Sentencia C-748 de octubre 6 de 1999 

CORTE CONSTITUCIONAL

SALA PLENA

DEMANDAS CONTRA DECRETOS COMPILADORES

DELIMITACIÓN DE COMPETENCIAS ENTRE CORTE Y CONSEJO DE ESTADO

EXTRACTOS: «1. El actor demandó la inconstitucionalidad de la totalidad del Decreto 1818 de 1998 y, subsidiariamente, de los artículos 64, 121, 126, 135, 136 y 138 y de los numerales 4º y 5º del artículo 155 y 3º del artículo 163, por considerarlos violatorios del artículo 150, numerales 2º y 10, de la Constitución Política.

2. La apoderada del Ministerio de Justicia intervino para defender la constitucionalidad del artículo 64 y para solicitar que la Corte Constitucional excluyera del texto del Decreto 1818 de 1998 los artículos 121, 126 y 138, y los numerales 4º y 5º del artículo 155 y 3º del artículo 163. También solicita que se ordene que se incluya el texto del artículo 19 del Decreto 2651 de 1991, en lugar de los artículos 135 y 136 del Decreto 1818 de 1998.

3. El Procurador General de la Nación defiende la constitucionalidad del artículo 64 y solicita la declaración de inconstitucionalidad de los artículos 121, 126, 135, 136 y 138, y los numerales 4º y 5º del artículo 155 y 3º del artículo 163.

4. La demanda contra la totalidad del Decreto 1818 de 1998 fue rechazada, mientras que las demandas relacionadas con artículos específicos fueron admitidas.

La nulidad de la sentencia C-518 de 1999.

5. En la sesión del día 22 de julio de 1999, reseñada en el acta 33, esta corporación aprobó la sentencia C-518 de 1999, M.P. Eduardo Cifuentes Muñoz, dictada sobre la demanda que dio origen al expediente D-2555. En los fundamentos de la sentencia se señalaba que por medio de la misma la Corte Constitucional rectificaba su jurisprudencia alrededor del punto de los códigos y las compilaciones. Sin embargo, la sentencia obtuvo cuatro (4) aclaraciones y un salvamento de voto, en los cuales se hacía patente que no se había presentado realmente la voluntad de rectificar la jurisprudencia sobre esta materia. Por lo tanto, mediante auto del día 6 de octubre de 1999, se decidió anular la mencionada sentencia C-518 de 1999 y se acordó dictar un nuevo pronunciamiento, en el cual se debía eliminar la mención acerca del cambio en la jurisprudencia de la corporación. Por eso, se procede ahora a dictar la nueva sentencia, de acuerdo con los lineamientos señalados en el aludido auto.

El problema planteado.

6. El Gobierno Nacional dictó el Decreto 1818 de 1998 con base en la autorización que le fuera concedida por el artículo 166 de la Ley 446 de 1998 para expedir el estatuto de los mecanismos alternativos de solución de conflictos y compilar las normas sobre conciliación, arbitraje, amigable composición y conciliación en equidad, consagradas en las leyes 23 de 1991 y 446 de 1998, los decretos 2651 de 1991 y 2279 de 1989 y las demás disposiciones vigentes. El actor estima que el gobierno vulneró la Constitución al dictar el Decreto 1818 de 1998, por cuanto no incorporó distintas normas sobre la materia en el mencionado decreto, compiló otras que se encontraban derogadas o subrogadas y ubicó una en un lugar diferente al de su normatividad de origen. Las acusaciones del actor habrían de conducir a la Corte a analizar cada uno de los artículos a los que hace referencia. Sin embargo, antes de pronunciarse sobre ellos, la Corte debe resolver si es competente para conocer sobre la demanda instaurada.

La jurisprudencia de la Corte acerca de los conceptos de código y de compilación.

7. El artículo 166 de la Ley 446 de 1998 autorizó al gobierno para compilar las normas vigentes aplicables a los mecanismos alternativos de resolución de conflictos. El mencionado artículo dispone:

“ART. 166.—Estatuto de los mecanismos alternativos de solución de conflictos. Se faculta al Gobierno Nacional para que, dentro de los dos (2) meses siguientes a la expedición de esta ley, compile las normas aplicables a la conciliación, al arbitraje, a la amigable composición y a la conciliación en equidad, que se encuentren vigentes en esta ley, en la Ley 23 de 1991, en el Decreto 2279 de 1989 y en las demás disposiciones vigentes, sin cambiar su redacción, ni contenido, la cual será el estatuto de los mecanismos alternativos de solución de conflictos”.

El día 7 de septiembre de 1998, el Presidente de la República dictó el Decreto 1818, “por medio del cual se expide el estatuto de los mecanismos alternativos de solución de conflictos”. En el encabezamiento y el considerando inicial del mismo se precisa que el decreto se dicta con base en las facultades constitucionales y legales del Presidente de la República y, en especial, de las que le fueron conferidas por el artículo 166 de la Ley 446 de 1998.

La demanda del actor parte de la base de que el Decreto 1818 de 1998 es un decreto-ley, por cuanto habría sido dictado por el gobierno con base en las facultades extraordinarias que le habría conferido el legislador mediante el artículo 166 de la Ley 446 de 1998. Tanto el encabezamiento como el primer considerando del mencionado decreto refuerzan el argumento del actor acerca de que el decreto constituye un decreto-ley, en la medida en que allí se señala que el decreto se dicta con base en las facultades legales que le fueran otorgadas al gobierno para compilar las normas.

Esta corporación considera, sin embargo, que las características del Decreto 1818 permiten concluir que no es un decreto-ley, sino un decreto ejecutivo. Ello, por cuanto el fin del decreto no es el de crear nuevas normas jurídicas acerca de los mecanismos alternativos de solución de conflictos, sino el de organizar las ya existentes, para facilitar su consulta y comprensión a los asociados. Tanto el texto del artículo 166 de la Ley 446 de 1998 como el de los dos considerandos del Decreto 1818 confirman este aserto, puesto que en ellos se expresa claramente que el objeto del decreto es la compilación de las disposiciones sobre los mecanismos alternativos de solución de conflictos y se aclara que su articulado no cambia la redacción ni el contenido de las normas compiladas.

La aludida situación no es modificada por el hecho de que en el decreto mismo se señale que él se dicta especialmente con fundamento en las facultades conferidas al gobierno por medio de la Ley 446 de 1998. El gobierno cuenta de manera permanente con la autorización constitucional para compilar las normas legales, con el fin de hacerlas asequibles y fáciles de entender al ciudadano común, todo dentro de su obligación de velar por el estricto cumplimiento de las leyes (C.P., art. 189, num. 10). Esta tarea forma, pues, parte de sus labores como suprema autoridad administrativa, y no requiere de una autorización legal(1). En consecuencia, se puede concluir que el otorgamiento de facultades extraordinarias al gobierno para compilar las normas sobre una determinada materia persigue inducir —u ordenar, según el caso— al último para que realice esa compilación, pero no agrega nada a las facultades propias del ejecutivo.

(1) Esta posición ya había sido expuesta en las sentencias C-129 y C-397 de 1995. En la primera de las mencionadas se expuso que la compilación, “al tratarse de una facultad que en nada debe alterar la naturaleza misma de las normas agrupadas, puede ser desarrollada por cualquier particular o entidad pública, o puede igualmente ser delegada en el ejecutivo a través de las facultades de que trata el numeral 10 del artículo 150 superior”. También la Corte Suprema de Justicia se había pronunciado en este sentido. Así, en la sentencia de Sala Plena Nº 102 de 1986, M.P. Hernán Gómez Otálora, se manifestaba que la facultad de compilación “dado su carácter mecánico no requiere de facultades extraordinarias, por no ser en sí misma función legislativa, como sí lo es la tarea codificadora”.

La competencia para conocer sobre los decretos de compilación.

8. La Corte ya ha precisado que el examen de los decretos compiladores no es de su competencia, sino que le corresponde al Consejo de Estado, dado que estos decretos no tienen por sí mismos fuerza de ley, sino que son una expresión de la actuación administrativa del Estado. Como ya se ha señalado, estos decretos no tienen por objeto modificar el contenido normativo de las disposiciones que recopilan y, por lo tanto, no le agregan ni le restan valor jurídico a las normas que contienen —ni a las que marginan de la actividad compilatoria—, las cuales derivan su vigencia de los cuerpos normativos de los que son tomados originalmente. Sobre este punto se pronunció ya esta corporación en su sentencia C-508 de 1996, M.P. Alejandro Martínez Caballero:

“Ahora bien, en decisiones precedentes, esta corporación(2) consideró que esos decretos compiladores no tienen fuerza de ley sino que son decretos ejecutivos, ya que no pueden derogar, suprimir ni modificar ninguna de las normas legales que compilan. La Corte señaló entonces que, por tal razón, el conocimiento de esos decretos no correspondía a la Corte Constitucional sino al Consejo de Estado (C.P., art. 237, ord. 2º)...

(2) Ver sentencias C-541 de 1995 y C-305 de 1996.

3. Para la Corte sigue siendo indudable que, desde el punto de vista formal, estos decretos compiladores no tienen fuerza de ley, pues se limitan a compilar unas normas legales sin cambiar su redacción y contenido, todo con el único fin de facilitar la consulta de las disposiciones agrupadas. Tienen entonces únicamente una finalidad sistemática, pero no derogan ni crean nuevas normas legales. En tal sentido, esos decretos son actos administrativos al servicio de la consulta de las leyes, pero no constituyen una nueva disposición legal autónoma. Tal fue la razón por la cual la Corte consideró que esos decretos eran “ejecutivos”, y no normas legales, pues tiene “una mera fuerza indicativa” ya que “su finalidad no es otra que la de facilitar la consulta” de las leyes compiladas”(3).

(3) Sentencia C-541 de 1995, M.P. Jorge Arango Mejía. Consideración de la Corte 4º.

Precisamente, el primer cargo expuesto por el actor de la presente demanda fue rechazado, por cuanto se consideró que no le correspondía a la Corte el examen sobre la totalidad del Decreto 1818, dado que éste era un decreto compilador, cuyo conocimiento le atañía al Consejo de Estado.

9. Las diferentes acusaciones del actor que configuran el segundo cargo de inconstitucionalidad —el cual sí fue admitido— están referidas todas a la forma en que se realizó la compilación, el acto mismo de la recopilación. En el cargo, el demandante señala que el presidente desacató el mandato contenido en el artículo 166 de la Ley 446 de 1998, en al medida en que no recopiló todas las normas que debían haber sido reunidas, compiló algunas derogadas o subrogadas y modificó el alcance de otra al cambiar su ubicación. Es por eso que el actor considera que el gobierno vulneró los numerales 2º y 10 del artículo 150 de la Constitución Política, puesto que su actuación habría significado la expedición de un código.

Como se observa, ninguna de las acusaciones contra los artículos atacados hace referencia a que el contenido mismo de cada uno de los artículos sea vulneratorio de una norma constitucional. El reproche de inconstitucionalidad se centra nuevamente en el resultado del trabajo de recopilación de normas realizado por el gobierno, bien sea porque se ignoraron algunas normas sobre la materia, bien porque se agruparon algunas derogadas o subrogadas o bien porque se modificó el sitio de una disposición. El actor considera que la labor compiladora del gobierno fue defectuosa y que ello produjo que se extralimitara en sus facultades, lo que lo habría inducido a “legislar”, y a incurrir en la expedición de un código, actuación que le está prohibida por la Constitución.

El Ministerio de Justicia y del Derecho y la Procuraduría General de la Nación coinciden con el actor en la afirmación de que el trabajo compilatorio desarrollado por el gobierno en el Decreto 1818 de 1998 fue deficiente y que ello condujo a múltiples errores.

Con todo, como se señaló anteriormente, el hecho de que realmente se hayan presentado equivocaciones en la labor de recopilación no significa que la naturaleza del decreto se haya transformado —para dejar de ser un decreto ejecutivo de compilación, y convertirse en un decreto-ley que expide un código. A pesar de los errores en los que se afirma que incurrió el Decreto 1818, éste conserva su carácter de decreto compilador y ello significa que la competencia para analizar si el trabajo de compilación se realizó en forma adecuada continúa radicada en el Consejo de Estado.

Otra sería la situación si se hubiera demandado el contenido mismo de cada uno de los artículos, bajo la acusación de que vulneraba disposiciones constitucionales. En ese caso, la competencia para el examen de la demanda recaería en la Corte Constitucional, pues las normas compiladas que han sido demandadas fueron expedidas como parte de una ley o de un decreto-ley, y conservan su carácter legal.

Cabe anotar que en la mencionada sentencia C-508 de 1996 esta Corte ya había señalado que mientras el Consejo de Estado conocía sobre las demandas contra los decretos compiladores, a la Corte le correspondía juzgar sobre las acusaciones contra los artículos individualizados:

“Por todo lo anterior, y con el fin de respetar la distribución de competencias establecida por la Carta entre el Consejo de Estado y la Corte Constitucional, y evitar que el control constitucional sea inocuo, o se generen innecesarias inseguridades jurídicas, es necesario concluir que, conforme al artículo 241 ordinal 4º de la Carta, corresponde a la Corte Constitucional, y no al Consejo de Estado, conocer de los distintos artículos de estos decretos compiladores, pues si bien el decreto es en sí mismo ejecutivo, los artículos que lo integran son materialmente legales. La Corte es entonces competente para el estudio del artículo 106 del Decreto 111 de 1996.

5. ¿Significa lo anterior un cambio de la jurisprudencia de la Corte en este campo? En manera alguna, pues nótese que en la sentencia C-305 de 1996 la Corte se inhibió de conocer de una acusación contra la totalidad de un decreto compilador, pero no contra uno o varios de los artículos que lo integran, pues consideró que el decreto como tal es de naturaleza ejecutiva y, por ende, su conocimiento corresponde al Consejo de Estado. Esta tesis se reafirma en esta sentencia, por lo cual corresponde al supremo tribunal de lo contencioso conocer de las acusaciones que pongan en cuestión el decreto compilador como tal, por ejemplo, porque se considere que hubo vicios de forma en su expedición. Sin embargo, no puede ese tribunal pronunciarse sobre los artículos y los contenidos normativos que integran tales decretos, pues se trata de normas legales, cuya competencia corresponde a la Corte Constitucional. Es pues obvio que las decisiones del Consejo de Estado sobre los decretos ejecutivos compiladores sólo recaen sobre la compilación misma, pero no pueden afectar las normas materialmente legales que integran esos decretos, cuyo conocimiento ha sido atribuido a la Corte Constitucional.

Se trata pues de una compleja distribución de competencias, la cual deriva de la particular naturaleza de esos decretos compiladores”.

En esta sentencia se reitera esa jurisprudencia, pero al mismo tiempo se precisa que los artículos integrantes de decretos compiladores habrán de acusarse ante la Corte Constitucional cuando el ataque se origine en una posible discrepancia entre el contenido de los artículos y el de una disposición constitucional, mientras que la demanda contra las mismas disposiciones habrá de instaurarse ante el Consejo de Estado cuando se trata de criticar —en forma global o individualizada— la labor de compilación. En el proceso bajo estudio se presenta precisamente esta situación, puesto que todas las acusaciones se refieren al trabajo de recopilación realizado por el gobierno. En consecuencia, la Corte deberá inhibirse para decidir sobre la demanda instaurada, por carencia de jurisdicción.

10. Para finalizar es importante mencionar que, mediante providencia del 8 de abril de 1999 —Consejero Ponente Juan Alberto Polo Figueroa—, dictada dentro del expediente 5191, la sección primera de la Sala de lo Contencioso Administrativo del Consejo de Estado declaró la nulidad de varias de las normas objeto de demanda dentro del presente proceso, a saber: los artículos 121, 126 y 138 y los numerales 4º y 5º del artículo 155 y 3º del artículo 163 del Decreto 1818 de 1998. En la providencia se aclara que la nulidad de las mencionadas disposiciones se declara “sólo en cuanto compilaron normas que no podían serlo, por no encontrarse vigentes, pues no se presta a discusión algunas que no estando vigentes no podían ser revividas por el Gobierno Nacional, independientemente de su contenido material”.

En la providencia —que se fundamenta en la ya mencionada sentencia C-508 de 1996 y en el auto de la Sala Plena de la Corte Constitucional del día 27 de enero de 1999, expedido dentro del proceso D-2267—, el Consejo de Estado ratifica la concepción de la Corte Constitucional acerca de que las demandas contra los decretos compiladores son de competencia del Consejo de Estado, siempre y cuando las acusaciones no se dirijan a indicar que el contenido mismo de su articulado se opone a normas constitucionales. Por eso, rechaza la solicitud del Ministerio Público de inhibirse para conocer sobre la demanda, petición que había sido elevada bajo el argumento de que el tribunal competente era la Corte Constitucional.

El Consejo de Estado manifiesta en su fallo “...esta corporación precisa que si bien es cierto que las normas compiladas en el Decreto 1818 de 1998 tienen rango legal, en la medida en que provienen de ordenamientos con tal carácter, también lo es que en el asunto sometido a su consideración no se está controvirtiendo la constitucionalidad de dichas normas, cuestión que en efecto corresponde a la Corte Constitucional, sino que simplemente el demandante está cuestionando la inclusión de dichas normas en el decreto, cuando las mismas ya no estaban vigentes”.

Como se observa, existe una clara coincidencia entre la Corte Constitucional y el Consejo de Estado acerca de la delimitación de competencias entre los dos tribunales en el caso de las demandas contra los decretos compiladores. Por eso, la inhibición de la Corte para conocer sobre la demanda elevada por el actor, se complementa en la práctica con la decisión del Consejo de Estado de resolver sobre acusaciones similares instauradas contra varios de los artículos que fueron objeto del presente proceso.

III. Decisión

En mérito de lo expuesto, la Corte Constitucional,

RESUELVE:

INHIBIRSE, por falta de competencia, para conocer sobre los cargos formulados contra los artículos 64, 121, 126, 135, 136 y 138, y contra los numerales 4º y 5º del artículo 155 y 3º del artículo 163 del Decreto 1818 de 1998.

Notifíquese, comuníquese, cúmplase e insértese en la Gaceta de la Corte Constitucional».

(Sentencia C-748 de octubre 6 de 1999. Magistrado Ponente: Dr. Eduardo Cifuentes Muñoz).

SALVAMENTO DE VOTO

Con el debido respeto, me aparto de las consideraciones y de la decisión adoptada por la Corte en esta oportunidad.

El Gobierno, al expedir el Decreto 1818 de 1998, invocó sus facultades constitucionales y legales e hizo uso, según el encabezamiento del estatuto, “en especial, de las conferidas por el artículo 166 de la Ley 446 de 1998”, que dice textualmente:

“Ley 446 de 1998

(Julio 7)

Por la cual se adoptan como legislación permanente algunas normas del Decreto 2651 de 1991, se modifican algunas del Código de Procedimiento Civil, se derogan otras de la Ley 23 de 1991 y del Decreto 2279 de 1989, se modifican y expiden normas del Código Contencioso Administrativo y se dictan otras disposiciones sobre descongestión, eficiencia y acceso a la justicia.

(...).

ART. 166.—Estatuto de los mecanismos alternativos de solución de conflictos. Se faculta al Gobierno Nacional para que, dentro de los dos (2) meses siguientes a la expedición de esta ley, compile las normas aplicables a la conciliación, al arbitraje, a la amigable composición y a la conciliación en equidad, que se encuentren vigentes en esta ley, en la Ley 23 de 1991, en el Decreto 2279 de 1989 y en las demás disposiciones vigentes, sin cambiar su redacción, ni contenido, la cual será el estatuto de los mecanismos alternativos de solución de conflictos”.

Como bien dice el demandante, en realidad el decreto constituye un código, atendiendo a lo expuesto por la jurisprudencia de la Corte Suprema de Justicia y de esta corporación, o cuando menos, si el conjunto no lo fuera, por medio de las normas demandadas el ejecutivo ejerció la función de “codificar”, exclusivamente atribuida por la Carta Política al legislador ordinario, e invadió, en consecuencia, la órbita del Congreso.

A mi juicio, se hizo algo más que “compilar” disposiciones, lo que aparece de bulto en el hecho, también resaltado por el actor, de que se reprodujeron normas que ya habían desaparecido del ordenamiento jurídico por haber sido expresamente derogadas.

Para citar apenas uno de los casos, traído en la demanda y corroborado mediante la consulta de las respectivas disposiciones, propuse sin éxito a la Sala analizar el del artículo 121 del Decreto 1818 de 1998, por el cual “se compiló”, o mejor, se revivió el contenido del artículo 6º del Decreto 2279 de 1989.

Veamos:

El artículo 6º del Decreto 2279 de 1989 decía:

“ART. 6º—Las partes indicarán si los árbitros deben decidir en derecho, en conciencia o fundados en principios técnicos. Si nada se estipula, el fallo será en derecho.

Cuando el laudo deba proferirse en conciencia, los árbitros podrán conciliar pretensiones opuestas”.

El artículo 121 del Decreto 1818 de 1998 dispuso:

“ART. 121.—Las partes indicarán si los árbitros deben decidir en derecho, en conciencia o fundados en principios técnicos. Si nada se estipula, el fallo será en derecho.

Cuando el laudo deba proferirse en conciencia, los árbitros podrán conciliar pretensiones opuestas”.

La identidad entre las dos normas es incontrovertible.

El artículo 167, numeral 2º, de la Ley 446 de 1998, justamente la ley de facultades invocada por el gobierno, dispuso:

“ART. 167.—Derogatorias. Deróganse: (...).

2. Los artículos 5º, 6º, 8º, 9º, 25 a 27, 29, 38 numeral 3º, 42, 45 y 47 a 54 del Decreto 2279 de 1989. (...)”.

Es decir, la ley de facultades derogó el artículo mencionado, y el ejecutivo, en desarrollo de las atribuciones legislativas que mediante ella le fueron otorgadas, dio nueva vida a tal disposición.

Quien diga que ello corresponde al cumplimiento de una tarea puramente compiladora está equivocado. Y creo que lo está la Corte al admitir que cuando así obra el gobierno, en ejercicio de facultades extraordinarias, desarrolla apenas una función administrativa sujeta al control del Consejo de Estado y no al de la Corte Constitucional, contra el texto, también incontrovertible e inequívoco, del numeral 5º del artículo 241 de la Constitución, a cuyo tenor corresponde a esta corporación “decidir sobre las demandas de inconstitucionalidad que presenten los ciudadanos contra los decretos con fuerza de ley dictados por el gobierno con fundamento en los artículos 150, numeral 10, y 341 de la Constitución, por su contenido material o por vicios de procedimiento en su formación”.

Ahora bien, que el Consejo de Estado tenga competencia para conocer sobre el examen de los decretos compiladores, la tiene sin duda, siempre que en realidad lo sean; es decir, no la tiene, según las voces de la Carta, cuando se cumple la función codificadora y tampoco cuando se ejerce la atribución legislativa de reproducir normas ya derogadas, o cuando se trata de cambiar el orden o modificar —aun en mínima parte— el contenido de la disposición legal supuestamente “compilada” y en realidad “codificada”, y menos cuando se desarrollan facultades extraordinarias conferidas por el Congreso al ejecutivo y expresamente invocadas por éste.

Que los decretos compiladores, cuando en efecto lo son, no tienen fuerza legislativa es también cierto. Pero cuando la tienen, como en el caso de normas que codifican, o en el de aquellas que reproducen normas legales derogadas, o en el de los decretos dictados en ejercicio de facultades extraordinarias, no puede inhibirse la Corte Constitucional para resolver sobre su exequibilidad, consintiendo en trasladar sus atribuciones constitucionales al Consejo de Estado.

Por otra parte, aun aceptando en gracia de discusión que lo aquí hecho hubiese sido “compilar” disposiciones legales, de la doctrina de la Corte y del Consejo de Estado se desprende que si lo que constituye objeto de la decisión de este último alto tribunal es lo referente a la “compilación” en cuanto tal, la eventual nulidad que decrete cobija la norma correspondiente en cuanto sea norma compiladora, pero no afecta el contenido material de la disposición compilada, que es legal y que, en todo caso, queda sujeta al examen privativo y exclusivo de la Corte Constitucional.

Así las cosas, podía controvertirse ante esta Corte, como lo hizo el impugnante, si, en cuanto disposiciones legales materialmente consideradas, las normas acusadas violaban o no la Carta Política.

Pero la Corte parece haber resignado el ejercicio de su propia función, por un mar de confusiones surgido de la manera en que fue redactada la ponencia.

Considero que, como se dijo en Sala, para compilar no se requieren facultades extraordinarias. Ellas sí son indispensables para ejercer función legislativa. La de codificar es función legislativa, pero al respecto no pueden ser otorgadas facultades extraordinarias, por expresa y contundente prohibición del artículo 150, numeral 10, de la Constitución.

José Gregorio Hernández Galindo. 

ACLARACIÓN DE VOTO

Los suscritos magistrados, con el acostumbrado respeto por las decisiones adoptadas por la Corte, en esta ocasión nos vemos precisados a aclarar el voto en relación con la sentencia C-748 de 6 de octubre de 1999, por las razones que van a expresarse. Ellas son:

1. La Corte, mediante auto de 6 de octubre de 1999, declaró la nulidad de la sentencia C-518 de 22 de julio de 1999, por cuanto en ella se incluyeron algunas consideraciones distintas a los fundamentos que llevaron a la corporación a la inhibición, “por falta de competencia, para conocer sobre los cargos formulados contra los artículos 64, 121, 126, 135, 136 y 138 y, contra los numerales 4º y 5º del artículo 155 y 3º del artículo 163 del Decreto 1818 de 1998”, mediante el cual se compilaron las normas que habrían de formar parte del “estatuto de los mecanismos alternativos de solución de conflictos”, consideraciones aquellas que la Sala Plena encontró luego de un examen al respecto, que no habían sido adoptadas por ella con la votación requerida, por lo que, tampoco se produjo, entonces, como en la sentencia anulada se decía una rectificación de la jurisprudencia sobre el particular.

2. En la nueva sentencia proferida por la Corte en reemplazo de la que fue anulada en este proceso, según ya se dijo en el numeral precedente, en el numeral 7º de los fundamentos se insiste “el gobierno cuenta de manera permanente la autorización constitucional para compilar las normas legales”, dentro “de su obligación de velar por el estricto cumplimiento de las leyes (C.P., art. 189, num. 10)”, labor que “no requiere de una autorización legal”, lo que significa que el otorgamiento de facultades extraordinarias al ejecutivo para esa labor resulta innecesario.

3. Como quiera que, en ese preciso punto se mantiene nuestra discrepancia con el texto final de la sentencia C-748 de 6 de octubre de 1999, ha de reiterarse, ahora, lo expresado en la aclaración de voto formulada a la sentencia C-518 de 22 de julio de 1999, ya anulada, en la cual manifestamos que:

“A nuestro juicio, en un Estado democrático como se autodefine el nuestro (preámbulo y artículo 1º de la Constitución Política), la separación de funciones ejercidas por las ramas del poder público es uno de los principios básicos de la organización estatal, como en efecto así se consagra por el artículo 113 de la Carta, si bien, como en ella se ordena “colaboran armónicamente” para la realización de sus fines.

Ello quiere decir, entonces, que la ley como manifestación soberana de la voluntad del Estado, corresponde elaborarla al Congreso de la República y, sólo de manera excepcional puede el Presidente de la República, cuando para el efecto sea investido de facultades extraordinarias expedir decretos leyes, todo conforme al artículo 150, numeral 10 de la Carta, pues, se repite, la cláusula general de competencia para legislar le corresponde al Congreso.

De esta suerte, resulta claro que, tal como se dijo por esta corporación en sentencia C-129 de 30 de marzo de 1995, son esencialmente distintas las labores de “expedir códigos y la de compilar normas jurídicas: la primera es del resorte exclusivo del Congreso, mientras que la segunda, al tratarse de una facultad que nada debe alterar la naturaleza misma de las normas agrupadas, puede ser desarrollada por cualquier particular o entidad pública, o puede igualmente ser delegada en el ejecutivo a través de las facultades de que trata el numeral 10 del artículo 150 superior”, sin que, en esta última hipótesis, “la facultad de compilar, esto es, de agrupar en un solo texto normas jurídicas referentes a un determinado tema” pueda conducir a “la expedición de un nuevo texto jurídico con una numeración y una titulación propia e independiente”. (Gaceta de la Corte Constitucional, 1995, Tomo 3, página 271, magistrado ponente, doctor Vladimiro Naranjo Mesa), doctrina ésta que fue reiterada en sentencia C-397 de septiembre 7 de 1995 (Gaceta de la Corte Constitucional, Tomo 9, páginas 109 y ss., magistrado ponente, doctor José Gregorio Hernández Galindo), y, posteriormente, precisada aún más, en sentencia C-508 de octubre 8 de 1996 (Gaceta de la Corte Constitucional Tomo 10, páginas 82 y 83, magistrado ponente, doctor Alejandro Martínez Caballero), en la que se deja por sentado que, “desde el punto de vista formal, estos decretos compiladores no tienen fuerza de ley, pues se limitan a compilar unas normas legales sin cambiar su redacción y contenido, todo con el único fin de facilitar la consulta de las disposiciones agrupadas”, por lo que “no constituyen una nueva disposición legal autónoma”.

Por ello, el compilador en nada puede alterar la legislación objeto de su trabajo como tal, ni a pretexto de ejercer aquella labor efectuar cambios en la ordenación de las normas que compila, pues, por esa vía, podría introducirse una variación de tal magnitud que al aplicar las reglas de hermenéutica se llegue a conclusiones equivocadas, pues, como se sabe, la disposición posterior tiene preferencia sobre la anterior y, tratándose de un mismo código o de un mismo cuerpo legal cuando hubiere normas que discrepan será de aplicación la que corresponda a la numeración ulterior, así como la ley especial desplaza para aplicarla a la ley general, razones todas estas que sacan avante la jurisprudencia de esta corporación a que ya se ha hecho alusión en el numeral que antecede y que, en manera alguna, ha sido objeto de rectificación por la Corte en la sentencia respecto de la cual aclaramos nuestro voto”.

Alfredo Beltrán Sierra—Fabio Morón Díaz. 

____________________________________