Sentencia C-740 de junio 22 de 2000 

CORTE CONSTITUCIONAL

SALA PLENA

EXTRADICIÓN

NORMAS APLICABLES

EXTRACTOS: «A continuación, se transcribe el texto de la disposición demandada, conforme a su publicación en el Diario Oficial Nº 35461 de febrero 20 de 1980 y, se subraya lo demandado:

“DECRETO 100 DE 1980

(Enero 23)

Por el cual se expide el Nuevo Código Penal

ART. 17.—La extradición se solicitará, concederá u ofrecerá de acuerdo con los tratados públicos. A falta de éstos, el gobierno solicitará, ofrecerá o concederá la extradición conforme a lo establecido en el Código de Procedimiento Penal.

La extradición de colombianos se sujetará a lo previsto en tratados públicos”.

(Se subrayan las partes demandadas)

(...).

La Corte Constitucional es competente para conocer del presente proceso. Si bien la norma demandada fue declarada exequible de manera condicionada por esta corporación mediante sentencia C-087 de 1997 (M.P. Fabio Morón Díaz), ello se hizo bajo la vigencia del texto del artículo 35 de la Carta, el cual fue posteriormente modificado por el Acto Legislativo 01 de 1997. La confrontación de las disposiciones demandadas se hará a la luz de la norma constitucional que se acaba de citar.

El señor Procurador General de la Nación sostiene que el artículo 17 del Código Penal, fue derogado por el artículo 538 del D.L. 2700 de 1991. De otro lado, en el capítulo III de este decreto se regula de manera completa la figura de la extradición. No obstante el peso de los argumentos expuestos por el procurador, la Corte en la sentencia C-087 de 1997, no advirtió que el fenómeno de la derogatoria se hubiese producido, aunque sí estableció la incompatibilidad parcial de la disposición acusada con el antiguo texto del artículo 35 de la C.P., que prohibía la extradición de colombianos por nacimiento y extranjeros por delitos políticos o de opinión. En la parte resolutiva de la sentencia se expresó: “Declarar exequibles los apartes acusados de los siguientes artículos: 17, pero bajo la condición de que sus disposiciones no se pueden aplicar a los colombianos por nacimiento, como tampoco a los extranjeros por delitos políticos o de opinión, de conformidad con el artículo 35 de la Constitución Política”. En estas condiciones, sin desconocer la solidez de los argumentos esgrimidos por el procurador, razones elementales de seguridad jurídica, impiden a la Corte —que en su fallo ha asumido la subsistencia parcial del artículo 17 del Código Penal— abstenerse en esta oportunidad de cotejar los fragmentos normativos supérstites de la norma demandada con la nueva disposición constitucional. En todo caso, para la Corte es claro que las disposiciones del Código de Procedimiento Penal, no se oponen a lo previsto en el primer inciso del artículo 17 del Código Penal y, por el contrario, corresponden a un desarrollo de sus postulados.

La exequibilidad condicionada pronunciada por la Corte supone el reconocimiento de los efectos derogatorios de la Constitución respecto de las normas legales anteriores a su entrada en vigencia y contrarias a sus mandatos. Comoquiera que la Constitución en su artículo 35 prohibía “la extradición de colombianos por nacimiento”, el alcance del segundo inciso del artículo 17 del Código Penal que se refería a la extradición de los colombianos en general, quedaba forzosamente restringida a los “colombianos por adopción”. Los efectos derogatorios derivados de la Constitución son definitivos. La posterior reforma, eliminación o modificación de una norma constitucional, no tiene la virtualidad de restablecer la vigencia de las disposiciones legales que en su momento fueron expulsadas del ordenamiento jurídico por ser incompatibles con su contenido, máxime si ello fue declarado así por una sentencia de la Corte Constitucional que hizo tránsito a cosa juzgada constitucional. Por consiguiente, para los efectos del presente estudio de constitucionalidad, la expresión “colombiano” que aparece en el segundo inciso del artículo 17 del Código Penal, se refiere exclusivamente al colombiano por adopción.

Examen constitucional.

2. La expresión “a falta de éstos”, contenida en el inciso primero del artículo 17 del Código Penal, según el actor, viola la Constitución Política, que ordena que se proceda a conceder la extradición, con independencia de lo que sobre el particular señalen los tratados o aun en caso de que en éstos se disponga lo contrario. Para el demandante, con la salvedad de los delitos políticos, la extradición, en los términos de la ley interna, nunca podrá dejar de otorgarse. De ahí que el artículo 35 de la C.P., haya utilizado la expresión “en su defecto”, lo que en concepto del demandante significa que la extradición, por ministerio de la propia Constitución, siempre deberá conferirse por parte del Estado.

El artículo 35 de la C.P., establece el marco constitucional de la extradición, para lo cual determina el sistema de fuentes y su orden, de una parte y, de otra, un conjunto de limitaciones. Con estricta sujeción a estas reglas de rango constitucional, el legislador puede reglamentar la materia. En ausencia de criterios constitucionales específicos, claramente el legislador dispondría de mayor libertad para adoptar el régimen de extradición, ya sea por medio de una ley o de un instrumento internacional o de ambos. Ahora, la decisión de constitucionalizar algunos aspectos de la extradición, obliga a la Corte a verificar si éstos han sido cabalmente respetados por la ley.

La decisión sobre las fuentes de las cuales pueden extraerse las normas aplicables a la extradición, ha sido directamente adoptada por el constituyente. No es éste un asunto que dependa de la voluntad del legislador. El artículo 35 de la C.P., define el asunto de manera vinculante y definitiva: “La extradición se podrá solicitar, conceder u ofrecer de acuerdo con los tratados y, en su defecto, con la ley”. Esto quiere decir que solamente dos normas —tratado público o ley— pueden servir de fuentes formales y materiales de disposiciones para los efectos de solicitar, conceder u ofrecer la extradición.

Igualmente, la jerarquía y el orden de aplicación de estas dos fuentes no se ha dejado librada a la discrecionalidad del legislador, pues ha sido el mismo constituyente el que ha considerado necesario elevar un criterio al nivel constitucional. La Constitución expresamente ha concedido al tratado público aplicación principal y preferencial. La ley, de acuerdo con el tenor literal del artículo 35 de la C.P., se aplica “en defecto” de los tratados públicos, o sea, de manera subsidiaria o supletoria.

Completa el mencionado marco constitucional una serie de limitaciones de origen constitucional: 1) La extradición de los colombianos por nacimiento se concederá por delitos cometidos en el exterior, considerados como tales en la legislación penal colombiana. 2) La extradición no procederá por delitos políticos. 3) No procederá la extradición cuando se trate de hechos cometidos con anterioridad a la promulgación del Acto Legislativo 01 de 1997.

3. Los cargos del demandante deben analizarse a la luz de los referidos parámetros constitucionales. No cabe la menor duda de que la expresión legal “a falta de éstos”, contenida en el primer inciso del artículo 17 del Código Penal, indica el orden de aplicación de las fuentes que inciden en el tema de la extradición, lo que hace con referencia a las normas indicadas en la Constitución Política —tratados públicos y ley—, y, además, postulando la misma directriz recogida en el estatuto superior. En otras palabras, la expresión legal “a falta de éstos”, tiene el mismo significado que la expresión “en su defecto” que aparece en el texto constitucional.

No se advierte de qué forma la expresión acusada pueda vulnerar los mandatos de la Carta. El carácter obligatorio o puramente potestativo de la extradición, por su parte, es un elemento que no puede deducirse o imponerse a priori por el intérprete, ya que depende del régimen normativo que concretamente desarrolle este mecanismo. Pero, con independencia de este factor, las palabras demandadas, por sí solas no anticipan el carácter potestativo u obligatorio de la extradición.

4. En lo que respecta al cargo que se endilga al segundo inciso del artículo 17 del Código Penal —cuyo alcance se contrae a los colombianos por adopción—, debe la Corte precisar si tiene algún asidero en el actual artículo 35 de la C.P. Según el actor, la disposición demandada excluye la aplicación de la ley como fuente de normas llamadas a regir la figura de la extradición. En efecto, la extradición de colombiano por adopción se “sujetará a lo previsto en tratados públicos”.

El aserto normativo legal se ajustaba plenamente a la normativa constitucional derogada, que no había incorporado regla constitucional alguna sobre fuentes atingentes a la extradición y a su orden de aplicación. Entonces la ley podía regular lo relacionado con las fuentes y su orden, por lo menos en lo concerniente a la extradición de colombianos por adopción y extranjeros. Sin embargo, la situación varió sustancialmente con la entrada en vigencia del Acto Legislativo 01 de 1997, que reservó esta definición a la propia Constitución Política. Para todas las personas —extranjeros y nacionales por nacimiento o adopción—, rige la norma constitucional según la cual “la extradición se podrá solicitar, conceder u ofrecer de acuerdo con los tratados públicos y, en su defecto, con la ley”.

La norma legal examinada, anterior al nuevo texto del artículo 35 de la C.P., no se refiere a las dos fuentes que hoy se imponen en la materia ni alude a su orden de prelación. En este campo —acotado por la definición de las fuentes aplicables y de su prelación—, la ley no puede ser innovativa respecto de la norma constitucional que ha regulado el fenómeno en los términos ya expuestos. La disposición legal, en este caso, al excluir la aplicación supletoria de la ley, viola el nuevo diseño constitucional. Con posterioridad al acto legislativo citado, la ley no puede abrigar la pretensión de regular de manera diferente de la Constitución lo atinente a las fuentes y a su orden, menester asumido por ésta en su condición de norma de normas. Menos todavía puede la Corte mantener en el ordenamiento una norma legal preconstitucional que, de manera ostensible, reduce el alcance de la nueva norma constitucional. Las leyes anteriores y posteriores a la Constitución se subordinan a ésta; lo contrario, resulta inadmisible. La Corte no está autorizada para conservar en el ordenamiento jurídico normas legales anteriores a la Constitución que recortan su fuerza normativa.

VII. Decisión

En mérito de lo expuesto, la Sala Plena de la Corte Constitucional, administrando justicia en nombre del pueblo y por mandato de la Constitución,

RESUELVE:

Declarar EXEQUIBLE la expresión “a falta de” del primer inciso del artículo 17 del Decreto 100 de 1980 e INEXEQUIBLE el segundo inciso del artículo 17 del Decreto 100 de 1980 —Código Penal—.

Notifíquese, comuníquese, publíquese, insértese en la Gaceta de la Corte Constitucional y archívese el expediente».

(Sentencia C-740 de junio 22 de 2000. Magistrado Ponente: Dr. Eduardo Cifuentes Muñoz).

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