Sentencia C-750 de octubre 30 de 2013

CORTE CONSTITUCIONAL 

SALA PLENA

Ref.: Expediente LAT-404

Magistrado Ponente:

Dr. Luis Guillermo Guerrero Pérez

Revisión constitucional de la Ley 1594 de 2012, “Por medio de la cual se aprueba el ‘Tratado sobre asistencia legal mutua en asuntos penales entre la República de Colombia y la Confederación Suiza’, hecho en Davos, Suiza, el 28 de enero de 2011”.

Bogotá, D.C., treinta de octubre de dos mil trece.

EXTRACTOS: «II. Texto de la ley y del tratado objeto de revisión

A continuación se trascribe el texto sometido a control conforme a su publicación en el Diario Oficial Nº 48.651 del 21 de diciembre de 2012:

LEY 1594 DE 2012 

(diciembre 21)

Diario Oficial Nº 48.651 de 21 de diciembre de 2012

Congreso de la República 

Por medio de la cual se aprueba el “Tratado sobre asistencia legal mutua en asuntos penales entre la República de Colombia y la Confederación Suiza”, hecho en Davos, Suiza, el 28 de enero de 2011.

El Congreso de la República

Visto el texto del “Tratado sobre asistencia legal mutua en asuntos penales entre la República de Colombia y la Confederación Suiza”, hecho en Davos, Suiza, el 28 de enero de 2011.

(Para ser transcrito: Se adjunta fotocopia fiel y completa en castellano del precitado instrumento internacional, tomada del texto original que reposa en los archivos de la dirección de asuntos jurídicos internacionales del Ministerio de Relaciones Exteriores, la cual consta de diecinueve (19) folios.

Tratado sobre asistencia legal mutua en asuntos penales entre la República de Colombia y la Confederación Suiza

La República de Colombia y la Confederación Suiza,

En adelante, los Estados contratantes

CONSIDERANDO los lazos de amistad y cooperación que los unen;

RECONOCIENDO que la lucha contra la delincuencia transnacional es una responsabilidad compartida de la comunidad internacional;

CONSCIENTES que es necesario el fortalecimiento de los mecanismos de cooperación judicial y asistencia mutua, para evitar el incremento de las actividades delictivas;

DESEANDO proporcionar la más amplia asistencia legal mutua para la investigación, embargo, incautación, otras medidas cautelares, decomiso del producto e instrumentos del hecho punible;

EN OBSERVANCIA de las normas constitucionales y legales de sus Estados, así como el respeto a los principios del derecho internacional, en especial de soberanía, integridad territorial y no intervención y el respeto por el ordenamiento jurídico interno de cada una de las partes;

TOMANDO EN CUENTA los principios contenidos en los instrumentos internacionales en materia de derechos humanos y deseosos de cooperar bilateralmente para su promoción;

Han acordado lo siguiente:

CAPÍTULO 1

Disposiciones generales

ART. 1º—Obligación de proveer asistencia legal mutua en materia penal.

Los Estados contratantes se comprometen a proveerse entre sí, de conformidad con las disposiciones de este tratado, la más amplia asistencia legal mutua en materia penal en cualquier investigación o proceso con respecto a delitos castigables que, al momento de hacerse la solicitud de asistencia, caigan dentro de la jurisdicción de las autoridades judiciales del Estado solicitante.

ART. 2º—Alcance de la asistencia.

La asistencia incluirá las siguientes medidas para avanzar en acciones penales en el Estado solicitante:

a) Tomar testimonio u otras declaraciones;

b) Transmitir objetos, documentos, registros y evidencia;

c) Entrega de objetos y activos para propósitos de decomiso, extinción de dominio o devolución;

d) Intercambio de información;

e) Registro e personas y propiedades;

f) Localización e identificación de personas o propiedades;

g) Rastreo, incautación y decomiso de cosas producto de delitos;

h) Notificación de documentos;

i) Trasladar personas detenidas con miras a interrogatorios o confrontaciones;

j) Invitar a testigos o expertos para comparecer y rendir testimonio en el Estado solicitante;

k) Cualquier otra asistencia consistente con los objetivos de este tratado mutuamente aceptada por los Estados contratantes siempre y cuando no sea incompatible con las leyes del Estado solicitante.

ART. 3º—Exclusión.

El presente tratado no debe aplicarse para los siguientes casos:

a) La ubicación, detención o arresto de una persona procesada o enjuiciada por un delito con miras a extradición;

b) La ejecución de sentencias penales, incluido el traslado de personas condenadas con el objeto de que se cumpla la sentencia.

ART. 4º—Bases para negar o posponer asistencia.

1. La asistencia legal mutua en casos criminales, podrá ser denegada si:

a) La solicitud concierne a un delito que el Estado solicitado considera un delito político o conexo;

b) La solicitud se refiere a un delito tipificado conforme a la legislación militar pero que no constituye un delito según la legislación penal ordinaria;

c) La solicitud concierne a un delito fiscal; sin embargo, el Estado solicitado podrá aceptar una solicitud si el objeto de la investigación o del proceso es fraude tributario;

d) El Estado solicitado considera que el cumplimiento de la solicitud es perjudicial para su soberanía, seguridad, orden público u otros intereses esenciales del Estado solicitado, según lo determinen sus autoridades competentes;

e) La solicitud se refiere a hechos sobre cuya base la persona procesada ha sido definitivamente condenada o exonerada en el Estado solicitado por un delito en lo esencial similar, siempre y cuando la pena impuesta se estuviere cumpliendo o ya se hubiese cumplido;

f) Existen bases sustanciales para creer que la solicitud de asistencia ha sido presentada para procesar o castigar a un individuo por su raza, religión, origen étnico, sexo u opiniones políticas, o que el otorgamiento de la solicitud pudiera resultar en el agravamiento de la situación de esta persona por cualquiera de estas razones;

g) Existen bases sustanciales para creer que el proceso penal en contra de la persona procesada no es conforme a las garantías contenidas en los instrumentos internacionales para la protección de derechos humanos, incluido el Acuerdo internacional en derechos civiles y políticos del 16 de diciembre de 1966;

h) La solicitud se relaciona a un delito que acarrea la pena de muerte en el Estado solicitante, a menos que el Estado solicitante entregue las garantías necesarias para que el Estado solicitado considere suficientes, para que no se le imponga la pena de muerte o, si es impuesta, no se lleve a cabo.

2. El Estado solicitado podrá posponer el cumplimiento de la solicitud de asistencia legal si su ejecución pudiese interferir en procesos penales en curso en el Estado solicitado.

3. Antes de negar o posponer el cumplimiento de la solicitud de asistencia legal mutua, de conformidad con lo estipulado en este artículo, el Estado solicitado deberá:

a) Informar con prontitud al Estado solicitante las razones para considerar, negar o posponer la asistencia; y

b) Considerar si la asistencia puede darse en los términos y condiciones que se crean necesarias, Si es así, dichos términos y condiciones deberán cumplir con lo estipulado por el Estado solicitante.

4. Se deberán dar las razones por las cuales se ha negado una asistencia, ya sea parcial o totalmente.

CAPÍTULO II

Solicitudes para asistencia legal mutua

ART. 5º—Ley aplicable.

1. Las solicitudes deberán hacerse de acuerdo a las leyes del Estado solicitado.

2. Si el Estado solicitante requiere la aplicación de algún procedimiento específico en referencia al cumplimiento de una solicitud para asistencia legal mutua, deberá ser así expresado y el estado solicitado deberá cumplir con la solicitud si sus leyes no lo prohíben.

ART. 6º—Doble incriminación.

La asistencia se prestará aun cuando el hecho por el cual se procede en el Estado solicitante no sea considerado como delito por la ley del Estado solicitado, a excepción de las medidas coercitivas previstas en el artículo 7º.

ART. 7º—Medidas coercitivas.

1. El cumplimiento de una solicitud que involucre medidas de coerción podrá ser denegado si los hechos descritos en la solicitud no corresponden con los elementos objetivos de un delito sancionable por las leyes del Estado solicitado.

2. Las medidas coercitivas incluirán:

a) Registro de personas y propiedades;

b) Incautación de evidencia, incluyendo los instrumentos utilizados en la ejecución del delito, así como objetos y activos que constituyan los productos del mismo;

c) Cualquier medida dirigida a levantar secretos protegidos por la ley penal del Estado solicitado;

d) Cualquier otra medida que involucre coerción, de acuerdo a la ley procesal del Estado solicitado.

ART. 8º—Medidas provisionales.

Previa solicitud explícita por parte del Estado solicitante, las medidas provisionales serán ordenadas por la autoridad competente del Estado solicitado para preservar la situación existente, para salvaguardar intereses legales que se vean amenazados o para proteger evidencias en peligro, si el procedimiento del que trate la solicitud no aparece obviamente inadmisible o inapropiado bajo las leyes del Estado solicitado.

ART. 9º—Personas participantes en el cumplimiento de la asistencia.

Por solicitud expresa del Estado solicitante, la autoridad central del Estado solicitado deberá establecer la fecha y lugar del cumplimiento de la solicitud. Las autoridades y personas involucradas podrán estar presentes si así lo contempla el Estado solicitado.

ART. 10.—Declaración de testigos en el Estado solicitado.

1. Los testigos deberán ser escuchados de acuerdo a la ley del Estado solicitado. Sin embargo, también podrán negarse a testificar si la ley del Estado solicitante lo permite.

2. Si su negación a testificar se basa en la ley del Estado solicitante, el Estado solicitado deberá remitir el asunto al Estado solicitante para su decisión. Se deberá entregar las razones por las cuales se toma esa decisión.

3. El testigo que invoque el derecho a negarse a testificar, no podrá ser sujeto de ninguna penalidad legal en el Estado solicitante por dicha razón.

ART. 11.—Transmisión de objetos, documentos, registros o evidencia.

1. Previa solicitud, el Estado solicitado transmitirá objetos, documentos, registros o evidencia al Estado solicitante.

2. El Estado solicitado podrá transmitir copias de documentos, registros o evidencia que sea solicitada. Si el Estado solicitante solicita expresamente la transmisión de documentos originales, el estado solicitado hará sus mejores esfuerzos para cumplir con dicha solicitud.

3. Se requiere que el Estado solicitante devuelva lo antes posible todo documento que le haya sido suministrado, o a más tardar, al finalizar el proceso a menos que el estado solicitado renuncie expresamente a la entrega de los mismos.

4. Los derechos invocados por terceros respecto de objetos, documentos, registros, expedientes o elementos de prueba que se encuentren en el Estado solicitado no impedirán su envío al Estado solicitante.

ART. 12.—Expedientes de juzgados, cortes o autoridades investigadoras.

1. A solicitud, el Estado solicitado pondrá a disposición de las autoridades del Estado solicitante, los registros y expedientes de sus tribunales de justicia o de sus autoridades de investigación, incluyendo fallos y resoluciones, si estos fueren importantes para un proceso judicial.

2. Los documentos, registros, expedientes y demás elementos solamente se entregarán si tuvieren relación con una causa cerrada. Si no estuviese cerrada la causa, la autoridad competente del Estado solicitado decidirá si es procedente la entrega.

ART. 13.—Entrega de objetos y activos.

1. Los objetos y activos que constituyan productos o beneficios de un delito en relación con un proceso en el Estado solicitante o los instrumentos utilizados para cometer el delito que estén sujetos a decomiso o su valor equivalente, podrán ser entregados al Estado solicitante para propósitos de decomiso o devolución al titular de los mismos, salvo aquellos derechos de terceros de buena fe.

2. Por regla general, la entrega procederá sobre la base de una orden o sentencia definitiva y que cause ejecutoria en el Estado solicitante; sin embargo, el Estado solicitado también podrá entregar objetos y bienes en una etapa anterior del proceso.

ART. 14.—Repartición de activos decomisados.

1. En la repartición de activos confiscados, siendo considerado como uno de los medios para elevar la efectividad en la cooperación internacional de este tratado, los Estados contratantes asumen una alta responsabilidad en la cooperación en asuntos de repartición, de acuerdo a sus leyes nacionales.

2. Para llevar a cabo la repartición de activos a que se refiere el presente artículo, los Estados contratantes celebrarán, para cada caso, los acuerdos o arreglos específicos en los que se determinen las condiciones particulares de la solicitud, entrega y traslado de los activos repartidos.

ART. 15.—Límites en el uso de la información, documentos y objetos.

1. Cualquier información, documentos u objetos que se obtengan por medio de la asistencia legal mutua de acuerdo a este tratado, no deberán ser utilizados para propósitos investigativos, como tampoco deberán usarse como evidencia en el Estado solicitante en ningún proceso que esté relacionado a un delito en el que la asistencia no sea admisible.

2. Cualquier otro uso deberá estar sujeto a aprobación por parte del Estado solicitado. Esta aprobación no será necesaria si:

a) Los hechos que son base de la solicitud constituyen otro delito que pueda otorgar asistencia legal mutua;

b) El proceso penal extranjero está dirigido a otras personas que hayan participado en el delito; o

c) Los materiales son utilizados para una investigación o proceso concerniente a la compensación por daños relacionados a un proceso por el cual se haya otorgado asistencia.

CAPÍTULO III

Notificaciones y comparecencia

ART. 16.—Notificaciones de providencias judiciales.

1. El Estado solicitado deberá efectuar notificaciones de providencias judiciales que sean transmitidas para este propósito por parte del Estado solicitante.

2. Las notificaciones podrán efectuarse por medio de transmisión simple a la persona a notificar por el estado solicitado. Si el Estado solicitante los solicita expresamente, las notificaciones deberán ser efectuadas por el Estado solicitado de la manera dispuesta para la notificación de documentos análogos bajo sus propias leyes o de manera especial que sea consistente con las mismas.

3. Se debe hacer entrega de prueba de notificación por medio de recibo fechado y firmado por la persona notificada o por medio de declaración hecha por el Estado solicitado en el que se declare que el servicio ha sido efectuado, especificando la forma y fecha de la misma. Cualquiera de estos documentos deberá ser enviado inmediatamente al Estado solicitante. El Estado solicitado deberá, si así lo solicita el Estado solicitante, declarar si dicha notificación ha sido efectuada de acuerdo a la ley del Estado solicitado. Si no se puede efectuar la notificación, deberá entonces declarar las razones de manera inmediata y por escrito al Estado solicitante.

4. La solicitud de notificación de un documento para citar a una persona procesada que esté en el territorio del Estado solicitado, deberá llegar a la autoridad central de ese Estado a más tardar 45 días calendario antes de la fecha acordada para su comparecencia.

ART. 17.—Comparecencia de testigos o expertos en el Estado solicitante.

1. Si el Estado solicitante considera necesaria la comparecencia en persona de un testigo o experto ante las autoridades judiciales, esto deberá ser mencionado en la solicitud de notificación y el Estado solicitado deberá invitar a los mismos a comparecer en el territorio del Estado solicitante.

2. El Estado solicitante deberá, sin demora alguna, comunicar por escrito al Estado solicitante, la decisión tomada por parte de dicho testigo o experto con respecto a la invitación.

3. El testigo o experto que acepte asistir al Estado solicitante podrá requerir que ese Estado le otorgue un anticipo para sus gastos de viaje y estadía.

ART. 18.—Gastos de viaje y estadía.

Los viáticos a ser pagados y los gastos de viaje y estadía a ser reembolsados a un testigo o experto por parte del Estado solicitante deberán ser calculados desde su lugar de residencia de acuerdo a la tasa por lo menos equivalente a aquellas dispuestas en las escalas y reglas vigentes en el Estado contratante donde se llevará a cabo la audiencia o diligencia.

ART. 19.—Incumplimiento a comparecer.

Un testigo o experto que no cumpla con una orden de comparecencia, o notificación por la cual sea requerido, no deberá, así sea que la citación contenga una notificación de penalidad, estar sujeto a ningún tipo de castigo o medida sancionatoria, a menos que esta persona subsecuentemente ingrese voluntariamente al territorio del Estado solicitante y sea citado nuevamente en forma legal.

ART. 20.—Salvoconducto

1. Un testigo o experto, sea cual sea su nacionalidad, que comparezca ante las autoridades judiciales del Estado solicitante, no deberá ser procesado o detenido o sujeto a cualquier otro tipo de restricción de su libertad, en el territorio de ese Estado, con respecto a actos y condenas previas a su salida del territorio del Estado solicitado.

2. Una persona, sea cual sea su nacionalidad, que haya sido citada para comparecer ante las autoridades judiciales del Estado solicitante, y deba responder por actos que conforman el proceso en su contra, no deberá ser procesada o detenida o estar sujeta a cualquier tipo de restricción de su libertad, por actos o condenas previas a su salida del territorio del Estado solicitado y no especificados en la citación.

3. Sin su consentimiento por escrito, una persona a la cual los parágrafos 1º y 2º son aplicables, no deberá ser requerida a testificar de acuerdo al contexto de un proceso diferente de ese que forma las bases de la solicitud para asistencia legal mutua.

4. La inmunidad dispuesta en este artículo cesará cuando el testigo o experto o la persona procesada, luego de terminados sus servicios prestados a las autoridades judiciales y luego de tener 30 días consecutivos para salir del Estado solicitante, y aun así, no lo ha hecho o habiendo salido, decide volver a ingresar a ese Estado.

ART. 21.—Alcance del testimonio en el Estado solicitante.

1. A la persona que comparezca a una citación en el Estado solicitante podrá requerírsele rendir testimonio, suministrar evidencias a menos que por ley de cualquiera de los Estados contratantes, esta persona tenga el derecho a negarse.

2. El artículo 10, parágrafos 2º y 3º y el artículo 15 deberán aplicarse por analogía.

ART. 22.—Traslado temporal de personas detenidas.

1. Una persona detenida, cuya comparecencia como testigo o para propósitos de confrontación se requiera por el Estado solicitante, deberá ser temporalmente trasladada al lugar donde se llevará a cabo la audiencia, disponiendo que esta persona deberá ser devuelta al territorio del Estado solicitado dentro de un periodo estipulado por este, y estar sujeto a las disposiciones del artículo 20 del presente tratado en la medida en que estas puedan aplicarse.

2. El traslado podrá ser denegado si:

a) La persona bajo custodia no lo acepta;

b) Su presencia es necesaria en un proceso penal pendiente en el territorio del Estado solicitado;

c) El traslado puede prolongar el tiempo de su detención; o

d) Si existen otras razones preponderantes para no trasladar a la persona al territorio del Estado solicitante.

3. La persona trasladada deberá mantenerse bajo custodia en el territorio del Estado solicitante, a menos que el estado solicitado solicite formalmente su liberación.

4. Para los efectos de este artículo, en el caso de la persona trasladada, el período de privación de libertad cumplido en el Estado solicitante se computará al cumplimiento de la condena impuesta en el estado solicitado.

ART. 23.—Entregas controladas.

1. Cada Estado contratante se encarga de garantizar que, a petición del otro Estado contratante, se puedan permitir las entregas controladas en su territorio sobre un marco de investigaciones penales en delitos objeto de extradición.

2. la decisión de llevar a cabo entregas controladas, debe sumirse de manera individual para cada caso, por parte de las autoridades competentes del Estado solicitado, en lo que respecta a la legislación nacional de dicho Estado.

3. Las entregas controladas deben hacerse de acuerdo a los procedimientos del Estado solicitado. La competencia para actuar, dirigir y controlar operaciones debe recaer sobre las autoridades competentes de dicho Estado.

CAPÍTULO IV

Registros judiciales e intercambio de información de los registros judiciales

ART. 24.—Registros judiciales e intercambio de información.

1. El Estado solicitado deberá comunicar cualquier extracto o información relacionado con registros judiciales, solicitados por las autoridades judiciales del Estado solicitante, y que sean requeridos para un asunto penal, en la misma medida en que sus propias autoridades judiciales puedan obtener esa información en un caso similar.

2. En cualquier caso diferente al dispuesto en el parágrafo 1º de este artículo, se deberá cumplir con la solicitud, de conformidad a las condiciones dispuestas por ley y por las regulaciones o prácticas del Estado solicitado.

3. Los Estados contratantes deberán informar, al menos una vez al año, de todas las condenas penales y de sus medidas subsecuentes que hayan sido ingresadas en los registros judiciales, con respecto a nacionales del otro Estado.

CAPÍTULO V

Procedimiento y canales de transmisión

ART. 25.—Autoridad central

1. Para propósitos de este tratado, la autoridad central por parte de la Confederación Suiza es la Oficina Federal de Justicia del Departamento Federal de Justicia y Policía.

Con relación a las solicitudes de asistencia enviadas a la República de Colombia o formuladas por la República de Colombia, las autoridades centrales serán la Fiscalía General de la Nación y el Ministerio del Interior y de Justicia, en el ámbito de sus competencias.

2. La autoridad central del Estado solicitante deberá enviar todas las solicitudes de asistencia legal mutua en asuntos penales cubiertos por este tratado, en nombre de sus cortes o autoridades.

3. La autoridad central del Estado solicitado deberá tramitar dichas solicitudes para asistencia legal mutua de la manera más rápida posible y cuando sea el caso, transmitirla a otras autoridades competentes para su cumplimiento. La autoridad central mantendrá la coordinación del cumplimiento de estas solicitudes.

4. Las autoridades centrales de los Estados contratantes deberán comunicarse directamente entre ellas.

5. Cualquiera de los Estados contratantes podrá cambiar su autoridad central, en cuyo caso, se deberá hacer entrega de notificación escrita por medio de canales diplomáticos.

ART. 26.—Forma de la solicitud y canales de transmisión.

1. La solicitud de asistencia legal mutua deberá hacerse por escrito.

2. La solicitud podrá ser transmitida, en caso de urgencia, por fax o por cualquier otro medio admitido por el Estado solicitado. El original del documento deberá ser enviado en el término de ocho días.

ART. 27.—Contenido de la solicitud.

1. Una solicitud deberá indicar:

a) La autoridad de la cual emana la misma y si es necesario, la autoridad que tenga jurisdicción penal en el Estado solicitante;

b) El objeto y la razón de la solicitud;

c) Una descripción detallada de las piezas de evidencia, la información necesaria o las medidas solicitadas;

d) Cuando sea posible, el nombre completo, lugar y fecha de nacimiento, nacionalidad y dirección actual de la persona sujeta al proceso penal; y

e) La razón principal por la cual se está solicitando la evidencia o la información, así como un resumen de los hechos relevantes (fecha, lugar y circunstancias en que se cometió el delito) que dan lugar al proceso en el Estado solicitante, a menos que la solicitud tenga el significado de lo dispuesto en el artículo 16.

2. Adicionalmente, una solicitud debe incluir:

a) En caso de la aplicación de una ley extranjera con respecto al cumplimiento (art. 5º, par. 2º), el texto de las disposiciones aplicables en el Estado solicitante, y la razón de su aplicación;

b) En caso de las personas participantes en el proceso (art. 9º), la designación de la persona que atienda el cumplimiento de la solicitud, y la razón de su presencia;

c) El sitio probable y la descripción de los objetos y activos que constituyen los productos o ganancias de un delito o los instrumentos que sirven para cometer el mismo (art. 13) o la razón principal por al cual estos objetos o activos están ubicados en el territorio del Estado solicitado;

d) En caso de notificación de providencias judiciales y de citaciones (arts. 16 y 17), el nombre y dirección de la persona a quien los documentos y citatorios deban entregarse;

e) En caso de citación de testigos o expertos (art. 17), una declaración que constate que el Estado solicitante pagará los gastos de viaje, viáticos y estadía, y que a la vez, si fuese solicitado, pagará por adelantado.

f) En caso de traslado de personas detenidas (art. 22), los nombres de las mismas.

ART. 28.—Cumplimiento de una solicitud.

1. Sujeto a la adopción de medidas provisionales, de conformidad con el artículo 8º, la autoridad central del Estado solicitado deberá, si la solicitud no está conforme a las disposiciones de este tratado, informarlo a la autoridad central del Estado solicitante sin demora alguna, y solicitarle a la vez realizar los cambios o completar la solicitud.

2. Si la solicitud se encuentra conforme a lo estipulado en este tratado, la autoridad central del Estado solicitado deberá enviarla inmediatamente a la autoridad competente para su cumplimiento.

3. Luego de haber ejecutado la solicitud, la autoridad competente deberá enviar a la autoridad central del Estado solicitado, la solicitud con la información y la evidencia obtenida. La autoridad central será responsable de asegurar que el cumplimiento sea completo y preciso, y deberá comunicar los resultados a la autoridad central del Estado solicitante.

4. El parágrafo 3º de este artículo no deberá obstaculizar el cumplimiento parcial de una solicitud.

ART. 29.—Exención de legalización, autenticación y otros requisitos formales.

1. Todos los documentos, registros, declaraciones y cualquier otro material transmitido de acuerdo a lo estipulado en este tratado, son exentos de cualquier legalización, autenticación y otros requisitos formales.

2. Los documentos, registros, declaraciones y cualquier otro material transmitido por la autoridad central del Estado solicitado, deberá ser admitido como evidencia sin la necesidad de otra justificación o pruebas de autenticidad.

3. La carta de remisión por la autoridad central deberá garantizar la autenticidad de los documentos transmitidos.

ART. 30.—Idioma.

1. Cualquier solicitud bajo lo estipulado en este tratado llevada a cabo por la Confederación Suiza, así como sus anexos, deberán ser traducidos al castellano cualquier solicitud bajo lo estipulado ente este tratado llevada a cabo por la República de Colombia, así como sus anexos, deberán ser traducidos a uno de los idiomas oficiales de la Confederación Suiza (francés, alemán o italiano), el que será especificado en cada caso por la autoridad central Suiza.

2. La traducción de los documentos elaborados u obtenidos como resultado del cumplimiento de la solicitud corresponderá al Estado solicitante.

3. Las traducciones hechas por los Estados contratantes tienen carácter oficial.

ART. 31.—Costos relacionados con el cumplimiento de la solicitud.

1. El Estado solicitante deberá, a solicitud del Estado solicitado, reembolsar únicamente los siguientes costos y desembolsos en que se incurran al dar cumplimiento a una solicitud;

a) Viáticos, gastos de viaje y estadía para el testigo y, si fuere absolutamente necesario, para su representante;

b) Costos relacionados con el traslado de personas detenidas;

c) Honorarios, gastos de viaje y estadía a expertos.

2. Si el cumplimiento de la solicitud causa gastos de naturaleza extraordinaria, el Estado solicitado deberá informarlo al Estado solicitante para determinar los términos y condiciones bajo las cuales se podrá proveer la asistencia solicitada.

CAPITULO VI

Transmisión espontánea

ART. 32.—Transmisión espontánea de información.

1. A través de su autoridad central, y dentro de los límites de sus leyes, un fiscal o una autoridad judicial competente de un Estado contratante podrá, sin necesidad de solicitud previa, transmitir a la autoridad central del otro Estado contratante, la información relacionada con delitos obtenida en el curso de su propia investigación, cuando determine que esta transmisión sirve de base:

a) Para permitir la presentación de una solicitud de acuerdo a lo estipulado en este tratado;

b) Para permitir la apertura de un proceso penal; o

c) Para facilitar una investigación penal pendiente.

2. La autoridad que suministre la información podrá, de acuerdo a sus leyes, imponer condiciones en el uso de dicha información por parte del Estado receptor. El Estado receptor deberá acogerse a estas condiciones.

CAPÍTULO VII

Disposiciones finales

ART. 33.—Compatibilidad con otros tratados y otras formas de cooperación.

Las disposiciones de este tratado no afectarán la asistencia legal mutua más amplia que haya sido establecida o se pueda establecer entre los Estados contratantes en otros acuerdos, convenios o arreglos, o que pueda resultar de la legislación nacional.

ART. 34.—Consultas.

Si lo considera útil, las autoridades centrales deberán intercambiar puntos de vista, oralmente o por escrito, en la aplicación o implementación de este tratado, en términos generales o en un caso en particular.

ART. 35.—Solución de controversias.

Las controversias que se derivaren de la interpretación, aplicación o implementación de este tratado se resolverán por la vía diplomática, si las autoridades centrales no lograren llegar a un acuerdo.

ART. 36.—Entrada en vigor y terminación.

1. El presente tratado entrará en vigor sesenta días a partir de la fecha en que los Estados contratantes se notificaren entre sí del cumplimiento de los respectivos requisitos para su entrada en vigencia.

2. Cualquiera de los Estados contratantes podrá denunciar el presente tratado en cualquier momento notificándolo por escrito a la otra parte por medio de canales diplomáticos. En ese caso, el tratado cesará su vigencia seis (6) meses después de la fecha de recibo de dicha notificación. La denuncia no afectará la ejecución de cualquier solicitud de asistencia que aún esté pendiente.

EN TESTIMONIO DE LO CUAL, los suscritos representantes, habiendo sido debidamente autorizados para ello por parte de sus respectivos Gobiernos, suscriben este tratado.

Hecho en duplicado en Davos el 28 de enero de 2011, en los idiomas inglés, castellano y alemán, todos los textos siendo igualmente auténticos. En caso de divergencia, prevalecerá el texto en inglés.

Por la República de Colombia

Juan Manuel Santos Calderón

Presidente de la República de Colombia

Por la Confederación Suiza

Micheline Calmy-Rey

Presidenta de la Confederación Suiza

III. Intervenciones

3.1. Ministerio de Relaciones Exteriores

3.1.1. El director de asuntos jurídicos internacionales del Ministerio de Relaciones Exteriores, intervino en el presente proceso solicitando a la Corte la declaratoria de exequibilidad del tratado objeto de revisión y de su ley aprobatoria. Aduce que en relación con ellos, se cumplió con los requisitos formales previstos en la Carta Política para su suscripción y aprobación legislativa, y su contenido consulta con los principios y postulados que gobiernan el Estado colombiano y su política exterior.

3.1.2. El interviniente inicia por destacar que, como consecuencia de la globalización, los vínculos internacionales del terrorismo son cada vez más diversos y estrechos, razón por la cual, los Estados han entendido que una manera eficiente de hacer frente a las diferentes formas de delincuencia es mediante la implementación de los mecanismos de cooperación multilateral, regional y bilateral en materia penal, los cuales, a su vez, han sido impulsados desde las Naciones Unidas dentro del propósito de prevenir el delito, mejorar la justicia y fortalecer el Estado de derecho.

3.1.3. A este respecto, hace mención a la Resolución 2625 de 1970, de la Organización de las Naciones Unidas, en la que se dispone que la cooperación internacional en materia penal no debe entenderse como una simple cortesía internacional (comitas gentium), sino como la consecuencia de un compromiso entre los Estados para conservar la paz y seguridad internacional. Es bajo estas pautas —señala el interviniente— que el Estado colombiano, como lo ha venido haciendo con muchos otros países, decidió suscribir con la Confederación Suiza el convenio que se revisa, dentro del propósito de reducir o eliminar las dificultades existentes al momento de investigar o enjuiciar penalmente a los responsables de actos punibles cometidos en la jurisdicción de alguno de estos Estados.

3.1.4. En una breve descripción del tratado y de los beneficios que trae para el país, el interviniente enfatiza que el mismo está conforme con el régimen legal colombiano, en cuanto se ajusta en todas sus partes a los parámetros que rigen la cooperación judicial en materia penal prevista en los artículos 484 y 485 del Código de Procedimiento Penal (L. 906/2004). De esta manera, destaca, no existe oposición alguna entre el tratado bajo revisión y la legislación penal colombiana.

3.1.5. Finalmente, asevera que, en cuanto al trámite de suscripción y aprobación interna del referido instrumento, se cumplieron todos los requisitos formales previstos en la Constitución Política. Sostiene que el mismo fue suscrito por el Presidente de la República de Colombia el 28 de enero de 2001, con sujeción al artículo 7º, numeral 2º, literal a, de la Convención de Viena sobre el derecho de los Tratados de 1969. Posteriormente, el 19 de julio de 2011, fue impartida la aprobación ejecutiva por el mismo Presidente de la República, ordenándose su sometimiento a consideración del Congreso. Así, la Ministra de Relaciones Exteriores y el entonces Ministro del Interior presentaron ante la secretaria general del Senado, de conformidad con los artículos 150-16, 189-2 y 224 de la Constitución Política, el proyecto de ley aprobatoria número 123/11 Senado y 123/12 Cámara, el 7 de septiembre de 2011, con la correspondiente exposición de motivos. El proyecto surtió su trámite en el Congreso, tanto en Senado como en la Cámara de Representantes, siendo aprobado mediante Ley 1594 de 21 de diciembre de 2012, a su vez sancionada por el Presidente de la República el mismo 21 de diciembre de 2012. Finalmente, fue publicada en el Diario Oficial Nº 48.651 de ese mismo día.

3.2. Ministerio de Justicia y del Derecho.

3.2.1. El Ministerio de Justicia y del Derecho, a través de apoderada, interviene en el presente juicio para defender la constitucionalidad del tratado bajo revisión y de su ley aprobatoria.

3.2.2. La interviniente reseña de manera detallada, cómo el tratado en cuestión cumplió de manera plena y oportuna con todas las formalidades constitucionales para su aprobación mediante ley de la República.

3.2.3. Seguidamente, se refirió al contenido material del tratado, haciendo una breve mención de su preámbulo y de los siete capítulos en los que este se subdivide, concluyendo que el mismo se ajusta en todas sus partes a la Constitución Política.

3.2.4. Explicó que la cooperación jurídica acordada en el tratado de cooperación en materia penal entre la República de Colombia y la Confederación Suiza, contribuirá en favor de dichos estados, en la lucha contra el crimen organizado y demás formas de delincuencia transnacional.

3.3. Fiscalía General de la Nación.

3.3.1. El director de asuntos internacionales de la Fiscalía General de la Nación, intervino en el presente asunto, solicitando a la Corte la declaratoria de constitucionalidad de la Ley 1594 de 2012, por la cual se aprobó el Tratado sobre asistencia legal mutua en asuntos penales entre la República de Colombia y la Confederación Suiza.

3.3.2. Precisa inicialmente, que el tratado se ajusta a la Constitución Política, pues en él las partes se comprometen a suministrar la asistencia solicitada de acuerdo a las leyes del Estado requerido, asegurando el equilibrio que debe existir entre la autoridad de los Estados y los derechos de sus asociados, con lo cual se garantiza el principio de legalidad.

3.3.3. Explica seguidamente, que este instrumento internacional excluye el tema de extradición, siendo concordante con el ordenamiento superior, pues para tales efectos, o bien el Estado colombiano ha suscrito tratados especiales con diversos países, o, en su defecto, el tema se encuentra regulado en el estatuto procesal penal.

3.3.4. De igual forma, expone que los Estados conservan la facultad de negar o posponer el trámite de asistencia legal en razón a diferentes aspectos, entre ellos, respecto de delitos políticos o conexos como forma de protección a los nacionales de cada país. En el mismo sentido, y con el fin de garantizar el derecho a la igualdad y al debido proceso, también fueron excluidas las solicitudes basadas en actos discriminatorios o por hechos que hubiesen sido investigados en el país solicitado.

3.3.5. De otra parte, recalca que las solicitudes de asistencia legal son coherentes con las formalidades de los tratados de cooperación judicial, más aún, cuando sus requisitos concuerdan con las buenas prácticas y recomendaciones dadas por organismos internacionales como la ONU.

3.3.6. El interviniente señala que las disposiciones que componen el tratado bajo estudio son armónicas con la ley y con lo dispuesto en los artículos 9º y 226 de la Constitución Política, y la designación del Ministerio de Justicia y del Derecho y la Fiscalía General de la Nación, como autoridades centrales para Colombia, se ajusta a las diferentes clases de solicitudes, teniendo en cuenta que al canalizarlas a través de éstas autoridades, se puede ejercer un riguroso seguimiento a las mismas, con el fin de obtener un óptimo resultado.

3.3.7. Finaliza su intervención resaltando la importancia de suscribir instrumentos internacionales como el tratado que se revisa, pues se trata de eficientes mecanismo de cooperación y asistencia judicial en la lucha contra el crimen organizado.

3.4. Universidad Nacional de Colombia.

3.4.1. El decano de la facultad de derecho de la Universidad Nacional de Colombia, intervino de acuerdo con la invitación que se le hiciera para ello, afirmando que el tratado objeto de revisión se encuentra conforme con la Constitución Política, razón por lo cual considera que ha de declararse su exequibilidad.

3.4.2. El interviniente destaca que el tratado se suscribió preservando las formas constitucionales y legales de los Estados, así como acogiendo los principios de derecho internacional, de soberanía, integridad territorial y no intervención, con respeto por el ordenamiento interno de cada país. Resalta la concordancia del instrumento con lo dispuesto en los artículos 226 y 227 de la Constitución Política, en cuanto a la internacionalización de sus relaciones políticas bajo condiciones de equidad, igualdad, reciprocidad y conveniencia nacional, advirtiendo, además, que el mismo coadyuva a la eficacia de la administración de justicia en la garantía y efectividad de los derechos y libertades de los ciudadanos.

3.4.3. Seguidamente, el interviniente hace un comentario de cada uno de los siete capítulos en los que se estructura el tratado. Inicia su presentación con el capítulo de disposiciones generales, en la que se aclara el alcance de los conceptos utilizados a lo largo del mismo. Pasa luego al capítulo 2, en el que se esbozan los requisitos que deben cumplir las solicitudes que formulen o reciban las partes, destacando que en ellos prima la soberanía y el respeto de las leyes de cada Estado. Respecto del capítulo 3, explica que, tanto la notificación de providencias judiciales, como la comparencia de testigos o expertos o el traslado de personas detenidas, corresponden a actuaciones que se encuentran de acuerdo con la Constitución del país respectivo. En lo relativo a los capítulos 4 y 5, concernientes a registros judiciales e intercambio de información, entiende que lo consagrado en dichas normas coincide con otros tratados de la misma naturaleza suscritos por Colombia, por lo que no solo se ajusta a la costumbre internacional, sino que además se adecua a la Constitución Política. Finalmente, frente a los capítulos 6 y 7, señala, en relación con el primero, que la transmisión espontánea de información permite al Estado receptor su uso a efectos de poder iniciar un proceso penal, adelantar una investigación pendiente o gestionar una solicitud en los términos del tratado de cooperación. En lo que respecta al último capítulo, solo se limita a reiterar la concordancia de las normas allí consagradas con los principios de soberanía nacional y autodeterminación de los pueblos reconocidos por Colombia.

IV. Concepto del Procurador General de la Nación

El Procurador General de la Nación, en el concepto de rigor, se pronunció sobre la constitucionalidad del instrumento internacional sometido a revisión y de su ley aprobatoria, solicitándole a la Corte declarar su exequibilidad.

4.1. Con respecto al análisis formal, procedió a hacer un recuento del procedimiento legislativo que se surtió para la aprobación de la Ley 1594 de 2012, concluyendo que se cumplió a cabalidad con todos sus debates y votaciones por lo que “no advierte la existencia de vicio alguno”.

4.2. En cuanto al estudio material del tratado, inició por recordar que el Estado colombiano ha suscrito instrumentos similares con otros Estados como parte de su lucha decida contra la delincuencia nacional e internacional, los cuales, a su vez, han sido avalados por la Corte Constitucional tras considerar que se ajustan a la Carta Política.

4.3. Afirma que los tratados sobre asistencia legal recíproca en materia penal, como el que es materia de revisión, guardan congruencia con la legislación nacional (C.P. art. 250 y CPP L. 906/2004), en cuanto promueven la cooperación internacional como herramienta eficaz para mejorar la administración de justicia en el área penal. Bajo tal supuesto, hace una breve reseña de los artículos contenidos en cada uno de los capítulos que integran el instrumento sometido a estudio, para concluir que los mismos no infringen la normatividad interna ni las garantías constitucionales y que, por el contrario, están llamados a desarrollar principios superiores, como es el de asegurar a los habitantes de la Nación colombiana la justicia, dentro de un marco jurídico que garantice un orden político, económico y social justo.

4.4. La vista fiscal advierte que, conforme lo prevé el mismo tratado en varias de sus disposiciones, las medidas de cooperación en él contenidas siempre estarán subordinadas al ordenamiento jurídico interno de cada país, con lo cual, el referido instrumento resulta acorde con lo preceptuado en el artículo 9º de la Constitución Política, que promueve las relaciones exteriores del Estado colombiano con base en el respeto a la autodeterminación de los pueblos y en el reconocimiento de los principios de derecho internacional.

V. Consideraciones de la Corte

5. Competencia.

De acuerdo con el numeral 10 del artículo 241 de la Carta Política(1), la Corte Constitucional es competente para ejercer un control integral, previo y automático sobre la constitucionalidad de los tratados internacionales y de las leyes que los aprueban. Por lo tanto, es competencia de esta corporación ejercer el control constitucional del “‘Tratado sobre asistencia legal mutua en asuntos penales entre la República de Colombia y la Confederación Suiza’, hecho en Davos, Suiza, el 28 de enero de 2011”, y de la Ley 1594 del 21 de diciembre de 2012, aprobatoria del mismo.

6. Generalidades sobre el control de constitucionalidad de los tratados internacionales y de las leyes que los aprueban.

6.1. Conforme quedó anunciado en el apartado anterior, por expreso mandato superior (C.P., art. 241-10), le corresponde a la Corte Constitucional la función de ejercer el control de constitucionalidad de los tratados internacionales y de sus leyes aprobatorias. Con respecto a dicho control, la jurisprudencia de esta corporación ha destacado que el mismo presenta las siguientes características: (i) es previo al perfeccionamiento del tratado, pero posterior a la aprobación de la ley en el Congreso y a su sanción gubernamental; (ii) es automático, en cuanto la ley aprobatoria debe ser remitida por el Presidente de la República a la Corte Constitucional dentro de los seis días siguientes al acto de sanción; (iii) es integral, en la medida en que le corresponde a la Corte examinar tanto los aspectos formales como materiales de la ley y del tratado, confrontándolos con la integridad del texto constitucional y demás normas que hagan parte del mismo ordenamiento superior; (iv) es habilitante, dado que constituye un requisito sine qua non para que el Estado colombiano se obligue internacionalmente frente al respectivo tratado; (v) es preventivo, pues su objetivo es detectar de forma anticipada a la vigencia del tratado, los eventuales quebrantamientos que se presenten frente a la preceptiva superior(2); y, finalmente, (vi) el mismo tiene fuerza de cosa juzgada constitucional.

6.2. En lo que se refiere al control formal de constitucionalidad, la Corte ha precisado que, por su intermedio, se busca verificar el cumplimiento del proceso de incorporación de normas internacionales en Colombia previsto por la Constitución, la ley Orgánica del Congreso y el derecho internacional público, en particular, lo referente a la negociación y suscripción del tratado, la aprobación del mismo por parte del Congreso de la República mediante ley, y la correspondiente sanción presidencial.

Con respecto a la aprobación del tratado por parte del Congreso de la República, este tribunal ha señalado que, con excepción de la exigencia de tener que iniciar su trámite en el Senado de la República, los proyectos de ley aprobatorios de tratados internacionales no están sometidos a un trámite especial, por lo que, para efectos de su discusión, aprobación y sanción, los mismos deben seguir el procedimiento legislativo general, es decir, el previsto para las leyes ordinarias. Frente a las atribuciones del Congreso, cabe destacar que, en virtud de lo previsto en los artículos 150-16 de la Constitución Política y 217 de la Ley 5ª de 1992, el legislador no puede formular enmiendas frente al contenido tratado, pues su función consiste en aprobarlo o improbarlo sin fraccionar su aceptación(3).

Bajo ese entendimiento, la jurisprudencia constitucional viene sosteniendo que el control de constitucionalidad formal sobre los tratados internacionales y sus leyes aprobatorias, comprende los siguientes aspectos: (i) la remisión del instrumento internacional y su respectiva ley aprobatoria por parte del Gobierno Nacional; (ii) la validez de la representación del Estado colombiano en el proceso de negociación del tratado, así como la competencia de los funcionarios intervinientes; (iii) la iniciación del trámite en la cámara correspondiente; (iv) la publicación en la Gaceta del Congreso del proyecto de ley y su correspondiente exposición de motivos, de las actas donde constan las ponencias, los anuncios y debates, así como los textos definitivos; (v) la aprobación del proyecto en los cuatro debates, en las comisiones y plenarias de cada cámara; (vi) el anuncio previo a la votación del proyecto en cada debate; (vii) el quórum deliberatorio y decisorio, al igual que las mayorías con las que fue aprobado el proyecto; (viii) el cumplimiento del plazo establecido entre el primero y el segundo debate, y entre la aprobación del proyecto en una de las cámaras y la iniciación del debate en la otra; (ix) la consideración y trámite del proyecto en máximo dos legislaturas; (x) la sanción presidencial; y (xi) el envío de la ley y el tratado a la Corte Constitucional.

6.3. En lo que respecta al control de eventuales vicios de fondo o de contenido material, la labor de la Corte consiste en examinar las disposiciones del tratado y de su ley aprobatoria frente a la totalidad de los preceptos de la Constitución, con el propósito de garantizar la supremacía del texto fundamental, en los términos del artículo 4º de la Carta Política.

6.4. De acuerdo con lo anterior, esta corporación procederá a la revisión formal y de fondo del “Tratado sobre asistencia legal mutua en asuntos penales entre la República de Colombia y la Confederación Suiza’, hecho en Davos, Suiza, el 28 de enero de 2011” así como de su ley aprobatoria, la Ley 1594 de 21 de diciembre de 2012.

7. Revisión formal.

7.1. Competencia del funcionario que suscribió el tratado.

La Corte Constitucional, en reiterada jurisprudencia, ha sostenido que en el examen de constitucionalidad de los tratados y de sus leyes aprobatorias, es deber de esta corporación revisar la competencia del funcionario que participó en el proceso de negociación y adopción del instrumento internacional sometido a control, de acuerdo con lo previsto en los artículos 7º a 10 de la Convención de Viena sobre el Derecho de los tratados entre Estados de 1969, incorporada al derecho interno mediante la Ley 406 de 1997(4).

En el presente caso, tal y como surge del propio texto del “Tratado sobre asistencia legal mutua en asuntos penales entre la República de Colombia y la Confederación Suiza’, hecho en Davos, Suiza, el 28 de enero de 2011”, y como lo certifica el Ministerio de Relaciones Exteriores en escrito allegado a esta corporación el día 12 de febrero de 2013, dicho instrumento internacional fue suscrito directamente por el señor Presidente de la República, Juan Manuel Santos Calderón, quien, dada su condición de Jefe de Estado, en virtud de lo dispuesto en el literal a) del artículo 7º de la Convención de Viena sobre el Derecho de los tratados y en el numeral 2º del artículo 189 de la Constitución Política, no requiere presentar plenos poderes(5).

En los términos citados, la Corte encuentra cumplido el requisito referido a la forma de adopción del instrumento internacional objeto de control constitucional.

7.2. Aprobación presidencial.

El 19 de julio de 2011, el Presidente de la República impartió la respectiva aprobación ejecutiva al “Tratado sobre asistencia legal mutua en asuntos penales entre la República de Colombia y la Confederación Suiza’, hecho en Davos, Suiza, el 28 de enero de 2011”, y, a su vez, dispuso someter el instrumento internacional a consideración del Congreso de la República, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 189, numeral 2º, de la Constitución Política(6).

7.3. Remisión a la Corte Constitucional.

El artículo 241 de la Constitución Política dispone en su numeral 10, que la Corte Constitucional tiene como función decidir de manera definitiva sobre la exequibilidad de los tratados internacionales y sus leyes aprobatorias, para lo cual, el Gobierno Nacional tiene el deber jurídico de remitir tales textos a esta corporación “dentro de los seis días siguientes a la sanción de la ley”.

Conforme con dicho mandato, el día 11 de enero de 2013, una vez concluido el periodo de vacancia judicial, la presidencia de esta corporación recibió de la secretaría jurídica de la Presidencia de la República, fotocopia autenticada de la Ley 1594 de 2012 “Por medio de la cual se aprueba el ‘Tratado sobre asistencia legal mutua en asuntos penales entre la República de Colombia y la Confederación Suiza’, hecho en Davos, Suiza, el 28 de enero de 2011”, la cual fue sancionada por el Presidente de la República el 21 de diciembre de 2012. Por lo tanto, la Corte encuentra que el citado instrumento internacional objeto de revisión fue remitido oportunamente a esta corporación, es decir, dentro del término de los seis días siguientes a la sanción de su ley aprobatoria, teniendo en cuenta que la Corte Constitucional estuvo en periodo de vacancia judicial desde el 19 de diciembre de 2012 hasta el 10 de enero de 2013.

8. Trámite de la Ley 1594 del 21 de diciembre de 2012, aprobatoria del “‘Tratado sobre asistencia legal mutua en asuntos penales entre la República de Colombia y la Confederación Suiza’, hecho en Davos, Suiza, el 28 de enero de 2011”

A continuación esta corporación adelantará el juicio de constitucionalidad del trámite de aprobación cumplido por parte del Congreso de la República frente al “Tratado sobre asistencia legal mutua en asuntos penales entre la República de Colombia y la Confederación Suiza’, hecho en Davos, Suiza, el 28 de enero de 2011”.

Como ya se anotó, en el proceso de formación de las leyes aprobatorias de tratados, salvo por la exigencia de iniciar su trámite en el Senado de la República (C.P., art. 154), la Constitución Política no establece un procedimiento especial distinto al de expedición de las leyes ordinarias, regulado por los artículos 157 a 165 del texto superior. De igual manera, el reglamento interno del Congreso tampoco prevé reglas especiales sobre la materia, salvo la contenida en el artículo 217 de la Ley 5ª de 1992(7).

Teniendo en cuenta, tanto las certificaciones que fueron remitidas por los respectivos secretarios de las cámaras legislativas, como los antecedentes legislativos y las actas publicadas en las gacetas del Congreso de la República, la Corte pudo concluir que el trámite surtido en esa corporación para la expedición de la Ley 1594 de 2012 fue el siguiente:

8.1. Trámite surtido en el Senado de la República.

8.1.1. Radicación y publicación del proyecto de ley y de la exposición de motivos.

El proyecto de ley aprobatoria del “Tratado sobre asistencia legal mutua en asuntos penales entre la República de Colombia y la Confederación Suiza’, hecho en Davos, Suiza, el 28 de enero de 2011”, inició su trámite en el Senado de la República. El mismo fue radicado en la secretaría general de esa corporación, el día 7 de septiembre de 2011, por el Gobierno Nacional, a través de los ministros de Relaciones Exteriores y de Justicia. El texto original y la respectiva exposición de motivos fueron publicados en la Gaceta del Congreso Nº 674 del 9 de septiembre 2011 (págs. 12 a 19)(8), correspondiéndole a este proyecto de ley el número de radicación 123 de 2011 Senado.

Acto seguido, se efectuó el reparto del referido proyecto de ley, el cual fue asignado a la Comisión Segunda Constitucional Permanente de Relaciones Internacionales, Comercio Exterior y Defensa Nacional.

8.1.2. Ponencia para primer debate.

La ponencia favorable para primer debate en la Comisión Segunda del Senado de la República, fue presentada por el senador Armando Benedetti Villaneda, y publicada en la Gaceta del Congreso Nº 774 del 13 de octubre de 2011 (fls. 20 a 22 de la gaceta). En dicho texto, se propone a la Comisión Segunda del Senado de la República lo siguiente: “dese primer debate al Proyecto de ley número 123 de 2011” (fls. 113 a 124 del cdno. de pruebas 1).

8.1.3. Anuncio para votación en primer debate.

En cumplimiento del artículo 8º del Acto Legislativo 01 de 2003, la discusión y votación del Proyecto de ley 123 de 2011 Senado, por parte de la Comisión Segunda del Senado, fue inicialmente anunciada el 1º de noviembre de 2011, para llevarse a cabo en la próxima sesión ordinaria(9), esto es, en la sesión del 9 de noviembre de 2011. El citado proyecto no fue discutido ni votado en la sesión del 9 de noviembre de 2011, habiéndose aplazado su estudio por parte de la Comisión. Conforme con ello, luego de una cadena de anuncios, en la sesión del 10 de abril de 2012, el proyecto fue anunciado para ser debatido y votado en la próxima sesión, esto es, en la sesión ordinaria del 17 de abril de 2012, tal como consta en el Acta Número 19 de esa fecha (10 de abril), publicada en la Gaceta de Congreso Nº 233 del 15 de mayo de 2012 (pág. 42 de la gaceta), en la cual se lee:

El secretario de la comisión, doctor Diego González González, da lectura al anuncio de proyectos de ley: por instrucciones del señor presidente de la Comisión Segunda, me permito anunciar los proyectos de ley para discutir y votar en la próxima sesión de comisión:

1. Proyecto de ley número 123 de 2011 Senado, por medio de la cual se aprueba el Tratado sobre asistencia legal mutua en asuntos penales entre la República de Colombia y la Confederación Suiza, hecho en Davos Suiza, el 28 de enero de 2011.

Autores: Ministerios de Relaciones Exteriores y del Interior.

Ponente: honorable senador Armando Benedetti Villaneda.

Publicaciones: Texto del Proyecto de ley: Gaceta del Congreso Nº 674 de 2011.

Ponencia Primer Debate: Gaceta del Congreso Nº 774 de 2011.

(…)

Le informo señor presidente, que han sido anunciados los proyectos de ley para la próxima sesión”.

8.1.4. Aprobación en primer debate.

En sesión ordinaria de la Comisión Segunda del Senado de la República llevada a cabo el día 17 de abril de 2012, tuvo lugar la discusión y aprobación, en primer debate, del Proyecto de ley 123 de Senado 2011, de conformidad con el anuncio que se realizó en la sesión inmediatamente anterior, esto es, en la sesión del 10 de abril de 2012. El proyecto fue aprobado por votación ordinaria, luego de verificarse por parte del secretario de la Comisión que ya se encontraba conformado el quórum decisorio(10), tal y como consta en el Acta Nº 20 del 17 de abril de 2012, que fuera publicada en la Gaceta del Congreso Nº 233 del 15 de mayo de 2012 (págs. 44 y 45 de la gaceta, y fls. 107 a 108 del cdno. de pruebas 2). La citada acta consigna la aprobación del proyecto de la siguiente manera:

“Hace uso de la palabra el Senador Ponente, Armando Benedetti Villaneda:

Creo que es el proyecto de ley más sencillo que he explicado en toda mi vida, es un Convenio entre Suiza y Colombia, para que exista cooperación internacional en intercambio de pruebas, comunicaciones, en caso de que algún delincuente esté en Suiza, o un delincuente de Suiza esté aquí en Colombia, es para que exista la cooperación. Es solamente para eso, para cambiar pruebas, me gustaría hablar más o extenderme, pero no hay nada más que decir sobre el proyecto más sencillo y corto que he explicado en toda mi vida como congresista.

Si usted lo tiene a bien señora presidenta, ponerlo a consideración de la Comisión, gracias.

La señora presidenta, senadora Alexandra Moreno Piraquive, informa:

Primero que todo vamos a someter a consideración y votación el orden del día. ¿Lo aprueba la Comisión?

El secretario de la Comisión, doctor Diego González González, le informa a la presidenta, que los senadores de la Comisión sí aprueban el orden del día. Además se ha conformado el quórum decisorio.

La señora presidenta, senadora Alexandra Moreno Piraquive, solicita leer el informe con el cual termina la ponencia del Proyecto de ley 123 de 2011 Senado.

El secretario de la Comisión, doctor Diego González González, da lectura a la proposición del informe final de ponencia.

Proposición

De acuerdo con las anteriores consideraciones, me permito proponer a los honorables senadores:

Dese primer debate al Proyecto de ley 123 de 2011 Senado, por medio de la cual se aprueba el “Tratado sobre asistencia legal mutua en asuntos penales, entre la República de Colombia y la Confederación Suiza”, hecho en Davos, Suiza, el 28 de enero de 2011.

Cordialmente el honorable senador Armando Benedetti Villaneda.

Está leído el informe con que termina la ponencia señora presidenta.

La señora presidenta, senadora Alexandra Moreno Piraquive, somete a consideración de los senadores de la Comisión el informe leído. ¿Aprueba la Comisión el informe final del Proyecto de ley 123 de 2011 Senado?

El secretario de la Comisión, doctor Diego González González, le informa a la presidenta que sí ha sido aprobado el informe final de ponencia del Proyecto de ley 123 de 2011 por los senadores de la Comisión.

La presidenta, senadora Alexandra Moreno Piraquive, informa:

A los senadores, que se ha solicitado la omisión de la lectura del articulado, ¿aprueba la Comisión en bloque el articulado y la omisión de lectura del articulado del Proyecto de ley 123 de 2011 Senado?

El secretario de la Comisión, doctor Diego González González, informa:

A la presidencia, que ha sido aprobado por los senadores de la Comisión la omisión de la lectura del articulado, aprobado en bloque el articulado del Proyecto de ley número 123 de 2011 Senado.

Lectura del título del Proyecto de ley 123 de 2011.

El secretario de la Comisión, doctor Diego González González, da lectura al título del proyecto de ley:

Proyecto de ley por medio de la cual se aprueba el Tratado sobre asistencia legal mutua en asuntos penales, entre la República de Colombia y la Confederación Suiza, hecha en Davos, Suiza, el 28 de enero de 2011.

Está leído el título del proyecto señora presidenta.

La presidenta, senadora Alexandra Moreno informa:

A los senadores de la Comisión, que está en consideración el título del proyecto de ley, y si la Comisión quiere que tenga siguiente debate para ser ley de la República. ¿Lo aprueba la Comisión?

El secretario, doctor Diego González González, informa:

A la presidencia, que ha sido aprobado por los senadores de la Comisión el título del Proyecto de ley número 123 de 2011 leído, y el querer de los senadores que este proyecto de ley tenga segundo debate y sea ley de la República.

La presidencia designa como ponente para el segundo debate en la plenaria del Senado al mismo Senador Armando Benedetti”.

8.1.5. Ponencia para segundo debate.

La ponencia para segundo debate en la Plenaria del Senado, fue presentada por el Senador Armando Benedetti Villaneda, y publicada en la Gaceta del Congreso Nº 374 del 15 de junio de 2012 (pág. 43 de la gaceta y fls. 78 a 84 del cdno. de pruebas 1), en la cual se propuso lo siguiente: “Dese segundo debate al Proyecto de ley número 123 de 2011 Senado, por medio de la cual se aprueba el ‘Tratado sobre asistencia legal mutua en asuntos penales entre la República de Colombia y la Confederación Suiza’, hecho en Davos, Suiza, el 28 de enero de 2011”.

8.1.6. Anuncio para votación en segundo debate.

En cumplimiento del artículo 8º del Acto Legislativo 01 de 2003, la votación del Proyecto de ley 123 de 2011 Senado, por parte de la Plenaria del Senado, fue anunciada el día 28 de agosto de 2012, para llevarse a cabo en la próxima sesión, esto es, en la sesión del 29 de agosto de 2012, tal como consta en el Acta Número 10 publicada en la Gaceta del Congreso Nº 795 del 9 de noviembre de 2012 (pág. 10 de la gaceta). El texto del anuncio fue el siguiente:

“Por instrucciones de la presidencia y, de conformidad con el Acto Legislativo 01 de 2003, por Secretaría se anuncian los proyectos que se discutirán y aprobarán en la próxima sesión.

Como ordene, señor presidente. Anuncios para la sesión plenaria del día 28 de agosto de 2012. Proyectos para discutir y votar en la próxima sesión plenaria.

Con informe de objeciones:

(…).

Con informe de conciliación:

(…)

Proyectos de ley para segundo debate:

Proyecto de ley número 123 de 2011 Senado, por medio de la cual se aprueba el “Tratado sobre asistencia legal mutua en asuntos penales entre la República de Colombia y la Confederación Suiza”, hecho en Davos, Suiza, el 28 de enero de 2011.

(…).

Con informe de conciliación

(…).

Con informe de objeciones

(…)

Están anunciados los proyectos, señor presidente”.

8.1.7. Aprobación en segundo debate.

En sesión plenaria del Senado de la República del 29 de agosto de 2012, tuvo lugar la discusión y aprobación, en segundo debate, del Proyecto de ley 123 de Senado 2011, de conformidad con el anuncio que se realizó en la sesión inmediatamente anterior, esto es, en la sesión del 28 de agosto de 2012. De acuerdo con la certificación expedida por el secretario general del Senado de la República, el proyecto de ley fue aprobado por votación ordinaria, habiéndose certificado la conformación del quórum decisorio(11), tal y como consta en el Acta Nº 11 del 29 de agosto de 2012, que fuera publicada en la Gaceta del Congreso Nº 796 del 9 de noviembre de 2012 (pág. 15). El acta consigna la aprobación del proyecto de la siguiente manera:

“Con la venia de la presidencia hace uso de la palabra el honorable Senador Armando Benedetti Villaneda:

Presidente muchas gracias. Yo creo que este es el proyecto más sencillo que usted va a aprobar en su presidencia.

Presidente, solamente es un convenio internacional entre el país de Suiza y el nuestro para temas judiciales, para ayudar a que de un país a otro se manden las pruebas, haya colaboración desde la policía, los gobiernos, etc., para pelear contra la corrupción, mafias, y grupos ilegales. Le insisto señor presidente, es el proyecto más sencillo que usted va a tener en su presidencia para votar, solo hay que decir lo que le acabo de decir presidente.

La presidencia indica a la Secretaría dar lectura a la proposición con que termina el informe.

Por Secretaría se da lectura a la proposición positiva con que termina el informe de ponencia.

La Presidencia somete a consideración de la plenaria la proposición leída y, cerrada su discusión, esta le imparte su aprobación.

Se abre segundo debate.

La Presidencia somete a consideración de la plenaria el articulado del proyecto en bloque, y cerrada su discusión pregunta: ¿Adopta la plenaria el articulado propuesto? Y esta responde afirmativamente.

La Presidencia indica a la Secretaría dar lectura al título del proyecto.

Por Secretaría se da lectura al título del Proyecto de ley número 123 de 2011 Senado, por medio del cual se aprueba el Tratado sobre asistencia legal mutua en asuntos penales entre la República de Colombia y la Confederación Suiza, hecho en Davos, Suiza, el 28 de enero de 2011.

Leído este, la Presidencia lo somete a consideración de la plenaria, y cerrada su discusión pregunta: ¿Aprueban los miembros de la corporación el título leído? Y estos le imparten su aprobación. Cumplidos los trámites constitucionales, legales y reglamentarios, la Presidencia pregunta: ¿Quieren los senadores presentes que el proyecto de ley aprobado, surta su trámite en la Cámara de Representantes? Y estos responden afirmativamente

La Presidencia indica a la Secretaría pasar al punto VI del orden del día”.

De igual manera, en la Gaceta del Congreso Nº 580 del 4 de septiembre de 2012, se publicó el texto del Proyecto de ley 123 de 2011 Senado, aprobado por la plenaria del Senado de la República en sesión llevada a cabo el día 29 de agosto de 2012 (pág. 21 de la gaceta).

Finalmente, el secretario general del Senado, en escrito allegado a esta corporación el día 30 de agosto de 2012, y que obra a folio 73 del cuaderno de pruebas número 1, del expediente legislativo que obra en la Corte Constitucional, manifestó lo siguiente sobre la aprobación del proyecto de ley en la plenaria del Senado:

“En sesión plenaria del honorable Senado de la República el día miércoles veintinueve (29) de agosto del año dos mil doce (2012), fue considerado y aprobado, la ponencia para segundo debate, el articulado y el título del Proyecto de ley número 123 de 2011 Senado, “Por medio de la cual se aprueba el “Tratado sobre asistencia legal mutua en asuntos penales entre la República de Colombia y la Confederación Suiza”, hecho en Davos, Suiza, el 28 de enero de 2011.

El resultado de las votaciones presentadas para la aprobación de este proyecto son las registradas en el Acta Número 1 de fecha 28 de agosto de 2012, atendiendo lo dispuesto en el artículo 5º del Acto Legislativo 01 de 2003, que establece: “(…) El voto de sus miembros será nominal y público, excepto en los casos que determine la ley (…)”, desarrollado por la Ley 1431 de 2011.

La presente sustanciación se hace con base en el registro hecho por la secretaria general de esta corporación, en esta misma sesión plenaria y con el quórum constitucional requerido.

La constancia de consideración y aprobación de este proyecto, se encuentra señalado en el Acta 11 del 28 de agosto de 2012 previo anuncio en sesión plenaria el día 22 de agosto de 2012, Acta Nº 10”.

8.2. Trámite en la Cámara de Representantes

8.2.1. Radicación del proyecto de ley en la Cámara de Representantes

El Proyecto de ley 123 de 2011 Senado, por medio del cual se aprueba el “Tratado sobre asistencia legal mutua en asuntos penales entre la República de Colombia y la Confederación Suiza’, hecho en Davos, Suiza, el 28 de enero de 2011”, fue radicado en la Secretaría General de la Cámara de Representantes, el día 6 de septiembre de 2012, siendo radicado con el número 123 de 2012 Cámara (fl. 71 del cdno. de pruebas 1).

8.2.3. Ponencia para tercer debate.

La ponencia para tercer debate del Proyecto de ley número 123 de 2012 Cámara, fue presentada ante la Comisión Segunda de la Cámara de Representantes por el Representante Eduardo José Castañeda Murillo el día 23 de octubre de 2012 (fl. 58 del cdno. de pruebas 1), y publicada en la Gaceta del Congreso Nº 743 del 30 de octubre 2012 (págs. 4 a 6 de la gaceta, fls. 58 a 63 del cdno. de pruebas 1). En el informe de dicha ponencia el representante ponente dijo lo siguiente: “me permito proponer a los honorables Representantes de la Comisión Segunda de Cámara de Representantes, dar primer debate al Proyecto de ley número 123 de 2012 Cámara, 123 de 2011 Senado, por medio de la cual se aprueba el ‘Tratado sobre asistencia legal mutua en asuntos penales entre la República de Colombia y la Confederación Suiza’, hecho en Davos, Suiza, el 28 de enero de 2011”.

8.2.4. Anuncio para votación en tercer debate.

En cumplimiento del artículo 8º del Acto Legislativo 01 de 2003, la votación del Proyecto de ley 123 de 2012 Cámara, por parte de la Comisión Segunda de la Cámara de Representantes, fue anunciada el día 30 de octubre de 2012, para llevarse a cabo en la próxima sesión donde se discutan y aprueben proyectos de ley, esto es, en la sesión del 7 de noviembre de 2012, tal y como se desprende del Acta Nº 18 del 30 de octubre de 2012, publicada en la Gaceta del Congreso Nº 17 del 6 de febrero de 2013 (págs. 29 y 30). El texto del anuncio fue el siguiente:

“Hace uso de la palabra la secretaria general de la Comisión Segunda, doctora Pilar Rodríguez Arias:

Siguiente punto del orden del día. Anuncio de proyectos de ley para discusión y aprobación en primer debate para dar cumplimiento al artículo 8º del Acto Legislativo 01 de 2003, para aprobación en próxima sesión de la Comisión donde se discutan y aprueben proyecto de ley.

Señor presidente, debo informarle que son ocho (8) proyectos de ley para anunciar incluyéndose el primero que se aplazó.

(…).

Proyecto de ley número 123 de 2012 Cámara, 123 de 2011 Senado, por medio de la cual se aprueba el “Tratado sobre asistencia legal mutua en asuntos penales entre la República de Colombia y la Confederación Suiza”, hecho en Davos, Suiza, el 28 de enero de 2011.

(…)

Estos son los 8 proyectos de ley señor presidente, que ha ordenado usted que se anuncien para la próxima sesión donde debatan y voten proyectos de ley, señor presidente”.

8.2.5. Aprobación en tercer debate.

El debate y aprobación del Proyecto de ley 123 de 2012 Cámara, por parte de la Comisión Segunda de la Cámara de Representantes, tuvo lugar de acuerdo con el anuncio que debidamente se realizó en la sesión inmediatamente anterior. En consecuencia, el proyecto fue discutido y aprobado en la sesión siguiente a la del 30 de octubre de 2012, es decir, en la sesión del 7 de noviembre de 2012, tal y como consta en el Acta Nº 19 del 7 de noviembre de 2012, publicada en la Gaceta del Congreso Nº 222 del 22 de abril de 2013 (págs. 14 y 15 de la gaceta). De acuerdo con la certificación expedida por el secretario general del Senado de la República, el proyecto de ley fue aprobado por unanimidad en votación ordinaria, habiéndose confirmado la conformación del quórum decisorio(12), tal como consta en el Acta Nº 19 del 7 de noviembre de 2012, publicada en la Gaceta del Congreso Nº 222 del 22 de abril de 2013 (a fl. 3). El acta consigna la aprobación del proyecto de la siguiente manera:

“Hace uso de la palabra el señor presidente honorable Representante Óscar de Jesús Marín:

Continúa la discusión del informe de ponencia, anuncio que va a cerrarse, queda cerrada, ¿aprueba la Comisión el informe de ponencia?

Hace uso de la palabra la secretaria general, doctora Pilar Rodríguez Arias:

Ha sido aprobado el informe de ponencia señor presidente.

Hace uso de la palabra el señor presidente honorable Representante Óscar de Jesús Marín:

Articulado señora secretaria.

Hace uso de la palabra la secretaria general, doctora Pilar Rodríguez Arias:

Señor presidente le informo que son tres artículos debidamente publicados en la gaceta, no hay ninguna proposición modificatoria.

Hace uso de la palabra el señor presidente honorable Representante Óscar de Jesús Marín:

En consideración el articulado, se abre su discusión, anuncio que va a cerrarse, queda cerrada, ¿lo aprueba la Comisión?

Hace uso de la palabra la secretaria general, doctora Pilar Rodríguez Arias:

Ha sido aprobado el articulado del proyecto señor presidente.

Hace uso de la palabra el señor presidente honorable Representante Óscar de Jesús Marín:

Título del proyecto.

Hace uso de la palabra la secretaria general, doctora Pilar Rodríguez Arias:

Por medio de la cual se aprueba el “Tratado sobre asistencia legal mutua en asuntos penales, entre la República de Colombia y la Confederación Suiza” hecho en Davos, Suiza el 28 de enero de 2011. Leído el título del proyecto.

Hace uso de la palabra el señor presidente honorable Representante Óscar de Jesús Marín:

En consideración, el título del proyecto así como la pregunta si quiere la Comisión que este proyecto pase a segundo debate, se abre su discusión, anuncio que va a cerrarse, queda cerrado, ¿lo aprueba la Comisión?

Hace uso de la palabra la secretaria general, doctora Pilar Rodríguez Arias:

Ha sido aprobado el título del proyecto leído, y los honorables Representantes quieren que este proyecto tenga segundo debate en plenaria.

Hace uso de la palabra el señor presidente honorable Representante Óscar de Jesús Marín:

Continúa como ponente el doctor Eduardo José Castañeda. Tiene la palabra doctor Castañeda.

Hace uso de la palabra el honorable Representante Eduardo José Castañeda Murillo:

Agradecerles a los honorables Representantes que nos han acompañado en la votación positiva de este proyecto, y de la misma forma que nos acompañen votando positivamente cuando llegue a segundo debate en Cámara. Muchas gracias presidente”.

Por su parte, el secretario general de la Comisión Segunda de la Cámara de Representantes, en escrito remitido a esta corporación el día 7 de noviembre de 2012 (fl. 106 del cdno. de pruebas 1), coincide con el contenido del Acta Nº 19 del mismo 7 de noviembre, en el sentido de informar que el proyecto en mención fue puesto a consideración y aprobado por unanimidad en votación ordinaria. Al respecto, se explica en el mencionado escrito:

“Leída la proposición con que termina el informe de ponencia y escuchadas las explicaciones del ponente Dr. H.R. Eduardo José Castañeda Murillo, se sometió a consideración y se aprobó por votación ordinaria.

Sometido a consideración, el articulado del proyecto, publicado en la Gaceta Nº 743/12 se aprobó por unanimidad en votación ordinaria.

Leído el título del proyecto y preguntada a la comisión si quiere que este proyecto sea ley de la República, se sometió a consideración y se aprobó por unanimidad en votación ordinaria.

La mesa directiva designó al honorable Representante Eduardo José Castañeda Murillo para rendir informe de ponencia en segundo debate dentro del término reglamentario.

El anuncio de este proyecto de ley en cumplimiento del artículo 8º del Acto Legislativo 1 de 2003 para su discusión y votación se hizo en sesión del día 30 de octubre de 2012, Acta Nº 18”.

8.2.6. Ponencia para cuarto debate.

La ponencia para cuarto debate en la Plenaria de la Cámara de Representantes, del Proyecto de ley número 123 de 2012 Cámara, fue presentada por el Representante Eduardo José Castañeda Murillo y publicada en la Gaceta de Congreso Nº 834 del 23 de noviembre de 2012 (págs. 1 a 4 de la gaceta)(13). En el informe de dicha ponencia el Representante ponente dijo lo siguiente: “me permito proponer a los honorables Representantes de la Plenaria de Cámara de Representantes, dar segundo debate al Proyecto de ley número 123 de 2012 Cámara, 123 de 2011 Senado, por medio de la cual se aprueba el ‘Tratado sobre asistencia legal mutua en asuntos penales entre la República de Colombia y la Confederación Suiza’, hecho en Davos, Suiza, el 28 de enero de 2011”.

8.2.7. Anuncio para votación en cuarto debate.

En cumplimiento del artículo 8º del Acto Legislativo 01 de 2003, la votación del Proyecto de ley 123 de 2012 Cámara, por parte de la plenaria de la Cámara de Representantes, fue anunciada el día 26 de noviembre de 2012, para llevarse a cabo en la sesión del día 28 de noviembre del mismo año. Así consta en el Acta Nº 176 de la misma fecha, publicada en la Gaceta del Congreso Nº 26 del 8 de febrero de 2013 (págs. 31 de la gaceta, fls. 17 y 17 visto (sic) del cdno. de pruebas 2). El texto del anuncio para votación aparece en la citada acta, en los siguientes términos:

“Dirección de la sesión por la Presidencia, doctor José Ignacio Meza Betancurt:

Mañana es la Sesión en la isla de San Andrés y el miércoles a las 3.00 p.m., es debate de control político.

Entonces citamos a las 3:00 p.m., se inicia con proyectos, entonces anunciemos señora secretaria los proyectos que quedarán para el día miércoles y después de esos proyectos el debate de control político.

La secretaria general informa, doctora Flor Marina Daza Ramírez:

Sí, señor presidente, se anuncian los siguientes proyectos para la sesión plenaria del próximo miércoles 28 de noviembre o para la siguiente sesión en la cual se debatan proyectos de ley o actos legislativos de acuerdo al Acto Legislativo 1, de julio 3 de 2003, en su artículo 8º.

Proyectos para segundo debate:

(…)

Proyecto de ley número 123 de 2012 Cámara, 123 de 2011 Senado, por medio de la cual se aprueba el “Tratado sobre asistencia legal mutua en asuntos penales entre la República de Colombia y la Confederación Suiza”, hecho en Davos, Suiza, el 28 de enero de 2011.

(…)

Señor presidente han sido anunciados los proyectos de ley”.

8.2.8. Aprobación en cuarto debate.

La aprobación del Proyecto de ley 123 de 2012 Cámara, por parte de la plenaria de la Cámara de Representantes, tuvo lugar en los términos del anuncio que debidamente se realizó en la sesión del 26 de noviembre de 2012, es decir, en la sesión del día 28 de noviembre de 2012, tal como consta en el Acta Nº 177 de la misma fecha, publicada en la Gaceta del Congreso Nº 83 del 12 de marzo de 2013 (págs. 39 y 40 de la gaceta, fls. 72 y 72 visto del cdno. de pruebas 2). De acuerdo con la certificación expedida por el secretario general(14) de la Cámara de Representantes, el proyecto de ley fue aprobado en votación ordinaria, la cual se llevó a cabo con el respectivo quórum decisorio(15), tal como consta en el Acta Nº 177 del 28 de noviembre de 2012, publicada en la Gaceta del Congreso Nº 83 del 12 de marzo de 2013 (a fls. 39 y 40). El acta consigna la aprobación del proyecto de la siguiente manera:

“Dirección de la Presidencia, doctor Augusto Posada Sánchez:

Próximo punto del orden del día, señora secretaria.

Secretaria general (E), doctora Flor Marina Daza Ramírez:

Proyecto de ley número 123 de 2012 Cámara,123 de 2011 Senado, por medio de la cual se aprueba el “Tratado sobre asistencia legal mutua en asuntos penales entre la República de Colombia y la Confederación Suiza, hecho en Davos, Suiza, el 28 de enero de 2011. Informe con que termina la ponencia.

En consecuencia de lo expuesto anteriormente y con base en lo dispuesto por la Constitución Política y la ley. Me permito proponer a la honorable Plenaria de la Cámara de Representantes dar segundo debate al Proyecto de ley número 123 de 2012 Cámara, 123 de 2011 Senado, por medio de la cual se aprueba el “Tratado sobre asistencia legal mutua en asuntos penales entre la República de Colombia y la Confederación Suiza, hecho en Davos, Suiza, el 28 de enero de 2011.

De los honorables Representantes Eduardo José Castañeda Murillo, Representante a la Cámara, departamento del Guainía. Señor presidente ha sido leído el informe con que termina la ponencia.

Dirección de la Presidencia, doctor Augusto Posada Sánchez:

Ha sido leído señora secretaria.

Secretaria general (E), doctora Flor Marina Daza Ramírez:

Sí señor presidente.

Dirección de la Presidencia, doctor Augusto Posada Sánchez:

En consideración el informe de ponencia, anuncio que va a cerrarse, queda cerrado, ¿aprueba la Plenaria?

Secretaria general (E), doctora Flor Marina Daza Ramírez:

Ha sido aprobado señor presidente.

Dirección de la Presidencia, doctor Augusto Posada Sánchez:

Articulado señora secretaria.

Secretaria general (E), doctora Flor Marina Daza Ramírez:

Señor presidente tiene tres artículos sin modificación.

Dirección de la Presidencia, doctor Augusto Posada Sánchez:

En consideración el articulado del proyecto en mención, anuncio que va a cerrarse, queda cerrado, ¿aprueba la plenaria?

Secretaria general (E), doctora Flor Marina Daza Ramírez:

Sí señor presidente ha sido aprobado el articulado.

Dirección de la Presidencia, doctor Augusto Posada Sánchez:

Gracias señora secretaria. Título y pregunta, si la plenaria quiere que este proyecto se convierta en ley de la República.

Secretaria general (E), doctora Flor Marina Daza Ramírez:

Sí señor presidente así lo quieren. Señor presidente voy a leer el título del proyecto.

Dirección de la Presidencia, doctor Augusto Posada Sánchez:

El título por favor.

Secretaria general (E), doctora Flor Marina Daza Ramírez:

El título del Proyecto Senado, por medio de la cual se aprueba el “Tratado sobre asistencia legal mutua en asuntos penales entre la República de Colombia y la Confederación Suiza, hecho en Davos,

Suiza, el 28 de enero de 2011.

Dirección de la Presidencia, doctor Augusto Posada Sánchez:

Gracias señora secretaria, anuncio que va a cerrarse, queda cerrado, ¿aprueba la plenaria el título y la pregunta?

Secretaria general (E), doctora Flor Marina Daza Ramírez:

Sí presidente, han sido aprobados el título y la pregunta”.

8.3. Sanción presidencial.

Finalmente, el día 21 de diciembre de 2012, el Presidente de la República sancionó la Ley 1594 de 2012, “Por medio de la cual se aprueba el ‘Tratado sobre asistencia legal mutua en asuntos penales entre la República de Colombia y la Confederación Suiza’, hecho en Davos, Suiza, el 28 de enero de 2011”.

9. Conclusiones en relación con el trámite legislativo surtido en el Congreso de la República.

De acuerdo con el trámite legislativo al que se ha hecho expresa referencia, encuentra la Corte que el Proyecto de ley 123 de 2011 Senado - 123 de 2012 Cámara, que concluyó con la expedición de la Ley 1594 de 2012, cumplió con los requisitos formales exigidos por la Constitución Política, como pasa a explicarse:

9.1. Inició su trámite en el Senado de la República, tal y como lo exige el artículo 154 de la Carta, siendo asignado a la Comisión Segunda Constitucional Permanente de Relaciones Internacionales, Comercio Exterior y Defensa Nacional, conforme lo preceptuado en la Ley 3ª de 1992.

9.2. Se efectuaron las publicaciones oficiales, según lo establece el numeral 1º del artículo 157 superior y demás normas concordantes. En efecto, las publicaciones se dieron de la siguiente manera:

(1) antes de darle curso en la respectiva Comisión del Senado, el proyecto fue publicado, junto con la exposición de motivos, en la Gaceta del Congreso Nº 674 del 9 de septiembre de 2011;

(2) la ponencia para primer debate en la Comisión Segunda del Senado fue publicada en la Gaceta del Congreso Nº 774 del 13 de octubre de 2011;

(3) el texto aprobado en primer debate fue publicado en la Gaceta del Congreso Nº 233 del 15 de mayo de 2012;

(4) la ponencia para segundo debate en la plenaria del Senado de la República fue publicada en la Gaceta del Congreso Nº 374 del 15 de junio de 2012;

(5) el texto definitivo aprobado en la plenaria del Senado de la República fue publicado en la Gaceta Nº 796 del 9 de noviembre de 2012;

(6) la ponencia para primer debate en la Comisión Segunda de la Cámara de Representantes fue publicada en la Gaceta Nº 743 del 30 de octubre de 2012;

(7) el texto aprobado en la Comisión Segunda de la Cámara de Representantes fue publicado en la Gaceta del Congreso 222 del 22 de abril de 2013;

(8) la ponencia para segundo debate en la plenaria de la Cámara de Representantes fue publicada en la Gaceta del Congreso Nº 834 del 23 de noviembre de 2012; y

(9) el texto definitivo aprobado en la plenaria de la Cámara de Representantes fue publicado en la Gaceta Nº 83 del 12 de marzo de 2013.

9.3. Se cumplieron los términos previstos en el inciso 1º del artículo 160 de la Constitución. Tanto el de los 8 días que deben mediar entre el primero y el segundo debate en una misma Cámara, como el de los 15 días que deben transcurrir entre la aprobación del proyecto en una Cámara y la iniciación del debate en la otra.

9.3.1. Ciertamente, mientras el primer debate en la Comisión Segunda del Senado de la República se realizó el día 17 de abril de 2012, el segundo debate en la Plenaria del Senado se llevó a cabo el día 29 de agosto de 2012, transcurriendo entre ellos más de 8 días. Lo mismo ocurrió en el trámite surtido en la Cámara de Representantes, habida cuenta que, mientras el primer debate en Comisión se cumplió el día 7 de noviembre de 2012, el segundo debate en plenaria se efectuó el día 28 de noviembre de 2012, habiendo transcurrido un término mayor a 8 días.

9.3.2. Por otra parte, entre la aprobación del proyecto en la plenaria del Senado de la República, que tuvo lugar el día 29 de agosto de 2012, y la iniciación del debate en la Comisión Segunda de la Cámara de Representantes, el día 7 de noviembre de 2012, transcurrió un tiempo superior a los 15 días que exige la Constitución.

9.4. El proyecto fue discutido y aprobado en cuatro debates, en comisiones y plenarias de ambas Cámaras, de acuerdo con lo preceptuado en el artículo 157 superior. En cuanto a su forma de aprobación, lo fue por unanimidad y a través de votación ordinaria, con plena observancia a lo dispuesto por el artículo 129 del Reglamento del Congreso, modificado por el artículo 1º de la Ley 1431 de 2011, el cual dispone en su numeral 16 que no se requerirá votación nominal y pública “cuando en el trámite del proyecto de ley exista unanimidad por parte de la respectiva comisión o plenaria para aprobar o negar todo o parte del articulado de un proyecto, a menos que esa forma de votación sea solicitada por alguno de sus miembros”.

9.4.1. En efecto, según lo ha destacado esta corporación, de conformidad con el artículo 133 de la Constitución Política y el numeral 16 del artículo 1º de la Ley 1431 de 2011, los proyectos de ley sometidos a consideración en cada una de las comisiones y plenarias del Congreso de la República deben ser aprobados mediante votación nominal, salvo las excepciones legales, entre las que se cuenta la votación por unanimidad respecto al articulado del proyecto.

9.4.2. Recientemente, en la Sentencia C-360 de 2013, donde la Corte llevó a cabo la revisión oficiosa de constitucionalidad de la Ley 1585 de 2012, aprobatoria de la “Resolución AG-14/2005”, adoptada por la Asamblea de Gobernadores del Banco Centroamericano de Integración Económica, en Madrid, el 8 de septiembre de 2005; la “Resolución AG-13/2006”, adoptada por la Asamblea de Gobernadores del Banco Centroamericano de Integración Económica, en Tegucigalpa, el 17 de octubre de 2006; la “Resolución AG-10/2007”, adoptada por la Asamblea de Gobernadores del Banco Centroamericano de Integración Económica, en Tegucigalpa, el 23 de marzo de 2007; y la “Resolución AG-7/2009”, adoptada por la Asamblea de Gobernadores del Banco Centroamericano de Integración Económica, en Tegucigalpa, el 29 de abril de 2009”, la corporación precisó que, conforme a lo previsto en el numeral 16 del artículo 129 del reglamento del Congreso, frente a proyectos sometidos al trámite legislativo ordinario, que requieren para su aprobación de mayoría simple, como es el caso de las leyes aprobatorias de tratados públicos, es posible avalar la votación ordinaria llevada a cabo en las distintas cámaras, como una excepción a la votación nominal y pública, cuando sea posible verificar que el proyecto fue aprobado por unanimidad.

9.4.3. En el presente caso, como ya se anotó, el proyecto fue votado favorablemente por unanimidad en cada una de las respectivas comisiones y plenarias, aspecto este que se deduce, no solo de las actas transcritas y de las certificaciones de los respectivos secretarios, sino además, de los siguientes hechos: (i) en ninguno de los debates se presentaron informes de ponencia contrarios a la aprobación del proyecto; (ii) en los cuatro debates, tanto en comisión como en plenaria, ninguno de los miembros de las cámaras hizo público su desacuerdo con la aprobación del proyecto; (iii) en los distintos debates se aprobó la omisión de la lectura del articulado del proyecto; (iv) en ninguno de los debates se solicitó por parte de los congresistas la votación nominal y pública; y (v) en ninguno de los cuatro debates se registraron votos en contra del citado proyecto.

9.4.4. En consecuencia, se reitera, las votaciones del proyecto bajo revisión se ajustan a los lineamientos constitucionales, legales y jurisprudenciales, pues el mismo fue aprobado en sus cuatro debates reglamentarios por unanimidad y a través de votación ordinaria, lo cual se deduce sin objeción alguna del contexto de los distintos debates.

9.5. De otra parte, al verificarse el cumplimiento de todos los requisitos a los que se somete en su trámite un proyecto de ley aprobatoria de un tratado, se pudo confirmar igualmente, que el mismo fue considerado en no más dos legislaturas, tal como lo exige el artículo 162 de la Carta Política. Lo anterior se constata al observar la fecha en la que el proyecto de ley fue radicado en el Senado de la República, lo cual tuvo ocurrencia el día 13 de octubre de 2011, y la fecha en que fue aprobado en la sesión plenaria de la Cámara de Representantes, lo que a su vez sucedió el día 28 de noviembre de 2012. En consecuencia, se tiene que el proyecto inició su trámite y fue aprobado en la legislatura que comenzó el 20 de julio de 2011 y que concluyó en la legislatura que terminó el 20 de junio de 2013, lo cual significa que se debatió y aprobó en dos legislaturas, es decir, dentro del término constitucional.

9.6. Según se mencionó previamente, el proyecto de ley que concluyó con la expedición de la Ley 1594 de 2012, obtuvo la correspondiente sanción presidencial, el día 21 de diciembre de 2012, cumpliéndose de esta manera con lo previsto en el numeral 4º del artículo 157 superior.

9.7. Frente a la observancia del requisito del anuncio previo, consagrado en el artículo 8º del Acto Legislativo 01 de 2003, que adicionó el artículo 160 de la Constitución Política, la Corte considera necesario hacer algunas precisiones en torno al alcance del citado requisito:

9.7.1. Según lo dispone el inciso 5º del artículo 160 de la Carta Política, tal y como el mismo fue adicionado por el artículo 8º del Acto Legislativo 01 de 2003, “Ningún proyecto de ley será sometido a votación en sesión diferente a aquella que previamente se haya anunciado. El aviso de que un proyecto será sometido a votación lo dará la presidencia de cada cámara o comisión en sesión distinta a aquella en la cual se realizará la votación”.

9.7.2. La jurisprudencia constitucional se ha referido al requisito del anuncio previo, destacando que su incorporación al ordenamiento jurídico busca, “[p]or una parte, permitir que los congresistas conozcan con la debida anticipación los proyectos y demás asuntos sometidos a su consideración, evitando que sean sorprendidos con votaciones no anunciadas e intempestivas. Y por la otra, garantizar a los ciudadanos y a las organizaciones sociales que tengan interés en los proyectos tramitados por el Congreso, una participación política oportuna, de manera que puedan incidir a tiempo en su proceso de aprobación, dando a conocer sus opiniones e ideas y manifestando su acuerdo o desacuerdo con lo debatido”(16).

9.7.3. De acuerdo con su objetivo, esta corporación ha señalado que el requisito del anuncio previo lleva implícitos unos presupuestos básicos(17), que deben ser tenidos en cuenta por el Congreso y luego verificados por el órgano de control constitucional. Tales presupuestos son:

(i) que se anuncie la votación del proyecto en cada uno de los debates reglamentarios;

(ii) que el anuncio lo haga la presidencia de la Cámara o de la respectiva Comisión en una sesión diferente y previa a aquella en la cual debe realizarse la votación del proyecto;

(iii) que la fecha de la votación sea cierta, determinada o, en su defecto, determinable; y

(iv) que el proyecto no sea votado en sesión distinta a la anunciada previamente.

9.7.4. Alrededor de los citados presupuestos, la propia jurisprudencia constitucional ha definido unas reglas objetivas de valoración, dirigidas a permitir que, tanto la aplicación como el juzgamiento del requisito de anuncio, sea el resultado de un proceso lógico y racional, que permita interpretar el mandato constitucional que lo consagra y los objetivos que con él se persiguen. Tales reglas son:

— El anuncio no tiene que hacerse a través de una determinada fórmula sacramental o de cierta expresión lingüística(18), en razón a que la Constitución no prevé el uso de una locución específica para cumplir el mandato constitucional.

— Es posible considerar cumplido el requisito de anuncio, cuando del contexto de los debates surgen elementos de juicio que permiten deducir que la intención de las mesas directivas ha sido la de anunciar la votación de ciertos proyectos para una sesión posterior.

— El anuncio debe permitir determinar la sesión futura en la cual va a tener lugar la votación del proyecto de ley en trámite(19), de manera que solo la imposibilidad para establecer la sesión en que habría de tener ocurrencia dicho procedimiento, hacen de aquel un anuncio no determinado ni determinable, y, en consecuencia, contrario al requisito previsto en el artículo 160 de la Carta(20). Para definir lo que debe entenderse por la expresión “determinable”, la corporación ha señalado(21) que expresiones como: “para la siguiente sesión” o “en la próxima sesión”, permiten entender que sí fue definida la fecha y la sesión en la cual el proyecto de ley debe ser votado, con lo cual se considera cumplido el requisito del aviso.

— En los casos en que la votación de un proyecto se aplaza indefinidamente, de forma tal que no tiene lugar en la sesión inicial para la cual fue anunciada, las mesas directivas deben continuar con la cadena de anuncios, es decir, están obligadas a reiterar el anuncio de votación en cada una de las sesiones que antecedan a aquella en que efectivamente se lleve a cabo la votación del proyecto. No obstante, como lo ha precisado la propia jurisprudencia constitucional, “la citada doctrina constituye la regla general, pues como excepción se ha admitido que a pesar de la ruptura de la cadena de anuncios no se incurre en un vicio de inconstitucionalidad por desconocimiento del artículo 160 Constitucional, cuando en la sesión inmediatamente anterior a aquella en que se surte la aprobación del proyecto, el mismo fue específicamente anunciado para ser sometido a votación en dicha sesión”(22).

9.7.5. A la luz de las anteriores premisas, y de acuerdo con el trámite legislativo surtido por el Proyecto de ley 123 de 2011 Senado - 123 de 2012 Cámara, que posteriormente se convirtió en la Ley 1594 de 2011, constata la Corte que, en relación con dicho proyecto, se cumplió con el requisito de anuncio previo, así:

a) En el primer debate en la Comisión Segunda del Senado, (i) se anunció debidamente el proyecto al emplearse las expresiones “´[a]nuncio de discusión y votación de proyectos de ley para la próxima sesión”; (ii) el anuncio se realizó en sesión distinta (10 de abril de 2012) y previa a la votación (17 de abril de 2012), después de una cadena de anuncios que comenzó en la sesión ordinaria del 1º de noviembre de 2011 y finalizó en la sesión del 10 de abril del 2012; (iii) la fecha de la votación resulta claramente determinable al haberse hecho uso de la expresión “han sido anunciados los proyectos de ley para la próxima sesión”; y (iv) la votación se llevó a cabo en la sesión indicada en el último anuncio, ya que este se hizo en la sesión del 10 de abril de 2012, para llevarse a cabo en la próxima sesión, esto es, en la sesión del 17 de abril del 2012, donde efectivamente se votó.

Siguiendo las reglas fijadas por la propia jurisprudencia, a las cuales ya se hizo referencia, en el caso del primer debate, el requisito de anuncio se observó adecuadamente, toda vez que, en la medida en que la votación del proyecto se aplazó indefinidamente, la mesa directiva de la Comisión Segunda Constitucional del Senado de la República, continuó con la cadena de anuncios, y, en todo caso, reiteró el anuncio de votación en la sesión que antecedió a aquella en que efectivamente se llevó a cabo la votación del proyecto.

Como ya se manifestó, la discusión y votación del proyecto se anunció en la sesión ordinaria del 1º de noviembre de 2011 para ser votado en la sesión del 9 de noviembre del mismo año. En la media en que el proyecto no se votó en la sesión del 9 de noviembre de 2011, y solo fue debatido y votado en la sesión ordinaria del 17 de abril de 2012, la mesa directiva de la Comisión Segunda realizó los respectivos anuncios para votación en las sesiones ordinarias convocadas para tramitar proyectos de ley y que tuvieron lugar entre las dos fechas citadas, así: en la sesión del 9 de noviembre para ser votado en la sesión del 16 de noviembre(23); en la sesión del 16 de noviembre para ser votado en la sesión del 22 de noviembre(24); en la sesión del 22 de noviembre para ser votado en la sesión del 29 de noviembre(25); en la sesión del 29 de noviembre para ser votado en la sesión del 30 de noviembre(26); en la sesión del 30 de noviembre para ser votado en la sesión del 7 de diciembre(27); en la sesión del 7 de diciembre para ser votado en la sesión del 21 de marzo de 2012(28), en la que, tras aprobarse la modificación del orden del día, para dar trámite a un mensaje de urgencia presentado por el Presidente de la República para debatir e implementar el tratado de libre comercio con los Estados Unidos(29), la sesión ordinaria que le siguió fue efectivamente la sesión del 27 de marzo, en la que tampoco se debatió ni voto el proyecto, siendo reanudada la cadena de anuncios en esa misma sesión para ser debatido y votado en la sesión del 28 de marzo(30); en la sesión del 28 de marzo para ser votado en la sesión del 10 de abril(31); y finalmente, en la sesión del 10 de abril para ser votado en la sesión del 17 abril de 2012(32), donde finalmente la misma tuvo lugar.

Aun cuando en la sesión ordinaria del 7 de diciembre de 2011, el proyecto fue anunciado para ser discutido y votado en la “próxima sesión”, que sería la sesión del 21 de marzo de 2012, atendiendo a lo dispuesto por el artículo 163 de la Constitución Política, según el cual, el mensaje de urgencia del Presidente, respecto del trámite de algún proyecto de ley en particular, “tendrán prelación en el orden del día excluyendo la consideración de cualquier otro asunto”, debe entenderse que la “próxima sesión” ordinaria que siguió a la celebrada el 7 de diciembre de 2011, para efectos de aprobar proyectos de ley por parte de la comisión y que no correspondió a comisiones conjuntas, fue la realizada el 27 de marzo del 2012 donde, como ya se anotó, se reanudó la cadena de anuncios de forma ininterrumpida hasta la sesión del 17 de abril de 2012 donde el proyecto fue debatido y votado(33).

En efecto, en la sesión del 21 de marzo de 2012, no fueron considerados ninguno de los proyectos de ley anunciados en la sesión del 7 de diciembre de 2011, incluyendo el que es materia de revisión en el presente caso, en razón a que la presidenta de la Comisión, al inicio de la sesión, propuso la modificación del orden del día, en consideración al mensaje de urgencia que el Presidente de la República radicó en la secretaria general de esa Comisión, el día 20 de marzo de 2012, en el que solicitó priorizar y debatir, en sesiones conjuntas de Senado y Cámara, la aprobación de los proyectos de ley que implementaban el tratado de libre comercio suscrito con los Estados Unidos(34). La proposición concerniente al mensaje de urgencia fue entonces considerada y aprobada en esa misma sesión del 21 de marzo de 2012, a partir de lo cual, como ya se anotó, no se consideró en dicha sesión ninguno de los proyecto de ley previamente anunciados para dar paso a la citación de las comisiones conjuntas. Ello, en pleno acatamiento a lo previsto en el artículo 163 de la Carta, que le reconoce prelación en el orden del día al mensaje de urgencia del Presidente para tramitar un determinado proyecto de ley y, a su vez, que dispone excluir de dicha sesión la consideración de cualquier otro asunto hasta tanto la respectiva cámara o comisión no decida sobre él.

En todo caso, como puede observarse, el debate y votación del Proyecto de ley 123 de 2011 Senado - 123 de 2012 Cámara, en la Comisión Primera del Senado, fue anunciado en la sesión anterior a aquella en la que se realizó su votación, esto es, en la sesión del 10 de abril para ser votado en la sesión del 17 abril de 2012, donde finalmente la misma tuvo lugar, con lo cual, de acuerdo con la jurisprudencia constitucional, se cumple la exigencia del anuncio previo consagrada en el artículo 8º del Acto Legislativo 01 de 2003, razón por la cual la corporación no encuentra la ocurrencia de vicio procedimental alguno aun en el caso de haber tenido lugar un supuesto rompimiento de la cadena de anuncios.

Ciertamente, la jurisprudencia constitucional ha dejado en claro, entre otras, en las sentencias C-533 de 2004, C-576 de 2006, C-864 de 2006 y C-141 de 2010, que, aun cuando haya tenido lugar el fenómeno de la ruptura de la cadena de anuncios, no se incurre en un vicio de inconstitucionalidad por desconocimiento del artículo 160 Constitucional, si en la sesión inmediatamente anterior a aquella en que se surte la aprobación del proyecto, éste fue específicamente anunciado para ser sometido a votación en dicha sesión. Esta hipótesis fue la que tuvo lugar en el caso de la ley sometida a revisión, pues, se reitera, luego de una cadena de anuncios y de la situación especial ocurrida en la sesión del 21 de marzo de 2012, en la sesión del 10 de abril de 2012 el proyecto de ley fue anunciado para ser debatido y votado en la sesión del 17 abril de 2012, donde finalmente el mismo fue considerado y aprobado.

b) En segundo debate en la plenaria del Senado, (i) el anuncio del proyecto se llevó a cabo en forma debida, al utilizarse las expresiones “[P]royectos que se discutirán y aprobaran en la próxima sesión”; (ii) el anuncio se realizó en sesión distinta (28 de agosto de 2012) y previa a la votación (29 de agosto de 2012); (iii) la fecha de la votación resulta claramente determinable al haberse hecho uso de la expresión “en la próxima sesión”; y (iv) la votación se llevó a cabo en la sesión indicada en el anuncio, ya que este se hizo el 28 de agosto de 2012, para llevarse a cabo en la próxima sesión, esto es, en la sesión del 29 de agosto de 2012, donde efectivamente se debatió y votó.

c) En el tercer debate en la Comisión Segunda de la Cámara de Representantes, (i) se anunció debidamente el proyecto al emplearse las expresiones “Anuncios de proyectos de ley para discusión y aprobación…”; (ii) el anuncio se realizó en sesión distinta (30 de octubre de 2012) y previa a la votación (7 de noviembre de 2012); (iii) la fecha de la votación resulta claramente determinable al haberse utilizado la expresión “para aprobación en próxima sesión de la Comisión donde se discutan y aprueben proyectos de ley”; y (iv) la votación se llevó a cabo en la sesión indicada en el anuncio, ya que este se hizo el 30 de octubre de 2012, para llevarse a cabo en la próxima sesión, esto es, en la sesión del 7 de noviembre de 2012, donde efectivamente se debatió y votó.

d) En el cuarto debate en la plenaria de la Cámara de Representantes, (i) también se anunció debidamente el proyecto, al emplearse las expresiones “se anuncian los siguientes proyectos para la sesión plenaria del próximo miércoles 28 de noviembre o para la siguiente sesión en la cual se debatan proyectos de ley o actos legislativos de acuerdo al Acto Legislativo 1, de julio 3 de 2003, en su artículo 8º”; (ii) el anuncio se realizó en sesión distinta (26 de noviembre de 2012) y previa a la votación (28 de noviembre de 2012); (iii) la fecha de la votación resulta determinable al haberse utilizado la expresión “para la sesión plenaria del próximo miércoles 28 de noviembre o para la siguiente sesión”; y (iv) la votación se llevó a cabo en la sesión indicada en el anuncio, ya que éste se hizo el 26 de noviembre de 2012, para llevarse a cabo en la próxima sesión, esto es, en la sesión del 28 de noviembre de 2012, donde efectivamente se debatió y votó.

9.8. En los términos descritos, la Corte concluye que la Ley 1594 de 2012, ““Por medio de la cual se aprueba el ‘Tratado sobre asistencia legal mutua en asuntos penales entre la República de Colombia y la Confederación Suiza’, hecho en Davos, Suiza, el 28 de enero de 2011”, cumplió con los requisitos formales impuestos por la Constitución Política para la aprobación de las leyes.

9.9. Verificado el cumplimiento del procedimiento legislativo que dio paso a la expedición de la Ley 1594 de 2012, procede la Corte a examinar si dicha ley, y el instrumento internacional en ella contenido, se ajustan, desde el punto de vista material, a la Constitución Política.

10. Revisión material.

10.1. Contenido del Tratado sobre asistencia legal mutua en asuntos penales entre la República de Colombia y la Confederación Suiza.

10.1.1. El Tratado sobre asistencia legal mutua en asuntos penales, suscrito entre el Gobierno de la República de Colombia y Confederación Suiza, consta de 36 artículos distribuidos en 7 capítulos, los cuales se ocupan de precisar y desarrollar el alcance y límites de la aludida asistencia.

10.1.2. Inicialmente, el preámbulo del tratado hace público el interés que le asiste a las partes por estrechar aún más los lazos de amistad y cooperación que los une, mediante “el fortalecimiento de los mecanismos de cooperación judicial y asistencia muta”, dentro del propósito propuesto de “evitar el incremento de las actividades delictivas”, a lo cual se comprometen con plena observancia de las normas constitucionales y legales de los estados parte, y con total respeto a los principios de derecho internacional —en especial los de soberanía, integridad territorial y no intervención—, el ordenamiento jurídico interno de cada Estado y los principios contenidos en los instrumentos internacionales de derechos humanos.

10.1.3. En ese contexto, el capítulo I, al cual se integran los artículos 1º, 2º, 3º y 4º, corresponde a las disposiciones generales del tratado.

El artículo 1º precisa las obligaciones generales que comprende la asistencia legal en materia penal que se comprometen a prestar los dos estados contratantes. Al respecto, precisa que la asistencia penal será la más amplia posible “en cualquier investigación o proceso con respecto a delitos castigables que, al momento de hacerse la solicitud de asistencia, caigan dentro de la jurisdicción de las autoridades judiciales del Estado solicitante”.

El artículo 2º, por su parte, regula lo referente al alcance de la asistencia, describiendo de manera puntual las medidas que comprende. Tales medidas de asistencia se concreta en: a) tomar testimonio u otras declaraciones; b) transmitir objetos, documentos, registros y evidencia; c) entrega de objetos y activos para propósitos de decomiso, extinción de dominio o devolución; d) intercambio de información; e) registro e personas y propiedades; f) localización e identificación de personas o propiedades; g) Rastreo, incautación y decomiso de cosas producto de delitos; h) Notificación de documentos; i) trasladar personas detenidas con miras a interrogatorios o confrontaciones; j) invitación a testigos o expertos para comparecer y rendir testimonio en el Estado solicitante; y k) cualquier otra asistencia consistente con los objetivos del tratado siempre y cuando no sea incompatible con las leyes del Estado solicitante.

El artículo 3º señala las causales de exclusión del tratado, es decir, los casos en los que no procede la asistencia legal mutua. Sobre el particular, la norma precisa que el tratado no debe aplicarse en los casos de: (i) la ubicación, detención o arresto de personas procesadas, o enjuiciadas por delitos con miras a extradición; y (ii) la ejecución de sentencias penales, incluido el traslado de personas condenadas con el objeto de que se cumpla la sentencia.

El artículo 4º se refiere a las bases para negar o posponer la asistencia. En ese contexto, dispone que la asistencia legal mutua en casos criminales puede ser denegada cuando: a) la solicitud concierne a un delito que el Estado solicitado considera un delito político o conexo; b) la solicitud se refiere a un delito tipificado conforme a la legislación militar pero que no constituye un delito según la legislación penal ordinaria; c) la solicitud concierne a un delito fiscal, (no obstante, el Estado solicitado podrá aceptar una solicitud si el objeto de la investigación o del proceso es fraude tributario); d) el Estado solicitado considera que el cumplimiento de la solicitud es perjudicial para su soberanía, seguridad, orden público u otros intereses esenciales del Estado solicitado, según lo determinen sus autoridades competentes; e) la solicitud se refiere a hechos sobre cuya base la persona procesada ha sido definitivamente condenada o exonerada en el Estado solicitado por un delito en lo esencial similar, siempre y cuando la pena impuesta se estuviere cumpliendo o ya se hubiese cumplido; f) existen bases sustanciales para creer que la solicitud de asistencia ha sido presentada para procesar o castigar a un individuo por su raza, religión, origen étnico, sexo u opiniones políticas, o que el otorgamiento de la solicitud pudiera resultar en el agravamiento de la situación de esta persona por cualquiera de estas razones; g) existen bases sustanciales para creer que el proceso penal en contra de la persona procesada no es conforme a las garantías contenidas en los instrumentos internacionales para la protección de derechos humanos, incluido el Acuerdo internacional en derechos civiles y políticos del 16 de diciembre de 1966; h) la solicitud se relaciona a un delito que acarrea la pena de muerte en el Estado solicitante, a menos que el Estado solicitante entregue las garantías necesarias para que el Estado solicitado considere suficientes, para que no se le imponga la pena de muerte o, si es impuesta, no se lleve a cabo.

La misma norma establece que el Estado solicitado puede posponer el cumplimiento de la solicitud de asistencia legal si su ejecución pudiese interferir en procesos penales en curso en el Estado solicitado.

En relación la posibilidad de negar o posponer el cumplimiento de la solicitud de asistencia legal mutua, el propio artículo 4º prevé que, antes de antes de proceder en uno u otro sentido, el Estado solicitado deberá: a) informar con prontitud al Estado solicitante las razones para considerar, negar o posponer la asistencia; y b) considerar si la asistencia puede darse en los términos y condiciones que se crean necesarias.

10.1.4. El capítulo II, del que hacen parte los artículos 5º, 6º, 7º, 8º, 9º, 10, 11, 12, 13, 14 y 15, desarrolla el tema referente a las solicitudes para la asistencia legal mutua.

El artículo 5º regula lo relacionado con la ley aplicable, señalando que “[l]as solicitudes deberán hacerse de acuerdo a las leyes del Estado solicitando”. La norma aclara que si el Estado solicitante requiere la aplicación de algún procedimiento específico en referencia al cumplimiento de una solicitud para asistencia legal mutua, deberá ser así expresado y el estado solicitado deberá cumplir con la solicitud “si sus leyes no lo prohíben”.

El artículo 6º se refiere al tema de la doble incriminación, precisando que la asistencia se prestará aun cuando el hecho por el cual se procede en el Estado solicitante no sea considerado como delito por la ley del Estado solicitado, aclarando que, en este último caso, no hay lugar a aplicar las medidas coercitivas previstas en el artículo 7º.

El artículo 7º trata sobre las medidas coercitivas, precisando que las mismas incluyen: a) registro de personas y propiedades; b) incautación de evidencia, incluyendo los instrumentos utilizados en la ejecución del delito, así como objetos y activos que constituyan los productos del mismo; c) cualquier medida dirigida a levantar secretos protegidos por la ley penal del Estado solicitado; y d) cualquier otra medida que involucre coerción, de acuerdo a la ley procesal del Estado solicitado.

La misma norma aclara que el cumplimiento de una solicitud que involucre medidas de coerción podrá ser denegado si los hechos descritos en la solicitud no corresponden con los elementos objetivos de un delito sancionable por las leyes del Estado solicitado.

El artículo 8º consagra lo relacionado con las medidas provisionales, señalando que, previa solicitud explícita del Estado solicitante, las medidas provisionales serán ordenadas por la autoridad competente del estado solicitado para preservar la situación existente, para salvaguardar intereses legales que se vean amenazados o para proteger evidencias en peligro, si el procedimiento del que trate la solicitud no aparece obviamente inadmisible o inapropiado bajo las leyes del Estado solicitado.

El artículo 9º se refiere a las personas participantes en el cumplimiento de la asistencia. Destaca que, por solicitud expresa del Estado solicitante, la autoridad central del Estado solicitado establecerá la fecha y lugar del cumplimiento de la solicitud, permitiendo a las personas y autoridades involucradas estar presentes.

El artículo 10 relaciona el tema de la declaración de testigos en el Estado solicitado. Destaca que los testigos deberán ser escuchados de acuerdo a la ley del estado solicitado, pudiendo negarse a testificar si la ley del Estado solicitante lo permite. Aclara que si la negación a testificar se basa en la ley del Estado solicitante, el Estado solicitado deberá remitir el asunto al Estado solicitante para su decisión, explicando las razones de la negativa. Precisa la norma que, en todo caso, el testigo que invoque el derecho a negarse a testificar, no podrá ser sujeto de ninguna penalidad legal en el Estado solicitante por dicha razón.

El artículo 11 se refiere a la transmisión de objetos, documentos, registros o evidencias solicitados, mientras el artículo 12 contempla la posibilidad de poner a disposición de las autoridades del Estado solicitante, los registros y expedientes de los tribunales de justicia del Estado solicitado o de sus autoridades de investigación, incluyendo fallos y resoluciones, si estos fueren importantes para un proceso judicial. Esta última norma aclara que los documentos, registros, expedientes y demás elementos solamente se entregarán si tuvieren relación con una causa cerrada. Si no estuviese cerrada la causa, la autoridad competente del Estado solicitado decidirá si es procedente la entrega.

El artículo 13 consagra la posibilidad de entrega de objetos y activos que sean producto o beneficio de un delito, para propósitos de decomiso o devolución al titular de los mismos, salvo aquellos derechos de terceros de buena fe. Precisa la norma que, por regla general, la entrega procederá sobre la base de una orden o sentencia definitiva y que cause ejecutoria en el Estado solicitante; sin embargo, el Estado solicitado también podrá entregar objetos y bienes en una etapa anterior del proceso.

El artículo 14 dispone la manera en que se hará la repartición de activos decomisados, precisando que se llevará a cabo de acuerdo con las leyes de los países que suscriben el tratado. Sobre el particular, destaca la norma que para la repartición de activos los Estados contratantes celebrarán, para cada caso, los acuerdos o arreglos específicos en los que se determinen las condiciones particulares de la solicitud, entrega y traslado de los activos repartidos.

El artículo 15 señala los límites en el uso de la información, documentos y objetos obtenidos por medio de la asistencia legal pactada en el tratado. Prevé, al respecto, que cualquier información, documentos u objetos que se obtengan por medio de la asistencia legal mutua de acuerdo con el tratado, no deberán ser utilizados para propósitos investigativos, como tampoco deberán usarse como evidencia en el Estado solicitante en ningún proceso que esté relacionado a un delito en el que la asistencia no sea admisible. Resalta que cualquier otro uso deberá estar sujeto a aprobación por parte del Estado solicitado, la cual no será necesaria si: a) los hechos que son base de la solicitud constituyen otro delito que pueda otorgar asistencia legal mutua;b) ll proceso penal extranjero está dirigido a otras personas que hayan participado en el delito; o c) los materiales son utilizados para una investigación o proceso concerniente a la compensación por daños relacionados a un proceso por el cual se haya otorgado asistencia.

10.1.5. El capítulo III, integrado por los artículos 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22 y 23, trata sobre las notificaciones y comparecencias.

El artículo 16 señala la forma como deben ser notificadas las providencias judiciales.

El artículo 17 dispone acerca de la comparecencia de testigos o expertos en el Estado solicitante. Al respecto, resalta que si el Estado solicitante considera necesaria la comparecencia en persona de un testigo o experto ante las autoridades judiciales, esto deberá ser mencionado en la solicitud de notificación y el Estado solicitado deberá invitar a los mismos a comparecer en el territorio del Estado solicitante. En esos casos, el Estado solicitante deberá, sin demora alguna, comunicar por escrito al Estado solicitante, la decisión tomada por parte de dicho testigo o experto con respecto a la invitación. Aclara la norma que el testigo o experto que acepte asistir al Estado solicitante podrá requerir que ese Estado le otorgue un anticipo para sus gastos de viaje y estadía.

El artículo 18 regula la forma en la que los gastos de viaje y estadía serán pagados por el Estado solicitante al testigo o experto que deba comparecer.

El artículo 19 establece el principio de no responsabilidad ante el incumplimiento a comparecer. Dispone que el testigo o experto que no cumpla con una orden de comparecencia, o notificación por la cual sea requerido, no deberá, así sea que la citación contenga una notificación de penalidad, estar sujeto a ningún tipo de castigo o medida sancionatoria, a menos que esta persona subsecuentemente ingrese voluntariamente al territorio del Estado solicitante y sea citado nuevamente en forma legal.

El artículo 20 regula lo referente al salvoconducto o inmunidad en favor de los testigos, expertos o personas que comparezcan ante las autoridades del Estado solicitante, previendo lo siguiente: (i) sea cual sea su nacionalidad, el que decida comparecer ante el Estado solicitante, no deberá ser procesado o detenido o sujeto a cualquier otro tipo de restricción de su libertad, en el territorio de ese Estado, con respecto a actos y condenas previas a su salida del territorio del Estado Solicitado; (ii) la persona, sea cual sea su nacionalidad, que haya sido citada para comparecer ante las autoridades judiciales del Estado solicitante, y deba responder por actos que conforman el proceso en su contra, no deberá ser procesada o detenida o estar sujeta a cualquier tipo de restricción de su libertad, por actos o condenas previas a su salida del territorio del Estado solicitado y no especificados en la citación; (iii) sin su consentimiento por escrito, la persona citada no deberá ser requerida a testificar de acuerdo al contexto de un proceso diferente de ese que forma las bases de la solicitud para asistencia legal mutua; (iv) la inmunidad cesará luego de que el compareciente termine los servicios prestados y luego de tener 30 días consecutivos para salir del Estado solicitante, y aun así, no lo ha hecho o habiendo salido, decide volver a ingresar a ese Estado.

El artículo 21 define el alcance del testimonio, precisando que la persona que comparezca a una citación en el Estado solicitante podrá requerírsele rendir testimonio, suministrar evidencias a menos que por ley de cualquiera de los estado contratantes, esta persona tenga el derecho a negarse.

El artículo 22 se ocupa del traslado temporal de personas detenidas y de la posibilidad de su denegación. En esa orientación, señala que una persona detenida, cuya comparecencia como testigo o para propósitos de confrontación se requiera por el Estado solicitante, deberá ser temporalmente trasladada al lugar donde se llevará a cabo la audiencia, debiendo ser devuelta al territorio del Estado solicitado dentro de un período estipulado por este, y estar sujeto a las disposiciones del artículo 20 del presente tratado en la medida en que estas puedan aplicarse. Dispone igualmente la norma, que el traslado podrá ser denegado si: a) la persona bajo custodia no lo acepta; b) su presencia es necesaria en un proceso penal pendiente en el territorio del Estado solicitado; c) el traslado puede prolongar el tiempo de su detención; o d) si existen otras razones preponderantes para no trasladar a la persona al territorio del Estado solicitante.

El artículo 23, a su vez, menciona las reglas referentes a las entregas controladas. Dispone el precepto que cada Estado contratante es el encargado de garantizar que, a petición del otro Estado contratante, se puedan permitir las entregas controladas en su territorio sobre un marco de investigaciones penales en delitos objeto de extradición. La decisión de llevar a cabo entregas controladas, debe asumirse de manera individual para cada caso, por parte de las autoridades competentes del Estado solicitado, en lo que respecta a la legislación nacional de dicho Estado. Las entregas controladas deben hacerse de acuerdo a los procedimientos del estado solicitado, siendo competentes para actuar, dirigir y controlar las operaciones, las autoridades competentes de dicho Estado.

10.1.6. El capítulo IV está integrado por un solo artículo, el artículo 24, el cual se ocupa de los registros judiciales e intercambio de información, concretamente, en los aspectos de actualización de los registros y la forma en que dicha información debe ponerse a disposición de cada uno de los países contratantes.

10.1.7. El capítulo V, del que forman parte los artículos 25, 26, 27, 28, 29, 30 y 31, regula los procedimientos y canales de transmisión para la adecuada asistencia legal mutua.

El artículo 25 define las autoridades centrales de cada uno de los países contratantes que son competentes para proveer la asistencia mutua. Se específica que por parte de la Confederación Suiza serán la Oficina Federal de Justicia del Departamento Federal de Justicia y Policía, y por parte de la República de Colombia serán la Fiscalía General de la República y el Ministerio del Interior y de Justicia, en el ámbito de sus funciones.

Los artículos 26, 27 y 28 regulan lo relacionado con: (i) la forma en que debe presentarse la solicitud de asistencia y los canales en que será trasmitida (art. 26), (ii) los elementos mínimos que debe contener la solicitud para que la misma pueda ser adecuadamente tramitada (art. 27), y (iii) el cumplimiento de la solicitud (art. 28).

El artículo 29 trata el tema de la exención de legalización, autenticación y otros requisitos formales para los documentos, registros, declaraciones y cualquier material trasmitido de acuerdo a lo estipulado en el tratado de asistencia.

El artículo 30 determina los idiomas en que se deberán formular las solicitudes y las respuestas a las mismas en el marco del tratado. Destaca la norma que cualquier solicitud llevada a cabo por la Confederación Suiza, así como sus anexos, deberán ser traducidos al castellano, mientras que cualquier solicitud presentada por la República de Colombia, así como sus anexos, deberán ser traducidas a uno de los idiomas oficiales de la Confederación Suiza (francés, alemán o italiano), el que será especificado en cada caso por la autoridad central Suiza. Resalta la disposición que la traducción de los documentos elaborados u obtenidos como resultado del cumplimiento de la solicitud corresponderá al Estado solicitante, y que las traducciones hechas por los Estados contratantes tienen carácter oficial.

El artículo 31 se ocupa de los costos y desembolsos relacionados con el cumplimiento de la solicitud, previendo que están a cargo del Estado solicitante los relacionados con viáticos, viaje y estadía, traslado y honorarios, cuando haya lugar y corresponda, en favor de testigos, personas detenidas y expertos.

10.1.8. El capítulo VI solo está integrado por el artículo 32, que se ocupa de lo relacionado con la transmisión espontánea de información y la posibilidad de que se impongan condiciones en el uso de tal información por parte del Estado que la suministre.

10.1.9. El capítulo VII está compuesto por los artículos 33, 34, 35 y 36, que corresponden a las disposiciones finales del tratado.

En su orden, los artículos 33 y 34, se ocupan de la compatibilidad del convenio con otros tratados y otras formas de cooperación (art. 33) y de las consultas que en la implementación y aplicación del tratado pueden llevar a cabo entre sí las autoridades centrales de cada país.

El artículo 35 define los mecanismos de solución de las controversias que se deriven de la interpretación, aplicación o implementación del tratado, disponiendo que las mismas se resuelvan “por la vía diplomática, si las autoridades centrales no lograren llegar a un acuerdo”.

Por último, el artículo 36 dispone sobre la entrada en vigor y terminación del tratado.

10.2. Estudio de constitucionalidad del tratado.

10.2.1. El tratado bilateral que es objeto de análisis en la presente causa, suscrito entre la República de Colombia y la Confederación Suiza, constituye un instrumento de colaboración y asistencia legal mutua en materia penal, aplicable a las investigaciones o procesos sobre delitos con influencia trasnacional.

Mediante el referido instrumento se busca, entonces, la concertación eficiente de los dos países, en procura de unir esfuerzos para enfrentar una grave realidad que, en mayor o menor medida, afecta a una gran parte de Naciones del mundo, como es el aumento del delito en sus diversas modalidades, el cual viene adquiriendo dimensiones trasnacionales.

10.2.2. Dentro de ese contexto, su objetivo se concreta en el fortalecimiento de los mecanismos de cooperación judicial entre el Estado colombiano y la Confederación Suiza, con el propósito de evitar el incremento de las actividades delictivas y facilitar la toma de medidas cautelares o definitivas sobre el producto e instrumentos del hecho punible, teniendo en cuenta, como se ha dicho, que el crimen es hoy en día un fenómeno que desborda y trasciende las fronteras entre las naciones.

10.2.3. Sobre este tipo específico de tratados, la Corte ha tenido oportunidad de pronunciarse en múltiples ocasiones, a propósito del control oficioso de constitucionalidad llevado a cabo por la corporación sobre instrumentos de la misma naturaleza suscritos por Colombia con distintos países. Al respecto, ha expresado este tribunal que los tratados o convenios bilaterales sobre asistencia legal mutua en materia penal, “se encuentran enmarcados en las dinámicas contemporáneas del derecho internacional, según las cuales este debe ser un instrumento facilitador para la prevención, control y represión de las distintas formas de delincuencia en el hemisferio, a través del fortalecimiento de los mecanismos de cooperación judicial y de asistencia mutua en materia penal, así como en la coordinación de acciones y ejecución de programas que permitan alcanzar dicho objetivo, con la debida observancia de las normas constitucionales, legales y administrativas de cada régimen interno y el respeto a los principios generales del derecho internacional”.

10.2.4. Tal y como lo ha sostenido este tribunal(35), los tratados de cooperación o asistencia judicial mutua en materia penal, tanto en su estructura general, como en el contenido específico de sus disposiciones, se inspiran en el “Tratado modelo de asistencia recíproca en asuntos penales”, adoptado por la Asamblea General de las Naciones Unidas, mediante la Resolución 112 del 9 de diciembre de 1998. Dicho instrumento, si bien carece por sí mismo de fuerza vinculante, acorde con las razones que inspiraron su expedición, es el comúnmente utilizado por los Estados miembros de la Organización de Naciones Unidas, como guía para articular y armonizar los instrumentos de colaboración judicial bilateral que se deciden a suscribir. En la Sentencia C-187 de 1999(36), la Corte explicó el contexto en que se expidió del tratado modelo, precisando que:

“La importancia de la colaboración en materia penal, obtuvo receptividad en el ámbito de la Organización de las Naciones Unidas, de suerte que la Asamblea General logró aprobar(37) un ‘Tratado modelo de asistencia recíproca en asuntos penales’, para que los Estados miembros al celebrar en adelante esta clase de convenios, cuenten con un mecanismo eficaz que repercuta favorablemente en los resultados de las investigaciones penales sobre delitos con influencia transnacional, con expectativas más amplias que las contempladas en la Convención de Viena de 1988, por cuanto se extiende el campo de aplicación de la asistencia judicial recíproca a distintas materias de orden penal y se precisan otros aspectos relativos a esa asistencia”.

10.2.5. Como ya se indicó, siguiendo el tratado modelo, Colombia ha suscrito un número considerable de instrumentos internacionales de cooperación judicial en materia penal, los cuales, a su vez, han sido objeto de revisión por parte de esta corporación, quien los ha encontrado ajustados a la Constitución, tras encontrar que sus cláusulas se encuentran conformes “con los postulados constitucionales de respeto a la soberanía nacional, la autodeterminación de los pueblos y el reconocimiento de los principios de derecho internacional, permitiendo a la vez la defensa de la estabilidad del sistema democrático y los principios en que se funda un Estado social de derecho como el nuestro, al igual que el cabal cumplimiento de la función pública de administrar justicia”(38).

10.2.6. Los tratados o convenios de cooperación judicial en materia penal que han sido revisados por esta corporación, y que han sido declarados exequibles, se encuentran contenidos en los siguientes pronunciamientos:

— 1. Sentencia C-187 de 1999, mediante la cual la Corte llevó a cabo la revisión oficiosa de la Ley 451 del 4 de agosto de 1998 por medio de la cual se aprueba el “Convenio de cooperación judicial en materia penal entre la República de Colombia y el Reino de España” suscrito en la ciudad de Bogotá, el 29 de mayo de 1997.

— 2. Sentencia C-224 de 1999, mediante la cual la Corte llevó a cabo la revisión oficiosa de la Ley 453 de 1998, aprobatoria del “Convenio de asistencia judicial mutua en materia penal entre el Gobierno de la República de Colombia y el Gobierno de la República Francesa”, suscrito en París, el 21 de marzo de 1997.

— 3. Sentencia C-225 de 1999, mediante la cual la Corte llevó a cabo la revisión oficiosa de la Ley 462 del 4 de agosto de 1998, Por medio de la cual se aprueba el “Acuerdo entre el Gobierno de la República de Colombia y el Reino Unido de Gran Bretaña e Irlanda del Norte sobre mutua asistencia en materia penal”, suscrito en Londres, el once (11) de febrero de mil novecientos noventa y siete (1997).

— 4. Sentencia C-253 de 1999, mediante la cual la Corte llevó a cabo la revisión oficiosa de la Ley 450 del 4 de agosto de 1998, Por medio de la cual se aprueba el “Acuerdo sobre asistencia legal y cooperación judicial mutua entre el Gobierno de la República de Colombia y el Gobierno de la República de Panamá”, hecho en la ciudad de Panamá el diecinueve (19) de noviembre de mil novecientos noventa y tres (1993)”.

— 5. Sentencia C-404 de 1999, mediante la cual la Corte llevó a cabo la revisión oficiosa de la Ley 452 del 4 de agosto de 1998, “Por medio de la cual se aprueba el Acuerdo de cooperación judicial en materia penal entre el Gobierno de la República de Colombia y el Gobierno de la República del Paraguay”, hecho en Bogotá, el treinta y uno (31) de julio de mil novecientos noventa y siete (1997).

— 6. Sentencia C-522 de 1999, mediante la cual la Corte llevó a cabo la revisión oficiosa de la Ley 492 del 21 de enero de 1999, “Por medio de la cual se aprueba el Acuerdo de asistencia judicial en materia penal entre la República de Colombia y la República de Argentina”, hecho en Buenos Aires, el tres (3) de abril de mil novecientos noventa y siete (1997).

— 7. Sentencia C-206 de 2000, mediante la cual la Corte llevó a cabo la revisión oficiosa de la Ley 519 de 4 de agosto de 1999 “Por medio de la cual se aprueba el Convenio de Cooperación judicial y asistencia mutua en materia penal entre la República de Colombia y la República del Ecuador”, suscrito en Bogotá, el 18 de diciembre de 1996.

— 8. Sentencia C-324 de 2000, mediante la cual la Corte llevó a cabo la revisión oficiosa de la Ley 512 del 4 de agosto de 1999 “por medio de la cual se aprueba el “Acuerdo de cooperación judicial y asistencia mutua en materia penal entre la República de Colombia y la República Federativa del Brasil”, suscrito en la ciudad de Cartagena de Indias, el 7 de noviembre de 1997.

— 9. Sentencia C-1184 de 2000, mediante la cual la Corte llevó a cabo la revisión oficiosa de la Ley 568 del 2 de febrero de 2000, por medio de la cual se aprueba el “Convenio de cooperación judicial en materia penal entre la República de Colombia y la República Oriental del Uruguay”, suscrito en la ciudad de Bogotá, el 17 de febrero de 1998.

— 10. Sentencia C-1259 de 2000, mediante la cual la Corte llevó a cabo la revisión oficiosa de la Ley 567 de 2 de febrero de 2000, “Por medio de la cual se aprueba el ‘Acuerdo de cooperación judicial y asistencia judicial en materia penal entre el Gobierno de la República de Colombia y el Gobierno de la República de Venezuela”, suscrito en Caracas el veinte (20) de febrero de mil novecientos noventa y ocho (1998).

— 11. Sentencia C-1334 de 2000, mediante la cual la Corte llevó a cabo la revisión oficiosa de la Ley 569 del 2 de febrero del año 2000, “Por medio de la cual se aprueba el Acuerdo de cooperación en materia de asistencia jurídica entre el Gobierno de la República de Colombia y el Gobierno de los Estados Unidos Mexicanos, hecho en la ciudad de México el día siete (7) de diciembre de mil novecientos noventa y ocho (1998)”.

— 12. Sentencia C-280 de 2001, mediante la cual la Corte llevó a cabo la revisión oficiosa de la Ley 593 de 2000, por medio de la cual se aprueba el “Convenio entre el Gobierno de la República de Colombia y el Gobierno de la República de Cuba sobre asistencia jurídica mutua en materia penal”, firmado en la ciudad de La Habana, el trece (13) de marzo de mil novecientos noventa y cinco (1998).

— 13. Sentencia C-861 de 2001, mediante la cual la Corte llevó a cabo la revisión oficiosa de la Ley 630 del 27 de diciembre de 2000, “Por medio de la cual se aprueba el ‘Acuerdo entre el Gobierno de la Republica de Colombia y el Gobierno de la República Dominicana sobre asistencia mutua en materia penal”, suscrito en Santo Domingo, República Dominicana, el veintisiete (27) de julio de mil novecientos noventa y ocho (1998).

— 14. Sentencia C-974 de 2001, la Corte Constitucional declaró la exequibilidad pura y simple dela Ley 636 de 2001, por medio de la cual se aprobó la “Convención interamericana sobre asistencia mutua en materia penal”, suscrita en Nassau, Bahamas, el veintitrés (23) de mayo de mil novecientos noventa y dos (1992) y el “Protocolo facultativo relativo a la Convención interamericana sobre asistencia mutua en materia penal”, suscrito en Managua, Nicaragua, el once (11) de junio de mil novecientos noventa y tres (1993).

— 15. Sentencia C-291A de 2003, mediante la cual la Corte llevó a cabo la revisión oficiosa de la Ley 761 de 2002 ‘Por medio de la cual se aprueba el tratado entre la República de Colombia y la República Popular China sobre asistencia judicial en materia penal”, firmado en Beijing, el catorce (14) de mayo de mil novecientos noventa y nueve (1999).

— 16. Sentencia C-533 de 2004, mediante la cual la Corte llevó a cabo la revisión oficiosa de la Ley 840 del 2 de octubre del año 2003 por medio de la cual se aprueba el “Tratado sobre cooperación judicial mutua entre el Gobierno de la República de El Salvador y el Gobierno de la República de Colombia”, suscrito en Cartagena de Indias, a los diez (10) días del mes de junio de mil novecientos noventa y cuatro (1994).

— 17. Sentencia C-619 de 2004, mediante la cual la Corte llevó a cabo la revisión oficiosa de la Ley 879 del 2 de enero de 2004 “Por medio de la cual se aprueba el Acuerdo entre el Gobierno de la República de Colombia y el Gobierno de la República Dominicana sobre asistencia mutua en materia penal”, hecho en Santo Domingo, República Dominicana, el 27 de junio de 1998.

— 18. Sentencia C-939 de 2008, mediante la cual la Corte llevó a cabo la revisión oficiosa de la Ley 1179 del 31 de diciembre de 2007, ‘por medio de la cual se aprueba el “Protocolo adicional al Convenio de cooperación judicial en materia penal entre la República de Colombia y el Reino de España, de 29 de mayo de 1997” suscrito en Madrid, el 12 de julio de 2005.

— 19. Sentencia C-677 de 2013, mediante la cual la Corte adelantó la revisión oficiosa de la Ley 1596 del 21 de noviembre de 2012, por medio de la cual se aprueba el “Tratado entre la República de Colombia y la Federación de Rusia sobre asistencia legal recíproca en material penal”, suscrito en Moscú, Rusia, el 6 de abril de 2010.

10.2.7. En el caso del tratado que en esta oportunidad es objeto de estudio, advierte la Corte que el mismo también se adecua al modelo adoptado por la Asamblea General de las Naciones Unidas. En efecto, el presente tratado bilateral de asistencia legal mutua en materia penal, como ocurre con el tratado modelo, persigue el objetivo de fortalecer los mecanismos de cooperación judicial entre los Estados contratantes, en este caso, entre el Estado colombiano y la Confederación Suiza, dentro del propósito de facilitar y tecnificar la lucha contra la delincuencia transnacional que ha sido considerada como una responsabilidad compartida de la comunidad internacional. Dentro de ese contexto, contiene también, al igual que el tratado modelo, unos presupuestos generales y específicos que determinan su ámbito de aplicación, como son: el alcance de la asistencia; las causales de exclusión, denegación y suspensión de la de la asistencia; el contenido y trámite de la solicitud; la protección de la confidencialidad; la doble incriminación; las medidas coercitivas y provisionales; la recepción de testimonios; la posibilidad de que las personas detenidas y otras presten testimonio o asistencia en investigaciones; la inmunidad; la entrega de documentos y las inspecciones e incautaciones; y, en general, aspectos relativos a la exención de legalización, consultas, solución de controversias, entrada en vigor y denuncia. De igual manera, dicho tratado parte de considerar que los Estados comprometidos a dar curso a las solicitudes, están en total disposición de prestar “la más amplia asistencia legal mutua”, siempre y cuando la misma resulte compatible con su propio ordenamiento jurídico.

10.2.8. Así entendido, la Corte considera que, de manera general, el tratado bajo examen se ajusta a la Constitución Política. En efecto, conforme lo ha reconocido esta corporación en anteriores pronunciamientos, perseguir el delito y establecer formas de cooperación alrededor de tal propósito, son objetivos que, antes que oponerse a la Constitución, propenden por el desarrollo y aplicación de algunos de sus contenidos. Ciertamente, las medidas adoptadas conjuntamente por los Estados contratantes mediante el referido instrumento, por una parte, coadyuvan al propósito de dar cumplimiento a los fines esenciales del Estado previstos en el artículo 2º de la Carta, en particular, al logro de la convivencia pacífica y la vigencia de un orden justo, y, por la otra, aseguran el respeto al orden jurídico en los términos del artículo 4º del mimo estatuto superior, al tiempo que constituyen una forma de promover la internacionalización de las relaciones del país fomentadas por el propio artículo 226 de la Carta.

10.2.9. De igual manera, propiciar la más amplia asistencia legal mutua dentro de cualquier investigación o proceso penal, facilitando la toma de medidas cautelares o definitivas sobre el producto e instrumentos del hecho punible, como lo propone el tratado, permite realizar el principio de eficiencia en la administración de justicia (C.P., art. 228), toda vez que la asistencia que en ese campo le pueden prestar los otros Estados contratantes le permitirá al país superar las barreras territoriales regionales que le dificultan adelantar las investigaciones necesarias para sancionar conductas delictivas cuando el recaudo de las pruebas, y otras actuaciones procesales indispensables, requieren ser adelantadas en otro Estado. Asimismo, la aludida cooperación contribuye al propósito de garantizar el derecho al debido proceso de las personas que puedan resultar involucradas en las actuaciones previstas por dicho instrumento (C.P., art. 29), en el entendido también que el acceso a pruebas que se encuentren fuera del territorio nacional constituye un mecanismo que permite aumentar el conjunto de garantías de que dispone el procesado para su defensa.

10.2.10. El tratado bajo estudio se inscribe también dentro de los parámetros de respeto a la soberanía nacional y a la autodeterminación de los pueblos, que, de acuerdo con el artículo 9º de la Constitución Política, deben presidir, en armonía con los principios de derecho internacional, las relaciones exteriores de Colombia. Así, el tratado, desde su preámbulo, si bien propicia por el fortalecimiento de los mecanismos de cooperación judicial mutua entre los Estados contratantes, reconoce la necesidad de que la cooperación se lleve a cabo con plena observancia “de las normas constitucionales y legales de sus Estados, así como el respeto a los principios del derecho internacional, en especial de soberanía, integridad territorial y no intervención y el respeto por el ordenamiento jurídico interno de cada una de las partes”.

El propósito perseguido por el tratado, de desarrollarse y aplicarse con respeto al derecho interno de los Estados, es a su vez reiterado en varias de sus disposiciones, entre otras, en los artículos 2º, 5º, 7º, 8º, 14, 23 y 24. Así, por ejemplo, el artículo 4º prevé la posibilidad de denegación de la asistencia cuando el Estado solicitado considere “que el cumplimiento de la misma es perjudicial para su soberanía, seguridad, orden público u otros intereses esenciales…”, al tiempo que el artículo 5º precisa que las solicitudes para asistencia mutua “deberán hacerse de acuerdo a las leyes del Estado solicitado”. Del mismo modo, deja claro el tratado que para el desarrollo y aplicación del mismo deben tomarse en cuenta los principios contenidos en los instrumentos internacionales de derechos humanos, lo cual no deja duda sobre el interés de las partes de llevar a cabo la cooperación mutua con pleno respeto de los derechos y garantías de las personas que puedan resultar comprometidas.

10.2.11. Por consiguiente, la Corte constata que, de manera general, el instrumento que se examina resulta armónico con la Constitución, en cuanto garantiza el respeto por la soberanía nacional, a la par que implementa un mecanismo adecuado de represión del delito y con ello de realización del orden social justo por el que propende nuestra Carta fundamental.

10.2.12. Con respecto a las normas que establecen los términos y condiciones en que se va a prestar la asistencia legal mutua en materia penal, advierte la corporación que su estructura coincide en gran medida con las de otros tratados o acuerdos de cooperación judicial en materia penal que han sido suscritos por la República de Colombia, los cuales, a su vez, tal y como se ha destacado, han sido declarados exequibles por esta corporación al encontrar que los mismos se ajustan a la Constitución Política.

10.2.13. En ese sentido, guardando coherencia con los pronunciamientos anteriores, una vez revisadas las disposiciones que integran el instrumento sometido a control, la Corte considera que las mismas resultan acorde con la Carta Política. En efecto, las reglas correspondientes a: las disposiciones generales del tratado (capítulo I); solicitudes para asistencia legal mutua (capítulo II); notificaciones y comparecencias (capítulo III); registros judiciales e intercambio de información de los registros judiciales (capítulo IV); procedimiento y canales de transmisión (capítulo V); transmisión espontánea (capítulo VI); y disposiciones finales (capítulo VII), no contravienen ningún mandato constitucional y están llamadas a aplicarse con estricto cumplimiento de los respectivos ordenamientos jurídicos de los estados contratantes, y bajo la observancia de las normas constitucionales, legales y administrativas de cada país, así como también, con plena observancia de los principios de soberanía, integridad territorial y no intervención. Sin embargo, encuentra la Corte que algunas medidas concretas, que ya han sido consignadas en otros tratados de cooperación, merecen especial comentario, como lo hizo en su oportunidad la corporación cuando llevo a cabo la revisión constitucional de tales instrumentos.

10.2.14. Así las cosas, la Corte considera preciso analizar de manera particular los siguientes temas contenidos en el tratado que se revisa: (i) la posibilidad de solicitud de decomiso de bienes (arts. 2º, 13 y 14); (ii) la doble incriminación (arts. 6º y 7º); (iii) la comparecencia y traslado de personas —detenidas o no— al Estado solicitante (arts. 17, 19, 20 y 22); y (iv) la solución de controversias (art. 35).

10.2.15. Dentro del capítulo I, el artículo 2º del tratado, al regular lo referente al alcance de la asistencia, establece como una de las medidas de cooperación el “decomiso de cosas producto de delitos”. A la figura del decomiso se refieren también los artículos 13 y 14, integrados al capítulo II del citado instrumento, los cuales consagran la posibilidad de entrega y repartición de los objetos y activos decomisados.

10.2.15.1. Frente al “decomiso”, previsto en la mayoría de instrumentos de cooperación judicial en materia penal suscritos por Colombia, la Corte ha tenido oportunidad de pronunciarse, a propósito de las dudas sobre su constitucionalidad, generadas por el hecho de que el artículo 58 de la Carta Política protege la propiedad privada y los derechos adquiridos, y se ha entendido que el decomiso podría llegar a confundirse con la extinción definitiva de dominio, la cual requiere un trámite propio que dé garantías.

10.2.15.2. Al respecto, ha precisado la corporación que la validez constitucional de la medida de “decomiso”, depende de que su aplicación y desarrollo se surta con estricta sujeción al ordenamiento jurídico interno y no como una extinción definitiva de dominio sin el previo desarrollo de un debido proceso(39). Sobre este particular, la jurisprudencia ha explicado que, a luz de la Constitución Política, la aplicación del decomiso plantea la necesidad de que exista un motivo previamente definido en la ley (C.P., art 29) y que el mismo sea declarado mediante sentencia judicial, como consecuencia de un debido proceso en el cual se haya observado la plenitud de las formas propias del juicio(40). Sobre el particular, explicó la Corte en la Sentencia C-280 de 2001(41):

“Puede decirse entonces, que partiendo de un análisis sistemático del acuerdo, es claro que el artículo 2º literal g), y las otras normas arriba descritas hacen referencia a “bienes decomisados de manera definitiva”, tal y como lo describe el artículo 2º. Lo anterior indica que al ser definitiva la disposición sobre tales bienes, debe haberse surtido un procedimiento judicial previo y concluyente para llegar a esa situación.

(...)

“[Tanto en lo referente al decomiso como en lo atinente a la extinción de dominio, la Convención de Naciones Unidas contra el tráfico ilícito de estupefacientes] se ha planteado entonces, la necesidad de que:

“exista un motivo previamente definido en la ley (C.P., art. 29) y que ellas sean declaradas mediante sentencia judicial, como consecuencia de un debido proceso en el cual se haya observado la plenitud de las formas del juicio (C.P., arts. 29 y 34)(42) (las subrayas son fuera del texto)”(43).

10.2.15.3. Conforme con dichas premisas, ha destacado igualmente este tribunal que “la simple inclusión del término decomiso no conlleva en sí la inconstitucionalidad de un tratado; [pues] se debe determinar el alcance que se le da a este término en el instrumento internacional en estudio”(44).

10.2.15.4. En el tratado que es materia de revisión, el numeral 2º del artículo 13 señala expresamente que la ejecución de órdenes de decomiso, es decir, la entrega de objetos y activos decomisados, “procederá sobre la base de una orden o sentencia definitiva y que cause ejecutoria en el Estado solicitante”. En concordancia con dicha regla, el artículo 14 del mismo instrumento prevé la aplicación del “decomiso” y la repartición de los activos decomisados conforme al derecho interno de los Estados contratantes. A este respecto la citada disposición establece que: “los Estados contratantes asumen una alta responsabilidad en la cooperación en asuntos de repartición [de activos decomisados] de acuerdo a sus leyes nacionales”.

A lo anterior se agrega que, en el preámbulo y en varias de sus normas (arts. 2º y 5º), el tratado deja claro que la cooperación debe llevarse a cabo con plena observancia de las normas constitucionales y legales de los Estados y con el respeto por el ordenamiento jurídico interno de cada una de las partes, premisas que deben entenderse extendidas también al tema del decomiso y a la posibilidad de compartir el valor de los bienes obtenidos como resultado de la ejecución de una orden de decomiso a que hacen mención los artículos 13 y 14 del referido instrumento.

10.2.15.5. De este modo, debe concluir la Corte que, en cuanto una interpretación sistemática del tratado permite establecer que la medida de “decomiso” a que el mismo se refiere, solo tiene lugar si ha sido decretada mediante un fallo judicial definitivo proferido de acuerdo con la Constitución y la ley, y que el alcance de la figura es el que tiene en el derecho interno colombiano (arts. 13 y 14 del tratado), las previsiones sobre el tema se ajustan al orden superior, en particular, a los artículos 29 y 58 constitucionales referentes a las garantías del derecho al debido proceso y a la propiedad.

10.2.16. En el capítulo II, los artículos 6º y 7º del tratado se refieren a los temas de la doble incriminación y las medidas coercitivas. Al respecto, el artículo 6º prevé que la asistencia se prestará aun cuando el hecho por el cual se procede en el Estado solicitante no sea considerado como delito por la ley del Estado solicitado, a excepción de las medidas coercitivas previstas en el artículo 7º.

10.2.16.1. Acorde con lo anterior, el artículo 7º precisa que el cumplimiento de una solicitud que involucre medidas de coerción podrá ser denegado si los hechos descritos en la solicitud no corresponden con los elementos objetivos de un delito sancionable por las leyes del Estado solicitado. Conforme con ello, la misma norma establece las medidas coercitivas, precisando que ellas incluyen: a) registro de personas y propiedades; b) incautación de evidencia, incluyendo los instrumentos utilizados en la ejecución del delito, así como objetos y activos que constituyan los productos del mismo; c) cualquier medida dirigida a levantar secretos protegidos por la ley penal del Estado solicitado; y d) cualquier otra medida que involucre coerción, de acuerdo a la ley procesal del Estado solicitado.

10.2.16.2. Pues bien, de conformidad con lo dispuesto en los citados artículos, en el tratado bajo examen es posible prestar la asistencia en materia judicial aun cuando el hecho por el cual se procede en el Estado solicitante no sea considerado delito por el Estado solicitado, salvo que se trate de la (i) ejecución de registro de personas y propiedades, (ii) incautación de evidencia (incluyendo los instrumentos utilizados en la ejecución del delito, así como objetos y activos que constituyan los productos del mismo), (iii) cualquier medida dirigida a levantar secretos protegidos y (iv) cualquier otra medida que involucre coerción, casos en los cuales debe entenderse que la asistencia se prestará, sólo si la legislación del Estado solicitado prevé como delito el hecho por el cual se procede en el Estado solicitante.

10.2.16.3. Al analizar cláusulas similares, contenidas en otros convenios de cooperación judicial en materia penal, donde se prevé la doble incriminación pero se excluye su ejecución frente a medidas coercitivas, como ocurre en el presente caso, la Corte ha considerado que la aplicación de la figura y las restricciones que a la misma se imponen, no solo no desconocen ningún precepto constitucional, sino que armonizan con la filosofía que subyace en nuestro ordenamiento superior, en la medida que:

“La asistencia judicial,... es un mecanismo de cooperación entre Estados. Los límites a dicha cooperación están dados por el respeto a los derechos de las personas eventualmente afectadas. Por lo tanto, no es menester que la asistencia se sujete a que el hecho investigado se considere delito. Sin embargo, sí resulta indispensable que, frente a ciertas actuaciones que pueden afectar garantías previstas en la Constitución, se atiendan los procedimientos y cautelas previstos en las normas nacionales.

[El artículo 2º del convenio] “... se endereza en esa dirección cuando exige que la realización de ciertos actos se sujete al carácter punible del hecho investigado, ya que, de esta manera, se asegura que existirá en el ordenamiento interno normas que regulan la actuación estatal frente a la asistencia solicitada”(45).

10.2.16.4. Dicha posición fue la adoptada por la Corte, entre otras, en las siguientes sentencias: C-522 de 1999, mediante la cual la Corte llevó a cabo la revisión oficiosa de la Ley 492 del 21 de enero de 1999, “Por medio de la cual se aprueba el Acuerdo de asistencia judicial en materia penal entre la República de Colombia y la República de Argentina”; C-406 de 1999, mediante la cual la corporación llevó a cabo la revisión oficiosa de la Ley 452 del 4 de agosto de 1998, “Por medio de la cual se aprueba el Acuerdo de cooperación judicial en materia penal entre el Gobierno de la República de Colombia y el Gobierno de la República del Paraguay”; y C-1259 de 2000, donde la Corte adelantó la revisión oficiosa de la Ley 567 de 2 de febrero de 2000, “Por medio de la cual se aprueba el ‘Acuerdo de cooperación judicial y asistencia judicial en materia penal entre el Gobierno de la República de Colombia y el Gobierno de la República de Venezuela”.

10.2.16.5. En el presente caso, la Corte acoge el criterio expuesto en los citados fallos, en cuento que, como quedó explicado, por virtud de lo dispuesto en los artículos 6º y 7º del tratado, si bien es posible extender la asistencia en el caso de que no exista la doble incriminación, la misma tiene en realidad una aplicación restringida, en el sentido que no procede respecto de ciertas actuaciones que puedan afectar garantías previstas en la Constitución, como ocurre con las medidas coercitivas, frente a lo cual se entiende que la asistencia se prestará, sólo si la legislación del Estado solicitado prevé como delito el hecho por el cual se procede en el Estado solicitante.

10.2.16.6. Bajo tal supuesto, en el tratado que se revisa no resulta del caso aplicar el precedente fijado recientemente por la Corte en la Sentencia C-677 de 2013, en la que se declaró exequible el artículo 1º, párrafo 2, del “Tratado entre la República de Colombia y la Federación de Rusia sobre Asistencia legal recíproca en materia penal suscrito en Moscú, Rusia, el 6 de abril de 2010”, bajo la declaración interpretativa consistente en que la asistencia recíproca que pueda prestarse no afecte gravemente los derechos de las personas o sus bienes cuando el soporte de la solicitud no constituya delito en la parte requerida.

10.2.16.7. En el citado fallo, la Corte consideró que había lugar a incluir la mencionada declaración interpretativa, dado que, frente al evento de asistencia en el caso de no darse la doble incriminación, a diferencia de lo ocurrido en otros tratados sobre la materia, el referido instrumento no exceptúa ciertas actuaciones que pueden afectar garantías previstas en la Constitución. En otras palabras, “no excluye explícitamente que la cooperación conlleve, por ejemplo, a la ‘ejecución de requisas, registros y medidas cautelares o definitivas sobre bienes’ o, en general, a la afectación de derechos de personas que no pueden ser eventualmente consideradas responsables de ningún hecho punible”, lo que puede afectar el principio de legalidad de la pena previsto en los artículos 28 y 29 del propio ordenamiento superior(46).

10.2.16.8. Como ya ha sido anotado, tal supuesto no tiene lugar en el tratado que se revisa, pues en él, la asistencia en ausencia de la doble incriminación no afecta ningún mandato superior, en cuanto su aplicación exige que la realización de ciertos actos que afectan derechos, como la ejecución de registro de personas y propiedades, la incautación de evidencia, las medidas dirigidas a levantar secretos protegidos y cualquier otra medida que involucre coerción, se sujeten al carácter punible del hecho investigado, con lo cual se garantiza que habrá en el ordenamiento jurídico interno previsiones o reglas que regulan la actuación estatal frente a la asistencia que se solicita.

10.2.17. En el capítulo III, los artículos 17, 19, 20 y 22 regulan lo referente a la comparecencia de testigos o expertos en el Estado solicitante, el traslado temporal de personas detenidas como testigos o para propósitos de confrontación y las garantías con las que éstos cuentan.

10.2.18.1. Con respecto a la comparecencia, la primera norma —el artículo 17— dispone que si el Estado solicitante considera necesario el traslado en persona de un testigo o experto ante las autoridades judiciales, esto deberá ser mencionado en la solicitud de notificación y el Estado solicitado deberá invitar a los mismos a comparecer en el territorio del Estado solicitante. En esos casos, el Estado solicitado deberá, sin demora alguna, comunicar por escrito al Estado solicitante, la decisión tomada por parte de dicho testigo o experto con respecto a la invitación. Aclara la norma que el testigo o experto que acepte asistir al Estado solicitante podrá requerir que ese Estado le otorgue un anticipo para sus gastos de viaje y estadía.

10.2.18.2. En concordancia con ello, los artículos 19 y 20 consagran las siguientes garantías o salvoconducto en favor de los testigos o expertos llamados a comparecer: (i) quien no cumpla con una orden de comparecencia, o notificación, no deberá, así sea que la citación contenga una notificación de penalidad, estar sujeto a ningún tipo de castigo o medida sancionatoria (art. 19, principio de no responsabilidad); (ii) sea cual sea su nacionalidad, el que decida comparecer ante el Estado solicitante, no deberá ser procesado o detenido o sujeto a cualquier otro tipo de restricción de su libertad, en el territorio de ese Estado, con respecto a actos y condenas previas a su salida del territorio del Estado solicitado; (iii) la persona, sea cual sea su nacionalidad, que haya sido citada para comparecer ante las autoridades judiciales del Estado solicitante, y deba responder por actos que conforman el proceso en su contra, no deberá ser procesada o detenida o estar sujeta a cualquier tipo de restricción de su libertad, por actos o condenas previas a su salida del territorio del Estado solicitado y no especificados en la citación; (iv) sin su consentimiento por escrito, la persona citada no deberá ser requerida a testificar de acuerdo al contexto de un proceso diferente de ese que forma las bases de la solicitud para asistencia legal mutua; (v) la inmunidad cesará luego de que el compareciente termine los servicios prestados y luego de tener 30 días consecutivos para salir del Estado solicitante, y aun así, no lo ha hecho o habiendo salido, decide volver a ingresar a ese Estado.

10.2.18.3. En cuanto a la comparecencia de personas detenidas como testigos o para propósitos de confrontación, el artículo 22 prevé que ellas deberán ser temporalmente trasladadas al lugar donde se llevará a cabo la audiencia, debiendo ser devuelta al territorio del Estado solicitado dentro de un periodo estipulado por este. La misma norma dispone que las garantías previstas en el artículo 20 del tratado también le son aplicables, agregando además que el traslado puede ser negado si: a) la persona bajo custodia no lo acepta; b) su presencia es necesaria en un proceso penal pendiente en el territorio del Estado solicitado; c) el traslado puede prolongar el tiempo de su detención; o d) si existen otras razones preponderantes para no trasladar a la persona al territorio del Estado solicitante.

10.2.18.4. Al juzgar normas de similar contenido, la Corte señaló que la comparecencia de testigos, víctimas, peritos y personas detenidas ante la autoridad competente del Estado solicitante y las garantías a ellos reconocidas, son medidas connaturales a los convenios de asistencia judicial, en la medida en que concretan la cooperación internacional en materia penal, las cuales, además, encuentran pleno respaldo en la soberanía de los dos Estados contratantes, en la reciprocidad que debe orientar la política exterior del Estado colombiano, en la realización de la función pública de administrar justicia y en la prevalencia de la autonomía de la voluntad de las personas que son requeridas para comparecer (C.P., arts. 9º, 228 y 16).

10.2.18.5. No obstante lo anterior, sobre los términos concretos en que tal comparecencia se lleva a cabo, también la Corte ha destacado que corresponde a las autoridades colombianas, encargadas de ejecutar esas formas de asistencia, actuar en total concordancia con los principios del debido proceso que consagra la Constitución y la legislación interna, como de aquellos que garantizan la protección de los derechos fundamentales y las libertades públicas de las personas que se vean involucradas.

10.2.18.6. Con base en tal razonamiento, en la Sentencia C-677 de 2013, recientemente proferida en el trámite de la revisión automática del “Tratado entre la República de Colombia y la Federación de Rusia sobre asistencia legal recíproca en material penal” y de su Ley aprobatoria 1596 del 21 de noviembre de 2012, la Corte, al analizar las normas relativas a la comparecencia de personas (detenidas o no), encontró que, no obstante las garantías a ellos reconocidas, las mismas no preveían la posibilidad de obtener información previa y adecuada al traslado al territorio del Estado solicitante o requirente, sobre la legislación y la estructura básica del proceso penal que imperan en dicho Estado, particularmente, en relación con la regulación aplicable a la diligencia para la cual se cita y las consecuencias que se podrían derivar de su ejecución. A juicio de la corporación, tal omisión constituye una carga desproporcionada que puede afectar el derecho a la igualdad del compareciente cualquiera sea su condición (testigo, víctima, perito). Sobre el particular, manifestó la Corte en dicho fallo:

Sin embargo, siguiendo la segunda censura manifestada por la Defensoría, la Sala sí advierte que la comparecencia de un testigo, víctima o un perito en el territorio de la parte requirente puede llegar a ser lesiva para sus derechos en la medida en que esas personas serán sometidas, sin la suficiente información, a otro tipo de legislación y de procedimiento penal.

Aunque la asesoría de un profesional del derecho puede ser importante, lo cierto es que los artículos 13 y 14 del tratado no prevén que antes de tomar la decisión de trasladarse al Estado requirente, el citado sea informado suficientemente de las particularidades jurídicas y del procedimiento penal de la Federación de Rusia, sobre todo las variaciones adscritas al goce efectivo de sus derechos fundamentales. Aunque el párrafo 2 del artículo 13 indica que la solicitud de comparencia debe estar acompañado de ‘información sobre las condiciones’ de la citación, existen datos elementales que deberían ser conocidos por todo citado antes de tomar la decisión de viajar. Como el tratado omite concretar o desarrollar esa obligación en cabeza de las autoridades centrales, la Corte entiende que ello se podría convertir en una mera opción que desconocería el equilibrio de las cargas a las que está sometida cualquier persona”.

10.2.18.7. Conforme con ello, en la citada Sentencia C-677 de 2013, la Corte procedió a declarar la exequibilidad de las disposiciones que regulan el tema de la comparecencia de personas (detenidas o no), bajo la declaración interpretativa consistente en que, en el momento en que se informe al citado acerca de la invitación elevada por la parte solicitante o requirente, el Ministerio de Justicia, en su calidad de autoridad central, deberá ilustrar al compareciente sobre; (i) la posibilidad de acceder a un traductor oficial y apoderado para que lo asistan en todas las diligencias; (ii) el alcance de las garantías constitucionales a las que tendrá derecho; (iii) la estructura básica del proceso penal en ese Estado y, especialmente, la regulación aplicable a la diligencia para la cual fue citado y las responsabilidades que se podrían derivar de su ejecución.

10.2.18.8. Para el caso del Tratado sobre asistencia legal mutua en asuntos penales, suscrito entre el Gobierno de la República de Colombia y Confederación Suiza, que ahora es materia de revisión, la Corte encuentra que las normas llamadas a regular el tema de la comparecencia de testigos, víctimas, peritos y personas detenidas ante la autoridad competente del Estado solicitante, son sustancialmente similares a las que fueron juzgadas por la corporación en la Sentencia C-677 de 2013. En ellas, si bien se adoptan medidas dirigidas a garantizar la comparecencia y el retorno de los comparecientes, y se reconocen los respectivos salvoconductos, tales cláusulas, por sí mismas, no aseguran que, previo al traslado, los comparecientes sean debidamente ilustrados acerca de datos elementales relacionados con la legislación y la estructura básica del proceso penal que imperan en el Estado solicitante, lo que a juicio de la Corte puede conllevar una afectación de su derecho a la igualdad.

10.2.18.9. Sin embargo, en el presente caso no hay lugar a formular una declaración interpretativa como lo hizo la Corte en la Sentencia C-677 de 2013, toda vez que, según fue mencionado, en el preámbulo y en el artículo 5º, el tratado bajo revisión deja en claro que para la aplicación e interpretación de sus cláusulas deben tomarse en cuenta los principios contenidos en los instrumentos internacionales de derechos humanos y las normas constitucionales y legales de los Estados parte. Siendo ello así, a partir de una lectura sistemática y armónica del tratado, entiende la Corte que, en el aspecto relacionado con la comparecencia de testigos o expertos y del traslado temporal de personas detenidas como testigos o para propósitos de confrontación, tales actividades se desarrollarán en total concordancia con los principios y garantías del debido proceso, en particular, las relacionadas con el derecho a la defensa, el principio de publicidad y la observancia de la plenitud de las formas propias de cada juicio (C.P., art. 29), dentro de las cuales debe entenderse incluida la posibilidad, en favor de los comparecientes, de obtener una información adecuada y previa al traslado al territorio del Estado solicitante o requirente, sobre la legislación y la estructura básica del proceso penal que imperan en dicho Estado, especialmente, en relación con la regulación aplicable a la diligencia para la cual se cita y las consecuencias que se podrían derivar de su ejecución.

10.2.18.10. En este sentido, en relación con los artículos 17, 19, 20 y 22, considera la Corte que los mismos se ajustan a la Constitución Política, en cuanto respetan las garantías propias del debido proceso y las demás disposiciones superiores. No obstante, de acuerdo con lo explicado, corresponde a las autoridades colombianas encargadas de ejecutar los mecanismos de asistencia penal suscritos con otros países, como el que ahora es materia de revisión, actuar en total concordancia con los principios del debido proceso que consagra la Constitución y la legislación interna, como aquellos que garantizan la protección de los derechos fundamentales y las libertades públicas de las personas que se vean involucradas en tales mecanismos. Siendo ello así, debe advertir la corporación que, para efectos de implementar y aplicar las medidas contenidas en los artículos 17, 19, 20 y 22 del presente tratado, el Gobierno Nacional, a través del Ministerio de Justicia, en su calidad de autoridad central, tiene el deber de ilustrar al citado o compareciente, al momento de informarle acerca de la invitación elevada por la parte solicitante para actuar como testigo o experto, o con fines confrontación, sobre los siguientes aspectos: (i) la posibilidad de acceder a un traductor oficial y apoderado para que lo asistan en todas las diligencias; (ii) el alcance de las garantías constitucionales a las que tendrá derecho; (iii) la estructura básica del proceso penal en ese Estado y, especialmente, la regulación aplicable a la diligencia para la cual fue citado y las responsabilidades que se podrían derivar de su ejecución. Ello, dentro del propósito de garantizar de manera integral su derecho fundamental al debido proceso y sus libertades públicas.

10.2.18.11. Finalmente, en el capítulo IV, el artículo 35 regula el tema de la solución de controversias, precisando que aquellas que se deriven de la interpretación, aplicación o implementación del tratado se resolverán por la vía diplomática, en caso de que las autoridades centrales no logren llegar a un acuerdo. Como lo ha hecho la Corte en anteriores oportunidades, el referido mandato merece un comentario especial, en el sentido de resaltar que “la interpretación que se aplique para la solución de la controversia, debe llevarse a cabo conforme a lo dispuesto al respecto por los artículos 31 y 32 de la Convención de Viena sobre el derecho de los tratados, suscrita en 1969 y aprobada por Colombia mediante la Ley 32 de 1985 y siempre y cuando dicha interpretación no tenga el alcance de modificar los términos del convenio”(47).

11. Conclusión.

11.1. Una vez cumplida la revisión constitucional del Tratado sobre asistencia legal mutua en asuntos penales entre la República de Colombia y la Confederación Suiza, y de su ley aprobatoria, la Ley 1594 de 2012, la Corte concluye que tales textos, tanto en su aspecto formal como en su contenido material, se ajustan a la Constitución Política. Por una parte, porque se cumplieron a cabalidad con los requisitos de procedimiento exigidos por la Constitución y el reglamento del Congreso para aprobar la ley que incorpora el tratado al derecho interno; y, por la otra, porque los fines y propósitos del tratado, así como el contenido del mismo, se aviene a los postulados superiores de respeto a la soberanía nacional, la autodeterminación de los pueblos y el reconocimiento de los principios de derecho internacional, permitiendo a la vez dar cumplimiento a los fines esenciales del Estado previstos en el artículo 2º de la Carta, al igual que el cabal cumplimiento de la función pública de administrar justicia.

VI. Decisión

En mérito de lo expuesto, la Corte Constitucional de Colombia, en nombre del pueblo y por mandato de la Constitución,

RESUELVE:

1. Declarar EXEQUIBLE el “‘Tratado sobre asistencia legal mutua en asuntos penales entre la República de Colombia y la Confederación Suiza’, hecho en Davos, Suiza, el 28 de enero de 2011”.

2. Declarar EXEQUIBLE la Ley 1594 del 21 de diciembre de 2012, por medio de la cual se aprueba el “‘Tratado sobre asistencia legal mutua en asuntos penales entre la República de Colombia y la Confederación Suiza’, hecho en Davos, Suiza, el 28 de enero de 2011”.

Cópiese, notifíquese, comuníquese, cúmplase e insértese en la Gaceta de la Corte Constitucional».

(1) Dispone la norma en cita: “A la Corte Constitucional se le confía la guarda de la integridad y supremacía de la Constitución, en los estrictos y precisos términos de este artículo. Con tal fin, cumplirá las siguientes funciones: (...) 10. Decidir definitivamente sobre la exequibilidad de los tratados internacionales y de las leyes que los aprueben. Con tal fin, el Gobierno los remitirá a la Corte, dentro de los seis días siguientes a la sanción de la ley. Cualquier ciudadano podrá intervenir para defender o impugnar su constitucionalidad. Si la Corte los declara constitucionales, el Gobierno podrá efectuar el canje de notas; en caso contrario no serán ratificados. Cuando una o varias normas de un tratado multilateral sean declaradas inexequibles por la Corte Constitucional, el Presidente de la República sólo podrá manifestar el consentimiento formulando la correspondiente reserva”.

(2) Sobre la materia se pueden consultar las sentencias C-682 de 1996, C-468 de 1997, C-924 de 2000, C-293 de 2010 y C-714 de 2012.

(3) El artículo 150, numeral 16, de la Constitución Política, establece que: “Corresponde al Congreso hacer las leyes. Por medio de ellas ejerce las siguientes funciones: (…) 16. Aprobar o improbar los tratados que el Gobierno celebre con otros Estados o con entidades de derecho internacional. Por medio de dichos tratados podrá el Estado, sobre bases de equidad, reciprocidad y conveniencia nacional, transferir parcialmente determinadas atribuciones a organismos internacionales, que tengan por objeto promover o consolidar la integración económica con otros Estados”.

(4) Sobre la materia, el artículo 7º de la Ley 406 de 1997, dispone que: “Plenos poderes. 1. Para la adopción o la autenticación del texto de un tratado o para manifestar el consentimiento del Estado en obligarse por un tratado, se considerará que una persona representa a un Estado: a) Si presenta los adecuados plenos poderes, o b) Si se deduce de la práctica o de otras circunstancias que la intención de los Estados y de las organizaciones internacionales de que se trate ha sido considerar a esa persona representante del Estado para esos efectos sin la presentación de plenos poderes. 2. En virtud de sus funciones, y sin tener que presentar plenos poderes, se considerará que representan a su Estado: a) Los jefes de Estado, jefes de gobierno y ministros de relaciones exteriores, para la ejecución de todos los actos relativos a la celebración de un tratado entre uno o varios Estados y una o varias organizaciones internacionales; b) Los representantes acreditados por los Estados en una conferencia internacional, para la adopción del texto de un tratado entre Estados y organizaciones internacionales; c) Los representantes acreditados por los Estados ante una organización internacional o uno de sus órganos, para la adopción del texto de un tratado en tal organización u órgano; d) Los jefes de misiones permanentes ante una organización internacional, para la adopción del texto de un tratado entre los Estados acreditantes y esa organización. 3. Para la adopción o la autenticación del texto de un tratado o para manifestar el consentimiento de una organización en obligarse por un tratado, se considerará que una persona representa a esa organización internacional: a) Si presenta los adecuados plenos poderes; o b) Si se deduce de las circunstancias que la intención de los Estados y de las organizaciones internacionales de que se trate ha sido considerar a esa persona representante de la organización para esos efectos, de conformidad con las reglas de la organización y sin la presentación de plenos poderes”.

(5) Ver el literal B) numeral 2º del referido artículo 7º de la Ley 406 de 1997, Ley Aprobatoria de la Convención de Viena sobre los tratados.

(6) Dispone la citada norma: “Corresponde al Presidente de la República como Jefe de Estado, Jefe de Gobierno y Suprema Autoridad Administrativa: (...) 2. Dirigir las relaciones internacionales. Nombrar a los agentes diplomáticos y consulares, recibir a los agentes respectivos y celebrar con otros Estados y entidades de derecho internacional tratados o convenios que se someterán a la aprobación del Congreso”. (Ver fl. 18 del cdno. ppal.).

(7) La Ley 5º de 1992 dispone lo siguiente:

“ART. 217.—Condiciones en su trámite. Podrán presentarse propuestas de no aprobación, de aplazamiento o de reserva respecto de tratados y convenios internacionales.

El texto de los tratados no puede ser objeto de enmienda.

Las propuestas de reserva solo podrán ser formuladas a los tratados y convenios que prevean esta posibilidad o cuyo contenido así lo admita. Dichas propuestas, así como las de aplazamiento, seguirán el régimen establecido para las enmiendas en el proceso legislativo ordinario.

Las comisiones competentes elevarán a las plenarias, de conformidad con las normas generales, propuestas razonadas sobre si debe accederse o no a la autorización solicitada”.

(8) Folios 147 a 151 del cuaderno de pruebas 1.

(9) La citación para debate y votación del Proyecto de ley 123 de 2011, fue inicialmente anunciada el 1º de noviembre de 2012, para llevarse a cabo en la próxima sesión, tal y como consta en el Acta 9 de esa misma fecha, publicada en la Gaceta del Congreso Nº 154 del 17 de abril de 2012 (págs. 30 a 32 de la gaceta). El texto del anuncio fue el siguiente: “La señora presidenta Alexandra Moreno Piraquive, manifiesta: Señor secretario anexemos la solitud (sic) del senador Benedetti, por favor anuncie proyectos, para el martes y miércoles vamos a sesionar, hay 20 proyectos de ley para debatir. El señor secretario Diego Alejandro González González: Procede con el anuncio de discusión y votación de proyectos de ley, por instrucciones de la presidenta de la Comisión Segunda del Senado de la República, anuncio de discusión y votación de proyectos de ley para la próxima sesión (art. 8º del Acto Legislativo 01 de 2003). (…) 10. Proyecto de ley número 123 de 2011 Senado, por medio de la cual se aprueba el Tratado sobre asistencia legal mutua en asuntos penales, entre la República de Colombia y la Confederación Suiza, hecho en Davos, Suiza, el 28 de enero de 2011. Autores: Ministerios de Relaciones Exteriores y del Interior. Ponente: honorable senador Armando Benedetti Villaneda. Publicaciones: Texto del proyecto de ley: Gaceta del Congreso 674 de 2011. Ponencia primer debate: Gaceta del Congreso 774 de 2011. Señora presidenta le informo que han sido anunciados los proyectos de ley para ser discutidos en la próxima sesión. La señora presidenta Alexandra Moreno Piraquive: Se levanta la sesión, se convoca para el martes10:00 de la mañana, muchas gracias”.

(10) A folio 44 de la Gaceta Nº 233 del 15 de mayo de 2012 se lee lo siguiente:

“El secretario de la comisión, doctor Diego González González, le informa a la presidenta, que los senadores de la comisión sí aprueban el orden del día. Además se ha conformado el quórum decisorio.

La señora presidenta, Senadora Alexandra Moreno Piraquive, solicita leer el informe con el cual termina la ponencia del Proyecto de ley 123 de 2011 Senado”.

(11) A folio 8 de la Gaceta del Congreso Nº 796 del 9 de noviembre de 2012, se lee lo siguiente: “Por secretaría se informa que se ha registrado quórum deliberatorio.

Siendo las 4:20 p.m. la Presidencia manifiesta: Abrase la sesión y proceda el señor secretario a dar lectura al orden del día, para la presente reunión” (negrilla y subraya fuera del texto original).

(12) A folio 3 de la Gaceta del Congreso Nº 222 del 22 de abril del 2013, se confirma que para Sesión Ordinaria de la Comisión Segunda de la Cámara de Representantes, llevada a cabo el 7 de noviembre de 2012, había quórum decisorio. Así dice brevemente el texto de la gaceta:

“Hace uso de la palabra la Secretaria General de la Comisión Segunda, doctora Pilar Rodríguez

Arias:

Señor presidente, se ha conformado el quórum decisorio en la Comisión.

Hace uso de la palabra el señor presidente honorable Representante Óscar de Jesús Marín:

Entonces leamos el orden del día por favor señora secretaria”.

(13) Ver http://www.imprenta.gov.co/gacetap/gaceta.nivel_2

(14) El texto definitivo del Proyecto de ley que fuera aprobado por la plenaria de la Cámara de Representantes, fue publicado en la Gaceta Nº 920 del 11 de diciembre de 2012, en el que se deja la siguiente constancia secretarial:

“Secretaría general

Bogotá, D.C., noviembre 29 de 2012

En sesión plenaria del día 28 de noviembre de 2012, fue aprobado en segundo debate el texto definitivo sin modificaciones del Proyecto de ley número 123 de 2012 Cámara, 123 de 2011 Senado, por medio de la cual se aprueba el “Tratado sobre asistencia legal mutua en asuntos penales entre la República de Colombia y la Confederación Suiza”, hecho en Davos, Suiza, el 28 de enero de 2011. Esto con el fin de que el citado proyecto de ley siga su curso legal y reglamentario y de esta manera dar cumplimiento con lo establecido en el artículo 182 de la Ley 5ª de 1992. Lo anterior, según consta en el Acta de sesión plenaria 177 del 28 de noviembre de 2012, previo su anuncio el día 26 de noviembre de los corrientes, según Acta de sesión plenaria 176.

La secretaria general (e),

(15) A folio 13 de la Gaceta del Congreso Nº 83 del 12 de marzo de 2013 se aprecia que al momento de la votación del proyecto existía quórum decisorio. En efecto, a folio 25 de la misma Gaceta del Congreso se lee lo siguiente:

“Dirección de la Presidencia, doctor Augusto Posada Sánchez:

(…).

Nos vamos a ver en una agenda muy apretada la próxima semana y la que sigue, sería muy importante hacer un llamado y les hago un llamado a todos los honorables miembros de la Cámara para que podamos mantener el quórum decisorio”.

(16) Auto 119 de 2007, M.P. Rodrigo Escobar Gil.

(17) Cfr., entre otras, las sentencias C-644 de 2004, M.P. Rodrigo Escobar Gil, C-576 de 2006, M.P. Manuel José Cepeda Espinosa, C-864 de 2006, M.P. Rodrigo Escobar Gil y C-801 de 2009, M.P. Gabriel Eduardo Mendoza Martelo.

(18) Cfr. las sentencias C-473 de 2005, M.P. Manuel José Cepeda Espinosa, C-241 y C-322 de 2006, ambas del M.P. Marco Gerardo Monroy Cabra y C-801 de 2009, M.P. Gabriel Eduardo Mendoza Martelo. También se puede consultar el Auto 311 de 2006, M.P. Marco Gerardo Monroy Cabra.

(19) Cfr. las sentencias C-780 de 2004, M.P. Jaime Córdoba Triviño, C-649 de 2006, M.P. Manuel José Cepeda Espinosa y C-801 de 2009, M.P. Gabriel Eduardo Mendoza Martelo. En el mismo sentido se puede consultar también el Auto 311 de 2006, M.P. Marco Gerardo Monroy Cabra.

(20) Cfr. Auto 089 de 2005, M.P. Manuel José Cepeda Espinosa.

(21) Cfr. las sentencias C-533 de 2004, M.P. Álvaro Tafur Galvis y C-473 de 2005, M.P. Manuel José Cepeda Espinosa.

(22) Sentencia C-864 de 2006. La regla de excepción a la cadena de anuncios fue fijada por la Corte en la Sentencia C-533 de 2004, y es a su vez reiterada en las sentencias C-864 de 2006 (a la que corresponde la cita), C-576 de 2006 y C-141 de 2010, entre otras.

(23) Acta número 10 del 9 de noviembre de 2011, publicada en la Gaceta de Congreso Nº 153 del 17 de abril de 2012 (págs. 52 a 56).

(24) Acta 11 del 16 de noviembre de 2011, publicada en la Gaceta de Congreso Nº 155 del 17 de abril de 2012 (págs. 1 a 55).

(25) Acta 12 del 22 de noviembre de 2011, publicada en la Gaceta del Congreso Nº 154 del 17 de abril de 2012 (pág. 35).

(26) Acta 13 del 29 de noviembre de 2011, publicada en la Gaceta de Congreso Nº 156 del 17 de abril de 2012 (págs. 14 y 15).

(27) Acta 14 del 30 de noviembre de 2011, publicada en la Gaceta de Congreso Nº 154 del 17 de abril de 2012 (págs. 56 y 57).

(28) Acta 15 del 7 de diciembre de 2022, publicada en la Gaceta de Congreso Nº 156 del 17 de abril de 2012 (pág. 40).

(29) Acta 16 de del 21 de marzo de 2012, publicada en la Gaceta del Congreso 233 del 15 de mayo de 2012 (págs. 1 a 26).

(30) Acta 17 del 27 de marzo de 2012, publicada en la Gaceta de Congreso Nº 547 del 23 de agosto de 2012 (págs. 29 y 30).

(31) Acta 18 del 28 de marzo de 2012, publicada en la Gaceta de Congreso Nº 233 del 15 de mayo de 2012 (págs. 27 y 28).

(32) Acta 19 del 10 de abril de 2012, publicada en la Gaceta de Congreso Nº 233 del 15 de mayo de 2012 (pág. 42).

(33) Acta 20 del 17 de abril de 2012, que fuera publicada en la Gaceta del Congreso Nº 233 del 15 de mayo de 2012 (págs. 44 y 45).

(34) El mensaje de urgencia del Presidente de la República hace referencia a los Proyectos de ley número 201 de 2012 Senado, 197 de 2012 Cámara, por medio de la cual se implementan compromisos adquiridos por virtud del “Acuerdo de promoción comercial, suscrito entre la República de Colombia y los Estados Unidos de América y su “Protocolo modificatorio, en el marco de la política de comercio exterior e integración económica”, y el Proyecto de ley número 182 de 2012 Senado, 198 de 2012 Cámara, “por medio de la cual se aprueba el “Convenio internacional para la protección de las obtenciones vegetales” del 2 de diciembre de 1961, revisado en Ginebra el 10 de noviembre de 1972, el 23 de octubre de 1978 y el 19 de marzo de 1991.

(35) Sobre el tema se pueden consultar, entre otras, las sentencias C-187 de 1999 y C-291A de 2003.

(36) Magistrada Ponente Martha Victoria Sáchica Méndez.

(37) Mediante la Resolución 112 del Período 53 de las Naciones Unidas, adoptada el 9 de diciembre de 1998 por consenso.

(38) Sentencia C-187 de 1999.

(39) Sentencias C-404 de 199, C-280 de 2001 y C-619 de 2004, entre otras.

(40) Sobre el particular se pueden consultar, entre otras, las sentencias C-176 de 1994, C-404 de 1999, C-280 de 2001 y C-610 de 2004.

(41) En la citada sentencia, se analizaba la exequibilidad del “Convenio entre el gobierno de la república de Colombia y el gobierno de la república de Cuba sobre asistencia jurídica mutua en materia penal” el cual contenía la previsión del decomiso de bienes dentro de su articulado. Tal convenio se declaró exequible en virtud del alcance que se le daba a tal expresión.

(42) Sentencia Corte Constitucional C-176 de 19994.

(43) En el mismo sentido, se pueden ver, entre otras, la Sentencia C-404 de 1999, en la cual se estudiaba la constitucionalidad del “Acuerdo de cooperación judicial en materia penal entre el Gobierno de la República de Colombia y el Gobierno de la República del Paraguay”, que consagraba la posibilidad de solicitar el decomiso de bienes. El acuerdo fue declarado exequible, toda vez que en el mismo se señalaba que tal decomiso se debía dar con respeto al orden interno. Igualmente se puede consultar la Sentencia C-206 de 2002, que analizaba la constitucionalidad del “Convenio de cooperación judicial y asistencia mutua en materia penal entre la República de Colombia y la República del Ecuador” el cual contemplaba también el decomiso de bienes. El convenio fue declarado exequible.

(44) Sentencia C-280 de 2001, reiterada en la Sentencia C-610 de 2004.

(45) Sentencia C-406 de 1999.

(46) En la Sentencia C-677 de 2013, la Corte precisó que resulta contrario a la Carta Política, en particular al principio de legalidad de la pena previsto en los artículos 28 y 29 del mismo ordenamiento superior, la posibilidad de ejecutar la colaboración cuando el hecho que soporta la solicitud no constituye delito en la parte requerida y se permite su aplicación respecto de cualquier tipo de medida. Consideró la Corte que, en esos términos, a través de la doble incriminación, “indeliberadamente se extienden los efectos de todo el régimen punible de otro Estado (presente y futuro), sin que haya existido trámite alguno al interior del parlamento e impidiendo que el investigado disponga de un marco legal previo y reconocido en la parte requerida que permita el ejercicio del derecho de defensa”.

(47) Sentencia C-280 de 2001.