Sentencia C-744 de octubre 6 de 1999 

CORTE CONSTITUCIONAL

SALA PLENA

Ref.: Expediente D-2364

Magistrado Ponente:

Dr. Antonio Barrera Carbonell

Actor: Jorge Enrique Osorio Reyes

Demanda de inconstitucionalidad contra el artículo 124 (p) del Decreto 1214 de 1990.

Santafé de Bogotá, D.C., octubre seis de mil novecientos noventa y nueve.

EXTRACTOS: «II. Norma demandada

A continuación se transcribe el texto de la disposición demandada, conforme a su publicación en el Diario Oficial 39406 del 8 de junio de 1990 y se subraya el aparte acusado:

“DECRETO NÚMERO 1214 DE 1990

(Junio 8)

Por la cual se reforma el estatuto y el régimen prestacional del personal civil del Ministerio de Defensa Nacional y la Policía Nacional.

ART. 124.—Reconocimiento y sustitución de pensión. Al fallecimiento de un empleado público del Ministerio de Defensa o la Policía Nacional, con derecho a pensión o en goce de ésta, sus beneficiarios, en el orden y proporción establecidas en este estatuto, tienen derecho a percibir la respectiva pensión del causante, así:

a) En forma vitalicia, por el cónyuge sobreviviente y los hijos inválidos absolutos que dependan económicamente del empleado pensionado;

b) Para los hijos menores, hasta cuando cumplan la mayoría de edad, y

c) Para los demás beneficiarios por el término de cinco años”.

(...).

VI. Consideraciones y fundamentos

1. El problema jurídico planteado

Según el actor el aparte de la norma acusada consagra una clara limitación al disfrute de la pensión de sobrevivientes en favor de los padres de los empleados públicos del Ministerio de Defensa y la Policía Nacional, al restringir su goce al término de cinco años.

En efecto, dice el autor que la norma entroniza un inequitativo tratamiento con estos beneficiarios, diferente al que la ley depara a los padres del resto de servidores del orden nacional, a quienes se les permite la sustitución de la pensión de por vida, con lo cual se quebranta tanto el artículo 13 de la Constitución Política, como otras disposiciones superiores que tienen que ver con la obligación del Estado de garantizar la efectividad de los derechos consagrados en la Constitución y la protección y la asistencia de las personas de la tercera edad.

Le corresponde a la Corte establecer si la regulación atacada responde a objetivos serios planteados dentro de una racionalidad que justifique el distinto tratamiento con que la ley regula el derecho de los padres a sustituirse en la pensión de sus hijos.

2. Examen y solución del problema

2.1. En la Sentencia C-02 de 1999(1) la Corte declaró inexequible un aparte normativo del Decreto-Ley 1305 de 1975, que contenía una norma similar a la demandada, en el sentido de que limitaba la sustitución pensional de los padres del soldado o grumete fallecido “únicamente por el término de cinco (5) años”, porque se pudo establecer que ella violaba el principio de igualdad, en la medida en que el artículo 195 del Decreto 1211 de 1990 (estatuto del personal de oficiales y suboficiales de las fuerzas militares) se regulaba la sustitución pensional de diferente manera, pues los padres del pensionado fallecido reciben la pensión sustituida, en los términos que establece el artículo 185 del mismo estatuto, en forma vitalicia.

2.2. Los argumentos expuestos en la aludida sentencia, en relación con la aplicación del principio de igualdad en materia de sustitución pensional, en lo que atañe con las personas que prestan sus servicios a las fuerzas militares, resultan pertinentes y útiles para resolver el problema que ahora se le plantea a la Corte. En tal virtud, se transcriben los apartes relevantes de la sentencia C-02 de 1999(2).

“3.2. La ley, con fundamento en las previsiones del artículo 217 de la Constitución que autoriza la creación de un régimen especial para el personal de las fuerzas militares, regula de manera separada la carrera profesional y el régimen de prestaciones sociales de los diferentes estamentos que las integran en razón de que son un cuerpo funcionalmente jerarquizado, que cumple unas finalidades y cometidos específicos que se resumen en la defensa de la soberanía, la independencia, la integridad del territorio nacional y del orden constitucional”.

“Por esta razón el legislador ha dispuesto una regulación prestacional para los oficiales y suboficiales (1) 1211 de 1990, otra separada para los soldados y grumetes (1) 1305 de 1975, 094 de 1989. Ley 447 de 1998, y otra para el personal civil al servicio del Ministerio de Defensa (1) 1214 de 1990”.

“Sobre el asunto materia de análisis en esta providencia, esto es, la sustitución pensional, el Decreto-Ley 1211 de 1990 (estatuto de personal de oficiales y suboficiales de las Fuerzas Militares), prescribe los siguiente:

ART. 195.—Muerte en goce de asignación de retiro o pensión. A la muerte de un oficial o suboficial de las fuerzas militares en goce de asignación de retiro o pensión, sus beneficiarios tendrán derecho a una pensión mensual pagadera por el tesoro público o por la caja de retiro de las Fuerzas Militares, equivalente en todo caso a la totalidad de la prestación que venía disfrutando el causante, distribuida en el orden y proporción establecida en este estatuto”.

“Conforme con el artículo 185 del mismo Decreto 1211 de 1990, los padres concurren a recibir la pensión con el cónyuge sobreviviente, cuando no hay hijos, o sólo cuando no hubiere cónyuge e hijos, pero en todos los casos el derecho a la pensión es vitalicio”.

“Lo que importa destacar de la norma en cuestión es que la ley, a la muerte de los oficiales o suboficiales en goce de una pensión, reconoce a los padres de éstos, la pensión de sobrevivientes, sin que se limite su goce por un tiempo determinado, de manera que el derecho se convierte en una prestación vitalicia”.

“3.3. Por el contrario, el tratamiento que la norma acusada depara a los padres de los soldados y grumetes para el evento de la sustitución es diferente, porque el goce de la pensión se reduce a cinco años, al cabo de los cuales fatalmente desaparece el derecho prestacional”.

“La pregunta obligada que surge de la situación descrita es, entonces, ¿si el tratamiento distinto que la ley otorga a los padres de los soldados y grumetes fallecidos en goce de pensión, tiene una justificación racional y objetiva o constituye, o como lo piensan el actor y el Ministerio Público, una solución discriminatoria, violatoria del principio de igualdad?”.

“Para resolver dicho interrogante es necesario tener en cuenta las siguientes consideraciones:

— La finalidad que se persigue con la sustitución pensional es, en síntesis, la de suplir la ausencia repentina del apoyo económico que el pensionado ofrecía a sus familiares, y que el deceso de éste no determine el cambio sustancial de las condiciones de vida del beneficiario o beneficiarios, pues es un hecho cierto que en la mayoría de los casos la sustitución tiene el alcance de una ayuda vital para dichos beneficiarios, ese decir, indispensable para su subsistencia”.

“Sobre el tema de la finalidad de la sustitución pensional ha señalado la Corte(3):

“La sustitución pensional tiene como finalidad evitar que las personas allegadas al trabajador y beneficiarias del producto de su actividad laboral queden por el simple hecho de su fallecimiento en el desamparo o la desprotección. Principios de justicia retributiva y de equidad justifican que las personas que constituían la familia del trabajador tengan derecho a la prestación pensional del fallecido para mitigar el riesgo de viudez y orfandad al permitirles gozar post mortem del estatus laboral del trabajador fallecido””.

“Desde esta perspectiva se puede advertir que el objetivo de la sustitución pensional responde a la necesidad de mantener para su beneficiario, al menos el mismo grado de seguridad social y económica con que contaba en vida de pensionado fallecido, que al desconocerse puede significar, en no pocos casos, reducirlo a una evidente desprotección y posiblemente a la miseria”.

“— La definición del derecho de un beneficiario a la sustitución pensional se soporta indefectiblemente en el supuesto mencionado, esto es, de reconocer al beneficiario el grado de seguridad económica que lo protegía en vida del pensionado. Por tanto, los beneficiarios de dicha sustitución que se encuentren dentro de una misma situación objetiva deben ser merecedores de igual tratamiento”.

“El tratamiento diferente de la sustitución pensional resulta violatorio del principio de igualdad cuando ello resulta de limitar su goce en el tiempo en perjuicio de ciertos beneficiarios, colocados dentro de una misma situación objetiva, porque entonces se desconoce uno de los supuestos que lo justifican, como es el de la existencia de un vínculo de racionalidad y proporcionalidad entre los supuestos de hecho que constituye el trato y el fin específico que se persigue con la medida. Si se rompe esa relación, la medida resulta inconstitucional”.

“— La Corte ha señalado que la consagración de un régimen especial conlleva un tratamiento discriminatorio de los trabajadores que lo integran frente a quienes hacen parte del sistema general, cuando aquél contiene regulaciones que son irrazonables e inequitativas. En este sentido se pronunció la Corte(4), así:

“No puede ser admisible que se excluya a un grupo de pensionados de un beneficio que se otorga a la generalidad del sector y que tiende al desarrollo de un derecho constitucional, por simples consideraciones subjetivas, que no encuentran asidero en los principios y valores constitucionales. Como en forma reiterada lo ha manifestado la Corte, el derecho a la igualdad se traduce en una garantía que impide a los poderes públicos tratar de manera distinta a quienes se encuentran en iguales condiciones. En consecuencia, la norma que estudia la Corte, configura una discriminación que atenta contra el principio de igualdad consagrado en el artículo 13 de la Carta Política””.

“El criterio expuesto en el referido pronunciamiento fue reiterado en la Sentencia C-182 de 1997(5) en la cual dijo la Corte.

“Ha señalado esta corporación en relación con el establecimiento de los llamados “regímenes excepcionales”, que ellos se ajustan al ordenamiento constitucional, en cuanto suponen la existencia de unas condiciones prestacionales más favorables para los trabajadores a quienes comprende y cuya finalidad es la preservación de los derechos adquiridos. Pero, cuando consagren para sus destinatarios un tratamiento inequitativo frene al que se otorga a la generalidad de los trabajadores cobijado por el régimen previsto en la Ley 100 de 1993, éstas regulaciones deberán ser descalificadas en cuanto quebrantan el principio constitucional de la igualdad”.

“... Resulta evidente que el precepto normativo acusado es inconstitucional, porque no existe un fundamento objetivo, racional y razonable que justifique la diferencia en el tratamiento de la sustitución pensional a favor de los padres de los oficiales y suboficiales y de los soldados y grumetes, cuando la situación que da origen a la sustitución es sustancialmente igual. En otros términos, no se justifica que dentro del régimen de excepción que prevé el artículo 217 de la Constitución se establezcan regulaciones diferentes en relación con una materia y una situación objetiva idéntica”.

2.3. En el artículo 120 del Decreto 1214 se establece el orden y proporción de los beneficiarios de las prestaciones que correspondan, en caso de fallecimiento de un empleado público del Ministerio de Defensa o de la Policía Nacional.

En el artículo 24 de referido decreto, del cual hace parte el segmento normativo acusado se limita el reconocimiento de la pensión a los beneficiarios, diferentes del cónyuge sobreviviente y los hijos inválidos absolutos que dependan del empleado pensionado, que la disfrutan en forma vitalicia, y de los hijos menores que gozan de ella hasta la mayoría de edad, al término de cinco (5) años.

En contraste con la normatividad acusada en diferentes estatutos del personal de las Fuerzas Armadas se regula la misma situación de la institución pensional de diferente manera, como se verá enseguida:

— En el artículo 185(6) del Decreto 1211 de 1990 (estatuto de personal de oficiales y suboficiales de las Fuerzas Militares) se determina el orden de beneficiarios de las prestaciones sociales por causa de muerte de oficiales o suboficiales en servicio activo o en goce de asignación de retiro o pensión, pero no se establece una restricción como la que prevé la norma acusada, en cuanto al tiempo prefijo en que disfrutan la pensión ciertos beneficiarios. Es así como dicha norma señala el referido orden de beneficiarios de las aludidas prestaciones, así:

“a) La mitad para el cónyuge sobreviviente y la otra mitad a los hijos del causante, en consecuencia estos últimos en las proporciones de ley;

b) Si no hubiere cónyuge sobreviviente, las prestaciones corresponden íntegramente a los hijos en las proporciones de ley;

c) Si no hubiere hijos la prestación se divide así:

— El cincuenta por ciento 50% para el cónyuge.

— El cincuenta por ciento 50% para los padres en partes iguales, y

d) Si no hubiere cónyuge sobreviviente ni hijos, la prestación se dividirá entre los padres así:

— Si el causante es hijo legítimo llevan todas las prestaciones los padres.

— Si el causante es hijo adoptivo la totalidad de la prestación corresponde a los padres adoptantes en igual prestación.

— Si el causante es hijo extramatrimonial, la prestación se divide en partes iguales entre los padres.

— Si el causante es hijo extramatrimonial con adopción, la totalidad de la prestación corresponde a los padres adoptivos en igual proporción.— Si no concurriere ninguna de las personas indicadas en este artículo llamadas en el orden preferencial en él establecido, la prestación se paga previa comprobación de que el extinto era su único sostén a los hermanos menores de 18 años.

— Los hermanos carnales recibirán doble porción de los que sean simplemente maternos o paternos.

— A falta de descendientes, ascendientes, hijos adoptivos, padres adoptivos, hermanos y cónyuge, la prestación corresponderá a la caja de retiro de las Fuerzas Militares”.

Previsión similar a la contemplada en el artículo 185 del Decreto 1211 de 1990, antes mencionado, en cuanto al orden de beneficiarios y la proporción de los derechos prestacionales que les corresponden, se encuentra en el artículo 173 del Decreto 1212 de 1990, en relación con la sustitución de la asignación de retiro o pensión en caso de muerte de un oficial o suboficial de la Policía Nacional, y en el artículo 132 del Decreto 1213 de 1990 con respecto a la sustitución de la asignación de retiro o pensión por causa de muerte de un agente la Policía Nacional. Tampoco en estas normas se encuentra una restricción parecida o igual a la que prevé el acápite normativo acusado.

2.4. Conforme a las consideraciones precedentes, resulta evidente que el precepto normativo acusado es inconstitucional, porque no existe un fundamento objetivo, racional y razonable que justifique la diferencia de tratamiento para los beneficiarios enumerados en el artículo 120 del Decreto 1214 de 1990, distintos de los previstos en las letras a) y b) del artículo 124 del mismo decreto del cual forma parte la disposición demandada, con respecto a la que se consagra en las normas ya citadas de los decretos 1211 de 1990, 1212 de 1990 y 1213 de 1990, para los oficiales y suboficiales de las Fuerzas Militares, los oficiales y suboficiales, y los agentes de la Policía Nacional.

La circunstancia de que el segmento normativo demandado haga parte de una disposición integrante del régimen prestacional del personal civil del Ministerio de Defensa Nacional y la Policía Nacional, que es diferente de los regímenes establecidos para el personal militar y de la Policía Nacional, no justifica el diferente tratamiento en materia de sustitución pensional porque, como se explicó antes, finalidades de esta prestación se predican objetivamente por igual en relación con todos los beneficiarios de ella, colocados en idéntica situación. Por consiguiente, no encuentra la Corte diferencia admisible en materia de sustitución pensional entre el personal de las Fuerzas Militares y de Policía, porque uno y otro se encuentran dentro de la misma situación objetiva. Es así como la Corte en la Sentencia C-654 de 1997(7) advirtió:

“El principio de igualdad en materia laboral está alimentado no sólo por la preceptiva general del derecho a la igualdad a que alude el artículo 13 de la Constitución, sino por otros principios y valores constitucionales que relievan el trabajo humano, como la equidad o simetría, dignidad y justicia en las relaciones laborales, la igualdad de oportunidades para todos los trabajadores, la paridad entre el valor del trabajo y el valor de la remuneración que debe recibirse por éste, o principio de trabajo igual salario igual, y la primacía de la realidad sobre la forma o materialidad de la relación de trabajo”.

“Acorde con dicha concepción, la Corte no ha admitido la diferencia de trato en materia laboral, y ha considerado en que en tal caso hay discriminación, cuando dicha diferencia esta basada en la distinta naturaleza de los patronos o empleadores privados u oficiales o en la promulgación de un diferente estatuto jurídico, que se considera no justificado, irrazonable y desproporcionado(8)”.

3. En conclusión, por considerar la Corte que el segmento normativo acusado viola el principio de igualdad, será declarado inexequible.

La Corte considera que la presente sentencia debe tener efectos retroactivos a partir del día 7 de julio de 1991, fecha en que entró a regir la actual Constitución. Esta determinación tiene su fundamento en lo siguiente: la manifiesta inconstitucionalidad de la norma acusada, que surgió desde el momento de la vigencia de la Constitución; que la sustitución pensional está dirigida fundamentalmente a satisfacer necesidades vitales de los beneficiarios y que es evidente que la aplicación de dicha norma ha generado perjuicios a éstos, que es necesario reparar.

En consecuencia, los demás beneficiarios distintos de los previstos en las letras a) y b) del artículo 124 del Decreto 1214 de 1990, en los términos del artículo 120 (orden y proporción de beneficiarios) del mismo decreto, que con posterioridad a dicha fecha no hubieren podido gozar de la sustitución pensional a causa de la aplicación del texto normativo declarado inexequible, podrán, con el fin de que se reparen sus derechos constitucionales desconocidos, reclamar de las autoridades competentes el reconocimiento de su derecho a la sustitución pensional, siempre que no hubiere operado la prescripción con arreglo a las disposiciones vigentes.

VII. Decisión

En mérito de lo expuesto la Corte Constitucional, administrando justicia, en nombre del pueblo y por mandato de la Constitución,

RESUELVE:

1. Declarar INEXEQUIBLE el literal c) del artículo 124 del Decreto 1214 de 1990.

2. El presente fallo tendrá efectos retroactivos a partir del 7 de julio de 1991.

Notifíquese, comuníquese, publíquese, insértese en la Gaceta de la Corte Constitucional y archívese el expediente».

(1) M.P. Antonio Barrera Carbonell.

(2) Ídem.

(3) Sentencia T-190 de 1993, M.P. Eduardo Cifuentes Muñoz.

(4) Ibídem.

(5) M.P. Hernando Herrera Vergara.

(6) En relación con el literal d) de esta norma se han dictado las sentencias 134 de 1991 de la Corte Suprema de Justicia y C-314 de 1997 de esta Corte, que declararon exequibles algunos de sus apartes normativos.

(7) M.P. Antonio Barrera Carbonell.

(8) Sentencia C-051 de 1995, C-252 de 1995, C-308 de 1995, C-461 de 1995, C-046 de 1996 y C-059 de 1996.

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