Sentencia C-752 de octubre 30 de 2013

CORTE CONSTITUCIONAL 

SALA PLENA

Ref.: Expediente D-9568

Magistrado Ponente:

Dr. Luis Guillermo Guerrero Pérez

Asunto: Demanda de inconstitucionalidad contra los artículo 8º y 37 (parciales) de la Ley 1592 de 2012 “Por medio de la cual se introducen modificaciones a la Ley 975 de 2005 ‘por la cual se dictan disposiciones para la reincorporación de miembros de grupos armados organizados al margen de la ley, que contribuyan de manera efectiva a la consecución de la paz nacional y se dictan otras disposiciones para acuerdos humanitarios’ y se dictan otras disposiciones”.

Demandante:

Gustavo Adolfo Arbeláez Naranjo

Bogotá, D.C., treinta de octubre de dos mil trece.

EXTRACTOS: «II. Normas demandadas

A continuación se transcribe el texto de las disposiciones demandadas:

“LEY 1592 DE 2012

(Diciembre 3)

Diario Oficial 48.633 de 3 de diciembre de 2012

Congreso de la República

Por medio de la cual se introducen modificaciones a la Ley 975 de 2005 “por la cual se dictan disposiciones para la reincorporación de miembros de grupos armados organizados al margen de la ley, que contribuyan de manera efectiva a la consecución de la paz nacional y se dictan otras disposiciones para acuerdos humanitarios” y se dictan otras disposiciones.

El Congreso de la República de Colombia,

DECRETA:

ART. 8º—La Ley 975 de 2005 tendrá un nuevo artículo 11D del siguiente tenor:

ART. 11D.—Deber de los postulados de contribuir a la reparación integral de las víctimas. Para efectos del cumplimiento de los requisitos contemplados en los literales 10.2 y 11.5 de los artículos 10 y 11 respectivamente de la presente ley, los desmovilizados deberán entregar, ofrecer o denunciar todos los bienes adquiridos por ellos o por el grupo armado organizado al margen de la ley durante y con ocasión de su pertenencia al mismo, de forma directa o por interpuesta persona. Estos bienes serán puestos a disposición de la unidad administrativa especial para la atención y reparación integral a las víctimas y/o de la unidad administrativa especial de gestión de restitución tierras despojadas para que sean destinados a los programas de reparación integral y de restitución de tierras de que trata la Ley 1448 de 2011, según corresponda. Las víctimas que sean acreditadas en los procedimientos penales especiales de justicia y paz, tendrán acceso preferente a estos programas.

La Fiscalía General de la Nación tomará todas las medidas necesarias para perseguir los bienes a los que se refiere el presente artículo, que no hayan sido entregados, ofrecidos o denunciados por el postulado. El postulado que no entregue, ofrezca o denuncie todos los bienes adquiridos por él o por el grupo armado organizado al margen de la ley durante y con ocasión de su pertenencia al mismo, de forma directa o por interpuesta persona, será excluido del proceso de justicia y paz o perderá el beneficio de la pena alternativa, según corresponda.

PAR.—En ningún caso se afectarán los bienes de los postulados adquiridos como resultado del proceso de reintegración, los frutos de los mismos, ni aquellos adquiridos de forma lícita con posterioridad a la desmovilización.

(…).

ART. 37.—Postulación de desmovilizados al procedimiento penal especial. Quienes se hayan desmovilizado de manera individual o colectiva con anterioridad a la vigencia de la presente ley y pretendan acceder a los beneficios consagrados en la Ley 975 de 2005, deberán solicitar su postulación con anterioridad al 31 de diciembre de 2012. Vencido este plazo el Gobierno Nacional tendrá dos (2) años para decidir sobre su postulación.

Quienes se desmovilicen de manera individual con posterioridad a la entrada en vigencia de la presente ley tendrán un (1) año contado a partir de su desmovilización para solicitar su postulación al proceso del que trata la Ley 975 de 2005, y el gobierno tendrá un (1) año a partir de la solicitud para decidir sobre su postulación (resaltado fuera del texto).

(…).

VI. Consideraciones de la Corte

1. Competencia.

De conformidad con lo dispuesto en el numeral 4º del artículo 241 de la Constitución Política, esta corporación es competente para decidir sobre la demanda de inconstitucionalidad que se formula contra algunos apartes de los artículos 8º y 37 de la Ley 1592 de 2012, mediante la cual se introducen modificaciones a la Ley 975 de 2005.

2. Alcance de la presente demanda.

2.1. En el asunto bajo estudio, el actor acusa la inconstitucionalidad de la expresión “[e]l postulado que no entregue, ofrezca o denuncie todos los bienes adquiridos por él o por el grupo armado organizado al margen de la ley durante y con ocasión de su pertenencia al mismo, de forma directa o por interpuesta persona, será excluido del proceso de justicia y paz o perderá el beneficio de la pena alternativa, según corresponda”, contenida en el inciso tercero del artículo 8º de la Ley 1592 de 2012. En su criterio, la citada expresión, al prever la exclusión del desmovilizado del proceso de justicia y paz, o la pérdida del beneficio de la pena alternativa, por no entregar, ofrecer o denunciar todos los bienes adquiridos por él o por el grupo al margen de la ley al que pertenecía, desconoce el artículo 29 de la Constitución Política, por cuanto establece una especie de responsabilidad objetiva, derivada del hecho de adoptar tal decisión “sin agotar el proceso previo, y sin valorar la entidad de la omisión, las condiciones personales del desmovilizado y el grupo al cual perteneció, los errores y olvidos que se pueden generar en las diligencias judiciales, y la oportunidad procesal para hacer entrega y ofrecimiento de bienes, generando una carga sospechosa y temeridad en cabeza del desmovilizado postulado y desconociendo la presunción de buena fe”.

2.2. Por causas distintas, el actor también censura la constitucionalidad de la expresión “[v]encido este plazo el Gobierno Nacional tendrá dos (2) años para decidir sobre su postulación”, integrada al inciso primero del artículo 37 de la citada Ley 1592 de 2012. Al respecto, sostiene que la citada expresión viola el derecho a la igualdad, consagrado en el artículo 13 de la Carta Política, pues, al definir los términos que tiene el gobierno para decidir sobre la postulación de los desmovilizados a la ley de justicia y paz, la misma establece un tratamiento distinto entre quienes se postularon con anterioridad y quienes se postulan con posterioridad a la entrada en vigencia de la Ley 1592 de 2012, ya que respecto del primer grupo la norma otorga un plazo de dos años, mientras que para los segundos dicho plazo es de un año. A juicio del actor, tal diferencia no responde a un criterio de proporcionalidad, toda vez que quienes se desmovilizaron antes de entrar en vigencia la citad ley, deben esperar más tiempo para que se resuelva sobre su postulación, lo cual afecta los derechos y beneficios de quienes fueron primero en el tiempo.

2.3. En relación con la demanda, un grupo de intervinientes y el Ministerio Público le solicitan a la Corte abstenerse de emitir pronunciamiento de fondo, por considerar que el actor fundamenta la acusación en una interpretación errada de las normas acusadas, surgida de su propia percepción y de aspectos subjetivos que no se predican del texto de las mismas.

2.4. Otro grupo de intervinientes considera que las normas acusadas deben ser declaradas exequibles. En relación con el artículo 8º, coinciden en señalar que el mismo no establece una responsabilidad objetiva, pues en cada caso concreto, el juzgador debe valorar la situación fáctica de acuerdo con los medios de prueba y en concordancia con los principios de buena fe, dignidad humana y debido proceso, como surge del propio texto de la ley de justicia y paz. Frente al artículo 37, aducen que el legislador hizo uso del amplio margen de configuración política a la hora de disponer los tiempos para dar trámite a las solicitudes de postulación, sin que ello afecte el principio de igualdad, pues bajo los dos regímenes aplicables, los desmovilizados cuenta con oportunidades análogas —aunque no iguales— de postularse al proceso de justicia y paz.

2.5. Finalmente, quien interviene en representación de la facultad de derecho de la Universidad Libre, Sede Bogotá, le pide a la Corte que, respecto del artículo 8º, se declare su exequibilidad condicionada, para que se entienda que el funcionario judicial competente, a la hora de evaluar el posible incumplimiento, debe observar el debido proceso con el fin de determinar si el mismo le es en realidad imputable al desmovilizado. En lo que hace al artículo 37, comparte el interviniente la posición de la demanda, en el sentido de considerar que no hay un elemento que justifique un tratamiento desigual a personas que son iguales respecto a su condición jurídica de desmovilizados de grupos armados organizados al margen de la ley, y cuya única diferencia es la fecha en la cual se desvincularon del grupo.

2.6. Teniendo en cuenta el contenido de la solicitud acusatoria y los planteamientos esbozados por algunos de los intervinientes, debe iniciar la Corte por establecer si la demanda formulada contra los artículos 8º y 37 de la Ley 1592 de 2012, es apta y cumple con los requisitos mínimos de procedibilidad previstos en la ley y la jurisprudencia constitucional..

3. Análisis sobre la aptitud de la demanda.

3.1. Requisitos de procedibilidad.

3.1.1. Como ya se mencionó, el Ministerio Público y algunos intervinientes le han solicitado a la Corte que se declare inhibida para emitir un pronunciamiento de fondo en la presente causa, tras considerar que el actor no formuló un verdadero cargo de inconstitucionalidad en contra de las normas impugnadas. Con respecto a al artículo 8º de la Ley 1592 de 2012, la crítica se basa en que la demanda no busca atacar el contenido del citado precepto, como lo exige el requisito de certeza, sino los eventuales e hipotéticos problemas que pueden surgir de su aplicación. Frente a la acusación contra el artículo 37, aducen que ella no precisa por qué razón la medida cuestionada afecta los derechos de los desmovilizados que fueron primero en el tiempo, con lo cual la demanda no satisface los requisitos exigidos para impugnar una norma por violación del derecho a la igualdad.

3.1.2. En acatamiento a lo previsto en el artículo 2º del Decreto 2067 de 1991, esta corporación ha dejado sentado que, para que exista demanda en forma y la Corte pueda adoptar la respectiva decisión de fondo, es necesario que el escrito de acusación contenga: (i) las normas que se acusan como inconstitucionales, (ii) las disposiciones superiores que se estiman violadas, y (iii) las razones o motivos por los cuales la norma acusada viola la Constitución.

3.1.3. Con respecto a los dos primeros presupuestos, ha dicho la Corte, se busca definir e identificar dos aspectos esenciales del control constitucional: (i) lo que es objeto del mismo, es decir, las normas legales que se pretenden impugnar, lo cual se cumple, atendiendo las voces del artículo 2º del Decreto 2067 de 1991, con la trascripción literal de las mismas por cualquier medio, o con la inclusión en la demanda de un ejemplar de la publicación oficial; y, (ii) las disposiciones constitucionales que, según el razonamiento del actor, son las que a su vez se entienden desconocidas o vulneradas por las primeras.

3.1.4. En punto al último de los requisitos, el que dispone señalar las razones o motivos por los cuales la norma acusada viola la Constitución, este tribunal ha destacado que el mismo le impone al ciudadano que hace uso de la acción pública una carga de contenido material y no simplemente formal, en el sentido de exigirle la formulación de por lo menos un cargo concreto de inconstitucionalidad en contra de la norma acusada, el cual a su vez debe estar sustentado en razones “claras, ciertas, específicas, pertinentes y suficientes”(1), que permitan plantear una verdadera controversia de tipo constitucional.

3.1.5. La propia jurisprudencia se ha ocupado de explicar el alcance de las referidas razones, señalando que las mismas son: (i) claras, cuando la acusación formulada por el actor es comprensible y de fácil entendimiento; (ii) ciertas, si la acusación recae directamente sobre el contenido de la disposición demandada y no sobre una proposición jurídica inferida o deducida por el actor; (iii) específicas, en cuanto se defina o se muestre en forma diáfana la manera como la norma vulnera la Carta Política; (iv) pertinentes, cuando se utilizan argumentos de naturaleza estrictamente constitucional y no razones de orden legal, personal, doctrinal o de simple conveniencia; y (v) suficientes, en la medida en que la acusación contenga todos los elementos fácticos y probatorios que son necesarios para adelantar el juicio de inconstitucionalidad, de forma que exista por lo menos una sospecha o duda mínima sobre la constitucionalidad del precepto impugnado(2).

3.1.6. Atendiendo a las anteriores premisas, el pronunciamiento de fondo en torno a la constitucionalidad o inconstitucionalidad de una ley, depende de que quien presenta la demanda no solo identifique la preceptiva legal que acusa y las disposiciones constitucionales que estima violadas, sino también, de que formule por lo menos un cargo concreto de inconstitucionalidad y lo apoye en razones claras, ciertas, específicas, pertinentes y suficientes, pues, de no observar los referidos requisitos de procedibilidad, la demanda es sustancialmente inepta, debiendo la Corte proferir la respectiva decisión inhibitoria.

3.2. Aptitud de la demanda formulada contra el artículo 8º de la Ley 1592 de 2012.

3.2.1. A la luz de los citados presupuestos la Corte se aparta de la posición asumida por el Ministerio Público y algunos intervinientes en torno a la presunta ineptitud sustantiva de la demanda formulada contra el artículo 8º de la Ley 1592 de 2012.

3.2.2. Como ya ha sido señalado, el actor cuestiona la validez del aparte acusado del artículo 8º de la Ley 1592 de 2012, tras considerar que el mismo viola el derecho al debido proceso, en la garantía de proscripción de la responsabilidad objetiva, pues, al prever la exclusión del desmovilizado del proceso de justicia y paz, por omitir denunciar todos los bienes obtenidos ilícitamente, aquél no precisa el componente subjetivo de la omisión ni tampoco el procedimiento que se debe seguir para adoptar la decisión.

3.2.3. Con relación a tal planteamiento, no encuentra la Corte que el mismo surja de un entendimiento manifiestamente inadecuado o hipotético de la preceptiva legal acusada, o que el mismo sea imputable a un problema de aplicación, como lo entienden el Ministerio Público y algunos intervinientes. En efecto, independientemente de que esta corporación, o incluso los propios intervinientes, compartan la tesis del peticionario sobre el sentido y alcance de la medida, lo cierto es que una determinada lectura de la misma puede conducir a apoyar la acusación. Ello es así, si se tiene en cuenta que, aun cuando la norma regula la figura de la exclusión del proceso de justicia y paz, señalando las circunstancias particulares en que procede, su texto no se ocupa directamente de precisar las exigencias subjetivas que deben acompañar tal proceder. En este sentido, de la acusación se puede extraer un verdadero problema de inconstitucionalidad, derivado de la necesidad de establecer cuál es en realidad el alcance de la norma impugnada, su adecuado entendimiento, y la posible incidencia sobre el derecho que se estima violado.

3.2.4. Así, atendiendo al contenido de la norma y al alcance de la acusación, la Corte considera que la demanda cumple con los requisitos mínimos de procedibilidad, en cuanto que, de los argumentos de la acusación, contenidos en la demanda y complementados y aclarados en el escrito de corrección, se puede extraer la formulación de por lo menos un cargo concreto de inconstitucionalidad. A este respecto, habrá de agregarse que, si bien la demanda no abunda en razones y explicaciones, si cuenta con un nivel mínimo de coherencia en la argumentación que permite llevar a cabo una confrontación objetiva entre la ley acusada y la Constitución.

3.2.5. Dando aplicación al principio pro actione, puede entonces concluirse que la acusación formulada contra el artículo 8º de la Ley 1592 de 2012 se ampara en razones claras, ciertas, pertinentes, suficientes y especificas, en la medida en que la misma (i) permite comprender el propósito perseguido con la demanda, (ii) está dirigida a controvertir el contenido material de la preceptiva acusada, (iii) los argumentos en que se basa son de naturaleza constitucional, (iv) contiene también un mínimo de elementos fácticos que buscan poner en duda la constitucionalidad de la medida, y, además, (v) pretende mostrar la forma como la norma acusada desconoce la Constitución Política.

3.2.6. En los términos descritos, a juicio de la Corte, con respecto al artículo 8º de la Ley 1592 de 2012, se está en presencia de una demanda en forma y, por tanto, le corresponde a la corporación proferir pronunciamiento de fondo.

3.3. Ineptitud de la demanda formulada contra el artículo 37 de la Ley 1592 de 2012.

3.3.1. En relación con la demanda formulada contra la expresión “[v]encido este plazo el Gobierno Nacional tendrá dos (2) años para decidir sobre su postulación”, integrada al inciso primero del artículo 37 de la citada Ley 1592 de 2012, la Corte comparte lo señalado por el Ministerio Público y algunos intervinientes, en el sentido de considerar que la misma no satisface sustantivamente los requisitos de procedibilidad exigidos por la ley y la jurisprudencia constitucional, en particular los presupuestos de suficiencia, claridad, certeza y especificidad.

3.3.2. Al respecto, debe recordarse que el artículo 37 de la ley demandada se ocupa de regular el tema de la postulación de desmovilizados al procedimiento penal especial de justicia y paz. Con ese propósito, dispone en el primer inciso que: “[q]uienes se hayan desmovilizado de manera individual o colectiva con anterioridad a la vigencia de la presente ley y pretendan acceder a los beneficios consagrados en la Ley 975 de 2005, deberán solicitar su postulación con anterioridad al 31 de diciembre de 2012. Vencido este plazo el Gobierno Nacional tendrá dos (2) años para decidir sobre su postulación”. A la manera de complemento de la anterior regla, la disposición citada señala en su inciso segundo que: “[q]uienes se desmovilicen de manera individual con posterioridad a la entrada en vigencia de la presente ley tendrán un (1) año contado a partir de su desmovilización para solicitar su postulación al proceso del que trata la Ley 975 de 2005, y el gobierno tendrá un (1) año a partir de la solicitud para decidir sobre su postulación.

3.3.3. En relación con el aparte acusado, los cargos de la demanda se estructuran a partir de considerar que los destinatarios de la medida cuestionada “son en principio sujetos que están en condiciones de igualdad”, desmovilizados de grupos armados al margen de la ley, razón por la cual deben recibir un mismo tratamiento jurídico. Sobre tal supuesto, sostiene el demandante que la medida cuestionada viola el derecho a la igualdad, pues al definir los términos que tiene el gobierno para decidir sobre la postulación de los desmovilizados a la ley de justicia y paz, la misma establece un tratamiento distinto entre quienes se postularon con anterioridad y quienes se postulan con posterioridad a la entrada en vigencia de la Ley 1592 de 2012, ya que respecto del primer grupo la norma otorga un plazo de dos años, mientras que para los segundos dicho plazo es de un año. Concluye el actor sosteniendo que tal diferencia resulta desproporcionada, toda vez que quienes se desmovilizaron antes de entrar en vigencia la citada ley, deben esperar más tiempo para que se resuelva sobre su postulación, lo cual afecta los derechos y beneficios de quienes fueron primero en el tiempo.

3.3.4. Tal y como lo ha puesto de presente esta corporación, para que un cargo por violación del principio de igualdad sea sustancialmente apto “se requiere que el demandante demuestre que las hipótesis distintamente reguladas debieron someterse a la misma regulación. En estos casos el impugnante soporta una carga de argumentación adicional, pues debe desvirtuar la premisa según la cual el legislador está autorizado para regular de manera diversa la realidad puesta a su consideración; al mismo tiempo, debe llevar al intérprete a la conclusión de que dicha diferenciación implica una verdadera discriminación, es decir, una violación al mandato de trato equitativo que impone la Carta. En últimas, se requiere que el demandante señale por qué una diferencia detectada en la ley carece de los elementos de proporcionalidad y razonabilidad necesarios para evitar calificar de discriminatoria esa diferencia de regulación”(3).

3.3.5. Conforme con dichas precisiones, la Corte encuentra que la acusación consistente en que el legislador consagró una medida discriminatoria que afecta un grupo de desmovilizados en relación con otro, resulta a todas luces insuficiente por ausencia de explicación del hecho discriminatorio.

3.3.6. En efecto, el cargo de inconstitucionalidad presentado por el demandante carece del elemento de suficiencia exigido por la jurisprudencia constitucional, pues el impugnante no explica de manera clara, precisa y suficiente por qué es inconstitucional que en relación con la ley de justicia y paz, el legislador haya concedido al Gobierno Nacional plazos distintos para decidir sobre la postulación de los desmovilizados a dicha ley, a partir de la consideración del momento en que se llevaron a cabo las aludidas desmovilizaciones —antes o después de la expedición de la Ley 1592 de 2012—.

3.3.7. De acuerdo con el contenido de la demanda, la Corte advierte que el actor no explica, más allá de plantear en forma simple su inconformidad de tipo constitucional, en el sentido de sostener que los destinatarios de la medida cuestionada “son en principio sujetos que están en condiciones de igualdad”, por qué resulta desproporcionado, irrazonable o discriminatorio, que el legislador establezca términos distintos al ejecutivo para definir las solicitudes de postulación a justicia y paz, dependiendo del momento en que tuvo lugar la desmovilización. La aludida formulación es insuficiente, no solo porque omite profundizar en la supuesta discriminación subyacente, sino también, porque la medida que adopta el legislador en la norma acusada, por lo menos sumariamente, se lleva a cabo respecto de sujetos que se encuentran bajo condiciones fácticas distintas, esto es, haberse desmovilizado antes de la entrada en vigencia de la Ley 1592 de 2012, y haberse desmovilizado después de expedida dicha ley.

Sobre este particular, vale destacar que, si bien es cierto que quienes aspiran a ser postulados para acogerse a la Ley 975 de 2005, tienen en común su pertenencia a grupos armados al margen de la ley que han sido desmovilizados, el fundamento tenido en cuenta por el legislador al establecer los plazos que se conceden al gobierno para decidir sobre su postulación, es la época o momento en que se produjo la desmovilización individual o colectiva, lo cual, en principio, justifica que se hayan atribuido consecuencias jurídicas diferentes en relación con dichos plazos, premisa que no fue desvirtuada por el actor.

En relación con esto último, es menester destacar que, con respecto a los efectos de la presunta discriminación que se derivan de la expresión cuestionada, el actor se limita a señalar que “afecta los derechos y los beneficios de quienes fueron primero en el tiempo”, pero sin precisar cómo y porqué tiene lugar tal afectación.

3.3.8. Por otra parte, también advierte la corporación, como lo hizo el Ministerio Público y algunos intervinientes, que la demanda no cumple los requisitos de claridad, certeza y pertinencia, por cuanto la misma se ampara en apreciaciones puramente subjetivas, surgidas del entendimiento personal que el propio actor le atribuye a la norma acusada. En efecto, atendiendo al sentido de la acusación, la razón que llevó al actor a dirigir su demanda contra la expresión “Vencido este plazo el Gobierno Nacional tendrá dos (2) años para decidir sobre su postulación”, se relaciona con el hecho de considerar, que dos años es el tiempo que empleará el gobierno para decidir sobre la postulación de quienes se hubieren desmovilizado con anterioridad a la vigencia de la Ley 1592 de 2012, el cual, al ser mayor al reconocido para decidir sobre la postulación de los desmovilizados con posterioridad a la entrada en vigencia de la citada ley (un año), afecta los derechos y beneficios transicionales de quienes fueron primero en el tiempo.

A juicio de la Corte, tal razonamiento no se desprende necesariamente del texto impugnado, pues el término de dos años comporta en realidad el plazo máximo con que cuenta el gobierno para decidir la postulación de quienes se desmovilizaron antes de la vigencia de la Ley 1592 de 2012, lo que significa que el gobierno se encuentra habilitado para tomar tal decisión desde el mismo momento en que fue expedida la ley, pudiendo aprobar postulaciones antes del vencimiento del periodo de un año reconocido al segundo grupo de desmovilizados (un año), caso en el cual no se cumple el supuesto de inconstitucionalidad que se le atribuye a la medida.

3.3.9. Entiende la Corte, además, manteniendo el mismo razonamiento de la demanda, que la acusación tampoco resulta de fácil comprensión, pues la declaratoria de inconstitucionalidad del aparte acusado no estaría llamada a producir el efecto perseguido por el actor, en cuanto que su retiro del ordenamiento jurídico implicaría dejar sin límite temporal al Gobierno Nacional para decidir sobre la postulación de quienes se desmovilizaron antes de la vigencia de la Ley 1592 de 2012, lo que terminaría por hacer más gravosa la situación jurídica de dicho grupo de desmovilizados.

3.3.10. Así las cosas, al no cumplir con los requisitos mínimos de procedibilidad, la Corte debe inhibirse para emitir pronunciamiento de fondo en relación con la demanda formulada contra la expresión “[v]encido este plazo el Gobierno Nacional tendrá dos (2) años para decidir sobre su postulación”, integrada al inciso primero del artículo 37 de la Ley 1592 de 2012.

3.3.11. Definido como está el tema de la procedibilidad de la demanda, pasa la Corte a plantear el problema jurídico en relación con la acusación formulada contra el artículo 8º de la Ley 1592 de 2012.

4. Problema jurídico.

4.1. El actor sostiene que el aparte acusado del artículo 8º de la Ley 1592 de 2012 vulnera el artículo 29 de la Carta Política, en la garantía de la proscripción de la responsabilidad objetiva, al excluir al desmovilizado del proceso de justicia y paz por omitir entregar y denunciar todos los bienes obtenidos ilícitamente, sin valorar ni la entidad de la omisión, ni el factor subjetivo de la misma, así como tampoco considerar el procedimiento que se debe seguir para adoptar tal decisión.

4.2. De acuerdo con dicha acusación, le corresponde a la Corte determinar si la manera como está prevista en la disposición demandada la exclusión de los beneficios del proceso de justicia y paz por incumplimiento de la obligación de los desmovilizados de entregar los bienes adquiridos ilícitamente, conduce a que ello se lleve a cabo sin valorar el comportamiento del postulado y sin las garantías del debido proceso.

4.3. Para abordar los problemas jurídicos enunciados, esta corporación se referirá a los siguientes temas: (i) hará un breve recuento de las razones que tuvo en cuenta el legislador para expedir la Ley 1592 de 2012, haciendo especial énfasis en el tema regulado en la norma acusada; (ii) se referirá al fundamento jurídico de la ley de justicia y paz y al proceso que la desarrolla, dentro del propósito de definir el contexto en el que se inscribe la norma acusada; y, (ii) a la luz de tales elementos, realizará el estudio de constitucionalidad de la preceptiva demandada.

5. Antecedentes de la Ley 1592 de 2012. Circunstancias que dieron lugar a la aprobación del artículo 8º.

5.1. Como se deduce de su propio texto, mediante la Ley 1592 de 2012, a la que se integra el artículo 8º parcialmente acusado, se introducen algunas modificaciones a la llamada Ley de Justicia y Paz, la Ley 975 de 2005. El título de la ley demandada no deja dudas sobre ese particular: “Por medio de la cual se introducen modificaciones a la Ley 975 de 2005 ‘por la cual se dictan disposiciones para la reincorporación de miembros de grupos armados organizados al margen de la ley, que contribuyan de manera efectiva a la consecución de la paz nacional y se dictan otras disposiciones para acuerdos humanitarios’ y se dictan otras disposiciones”.

5.2. El proyecto de ley que dio origen a la Ley 1592 de 2012, fue presentado ante el Congreso de la República por la Fiscal General de la Nación de la época, Viviane Morales Hoyos, con la pretensión de buscar soluciones a los diversos problemas surgidos de la aplicación de la Ley 975 de 2005, los cuales, a su juicio, venían afectando la eficacia y celeridad de los procesos de justicia y paz. En la exposición de motivos del referido proyecto, la entonces Fiscal General de la Nación justificó su presentación, manifestando que:

“En el tiempo que llevo al frente de la Fiscalía General de la Nación, y luego de analizar detenidamente la experiencia acumulada por la unidad nacional de fiscalía para la justicia y la paz durante más de cinco años de aplicación de la Ley 975 de 2005, he podido confirmar la necesidad de introducir algunas modificaciones puntuales a la ley vigente, con el fin de agilizar el trámite de los procesos. Esto, a su vez, va a permitir agilizar la respuesta del ente investigador frente a las expectativas de justicia que provienen tanto del ámbito nacional como del ámbito internacional, en particular, de los órganos internacionales de supervisión de derechos humanos encargados de hacer seguimiento a la situación de Colombia”(4).

5.3. Aclaró la señora fiscal, que el proyecto de ley propuesto, mantenía el propósito de “contribuir a la consolidación de la paz y a la reincorporación a la vida civil de los miembros de los grupos armados al margen de la ley, garantizando, por una parte, los derechos de las víctimas a la verdad, la justicia y la reparación y, por la otra, los derechos de los postulados al debido proceso”.

5.4. En la misma exposición de motivos, se identificaron los principales obstáculos que en la práctica afectaban el proceso de justicia y paz, señalando que los mismos estaban relacionados: “i) con la excesiva demora en el trámite de los procesos, derivada en gran medida de la multiplicidad de audiencias que es necesario celebrar a lo largo del trámite procesal; ii) con el volumen de casos y la complejidad que plantea su investigación integral; iii) con la falta de regulación de la persecución y el aseguramiento de los bienes destinados a la reparación de las víctimas así como de la restitución de bienes cuando estos les han sido despojados a aquellas; iv) con la complejidad de investigar y asegurar la reparación colectiva en el marco de la lógica individual de los procedimientos judiciales, lo cual, a su vez, genera importantes demoras; v) con la complejidad y demora en el trámite del incidente de reparación; [y] vi) con la ausencia de criterios para excluir a los postulados del proceso de justicia y paz, en ciertas circunstancias”.

5.5. En punto a los problemas derivados de: “la falta de regulación de la persecución y el aseguramiento de los bienes destinados a la reparación de las víctimas” y de “la ausencia de criterios para excluir a los postulados del proceso de justicia y paz, en ciertas circunstancias”, se consideró necesario incluir en el texto de la ley disposiciones que, entre otros aspectos, permitieran “definir expresamente los bienes que son objeto de persecución en el marco del proceso de justicia paz”(5). Con ese propósito, se propuso entonces establecer como obligación del postulado, la de indicar en la diligencia de versión libre los bienes de los cuales es titular real o aparente y que ofrece para la reparación de las víctimas, con lo cual se buscaba perseguir de manera efectiva los bienes con vocación cierta para reparar los derechos de las víctimas y determinar si el postulado honraba el compromiso adquirido de decir la verdad.

5.6. En armonía con tal propósito, se propuso crear también la figura de la “exclusión”, con la finalidad de elevar a norma jurídica una práctica ya existente a partir de los desarrollos jurisprudenciales en la materia. En efecto, tal y como se mencionó en la exposición de motivos, la Ley 975 de 2005 no había consagrado expresamente la posibilidad de excluir a los postulados del proceso de justicia y paz, cuando éstos no cumplían los requisitos de elegibilidad previstos en sus artículos 10 y 11, razón por la cual, dicho vacío venía siendo llenado, por vía de interpretación, a través de la jurisprudencia de la Sala Penal de la Corte Suprema de Justicia. No obstante, dada la dinámica y complejidad de los procesos de justicia y paz, la actividad de las autoridades judiciales competentes se había mostrado tímida y cauta frente a la depuración de los postulados que no cumplían los compromisos adquiridos, lo que hacía necesario la consagración legal de la exclusión con miras a unificar los criterios de aplicación, generar un mayor nivel de confianza en los operadores jurídicos y buscar la efectividad del proceso de justicia y paz y el enfoque del mismo en las personas que están dispuestas a cumplir con los requisitos de elegibilidad y contribuir a la reconstrucción de la paz, finalidad de la Ley 975 de 2005. Sobre este particular, se dijo expresamente en la exposición de motivos:

“Ante el vacío de la Ley 975 de 2005 en esta materia, se propone incluir el instituto de la exclusión del proceso y el de finalización del mismo por renuncia voluntaria del postulado. Lo anterior, teniendo en cuenta los desarrollos jurisprudenciales en este sentido. En efecto, la jurisprudencia penal ha resuelto situaciones como las establecidas en los dos artículos que se proponen. En esta medida, la propuesta consiste en la consagración legal de una práctica ya existente. Habida cuenta que la actividad de los fiscales y magistrados ha sido evidentemente tímida y cauta al momento de depurar el universo de postulados, resulta necesario consagrar legalmente las directrices trazadas en la materia por la Sala Penal de la Corte Suprema de Justicia”(6).

5.7. Dentro de ese contexto, el propósito de incluir la “exclusión” en el proyecto de reforma, consistía “en [sacar] del procedimiento a los postulados que únicamente han figurado de manera formal en las listas enviadas por el Gobierno Nacional, pero que no ha sido posible ubicar ni lograr su comparecencia en el proceso. Así mismo, se hace necesario excluir a los que voluntariamente desisten de someterse al proceso de justicia y paz o expresan libremente su decisión de no continuar en el proceso. También se requiere excluir del proceso a quienes no satisfacen los requisitos de elegibilidad establecidos en la ley, tan pronto se acredita esta situación”.

5.8. Con la implementación de la exclusión, se buscaba lograr una “mayor fluidez de las actuaciones, en la medida en que el esfuerzo de los diferentes equipos de trabajo de fiscales y magistrados de justicia y paz se podrá concentrar en aquellos casos en que los postulados realmente estén colaborando eficazmente con la reconstrucción de la verdad, a favor de la reparación de tantas víctimas que esperan, por fin, saber lo ocurrido con sus seres queridos”.

5.9. Durante los debates surgidos en las distintas instancias legislativas, el tema de la exclusión adquirió particular relevancia frente al incumplimiento del requisito de elegibilidad relacionado con la entrega o denuncia de todos los bienes adquiridos por el postulado o por el grupo armado organizado al margen de la ley durante y con ocasión de su pertenencia al mismo, pues se consideró que su consagración expresa podría contribuir al propósito de garantizar a las víctimas el derecho a la reparación, sobre la base de forzar una definición de los bienes que deben ser objeto de persecución en el marco del proceso de justicia y paz, aspecto éste que, en la práctica, venía afectando la efectividad y eficacia de dicho proceso. En esa dirección, durante el primer debate en Cámara, el viceministro de política criminal y justicia restaurativa, Jorge Fernando Perdomo Torres, indicó “que cuando una persona en su versión libre no cuenta todo, no dice todo sobre los bienes, cuáles tiene en cabeza suya o por interpuesta persona, por supuesto que esto debe ser una causal de exclusión porque así como el Estado ha entregado prerrogativas a estas personas, el Estado debe exigir en cualquier momento, que ante el incumplimiento se puedan tomar medidas precisamente como la exclusión”(7).

5.10. Con ese mismo criterio, en segundo debate en el Senado de la República, se dispuso incluir la regla no solo en la norma general referente a las causales de terminación del proceso, sino también en aquella llamada a regular lo relacionado con el deber de los postulados de contribuir a la reparación integral de las víctimas. Se mencionó sobre el particular en el señalado debate:

“Este artículo nuevo da alcance a los requisitos de elegibilidad contemplados en los artículos 10 y 11 en relación con la entrega, denuncia y ofrecimiento de los bienes adquiridos por los postulados o por el grupo armado al que pertenecían, los cuales serán puestos a disposición de la unidad de víctimas o la unidad de tierras, según corresponda. Esta disposición no solo refuerza la obligación de los postulados de entregar, denunciar u ofrecer los bienes sino que además envía un mensaje claro de fortalecimiento del sistema de persecución de bienes por parte de la Fiscalía General de la Nación. Igualmente, establece que aquel postulado que no cumpla con esta obligación quedará excluido de justicia y paz o perderá el beneficio de la pena alternativa, según corresponda”(8).

5.11. Atendiendo a la filosofía que inspiró la reforma a la llamada ley de justicia y paz —Ley 975 de 2005—, la figura de la exclusión quedó finalmente contenida, de manera particular y concreta, en los artículos 5º y 8º de la Ley 1592 de 2012. En esta última norma, prevista exclusivamente para el caso en que el postulado no cumple el compromiso de entregar, ofrecer o denunciar los bienes adquiridos ilícitamente.

5.12. En efecto, mediante el artículo 5º de la Ley 1592 de 2012, se introdujo a la Ley 975 de 2005 un nuevo artículo 11A, en el cual se regulan las causales de terminación del proceso de justicia y paz y la exclusión de la lista de postulados, describiendo también el procedimiento a seguir en tales casos. Al respecto, la norma establece que los desmovilizados de grupos armados organizados al margen de la ley que hayan sido postulados por el Gobierno Nacional para acceder a los beneficios previstos en la Ley 975 de 2005, serán excluidos de la lista de postulados previa decisión motivada, proferida en audiencia pública por la correspondiente Sala de Conocimiento de Justicia y Paz del Tribunal Superior de Distrito Judicial, en cualquiera de los siguientes casos, sin perjuicio de las demás que determine la autoridad judicial competente:

“1. Cuando el postulado sea renuente a comparecer al proceso o incumpla los compromisos propios de la presente ley.

2. Cuando se verifique que el postulado ha incumplido alguno de los requisitos de elegibilidad establecidos en la presente ley.

3. Cuando se verifique que el postulado no haya entregado, ofrecido o denunciado bienes adquiridos por él o por el grupo armado organizado al margen de la ley durante y con ocasión de su pertenencia al mismo, de forma directa o por interpuesta persona.

4. Cuando ninguno de los hechos confesados por el postulado haya sido cometido durante y con ocasión de su pertenencia a un grupo armado organizado al margen de la ley.

5. Cuando el postulado haya sido condenado por delitos dolosos cometidos con posterioridad a su desmovilización, o cuando habiendo sido postulado estando privado de la libertad, se compruebe que ha delinquido desde el centro de reclusión.

6. Cuando el postulado incumpla las condiciones impuestas en la audiencia de sustitución de la medida de aseguramiento de que trata el artículo 18A de la presente ley”.

5.13. Por su parte, a través del artículo 8º de la Ley 1592 de 2012, se introdujo a la Ley 975 de 2005 un nuevo artículo 11D, en el que se regula lo relacionado con el deber de los postulados de contribuir a la reparación integral. Con esa orientación, la norma prevé que, para los efectos del cumplimiento de los requisitos de elegibilidad relacionado con la entrega de los bienes producto de la actividad ilegal (L. 975/2005, arts. 10-10.2 y 11-11.5), los desmovilizados deberán entregar, ofrecer o denunciar todos los bienes adquiridos por ellos o por el grupo armado organizado al margen de la ley durante y con ocasión de su pertenencia al mismo, de forma directa o por interpuesta persona. Destaca la misma norma que dichos bienes serán puestos a disposición de la unidad administrativa especial para la atención y reparación integral a las víctimas y/o de la unidad administrativa especial de gestión de restitución tierras despojadas, para que sean destinados a los programas de reparación integral y de restitución de tierras de que trata la Ley 1448 de 2011, según corresponda.

En el segundo inciso del citado precepto, al que se integra la expresión acusada, se le impone a la Fiscalía General de la Nación el deber de tomar todas las medidas necesarias para perseguir los bienes adquiridos por los desmovilizados o por el grupo armado organizado al margen de la ley durante y con ocasión de su pertenencia al mismo, que no hayan sido entregados, ofrecidos o denunciados por el postulado, precisando que “[e]l postulado que no entregue, ofrezca o denuncie todos los bienes adquiridos por él o por el grupo armado organizado al margen de la ley durante y con ocasión de su pertenencia al mismo, de forma directa o por interpuesta persona, será excluido del proceso de justicia y paz o perderá el beneficio de la pena alternativa, según corresponda(9).

5.14. Dentro del propósito de darle coherencia y solidez a la figura de la exclusión, particularmente en relación con el incumplimiento del compromiso del postulado de entregar, ofrecer o denunciar los bienes adquiridos ilícitamente, la Ley 1592 de 2012, adoptó, entre otras medidas, las siguientes:

— (i) a través del artículo 14, modificó el artículo 17 de la Ley 975 de 2005, en el que se regula lo relacionado con la versión libre y confesión, en el sentido de establecer que en la diligencia de versión libre y confesión, los postulados a la ley de justicia y paz deberán indicar, entre otros aspectos, “la fecha y motivos de su ingreso al grupo y los bienes que entregarán, ofrecerán o denunciarán para contribuir a la reparación integral de las víctimas, que sean de su titularidad real o aparente o del grupo armado organizado al margen de la ley al que pertenecieron”.

— (ii) En el artículo 26, modificó el artículo 25 de la Ley 975 de 2005, que se refiere al tema de las condenas posteriores a la pena alternativa y bienes encontrados con posterioridad, en el sentido de señalar que, “si con posterioridad a la sentencia emitida como consecuencia del procedimiento excepcional de que trata la presente ley, y hasta el término de la condena ordinaria allí establecida, la autoridad judicial competente determinare que el beneficiario de la pena alternativa no entregó, no ofreció o no denunció todos los bienes adquiridos por él o por el grupo armado organizado al margen de la ley durante y con ocasión de su pertenencia al mismo, de forma directa o por interpuesta persona, perderá el beneficio de la pena alternativa”.

6. La ley de justicia y paz. Fundamento jurídico y estructura procesal.

6.1. Como ya ha sido destacado, la Ley 1592 de 2012, de la que hace parte el artículo 8º parcialmente acusado, introduce modificaciones a la llamada Ley de Justicia y Paz, la Ley 975 de 2005.

6.2. La ley de justicia y paz ha sido materia de estudio por parte de esta corporación, particularmente, a través de la Sentencia C-370 de 2006, donde la Corte, al decidir sobre la exequibilidad de un número significativo de normas, sentó las bases para su interpretación y aplicación(10). También la Corte Suprema de Justicia, en virtud de las competencias asignadas por la propia Ley 975 de 2005 a su Sala Penal, ha tenido oportunidad de pronunciarse en torno al alcance de las distintas instituciones que hacen parte de la ley de justicia y paz. En ese entendido, los enfoques fijados por las dos corporaciones en sus respectivas decisiones, serán tenidos en cuenta en el presente caso para efectos de sustentar la decisión que corresponda adoptar.

6.3. Tal y como lo puso de presente este tribunal en la citada Sentencia C-370 de 2006, dentro de un contexto de justicia transicional, la Ley 975 de 2005 fue concebida como un instrumento para materializar la paz en el país, esto es, como un medio para superar el conflicto armado interno que afecta a Colombia desde hace ya varias décadas, garantizando los derechos de las víctimas a la verdad, la justicia y la reparación. Así quedo consignado no solo en el título de dicha ley, “Por la cual se dictan disposiciones para la reincorporación de miembros de grupos armados organizados al margen de la ley, que contribuyan de manera efectiva a la consecución de la paz nacional y se dictan otras disposiciones para acuerdos humanitarios”, sino también en su artículo 1º, en el que se consagra que: “[l]a presente ley tiene por objeto facilitar los procesos de paz y la reincorporación individual o colectiva a la vida civil de miembros de grupos armados al margen de la ley, garantizando los derechos de las víctimas a la verdad, la justicia y la reparación”.

6.4. En palabras de esta misma corporación, la ley de justicia y paz vino a constituir un “ingente esfuerzo político cuyo propósito es facilitar la reincorporación de miembros de grupos armados al margen de la ley que estén dispuestos a contribuir de manera efectiva a la consecución de la paz”(11).

6.5. Dentro del objetivo de realizar el valor constitucional de la paz, a través de dicha ley, el Congreso fijó “diversas fórmulas que, en términos generales, implican una reforma al procedimiento penal con incidencias en el ámbito de la justicia —entendida como valor objetivo y también como uno de los derechos de las víctimas de violaciones de derechos humanos—”(12). Conforme con ello, la ley establece “ciertos beneficios de tipo penal y un procedimiento especial ante ciertas autoridades específicas para quienes opten, individual o colectivamente, por desmovilizarse de los grupos armados al margen de la ley y reingresar a la vida civil”(13). Ello refleja una decisión de carácter político adoptada por el legislador y plasmada en dicha ley, pues, en aras de lograr la paz, “se estableció un régimen específico y distinto de procedimiento penal, como forma de materializar la justicia”(14).

6.6. Así, bajo las condiciones y términos del citado ordenamiento, los miembros de los grupos armados al margen de la ley que tomen la decisión de desmovilizarse, individual o colectivamente, son entonces investigados y juzgados conforme a un procedimiento penal especial, por cuenta de autoridades judiciales instituidas para ese efecto, y se harán acreedores a los beneficios fijados en la ley, en caso de cumplir los compromisos por ellos adquiridos con el Estado.

6.7. Al respecto, cabe destacar que el beneficio previsto en la ley para quienes decidan acogerse al proceso de justicia y paz es la pena alternativa. Sobre el instituto de la alternatividad, en la Sentencia C-370 de 2006, esta corporación precisó que se trata de un beneficio que “incorpora una rebaja punitiva significativa, al cual pueden acceder los miembros de un grupo armado organizado al margen de la ley que se sometan a un proceso de reincorporación a la vida civil, y que hayan sido autores o partícipes de hechos delictivos cometidos durante y con ocasión de la pertenencia a esos grupos. La concesión del beneficio está condicionada al cumplimiento de unos requisitos establecidos en la ley, orientados a satisfacer a cabalidad los derechos de las víctimas a la verdad, la justicia, la reparación y la no repetición”.

6.8. En el mismo fallo, la Corte explicó que tal beneficio consiste “en suspender la ejecución de la pena ordinaria aplicable en virtud de las reglas generales del Código Penal, para que en lugar de cumplir esta pena ordinaria, el condenado cumpla una pena alternativa menor, de un mínimo de 5 años y de un máximo de 8 años. En la sentencia condenatoria, primero, se fija la pena ordinaria (la principal y las accesorias), y, segundo, se reemplaza dicha pena, cuya ejecución es suspendida por ministerio de la ley, por la pena alternativa de 5 a 8 años, entre otras determinaciones que han de tomarse en la sentencia. En el concepto de alternatividad penal adoptado en la Ley 975 de 2005 la pena ordinaria no desaparece, sino que es fijada en la sentencia. Lo que sucede es que el condenado que reúna los requisitos establecidos en dicha ley se beneficia con una pena alternativa inferior que también ha de ser fijada en la sentencia. Es esta pena alternativa la que efectivamente debe cumplir el condenado”.

6.9. De acuerdo con la normatividad transicional, la jurisprudencia ha entendido que los beneficiarios del proceso de justicia y paz son tanto el Estado como las víctimas, pero también los propios ofensores. El “Estado por cuanto se consolida como Estado de derecho y asume el monopolio de la fuerza y se aproxima a la concreción de una paz sostenible; las víctimas por conocer la verdad de la causa de su dolor y por ser reparadas integralmente; y los victimarios ya que en su favor, el Estado renuncia a una parte de la pena ordinaria, a cambio de que los postulados se comprometan con aquello que es exigido como requisito de elegibilidad, esto es, que suspendan su accionar armado, y en general que cambien su actitud en el futuro inmediato, a partir de su desmovilización”(15).

6.10. Debe señalarse, además, que al proceso de justicia y paz el desmovilizado accede libre y voluntariamente, lo cual significa que es él quien por iniciativa propia hace manifiesta su aspiración, mostrando plena disposición en el cumplimiento de los compromisos adquiridos a cambio de recibir la indulgencia de una disminución punitiva. Su ingreso, por ser libre y voluntario, exige, precisamente, un compromiso serio, inquebrantable y real para culminarlo, por lo que del cumplimiento de las exigencias impuestas en la ley depende la aplicación de la alternatividad. Sobre este particular, en la Sentencia C-370 de 2006, esta corporación precisó que “[l]a alternatividad penal parecería una afectación desproporcionada de los derechos de las víctimas si la ‘la colaboración con la justicia’ no comprendiera la integralidad de los derechos de tales víctimas, y si no exigiera de parte de quienes aspiran a acceder a tal beneficio acciones concretas encaminadas a asegurar el goce efectivo de estos derechos, que parecen enunciados en la propia Ley 975 de 2005”.

También la Sala Penal de la Corte Suprema de Justicia, en reciente pronunciamiento(16), se refirió al tema destacando que: “la materia prima con la cual se construyó la esperanza de un mejor país que subyace en la filigrana de la ley de justicia y paz, es la voluntad de sus intervinientes, de tal forma que decidan escoger el camino de la paz en vez del sendero de la guerra; la voluntad, esa facultad intelectual en la que se concentra tanto la fuerza del querer como una motivación, esa tan importante para el devenir social que se identifica con la realización de la paz y la convivencia, presupuestos del orden, la seguridad, el progreso y la justicia”. En la misma decisión, aclaró la Corte que, no obstante, “esa voluntad debe tener elementos concretos de evaluación ya que no se puede quedar en vacías declaraciones de meras intenciones, sino que requiere manifestaciones externas, expresiones concretas, tangibles y por tanto evaluables de su sinceridad”. Y agregó que “los requisitos de elegibilidad son las exigencias iniciales, inmediatas, la expresión concreta de la voluntad, a cuyo cumplimiento se condiciona el acceso a la posibilidad de beneficiarse de los significativos descuentos punitivos contenidos en la ley”.

6.11. En efecto, dentro del propósito de concretar la expresión de voluntad del postulado, la ley establece unos requisitos de elegibilidad, a cuyo cumplimiento se condiciona el otorgamiento del beneficio de la pena alternativa. Los requisitos de elegibilidad, para el caso de la desmovilización colectiva, se concretan en: (i) que el grupo armado organizado de que se trata se haya desmovilizado y desmantelado en cumplimiento del acuerdo con el Gobierno Nacional; (ii) que se entreguen los bienes producto de la actividad ilegal(17); (iii) que el grupo ponga a disposición del Instituto Colombiano de Bienestar Familiar la totalidad de menores de edad reclutados; (iv) que el grupo cese toda interferencia al libre ejercicio de los derechos políticos y libertades públicas y cualquier otra actividad ilícita; (v) que el grupo no se haya organizado para el tráfico de estupefacientes o el enriquecimiento ilícito; y (vi) que se liberen a las personas secuestradas, que se hallen en su poder(18) (art. 10).

6.12. De igual manera, la desmovilización individual exige como requisitos de elegibilidad, (i) que el desmovilizado entregue información o colabore con el desmantelamiento del grupo al que pertenecía; (ii) que haya suscrito un acta de compromiso con el Gobierno Nacional; (iii) que se haya desmovilizado y dejado las armas en los términos establecidos por el Gobierno Nacional para tal efecto; (iv) que cese toda actividad ilícita; y (v) que entregue los bienes producto de la actividad ilegal(19), para que se repare a las víctimas (art. 11).

6.13. Si el postulado satisface los requisitos de elegibilidad, y da estricto cumplimiento a las demás obligaciones contenidas en la ley e impuestas en la sentencia, relacionadas con la satisfacción de la verdad, la justicia y la reparación de las víctimas, se mantendrá en la transición y será beneficiario de la alternatividad. De manera general, en virtud de la ley transicional, el postulado tiene la obligación, (i) en el contexto de satisfacer la verdad, de dar a conocer las circunstancias de tiempo, modo y lugar de los hechos delictivos en los cuales participó; (ii) en el marco de la obligación de justicia, de permanecer privado de la libertad hasta que la autoridad competente así lo disponga, asistir a las audiencias, cumplir la sanción impuesta y los compromisos de comportamiento incluidos en el fallo; y (iii) en lo relacionado con el derecho a la reparación, entre otras obligaciones, de entregar al Estado los bienes para la reparación de las víctimas.

6.14. Ahora bien, el incumplimiento de los requisitos de elegibilidad, en particular el relacionado con la entrega de los bienes producto de la actividad ilegal, da lugar a la exclusión del postulado del proceso de justicia y paz(20) o, en su defecto, a la pérdida del beneficio de la pena alternativa, según el momento procesal en el que se declare tal incumplimiento. Ello implica que el desmovilizado no podrá ser nuevamente postulado y que sus delitos serán juzgados por los despachos judiciales ordinarios que lo requieran.

6.15. Ya se había señalado que el proceso de justicia y paz se funda en la voluntad de los intervinientes, “en una confianza recíproca, en el principio de lealtad, en el compromiso del desmovilizado de contribuir a la reconciliación nacional, todo ello sometido a verificación en el proceso penal de justicia y paz”(21). Por eso, “[c]uando no hay lealtad en el marco del acuerdo humanitario, lo propio es tramitar la exclusión del desmovilizado del programa de justicia transicional y la entrega del caso a la justicia ordinaria, porque se revela que la intención defensiva del desmovilizado es alcanzar impunidad (relativa) y nada más”(22).

6.16. En lo que hace a la figura de la exclusión, ésta ha sido definida por la jurisprudencia como el mecanismo por medio del cual la autoridad judicial de conocimiento del proceso de justicia y paz expulsa al postulado de dicho trámite, previa solicitud que presenta la fiscalía. La Sala Penal de la Corte Suprema de Justicia ha precisado al respecto, que “[l]a exclusión del postulado de los beneficios de la ley de justicia y paz, opera cuando éste no cumple con los requisitos generales y objetivos establecidos en la Ley 975 de 2005 para su vinculación al trámite especial, o cuando en curso del proceso o dentro de la ejecución de la pena alternativa dispuesta por la justicia, incumple con las obligaciones propias de su condición”(23).

6.17. El proceso de exclusión de quienes aspiran a ser beneficiarios de la ley de justicia y paz, fue estructurado en el artículo 5º de la Ley 1592 de 2012, que a su vez adicionó un artículo 11A de la Ley 975 de 2005. La formalización legal de la exclusión dentro del proceso de justicia y paz, propuesta en la Ley 1592 de 2012, se explicó en el apartado anterior, tenía como propósito específico no solo buscar una mayor efectividad de dicho proceso, sobre la base de unificar criterios y brindar confianza a los operadores jurídicos en sus decisiones, sino también, lograr que el proceso se enfocara en las personas que en realidad estuvieren dispuestas a cumplir con los requisitos de elegibilidad y a contribuir con la reconstrucción de la paz, que es la finalidad que persigue la Ley 975 de 2005.

6.18. Y es que, conforme ya fue señalado, la Ley 975 de 2005 no consagró formalmente la figura de la exclusión, esto es, no elevó a la categoría de norma especial la posibilidad de excluir a los postulados del proceso de justicia y paz, cuando éstos no cumplen los requisitos de elegibilidad o cualquier otra obligación legal o judicial tanto en el curso del proceso como en la ejecución de la sentencia. No obstante, ante la necesidad inaplazable de definir el futuro de quienes no honraran sus compromisos, dicho vacío legal fue entonces cubierto por vía de interpretación por la jurisprudencia de la Sala Penal de la Corte Suprema de Justicia(24), con base en el parágrafo 1º del artículo 19(25) y el artículo 21(26) de la citada Ley 975 de 2005, que regulan las figuras de la aceptación de cargos y la ruptura de la unidad procesal.

La aplicación de la exclusión por vía jurisprudencial, se extendió hasta la expedición de la citada Ley 1592 de 2012, que, se reitera, la reguló expresamente en el artículo 5º, al incluir un nuevo artículo 11A a la Ley 975 de 2005, titulado “Causales de terminación del proceso de justicia y paz y exclusión de la lista de postulados”. En dicha norma se consagran las causales de exclusión y se establece el procedimiento que se debe seguir para su aplicación, el cual se ve complementado con otras disposiciones de la ley que le resultan a su vez plenamente aplicables.

6.19. En relación con las causales de exclusión, para lo que es de interés a este juicio, debe señalarse una vez más que el citado artículo 5º de la Ley 1592 de 2012, que incluyó un nuevo artículo 11A a la Ley 975 de 2005, prevé que hay lugar a la exclusión, entre otras causas, “Cuando se verifique que el postulado no haya entregado, ofrecido o denunciado bienes adquiridos por él o por el grupo armado organizado al margen de la ley durante y con ocasión de su pertenencia al mismo, de forma directa o por interpuesta persona”. En punto a dicha causal de exclusión, de destaca que la misma fue recogida por la norma acusada, el artículo 8º de la Ley 1592 de 2012 (que introdujo a la L. 975/2005 un nuevo art. 11D), el cual, al regular lo relacionado con el deber de los postulados de contribuir a la reparación integral, dispone que “[e]l postulado que no entregue, ofrezca o denuncie todos los bienes adquiridos por él o por el grupo armado organizado al margen de la ley durante y con ocasión de su pertenencia al mismo, de forma directa o por interpuesta persona, será excluido del proceso de justicia y paz o perderá el beneficio de la pena alternativa, según corresponda”.

6.20. Con respecto al procedimiento a seguir, habrá de destacarse inicialmente, que la decisión de excluir a un postulado del proceso de justicia y paz debe ser adoptada en audiencia pública por la correspondiente Sala de Conocimiento de Justicia y Paz del Tribunal Superior de Distrito Judicial, a solicitud del fiscal del caso, y debe estar motivada fáctica, probatoria y jurídicamente (L. 975, arts. 11A y 13). Ciertamente, si el postulado incumple los requisitos de elegibilidad o alguna obligación legal o judicial, no obstante que el gobierno lo haya incluido en lista, es obligación del fiscal delegado acudir ante la Sala de Conocimiento de Justicia y Paz, a fin de obtener la desvinculación de la persona en audiencia a través del mecanismo de la exclusión.

6.21. La decisión de exclusión del proceso de justicia y paz, por no cumplir con los requisitos de elegibilidad, puede tener lugar en cualquier momento de la actuación, esto es, tanto en el curso del proceso (investigación y juzgamiento) como en la etapa de ejecución de la sentencia, una vez se ponga en evidencia la situación de incumplimiento (L. 975, art. 11A). Como se mencionó, tal decisión le corresponde adoptarla a la Sala de Justicia y Paz con funciones de conocimiento de los tribunales superiores, lo cual se explica en el hecho de que dicha determinación privaría al postulado de gozar del derecho a la pena alterativa, esto es, de ser parte de los beneficios de la Ley 975 de 2005.

6.22. En caso que el incumplimiento de los requisitos de elegibilidad se verifique antes de proferirse sentencia, se dispondrá la exclusión del postulado del proceso de justicia y paz y se remitirá la actuación al funcionario competente para llevar el proceso conforme con la ley vigente al momento de la comisión de las conductas investigadas, en donde no tendrá valor la confesión del justiciable realizada en el expediente transicional (L. 975/2005, art. 11A). Si el incumplimiento se verifica luego de proferido el respectivo fallo, la Sala de Conocimiento, de oficio o por solicitud del fiscal, deberá proceder a revocar la pena alternativa o el periodo de libertad a prueba y se harán efectivas las penas principales y accesorias ordinarias determinadas en la sentencia (L. 975/2005, arts. 24, 25 y 26).

6.23. Finalmente, contra la decisión de exclusión, adoptada en audiencia pública mediante auto, procede el recurso de apelación ante la Sala Penal de la Corte Suprema de Justicia (L. 975/2005, art. 26). Una vez en firme la decisión, el desmovilizado no podrá ser nuevamente postulado para acceder a un futuro trámite y a los beneficios establecidos en la ley de justicia y paz (L. 975, art. 11A). Ello es así, pues el desconocimiento de los presupuestos establecidos desconoce los derechos a la verdad, a la justicia y a la reparación y una decisión diferente conduciría a un trato desigual respecto de los postulados y generaría incertidumbre, desconfianza e inseguridad jurídica en el marco de la justicia transicional(27).

7. Descripción básica del proceso de justicia y paz.

7.1. Dentro de marco jurídico descrito, el procedimiento penal especial fijado en la Ley 975 de 2005 para justicia y paz, está integrado básicamente por dos fases: una administrativa y otra judicial. La primera corre por cuenta del Gobierno Nacional, en cuanto que a él le corresponde elaborar la lista con los nombres de los miembros de grupos armados al margen de la ley que aspiren a obtener los beneficios reconocidos. La segunda, la judicial, se encuentra a cargo de la unidad nacional de fiscalía para la justicia y la paz y de los tribunales de justicia y paz, a quienes corresponde, una vez recibida la lista correspondiente de postulados, llevar a cabo lo concerniente a la investigación, juzgamiento, imposición de la sanción y aplicación de los beneficios judiciales.

7.2. En lo que hace a la etapa judicial, la citada ley prevé su desarrollo de la siguiente manera. Una vez recibida la lista de postulados remitida por el Gobierno Nacional, le corresponde al fiscal delegado, de acuerdo con los criterios de priorización que establezca el Fiscal General de la Nación, asumir de manera inmediata la competencia para conocer: (i) de las investigaciones de los hechos delictivos cometidos durante y con ocasión de la pertenencia al grupo armado organizado al margen de la ley; (ii) de las investigaciones que cursen en contra de sus miembros; y (iii) de las investigaciones que deban iniciarse y de las que se tenga conocimiento en el momento o con posterioridad a la desmovilización (art. 16). En esta instancia, la fiscalía lleva a cabo una investigación preliminar con el fin de establecer la verdad material, determinar las conductas punibles, sus autores, identificar bienes, fuentes de financiación, entre otros elementos.

7.3. Después de asumida la competencia para investigar, el fiscal delegado recibe la declaración de versión libre y confesión del postulado, en la cual lo interroga acerca de los hechos de que tenga conocimiento. Dicha diligencia se desarrolla en presencia del apoderado del postulado y éste tiene la obligación de confesar de manera completa y veraz los hechos delictivos en los que participó y de que tenga conocimiento, así como de indicar los bienes que entregará, ofrecerá o denunciará para contribuir a la reparación integral de las víctimas, que sean de su titularidad real o aparente o del grupo armado organizado al margen de la ley al que pertenecieron, entre otros elementos (art. 17(28)). Con base en la versión libre, el fiscal elabora un programa metodológico para iniciar la investigación, comprobar la veracidad de la información suministrada y esclarecer los patrones y contextos de criminalidad y victimización. En esta fase es posible solicitar medidas cautelares sobre los bienes destinados a la reparación de las víctimas (art. 17).

7.4. Teniendo en cuenta el alcance reconocido a la diligencia de versión libre y confesión, la misma constituye el momento procesal en el cual el postulado materializa y hace manifiesta su voluntad expresa de acogerse al procedimiento y beneficios de la ley, pues en ella se obliga a declarar la verdad, en particular, a declarar todos los bienes adquiridos ilícitamente, con los cuales se compromete a contribuir a la reparación integral de las víctimas. En ese sentido, es también el primer referente procesal con que cuenta la fiscalía para verificar si el postulado honra su compromiso, es decir, si actúa con la intención real de hacer entrega de bienes e indemnizar a sus víctimas, o si lo hace como una manera de dilatar el proceso penal, pues el ofrecimiento de los bienes es indicativo de que tan cierto es el propósito que tiene de reconciliación. En este escenario, es importante resaltar que la fiscalía, según surge de la propia ley y la jurisprudencia, es el ente encargado de verificar el cumplimiento de los requisitos de elegibilidad y la voluntad constante del postulado de ser beneficiario de la pena alternativa(29).

7.5. Tal y como lo ha destacado la Sala Penal de la Corte Suprema de Justicia, el “rol de la fiscalía en el contexto de la versión libre no es pasivo. Tiene el deber institucional de interrogar al desmovilizado para lograr el esclarecimiento de la verdad, que constituye un presupuesto de la investigación y de la labor de verificación que debe agotar con miras a consolidar una formulación de cargos. Sin embargo, antes de iniciar el cuestionario deberá inquirirlo sobre si es su voluntad expresa de acogerse al procedimiento y beneficios de la ley, como requisito para adelantar las demás etapas del proceso judicial. El desmovilizado, por su parte, “está obligado a efectuar una confesión completa y veraz de los hechos delictivos en los que participó y de todos aquellos que tenga conocimiento durante y con ocasión de su pertenencia al grupo organizado al margen de la ley, así como informar las causas y circunstancias de tiempo, modo y lugar de su participación en los mismos o de los que le conste, para asegurar el derecho a la verdad. Adicionalmente, deberá indicar la fecha de ingreso al respectivo frente o bloque y enumerar todos los bienes de origen ilícito que deberán ser entregados para efectos de reparar a las víctimas”(30).

7.6. Cumplida la declaración de versión libre y confesión, se da paso a la audiencia de formulación de imputación ante el magistrado que ejerce la función de control de garantías (art. 18(31)). Esta audiencia tiene como finalidad la iniciación formal de la investigación penal, y en ella el fiscal hace la imputación fáctica de los cargos investigados y confesados y solicita al magistrado disponer la detención preventiva del imputado en el centro de reclusión que corresponda. Igualmente, puede solicitar la adopción de las medidas cautelares sobre los bienes para efectos de la contribución a la reparación integral de las víctimas.

7.7. A partir de la audiencia de formulación de imputación, y dentro de los 60 días siguientes, la Fiscalía General de la Nación, con el apoyo de la policía judicial, adelanta las labores de investigación y verificación de los hechos admitidos por el imputado, y todos aquellos de los cuales tenga conocimiento dentro del ámbito de su competencia (art. 18). Finalizado dicho término de investigación, el fiscal del caso solicita a la sala de conocimiento la programación de una audiencia concentrada de formulación y aceptación de cargos. En ella, el postulado podrá aceptar los cargos que le fueron imputados por la Fiscalía General de la Nación. No obstante, la aceptación de cargos solo tendrá validez si se hizo de manera libre, voluntaria y espontánea, y siempre que el postulado haya estado asistido por su defensor (art. 19(32)).

7.8. Aceptada la formulación de cargos por parte del imputado, se convocará a la audiencia de verificación de la aceptación de cargos, con el fin de examinar si la aceptación se efectuó de manera libre, voluntaria, espontánea y asistida por el defensor del imputado. Dicha audiencia se realiza ante los magistrados con funciones de conocimiento de justicia y paz, quienes deben controlar la legalidad de la aceptación de cargos en lo relativo a la calificación jurídica de los hechos, en el sentido que aquella debe efectivamente corresponder a los que obran en el expediente (art. 19). Cabe destacar que, en la misma audiencia en la que se declara la legalidad de la aceptación total o parcial de los cargos formulados, se da inicio de manera oficiosa al incidente para la identificación de las afectaciones causadas a las víctimas con la conducta criminal.

7.9. Finalmente, concluido el incidente de identificación de afectaciones, se procede a dictar sentencia, en donde se verificara el cumplimiento de los requisitos de elegibilidad contenidos en los artículos 10 y 11 de la Ley 975 de 2005, entre otros aspectos, y, de encontrarse cumplidos, se suspenderá la ejecución de la pena que se imponga de acuerdo con el Código Penal y habrá lugar al beneficio de la pena alternativa. Una vez se cumpla la pena alternativa, se concede la libertad a prueba por un término igual a la mitad de la pena alternativa impuesta, en donde el condenado tiene la obligación de no reincidir en los delitos por los cuales fue penado, de presentarse periódicamente a la autoridad que corresponda y de informar el cambio de residencia de llegar a ocurrir, cumplido lo anterior, se declarará que se extinguió la pena ordinaria haciendo tránsito a cosa juzgada (art. 24(33)). En todo caso, en el evento en que el condenado incumpla alguno de los compromisos u obligaciones determinados en la sentencia se le revocará el beneficio de la pena alternativa y, en consecuencia, deberá cumplir la sanción principal y las accesorias que le fueron impuestas. Cabe señalar que contra los autos interlocutorios y sentencias, procede el recurso de apelación cuya competencia está en cabeza de la Sala Penal de la Corte Suprema de Justicia (art. 26(34)).

7.10. El proceso de justicia y paz al que se ha hecho expresa referencia, no obstante tratarse de un procedimiento penal especial, diseñado en un contexto de justicia transicional para investigar juzgar a las personas vinculadas a grupos armados organizados al margen de la ley que hubieren decidido desmovilizarse y contribuir decididamente a la reconciliación nacional, destaca la Corte, está llamado a desarrollarse con estricta sujeción a las garantías sustanciales y procesales propias del Estado de derecho. Al respecto, por fuera de las manifestaciones concretas previstas en las distintas instituciones procesales reguladas por la ley de justicia y paz para el cumplimiento de sus objetivos, de manera especial, el mismo compendio normativo deja en claro que la aplicación e interpretación de sus disposiciones deben llevarse a cabo con pleno acatamiento a las normas constitucionales y a los tratados internacionales ratificados por Colombia, así como también, respetando el derecho al debido proceso, el derecho de defensa y las garantías judiciales de los procesados.

7.11. En relación con este aspecto, el artículo 2º de la Ley 975 de 2005 consagra expresamente que “[l]a interpretación y aplicación de las disposiciones previstas en esta ley deberán realizarse de conformidad con las normas constitucionales y los tratados internacionales ratificados por Colombia. En esa misma orientación, el artículo 4º prevé que: “[e]l proceso de reconciliación nacional al que dé lugar la presente ley, deberá promover, en todo caso, el derecho de las víctimas a la verdad, la justicia y la reparación y respetar el derecho al debido proceso y las garantías judiciales de los procesados”. También el artículo 15 dispone que “la investigación se surtirá conforme a los criterios de priorización que determine el Fiscal General de la Nación”, precisando al mismo tiempo que, “[e]n todo caso, se garantizará el derecho de defensa de los procesados y la participación efectiva de las víctimas”. Y el artículo 34 destaca que “[e]l Estado garantizará a imputados, acusados y condenados el ejercicio del derecho de defensa, mediante los mecanismos de de la Defensoría Pública y en los términos señalados en la ley”.

7.12. De acuerdo con dichos mandatos, es fácil entender que las medidas y decisiones que se adopten dentro del proceso de justicia y paz, incluyendo por supuesto las relacionadas con la exclusión de dicho proceso, están sujetas a los principios y garantías mínimas reconocidas por la Constitución y los tratados internaciones de derechos humanos, en favor del interés público y de todas las personas, entre ellos, los principios de legalidad, imparcialidad y publicidad, la proscripción de la responsabilidad objetiva —nulla poena sine culpa—, la presunción de inocencia, las reglas de la carga de la prueba, el derecho de defensa, la libertad probatoria, el derecho a no declarar contra sí mismo, el derecho de contradicción, la prohibición del non bis in idem y de la anología in malam partem(35).

7.13. Según la Sala Penal de la Corte Suprema de Justicia, en “en el ámbito de la justicia transicional la interpretación de las disposiciones legales no se satisface con los criterios interpretativos convencionales, sino que se nutre de los principios y valores constitucionales imbricados en tratados internacionales que propenden por debilitar el conflicto en aras de alcanzar el derecho a la paz, pero que también busca enjuiciar y reparar las graves violaciones a los derechos humanos y al derecho internacional humanitario mediante el esclarecimiento de la verdad”(36). Partiendo de tal presupuesto, la misma jurisprudencia de la Corte Suprema ha sido enfática en señalar que la interpretación y aplicación de las normas de justicia transicional debe asegurar el derecho fundamental al debido proceso y las garantías judiciales de los postulados(37).

7.14. Y no sobra recordar, que en el trámite de la reforma a la Ley 975 de 2005, por parte de la Ley 1592 de 2012, también se tuvo presente el propósito inobjetable de salvaguardar las garantías procesales de los sometidos en condición de procesados a la ley de justicia y paz. Sobre el particular, se recuerda que en el proyecto que culminó con la expedición de la última ley, en la exposición de motivos se manifestó, que el proyecto de ley propuesto, mantenía el propósito de “contribuir a la consolidación de la paz y a la reincorporación a la vida civil de los miembros de los grupos armados al margen de la ley, garantizando, por una parte, los derechos de las víctimas a la verdad, la justicia y la reparación y, por la otra, los derechos de los postulados al debido proceso”.

8. Constitucionalidad de la expresión acusada.

8.1. De conformidad con las consideraciones que han sido expuestas, la Corte encuentra que la acusación formulada contra el aparte acusado del artículo 8º de la Ley 1592 de 2012, no está llamada a prosperar, por cuanto la misma se estructura a partir de una visión aislada de la referida disposición, sin tener en cuenta el contexto normativo en el que ésta se inscribe.

8.2. En efecto, la lectura que hace el actor de la regla que prevé la exclusión del proceso de justicia y paz, o la pérdida del beneficio de la pena alternativa, del “postulado que no entregue, ofrezca o denuncie todos los bienes adquiridos por él o por el grupo armado organizado al margen de la ley durante y con ocasión de su pertenencia al mismo, de forma directa o por interpuesta persona…”, solo podría tener lugar si la citada regla se interpreta atendiendo exclusivamente a su tenor literal, desconociendo que la misma hace parte integral de un régimen jurídico especial, concebido exclusivamente como un instrumento para superar el conflicto armado interno que afecta a Colombia desde hace varias décadas, y cuyas instituciones sustanciales y procesales deben ser leídas y aplicadas atendiendo al contexto normativo al que se integran.

8.3. Cabe recordar que, mediante la ley de justicia y paz, y en un ámbito de justicia transicional, el legislador adoptó una decisión de carácter político cuyo propósito es facilitar la reincorporación de miembros de los grupos armados al margen de la ley que estén dispuestos a contribuir de manera efectiva a la consecución de la paz, estableciendo para tales efectos ciertos beneficios de tipo penal y un régimen específico y distinto de procedimiento penal, a cargo de autoridades judiciales especiales, cuya interpretación y aplicación requiere de una valoración sistemática y armónica de sus instituciones.

8.4. A este respecto, en la Sentencia C-370 de 2006, la Corte dejó claro que la ley de justicia y paz debe ser juzgada, aplicada e interpretada con un criterio de ponderación y bajo una visión integral de sus instituciones sustanciales y procesales, en el entendido que las disposiciones que hacen parte de dicha ley constituyen un conjunto concatenado y armónico de normas relacionadas unas con otras. Bajo esa óptica, en dicho fallo la Corte sostuvo que: “una ley que —como la Ley 975 de 2005— ha sido concebida como un conjunto integral y específico de normas encaminadas a lograr la paz en un contexto determinado, el juicio de ponderación no puede dejar de valorar que una medida determinada está concatenada con otra, plasmada en una norma diferente. De tal manera que, por ejemplo, un instrumento que limita el alcance del derecho a la justicia, puede a su turno promover el derecho a la verdad. Esta visión integral es esencial al efectuar el juicio de ponderación…”.

8.5. En consecuencia, no es posible considerar, como lo sostiene la demanda, que la decisión de exclusión del proceso de justicia y paz se adopta “sin agotar el proceso previo, y sin valorar la entidad de la omisión, las condiciones personales del desmovilizado y el grupo al cual perteneció, los errores y olvidos que se pueden generar en las diligencias judiciales, y la oportunidad procesal para hacer entrega y ofrecimiento de bienes, generando una carga sospechosa y temeridad en cabeza del desmovilizado postulado y desconociendo la presunción de buena fe”.; pues, en realidad, los aspectos jurídicos que el actor echa de menos, se encuentran expresamente regulados en distintas disposiciones de la Ley 975 de 2005, en la propia Constitución Política y en los tratados de derechos humanos a los cuales remite la propia ley de justicia y paz.

8.6. Así entendido, lo primero que cabe resaltar, en punto a la acusación que formula el actor, es que la decisión de excluir a un postulado del proceso de justicia y paz se adopta siguiendo el procedimiento previamente establecido en distintas disposiciones de la precitada Ley 975 de 2005, modificada y adicionada por la Ley 1592 de 2012. Bajo esa óptica, la referida exclusión está sometida a las siguientes reglas: (i) procede cuando se cumpla alguna de las causales de exclusión definidas en la ley y las demás que determine la autoridad judicial competente (L. 975, art. 11A)(38); (ii) la decisión debe ser adoptada en audiencia pública por la correspondiente Sala de Conocimiento de Justicia y Paz del respectivo Tribunal Superior de Distrito Judicial, mediante auto, a solicitud del fiscal del caso, y debe estar motivada fáctica, probatoria y jurídicamente e indicar los motivos de estimación o desestimación de las pretensiones de las partes (L. 975, art. 11A y 13); (iii) durante la audiencia la defensa del postulado estará a cargo de su defensor de confianza o, en su defecto, del asignado por el sistema nacional de defensoría pública (L. 975, art. 14); (iv) la audiencia puede solicitarse en cualquier momento de la actuación, esto es, tanto en el curso del proceso como en la etapa de ejecución de la sentencia, una vez se ponga en evidencia la situación de incumplimiento (L. 975, art. 11A); (v) si la decisión se toma antes de proferirse sentencia, se dispone la exclusión del postulado del proceso de justicia y paz y se remite la actuación al funcionario competente para llevar el proceso conforme con la ley vigente al momento de la comisión de las conductas investigadas, en donde no tendrá valor la confesión del justiciable realizada en el expediente transicional (L. 975/2005, art. 11A), si, por el contrario, la decisión se toma luego de proferido el respectivo fallo, la Sala de Conocimiento, de oficio o por solicitud del fiscal, procede a revocar la pena alternativa o el periodo de libertad a prueba y hará efectivas las penas principales y accesorias ordinarias ordenadas en la sentencia (L. 975/2005, arts. 24, 25 y 26); (vi) finalmente, contra la decisión de exclusión procede el recurso de apelación ante la Sala Penal de la Corte Suprema de Justicia (L. 975/2005, art. 26), y una vez en firme la decisión, el desmovilizado no podrá ser nuevamente postulado para acceder a un futuro trámite y a los beneficios establecidos en la ley de justicia y paz (L. 975, art. 11A).

De este modo, contrario a lo sostenido en la demanda, sí existe un procedimiento previo para la adopción de la medida de exclusión, el cual, a su vez, le ofrece al afectado oportunidades procesales para hacer valer su versión de los hechos y para controvertir la decisión que le sea adversa.

8.7. También es menester destacar que, de conformidad con el artículo 17 de la Ley 975 de 2005, la diligencia de versión libre y confesión es la oportunidad procesal para que el postulado a la ley de justicia y paz confiese de manera completa y veraz los hechos delictivos en los que participó y declare los bienes que entregará, ofrecerá o denunciará para contribuir a la reparación integral de las víctimas, que sean de su titularidad real o aparente o del grupo armado organizado al margen de la ley al que perteneció. En relación con este punto, se dijo en el apartado anterior que, a partir del alcance reconocido a la diligencia de versión libre y confesión, la misma constituye el momento procesal en el cual el postulado materializa y hace manifiesta su voluntad expresa de acogerse al trámite y beneficios de dicha ley, pues en ella se obliga a decir toda la verdad, en particular, a declarar todos los bienes adquiridos ilícitamente, con los cuales se compromete a contribuir a la reparación integral de las víctimas. Como en ese mismo criterio, se destacó que tal diligencia pasa a ser el primer referente procesal con que cuenta la fiscalía para verificar si el postulado honra su compromiso, es decir, para establecer si éste actúa con la intención real de hacer entrega de bienes e indemnizar a sus víctimas, o si lo hace como una manera de dilatar el proceso penal, pues el ofrecimiento de los bienes es indicativo de que tan cierto es el propósito que tiene de reconciliación.

En consecuencia, el postulado tiene, en la diligencia de versión libre y confesión, prevista en el artículo 17 de la Ley 1592 de 2012, una oportunidad procesal clara y definida para hacer la entrega y ofrecimiento de bienes, en la que debe obrar con seriedad y de buena fe, de manera que dicho ofrecimiento y entrega correspondan a la totalidad de los bienes de los que tiene noticia.

8.8. En cuanto a la afirmación según la cual, la decisión de exclusión se lleva a cabo sin valorar el elemento subjetivo al momento de constatar la omisión en la denuncia de los bienes, debe reiterarse que la propia ley de justicia y paz precisa que sus disposiciones deben ser aplicadas e interpretadas con pleno acatamiento a las normas constitucionales y a los tratados internacionales ratificados por Colombia, así como también, respetando el derecho al debido proceso, el derecho de defensa y las garantías judiciales de los procesados, dentro de las cuales debe entenderse incluida la garantía de la culpabilidad como elemento estructural de la responsabilidad, esto es, la proscripción de la responsabilidad objetiva —nulla poena sine culpa—.

8.8.1. Esta corporación ha sostenido reiteradamente que “la Constitución proscribe las formas de responsabilidad objetiva y exige un derecho penal de culpabilidad, pues el hecho punible, para ser sancionable, debe ser imputable a la persona no sólo de manera objetiva (autoría material), sino también subjetiva (culpabilidad), como expresión del reconocimiento al sujeto de su dignidad y libertad en los artículos 1º y 16 de la Constitución”(39). En ese contexto, también ha puesto de presente la Corte que la culpabilidad es la misma responsabilidad plena, la cual comporta un juicio de exigibilidad en virtud del cual se le imputa al sujeto la realización de un comportamiento contrario a las normas jurídicas que lo rigen, dentro de un proceso que se ha de adelantar con la observancia de las reglas constitucionales y legales que lo regulan, garantizando siempre un debido proceso y el ejercicio pleno del derecho de defensa que le asiste al imputado(40).

8.8.2. Cabe destacar que la garantía de la culpabilidad o de la responsabilidad subjetiva surge directamente del artículo 29 Superior, el cual establece que no puede haber delito sin conducta y sin culpabilidad, señalando expresamente que "nadie podrá ser juzgado sino conforme a las leyes preexistentes al acto que se le imputa…", y que “[t]oda persona se presume inocente mientras no se le haya declarado judicialmente culpable”. En punto al referido mandato, la jurisprudencia ha destacado su importancia en el contexto de las garantías del derecho al debido proceso afirmando que:

“Dicha definición implica, por una parte, que el acontecimiento objeto de punición no puede estar constituido ni por un hecho interno de la persona, ni por su carácter, sino por una exterioridad y, por ende, el derecho represivo sólo puede castigar a los hombres por lo efectivamente realizado y no por lo pensado, propuesto o deseado, como tampoco puede sancionar a los individuos por su temperamento o por sus sentimientos. En síntesis, desde esta concepción, sólo se permite castigar al hombre por lo que hace, por su conducta social, y no por lo que es, ni por lo que desea, piensa o siente”.

8.8.3. Aun cuando la garantía de la responsabilidad subjetiva tiene su génesis en el campo de la responsabilidad penal, por involucrar ésta la restricción del derecho a la libertad personal, por extensión, la referida garantía también resulta exigible en otros ámbitos y modalidades del derecho sancionatorio, por expresa disposición del artículo 29 de la Constitución Política, el cual dispone que “[e]l debido proceso se aplicará a toda clase de actuaciones judiciales y administrativas”. La jurisprudencia constitucional ha coincidido con dicha afirmación señalando que:

“El constituyente colombiano hizo extensivo el derecho al debido proceso a toda clase de actuaciones judiciales y administrativas (C.P., 29). Las garantías mínimas del debido proceso penal son aplicables, con algunas atenuaciones, a las actuaciones administrativas sancionatorias. En materia sancionatoria de la administración, la estimación de los hechos y la interpretación de las normas son expresión directa de la potestad punitiva del Estado, cuyo ejercicio legítimo debe sujetarse a los principios mínimos establecidos en garantía del interés público y de los ciudadanos, entre ellos, los principios de legalidad, imparcialidad y publicidad, la proscripción de la responsabilidad objetiva —nulla poena sine culpa—, la presunción de inocencia, las reglas de la carga de la prueba, el derecho de defensa, la libertad probatoria, el derecho a no declarar contra sí mismo, el derecho de contradicción, la prohibición del non bis in idem y de la analogía in malam partem, entre otras”(41).

8.8.4. Así pues, es claro que, de manera general, en el ámbito del derecho sancionador, la Constitución excluye la responsabilidad objetiva y exige que la persona haya actuado con culpabilidad, lo cual significa que, para que pueda imponérsele una pena o sanción, es necesario realizar el correspondiente juicio de reproche, es decir, que se le pruebe que ha procedido culpablemente.

8.8.5. A este respecto, debe destacarse que, tratándose de la ley de justicia y paz, la garantía de la responsabilidad subjetiva se circunscribe objetivamente a la definición de los presupuestos de la responsabilidad penal, de manera que, por su intermedio, se busca evitar que un postulado sea condenado penalmente, sin que se demuestre previamente que realizó las conductas delictivas que se le imputan con dolo, culpa o preterintención.

8.8.6. Frente al incidente de exclusión del proceso de justicia y paz, al que se refiere la norma acusada, es claro que el mismo no busca determinar los presupuestos de la responsabilidad penal, sino establecer si el beneficio de la pena alternativa en favor de los postulados a dicha ley, se justifica por haberse dado estricto cumplimiento a los compromisos adquiridos con el Estado, orientados a satisfacer a cabalidad los derechos de las víctimas a la verdad, la justicia, la reparación y la no repetición. Desde esa perspectiva, la exclusión de los beneficios de justicia y paz, derivada de la omisión de declarar o denunciar bienes, constituye, en realidad, la pérdida de la disminución punitiva que se otorga a cambio de la voluntad decidida y probada de contribuir al esclarecimiento de la verdad y a la reparación de las víctimas.

8.8.7. No obstante, si bien la posibilidad de exclusión no se inscribe en el campo de la punibilidad, por no corresponder a una sanción penal propiamente dicha, considera la Corte que la misma tiene en todo caso un carácter sancionatorio, dado que implica una afectación sustancial a la posición jurídica del postulado, cual es la de ser titular de los beneficios penales que ofrece la ley de justicia y paz, a cambio del cumplimiento de los compromisos adquiridos. Por esta razón, se entiende que tal decisión debe adoptarse con plena observancia de los principios y garantías constitucionales como lo dispone la referida ley, lo cual significa que en dicho trámite, se le debe garantizar al postulado el debido proceso, materializado en la posibilidad de hacer valer los derechos de defensa y contradicción y a presentar las pruebas que expliquen su conducta, es decir, que permitan establecer las razones o motivos por los cuales determinados bienes no fueron denunciados o entregados por aquél en la oportunidad procesal en la que estaba obligado a hacerlo.

8.8.8. Al respecto, no sobra recordar que al proceso de justicia y paz el desmovilizado accede libre y voluntariamente, asumiendo el deber jurídico de contribuir a la reconciliación nacional, lo cual se materializa poniendo en conocimiento de la autoridad judicial la verdad sobre su participación en los hechos delictivos por él perpetrados, y entregando todos los bienes adquiridos en desarrollo de las actividades delictivas, a cambio de la indulgencia de una disminución punitiva. Si ello es así, cuando el desmovilizado no actúa con lealtad y falta a los compromisos adquiridos, lo propio es tramitar su exclusión del proceso de justicia y paz, o, en su defecto, revocar la pena alternativa, pues de lo contrarío se estaría afectando en forma desproporcionada el valor de la justicia y el principio de igualdad, ya que no existiría razón jurídica para que, a pesar de su conducta negativa, el desmovilizado permanezca en el proceso de justicia y paz y sea beneficiario del mismo.

8.8.9. Ciertamente, en la medida que el ofrecimiento de bienes es un acto de plena responsabilidad del postulado, y es parte de los compromisos adquiridos, éste debe asumir las consecuencias de su irresponsabilidad, cual es la expulsión del proceso de justicia y paz y de la pérdida de los beneficios, por no haber entregado una confesión completa y veraz y no estar en disposición de entregar sus bienes con el fin de reparar a las víctimas(42).

8.8.10. Sin embargo, se reitera, para que haya lugar a la exclusión del desmovilizado del proceso de justicia y paz, la autoridad judicial competente tiene la obligación de determinar, en cada caso en particular, que tanta voluntad de indemnizar a las víctimas tiene éste, y si actúa con la intención real de hacer entrega de todos los bienes y de reparar a sus víctimas, o si lo hace como una manera de dilatar el proceso penal y evadir su verdadera responsabilidad, pues el ofrecimiento de los bienes (materializado en la diligencia de versión libre y confesión) permite determinar que tan cierto es el propósito de reconciliación(43).

8.8.11. En este punto, la preocupación del demandante se materializa en la posibilidad, que en su criterio se desprende del texto de la disposición demandada, de que, ante una discrepancia objetiva entre los bienes denunciados por el postulado y los que después se establezcan como pertenecientes al mismo o al movimiento armado al margen de la ley, se produzca la exclusión de los beneficios, sin que se exija una valoración sobre la entidad de los bienes o el conocimiento que tenía o debía tener el postulado sobre la existencia de los mismos. Pero, como se ha dicho, dentro del proceso, la autoridad judicial deberá apreciar en su conjunto las circunstancias, para establecer si esa discrepancia tiene la entidad como para desvirtuar la voluntad de sometimiento del postulado, o si por el contrario obedece a una situación objetiva que no le resulta imputable y que, por consiguiente, no podría tomarse como base para determinar la exclusión de los beneficios.

8.8.12. La regla según la cual, la exclusión del desmovilizado del proceso de justicia y paz, o la pérdida del beneficio de la pena alternativa, por no entregar, ofrecer o denunciar todos los bienes adquiridos ilícitamente, debe llevarse a cabo previa valoración del juez a cerca de las circunstancias fácticas de cada caso y la actuación del postulado, ha sido compartida por la Sala Penal de la Corte Suprema de Justicia, quien, en ejercicio de las competencias asignadas por la propia ley de justicia y paz, ha dejado en claro que, de acuerdo con los propósitos de dicha ley, a la autoridad judicial competente le corresponde evaluar que tanta voluntad de indemnizar a las víctimas le asiste al desmovilizado, a efectos de determinar su permanencia en el proceso o el reconocimiento de los beneficios punitivos. Al respecto, la Corte ha manifestado expresamente:

“Al hilo de los objetivos de la Ley 975 de 2005, el juzgador está avocado a examinar qué tanta voluntad de indemnizar a las víctimas asiste en el desmovilizado, pues, corresponde al juez develar el verdadero propósito del sometimiento en el marco del acuerdo humanitario regido por el proceso penal ante la justicia de transición.

Si es claro que el desmovilizado es el menos interesado en faltar a la verdad, y si denunciar bienes suyos, pero esas propiedades aparecen en cabeza de terceros (ya testaferros, ya personas de buena fe), lo que corresponde examinar es si actúa con la intención real de hacer entrega y de indemnizar parcialmente a sus víctimas (en el entendido —como lo precisara el magistrado de control de garantías— que ante la multiplicidad de crímenes de lesa humanidad cometidos, los bienes que entrega siempre serán absolutamente insuficientes para tales efectos), o si lo hace como una manera de dilatar el proceso penal en el marco del proceso de transición. De ahí que se imponga el análisis de tales presupuestos en cada caso concreto”(44).

8.8.13. También la Corte Suprema de justicia ha señalado que el incumplimiento a los deberes, en especial los que buscan garantizar el derecho a la reparación con el ofrecimiento de los bienes, debe ser grave e injustificado para dar lugar a la exclusión, la cual se da por ejemplo: a) “porque distraiga bienes que siendo de su propiedad —detentada por intermedio de testaferros— estarían llamados a reparar a sus víctimas” b) “porque con el ánimo de perjudicar a terceros, denuncie como suyos activos que no lo son”(45); c) por el hecho de que los bienes ofrecidos no puedan ingresar finalmente al Fondo para la Reparación de las Víctimas, ya sea porque están sometidos a gravámenes, sean bienes baldíos o pertenezcan a terceros de buena fe, supuestos en los cuales el postulado asume la consecuencia de su exclusión de los beneficios que ofrece la ley de justicia y paz, por no haber brindado una confesión completa y veraz; y porque con dicha conducta demuestra su renuencia a la entrega de sus bienes con el propósito de indemnizar a las víctimas(46).

8.8.14. Cabe aclarar, en todo caso, como ya lo había reconocido esta corporación en la Sentencia C-370 de 2006, que las garantías judiciales reconocidas por la ley de justicia y paz a los postulados, no pueden ser interpretadas en el sentido de que al desmovilizado no se le exige esfuerzo alguno para deshacer los negocios que le han permitido ocultar su patrimonio o para encontrar bienes de procedencia ilícita que tiene claramente identificados pero que no se encuentran en su poder, pues tal lectura no honra en absoluto la obligación de reparar que la Constitución, las normas civiles y los tratados internacionales exigen. Del mismo modo, los postulados están en la obligación de obrar con seriedad y diligencia en la identificación de los bienes, razón por la cual, en cada caso en particular, le corresponde a la autoridad competente evaluar si las explicaciones que ofrece el postulado en su defensa, resultan atendibles y justificadas para efectos de determinar su no exclusión del proceso de justicia y paz(47).

8.8.15. Así las cosas, en la medida que una interpretación sistemática de la Ley 975 de 2005, tal y como la misma fue modificada por la Ley 1592 de 2012, permite advertir que la decisión de excluir a los postulados del proceso de justicia y paz se lleva a cabo con plena observancia de las garantías judiciales y procesales reconocidas por la Constitución Política y los tratados internacionales, el cargo formulado por el actor contra el artículo 8º de la Ley 1592 de 2012 no está llamado a prosperar.

8.9. En virtud de lo expuesto, la expresión acusada del artículo 8º de la Ley 1592 de 2012 será declarada exequible.

VII. Decisión

En mérito de lo expuesto, la Corte Constitucional de la República de Colombia, en nombre del pueblo y por mandato de la Constitución,

RESUELVE:

1. Declararse INHIBIDA para emitir pronunciamiento de fondo en relación con la expresión “Vencido este plazo el Gobierno Nacional tendrá dos (2) años para decidir sobre su postulación”, integrada al inciso primero del artículo 37 de la citada Ley 1592 de 2012, por ineptitud sustantiva de la demanda.

2. Declarar EXEQUIBLE, por los cargos propuestos y analizados, la expresión “El postulado que no entregue, ofrezca o denuncie todos los bienes adquiridos por él o por el grupo armado organizado al margen de la ley durante y con ocasión de su pertenencia al mismo, de forma directa o por interpuesta persona, será excluido del proceso de justicia y paz o perderá el beneficio de la pena alternativa, según corresponda”, contenida en el inciso tercero del artículo 8º de la Ley 1592 de 2012.

Notifíquese, comuníquese, publíquese, insértese en la Gaceta de la Corte Constitucional y archívese el expediente.»

(1) Sentencia C-1052 de 2001.

(2) En la Sentencia C-1052 de 2001, la Corte sistematizó los lineamientos fijados por la jurisprudencia en torno a la aptitud de las demandas de inconstitucionalidad, y definió las circunstancias a partir de las cuales un cargo se entiende debidamente estructurado. Dicho fallo ha sido reiterado por la Corte en innumerables pronunciamientos constituyéndose en un precedente consolidado.

(3) Sentencia C-190 de 2008.

(4) Gaceta del Congreso 690 del 19 de septiembre de 2011, pág. 9.

(5) Gaceta del Congreso 690 del 19 de septiembre de 2011.

(6) Gaceta del Congreso 690 del 19 de septiembre de 2011, pág.10. Sobre el tema de la exclusión se dijo: “Ante el vacío de la Ley 975 de 2005 en esta materia, se propone incluir el instituto de la exclusión del proceso y el de finalización del mismo por renuncia voluntaria del postulado. Lo anterior, teniendo en cuenta los desarrollos jurisprudenciales en este sentido. En efecto, la jurisprudencia penal ha resuelto situaciones como las establecidas en los dos artículos que se proponen. En esta medida, la propuesta consiste en la consagración legal de una práctica ya existente. Habida cuenta que la actividad de los fiscales y magistrados ha sido evidentemente tímida y cauta al momento de depurar el universo de postulados, resulta necesario consagrar legalmente las directrices trazadas en la materia por la Sala Penal de la Corte Suprema de Justicia”.

(7) Gaceta del Congreso 57 del 8 de marzo de 2012.

(8) Segundo Debate en Plenaria del Senado, Gaceta del Congreso 681 de 2012.

(9) El parágrafo del artículo 11D de la Ley 975 de 2005, incluido por el artículo 8º de la Ley 1592 de 2012, prevé que: “En ningún caso se afectarán los bienes de los postulados adquiridos como resultado del proceso de reintegración, los frutos de los mismos, ni aquellos adquiridos de forma lícita con posterioridad a la desmovilización”.

(10) Los fundamentos de la Sentencia C-370 de 2006, han sido a su vez recogidos y reiterados por la corporación, entre otras, en las sentencias C-575 de 2006 y C-1199 de 2008.

(11) Sentencia C-1199 de 2008.

(12) C-370 de 2006.

(13) Sentencia Ibídem.

(14) Sentencia Ibídem.

(15) Corte Suprema de Justicia, Sala de Casación Penal, Proceso 34423, del 23 de agosto de 2011, M.P. José Leonidas Bustos Martínez.

(16) Proceso 34423, del 23 de agosto de 2011, M.P. José Leonidas Bustos Martínez.

(17) Expresión que fue declarada exequible, mediante Sentencia C-370 de 2006, “en el entendido de que también deben informar en cada caso sobre la suerte de las personas desaparecidas”.

(18) Este numeral fue declarado exequible mediante la Sentencia C-370 de 2006, condicionado “en el entendido de que también deben informar en cada caso sobre la suerte de las personas desaparecidas”.

(19) Expresión declarada exequible por la Sentencia C-370 de 2006, condicionada.

(20) Corte Suprema de Justicia, Sala Penal, Proceso 31539 del 31 de julio de 2009; M.P. Augusto J Ibáñez Guzmán.

(21) Corte Suprema de Justicia, Sala Penal, Proceso 34571 del 13 de diciembre de 2010; M.P. Alfredo Gómez Quintero.

(22) Corte Suprema de Justicia, Sala Penal, Proceso 34571 del 13 de diciembre de 2010; M.P. Alfredo Gómez Quintero.

(23) Proceso: 31539; Fecha: 31 de julio de 2009; M.P. Augusto J Ibáñez Guzmán.

(24) Se recuerda que una de las motivaciones de la reforma a la Ley 975 de 2005, que concluyó con la expedición de Ley 1592 de 2012, fue la de legislar las figuras que venían siendo aplicadas por la jurisprudencia de la Sala Penal de la Corte Suprema de Justicia, buscando unificar criterios de aplicación de la ley. De este modo, se ha de ver que la figura de la exclusión, que aún no estaba formalmente regulada, venía siendo aplicada con base en el parágrafo 1 del artículo 19 y el artículo 21de la Ley 975 de 2005, tal como se advierte, entre otras, en las providencias de la Sala Penal de la Corte Suprema de Justicia con radicado 30998 del 12 de febrero de 2009, M.P. Sigifredo Espinosa Pérez,; en providencia con radicado: 31539 del 31 de julio de 2009 del M.P. Augusto J. Ibáñez Guzmán; y en providencia con radicado: 34423 del 23 de agosto de 2011 del M.P. José Leonidas Bustos Martínez.

(25) ART. 19.—Aceptación de cargos. En la audiencia de formulación de cargos el imputado podrá aceptar los presentados por la Fiscalía, como consecuencia de la versión libre o de las investigaciones en curso al momento de la desmovilización. // Para su validez tendrá que hacerlo de manera libre, voluntaria, espontánea y asistido por su defensor. En este evento el Magistrado que ejerza la función de control de garantías enviará inmediatamente lo actuado a la Secretaría de la Sala del Tribunal Superior de Distrito judicial a la que corresponda su conocimiento. // Aparte subrayado CONDICIONALMENTE exequible> Recibida la actuación, la Sala correspondiente convocará a audiencia pública dentro de los diez (10) días siguientes para examinar si la aceptación de cargos ha sido libre, voluntaria, espontánea y asistida por su defensor. De hallarla conforme a derecho, dentro de los diez (10) días siguientes citará a audiencia de sentencia e individualización de pena. // PAR. 1º—Si en esta audiencia el imputado no acepta los cargos, o se retracta de los admitidos en la versión libre, la unidad nacional de fiscalía para la justicia y la paz remitirá la actuación al funcionario competente conforme con la ley vigente al momento de la comisión de las conductas investigadas. // PAR. 2º—Cuando exista solicitud de reparación integral, previamente se dará cumplimiento a lo dispuesto en el artículo 23 de la presente ley.

(26) ART. 21.—Ruptura de la unidad procesal. Si el imputado o acusado acepta parcialmente los cargos se romperá la unidad procesal respecto de los no admitidos. En este caso la investigación y el juzgamiento de los cargos no aceptados se tramitarán por las autoridades competentes y las leyes procedimentales vigentes al momento de su comisión. Respecto de los cargos aceptados se otorgarán los beneficios de que trata la presente ley.

(27) Radicado: 31539, M.P. Augusto J. Ibáñez Guzmán, providencia del 31 de julio de 2009.

(28) ART. 17.—Versión libre y confesión. <Artículo modificado por el artículo 14 de la Ley 1592 de 2012. El nuevo texto es el siguiente:> Los miembros del grupo armado organizado al margen de la ley, cuyos nombres someta el Gobierno Nacional a consideración de la Fiscalía General de la Nación, que se acojan en forma expresa al procedimiento y beneficios de la presente ley, rendirán versión libre ante el fiscal delegado quien los interrogará sobre los hechos de que tengan conocimiento. // En presencia de su defensor, manifestarán las circunstancias de tiempo, modo y lugar en que hayan participado en los hechos delictivos cometidos con ocasión de su pertenencia a estos grupos, que sean anteriores a su desmovilización y por los cuales acogen a la presente ley. En la misma diligencia indicarán la fecha y motivos de su ingreso al grupo y los bienes que entregarán, ofrecerán o denunciarán para contribuir a la reparación integral de las víctimas, que sean de su titularidad real o aparente o del grupo armado organizado al margen de la ley al que pertenecieron. // La versión rendida por el desmovilizado y las demás actuaciones adelantadas en el proceso de desmovilización, se pondrán en forma inmediata a disposición de la unidad nacional de fiscalías para la justicia y la paz con el fin de que el fiscal delegado y la Policía Judicial asignados al caso, de conformidad con los criterios de priorización establecidos por el Fiscal General de la Nación, elaboren y desarrollen el programa metodológico para iniciar la investigación, comprobar la veracidad de la información suministrada y esclarecer los patrones y contextos de criminalidad y victimización. // PAR.—La Fiscalía General de la Nación podrá reglamentar y adoptar metodologías tendientes a la recepción de versiones libres colectivas o conjuntas, con el fin de que los desmovilizados que hayan pertenecido al mismo grupo puedan aportar un contexto claro y completo que contribuya a la reconstrucción de la verdad y al desmantelamiento del aparato de poder del grupo armado organizado al margen de la ley y sus redes de apoyo. La realización de estas audiencias permitirá hacer imputación, formulación y aceptación de cargos de manera colectiva cuando se den plenamente los requisitos de ley.

(29) Radicado: 39472, Gustavo Enrique Malo Fernández, 7 de noviembre de 2012.

(30) Proceso 31539 del 31 de julio de 2009, M.P. Augusto Ibáñez Guzmán.

(31) ART. 18.—Formulación de imputación. <Artículo modificado por el artículo 18 de la Ley 1592 de 2012. El nuevo texto es el siguiente:> El fiscal delegado para el caso solicitará a magistrado que ejerza las funciones de control de garantías la programación de un audiencia preliminar para formulación de imputación, cuando de los elementos materiales probatorios, evidencia física, información legalmente obtenida, o de la versión libre pueda inferirse razonablemente que el desmovilizado es autor o partícipe de uno o varios delitos que se investigan dentro del patrón de macrocriminalidad en el accionar del grupo armado organizado al margen de la ley que se pretenda esclarecer. // En esta audiencia, el fiscal hará la imputación fáctica de los cargos investigados y solicitará al magistrado disponer la detención preventiva del imputado en el centro de reclusión que corresponda, según lo dispuesto en la presente ley. Igualmente, solicitará la adopción de las medidas cautelares sobre los bienes para efectos de la contribución a la reparación integral de las víctimas. // A partir de esta audiencia y dentro de los sesenta (60) días siguientes, la Fiscalía General de la Nación, con el apoyo de su grupo de policía judicial, adelantará las labores de investigación y verificación de los hechos admitidos por el imputado, y todos aquellos de los cuales tenga conocimiento dentro del ámbito de su competencia. Finalizado el término, o antes si fuere posible, el fiscal del caso solicitará a la sala de conocimiento la programación de una audiencia concentrada de formulación y aceptación de cargos. // Con la formulación de la imputación se interrumpe la prescripción de la acción penal. // PAR.—Cuando los hechos por los que se impute al postulado hagan parte de un patrón de macrocriminalidad que ya haya sido esclarecido por alguna sentencia de justicia y paz de conformidad con los criterios de priorización, y siempre que ya se hayan identificado las afectaciones causadas a las víctimas por tal patrón de macrocriminalidad en la respectiva sentencia, el postulado podrá aceptar su responsabilidad por las conductas imputadas y solicitar la terminación anticipada del proceso. En tales casos el magistrado de control de garantías remitirá el expediente a la Sala de conocimiento, para que esta proceda a proferir sentencia de conformidad con el artículo 24 de la presente ley, en un término que no podrá exceder los quince (15) días contados a partir de la audiencia de formulación de la imputación. La terminación anticipada del proceso no supondrá, en ningún caso, el acceso a beneficios penales adicionales a la pena alternativa.

(32) De acuerdo con lo dispuesto en el parágrafo del artículo 19, si en la audiencia de formulación y aceptación de cargos el postulado no acepta los cargos o se retracta de los admitidos en la versión libre, la Sala de Conocimiento ordenará compulsar copias de lo actuado al funcionario competente conforme a la ley vigente al momento de la comisión de las conductas investigadas. Para el efecto, la Sala tendrá en cuenta lo dispuesto en los incisos tercero, cuarto y quinto del artículo 11A.

(33) ART. 24.—Contenido de la sentencia.<Artículo modificado por el artículo 25 de la Ley 1592 de 2012. El nuevo texto es el siguiente:> De acuerdo con los criterios establecidos en la ley, en la sentencia condenatoria se fijarán la pena principal y las accesorias. Adicionalmente se incluirán la pena alternativa prevista en la presente ley; la declaratoria de extinción del derecho de dominio sobre los derechos principales y accesorios que recaigan sobre los bienes destinados para la reparación, así como sobre sus frutos y rendimientos; la acumulación jurídica de penas; la obligación del condenado de participar en el proceso de reintegración de que trata el artículo 66 de la presente ley una vez se encuentre en libertad; las circunstancias previstas en el artículo 25 de la presente ley, así como los compromisos que debe asumir el condenado por el tiempo que disponga la sala de conocimiento. // En el evento en que el condenado incumpla alguno de los compromisos u obligaciones determinados en la sentencia se le revocará el beneficio de la pena alternativa y, en consecuencia, deberá cumplir la sanción principal y las accesorias que le fueron impuestas. // La Sala de Conocimiento en el marco de la presente ley, según el caso, se ocupará de evaluar el cumplimiento de los requisitos previstos en esta ley para acceder a la pena alternativa.

(34) ART. 26.—Recursos. <Artículo modificado por el artículo 27 de la Ley 1592 de 2012. El nuevo texto es el siguiente:> La apelación solo procede contra la sentencia y contra los autos que resuelvan asuntos de fondo durante el desarrollo de las audiencias, sin necesidad de interposición previa del recurso de reposición. En estos casos, se procederá de conformidad con lo previsto en los artículos 178 y siguientes de la Ley 906 de 2004 y las normas que los modifiquen, sustituyan y adicionen. // Para las demás decisiones en el curso del procedimiento especial de la presente ley, solo habrá lugar a interponer el recurso de reposición que se sustentará y resolverá de manera oral e inmediata en la respectiva audiencia. // La apelación se concederá en el efecto suspensivo cuando se interponga contra la sentencia, contra el auto que resuelva sobre nulidad absoluta, contra el que decreta y rechaza la solicitud de preclusión del procedimiento, contra el que niega la práctica de una prueba en el juicio, contra el que decide sobre la exclusión de una prueba, contra el que decide sobre la terminación del proceso de justicia y paz y contra el fallo del incidente de identificación de las afectaciones causadas. En los demás casos se otorgará en el efecto devolutivo. // PAR. 1º—El trámite de los recursos de apelación de que trata la presente ley, tendrá prelación sobre los demás asuntos de competencia de la Sala Penal de la Corte Suprema de Justicia, excepto lo relacionado con acciones de tutela. // PAR. 2º—De la acción extraordinaria de revisión conocerá la Sala Penal de la Corte Suprema de Justicia, en los términos previstos en el Código de Procedimiento Penal vigente. // PAR. 3º—Contra la decisión de segunda instancia no procede el recurso de casación. // PAR. 4º—La unidad administrativa especial para la atención y reparación integral a las víctimas podrá recurrir las decisiones relacionadas con los bienes que administra el Fondo para la Reparación de las Víctimas.

(35) Sobre este punto se pueden consultar, entre otras, las sentencias T-145 de 1993, C-370 de 2002 y T-330 de 2007.

(36) Auto de fecha octubre 10 de 2006, radicación 26154. En el mismo sentido, autos del 7 de diciembre de 2005 y del 28 de septiembre de 2006, radicaciones 24549 y 25830, respectivamente; reiterado en providencia con radicado 28250, M.P. María del Rosario González de Lemos, providencia del 25 de septiembre de 2007.

(37) Ibídem. Radicado: 35582, M.P. Julio Enrique Socha Salamanca, providencia del 2 de febrero de 2011.

(38) Las causales de exclusión del proceso de justicia y paz se encuentran previstas en el artículo 11A de la Ley 975 de 2005 y son las siguientes: 1) cuando el postulado sea renuente a comparecer al proceso o incumpla los compromisos adquiridos; 2) se verifique que el postulado ha incumplido alguno de los requisitos de elegibilidad; 3) se verifique que el postulado no haya entregado, ofrecido o denunciado bienes adquiridos por él o por el grupo armado organizado al margen de la ley durante y con ocasión de su pertenencia al mismo, de forma directa o por interpuesta persona; 4) ninguno de los hechos confesados por el postulado haya sido cometido durante y con ocasión de su pertenencia a un grupo armado organizado al margen de la ley; 5) el postulado haya sido condenado por delitos dolosos cometidos con posterioridad a su desmovilización, o cuando habiendo sido postulado estando privado de la libertad, se compruebe que ha delinquido desde el centro de reclusión; y 6) cuando el postulado incumpla las condiciones impuestas en la audiencia de sustitución de la medida de aseguramiento.

(39) Sentencia T-330 de 2007.

(40) Cfr. sentencias T-145 de 1993, T-330 de 2007 y C-370 de 2002.

(41) Sentencia T-145 de 1993. En el mismo sentido se pueden consultar, entre otras, las sentencias C-370 de 2002 y T-330 de 2007.

(42) Cfr. Auto del 8 de septiembre de 2008, Sala Penal de la Corte Suprema de Justicia, Radicado 30360. También el Proceso 36728 del 5 de octubre de 2011, M.P. José Leonidas Bustos Martínez.

(43) Proceso: 34571; fecha: 13 de diciembre de 2010, M.P. Alfredo Gómez Quintero.

(44) Proceso: 34571; fecha: 13 de diciembre de 2010, M.P. Alfredo Gómez Quintero.

(45) Proceso: 39020; fecha: 13 de junio de 2012, M.P. José Leonidas Bustos Martínez.

(46) Proceso: 30360; fecha: 8 de septiembre de 2008, M.P. Yesid Ramírez Bastidas, reiterada en el Proceso 34547; Fecha: 27 de abril de 2011, M.P. María del Rosario González Lemos.

(47) Sobre este particular, dijo la Corte en la citada Sentencia C-370 de 2006: Será entonces el juez quien defina la suerte de tales bienes e incluso de aquellos otros que no fueron indicados al Estado en su debido momento pero que hacen parte del patrimonio del procesado o que son bienes de procedencia ilícita que este no denunció. Al respecto no sobra recordar que el derecho, en un Estado democrático, tiene ya incorporados mecanismos que sirven simultáneamente para evitar el fraude a la ley de quienes oculten sus bienes sin exigir lo imposible. Son reglas básicas que guían la actividad del juez pero cuya ambigua consagración en la ley bajo estudio genera importantes dudas de constitucionalidad. Ciertamente, tal y como lo señalan los demandantes, algunos intervinientes y el Procurador, las cláusulas parcialmente demandadas pueden ser interpretadas de forma tal que al desmovilizado no se le exige esfuerzo alguno para deshacer los negocios que le han permitido ocultar su patrimonio o para encontrar bienes de procedencia ilícita que tiene claramente identificados pero que no se encuentran en su poder. Este comportamiento no honra en absoluto la obligación de reparar que la Constitución, las normas civiles y los tratados internacionales exigen. Por esta razón, la Corte declarará inexequibles las expresiones “cuando se disponga de ellos” del numeral 11.5 del artículo 11, “si los tuvieren” del inciso segundo del artículo 17, y “de ser posible” contenida en el artículo 46.