Sentencia C-742 de septiembre 26 de 2012

CORTE CONSTITUCIONAL 

SALA PLENA

Ref.: Expediente D-8991

Magistrada Ponente:

Dra. María Victoria Calle Correa

Actor: Carlos Esteban Romo Delgado

Demanda de inconstitucionalidad contra los artículos 44 y 45 (parcial) de la Ley 1453 de 2011, “por medio de la cual se reforma el Código Penal, el Código de Procedimiento Penal, el Código de la Infancia y Adolescencia, las reglas sobre extinción de dominio y se dictan otras disposiciones en materia de seguridad”.

Bogotá, D.C., veintiséis de septiembre de dos mil doce.

EXTRACTOS: «II. Normas demandadas

El texto de la disposición demandada, conforme a su publicación en el Diario Oficial Nº 48.110 del 24 de junio de 2011, es el siguiente (en negrillas y subrayas):

“LEY 1453 DE 2011

(junio 24)

Por medio de la cual se reforma el Código Penal, el Código de Procedimiento Penal, el Código de Infancia y Adolescencia, las reglas sobre extinción de dominio y se dictan otras disposiciones en materia de seguridad

EL CONGRESO DE COLOMBIA

DECRETA:

[…]

ART. 44.—La Ley 599 de 2000 tendrá un artículo del siguiente tenor:

ART. 353A.—Obstrucción a vías públicas que afecten el orden público. El que por medios ilícitos incite, dirija, constriña o proporcione los medios para obstaculizar de manera temporal o permanente, selectiva o general, las vías o la infraestructura de transporte de tal manera que atente contra la vida humana, la salud pública, la seguridad alimentaria, el medio ambiente o el derecho al trabajo, incurrirá en prisión de veinticuatro (24) a cuarenta y ocho meses (48) y multa de trece (13) a setenta y cinco (75) salarios mínimos legales mensuales vigentes y pérdida de inhabilidad de derechos y funciones públicas por el mismo término de la pena de prisión.

PAR.—Se excluyen del presente artículo las movilizaciones realizadas con permiso de la autoridad competente en el marco del artículo 37 de la Constitución Política.

ART. 45.—Modifíquese el artículo 353 de la Ley 599 de 2000, el cual quedará así:

ART. 353.—Perturbación en servicio de transporte público, colectivo u oficial. El que por cualquier medio ilícito imposibilite la circulación o dañe nave, aeronave, vehículo o medio motorizado destinados al transporte público, colectivo o vehículo oficial, incurrirá en prisión de cuatro (4) a ocho (8) años y multa de trece punto treinta y tres (13.33) a setenta y cinco (75) salarios mínimos legales mensuales vigentes”.

(…).

VI. Consideraciones y fundamentos

1. Competencia.

De acuerdo con lo dispuesto en el artículo 241 numeral 4º de la Constitución Política, la Corte es competente para conocer de la presente demanda.

2. Los problemas jurídicos que se plantean.

2.1. El ciudadano plantea dos acusaciones contra los artículos 44 y 45 (parcial) de la Ley 1453 de 2011. Por una parte, un cargo por violación del principio de estricta legalidad penal, en cuanto a juicio del actor no estarían definidos sus elementos típicos de un modo claro, cierto y preciso, de suerte que no se podría saber con seguridad cuáles comportamientos están prohibidos y cuáles no. Y por otra parte, un cuestionamiento por interferencia excesiva en los derechos a la libertad de expresión y de reunión, en tanto según el ciudadano ambos tipos penales criminalizan conductas protegidas por esas libertades, y de ese modo limitan estas últimas de una manera desproporcionada.

2.2. Empero, tras analizar la acción pública con mayor detenimiento, la Sala Plena de la Corte advierte que las dos acusaciones dependen íntimamente del entendimiento que el actor propone de las normas demandadas. Este alcance que les da el accionante a las normas presenta una versión de las mismas que no es aceptada por todos los intervinientes. Así, los ministerios de Justicia y del Derecho, de Transporte y del Interior, lo mismo que la Academia Colombiana de Jurisprudencia y el Ministerio Público, sostienen que las normas demandadas no tipifican ningún comportamiento protegido por derechos fundamentales. Con lo cual, la corporación advierte que podría haber un problema de estricta legalidad, originado en la falta de precisión y claridad de los preceptos demandados, que es su deber resolver antes de cualquier otro debate de inconstitucionalidad. En ese sentido, los problemas centrales de que la Sala deberá resolver en esta oportunidad son los siguientes:

i) Si el artículo 44 de la Ley 1453 de 2011, al tipificar el delito de obstrucción de vías públicas que afecten el orden público, desconoce el principio de estricta legalidad en materia penal.

ii) Si la expresión “imposibilite la circulación”, contenida en el artículo 45 de la Ley 1453 de 2011, que tipifica el delito de “perturbación en servicio de transporte público, colectivo u oficial”, desconoce el principio de estricta legalidad en materia penal.

2.3. Para resolver los anteriores problemas jurídicos, la Corte reiterará su jurisprudencia sobre el margen de configuración del legislador y sus límites derivados de los derechos fundamentales, y luego resolverá si las normas los infringen.

3. El margen de configuración legislativa en materia penal cuando se trata de alguna de las manifestaciones de la libertad de expresión.

3.1. La jurisprudencia constitucional reiteradamente ha sostenido en virtud de la cláusula general de competencia que le atribuyen los artículos 114 y 150 de la Constitución al legislador, que en principio, goza de amplia libertad de configuración para el diseño de la política criminal del Estado, crear las conductas punibles y establecer sus elementos constitutivos, fijar las penas correspondientes, así como el procedimiento para su investigación y juzgamiento, sin que ello implique discrecionalidad absoluta, puesto que debe respetar los derechos constitucionales de las personas en tanto fundamento y límite al poder punitivo del Estado. Fundamento, porque el ius puniendi debe estar orientado a hacer efectivos esos derechos y valores constitucionales. Y límite, porque la política criminal del Estado no puede desconocer los derechos y la dignidad de las personas(2).

3.2. En ejercicio de la potestad de configuración normativa, el legislador puede entonces adoptar diversas decisiones, como las de criminalizar o despenalizar conductas, atenuar, agravar, minimizar o maximizar sanciones, regular las etapas propias del procedimiento penal, reconocer o negar beneficios procesales, establecer o no la procedencia de recursos, designar las formas de vinculación, regular las condiciones de acceso al trámite judicial de los distintos sujetos procesales, entre otros, siempre y cuando con ello no comprometa la integridad de los valores, principios y derechos establecidos por la Constitución(3).

3.3. No obstante, a fin de garantizar los derechos constitucionales, la Corte ha señalado que el ejercicio de esa potestad debe ser siempre razonable y proporcionada, correspondiéndole a la corporación hacer efectivos dichos límites, cuandoquiera que se desconozcan los principios, valores o derechos protegidos(4). Así, dado que los tipos penales se erigen en mecanismos extremos de protección de los derechos(5), al definirlos, el margen de configuración del legislador está sometido al contenido material de los derechos constitucionales(6), así como a los tratados y convenios internacionales relativos a derechos humanos ratificados por Colombia(7).

3.4. Con arreglo a estos criterios, esta corporación ha sostenido que el legislador debe respetar el principio de estricta legalidad o tipicidad. En aplicación del principio de estricta legalidad, ha sostenido (i) que la creación de tipos penales es una competencia exclusiva del legislador (reserva de ley en sentido material)(8) y que (ii) es obligatorio respetar el principio de tipicidad: “nullum crimen, nulla poena, sine lege previa, scripta et certa”(9). De manera que el legislador está obligado no solo a definir la conducta punible de manera clara, precisa e inequívoca(10), sino que además debe respetar el principio de irretroactividad de las leyes penales (salvo favorabilidad). Mediante este principio, ha precisado la Corte, se busca proteger la libertad individual, controlar la arbitrariedad judicial y asegurar la igualdad material de las personas frente al poder punitivo y sancionador del Estado(11).

3.5. El principio de estricta legalidad se encuentra en el derecho de toda persona particular a responder “sólo por infringir la Constitución y las leyes” (C.P., art. 6º), y en los derechos de todo individuo a no ser juzgado “sino conforme a leyes preexistentes al acto que se le imputa” (C.P., art. 29) y a no ser reducido “a prisión […] sino […] por motivo previamente definido en la ley” (C.P., art. 28). En principio, parece que estas normas constitucionales solo exigen reservar al Congreso la facultad para definir los delitos y asignarles penas, y que no ordenan una predeterminación clara de los tipos penales. Pero de nada serviría que se reservase al legislador la definición de los tipos penales, si pudiera hacerlo de un modo excesivamente abierto, indeterminado e impreciso, pues en esa hipótesis serían las autoridades encargadas de su aplicación quienes completarían los elementos faltantes. Por lo mismo, el legislador debe establecer los delitos y las penas de un modo claro, preciso y determinado; es decir, debe respetar el principio de estricta legalidad. Esa es simultáneamente una garantía de respeto a la división de poderes que hizo el Constituyente (C.P., arts. 1º y 121).

3.6. Junto con este límite, el legislador tiene otros. Recientemente la Corte sistematizó la jurisprudencia sobre los criterios constitucionales que debe respetar el legislador al hacer uso de su margen de configuración en materia penal en la Sentencia C-365 de 2012(12). Se transcribe in extenso, por su importancia, a continuación:

“El legislador tiene un amplio margen de apreciación y una libertad de configuración para determinar el contenido concreto del derecho penal, en desarrollo de la política criminal del Estado(13). Esta facultad se deriva de la cláusula general de competencia contemplada en los artículos 114 y 150 de la Constitución y le permite crear o excluir conductas punibles, fijar la naturaleza y la magnitud de las sanciones, lo mismo que las causales de agravación o de atenuación de estas, dentro del marco de la política criminal que adopte(14).

Sin embargo, la Constitución es un límite invariable y una fuente de inspiración y dirección del legislador en materias penales y sancionatorias(15). Por lo cual, la Carta Fundamental establece valores, preceptos y principios a los cuales debe ceñirse el legislador en la elaboración de normas penales(16):

(…) En primer lugar, el principio de necesidad de la intervención penal relacionado a su vez con el carácter subsidiario, fragmentario y de ultima ratio del derecho penal(17). De acuerdo al principio de subsidiariedad “se ha de recurrir primero y siempre a otros controles menos gravosos existentes dentro del sistema estatal antes de utilizar el penal”(18); según el principio de ultima ratio “el Estado solo puede recurrir a él cuando hayan fallado todos los demás controles” y finalmente, en virtud del principio de fragmentariedad “el derecho penal solamente puede aplicarse a los ataques más graves frente a los bienes jurídicos”(19). Sobre este aspecto la Corte Constitucional ha señalado:

“La Corte ha sostenido que el derecho penal se enmarca en el principio de mínima intervención, según el cual, el ejercicio de la facultad sancionatoria criminal debe operar cuando los demás alternativas de control han fallado. Esta preceptiva significa que el Estado no está obligado a sancionar penalmente todas las conductas antisociales, pero tampoco puede tipificar las que no ofrecen un verdadero riesgo para los intereses de la comunidad o de los individuos; como también ha precisado que la decisión de criminalizar un comportamiento humano es la última de las decisiones posibles en el espectro de sanciones que el Estado está en capacidad jurídica de imponer, y entiende que la decisión de sancionar con una pena, que implica en su máxima drasticidad la pérdida de la libertad, es el recurso extremo al que puede acudir al Estado para reprimir un comportamiento que afecta los intereses sociales. En esta medida, la jurisprudencia legitima la descripción típica de las conductas solo cuando se verifica una necesidad real de protección de los intereses de la comunidad. De allí que el derecho penal sea considerado por la jurisprudencia como la ultima ratio del derecho sancionatorio”(20).

Estos axiomas desarrollan el principio de mínima intervención, según el cual, el ejercicio de la facultad sancionatoria criminal debe operar cuando los demás alternativas de control han fallado(21).

En este sentido, la Corte Constitucional ha reconocido que el derecho penal debe ser un instrumento de ultima ratio para garantizar la pacífica convivencia de los asociados, previa evaluación de su gravedad y de acuerdo a las circunstancias sociales, políticas, económicas y culturales imperantes en la sociedad en un momento determinado(22).

(…) En segundo lugar, encontramos el principio de exclusiva protección de bienes jurídicos de acuerdo con el cual, el derecho penal está instituido exclusivamente para la protección de bienes jurídicos(23), es decir, para la protección de valores esenciales de la sociedad(24). Sobre este principio la Corte Constitucional se ha pronunciado en diversas ocasiones:

“(…) Para efectos de la presente sentencia resulta relevante recordar que en esta materia la Corte ha hecho énfasis en que es al legislador a quien corresponde determinar la política criminal del Estado(25) y que desde esta perspectiva, a él compete, por principio, efectuar una valoración en torno de los bienes jurídicos que ameritan protección penal, las conductas susceptibles de producir lesiones en tales bienes, el grado de gravedad de la lesión que dé lugar a la aplicación del ius puniendi, y el quantum de la pena que deba aplicarse”.

(…) En tercer lugar, se encuentra el principio de legalidad(26), de acuerdo con el cual, cuando haya lugar a una limitación, los requisitos deberán ser fijados por la ley, ya que al ser una libertad personal, la Constitución establece una estricta reserva legal(27):

“La reserva legal, como expresión de la soberanía popular y del principio democrático (arts. 1º y 3º C. Pol.), en virtud de la cual la definición de las conductas punibles y sus sanciones, que constituyen una limitación extraordinaria a la libertad individual, por razones de interés general, está atribuida al Congreso de la República como órgano genuino de representación popular, lo cual asegura que dicha definición sea el resultado de un debate amplio y democrático y que se materialice a través de disposiciones generales y abstractas, impidiendo así la posibilidad de prohibiciones y castigos particulares o circunstanciales y garantizando un trato igual para todas las personas”(28).

El principio de legalidad está compuesto a su vez por una serie de garantías dentro de las cuales se encuentran: la taxatividad(29) y la prohibición de la aplicación de normas penales retroactivamente (salvo sean más favorables para el reo)(30). En este marco cobra particular importancia el principio de taxatividad, según la cual, las conductas punibles deben ser no solo previamente sino taxativa e inequívocamente definidas por la ley(31). En este sentido:

“En virtud de los principios de legalidad y tipicidad el legislador se encuentra obligado a establecer claramente en qué circunstancias una conducta resulta punible y ello con el fin de que los destinatarios de la norma sepan a ciencia cierta cuándo responden por las conductas prohibidas por la ley. No puede dejarse al juez, en virtud de la imprecisión o vaguedad del texto respectivo, la posibilidad de remplazar la expresión del legislador, pues ello pondría en tela de juicio el principio de separación de las ramas del poder público, postulado esencial del Estado de derecho”(32).

(…) En cuarto lugar, el principio de culpabilidad, derivado de artículo 29 de la Carta Política y que en nuestro ordenamiento tiene las siguientes consecuencias:

(i) El derecho penal de acto, por el cual “sólo se permite castigar al hombre por lo que hace, por su conducta social, y no por lo que es, ni por lo que desea, piensa o siente”(33). Sobre este principio la Corte Constitucional ha señalado:

“La Constitución colombiana consagra el derecho penal de acto, en cuanto erige un Estado social de derecho, que tiene como uno de sus pilares el respeto de la dignidad humana (art. 1º), asigna el carácter de valor fundamental a la libertad de las personas (preámbulo) en sus diversas modalidades o manifestaciones, destaca que todas las personas nacen libres (art. 13) y que toda persona es libre (art. 28) y preceptúa específicamente en relación con la responsabilidad penal que nadie puede ser reducido a prisión o arresto ni detenido sino por motivo previamente definido en la ley (art. 28) y que nadie podrá ser juzgado sino conforme a leyes preexistentes al “acto que se le imputa”, como también que toda persona se presume inocente mientras no se la haya declarado judicialmente “culpable” (art. 29)”(34).

[…]

(ii) El principio según el cual no hay acción sin voluntad, que exige la configuración del elemento subjetivo del delito. De acuerdo al mismo, ningún hecho o comportamiento humano es valorado como acción, sino es el fruto de una decisión; por tanto, no puede ser castigado si no es intencional, esto es, realizado con conciencia y voluntad por una persona capaz de comprender y de querer(35).

(iii) El grado de culpabilidad es uno de los criterios básicos de imposición de la pena es, de tal manera que a su autor se le impone una sanción, mayor o menor, atendiendo a la entidad del juicio de exigibilidad, es decir, la pena debe ser proporcional al grado de culpabilidad(36).

(…) En cuarto lugar, los principios de racionabilidad y proporcionalidad en materia penal(37), de acuerdo con los cuales deben ponderarse las finalidades de prevención y represión del delito con derechos fundamentales de las personas como el derecho a la libertad y al debido proceso:

“Ha precisado la Corte que dicha competencia, si bien es amplia, se encuentra necesariamente limitada por los principios constitucionales, y en particular por los principios de racionalidad y proporcionalidad. Dichas limitaciones, ha dicho la corporación, encuentran adicional sustento en el hecho que en este campo están en juego, no solamente importantes valores sociales como la represión y prevención de delito, sino también derechos fundamentales de las personas como el derecho a la libertad y al debido proceso. Así las cosas, la Corte ha explicado que si bien el legislador cuenta con una amplia potestad de configuración normativa para el diseño de la política criminal del Estado y, en consecuencia, para la tipificación de conductas punibles es evidente que no por ello se encuentra vedada la intervención de la Corte cuando se dicten normas que sacrifiquen los valores superiores del ordenamiento jurídico, los principios constitucionales y los derechos fundamentales”(38).

(…) Por último encontramos al bloque de constitucionalidad y a otras normas constitucionales que deben ser tenidas en cuenta en la redacción de las normas penales:

“Además de los límites explícitos, fijados directamente desde la Carta Política, y los implícitos, relacionados con la observancia de los valores y principios consagrados en la Carta, la actividad del legislador está condicionada a una serie de normas y principios que, pese a no estar consagrados en la Carta, representan parámetros de constitucionalidad de obligatoria consideración, en la medida en que la propia Constitución les otorga especial fuerza jurídica por medio de las cláusulas de recepción consagradas en los artículos 93, 94, 44 y 53. Son estas las normas que hacen parte del llamado bloque de constitucionalidad”(39).

De esta manera, el control que el juez constitucional ejerce sobre esas definiciones legislativas es un control de límites respecto del cumplimiento de estos principios(40).

3.7. Ahora bien, es preciso no perder de vista que la Corte ha sido particularmente cuidadosa al examinar normas penales que estén orientadas a sancionar abusos del ejercicio de las libertades de expresión, de prensa y de reunión, consideradas como esenciales para la democracia y para el control del ejercicio del poder(41). No obstante, la protección de estas libertades no impide la represión de la violencia, precisamente porque resulta contrario al orden democrático, a la convivencia pacífica y al respeto y garantía de todos los derechos constitucionales, el que se acuda a la arbitrariedad y al uso ilegítimo de la fuerza como mecanismo para hacer valer las razones o como método para ejercer estas libertades.

3.8. Así las cosas, pasa la Sala a referirse brevemente el ámbito de protección del derecho a reunirse y manifestarse pública y pacíficamente, con el fin de precisar los límites materiales que debe respetar el legislador al ejercer su margen de configuración, especialmente en materia penal.

4. Derecho a reunirse y manifestarse pública y pacíficamente.

4.1. En Colombia el derecho a reunirse y manifestarse pública y pacíficamente está expresamente reconocido en la Constitución Política y por los tratados internacionales que hacen parte del bloque de constitucionalidad. El artículo 37 de la Constitución consagra este derecho, en los siguientes términos:

“Toda parte del pueblo, puede reunirse y manifestarse pública y pacíficamente. Solo la ley podrá establecer de manera expresa los casos en los cuales se podrá limitar el ejercicio de este derecho”.

4.2. Esta norma, a diferencia del artículo 46 de la Constitución de 1886(42) que solo consagraba el derecho de reunión(43), incorpora el derecho de manifestación, garantizando en ambos casos su ejercicio público y pacífico, y estatuye que solo la ley podrá señalar expresamente los casos en los cuales puede limitarse el ejercicio de este derecho(44). El derecho a reunirse y manifestarse pública y pacíficamente, ha sido reconocido por esta corporación como una de las varias manifestaciones que tiene la libertad de expresión(45) (C.P., art. 20). Dentro de un régimen jurídico pluralista que privilegia la participación democrática y que además garantiza el ejercicio de otros derechos de rango constitucional como la libertad de locomoción (C.P., art. 24) y los derechos de asociación (C.P., art. 38) y participación en los asuntos públicos (C.P., arts. 2º y 40), la protesta social tiene como función democrática llamar la atención de las autoridades y de la opinión pública sobre una problemática específica y sobre las necesidades que ciertos sectores, en general minoritarios, para que sean tenidos en cuenta por las autoridades.

4.3. Por lo demás, la Constitución Política garantiza el derecho a reunirse y manifestarse públicamente tanto en una dimensión estática (reunión) como dinámica (movilización), de forma individual como colectiva, y sin discriminación alguna, pues así se deriva de la expresión “toda parte del pueblo”. Todo ello, sin otra condición distinta, a que sea pacífico, o sea, sin violencia, armas ni alteraciones graves del orden público. Esto significa que sólo la protesta pacífica goza de protección constitucional. Así, aun reconociendo la tensión que surge entre el ejercicio del derecho de reunión y manifestación pública y pacífica y el mantenimiento del orden público, no puede el legislador desbordar los principios de razonabilidad y proporcionalidad al hacer uso del margen de configuración o establecer restricciones cuya vaguedad conduzca a impedir tal derecho.

4.4. Ni siquiera bajo estados de excepción, donde el margen de configuración del legislador permite mayores limitaciones, puede éste impedir de manera general el ejercicio de este derecho. En efecto, en la Sentencia C-179 de 1994 al examinar el artículo 44 de la Ley 137 de 1994 “Por la cual se reglamentan los Estados de Excepción en Colombia”, la Corte Constitucional sostuvo que en desarrollo de las facultades que se desprenden de la declaratoria del estado de conmoción interior, el gobierno no puede tipificar como delito los actos legítimos de protesta social(46). Asimismo, al estudiar el artículo 38 de la misma ley, que autoriza a someter a permiso previo solo aquellas reuniones o manifestaciones públicas y pacíficas que puedan contribuir de manera grave e inminente a la perturbación del orden público, la Corte Constitucional señaló lo siguiente(47):

“[…] El derecho de reunión que se encuentra consagrado en el artículo 37 de la ley suprema, según lo ha dicho esta corporación, “ha sido concebido como una libertad pública fundamental pues constituye una manifestación colectiva de la libertad de expresión y un medio para ejercer los derechos políticos. Esta libertad es la base de la acción política en las campañas electorales y también de los movimientos cívicos y otras manifestaciones legítimas de apoyo y protesta”(48).

La Constitución faculta a la ley para establecer, de manera expresa, los casos en los cuales se puede limitar el ejercicio de los derechos de reunión y manifestación, y como “la Constitución no determinó en forma expresa los valores o derechos que deben protegerse para justificar las limitaciones al derecho de reunión y manifestación, sino que otorgó una facultad general al legislador para determinar los casos en los cuales se puede limitar su ejercicio, será tarea de los jueces estudiar las limitaciones constitucionalmente aceptables, mediante la creación de fórmulas de equilibrio que permitan conciliar el libre ejercicio del derecho y el orden público, así como armonizar los conflictos del derecho de reunión y manifestación de ciertas personas con el ejercicio de los derechos fundamentales de los demás. Generalmente las limitaciones al ejercicio del derecho de reunión y manifestación se encuentran vinculadas al mantenimiento del orden público(49).

Entonces no les asiste razón a los intervinientes primeramente citados, pues precisamente la norma que consideran violada, al regular el derecho de reunión, autoriza a la ley para “establecer de manera expresa los casos en los cuales se podrá limitar el ejercicio de este derecho” y esto es lo que el literal d) del artículo 38 estatuye al señalar los casos en los cuales se requiere de permiso previo para la celebración de reuniones y manifestaciones, en el evento de que ellas puedan contribuir, en forma grave e inminente a perturbar el orden público.

Así las cosas, el literal d) del proyecto de ley estatutaria no infringe la Carta, motivo por el cual será declarado exequible”.

4.5. En definitiva, la protección de la comunicación colectiva de ideas y opiniones que se haga de manera pública y pacífica, impone al legislador como límite el deber de garantizar el acceso a foros públicos y en esa medida debe establecer de manera expresa y precisa, las garantías para su ejercicio. En todo caso, la Constitución autorizó al legislador para determinar cuándo y cómo puede realizarse el derecho de reunión y de manifestación pública y pacífica. Estableciendo los casos en que se requiere dar aviso previo a las autoridades para que precisen las condiciones de tiempo, modo y lugar para su ejercicio de tal manera que no afecte de manera significativa el desarrollo normal de las actividades urbanas, se asegure la circulación, los derechos de quienes no participan en la manifestación pública y se promueva la tolerancia.

4.6. Y es importante resaltar lo siguiente. La Constitución rechaza expresamente el uso de la violencia dentro del marco del Estado de derecho. Cuando existen instrumentos idóneos para expresar la inconformidad, como el estatuto de la oposición, la revocatoria de mandato, el principio de la soberanía popular, el control de constitucionalidad, la acción de tutela, las acciones de cumplimiento y las acciones populares, o las manifestaciones pacíficas, pierden sustento los posibles motivos usados para legitimar la confrontación armada o las actitudes violentas de resistencia a la autoridad. Para la corporación,

“[…] los correctivos a las fallas en el manejo del poder político tienen que ser de derecho y no de hecho. La vía de hecho no puede, bajo ningún aspecto, conducir al restablecimiento del orden, no solo por falta de legitimidad in causa para ello, sino porque siempre es, dentro del Estado de derecho, un medio inadecuado, desproporcionado y generador de desorden”(50).

4.7. Las limitaciones al ejercicio del derecho a reunirse y manifestarse pública y pacíficamente solo pueden ser establecidas mediante ley. No obstante, la jurisprudencia constitucional ha precisado que dicha reserva legal no significa que el legislador pueda limitar a su arbitrio el ejercicio del derecho, por el contrario, tal competencia debe ser ejercida a la luz del conjunto de valores, principios y derechos consagrados en la Constitución. Sobre el particular, ha sostenido la Corte:

“[…] En adelante, solo el legislador podrá establecer los casos en los cuales puede limitarse el ejercicio del derecho de reunión y manifestación. Aunque la norma aprobada no consagre expresamente las figuras de aviso o notificación previa para las reuniones públicas, como si lo hacen otras constituciones europeas y latinoamericanas, la facultad otorgada por la Constitución de 1991 al legislador le permitirá reglamentar el derecho y establecer el aviso previo a las autoridades, determinar los casos en que se requiere y la forma como debe presentarse para informar la fecha, hora y lugar de la reunión o la manifestación. Es importante señalar, que la finalidad del aviso previo, a la luz de la Constitución de 1991, no puede ser la de crear una base para que la reunión o la manifestación sea prohibida. Tiene por objeto informar a las autoridades para que tomen las medidas conducentes a facilitar el ejercicio del derecho sin entorpecer de manera significativa el desarrollo normal de las actividades comunitarias.

Como la Constitución no determinó en forma expresa los valores o derechos que deben protegerse para justificar las limitaciones al derecho de reunión y manifestación, sino que otorgó una facultad general al legislador para determinar los casos en los cuales se puede limitar su ejercicio, será tarea de los jueces estudiar las limitaciones constitucionalmente aceptables, mediante la creación de fórmulas de equilibrio que permitan conciliar el libre ejercicio del derecho y el orden público, así como armonizar los conflictos del derecho de reunión y manifestación de ciertas personas con el ejercicio de los derechos fundamentales de los demás.

Generalmente las limitaciones al ejercicio del derecho de reunión y manifestación se encuentran vinculadas al mantenimiento del orden público. Con el fin de evitar posibles arbitrariedades se han establecido criterios para calificar las hipótesis de hecho en las cuales se justifica disolver o impedir el desarrollo de una reunión. En líneas generales estos criterios deben estar dirigidos exclusivamente a evitar amenazas graves e inminentes. Por lo general, es insuficiente un peligro eventual y genérico, un simple temor o una sospecha. La naturaleza del derecho de reunión, en sí mismo conflictivo, no puede ser la causa justificativa de normas limitativas del mismo. No se puede considerar el derecho de reunión y manifestación como sinónimo de desorden público para restringirlo per se”(51) (resaltado dentro del texto).

4.8. Así, con el fin de examinar la constitucionalidad de los artículos 44 y 45 de la Ley 1453 de 2011, demandados en el presente proceso, se recordarán brevemente los antecedentes del trámite de estas normas en el Congreso, las razones expresadas para justificar su expedición y el contexto de las mismas.

5. Antecedentes legislativos de las normas demandadas.

5.1. La Ley 1453 de 2011, de acuerdo a la exposición de motivos que acompaña al Proyecto de Ley Nº 164 Senado y 160 de 2010 Cámara, presentado por al Congreso de la República por el Gobierno Nacional, tiene como finalidad materializar la política criminal del Estado contra el terrorismo y la criminalidad organizada, debido a su gran potencialidad para afectar gravemente la paz y la seguridad pública al ser los medios empleados para minar las bases del Estado de derecho y afectar a los ciudadanos en su vida, honra y bienes.

5.2. Para prevenir y atacar de manera decidida y ejemplar estos atentados contra la ciudadanía, se incorporaron medidas orientadas a la protección de las garantías ciudadanas con base en el marco legal existente, buscando cumplir con cuatro objetivos: (i) eliminar la impunidad, (ii) luchar contra la criminalidad organizada y el terrorismo, (iii) incrementar la efectividad del proceso penal, la extinción del dominio y la responsabilidad juvenil, y (iv) vincular a la comunidad en la prevención del delito en condiciones de seguridad y con pleno respeto de sus derechos fundamentales(52).

5.3. Los artículos 44 y 45 cuestionados en esta oportunidad no hicieron parte del proyecto inicialmente presentado al Congreso de la República. El artículo 44 fue propuesto a la plenaria de la Cámara de Representantes en el informe de ponencia para segundo debate, dentro de los cambios de fondo introducidos al articulado aprobado en la Comisión Primera de la Cámara, con el siguiente texto:

“ART. 48.—La Ley 599 de 2000 tendrá un artículo 353A, el cual quedará así:

ART. 353A.—Obstrucción a vías públicas que afecten el orden público. El que por medios ilícitos obstaculice, de manera temporal o permanente, selectiva o general, las vías o la infraestructura de transporte de tal forma que afecte el orden público o la movilidad incurrirá en prisión de cuatro (4) a ocho (8) años y multa de trece (13) a setenta y cinco (75) salarios mínimos legales mensuales vigentes”(53).

5.4. La norma luego de ser concertada en una subcomisión especial junto con otros artículos respecto de los cuales no había consenso, fue aprobada con modificaciones en la plenaria de la Cámara, en los siguientes términos:

“ART. 48.—La Ley 599 de 2000 tendrá un artículo del siguiente tenor:

ART. 353A.—Obstrucción a vías públicas que afecten el orden público. El que por medios ilícitos incite, dirija, constriña o proporcione los medios para obstaculizar de manera temporal o permanente, selectiva o general, las vías o la infraestructura de transporte de tal manera que atente contra la vida humana, la salud pública, la seguridad alimentaria el medio ambiente o el derecho al trabajo, incurrirá en prisión de veinticuatro (24) a cuarenta y ocho meses (48) y multa de trece (13) a setenta y cinco (75) salarios mínimos legales mensuales vigentes y pérdida de inhabilidad de derechos y funciones públicas por el mismo término de la pena de prisión.

PAR.—Se excluyen del presente artículo las movilizaciones realizadas con permiso de la autoridad competente en el marco del artículo 37 de la Constitución Política”(54).

5.5. El Ministro del Interior y de Justicia(55), avaló el texto concertado en la subcomisión y explicó el alcance de la norma:

“[…] A ver señor Presidente, yo quiero también solicitarle a la corporación que nos acompañe en el texto que concertamos al interior de la subcomisión, por supuesto esa concertación excluyó a la autora de la proposición que está a consideración de ustedes.

Quiero hacer varias precisiones, la primera, aquí no se trata de criminalizar ninguna protesta social, de ninguna manera, quien haya escuchado el contenido del artículo concertado podrá advertir que se sanciona a quien obstaculiza las vías, poniendo en riesgo la vida humana, la salud pública, la seguridad alimentaria, el medio ambiente y el derecho al trabajo. Viene un párrafo muy explícito que señala que se excluye de la criminalización o de la tipificación de esta conducta penal a toda persona que organice sus manifestaciones, pero con el permiso de la autoridad competente, si quieren incluirle vías intermunicipales me parece bien. Porque quien obtiene su permiso legalmente para protestar, tendrá todo el derecho de hacerlo pero lo que no se puede seguir tolerando es que algunas personas obstaculizan todas las vías del país, y uno se preguntaría ¿en qué está el derecho de los demás? ¿En dónde queda el derecho de las personas que necesitan movilizarse entre un municipio y otro? ¿En qué queda el derecho de las personas que necesitan ir al trabajo?, en que queda el derecho de las personas que necesitan alimentarse cuando un municipio lo bloquean de tal suerte que no puedan ingresar alimentos, no.

Busquemos un justo equilibrio, que es la propuesta que viene concertada, se respeta el derecho a la huelga y el derecho a la protesta pero dentro del marco que fija el artículo 37 de la Constitución Nacional, con los debidos permisos, con las debidas autorizaciones, no se quiere restringir la propuesta, pero tampoco tolerar abusos como los que evidenciamos en ese paro camionero en donde pusieron en riesgo la salud alimentaria de vastas zonas del país, eso es lo que se quiere y muy particularmente para los organizadores de esas movilizaciones, tener una norma que le permita al gobierno y a las autoridades actuar.

Además la norma consagra para más precisión, quien lo haga utilizando medios ilícitos. De manera que no es criminalizando las marchas en Bogotá que tenemos todos los días, pero la gente que sí quiere bloquear, como por ejemplo sucedió la semana pasada de manera indefinida las salidas y entradas a Villavicencio, eso no se pude tolerar, que se reúnan en el parque y protesten y se queden instalados viviendo ahí muy bien, pero que impidan que cualquier ciudadano de Villavicencio se pueda desplazar a otro municipio del país, eso no se puede aceptar. Eso es el sentido de este artículo, porque con los instrumentos que tenemos hoy, a las autoridades les resulta muy difícil proceder frente a hechos como esos.

Bienvenida la protesta dentro del marco de la ley, porque los que no están en la protesta también tienen derecho a que el gobierno y la autoridad estén en el deber de protegerlo[s]. Yo les pediría, que este artículo que se concertó, repito con excepción de la honorable Representante Alba Luz Pinilla, hasta por Hugo Velázquez que tenía una proposición también para eliminar el artículo, pues viene firmado por Chacón, entonces, imagínese la concertación que tuvimos que hacer gracias”(56).

5.6. No obstante, varios representantes a la Cámara, expresaron su inconformidad con la norma propuesta y solicitaron que fuera retirada(57), con fundamento en que se criminaliza la protesta social, desconociendo que se trata de un mecanismo de participación política consagrado en la Constitución que debe ser protegido(58).

5.7. Adicionalmente, un representante a la Cámara(59), con fundamento en que con la norma propuesta se busca lograr un equilibrio entre la libertad de los ciudadanos que no están protestando y que tienen derecho a la libre movilización y el derecho de quienes tienen alguna protesta legítima y quieren expresarla de manera lícita, planteó la reducción de la sanción de dos a cuatro años de prisión y que el delito fuese excarcelable(60).

5.8. El Ministro del Interior y de Justicia, recogiendo las inquietudes planteadas en el debate presentó una nueva proposición:

“Yo tengo una propuesta que puede resultar útil, dejemos la pena, porque además esa pena que está prevista no es para quien participe, la conducta de quienes participan todas es excarcelables, pero de quienes organizan por medios ilícitos no, voy hacer una propuesta que se va caer de muy buen recibo, entiendo las preocupaciones de los miembros del Polo cuando se habla de vía pública, eso podría entenderse la calle de una ciudad, una plazoleta, dejemos quien obstaculice las vías intermunicipales, porque es ahí donde queremos llegar, lo que no se puede es [aislar] a un municipio completo de las cabeceras municipales, ese tipo de protesta es la que el gobierno considera improcedente, de manera que si lo limitamos a la vías intermunicipales, no estamos afectando para nada las marchas que tengan lugar en un municipio en aras de protestar, pero lo que no pueden es cerrar todas la vías de acceso a un respetivo municipio aislando a una población entera, de manera que si ustedes lo tienen a bien agreguen la frase quien obstruya vías intermunicipales y yo le pediría Presidente que se vote”(61).

5.9. Uno de los representantes, rechazó la proposición en los siguientes términos(62):

“[…] yo tengo el privilegio de haber sido líder estudiantil, uno de los recuerdos que tal vez que tengo de la universidad pública, es una marcha señor ministro, que hicimos desde la ciudad de Tunja hasta Bogotá el 6 de noviembre del año 2008, salimos caminando ocho mil estudiantes, llegamos a Bogotá mil estudiantes para solicitarle al Gobierno Nacional recursos por la grave crisis que afrontaba mi universidad, la UPTC, la Universidad Pedagógica y Tecnológica de Colombia, seis días caminando desafortunadamente en ese entonces le pedimos el permiso a una concesión. Yo he estado escuchado con mucha atención los argumentos que se han expuesto, y es bueno que haya sucedido esto, por lo de los números de las marchas dentro de la ciudad, porque le cuento que la marcha que hubo de la reforma a la Ley 30 que se organizó y que fue pacífica en todo el territorio colombiano, de las veintiséis marchas, estoy revisando acá solo tres marchas se autorizaron y vamos a ver, si aprobando ese artículo como queda de esa manera, pues esas marchas tendrían cárcel para los líderes estudiantiles que hacen un ejercicio democrático, de poder expresar sus contradicciones contra ese tipo de reformas, pero quiero simplemente decir que la solución me parece que no es esa, que penalizar y encarcelar a los que lideren o hagan ese tipo de manifestaciones no es prudente, yo simplemente podría dejar la constancia, ministro, que si este artículo, tal cual lo propone se hubiera aprobado hace tres años, hoy no estaría en este Congreso de la República, sino en la cárcel, porque lideré una marcha, que por obvias razones genera vías obstruidas y no porque se quiera interponer la orden de ciudades (sic) o afectar las comunidades, sino porque en ocasiones las marchas generan que la gente se entere que hay una situación anormal.

Obviamente no estamos a favor de la violencia, ni estoy justificando, ni haciendo apología a la violencia, pero este tipo de expresiones democráticas que históricamente y que a propósito se hacen el día del estudiante ha[n] demostrado grandes ayudas al desarrollo del país.

Por eso Presidente, colegas, yo solicitaría que no generalicemos las protestas, que ese artículo no se apruebe de esa manera, lo hago de verdad, porque participé en protestas estudiantiles y le reitero que si ese artículo se hubiese aprobado hace tres años, yo hoy no estaría en el Congreso de la República, sino estaría en una cárcel de Colombia”(63).

5.10. Finalmente, intervino un representante para expresar su desacuerdo con el artículo sometido a discusión, la decisión del Ministro del Interior y de Justicia de retirar la expresión “intermunicipales”, y la propuesta alternativa por él presentada a nombre del gobierno(64):

“[…] Estamos hablando en mi opinión de los artículos más importantes de esta reforma, yo deploro el modo olímpico en que el ministro pretende modificar un artículo, retira con semejante facilidad y lo sustento de que no estamos de acuerdo, pero le digo que me parece tan folclórico, en un tema tan importante, que deberíamos intentar que precisamente los congresistas estadounidenses que están preocupados acerca de los derechos humanos en Colombia, a propósito del TLC, incluyan dentro su protocolo el debate que estamos discutiendo, uno no puede irse como Angelino Garzón a los EE UU, a predicar las mejoras en las condiciones de los derechos humanos y pretender que este asunto tan sensible, que puede comprometer a miles y centenares de miles de personas, vayan a ser tratados en la manera en que están siendo tratados por este gobierno. Angelino y su pupilo Julio Roberto Gómez quien pretende en nombre de los trabajadores dar lecciones sobre el carácter democrático de este gobierno, deberían tomar atenta nota de lo que aquí se está registrando, yo le quiero preguntar públicamente al ministro, explíqueme cuál es el medio lícito de cerrar una vía intermunicipal, de bloquearla, explíquemela para llamar al país a que por los medios que usted me proponga supuestamente lícitos, empecemos a protestar, no existe un bloqueo por excelencia declarado ilícito, en menos de lo que canta un gallo le han negado la autorización.

Aquí se dice que no es el que participe, si no al que lo organice, pues desde luego, igualmente recae sobre la Dirección Obrera de Colombia, y me dicen que ya no son las vías terciarias sino las intermunicipales, ministro aquí hemos sido testigos, los pobres afectados por el invierno se tomaban una vía, un camino o una vía vecinal y nadie los escuchaban, se tomaban una vía terciaria y nadie les ponía cuidado, solamente cuando salieron a las vías intermunicipales fueron atendidos y desde luego no con propósitos protervos, sino con el único fin de ser escuchados por el gobierno. Me parece que la propuesta del ministro y desde luego no la comparto, pero deploro el comportamiento de un ministro que se atreve [a] hacer una propuesta de semejante calado y pretende retirarla como especie de cobro, al hecho que no salga el Polo Democrático aplaudirle semejante proposición, desde luego tomamos nota de ello, seguimos votando negativamente, pero lamento el tratamiento que este ministerio en particular le está dando al asunto tan crucial para la democracia del país”(65).

5.11. En los anteriores términos, se expresaron en el seno de la Cámara de Representantes las diferentes preocupaciones que la norma propuesta generaba, y en particular, la relativa la posibilidad de que se estuviese criminalizando la protesta social legítima a que tienen derecho todos los colombianos en virtud del artículo 37 de la Constitución Política. En este mismo escenario, plenaria de la Cámara de Representantes, se introdujo y aprobó, sin ninguna explicación ni observación sobre su contenido, el artículo 45 con un texto idéntico al que se demanda en esta oportunidad:

“ART. 45.—Modifíquese el artículo 353 de la Ley 599 de 2000, el cual quedará así:

ART. 353.—Perturbación en servicio de transporte público, colectivo u oficial. El que por cualquier medio ilícito imposibilite la circulación o dañe nave, aeronave, vehículo o medio motorizado destinados al transporte público, colectivo o vehículo oficial, incurrirá en prisión de cuatro (4) a ocho (8) años y multa de trece punto treinta y tres (13.33) a setenta y cinco (75) salarios mínimos legales mensuales vigentes”(66).

5.12. Las anteriores intervenciones permiten concluir que en desarrollo de la política criminal del Estado que busca dar prevalencia a un componente fundamental del concepto orden público, como lo es la seguridad ciudadana, el legislador decidió, por un lado, crear un nuevo tipo penal, el de obstrucción de vía pública que afecta el orden público (art. 44) producto del ejercicio del derecho a la protesta social, y modificar otro existente, el de perturbación en servicio de transporte público (art. 45).

6. Contexto de las normas demandadas.

6.1. La Ley 1453 de 2011 “por medio de la cual se reforma el Código Penal, el Código de Procedimiento Penal, el Código de Infancia y Adolescencia, las reglas sobre extinción de dominio y se dictan otras disposiciones en materia de seguridad”, conocida como ley de seguridad ciudadana, en desarrollo de la política criminal del Estado que corresponde definir y regular al legislador, introduce modificaciones al Código Penal, el Código de Procedimiento Penal, el Código de Infancia y Adolescencia y a la regulación sobre extinción de dominio, con el propósito esencial de prevenir y combatir fenómenos que afectan gravemente la paz y la seguridad pública como el terrorismo y la criminalidad organizada. Para ello, contiene medidas que buscan eliminar la impunidad; incrementar la efectividad del proceso penal, la extinción del dominio y la responsabilidad juvenil; y vincular a la comunidad en la prevención del delito sin poner en peligro la integridad de sus miembros, ni afectar sus derechos fundamentales(67).

6.2. Las normas acusadas, artículos 44 y 45 (parcial) de la Ley 1453 de 2011, hacen parte del capítulo II, denominado “De los delitos de peligro común o que pueden ocasionar grave perjuicio para la comunidad y otras infracciones”, perteneciente al título XII del Código Penal titulado “Delitos contra la seguridad pública”. Concretamente, el artículo 44 introduce un tipo penal nuevo, denominado obstrucción a vías públicas que afectan el orden público; mientras que el 45 modifica el artículo 353 referente al delito de perturbación en servicio de transporte público, colectivo u oficial.

6.3. Dicho lo anterior, la Sala Plena procederá a examinar de fondo si los preceptos accionados violan el principio de estricta legalidad.

7. El artículo 44 de la Ley 1453 de 2011, que contempla el tipo penal de obstrucción a vías públicas que afecte el orden público, no viola el principio de estricta legalidad.

7.1. De acuerdo con el ciudadano demandante, el artículo 44 viola el principio de estricta legalidad porque está formulado con términos demasiado imprecisos. En su concepto, las palabras “medios ilícitos”, “incite”, “dirija”, “constriña” y “proporcione los medios”, utilizadas en la disposición, hacen que no haya suficiente claridad y precisión jurídica en el comportamiento típico, y de ese modo dejan abierta una puerta para que la policía o el juez interpreten la norma en múltiples sentidos. Con lo cual, por lo demás, asegura que el legislador no permite a la norma cumplir su función motivadora de la conducta, pues los destinatarios no reciben claramente el mensaje acerca de cuál es su significado y contenido. La Corte debe examinar si esta acusación está llamada a prosperar o no.

7.2. Para este fin, conviene tener en consideración que todas las disposiciones de un Código Penal como el nuestro están formuladas en un lenguaje natural, aunque técnico. Eso es relevante porque según la teoría del derecho más autorizada sobre la materia de los límites del lenguaje normativo, todas las directivas expresadas en lenguaje natural, sin excepción, no solo presentan a menudo problemas de ambigüedad semántica, sintáctica o pragmática, sino que incluso es posible aseverar que todas ellas están integradas por palabras vagas(68). En ese sentido, para cuestionar una disposición penal sobre la base de su posible infracción del principio de estricta legalidad penal, no bastaría con señalar una imprecisión lingüística, o exponer casos reales o hipotéticos que susciten duda, en los cuales no se sabría con seguridad si la norma es aplicable o no, pues de acuerdo con los estudios sobre el tema siempre es posible plantear problemas que despierten incertidumbre o indeterminación ante cualquier norma expresada en lenguaje natural. El juicio de estricta legalidad de los tipos penales no puede ser entonces solo un ejercicio de control sobre la calidad del lenguaje usado por el legislador(69).

7.3. En efecto, la Corte Constitucional ha sostenido en su jurisprudencia, al resolver demandas contra normas penales por supuesta violación del principio de estricta legalidad, que para sustentar o decidir un cargo de esa naturaleza ciertamente es necesario pero insuficiente evidenciar un problema de indeterminación o imprecisión, derivado de la ambigüedad, vaguedad o textura abierta del precepto. Además de eso ha resuelto que es indispensable exponer argumentos suficientes para mostrar por qué esa disposición adolece de una “indeterminación insuperable” desde un punto de vista jurídico(70), o por qué el sentido de la misma ni siquiera “es posible determinarlo con fundamento en una interpretación razonable”(71). Por lo cual el juicio de estricta legalidad debe entenderse como un escrutinio de constitucionalidad de la ley penal, que busca establecer si los tipos penales resultan tan imprecisos e indeterminados, que ni aun con apoyo en argumentos jurídicos razonables es posible trazar una frontera que divida con suficiente claridad el comportamiento lícito del ilícito(72).

7.4. Pero una vez aceptado esto, cabría preguntarse cuándo se entiende que una imprecisión preliminar en un tipo penal ha sido superada. La respuesta debe desprenderse de los fines constitucionales que persigue el principio de estricta legalidad penal. Así, por una parte, se entiende superada una imprecisión si el resultado de la interpretación razonable es una norma penal que les asegura a los destinatarios de la ley un grado admisible de previsibilidad sobre las consecuencias jurídicas de sus comportamientos (C.P., art. 2º)(73). Por otra parte, se supera si además garantiza el derecho a la defensa (C.P., art. 29); esto es, si una eventual imputación o acusación por haber cometido el comportamiento descrito en el tipo, es susceptible de refutarse en algún caso(74). Finalmente, se puede entender superada la indeterminación si además el sentido del precepto es tan claro, que es posible definir cuál es el comportamiento que pretende prevenirse o estimularse para proteger el bien jurídico (C.P., art. 2º).

7.5. Así las cosas, es recomendable mostrar algunos ejemplos acerca de cómo la Corte ha aplicado esta jurisprudencia en los casos concretos. Al respecto, hay al menos dos fallos que ilustran cómo un tipo penal, pese a exhibir indeterminaciones o imprecisiones en una aproximación preliminar a su lectura, se ajustan al principio de estricta legalidad en tanto sus dificultades son superables con arreglo a una interpretación jurídica razonable. En efecto, el primero de esos ejemplos puede tomarse de la Sentencia C-232 de 2002(75). En dicho fallo, la Corte Constitucional examinaba la parte de un tipo penal en el cual se fijaba como sanción una pena de prisión “de seis (6) a doce (12)”, pero no se especificaba si era de seis a doce semanas, meses o años. La corporación reconoció que había una indeterminación en esa manera de formular la consecuencia jurídica imponible, pero dijo que esa dificultad era superable con apoyo en un entendimiento contextual, finalista y sistemático del precepto, pues todos estos argumentos autorizaban la conclusión de que la pena de prisión allí consagrada era de seis a doce “años”. Por lo mismo, la Corte declaró exequible la norma, con la condición de que se interpretara en el sentido de que la pena de prisión era “de seis (6) a doce (12) años”(76).

7.6. Aparte del caso citado, se produjo otra decisión con el mismo fundamento. En la Sentencia C-121 de 2012, se demandaba la expresión “u objetos peligrosos”, contenida en el tipo penal de ‘Empleo o lanzamiento de sustancias u objetos peligrosos’, por supuestamente violar el principio de estricta legalidad. La Corte la declaró exequible. Pero antes de eso reconoció expresamente que en efecto los términos acusados presentaban un cierto grado de indeterminación. Lo que ocurría era que esa imprecisión podía superarse, según la Sala Plena de la Corte, con fundamento en “referentes objetivos y verificables”. Y por lo mismo esgrimió el siguiente como fundamento sustantivo de su decisión: “[…] si bien la expresión ‘u objeto peligroso’ demandada presenta un cierto grado de indeterminación, es posible precisar sus sentido y darle concreción, tal como lo ha hecho la jurisprudencia especializada, con apoyo en referentes objetivos y verificables”. Puede decirse que reiteró una regla antes sostenida, entre otras, en la Sentencia C-637 de 2009(77).

7.7. Ahora bien, en otras decisiones la Corte ha declarado inexequibles algunos preceptos tras considerar que eran, por su apertura, tan indeterminados, vagos, ambiguos, imprecisos o confusos, que ni siquiera una interpretación razonable permitía fijar con suficiente univocidad su sentido. Así, por ejemplo, en la Sentencia C-559 de 1999, la Corte debía controlar la constitucionalidad de una norma penal que, por su título, pretendía definir el ámbito de responsabilidad criminal en materia de importaciones declaradas a través de sociedades de intermediación aduanera y almacenes generales de depósito(78). No obstante, no resultaba claro cuál era el ámbito de responsabilidad definido por esa norma, y la Corte no pudo definirlo ni siquiera con un apreciable esfuerzo argumentativo de su parte en esa dirección. Así, luego de varios intentos por precisar el significado de la disposición cuestionada, la corporación se preguntó: “¿Cuáles son los otros comportamientos que el legislador quiso criminalizar por medio del artículo 68 de la Ley 48 de 1998?”. Y respondió, como conclusión: “[n]o es posible determinarlo por medio de una interpretación razonable de esa disposición”. Por lo tanto, juzgó el precepto como contrario al principio de estricta legalidad y lo declaró inexequible. Algo similar ha ocurrido en las Sentencia C-843 de 1999(79), C-739 de 2000(80), C-205 de 2003(81) y C-575 de 2009(82).

7.8. Con base en estos criterios, puede decirse que el artículo 44 de la Ley 1453 de 2011 no viola el principio de estricta legalidad. Aunque prima facie la formulación aprobada por el legislador penal podría dar pie a ciertas discusiones en torno a su aplicación a casos concretos, no por ese solo hecho la norma es inconstitucional. Si se toma el texto de la disposición cuestionada, se lo interpreta razonablemente dentro del contexto apropiado y de acuerdo con métodos jurídicos aceptables, se obtiene como resultado una norma lo suficientemente precisa y clara. Sus indeterminaciones preliminares son por tanto superables, como pasa a mostrarse a continuación. Así, para empezar, el tipo acusado es claro en cuanto a que el sujeto activo del delito es indeterminado y singular. Por su parte, el sujeto pasivo es la comunidad, integrada por los sujetos individualmente considerados, cuyos derechos a la vida, a la salud pública, a la seguridad alimentaria, al medio ambiente o al trabajo, se verían perjudicados por esta conducta. Además de eso, por la ubicación del tipo demandado en el título XII del código, que trata de los delitos contra la “seguridad pública”, puede decirse en términos contextuales que el bien jurídico es la seguridad pública. Sobre estos dos aspectos no se ha planteado ninguna duda, y ni del texto de la disposición, ni del contexto normativo y situacional en que se inserta la norma, surge un punto oscuro que deba tratarse con mayor detenimiento. Entonces ahora corresponde identificar cuál es el comportamiento tipificado en la norma que se demanda.

7.9. La disposición acusada juzga necesario pero insuficiente para que la conducta sea típica, que una persona “incite, dirija, constriña o proporcione los medios para obstaculizar […] las vías o la infraestructura de transporte”. El demandante opina que estos términos (“incite, dirija, constriña o proporcione los medios”) son demasiado imprecisos, pero la Corte no está de acuerdo con esa impresión, toda vez que en el contexto de la norma su sentido es lo suficientemente claro. Así, nótese que según el precepto, es indispensable que sea “por medios ilícitos” que la persona “incite, dirija, constriña o proporcione los medios” para obstaculizar las vías o la infraestructura de transporte. En ciertos casos muy puntuales quizás podría haber debates en torno a si se dieron estos elementos, pero en términos generales y abstractos no hay ningún exceso de imprecisión en esas palabras, y por ejemplo sería posible advertir cuándo una persona constriñe a otra por medios ilícitos para que obstaculice una vía pública, o cuando la incita. Los verbos cuestionados tienen entonces un sentido gramatical lo suficientemente comprensible, en el control abstracto. Sobre todo si se tiene en cuenta lo siguiente.

7.10. La expresión “por medios ilícitos”, que el ciudadano califica de demasiado indeterminada, no presenta una oscuridad insuperable. En efecto, cuando el tipo requiere un actuar “por medios ilícitos”, es razonable entender que establece como condición necesaria para la tipicidad de la conducta, que el agente logre la incitación, dirección, constreñimiento, entre otros, como resultado directo de un comportamiento de suyo ilícito. Y en la teoría jurídica de los sistemas de derecho civil, aunque puede haber desacuerdos en aspectos marginales sobre la materia, hay suficiente claridad en torno a que comportamientos ilícitos son aquellos actos que reúnen al menos dos propiedades: que efectivamente están prohibidos, y a los cuales se les enlaza una penalidad coherente con la Constitución(83). En Colombia el legislador decide cuáles medios son ilícitos, para efectos de que se configure el tipo acusado.

7.11. Así, en síntesis, la incitación, constreñimiento, dirección, o proporción de medios solo son punibles cuando se realizan por medios ilícitos. Pero el acto no puede considerarse típico del delito de obstrucción a vías públicas que afecten el orden público, mientras no se haga puntualmente “para obstaculizar de manera temporal o permanente, selectiva o general, las vías o la infraestructura de transporte”. La finalidad de ese obrar por medios ilícitos, debe ser entonces concretamente la obstaculización temporal o permanente, selectiva o general, de las vías o la infraestructura de transporte. Pero además, de acuerdo con el título del tipo penal y los antecedentes de su expedición, debe necesariamente presentarse una efectiva “obstrucción a vías públicas”, que afecte el orden público(84). No basta entonces, por lo tanto, con la realización de los verbos antes referidos, por más que se logren por medios ilícitos y con el propósito de obstaculizar las vías o la infraestructura de transporte. Adicionalmente, debe haber una obstrucción cierta de dichas vías o infraestructura.

7.12. Claro que, aparte de todo lo anterior, para la tipicidad de la conducta es imprescindible que se demuestre en concreto que el acto se realizó “de tal manera” que atentó en realidad “contra la vida humana, la salud pública, la seguridad alimentaria, el medio ambiente o el derecho al trabajo”. En esa orientación, y en función del bien jurídico protegido por la norma accionada, para que un acto pueda considerarse típico del delito de obstrucción a vías públicas que afecten el orden público, debe demostrarse que se alteró el funcionamiento regular de las vías o infraestructuras de transporte, en cuanto de ese modo se atente en concreto contra la vida humana, la salud pública, la seguridad alimentaria, el medio ambiente o el derecho al trabajo. Y debe haber un daño al menos potencial para la seguridad pública(85). Todo esto es lo suficientemente claro en el Código Penal, y por ende la norma resulta conforme al principio de estricta legalidad.

7.13. De cualquier modo, según el parágrafo del artículo 44 demandado, se deben excluir del ámbito de este tipo penal las movilizaciones realizadas, con permiso de la autoridad competente, en el marco del artículo 37 de la Constitución Política. Es decir, que nunca puede considerarse típica una movilización si se adelanta, con “permiso de la autoridad competente”, dentro de lo estipulado por el artículo 37 de la Constitución. Esta excepción resulta también lo suficientemente precisa y determinada. En efecto, para empezar, la expresión “permiso de autoridad competente”, ha de entenderse en el contexto prohibitivo, propio de un Código Penal. En ese contexto, las normas del legislador no tienen como fin asignar competencias a las autoridades, sino esencialmente prohibir determinados comportamientos, enlazar penas a las hipótesis en que aquellas se infrinjan, y establecer los requisitos para aplicar las prohibiciones y las penas. Las normas de los códigos penales solo en un sentido muy amplio y flexible asignan competencias. En este caso, el parágrafo del artículo 44 demandado no atribuye ninguna competencia para permitir o no movilizaciones, ni tampoco autoriza a ninguna autoridad para asignar una atribución semejante.

7.14. Por lo demás, la norma demandada se ha de interpretar conforme a la Constitución (C.P., art. 4º). Esto significa que allí donde la ley penal habla de “permiso”, no podría leerse que las autoridades tengan competencia para restringir el derecho de reunión, pues ese entendimiento sería inconstitucional, de acuerdo con la jurisprudencia de esta Corte. En ese sentido, es importante reiterar que en materia de libertades de reunión y de manifestación pública, la Constitución le reconoce al legislador competencia para “establecer el aviso previo a las autoridades, determinar los casos en que se requiere y la forma como debe presentarse para informar la fecha, hora y lugar de la reunión o la manifestación”. Sin embargo, el Congreso “no puede […] crear una base para que la reunión o la manifestación sea prohibida”. El permiso al que alude la norma debe entenderse entonces como el resultado de un aviso previo, que no persigue solicitar autorizaciones para ejercer un derecho fundamental, sino que “[t]iene por objeto informar a las autoridades para que tomen las medidas conducentes a facilitar el ejercicio del derecho sin entorpecer de manera significativa el desarrollo normal de las actividades comunitarias”(86).

7.15. Este permiso, entendido como acaba de indicarse, está regulado actualmente en el Código Nacional de Policía. El artículo 102 de esta codificación exige un aviso, presentado personalmente y por escrito ante la primera autoridad política del lugar, con 48 horas de anticipación a la reunión o manifestación, y suscrito al menos por tres personas. En él se deben expresar el día, la hora y el sitio de la reunión, y si se trata de desfiles también debe informarse el recorrido proyectado(87). El aviso previo tiene por objeto informar a las autoridades sobre la reunión o movilización, con el fin de que las autoridades tomen las medidas adecuadas, necesarias y proporcionales para facilitar el ejercicio de los derechos constitucionales sin entorpecer de manera excesiva el desarrollo normal de las actividades comunitarias.

7.16. Ahora bien, según el parágrafo del artículo 44 acusado, las movilizaciones excluidas del ámbito del tipo penal son las realizadas, con el previo aviso de la autoridad competente, “en el marco del artículo 37 de la Constitución Política”. Esto debe entenderse, por una parte, sin perjuicio de las demás posibles causas de justificación establecidas en el ordenamiento. Y, por otra parte, de conformidad con el ámbito de todo lo constitucionalmente protegido por la citada norma superior. Así, conviene resaltar que el artículo 37 no solo protege el derecho a reunirse, sino también el derecho a “manifestarse pública y pacíficamente”. Y a diferencia de lo que consagraba al respecto la Carta de 1886, que facultaba a “[l]a autoridad” para disolver toda reunión “que degenere en […] tumulto, o que obstruya las vías públicas”(88), la Carta Fundamental hoy vigente no le asigna a ninguna autoridad competencias para acallar las manifestaciones públicas y pacíficas. Ahora, el legislador es la única autoridad competente para fijar los casos en los que es posible limitar estos derechos, aunque no puede definir esos casos de un modo que interfiera desproporcionadamente en los mismos.

7.17. Por lo demás, conviene resaltar la idea vinculante que el artículo 37 de la Constitución de 1991 proyecta. Con esa norma, el Constituyente de 1991 quiso revelar que, por su origen, el orden constitucional vigente está edificado sobre la base de una confianza amplia y justificada en la capacidad colectiva del pueblo colombiano para discutir pública y abiertamente los asuntos que le conciernen (C.P., art. 2º), y también para conformar, controlar y transformar sus instituciones en parte a través de manifestaciones públicas y pacíficas. Así, el artículo 37 de la Constitución de 1991 propone un modelo de democracia más robusta y vigorosa que la encarnada por el proyecto de la Constitución de 1886. Al pueblo hoy se le reconoce su capacidad y su derecho a deliberar y gobernar, no solo por medio de sus representantes, o través del sufragio, sino por sí mismo y por virtud de la deliberación colectiva, pública y pacífica. Con lo cual, simultáneamente, la Constitución de 1991 dice que esa forma de autogobierno debe ser compatible con la paz (C.P., art. 22).

7.18. El respeto, la protección y garantía del derecho de toda persona a reunirse y manifestarse pública y pacíficamente, en muchas ocasiones puede traer aparejadas incomodidades a quienes no participan de las movilizaciones o de las manifestaciones que se efectúan en ejercicio del mismo. Ni el Constituyente de 1991, ni la Corte Constitucional, han ignorado las implicaciones de salvaguardar ese derecho, fundamento del orden constitucional vigente. Pero identifican en él una demanda a la sociedad, y a todas las instituciones que surgen en su seno, para que acepte un modelo de convivencia basado en la tolerancia hacia la diversidad y el pluralismo, sin los cuales no podría existir ninguna organización que se repute democrática. Todas estas características del modelo constitucional vigente restringen cualquier clase de imprecisión que inicialmente se pueda apreciar en el artículo demandado. Este, no solo por su tenor literal, sino por su contexto, su finalidad, y el régimen constitucional en el cual se haya inserto, es lo suficientemente determinado, como para ajustarse al principio de estricta legalidad penal. La Corte lo declarará exequible, por ese motivo.

8. El artículo 45 (parcial) de la Ley 1453 de 2011, que modifica el tipo penal de perturbación en el servicio de transporte público, no viola el principio de estricta legalidad.

8.1. En cuanto al artículo 45 (parcial) de la Ley 1453 de 2011, tampoco viola el principio de estricta legalidad penal. El aparte demandado por el actor, “imposibilite la circulación”, no presenta imprecisiones insuperables, y por tanto no da lugar a dudas sobre su significado en el control abstracto de constitucionalidad. En efecto, nótese que con la Ley 1453 de 2011, el legislador introdujo una modificación al tipo penal de perturbación en servicio de transporte público, colectivo u oficial. Así, la versión original de ese tipo establecía que incurría en ese delito el que por cualquier medio ilícito “imposibilite la conducción” o dañe nave, aeronave, vehículo o medio motorizado destinados al transporte colectivo o vehículo oficial. Sin embargo, tras la reforma de la Ley 1453 de 2011 el tipo penal cambió, y allí donde decía “imposibilite la conducción”, hoy dice “imposibilite la circulación”.

8.2. Ahora bien, ese “imposibilite la circulación” parece en principio un poco ambiguo, pues una primera lectura del tipo penal no permite establecer si el tipo se entiende configurado una vez se “imposibilite la circulación” de una nave, aeronave, vehículo, o medio motorizado destinado al transporte público, colectivo u oficial, o si para que haya una conducta típica se requiere que el agente “imposibilite la circulación” del tráfico, o del transporte público en general, colectivo u oficial. No obstante, luego de entender esa expresión normativa en el contexto del código en el cual está inserto, solo la segunda interpretación sería coherente, pues esa norma hace parte también del título XII de dicho cuerpo, que trata de los delitos contra la “seguridad pública”, y específicamente del capítulo II de ese título, que versa sobre los delitos de peligro común o que pueden ocasionar un grave perjuicio para la comunidad y otras infracciones. Es decir, que la reforma lo que hizo fue precisar y delimitar el ámbito del tipo penal, en tanto describió la conducta típica de modo que la realiza quien imposibilite la circulación del tráfico considerado como un asunto colectivo, y no la conducción de un vehículo individual, ya que sólo al imposibilitar el tráfico se afecta la seguridad pública, y se ponen en peligro concreto los derechos y los bienes individuales de quienes integran la comunidad.

8.3. En ese sentido, lo penalizado en ese fragmento, de acuerdo con la reforma de la Ley 1453 de 2011, no es cualquier nivel o grado de perturbación en el servicio de transporte público, colectivo u oficial. Por la carga semántica de los términos “imposibilite la circulación”, y en vista de su ubicación dentro de los delitos contra la seguridad pública, tiene que tratarse de una perturbación superlativa, que ni siquiera puede considerarse un grado superior de dificultad para la circulación, sino que es un estado diferente. Es hacer completamente imposible el transporte público, colectivo u oficial, y por tanto no consiste solamente en paralizar o frenar un vehículo o el servicio de transporte público, sino en eliminar cualquier posible condición para la circulación del mismo. Esa no es una exigencia abierta o imprecisa, y por ende no hay razones para juzgarla contraria al principio de estricta legalidad penal.

9. Conclusiones.

9.1. En vista de todo lo anterior, la Corte Constitucional concluye que los artículos 44 y 45 (parcial) de la Ley 1453 de 2011 no violan el principio de estricta legalidad. El accionante afirma que las normas cuestionadas terminan por reprimir la protesta social. No obstante, sólo la protesta social pacífica goza de protección constitucional(89). Las manifestaciones violentas no están protegidas ni siquiera prima facie por la Constitución. Y los artículos 44 y 45 (parcial) de la Ley 1453 de 2011 tienen esa orientación. Así, el artículo 44 excluye la tipicidad de las movilizaciones realizadas, con previo aviso, en el marco del orden constitucional vigente (concretamente, el art. 37 de la Constitución Política). El artículo 45 dice que es típico de perturbación en el servicio de transporte público, colectivo u oficial, el comportamiento de quien “por cualquier medio ilícito” imposibilite la circulación. Recurrir a medios ilícitos, que conllevan violencia, sustrae en principio los comportamientos resultantes, del ámbito de protección del derecho a la manifestación.

9.2. Así, una interpretación razonable de las normas demandadas, ajustada a su texto y al contexto en el cual están insertas, lleva a reconocerles un sentido preciso, distinto del que les atribuyó el ciudadano en su acción pública. Y el sentido que el actor les asignó es en la demanda presupuesto conceptual para proponer el cargo por intervención excesiva o desproporcionada en los derechos a la libertad de expresión y a la libertad de reunión y manifestación. En vista de esta circunstancia, la Sala Plena no se pronunciará sobre otras cuestiones tales como la razonabilidad o proporcionalidad de las disposiciones accionadas, pues estas se propusieron como parte de un entendimiento de las normas que esta Corte juzga incorrecto.

VII. Decisión

En mérito de lo expuesto, la Sala Plena de la Corte Constitucional, administrando justicia en nombre del pueblo y por mandato de la Constitución,

RESUELVE:

1. Declarar EXEQUIBLE el artículo 44 de la Ley 1453 de 2011 “Por medio de la cual se reforma el Código Penal, el Código de Procedimiento Penal, el Código de la Infancia y la adolescencia, las reglas sobre extinción del dominio y se dictan otras disposiciones en materia de seguridad”, por los cargos y razones estudiadas en la presente sentencia.

2. Declarar EXEQUIBLE la expresión “imposibilite la circulación” del artículo 45 de la Ley 1453 de 2011, “Por medio de la cual se reforma el Código Penal, el Código de Procedimiento Penal, el Código de la Infancia y la Adolescencia, las reglas sobre extinción del dominio y se dictan otras disposiciones en materia de seguridad”, por los cargos y razones estudiadas en la presente sentencia.

Cópiese, notifíquese, comuníquese, insértese en la Gaceta de la Corte Constitucional, cúmplase y archívese el expediente».

(2) Entre otras, se pueden consultar al respecto las sentencias C-038 de 1995 (M.P. Alejandro Martínez Caballero); C-013 de 1997 (M.P. José Gregorio Hernández Galindo. AV. Jorge Arango Mejía; SV. Eduardo Cifuentes Muñoz, Carlos Gaviria Díaz y Alejandro Martínez Caballero); C-551 de 2001 (M.P. Álvaro Tafur Galvis. SPV. Jaime Araújo Rentería); C-647 de 2001 (M.P. Alfredo Beltrán Sierra. SV. Marco Gerardo Monroy Cabra y Rodrigo Escobar; AV. Clara Inés Vargas Hernández, Jaime Araújo Rentería, Alfredo Beltrán Sierra, Manuel José Cepeda Espinosa); C-226 de 2002 (M.P. Álvaro Tafur Galvis. AV. Manuel José Cepeda Espinosa y Álvaro Tafur Galvis); C-393 de 2002 (M.P. Jaime Araújo Rentería. AV. Manuel José Cepeda); C-420 de 2002 (M.P. Jaime Córdoba Triviño); C-939 de 2002 (M.P. Eduardo Montealegre Lynett); C-148 de 2005 (M.P. Álvaro Tafur Galvis. SPV. Alfredo Beltrán Sierra. SPV. Jaime Araújo Rentería); C-822 de 2005 (M.P. Manuel José Cepeda Espinosa. SPV. Humberto Antonio Sierra Porto); C-291 de 2007 (M.P. Manuel José Cepeda. SV. Jaime Araújo Rentería; SPV. Humberto Antonio Sierra Porto); C-1086 de 2008 (M.P. Jaime Córdoba Triviño. AV. Jaime Araújo Rentería); C-121 de 2012 (M.P. Luis Ernesto Vargas Silva).

(3) Sentencia C-248 de 2004 (M.P. Rodrigo Escobar Gil).

(4) Se afirmó en este sentido en la Sentencia C-148 de 2005: “En ese orden de ideas la Corte ha explicado que si bien el legislador cuenta con una amplia potestad de configuración normativa para el diseño de la política criminal del Estado y, en consecuencia, para la tipificación de conductas punibles es evidente que no por ello se encuentra vedada la intervención de la Corte cuando se dicten normas que sacrifiquen los valores superiores del ordenamiento jurídico, los principios constitucionales, los derechos fundamentales y como pasa a examinarse las normas internacionales en materia de derechos humanos ratificados por Colombia y que hacen parte del bloque de constitucionalidad (C.P., art. 93)”. También, en esta sentencia se precisó que, de conformidad con la jurisprudencia de esta Corte, el control de constitucionalidad se debe realizar “no sólo frente al texto formal de la Carta, sino también frente a otras disposiciones a las que se atribuye jerarquía constitucional —bloque de constitucionalidad estricto sensu—, y en relación con otras normas que aunque no tienen rango constitucional, configuran parámetros necesarios para el análisis de las disposiciones sometidas a su control —bloque de constitucionalidad lato sensu—”.

(5) Sentencia C-587 de 1992 (M.P. Ciro Angarita Barón).

(6) Sentencias C-125 de 1996 (M.P. Jorge Arango Mejía) y C-239 de 1997 (M.P. Carlos Gaviria Díaz. SV. Hernando Herrera Vergara y SV. Eduardo Cifuentes Muñoz y Vladimiro Naranjo Mesa), entre otras. En relación con los aspectos procedimentales, la Corte ha fijado igual criterio en relación con la iniciación de la investigación penal; ver Sentencia C-459 de 1995 (M.P. Eduardo Cifuentes Muñoz) y C-404 de 1998 (M.Ps. Carlos Gaviria Díaz y Eduardo Cifuentes Muñoz. AV. Antonio Barrera Carbonell, Alfredo Beltrán Sierra, Alejandro Martínez Caballero y Carlos Gaviria Díaz; AV. Antonio Barrera Carbonell, Alejandro Martínez Caballero y Carlos Gaviria Díaz).

(7) Sobre el particular ver sentencias C-587 de 1992 (M.P. Ciro Angarita Barón); C-404 de 1998 (M.Ps. Carlos Gaviria Díaz y Eduardo Cifuentes Muñoz. AV. Antonio Barrera Carbonell, Alfredo Beltrán Sierra, Alejandro Martínez Caballero y Carlos Gaviria Díaz; AV. Antonio Barrera Carbonell, Alejandro Martínez Caballero y Carlos Gaviria Díaz); C-177 de 2001 (M.P. Fabio Morón Díaz).

(8) Sentencia C-996 de 2000 (M.P. Antonio Barrera Carbonell).

(9) Sentencias C-996 de 2000 (M.P. Antonio Barrera Carbonell); C-177 de 2001 (M.P. Fabio Morón Díaz), entre otras.

(10) Sentencias C-559 de 1999 (M.P. Alejandro Martínez Caballero); C-843 de 1999 (M.P. Alejandro Martínez Caballero. SV. Eduardo Cifuentes Muñoz y Vladimiro Naranjo Mesa); C-739 de 2000 (M.P. Fabio Morón Díaz); C-1164 de 2000 (M.P. José Gregorio Hernández Galindo); C-205 de 2003 (M.P. Clara Inés Vargas Hernández, SV. Rodrigo Escobar Gil y Marco Gerardo Monroy Cabra); C-897 de 2005 (M.P. Manuel José Cepeda. AV. Rodrigo Escobar Gil).

(11) Sentencia C-796 de 2004 (M.P. Rodrigo Escobar Gil. SPV. Alfredo Beltrán Sierra y SV. Álvaro Tafur Galvis). Ver además, las sentencias C-226 de 2002 (M.P. Álvaro Tafur Galvis. AV. Manuel José Cepeda y Eduardo Montealegre Lynett); C-205 de 2003 (M.P. Clara Inés Vargas Hernández. SV. Rodrigo Escobar Gil y Marco Gerardo Monroy Cabra); C-897 de 2005 (Manuel José Cepeda Espinosa. AV. Rodrigo Escobar Gil y AV. Jaime Araújo Rentería); C-335 de 2008 (Humberto Antonio Sierra Porto. SV. Jaime Araújo Rentería); C-417 de 2009 (Juan Carlos Henao Pérez. SV. Manuel Urueta); C-575 de 2009 (Humberto Antonio Sierra Porto. SV. Mauricio González Cuervo); C-853 de 2009 (Jorge Iván Palacio Palacio); C-442 de 2011 (Humberto Antonio Sierra Porto. SV. María Victoria Calle Correa) y C-121 de 2012 (Luis Ernesto Vargas Silva).

(12) C-365 de 2012 (M.P. Jorge Iván Pretelt Chaljub).

(13) Sentencias de la Corte Constitucional: C-1404 de 2000, M.P. Carlos Gaviria Díaz y Álvaro Tafur Galvis; C-173 de 2001, M.P. Álvaro Tafur Galvis; C-551 de 2001, M.P. Álvaro Tafur Galvis; C-226 de 2002, M.P. Álvaro Tafur Galvis; C-393 de 2002, M.P. Jaime Araújo Rentería; C-916 de 2002, M.P. Manuel José Cepeda Espinosa; C-899 de 2003, M.P. Marco Gerardo Monroy Cabra; C-248 de 2004, M.P. Rodrigo Escobar Gil; C-034 de 2005, M.P. Álvaro Tafur Galvis; C-238 de 2005, M.P. Jaime Araújo Rentería; C-674 de 2005, M.P. Rodrigo Escobar Gil; C-077 de 2006, M.P. Jaime Araújo Rentería; C-210 de 2007, M.P. Marco Gerardo Monroy Cabra; C-210 de 2007, M.P. Marco Gerardo Monroy Cabra; C-355 de 2006, M.P. Dr. Jaime Araújo Rentería; Dra. Clara Inés Vargas Hernández; C-425 de 2008, M.P. Marco Gerardo Monroy Cabra; C-317 de 2002, M.P. Clara Inés Vargas Hernández; C-822 de 2005, M.P. Manuel José Cepeda Espinosa; C-988 de 2006, M.P. Dr. Manuel José Cepeda Espinosa; C-417 de 2009, M.P. Juan Carlos Henao Pérez; C-575 de 2009, M.P. Humberto Antonio Sierra Porto; C-636 de 2009, M.P. Mauricio González Cuervo; T-962 de 2009, M.P. María Victoria Calle Correa; C-983 de 2010, M.P. Luis Ernesto Vargas Silva.

(14) Sentencia de la Corte Constitucional C-238 de 2005, M.P. Jaime Araújo Rentería. En similar sentido: Sentencia C-077 de 2006, M.P. Jaime Araújo Rentería.

(15) Pagliaro, Antonio: Principi di Diritto penale. Parte generale, Milán, Milano - Dott. A. Giuffrè editore, 1998, p. 228; Bricola, Franco: Teniche di tutela penale e teniche alternative di tutela. En Funcioni e Limiti del Diritto penale, alternative di tutela. Cedam - Casa Editrice Dott Antonio Milani, Padova, 1984, p. 24; Roxin, Claus, op. cit. pp. 55 y ss.; Schünemann, Bernd: El principio de protección de bienes jurídicos como punto de fuga de los límites constitucionales de los tipos penales y de su interpretación, en: Hefendehl, Ronald: La teoría del bien jurídico, Marcial Pons, Madrid, 2007, pp. 197 y ss.; Kuhlen, Lothar: La interpretación conforme a la Constitución de las leyes penales, Marcial Pons, Madrid, 2012, p. 147; Donnini, Massimo, El derecho penal frente a los desafíos de la modernidad, Ara Editores, Lima, 2010, pp. 86 y ss.

(16) Sentencias de la Corte Constitucional: C-173 de 2001, M.P. Álvaro Tafur Galvis; C-226 de 2002, M.P. Álvaro Tafur Galvis; C-317 de 2002, M.P. Clara Inés Vargas Hernández; C-238 de 2005, M.P. Jaime Araújo Rentería; C-822 de 2005, M.P. Manuel José Cepeda Espinosa; C-988 de 2006, M.P. Manuel José Cepeda Espinosa; C-636 de 2009, M.P. Mauricio González Cuervo; C-575 de 2009, M.P. Humberto Antonio Sierra Porto.

(17) Bustos Ramírez, Juan: Lecciones de Derecho penal, Trotta, Madrid, 1997, pp. 65 y ss.

(18) Bustos Ramírez, Juan, op. cit., pág. 66. En similar sentido Roxin, Claus: Derecho penal, Parte general I (traducción de Diego-Manuel Luzón Peña, Miguel Díaz y García Conlledo, y de Javier de Vicente Remesal), Madrid, Civitas, 1997, pp. 49 y ss.; Jescheck, Hans-Heinrich / Weigend, Thomas: Tratado de Derecho penal, Parte general (traducción de Miguel Olmedo Cardenete), Granada, Comares, 2002, pág. 56 y ss.

(19) Bustos Ramírez, Juan: Lecciones de Derecho penal, Trotta, Madrid, 1997, pág. 66. En similar sentido, Roxin, Claus, op. cit., p. 65; Jescheck, Hans-Heinrich / Weigend, Thomas, op. cit., pág. 56 y ss.

(20) Sentencia de la Corte Constitucional C-636 de 2009, M.P. Mauricio González Cuervo.

(21) Sentencia de la Corte Constitucional C-636 de 2009, M.P. Mauricio González Cuervo. Ver también Aguado Correa, Teresa: El principio de proporcionalidad en materia penal, Edersa, Madrid, 1999, pág. 159.

(22) Sentencias de la Corte Constitucional: C-636 de 2009, M.P. Mauricio González Cuervo. En igual forma: Sentencia C-647 de 2001, M.P. Alfredo Beltrán Sierra; C-226 de 2002 M.P. Álvaro Tafur Galvis; C-370 de 2002, M.P. Eduardo Montealegre Lynett; C-762 de 2002, M.P: Dr. Rodrigo Escobar Gil; C-489 de 2002, M.P. Rodrigo Escobar Gil; C-312 de 2002, M.P. Rodrigo Escobar Gil; C-355 de 2006, M.P. Jaime Araújo Rentería, M.P. Clara Inés Vargas Hernández; C-897 de 2005, M.P. Manuel José Cepeda Espinosa; C-988 de 2006, M.P. Álvaro Tafur Galvis; C-575 de 2009, M.P. Humberto Antonio Sierra Porto.

(23) Roxin, Claus, op. cit., pp. 52 y ss.; Schünemann, Bernd: El principio de protección de bienes jurídicos como punto de fuga de los límites constitucionales de los tipos penales y de su interpretación, en: Hefendehl, Ronald: La teoría del bien jurídico, Marcial Pons, Madrid, 2007, pág. 197 y ss.; Aguado Correa, Teresa, op. cit., 1999, pág. 159.

(24) Mir Puig, Santiago: Bases constitucionales del Derecho penal, Iustel, Madrid, 2011, pág. 111.

(25) Al respecto la Corte en la Sentencia C-420 de 2002, M.P. Jaime Córdoba Triviño señaló: “Si bien es cierto que el parlamento no es, ni mucho menos, la única instancia del poder público en la que se pueden diseñar estrategias de política criminal, no puede desconocerse que su decisión de acudir a la penalización de comportamientos no solo es legítima frente a la Carta por tratarse del ejercicio de una facultad de la que es titular sino también porque ella cuenta con el respaldo que le transmite el principio democrático. Es una conquista del mundo civilizado que normas tan trascendentes en el ámbito de los derechos fundamentales como las que tipifican conductas penales y atribuyen penas y medidas de seguridad a sus autores o partícipes, sean fruto de un debate dinámico entre las distintas fuerzas políticas que se asientan en el parlamento pues sólo así se garantiza que el ejercicio del poder punitivo del Estado se ajuste a parámetros racionales y no se distorsione por intereses particulares o necesidades coyunturales.

De este modo, entonces, el legislador cuenta con un margen de libertad para el diseño de la política criminal del Estado y, en consecuencia, para la tipificación de conductas punibles. Sin embargo, es evidente que no se trata de una potestad ilimitada, pues, como se sabe, en el constitucionalismo no existen poderes absolutos. En el caso de la política criminal, no obstante contar el legislador con un margen de maniobra, es claro que no podrán concebirse mecanismos que sacrifiquen los valores superiores del ordenamiento jurídico, los principios constitucionales y los derechos fundamentales. Esto es así por cuanto el diseño de la política criminal del Estado implica ejercicio de poder público y no existe un solo espacio de este que se halle sustraído al efecto vinculante del texto fundamental.

Entonces, el único supuesto en el que el criterio político-criminal del legislador sería susceptible de controvertirse ante el juez constitucional se presentaría cuando ha conducido a la emisión de normas que controvierten el texto fundamental. No obstante, en este caso es claro que lo que se cuestionaría no sería un modelo de política criminal en sí sino la legitimidad de reglas de derecho por su contrariedad con la Carta y de allí que, en esos supuestos, la decisión de retirarlas del ordenamiento jurídico tenga como referente esa contrariedad y no el criterio de política criminal que involucran”. En similar sentido ver la Sentencia C-646 de 2001, M.P. Manuel José Cepeda Espinosa.

(26) Sentencia de la Corte Constitucional: C-730 de 2005, M.P. Dr. Álvaro Tafur Galvis. En el mismo sentido: T-079 de 1993, M.P. Eduardo Cifuentes Muñoz; C-565 de 1993, M.P. Hernando Herrera Vergara; C-591 de 1993, M.P. Eduardo Cifuentes Muñoz; T-139 de 1994, M.P. Antonio Barrera Carbonell; C-308 de 1994, M.P. Antonio Barrera Carbonell; C-428 de 1994, M.P. Antonio Barrera Carbonell; T-146 de 1995, M.P. Dr. Vladimiro Naranjo Mesa; T-155 de 1995, M.P. Fabio Morón Díaz; C-1339 de 2000, M.P. Antonio Barrera Carbonell; SU.1722 de 2000, M.P. (e) Dr. Jairo Charry Rivas; C-710 de 2001, M.P. Jaime Córdoba Triviño; C-974 de 2001, M.P. Álvaro Tafur Galvis; C-312 de 2002, M.P. Rodrigo Escobar Gil; T-433 de 2002, M.P. Clara Inés Vargas Hernández; C-1064 de 2002, M.P. Alfredo Beltrán Sierra; C-530 de 2003, M.P. Eduardo Montealegre Lynett; T-499 de 2003, M.P. Álvaro Tafur Galvis; C-431 de 2004, M.P. Marco Gerardo Monroy Cabra; C-1001 de 2005, M.P. Álvaro Tafur Galvis; T-284 de 2006, M.P. Clara Inés Vargas Hernández; T-649 de 2005, M.P. Manuel José Cepeda Espinosa; T-072 de 2008, M.P. Manuel José Cepeda Espinosa; T-433 de 2002, M.P. Rodrigo Escobar Gil; C-864 de 2004, M.P. Jaime Araújo Rentería; C-897 de 2005, M.P. Manuel José Cepeda Espinosa; T-391 de 2007, M.P. Manuel José Cepeda Espinosa; C-117 de 2006, M.P. Jaime Córdoba Triviño; C-040 de 2006, M.P. Jaime Araújo Rentería; T-171 de 2006, M.P. Clara Inés Vargas Hernández; C-370 de 2006, M.P. Manuel José Cepeda Espinosa, Jaime Córdoba Triviño, Rodrigo Escobar Gil, Marco Gerardo Monroy Cabra, Álvaro Tafur Galvis; T-1249 de 2008, M.P. Jaime Córdoba Triviño; C-1198 de 2008, M.P. Nilson Pinilla Pinilla; C-801 de 2009, M.P. Gabriel Eduardo Mendoza Martelo; T-200 de 2010 M.P. Humberto Antonio Sierra Porto; C-936 de 2010, M.P. Luis Ernesto Vargas Silva; C-442 de 2011, M.P. Humberto Antonio Sierra Porto.

(27) Sentencias de la Corte Constitucional: C-872 de 2003, M.P. Clara Inés Vargas Hernández; C-730 de 2005, M.P. Álvaro Tafur Galvis. En igual sentido: C-1173 de 2005, M.P. Manuel José Cepeda Espinosa; T-334 de 2007, M.P. Nilson Pinilla Pinilla; C-491 de 2007, M.P. Jaime Córdoba Triviño; C-186 de 2011, M.P. Humberto Antonio Sierra Porto.

(28) Sentencia de la Corte Constitucional C-238 de 2005, M.P. Jaime Araújo Rentería.

(29) Sentencias de la Corte Constitucional: C-843 de 1999, M.P. Alejandro Martínez Caballero; C-1144 de 2000, M.P. Vladimiro Naranjo Mesa; C-198 de 2002, M.P. Clara Inés Vargas Hernández; C-925 de 2005, M.P. Manuel José Cepeda Espinosa. En el mismo sentido: C-1080 de 2002, M.P. Álvaro Tafur Galvis; C-238 de 2005, M.P. Jaime Araújo Rentería; C-820 de 2005, M.P. Clara Inés Vargas Hernández; C-996 de 2000, M.P. Antonio Barrera Carbonell; C-1260 de 2005, M.P. Clara Inés Vargas Hernández; T-676 de 2006, M.P. Clara Inés Vargas Hernández.

(30) Sentencia de la Corte Constitucional C-925 de 2005, M.P. Manuel José Cepeda Espinosa. En igual sentido: C-371 de 2011, M.P. Luis Ernesto Vargas Silva.

(31) Sentencias de la Corte Constitucional: C-996 de 2000, M.P. Antonio Barrera Carbonell; C-1144 de 2000, M.P. Vladimiro Naranjo Mesa; C-198 de 2002, M.P. Clara Inés Vargas Hernández; C-1080 de 2002, M.P. Álvaro Tafur Galvis; C-925 de 2005, M.P. Manuel José Cepeda Espinosa. En el mismo sentido: T-676 de 2006, M.P. Clara Inés Vargas Hernández; C-843 de 1999, M.P. Alejandro Martínez Caballero; C-238 de 2005, M.P. Jaime Araújo Rentería; C-820 de 2005, M.P. Clara Inés Vargas Hernández; C-1260 de 2005, M.P. Clara Inés Vargas Hernández.

(32) Sentencia de la Corte Constitucional C-173 de 2001, M.P. Álvaro Tafur Galvis.

(33) Sentencia de la Corte Constitucional C-239 de 1997. En igual sentido: Sentencia C-179 de 1997, M.P. Clara Inés Vargas Hernández; C-228 de 2003, M.P. Alfredo Beltrán Sierra.

(34) Sentencia de la Corte Constitucional C-077 de 2006, M.P. Jaime Araújo Rentería.

(35) Sentencia de la Corte Constitucional C-239 de 1997. En el mismo sentido: C-616 de 2002, M.P. Manuel José Cepeda Espinosa; C-928 de 2005, M.P. Jaime Araujo Rentería.

(36) Sentencia de la Corte Constitucional C-239 de 1997, M.P. Carlos Gaviria Díaz.

(37) Sobre la aplicación específica de estos principios en materia penal, ver: Mir Puig, Santiago: Bases constitucionales del Derecho penal, op. cit., pág. 94 y ss. y Aguado Correa, Teresa: El principio de proporcionalidad en materia penal, Edersa, Madrid, 1999, pág. 149 y ss.

(38) Sentencia de la Corte Constitucional C-247 de 2004, M.P. Álvaro Tafur Galvis.

(39) Sentencia de la Corte Constitucional C-488 de 2009, M.P. Jorge Iván Palacio Palacio.

(40) Sentencias de la Corte Constitucional: C-226 de 2002, M.P. Álvaro Tafur Galvis. En similar sentido C-916 de 2002, M.P. Manuel José Cepeda Espinosa; T-962 de 2009, M.P. María Victoria Calle Correa; C-248 de 2004, M.P. Rodrigo Escobar Gil; C-034 de 2005, M.P. Álvaro Tafur Galvis.; C-355 de 2006, M.P. Jaime Araújo Rentería; Clara Inés Vargas Hernández; C-822 de 2005, M.P. Manuel José Cepeda Espinosa; C-575 de 2009, M.P. Humberto Antonio Sierra Porto.

(41) Así sucedió en las sentencias C-417 de 2009 (M.P. Juan Carlos Henao Pérez (SV. Manuel S. Urueta; SV. Luis Ernesto Vargas Silva; SV. Nilson Pinilla Pinilla) al estudiar una demanda de inconstitucionalidad dirigida en contra del numeral 1º del artículo 224 de la Ley 599 de 2000, “por la cual se expide el Código Penal,” C-442 de 2011 (M.P. Humberto Antonio Sierra Porto. SV. María Victoria Calle Correa; SV. Juan Carlos Henao Pérez), al analizar las demandas de constitucionalidad dirigidas contra los delitos de injuria y calumnia regulados en los artículos 220 a 228 de la Ley 599 de 2000, “por la cual se expide el Código Penal” y en la Sentencia C-575 de 2009, M.P. Humberto Sierra Porto. SV. Nilson Pinilla Pinillla; SV. Jorge Ignacio Pretelt Chaljub), en la que la Sala Plena de esta corporación declaró inexequible la disposición que consagraba como delito el ultraje a símbolos patrios. En estas tres sentencias, se reconoce que la libertad de reunión, en todas sus manifestaciones, tiene el carácter de un derecho preferente, a favor del cual existe una presunción de constitucionalidad, que por servir de garantía a los espacios de pluralismo dentro de la sociedad, puede ser limitada solo bajo los siguientes supuestos: i) por una necesidad social imperiosa que a su vez, determina ii) que la medida además de ser útil, debe ser razonable u oportuna, y, iii) en el análisis de ponderación o proporcionalidad propiamente dicha de la medida, ha señalado que uno de los criterios en juego es, precisamente, la existencia de derechos preferentes que incrementan de modo serio el peso de una libertad sobre otra. Ver también las sentencias C-417 de 2009 (M.P. Juan Carlos Henao Pérez. SV. Nilson Pinilla Pinilla; SV. Jorge Ignacio Pretelt Chaljub; SV. Manuel Urueta Ayola; y SV. Luis Ernesto Vargas Silva). La Corte Constitucional ha aplicado en anteriores decisiones la presunción de primacía de la libertad de expresión en casos de conflicto con otros derechos. Así, por ejemplo, en la Sentencia T-602 de 1995 (M.P. Carlos Gaviria Díaz), se explicó que la libertad de expresión, en un Estado democrático y liberal, por lo general prima sobre los derechos al buen nombre y a la honra, salvo que se demuestre una intención dañina o una negligencia al presentar hechos falsos, parciales, incompletos o inexactos que violan o amenazan los derechos fundamentales: “El artículo 20 de la Constitución consagra el derecho de toda persona a expresar libremente su pensamiento y sus opiniones. En un Estado democrático y liberal como el nuestro, este derecho es prevalente, y generalmente se le otorga primacía sobre los derechos al buen nombre y a la honra, con los cuales frecuentemente resulta enfrentado, “salvo que se demuestre por el afectado la intención dañina o la negligencia al presentar hechos falsos, parciales, incompletos o inexactos que vulneran o amenazan sus derechos fundamentales. […]”. En el mismo sentido en la Sentencia SU-1721 de 2000 (M.P. Álvaro Tafur Galvis), se señaló que cuando se presenta un conflicto entre la libertad de expresión ejercida a través de los medios de comunicación y otros derechos fundamentales, en principio prima la libertad de expresión, por la importancia de la prensa para una democracia: “Tratándose de los supuestos de conflicto de la libertad de expresión a través de los medios de comunicación, aún de la libertad de información con los derechos a la honra y al buen nombre, estos últimos deben ceder ante aquel, dada la función primigenia de control social que cumple la prensa”. Ver también la Sentencia SU-1723 de 2000 (M.P. Alejandro Martínez Caballero): “[…] la restricción de cualquier derecho solo es jurídicamente aceptada cuando antecede una ponderación con otros derechos o bienes constitucionales, y esta privilegia la información o la libertad de expresión”.

(42) Bajo la Constitución de 1886 también se protegió el derecho a la manifestación pública y pacífica. En 1928, la Corte Suprema de Justicia en la sentencia de 13 de noviembre de 1928 (Gaceta Judicial XXXVI, págs. 194-209), se pronunció sobre una demanda de inconstitucionalidad contra un decreto extraordinario que establecía la posibilidad de clausurar establecimientos o centros de reunión o disolver reuniones cuando ocurrieran actos sediciosos que pudieran degenerar en delitos contra la tranquilidad y el orden público o se hicieran excitaciones que amenazaran los derechos y garantías de los demás. Para la Corte Suprema cuando el ejercicio de esas facultades de policía estaba sustentado en “una prueba suficiente, o al menos, por indicios de carácter tal que puedan inspirar la certeza o conjeturas plausibles de los hechos que engendran el peligro y autoricen el obrar preventivo de la policía”, se amparaban en el artículo 46 de la Carta de 1886 que reconocía el derecho de reunión siempre y cuando fuera pacífico.

(43) Constitución Política de 1886. “Artículo 46. Toda parte del pueblo puede reunirse o congregarse pacíficamente. La autoridad podrá disolver toda reunión que degenere en asonada o tumulto, o que obstruya las vías públicas”.

(44) Sentencias T-456 de 1992 (M.Ps. Jaime Sanín Greiffenstein y Eduardo Cifuentes Muñoz).

(45) Sobre el particular, ha dicho la Corte: “[e]l derecho fundamental a la libertad de expresión en su acepción genérica abarca diferentes derechos fundamentales específicos, a saber: la libertad de manifestarse, la libertad de pensamiento, la libertad de opinión, la libertad de informar, la libertad de recibir información, la liberad de fundar medios de comunicación, la libertad de prensa. Si bien las anteriores libertades fundamentales se entienden comprendidas y son manifestaciones de la libertad genérica de expresión, así con frecuencia aparezcan entrelazadas, de todas formas es posible distinguir conceptual y analíticamente cada uno de los diferentes derechos fundamentales específicos garantizados en la Constitución”. Ver Sentencia C-650 de 2003 (M.P. Manuel José Cepeda Espinosa).

(46) Ley 137 de 1994, “por la cual se reglamentan los Estados de excepción en Colombia”. Artículo 44. Poder punitivo. Durante el estado de conmoción interior, mediante decreto legislativo, se podrán tipificar penalmente conductas, aumentar y reducir penas, así como modificar las disposiciones de procedimiento penal y de policía y autorizar das en el inciso primero sólo podrán dictarse siempre que: // a) Se trate de hechos punibles que guarden relación directa con las causas que originaron la declaratoria del estado de conmoción interior o pretendan impedir la extensión de sus efectos; // b) Se respete lo dispuesto en materia de juzgamientos por los tratados internacionales ratificados por Colombia; // c) Se garanticen los derechos consagrados en el artículo 29 de la Constitución Política, así como la vigencia del artículo 228 de la Carta; // d) De acuerdo con la Constitución, no se supriman, ni modifiquen los organismos ni las funciones básicas de acusación y juzgamiento. // El gobierno no podrá tipificar como delito los actos legítimos de protesta social. // Levantado el estado de conmoción interior los procesos iniciados serán trasladados a la autoridad judicial ordinaria competente para continuar el trámite de acuerdo con el procedimiento penal ordinario y las penas no podrán ser superiores a la máxima ordinaria”.

(47) Ley 137 de 1994, “por la cual se reglamentan los estados de excepción en Colombia”. Artículo 38, literal d: “d) Someter a permiso previo o restringir la celebración de reuniones y manifestaciones, que puedan contribuir, en forma grave e inminente, a la perturbación del orden público, y disolver aquellas que lo perturben”.

(48) Sentencia C-024 de 1994 (M.P. Alejandro Martínez Caballero).

(49) Sentencia T-456 de 1992 (M.P. Jaime Sanín Greiffenstein).

(50) Sentencia C-009 de 1992 (M.P. Vladimiro Naranjo Mesa). Ver también, las sentencias C-127 de 1993 (M.P. Alejandro Martínez Caballero. AV. José Gregorio Hernández Galindo) y C-456 de 1997 (Jorge Arango Mejía y Eduardo Cifuentes Muñoz. SV. Carlos Gaviria Díaz y Alejandro Martínez Caballero).

(51) Sentencias T-456 de 1992 (M.Ps. Jaime Sanín Greiffenstein y Eduardo Cifuentes Muñoz) y C-024 de 1994 (M.P. Alejandro Martínez Caballero).

(52) Gaceta del Congreso Nº 737 del 05 de octubre de 2010, págs. 14-15.

(53) Gaceta del Congreso Nº 194 del 15 de abril de 2011, pág. 5.

(54) Gaceta del Congreso Nº 369 del 03 de junio de 2011, pág. 8.

(55) Dr. Germán Vargas Lleras.

(56) Gaceta del Congreso Nº 669 del 08 de septiembre de 2011, págs. 37 y 38.

(57) Los representantes que expresaron su inconformidad al respecto, fueron: Hernando Hernández Tapasco, Alba Luz Pinilla Pedraza, Wilson Arias Castillo, Germán Navas Talero, Alejandro Chacón Camargo y Carlos Andrés Amaya Rodríguez.

(58) Gaceta del Congreso Nº 669 del 08 de septiembre de 2011, págs. 35-42.

(59) El representante Raymundo Elías Méndez Bechara.

(60) Gaceta del Congreso págs. 669 del 08 de septiembre de 2011, pág. 41.

(61) Ibídem.

(62) El representante Carlos Andrés Amaya Rodríguez.

(63) Ibídem, págs. 41-42.

(64) El representante Wilson Neber Arias Castillo.

(65) Ibídem, pág. 42.

(66) Gaceta del Congreso Nº 369 del 03 de junio de 2011, pág. 8.

(67) Exposición de motivos al Proyecto de Ley Nº 164 de 2010 Senado, “por medio del cual se reforma el Código Penal, el Código de Infancia y Adolescencia, las reglas sobre extinción de dominio y se dictan otras disposiciones en materia de seguridad”. Gaceta del Congreso Nº 737 del 5 de octubre de 2010, págs. 14 a 15.

(68) Genaro Carrió, por ejemplo, dice que “[…] todas las palabras que usamos para hablar del mundo que nos rodea, y de nosotros mismos, son, al menos, potencialmente vagas”. Carrió, Genaro R.: “Sobre los lenguajes naturales”, en Notas sobre derecho y lenguaje, 4ª edición, Buenos Aires, Abeledo Perrot, 1994, pág. 34. Alf Ross asegura por su parte “[…] que la mayor parte de las palabras son ambiguas, y que todas las palabras son vagas, esto es, que su campo de referencia es indefinido”. Ross, Alf: Sobre el Derecho y la justicia, Trad. Genaro R. Carrió, 3ª edición, Buenos Aires, Eudeba, 2005, pág. 170.

(69) Lo cual no quiere decir que no comprenda, en parte, un ejercicio de esa naturaleza. En la Sentencia C-559 de 1999 (M.P. Alejandro Martínez Caballero. SV. Eduardo Cifuentes Muñoz y Vladimiro Naranjo Mesa), al declarar inexequible parte de un precepto penal por violar el principio de estricta legalidad, la Corte señaló que “[…] la mala redacción de una norma que define un hecho punible no es un asunto de poca monta sino que tiene relevancia constitucional, puesto que puede afectar el principio de legalidad penal estricta, ya que no queda clara cuál es la conducta que debe ser sancionada. Por ende, si en general en todos los campos del derecho, la buena técnica jurídica es siempre recomendable, en el campo penal es no solo importante sino necesaria, pues los defectos de redacción de una disposición, que generen ambig[ü]edad penal, pueden implicar la inconstitucionalidad de la norma en cuestión”.

(70) Sentencia C-232 de 2002 (M.P. Clara Inés Vargas Hernández. SV. Jaime Araújo Rentería y Alfredo Beltrán Sierra). En ese caso, la Corte Constitucional sostuvo que un tipo penal no violaba el principio de estricta legalidad, por más que presentara una imprecisión preliminar en la definición de la pena imponible, por cuanto se trataba de una superable, con arreglo a un entendimiento contextual, finalista y sistemático de la normatividad penal. En ese contexto sostuvo que “[…] cuando se presente una indeterminación insuperable en la descripción de las penas es evidente que se viola el principio de legalidad”. Ese mismo resultado es predicable de los tipos que presentan una indeterminación insuperable en la descripción del comportamiento punible”.

(71) Sentencia C-559 de 1999 (M.P. Alejandro Martínez Caballero. SV. Eduardo Cifuentes Muñoz y Vladimiro Naranjo Mesa). En esa oportunidad, la Corte se preguntaba cuál era el sentido de una norma penal que, por su título, pretendía definir el ámbito de responsabilidad criminal en materia de importaciones declaradas a través de sociedades de intermediación aduanera y almacenes generales de depósito. Y luego de hacer un esfuerzo argumentativo, concluyó que no era posible llegar a una conclusión cierta. Entonces dijo: el sentido de esa norma “[n]o es posible determinarlo por medio de una interpretación razonable”. Después concluyó: “[…] en la medida en que, conforme al análisis adelantado por esta sentencia, la norma acusada es confusa, y no resulta posible precisar con claridad cuál es la conducta que ha sido penalizada, entonces es necesario declarar su inconstitucionalidad, por violación del principio de estricta legalidad penal”.

(72) Sentencia C-205 de 2003 (M.P. Clara Inés Vargas Hernández. SV. Rodrigo Escobar Gil y Marco Gerardo Monroy Cabra). En ese fallo, la Corte Constitucional sostuvo que un tipo penal que criminalizaba el comercio de autopartes de vehículos de procedencia ilícita violaba el principio de estricta legalidad penal, esencialmente porque los términos en los cuales estaba formulado presentaban una imprecisión tan grande, que no era posible establecer “una clara frontera entre cuándo resulta ser lícito o no comerciar con esta clase de mercancías”.

(73) Sentencia C-133 de 1999 (M.P. Carlos Gaviria Díaz). En esa ocasión, la Corte declaró exequibles distintas expresiones normativas de la legislación penal, tras considerar que no violaban el principio de estricta legalidad. La Corte sostuvo que la finalidad de este principio era garantizar la seguridad jurídica: “[…] El principio de legalidad garantiza la seguridad jurídica de los ciudadanos por cuanto les permite conocer cuándo y por qué motivos pueden ser objeto de penas ya sea privativas de la libertad o de otra índole evitando de esta forma toda clase de arbitrariedad o intervención indebida por parte de las autoridades penales respectivas”.

(74) En la Sentencia C-559 de 1999 (M.P. Alejandro Martínez Caballero. SV. Eduardo Cifuentes Muñoz y Vladimiro Naranjo Mesa), antes mencionada, la Corte señaló que uno de los fines del principio de estricta legalidad penal era proteger el derecho a la defensa. Por lo mismo sostuvo que el legislador tiene el “deber de definir de tal manera las conductas punibles, que estas sean inequívocas y empíricamente verificables”. Y luego agregó: “[s]ólo así los jueces estarán verdaderamente sometidos a la ley y se asegura el derecho de defensa de los acusados, quienes tienen entonces la posibilidad de refutar en el proceso las acusaciones precisas que les formula el Estado”.

(75) Sentencia C-232 de 2002 (M.P. Clara Inés Vargas Hernández. SV. Jaime Araújo Rentería y Alfredo Beltrán Sierra). En esa oportunidad, la norma que se enjuiciaba era el artículo 180 de la Ley 599 de 2000, que tipificaba como punible el desplazamiento forzado.

(76) Sentencia C-232 de 2002 (M.P. Clara Inés Vargas Hernández. SV. Jaime Araújo Rentería y Alfredo Beltrán Sierra). De hecho, resolvió: “[…] Declarar EXEQUIBLE, por los cargos analizados en esta providencia, el inciso primero del artículo 180 de la Ley 599 de 2000, bajo el entendido que el delito de desplazamiento forzado está sancionado con las penas de prisión de seis (6) a doce (12) años, multa de seiscientos (600) a mil quinientos (1.500) salarios mínimos legales mensuales vigentes e interdicción de derechos y funciones públicas de seis (6) a doce (12) años”.

(77) Sentencia C-637 de 2009 (M.P. Mauricio González Cuervo). En esa oportunidad, la Corte debía decidir si el tipo penal que describía como comportamiento punible la falsedad en documento privado, violaba el principio de estricta legalidad. En esencia, el cargo descansaba sobre la base de que el tipo penal simplemente decía: “[e]l que falsifique documento privado que pueda servir de prueba, incurrirá, si lo usa, en prisión de dieciséis (16) a ciento ocho (108) meses”. Y por lo tanto, sostenían los demandantes, el tipo no establecía si la conducta sancionable era solo la falsedad material o si también lo era la falsedad ideológica en documento privado. La corporación constató que en el caso de los documentos públicos, el legislador penal había contemplado dos tipos distintos para criminalizar separadamente la falsedad ideológica y la falsedad material, y en ese sentido era posible llegar a hablar preliminarmente de una posible falta de precisión. No obstante, luego de interpretar el precepto según la jurisprudencia de la Sala de Casación Penal de la Corte Suprema de Justicia sobre la materia, la Corte Constitucional concluyó que la imprecisión alegada era apenas aparente, pues “acudiendo a los distintos métodos interpretativos, es posible percibir que esa simpleza del tipo es inclusiva y no excluyente”. En cuanto a los métodos con fundamento en los cuales era posible llegar a esa conclusión, la Corte Constitucional dijo que eran en esencia los mismos que había empleado la Sala de Casación Penal de la Corte Suprema de Justicia en sus decisiones sobre la materia. En uno de los fallos citados por la Corte Constitucional, la Corte Suprema de Justicia había señalado, al respecto, que “[…] de la literalidad de la ley, de su contenido, de su análisis contextual, de su historia reciente, de los principios generales del derecho, de la jurisprudencia y de trascendente doctrina patria, se concluye que la falsedad ideológica en documento privado, sí era conducta punible en el Código Penal de 1980”, y que lo mismo podía decirse del nuevo Código Penal de 2000. Así, la Corte Constitucional concluyó, de forma coincidente con la Corte Suprema de Justicia, que “[…] el legislador [del año 2000] había decidido suprimir la referencia a esta modalidad, en aras de la simpleza del tipo penal”.

(78) Sentencia C-559 de 1999 (M.P. Alejandro Martínez Caballero. SV. Eduardo Cifuentes Muñoz y Vladimiro Naranjo Mesa). El precepto entonces demandado era el artículo 69 de la Ley 488 de 1998. Para mayor ilustración se transcribe y subrayan los fragmentos demandados: ““Artículo 68. Importaciones declaradas a través de sociedades de intermediación aduanera y almacenes generales de depósito. || Cuando las sociedades de intermediación aduanera o almacenes generales de depósito reconocidos y autorizados por la DIAN intervengan como declarantes en las importaciones o exportaciones que realicen terceros, estas sociedades responderán penalmente por las conductas previstas en el artículo 15 de la Ley 383 de 1997 que se relacionen con naturaleza, cantidad, posición arancelaria y gravámenes correspondientes a la respectiva mercancía. || La sanción penal prevista en el artículo 15 de la Ley 383 de 1997 no se aplicará al importador o exportador siempre y cuando no sea partícipe del delito. || “Sin embargo, el importador o exportador será el responsable penal por la exactitud y veracidad del valor de la mercancía en todos los casos; para estos efectos las sociedades de intermediación aduanera y los almacenes generales de depósito únicamente responderán por declarar un valor diferente al contenido en la factura comercial que les sea suministrada por aquel. || Las sociedades de intermediación aduanera y los almacenes generales de depósito responderán directamente por los gravámenes, tasas, sobretasas, multas o sanciones pecuniarias que se deriven de las actuaciones que realicen como declarantes autorizados. || Para los efectos previstos en este artículo, la responsabilidad penal de las sociedades de intermediación aduanera y los almacenes generales de depósito recaerá sobre el representante o la persona natural autorizada formalmente por este que haya realizado el reconocimiento de la mercancía previamente a la declaración respectiva. || “Parágrafo. Las sociedades de intermediación aduanera y los almacenes generales de depósito tendrán, sin perjuicio del control de la autoridad aduanera, la facultad de inspección de las mercancías con anterioridad a su declaración ante la Dirección de Aduanas”.

(79) Sentencia C-843 de 1999 (M.P. Alejandro Martínez Caballero. SV. Eduardo Cifuentes Muñoz y Vladimiro Naranjo Mesa). En esa oportunidad, la norma penal demandada simplemente fijaba una lista de sanciones para ciertos delitos, imponibles cuando estos fueran cometidos por personas jurídicas o sociedades de hecho. No obstante, la disposición no establecía cuando el juez debía aplicar una u otra sanción, ni especificaba los límites de las mismas, y ninguna de esas precisiones podía superarse con arreglo a algún criterio aceptable en el ámbito del derecho penal. Por lo mismo, la Corte declaró inexequible la disposición.

(80) Sentencia C-739 de 2000 (M.P. Fabio Morón Díaz). En ese fallo, la Corte declaró inexequible algunas expresiones contenidas en el tipo penal de acceso ilegal o prestación ilegal de servicios de telecomunicaciones, por cuanto no eran demasiado amplias y si se las dejaba en el ordenamiento “se estaría dotando al juez de la facultad de llenar de contenido dicha expresión”.

(81) Sentencia C-205 de 2003 (M.P. Clara Inés Vargas Hernández. SV. Rodrigo Escobar Gil y Marco Gerardo Monroy Cabra), antes referida.

(82) Sentencia C-575 de 2009 (M.P. Humberto Antonio Sierra Porto. SV. Mauricio González Cuervo, Gabriel Eduardo Mendoza Martelo, Nilson Pinilla Pinilla y Jorge Ignacio Pretelt Chaljub). En esta sentencia, la corporación declaró inexequible el tipo penal de ultraje a símbolos patrios, entre otras razones, porque en su concepto violaba el principio de estricta legalidad, debido a que empleaba términos con “contenidos semánticos diversos”, que podían “dar lugar a juicios subjetivos por el juzgador al momento de apreciar la conducta”.

(83) Ver por ejemplo Kelsen, Hans: Teoría pura del Derecho, Segunda edición para el alemán, Trad. Roberto J. Vernengo, 11ª edición, México, Porrúa, 2000, pág. 126. Ver también a Zuleta, Hugo: “Voz: Ilícito”, en Enciclopedia Iberoamericana de Filosofía, Ernesto Garzón Valdés y Francisco Laporta (Eds.), Madrid, Trotta, 1993, págs. 333-343; y a Vernengo, Roberto J.: Curso de teoría general del Derecho, Buenos Aires, Depalma, 1995, pág. 191 y ss.

(84) En los antecedentes de la norma demandada, puede notarse lo siguiente. En la Plenaria de la Cámara, luego de una concertación adelantada por una subcomisión especial, se presentó una versión del tipo demandado que se ajusta a la que finalmente se aprobó, pues decía: “Artículo 48. La Ley 599 de 2000 tendrá un artículo del siguiente tenor: Artículo 353A. Obstrucción a vías públicas que afecten el orden público. El que por medios ilícitos incite, dirija, constriña o proporcione los medios para obstaculizar de manera temporal o permanente, selectiva o general, las vías o la infraestructura de transporte de tal manera que atente contra la vida humana, la salud pública, la seguridad alimentaria el medio ambiente o el derecho al trabajo, incurrirá en prisión […]”. Gaceta del Congreso Nº 194 del 15 de abril de 2011, pág. 5. Muestra de que en la formación de la ley se juzgaba estar criminalizando ese comportamiento, solo y en tanto hubiera una obstrucción, es la intervención del entonces Ministro del Interior y de Justicia, Dr. Germán Vargas Lleras, en la que expresó lo siguiente: “[…] quien haya escuchado el contenido del artículo concertado podrá advertir que se sanciona a quien obstaculiza las vías, poniendo en riesgo la vida humana, la salud pública, la seguridad alimentaria, el medio ambiente y el derecho al trabajo”. Gaceta del Congreso Nº 669 del 08 de septiembre de 2011, págs. 37 y 38.

(85) Sobre los delitos de peligro común, como los que están en el capítulo al cual pertenece la norma demandada, puede verse Pérez, Luis Carlos: Manual de derecho penal. Partes general y especial, Cuarta edición, Bogotá, Temis, 1975, pág. 353 y ss.

(86) Todas las citas de este párrafo corresponden a la Sentencia T-456 de 1992 (M.Ps. Jaime Sanín Greiffenstein y Eduardo Cifuentes Muñoz). Ver Sentencia C-024 de 1994 (M.P. Alejandro Martínez Caballero). Por lo demás, en la Sentencia C-179 de 1994 (M.P. Carlos Gaviria Díaz. AV. Alejandro Martínez Caballero. SV. Eduardo Cifuentes Muñoz, Carlos Gaviria Díaz, Alejandro Martínez Caballero, Fabio Morón Díaz y Jorge Arango Mejía), al examinar el artículo 38 de la Ley 137 de 1994 “Por la cual se reglamentan los estados de excepción en Colombia”, que autorizaba a someter a permiso previo las reuniones o manifestaciones públicas y pacíficas que pudieran contribuir de manera grave e inminente a la perturbación del orden público, la Corte Constitucional señaló lo siguiente: “[…] El derecho de reunión que se encuentra consagrado en el artículo 37 de la ley suprema, según lo ha dicho esta corporación, ‘ha sido concebido como una libertad pública fundamental pues constituye una manifestación colectiva de la libertad de expresión y un medio para ejercer los derechos políticos. Esta libertad es la base de la acción política en las campañas electorales y también de los movimientos cívicos y otras manifestaciones legítimas de apoyo y protesta’. || La Constitución faculta a la ley para establecer, de manera expresa, los casos en los cuales se puede limitar el ejercicio de los derechos de reunión y manifestación, y como ‘la Constitución no determinó en forma expresa los valores o derechos que deben protegerse para justificar las limitaciones al derecho de reunión y manifestación, sino que otorgó una facultad general al legislador para determinar los casos en los cuales se puede limitar su ejercicio, será tarea de los jueces estudiar las limitaciones constitucionalmente aceptables, mediante la creación de fórmulas de equilibrio que permitan conciliar el libre ejercicio del derecho y el orden público, así como armonizar los conflictos del derecho de reunión y manifestación de ciertas personas con el ejercicio de los derechos fundamentales de los demás. Generalmente las limitaciones al ejercicio del derecho de reunión y manifestación se encuentran vinculadas al mantenimiento del orden público’.|| Entonces no les asiste razón a los intervinientes primeramente citados, pues precisamente la norma que consideran violada, al regular el derecho de reunión, autoriza a la ley para “establecer de manera expresa los casos en los cuales se podrá limitar el ejercicio de este derecho” y esto es lo que el literal d) del artículo 38 estatuye al señalar los casos en los cuales se requiere de permiso previo para la celebración de reuniones y manifestaciones, en el evento de que ellas puedan contribuir, en forma grave e inminente a perturbar el orden público. || Así las cosas, el literal d) del proyecto de ley estatutaria no infringe la Carta, motivo por el cual será declarado exequible”.

(87) Código Nacional de Policía. Decreto 1355 de 1970 “por el cual se dictan normas sobre policía”. “Artículo 102. Toda persona puede reunirse con otras o desfilar en sitio público con el fin de exponer ideas e intereses colectivos de carácter político, económico, religioso, social o de cualquier otro fin lícito. // Con tales fines debe darse aviso por escrito presentado personalmente ante la primera autoridad política del lugar. Tal comunicación debe ser suscrita por lo menos por tres personas. // Tal aviso deberá expresar día, hora y sitio de la proyectada reunión y se presentará con 48 horas de anticipación. Cuando se trata de desfiles se indicará el recorrido prospectado. // “Inciso modificado por el artículo 118 del Decreto 522 de 1971. El nuevo texto es el siguiente:” Dentro de las veinticuatro horas siguientes al recibo del aviso la autoridad podrá, por razones de orden público y mediante resolución motivada, modificar el recorrido del desfile, la fecha, el sitio y la hora de su realización”.

(88) Artículo 46 de la Constitución de 1886.

(89) En términos de la Convención Americana de Derechos Humanos y de la jurisprudencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, toda limitación al derecho a la libertad de expresión debe haber sido definida en forma precisa y clara a través de una ley formal o material, estar orientada al logro de objetivos imperiosos autorizados por la convención (satisfacer un interés público imperativo) y ser necesaria en una sociedad democrática para el logro de tales fines, con un alcance tal que no sea limitada más de lo estrictamente indispensable para garantizar el pleno ejercicio y alcance del derecho a la libertad de expresión. Y en cuanto a esto último, se enfatiza, las limitaciones para defender otros derechos, no deben equivaler a censura, no pueden resultar discriminatorias, ni ser establecidas por medios indirectos, y en fin, como estándares de control sobre su legitimidad, deben aplicarse los más exigentes. Organización de Estados Americanos. Comisión Interamericana de Derechos Humanos. Informe anual de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos 2008, volumen III, págs. 135-150. Consultado en http: //www.cidh.oas.org/annualrep/ 2008sp/ INFORME %20ANUAL%20RELE%202008.pdf. Tomado de la Sentencia C-417 de 2009 (M.P. Juan Carlos Henao Pérez. SV. Nilson Pinilla Pinilla; SV. Jorge Ignacio Pretelt Chaljub; SV. Manuel Urueta Ayola; y SV. Luis Ernesto Vargas Silva).