fiscalía General de la Nación realizará los estudios necesarios y tomará las medidas pertinentes para la implementación gradual del sistema de responsabilidad penal para adolescentes dentro del término señalado en la misma ley, es contrario a la Constitución y a los tratados internacionales sobre protección especial de los niños, por someter a estos al sistema acusatorio penal de los adultos, desconociendo su interés superior y la prevalencia de sus derechos, conforme a las razones expresadas respecto de los artículos 143, 144, 147, 148, 150, 151, 157, 158, 162, 163, 165, 179, 180, 187, 190 y 191 de la misma ley, no determina las razones de la violación, puesto que las expresadas en relación con la serie indicada de normas, a las cuales remite, son diversas. Por ende, no procede efectuar el examen de constitucionalidad.

3.33. El cargo contra el artículo 217 de la Ley 1098 de 2006, en el sentido de que al mantener la vigencia de los artículos del Decreto Ley 2737 de 1989 o Código del Menor relativos al juicio especial de alimentos, infringe el preámbulo y los artículos 1º, 2º, 13, 44, 45 y 209 de la Constitución, porque los artículos 133, 135, 150, 151 y 153 a 159 de dicho código tienen el mismo sentido, redacción y contenido de los artículos 24, 111, 129 y 130 a 134 de la Ley 1098 de 2006 y además se generan confusiones, ambigüedades y contradicciones que afectan la efectividad de la protección especial de los derechos de los niños, no expresa las razones concretas de la violación, por lo cual no procede el examen de constitucionalidad.

Existencia de cosa juzgada constitucional en relación con algunas disposiciones demandadas

4. En este asunto se configura cosa juzgada constitucional acerca de algunas disposiciones impugnadas, así:

4.1 La Corte Constitucional, mediante la Sentencia C-061 de 2008 (19) declaró inexequible el artículo 48, inciso 2º, de la Ley 1098 de 2006. Por tanto, sobre esta disposición ordenará estarse a lo resuelto en ella.

4.2. Así mismo, en la demanda se plantea que el artículo 96, inciso 2º, de la Ley 1098 de 2006, vulnera el artículo 121 de la Constitución, por la ausencia de atribución de funciones en la ley para el cargo de Coordinador de Centro Zonal del Instituto Colombiano de Bienestar Familiar.

Esta corporación, en la Sentencia C-228 de 2008 (20) declaró exequible dicha disposición por ese cargo. En consecuencia, se ordenará estarse a lo resuelto en ella.

4.3. Igualmente, en la demanda se sostiene que el artículo 100 de la Ley 1098 de 2006 infringe los artículos 13, 28, 29 y 31 de la Constitución, por no consagrarse el recurso de apelación contra la decisión de la actuación administrativa sobre restablecimiento de los derechos de los menores, adoptada por el Defensor de Familia o el Comisario de Familia.

La Corte Constitucional, en la citada Sentencia C-228 de 2008, declaró exequible tal disposición por el mismo cargo. Por esta razón, se ordenará estarse a lo resuelto en ella.

Problemas jurídicos planteados

5. Corresponde a la Corte establecer, en relación con las disposiciones demandadas de la Ley 1098 de 2006:

5.1. Si las definiciones de niño y de adolescente contenidas en el artículo 3º son contrarias a la Constitución, por desconocimiento del artículo 1º de la Convención sobre los Derechos del Niño, según el cual niño es todo menor de 18 años de edad.

5.2. Si al exigir el artículo 80, numeral 3º, título de posgrado para desempeñar el cargo de Defensor de Familia vulnera los derechos al trabajo y a la igualdad de los posibles aspirantes a su desempeño.

5.3. Si la función de hacer recomendaciones a las autoridades y a los particulares en caso de amenaza o violación de los derechos humanos de los menores, atribuida en el artículo 95, numeral 4º, al Ministerio Público, quebranta la Constitución por no estar prevista en esta.

5.4. Si al asignar el artículo 100, inciso 4º, competencia al Juez de Familia para homologar el fallo dictado en la actuación administrativa, y al disponer el parágrafo 2º del mismo artículo que la autoridad administrativa perderá la competencia en caso de incumplimiento del término para decidir la actuación o el recurso de reposición y deberá remitir el expediente al Juez de Familia para que adelante la actuación o el proceso respectivo, establecen una intromisión indebida de la rama judicial en el ejercicio de las funciones administrativas de protección de los menores por parte de los defensores de familia y los comisarios de familia y quebrantan los artículos 113 y 209 de la Constitución.

5.5. Si i) al preceptuar el artículo 144 que el procedimiento de responsabilidad penal de los adolescentes se regirá por las normas del sistema penal acusatorio contenidas en la Ley 906 de 2004, ii) al disponer el artículo 151, inciso 2º, que los derechos de los adolescentes serán, como mínimo, los previstos en la Ley 906 de 2004, y iii) al estatuir el artículo 163, numerales 1º y 5º, que funcionarios de la Fiscalía General de la Nación forman parte del sistema de responsabilidad penal para los adolescentes, desconocen que el procedimiento penal aplicable a dichos menores debe ser específico y distinto del aplicable a los adultos e infringen los artículos 2º, 28, 29, 44, 45, 93 y 94 de la Constitución.

5.6. Si al disponer el artículo 147 que, en el proceso de responsabilidad penal para adolescentes, los jueces de control de garantías podrán decidir que las audiencias sean cerradas al público cuando su publicidad exponga al menor a un daño psicológico, contraviene los artículos 44, 45, 93 y 94 de la Constitución.

Para tal efecto, la Corte hará unas consideraciones sobre la protección especial de los niños en el Derecho Internacional Público y en la Constitución Política colombiana y a continuación examinará los cargos formulados.

Protección especial de los niños en el Derecho Internacional Público y en la Constitución Política colombiana.

6. Desde hace un tiempo amplio, los niños han concentrado la atención de los Estados y de los organismos internacionales, que han consagrado en diversos instrumentos de derecho internacional su protección especial por parte de la familia, la sociedad y el Estado, por su falta de madurez y consiguiente vulnerabilidad o indefensión, la necesidad de garantizarles un proceso de formación o desarrollo en condiciones adecuadas y ser quienes representan el futuro de los pueblos.

En este sentido, la necesidad de proporcionar a los niños una protección especial fue enunciada en la Declaración de Ginebra de 1924 sobre los Derechos del Niño.

Por su parte, la Declaración Universal de Derechos Humanos de 1948, en su artículo 25, numeral 2º, establece que “la maternidad y la infancia tienen derecho a cuidados de asistencia especiales”, y que “todos los niños, nacidos de matrimonio o fuera de matrimonio, tienen derecho a igual protección social”.

Así mismo, el Principio 2º de la Declaración de los Derechos del Niño, proclamada por la Asamblea General de las Naciones Unidas el 20 de noviembre de 1959, establece que “el niño gozará de una protección especial y dispondrá de oportunidades y servicios, dispensado todo ello por la ley y por otros medios, para que pueda desarrollarse física, mental, moral, espiritual y socialmente en forma saludable y normal, así como en condiciones de libertad y dignidad. Al promulgar leyes con este fin, la consideración fundamental a que se atenderá será el interés superior del niño” (se resalta).

Igualmente, el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, adoptado por la Asamblea General de las Naciones Unidas en 1966 y aprobado en Colombia mediante la Ley 74 de 1968, dispone en su artículo 24, numeral 1º, que “todo niño tiene derecho, sin discriminación alguna por motivos de raza, color, sexo, idioma, religión, origen nacional o social, posición económica o nacimiento, a las medidas de protección que su condición de menor requiere, tanto por parte de su familia como de la sociedad y del Estado”.

A su vez, el artículo 10, numeral 3º, del Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales, adoptado por la Asamblea General de las Naciones Unidas en 1966 y aprobado en Colombia mediante la Ley 74 de 1968, prevé que “se deben adoptar medidas especiales de protección y asistencia a favor de todos los niños y adolescentes, sin discriminación alguna por razón de filiación o cualquier otra condición”.

En el mismo sentido, el artículo 19 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos (Pacto de San José de Costa Rica), suscrita en 1969 y aprobada en Colombia mediante la Ley 16 de 1972, contempla que “todo niño tiene derecho a las medidas de protección que su condición de menor requiere por parte de su familia, de la sociedad y del Estado”.

Posteriormente, en la Convención sobre los Derechos del Niño, adoptada por la Asamblea General de las Naciones Unidas el 20 de noviembre de 1989 y aprobada en Colombia mediante la Ley 12 de 1991, se convino:

“ART 1º—Para los efectos de la presente Convención, se entiende por niño todo ser humano menor de dieciocho años de edad, salvo que, en virtud de la ley que le sea aplicable, haya alcanzado antes la mayoría de edad (se destaca).

ART. 3º—1. En todas las medidas concernientes a los niños que tomen las instituciones públicas o privadas de bienestar social, los tribunales, las autoridades administrativas o los órganos legislativos, una consideración primordial a que se atenderá será el interés superior del niño (se destaca).

2. Los Estados Partes se comprometen a asegurar al niño la protección y el cuidado que sean necesarios para su bienestar, teniendo en cuenta los derechos y deberes de sus padres, tutores u otras personas responsables de él ante la ley y, con ese fin, tomarán todas las medidas legislativas y administrativas adecuadas”.

7. En concordancia con las normas citadas del Derecho Internacional Público, la Constitución Política colombiana de 1991 consagró la protección especial de los niños, al disponer en su artículo 44 que son derechos fundamentales de los mismos la vida, la integridad física, la salud y la seguridad social, la alimentación equilibrada, su nombre y nacionalidad, tener una familia y no ser separados de ella, el cuidado y amor, la educación y la cultura, la recreación y la libre expresión de su opinión.

Así mismo estableció que serán protegidos contra toda forma de abandono, violencia física o moral, secuestro, venta, abuso sexual, explotación laboral o económica y trabajos riesgosos.

También, señaló que la familia, la sociedad y el Estado tienen la obligación de asistir y proteger al niño para garantizar su desarrollo armónico e integral y el ejercicio pleno de sus derechos y que estos prevalecen sobre los derechos de los demás.

De igual modo, en el artículo 45 prescribió que el adolescente tiene derecho a la protección y a la formación integral y que el Estado y la sociedad garantizan la participación activa de los jóvenes en los organismos públicos y privados que tengan a cargo la protección, educación y progreso de la juventud.

En relación con la protección constitucional a los adolescentes, la Corte Constitucional ha considerado que ellos están comprendidos en el concepto amplio de “niños” de que trata el artículo 44 de la Constitución y por tanto gozan de protección especial por parte de la familia, la sociedad y el Estado y son titulares de los derechos fundamentales en él consagrados, que prevalecen sobre los derechos de los demás. En este sentido ha señalado que la distinción constitucional entre niños y adolescentes no tiene como finalidad otorgar a estos últimos distinta protección, sino otorgarles participación en los organismos públicos y privados que adopten decisiones que les conciernen, teniendo en cuenta su mayor grado de desarrollo respecto de los primeros. Sobre el particular ha expresado:

“(…) El concepto de adolescente no se encuentra claramente definido. En los debates de la Comisión Quinta de la Asamblea Nacional Constituyente se discutió sobre la necesidad de señalar el límite de edad para efectos de la protección contenida en el artículo 44 superior, lo cual finalmente no fue objeto de consideración alguna, apareciendo simplemente breves alusiones al tema, existiendo una serie de variables que dificultan tal delimitación. En este sentido, se expresó:

“¿Quién es joven en el mundo? Joven es aquel niño pasado de 10 años, según dicen algunos países hasta que otros, en su extremo, dicen que joven es aquel que, no pasando los 40 años, se conserva aún soltero; extremos en donde es difícil ubicarnos, pero nosotros decimos simplemente que jóvenes son todos los que están sometidos a la protección y formación moral, física, psicológica, intelectual, sexual y social por parte del Estado y la sociedad” (21) Actas de los debates de la Asamblea Nacional Constituyente, Transcripción de sesiones, Presidencia de la República, Plenaria, Junio 10 de 1991, pag. 68.

“De este modo, la Carta utiliza el término adolescentes para referirse a aquellos jóvenes que no han alcanzado aún la mayoría de edad, pero que tienen capacidad y madurez para participar en los organismos públicos y privados que tengan a cargo la protección, educación y progreso de la juventud, sin definir cuándo comienza y a qué edad termina la adolescencia. Lo que se buscó con tal consagración fue pues garantizar la protección y la formación física, psicológica, intelectual y social, así como la participación activa de los jóvenes en la vida cultural, deportiva, política, laboral y económica del país, promoviendo su intervención en las decisiones de los organismos que tienen a su cargo políticas respecto de ese grupo de la población. Así, la distinción entre niño y adolescente, no se hizo para efectos de la prevalencia de sus derechos, sino de la participación. La intención del constituyente no fue excluir a los adolescentes de la protección especial otorgada a la niñez, sino hacerla más participativa respecto de las decisiones que les conciernen”.

(…).

(…) la Corte, con un gran sentido garantista y proteccionista ha considerado que es niño, todo ser humano menor de 18 años, siguiendo los parámetros de la Convención sobre los Derechos del Niño (...).

(…).

Con base en lo anterior, esta Corporación ha sostenido que “en Colombia, los adolescentes poseen garantías propias de su edad y nivel de madurez, pero gozan de los mismos privilegios y derechos fundamentales que los niños, y son, por lo tanto, “menores” (siempre y cuando no hayan cumplido los 18 años)” (22) . En consecuencia, la protección constitucional estatuida en el artículo 44 C.P. en favor de los “niños” ha de entenderse referida a todo menor de dieciocho años (23)(24) .

Examen de los cargos formulados

Exequibilidad de la expresión contenida en el artículo 3º de la Ley 1098 de 2006

8. Afirma el demandante que las definiciones de niño y de adolescente contenidas en el artículo 3º de la Ley 1098 de 2006 son contrarias a la Constitución, por desconocimiento del artículo 1º de la Convención sobre los Derechos del Niño, según el cual niño es todo menor de 18 años de edad.

El artículo 44 de la Constitución de 1991 consagra los derechos fundamentales de “los niños”. Establece que la familia, la sociedad y el Estado tienen la obligación de asistir y proteger “al niño” para garantizar su desarrollo armónico e integral y el ejercicio pleno de sus derechos. Agrega que los derechos de “los niños” prevalecen sobre los derechos de los demás.

Por su parte, el artículo 45 ibídem estatuye que “el adolescente” tiene derecho a la protección y a la formación integral y que el Estado y la sociedad garantizan la participación activa de los jóvenes en los organismos públicos y privados que tengan a cargo la protección, educación y progreso de la juventud.

El contenido de estas dos disposiciones podría conducir a pensar que la Constitución otorga una protección distinta a los niños y a los adolescentes. Sin embargo, de acuerdo con sus antecedentes en los debates en la Asamblea Constituyente, es claro que la intención de los constituyentes fue otorgar una misma protección especial tanto a los niños en sentido estricto o restringido como a los adolescentes, de modo que unos y otros están comprendidos en el concepto amplio de “niño” contenido en el artículo 44 superior.

En este orden de ideas, la disposición sobre los adolescentes contenida en el artículo 45 de la Constitución solo busca permitirles su participación activa en la adopción de las decisiones que les conciernan, por parte de organismos o entidades públicos y privados, tomando en consideración su mayor grado de desarrollo o madurez en relación con los menores de edad inferior.

Esta concepción del constituyente guarda total armonía con lo previsto en el artículo 1º de la Convención sobre los Derechos del Niño, adoptada por la Asamblea General de las Naciones Unidas el 20 de noviembre de 1989, según el cual “para los efectos de la presente Convención, se entiende por niño todo ser humano menor de dieciocho años de edad, salvo que, en virtud de la ley que le sea aplicable, haya alcanzado antes la mayoría de edad”.

La Corte Constitucional ha señalado este mismo criterio, en varias sentencias, como se indicó en los enunciados normativos contenidos en el numeral anterior.

Por estas razones, las definiciones de niño o niña, como la persona entre cero y los 12 años de edad, y de adolescente, como la persona entre los 12 y los 18 años de edad, que contiene la norma demandada, no privan a los adolescentes de la protección especial que les brindan la Constitución colombiana y la Convención sobre los Derechos del Niño, en armonía con otros instrumentos internacionales, y en cambio son definiciones necesarias en la regulación legal sobre la protección de los menores, que permiten determinar los marcos respectivos para el diseño y la ejecución de los planes y programas sobre los niños en sentido estricto o restringido y sobre los adolescentes.

Por consiguiente, el cargo no puede prosperar y la Corte declarará exequible la expresión contenida en el artículo 3º de la Ley 1098 de 2006, por dicho cargo.

Exequibilidad del artículo 80, numeral 3º, de la Ley 1098 de 2006

9. Sostiene el demandante que al exigir el artículo 80, numeral 3º, de la Ley 1098 de 2006 título de posgrado para desempeñar el cargo de Defensor de Familia, vulnera los derechos al trabajo y a la igualdad de los posibles aspirantes a su desempeño.

Este cargo parte de la idea equivocada de considerar que la formación de un profesional sin especialización, en cualquier campo, es la misma de un profesional especializado, lo que implica que en el camino de la adquisición de los conocimientos profesionales es inútil hacer estudios adicionales a la obtención del grado y que si estos últimos se realizan el Estado no debería tomarlos en cuenta. Este razonamiento es contrario a la lógica y a la realidad.

En este aspecto debe tenerse en cuenta que, en forma general, de conformidad con lo previsto en el artículo 26 de la Constitución, la ley puede exigir títulos de idoneidad para el ejercicio de las profesiones y que, por otra parte, el legislador goza de la potestad de configuración en la expedición de las leyes que regulan la función pública, con los límites impuestos por los valores, principios y derechos constitucionales (C. Pol., arts. 114 y 150, num. 23).

En este orden de ideas, a la luz de la Constitución es completamente válido que, con fundamento en la protección especial que aquella y tratados internacionales ratificados por el Estado colombiano dispensan al niño, el legislador exija una formación calificada para el desempeño del cargo de defensor de familia.

Por tanto, el cargo no tiene fundamento y la Corte declarará exequible el artículo 80, numeral 3º, de la Ley 1098 de 2006, por dicho cargo.

Exequibilidad de la expresión contenida en el artículo 95, numeral 4º, de la Ley 1098 de 2006.

10. Expresa el demandante que la función de hacer recomendaciones a las autoridades y a los particulares en caso de amenaza o violación de los derechos humanos de los menores, atribuida en el artículo 95, numeral 4º, al Ministerio Público, quebranta la Constitución por no estar prevista en esta.

Según lo dispuesto en la disposición impugnada, el Ministerio Público tendrá a su cargo, entre otras, la función de hacer las observaciones y recomendaciones a las autoridades y a los particulares en caso de amenaza o violación de los derechos humanos de los niños, las niñas y los adolescentes.

En virtud de lo prescrito en el artículo 118 de la Constitución, al Ministerio Público corresponde la guarda y promoción de los derechos humanos, entre otras funciones, y según lo previsto en el artículo 277 ibídem, el Procurador General de la Nación, por sí o por medio de sus delegados y agentes, tendrá, entre otras, las funciones de proteger los derechos humanos y asegurar su efectividad con el auxilio del Defensor del Pueblo y las demás que determine la ley.

Por otra parte, de acuerdo con lo contemplado en los artículos 114 y 150, numeral 23, de la Constitución, el legislador goza de potestad de configuración para regular la función pública, con los límites impuestos por los valores, principios y derechos constitucionales, los cuales en este asunto ostensiblemente no aparecen vulnerados, pues, por el contrario, la norma acusada tiene como propósito la protección de los derechos humanos.

En estas condiciones, el cargo carece de fundamento y la Corte declarará exequible la expresión contenida en el artículo 95, numeral 4º, de la Ley 1098 de 2006, por dicho cargo.

Exequibilidad de las expresiones contenidas en el artículo 100, inciso 4º y parágrafo 2º, de la Ley 1098 de 2006

11. Expone el demandante que al asignar el artículo 100, inciso 4º, de la Ley 1098 de 2006 competencia al Juez de Familia para homologar el fallo dictado en la actuación administrativa, y al disponer el parágrafo 2º del mismo artículo que la autoridad administrativa perderá la competencia en caso de incumplimiento del término para decidir la actuación o el recurso de reposición y deberá remitir el expediente al juez de familia para que adelante la actuación o el proceso respectivo, establecen una intromisión indebida de la rama judicial en el ejercicio de las funciones administrativas de protección de los menores por parte de los defensores de familia y los comisarios de familia y quebrantan los artículo 113 y 209 de la Constitución.

En virtud de lo consagrado en el artículo 1º de la Constitución, el Estado colombiano es un Estado Social de Derecho, una de cuyas características fundamentales es la sujeción de todos los habitantes al ordenamiento jurídico (C. Pol. arts., 4º, 6º y 95). Ello explica que por regla general los actos de la Administración Pública estén sometidos al control de legalidad por parte de la rama jurisdiccional, cuya función general es “decir el Derecho” con carácter definitivo.

Por otra parte, conforme a la jurisprudencia de esta corporación, el legislador goza de potestad de configuración para regular los procedimientos administrativos y judiciales (C. Pol., arts. 29, 114 y 150, nums. 1º y 2º), con los límites impuestos por los valores, los principios y los derechos constitucionales.

Así mismo, en virtud de lo previsto en el artículo 113 superior, los diferentes órganos del Estado tienen funciones separadas pero colaboran armónicamente para la realización de sus fines, lo cual es una característica del Estado democrático moderno.

Por estas razones, en el presente asunto es constitucionalmente válido que, por razón del interés superior del niño y la protección especial que le confieren la Constitución colombiana y tratados internacionales ratificados por el Estado colombiano, el artículo 100, inciso 4º, de la Ley 1098 de 2006 someta las decisiones administrativas adoptadas por los defensores de familia y los comisarios de familia, en relación con dicha protección, a la homologación o confirmación de los jueces de familia, que tienen carácter especializado, por petición de una de las partes o del Ministerio Público.

En el mismo sentido, es constitucionalmente válido que el parágrafo 2º del mismo artículo establezca que si la autoridad administrativa no toma su decisión sobre la actuación o sobre el recurso de reposición dentro del término legal correspondiente, pierda la competencia y deba remitir el expediente al juez de familia para que adelante la actuación o el proceso respectivo.

En ambos casos se pone de manifiesto el interés plausible del legislador de otorgar efectividad a la protección especial de los menores, mediante decisiones calificadas por parte de una jurisdicción especializada, que otorgan certeza con carácter definitivo y confieren también celeridad al reconocimiento de sus derechos.

En consecuencia, el cargo resulta sin fundamento y la Corte declarará exequibles las expresiones contenidas en el artículo 100, inciso 4º y parágrafo 2º, de la Ley 1098 de 2006, por dicho cargo.

Exequibilidad de los artículos 144, 151, inciso 2º, y 163, numerales 1º y 5º, de la Ley 1098 de 2006.

12. Plantea el demandante que: i) al preceptuar el artículo 144 de la Ley 1098 de 2006 que el procedimiento de responsabilidad penal de los adolescentes se regirá por las normas del sistema penal acusatorio contenidas en la Ley 906 de 2004, ii) al disponer el artículo 151, inciso 2º, de aquella ley que los derechos de los adolescentes serán, como mínimo, los previstos en la Ley 906 de 2004, y iii) al estatuir el artículo 163, numerales 1º y 5º, de la primera ley que funcionarios de la Fiscalía General de la Nación forman parte del sistema de responsabilidad penal para los adolescentes, desconocen que el procedimiento penal aplicable a dichos menores debe ser específico y distinto del aplicable a los adultos e infringen los artículos 2º, 28, 29, 44, 45, 93 y 94 de la Constitución.

Como se ha señalado en estas consideraciones, los niños gozan de una protección especial en la Constitución Política colombiana (arts. 44 y 45) y en tratados internacionales ratificados por el Estado Colombiano, como el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, el Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales, la Convención Americana sobre Derechos Humanos (Pacto de San José de Costa Rica) y la Convención sobre los Derechos del Niño.

En particular, la Convención sobre los Derechos del Niño establece en el artículo 40, numeral 3º, la obligación de los Estados partes de adoptar procedimientos específicos o especiales para los niños a quienes se impute responsabilidad penal, así:

“3. Los Estados partes tomarán todas las medidas apropiadas para promover el establecimiento de leyes, procedimientos, autoridades e instituciones específicos para los niños de quienes se alegue que han infringido las leyes penales o a quienes se acuse o declare culpables de haber infringido esas leyes (…)” (se destaca).

La Ley 1098 de 2006, de la cual forman parte las normas demandadas, contempla en el libro II, título I, el “sistema de responsabilidad penal para adolescentes y otras disposiciones” el cual comprende los principios rectores y definiciones del proceso (capítulo I), las autoridades y entidades del sistema (capítulo II), la reparación del daño (capítulo III) y las sanciones (capítulo IV).

El artículo 139 de dicha ley define el sistema de responsabilidad penal para adolescentes como el conjunto de principios, normas, procedimientos, autoridades judiciales especializadas y entes administrativos que rigen o intervienen en la investigación y juzgamiento de delitos cometidos por personas que tengan entre catorce (14) y dieciocho (18) años al momento de cometer el hecho punible.

Por su parte, el artículo 140 de la misma ley dispone que en materia de responsabilidad penal para adolescentes tanto el proceso como las medidas que se tomen son de carácter pedagógico, específico y diferenciado respecto del sistema de adultos, conforme a la protección integral, y señala que el proceso deberá garantizar la justicia restaurativa, la verdad y la reparación del daño.

Agrega esta disposición que en caso de conflictos normativos entre las disposiciones de esta ley y otras leyes, así como para todo efecto hermenéutico, las autoridades judiciales deberán siempre privilegiar el interés superior del niño y orientarse por los principios de la protección integral, así como los pedagógicos, específicos y diferenciados que rigen este sistema.

En estas condiciones, se puede establecer que el sistema de responsabilidad penal para adolescentes consagrado en la Ley 1098 de 2006 tiene carácter específico o especial, lo cual guarda concordancia con la protección especial de los niños consagrada en los artículos 44 y 45 de la Constitución y en los tratados internacionales citados.

En este sentido, por una parte, las remisiones que en forma complementaria hacen los artículos 144 y 151, inciso 2º, de la Ley 1098 de 2006 a la Ley 906 de 2004, que contiene el nuevo Código de Procedimiento Penal y regula un procedimiento con tendencia acusatoria, y, por otra parte, la inclusión de funcionarios de la Fiscalía General de la Nación en el citado sistema, por parte del artículo 163, numerales 1º y 5º, de la primera ley, no desvirtúan la naturaleza específica o especial del procedimiento de responsabilidad penal para adolescentes y en, cambio, amplían las garantías de las que tales menores pueden ser beneficiarios.

En consecuencia, tal norma y tales expresiones serán declaradas exequibles, por este cargo.

Exequibilidad de las expresiones contenidas en el artículo 147 de la Ley 1098 de 2006.

13. Manifiesta el demandante que al disponer el artículo 147 de la Ley 1098 de 2006 que, en el proceso de responsabilidad penal para adolescentes, los jueces de control de garantías podrán decidir que las audiencias sean cerradas al público cuando su publicidad exponga al menor a un daño psicológico, contraviene los artículos 44, 45, 93 y 94 de la Constitución.

Relativamente a este cargo debe señalarse que ni la Constitución Política ni los tratados internacionales mencionados en los enunciados normativos de estas consideraciones exigen la reserva de los procesos de responsabilidad penal para adolescentes, en todo o en parte, por causa del interés superior del niño y de la protección especial que los mismos le otorgan. En consecuencia, el legislador, en ejercicio de su potestad de configuración normativa en materia de procedimientos (C. Pol., arts. 29, 114 y 150, nums. 1º y 2º) puede regular el desarrollo de las audiencias dentro de dichos procesos en forma amplia, siempre y cuando respete los valores, principios y derechos constitucionales.

En este asunto la norma parcialmente acusada dispone que los jueces de control de garantías y de conocimiento podrán determinar que las audiencias sean públicas o privadas, lo cual deberán decidir conforme a cada caso, atendiendo a su naturaleza y características, a las condiciones del adolescente y, en particular, a los posibles efectos sicológicos negativos de la publicidad de las audiencias sobre el mismo. La norma otorga así un voto de confianza al juez, como garante o como director del proceso, para lograr la efectividad de la protección especial del adolescente.

A este respecto es oportuno tener en cuenta que conforme a lo previsto en el artículo 163, parágrafo 2º, de la misma Ley 1098 de 2006, que trata de la integración del sistema de responsabilidad penal para adolescentes, la designación de quienes conforman dicho sistema deberá recaer en personas que demuestren conocimiento calificado de derecho penal, y de infancia y familia, y de las normas internas e internacionales relativas a derechos humanos, lo cual lógicamente garantiza en mayor medida los derechos de los adolescentes.

Por estas razones, las expresiones demandadas contenidas en el artículo 147 de la Ley 1098 de 2006 confieren una protección adecuada al adolescente a quien se imputa la comisión de delitos y no vulneran las normas constitucionales indicadas, por lo cual serán declaradas exequibles, por el cargo examinado.

VII. Decisión

En mérito de lo expuesto, la Sala Plena de la Corte Constitucional, administrando justicia en nombre del pueblo y por mandato de la Constitución,

RESUELVE:

1. DECLARARSE INHIBIDA para adoptar decisión de fondo en relación con las expresiones demandadas contenidas en los artículos 15, 24, 28, 32, 51, 62, 71, 73, 74, 82, 89, 98, 99, 100, en el inciso 1º y en los parágrafos 1º y 2º, 104, 109, 111, 129, 130, 131, 132, 133, 134, 142, 143, 148, 150, 151, en el inciso 1º, 157, 158, 162, 163, en el numeral 8º y el parágrafo 2º, 165, 170, 179, 180, 187, 189, 190, 191, 193, 204, 216 y 217 de la Ley 1098 de 2006, por ineptitud sustantiva de la demanda.

2. DECLARARSE INHIBIDA para adoptar decisión de fondo respecto de la expresión “la Defensoría de Familia” contenida en el artículo 189, inciso 1º, de la Ley 1098 de 2006, por incompetencia de la Corte Constitucional por haber caducado la acción de inconstitucionalidad por vicios de forma.

3. ESTARSE A LO RESUELTO en la Sentencia C-061 de 2008 dictada por esta corporación, que declaró INEXEQUIBLE el artículo 48, inciso 2º, de la Ley 1098 de 2006.

4. ESTARSE A LO RESUELTO en la Sentencia C-228 de 2008 proferida por esta corporación, que declaró EXEQUIBLE el artículo 96, inciso 2º, de la Ley 1098 de 2006 en relación con el cargo de violación del principio de legalidad.

5. ESTARSE A LO RESUELTO en la Sentencia C-228 de 2008 dictada por esta corporación, que declaró EXEQUIBLE el artículo 100 de la Ley 1098 de 2006 respecto del cargo de vulneración del principio de la doble instancia.

6. DECLARAR EXEQUIBLES, por los cargos examinados en esta sentencia, los siguientes enunciados normativos de la Ley 1098 de 2006:

i) La expresión “sin perjuicio de lo establecido en el artículo 34 del Código Civil, se entiende por niño o niña las personas entre los 0 y los 12 años, y por adolescente las personas entre 12 y 18 años de edad” contenida en el artículo 3º;

ii) El artículo 80, numeral 3º;

iii) La expresión “y recomendaciones” contenida en el artículo 95, numeral 4º;

iv) Las expresiones “el expediente deberá ser remitido al Juez de Familia para homologar el fallo, si dentro de los cinco días siguientes a su ejecutoria alguna de las partes o el Ministerio Público lo solicita con expresión de las razones en que se funda la inconformidad” y “sin haberse emitido la decisión correspondiente, la autoridad administrativa perderá competencia para seguir conociendo del asunto y remitirá inmediatamente el expediente al Juez de Familia para que, de oficio, adelante la actuación o el proceso respectivo”, contenidas en el artículo 100, inciso 4º y parágrafo 2º;

v) El artículo 144;

vi) Las expresiones “los jueces de control de garantías” y “si el juez considera que la publicidad del procedimiento expone a un daño psicológico al niño, niña o adolescente. Cuando así lo disponga, en ellas solamente podrán intervenir los sujetos procesales”, contenidas en el artículo 147.

vii) El artículo 151, inciso 2º.

viii) El artículo 163, numerales 1º y 5º.

Notifíquese, comuníquese, insértese en la Gaceta de la Corte Constitucional, cúmplase y archívese el expediente».

(1) Cfr. Corte Constitucional Sentencia C-142 de 2001, M.P. Eduardo Montealegre Lynett. Se inhibió la Corte en esta oportunidad para conocer de muchos de los cargos formulados contra algunos numerales de los artículos 223 y 226 del Código Contencioso Administrativo, pues el actor no identificó claramente las disposiciones constitucionales que resultaban vulneradas.

(2) Cfr. Ibíd. Sentencia C-142 de 2001. En dicha oportunidad, tal y como fue referido, la falta de claridad en la identificación de las normas constitucionales que se consideraban vulneradas, que sirvió de base para inhibir a la Corte de realizar un pronunciamiento de fondo tuvo que ver con el siguiente hecho: el actor consideró que las normas acusadas contrariaban 76 disposiciones constitucionales, no obstante, la Corte encontró que sólo respecto de 10 de ellos el actor hizo manifiesta una contradicción posible entre el sentido de la disposición constitucional infringida y las normas demandadas, sobre el que precedía un pronunciamiento de este Tribunal.

(3) Cfr., entre varios, los autos de Sala Plena 244 de 2001 (M.P. Jaime Córdoba Triviño) y de 2001 (M.P. Jaime Córdoba Triviño). En dichas oportunidades la Corte, al resolver el recurso de súplica presentados por los actores, confirmó los autos en los que se inadmitió la demanda por no presentar razones “específicas, claras, pertinentes y suficientes”.

(4) Cfr. Corte Constitucional Sentencia C-898 de 2001 M.P. Manuel José Cepeda Espinosa. La Corte se inhibió de conocer la demanda contra algunos apartes de los artículos 186, 196, 208 y 214 del Decreto 1355 de 1970 por ineptitud en la demanda.

(5) Cfr. Corte Constitucional Sentencia C-143 de 1993, M.P. José Gregorio Hernández. Estudió la Corte en aquella ocasión la demanda de inconstitucionalidad contra los artículos 16 y 20 de la Ley 3ª de 1986, 246, 249 y 250 del Decreto 1222 de 1986. En el mismo sentido puede consultarse la Sentencia C-428 de 1996 M.P. Carlos Gaviria Díaz.

(6) Así, por ejemplo en la Sentencia C-362 de 2001; M.P. Álvaro Tafur Galvis, la Corte también se inhibió de conocer la demanda contra Demanda de inconstitucionalidad contra el artículo 5º del Decreto 2700 de 1991, pues “del estudio más detallado de los argumentos esgrimidos por el demandante, como corresponde a la presente etapa procesal, puede deducirse que los cargos que se plantean aparentemente contra la norma atacada no lo son realmente contra ella”.

(7) Sentencia C-504 de 1995; M.P. José Gregorio Hernández Galindo. La Corte se declaró inhibida para conocer de la demanda presentada contra el artículo 16, parcial, del Decreto 0624 de 1989 “por el cual se expide el estatuto tributario de los impuestos administrados por la Dirección General de Impuestos Nacionales”, pues la acusación carece de objeto, ya que alude a una disposición no consagrada por el legislador.

(8) Cfr. Corte Constitucional Sentencia C-1544 de 2000, M.P. José Gregorio Hernández Galindo. La Corte se inhibe en esta oportunidad proferir fallo de mérito respecto de los artículos 48 y 49 de la Ley 546 de 1999, por presentarse ineptitud sustancial de la demanda, debido a que el actor presentó cargos que se puedan predicar de normas jurídicas distintas a las demandadas. En el mismo sentido C-113 de 2000, M.P. José Gregorio Hernández Galindo, C-1516 de 2000, M.P. Cristina Pardo Schlesinger, y C-1552 de 2000, M.P. Alfredo Beltrán Sierra.

(9) En este mismo sentido pueden consultarse, además de las ya citadas, las sentencias C-509 de 1996 (M.P. Vladimiro Naranjo Mesa), C-1048 de 2000 (M.P. José Gregorio Hernández Galindo), C-011 de 2001 (M.P. Álvaro Tafur Galvis), entre otras.

(10) Cfr. Corte Constitucional Sentencia C-568 de 1995, M.P. Eduardo Cifuentes Muñoz. La Corte se declara inhibida para resolver la demanda en contra de los artículos 125, 129, 130 y 131 de la Ley 106 de 1993, puesto que la demandante no estructuró el concepto de la violación de los preceptos constitucionales invocados.

(11) Estos son los defectos a los cuales se ha referido la jurisprudencia de la Corte cuando ha señalado la ineptitud de una demanda de inconstitucionalidad, por inadecuada presentación del concepto de la violación. Cfr. los autos 097 de 2001 (M.P. Marco Gerardo Monroy Cabra) y 244 de 2001 (M.P. Jaime Córdoba Triviño) y las sentencias C-281 de 1994 (M.P. José Gregorio Hernández Galindo), C-519 de 1998 (M.P. Vladimiro Naranjo Mesa), C-013 de 2000 (M.P. Álvaro Tafur Galvis), C-380 de 2000 (M.P. Vladimiro Naranjo Mesa), C-177 de 2001 (M.P. Fabio Morón Díaz), entre varios pronunciamientos.

(12) Cfr. Corte Constitucional Sentencia C-447 de 1997, M.P. Alejandro Martínez Caballero. La Corte se declara inhibida para pronunciarse de fondo sobre la constitucionalidad del inciso primero del artículo 11 del Decreto-Ley 1228 de 1995, por demanda materialmente inepta, debido a la ausencia de cargo.

(13) Cfr. la Sentencia C-447 de 1997, ya citada.

(14) Cfr. Corte Constitucional Sentencia C-504 de 1993; M.P. Eduardo Cifuentes Muñoz y Carlos Gaviria Díaz. La Corte declaró exequible en esta oportunidad que el Decreto 100 de 1980 (C.P.). Se dijo, entonces: “Constituye un error conceptual dirigir el cargo de inconstitucionalidad contra un metalenguaje sin valor normativo y, por tanto, carente de obligatoriedad por no ser parte del ordenamiento jurídico. La doctrina penal es autónoma en la creación de los diferentes modelos penales. No existe precepto constitucional alguno que justifique la limitación de la creatividad del pensamiento doctrinal —ámbito ideológico y valorativo por excelencia—, debiendo el demandante concretar la posible antinomia jurídica en el texto de una disposición que permita estructurar un juicio de constitucionalidad sobre extremos comparables”. Así, la Corte desestimaba algunos de los argumentos presentados por el actor que se apoyaban en teorías del derecho penal que reñían con la visión contenida en las normas demandadas y con la idea que, en opinión del actor, animaba el texto de la Constitución.

(15) Cfr. Ibíd. Sentencia C-447 de 1997.

(16) Cfr. Corte Constitucional Sentencia C-269 de 1995, M.P. Eduardo Cifuentes Muñoz. Este fallo que se encargó de estudiar la Demanda de inconstitucionalidad contra la Ley 61 de 1993 artículo 1º literales b) y f), es un ejemplo de aquellos casos en los cuales la Corte desestima algunos de los cargos presentados por el actor, puesto que se limitan a presentar argumentos de conveniencia.

(17) Son estos los términos descriptivos utilizados por la Corte cuando ha desestimado demandas que presentan argumentos impertinentes a consideración de la Corte. Este asunto también ha sido abordado, además de las ya citadas, en la C-090 de 1996 (M.P. Antonio Barrera Carbonell), C-357 de 1997 (M.P. José Gregorio Hernández Galindo), C-374 de 1997 (M.P. José Gregorio Hernández Galindo) se desestiman de este modo algunos argumentos presentados por el actor contra la Ley 333 de 1996 sobre extinción de dominio, C-012 de 2000 (M.P. Alfredo Beltrán Sierra), C-040 de 2000 (M.P. Fabio Morón Díaz), C-645 de 2000 (M.P. Alejandro Martínez Caballero), C-876 de 2000 (M.P. Alejandro Martínez Caballero), C-955 de 2000 (M.P. (sic)) C-1044 de 2000 (M.P. Fabio Morón Díaz), C-052 de 2001 (M.P. Álvaro Tafur Galvis), C-201 de 2001 (M.P. José Gregorio Hernández Galindo).

(18) C-1052 de 2001. Sobre este tema se pueden consultar también, entre muchas otras, las Sentencias C-803 de 2006, M.P. Jaime Córdoba Triviño y C-777 de 2006, M.P. Clara Inés Vargas Hernández.

(19) M.P. Nilson Pinilla Pinilla; aclaración de voto de Jaime Araújo Rentería, Manuel José Cepeda Espinosa y Nilson Pinilla Pinilla.

(20) M.P. Jaime Araújo Rentería.

(21) Actas de los debates de la Asamblea Nacional Constituyente, transcripción de sesiones, Presidencia de la República, plenaria, junio 10 de 1991, pág. 68.

(22) Sentencia C-019 de 1993, M.P. Ciro Angarita Barón.

(23) Ver también sentencias T-415 y T-727de 1998 M.P. Alejandro Martínez

(24) Sentencia C-092 de 2002, M.P. Jaime Araújo Rentería.

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