Sentencia C-755 de octubre 30 de 2013

CORTE CONSTITUCIONAL 

SALA PLENA

Ref.: Expediente D-9604

Magistrada Ponente:

Dra. María Victoria Calle Correa

Actor: Jesús Alberto Buitrago Duque

Demanda de inconstitucionalidad contra el artículo 625 numeral 8º (parcial) de la Ley 1564 de 2012 ‘Por medio de la cual se expide el código general del proceso y se dictan otras disposiciones’.

Bogotá, D.C., treinta de octubre de dos mil trece.

EXTRACTOS: «II. Norma demandada

4. Se trascribe a continuación el texto de la ley conforme a su publicación en el Diario Oficial 48489 de 12 de julio de 2012, y se resaltan y subrayan los apartes acusados:

“Ley 1564 de 2012

(Julio 12)

Diario Oficial 48.489 de 12 de julio de 2012

Congreso de la República,

Por medio de la cual se expide el Código General del Proceso y se dictan otras disposiciones.

El Congreso de la República,

DECRETA:

(...).

Artículo 625.Tránsito de legislación. Los procesos en curso al entrar a regir este código, se someterán a las siguientes reglas de tránsito de legislación:

(...).

8. Las reglas sobre competencia previstas en este código, no alteran la competencia de los jueces para conocer de los asuntos respecto de los cuales ya se hubiere presentado la demanda. Por tanto, el régimen de cuantías no cambia la competencia que ya se hubiere fijado por ese factor.

Sin embargo, los procesos de responsabilidad médica que actualmente tramitan los jueces laborales, serán remitidos a los jueces civiles competentes, en el estado en que se encuentren”.

(…).

VI. Consideraciones y fundamentos

Competencia

1. De conformidad con lo dispuesto en el artículo 241 numeral 4º de la Constitución Política, la Corte es competente para conocer de la presente demanda.

Asunto previo. Delimitación del cargo, y lo referente a la censura por supuesto desconocimiento de la plenitud de formas propias de cada juicio

2. El demandante cuestiona la constitucionalidad del artículo 625 numeral 8º (parcial) del Código General del Proceso por violar el artículo 29 de la Constitución, y específicamente el derecho a un juez natural. El actor sostiene que el aparte demandado desconoce el derecho a un juez natural, en tanto ordena el traslado de los procesos por responsabilidad médica, en el estado en que se encuentren, de un ramo de la justicia al otro y, en esa medida, modifica la competencia. Por eso dice -se vulnera el artículo 29 superior, cuando establece: “[n]adie podrá ser juzgado sino (…) ante juez o tribunal competente”. Luego aduce que la norma es también inconstitucional en cuanto trasfiere la competencia para el conocimiento de estos procesos, específicamente desde los jueces laborales hacia los civiles, lo cual en su concepto desconoce el artículo 29 constitucional en otra de sus partes, que dice: “[n]adie podrá ser juzgado sino (…) con observancia de la plenitud de formas propias de cada juicio”. La Corte observa que este segundo cuestionamiento, por la forma en que está planteado, podría interpretarse como una censura autónoma de inconstitucionalidad contra el precepto. No obstante, si se la entendiera de ese modo, la acusación carecería de certeza y por lo tanto debería conducir a la Sala a inhibirse, como lo plantea el señor Procurador General de la Nación. Sin embargo, hay otra interpretación de este argumento, que lo ata al único cargo apto y así lo entenderá la Corte.

3. En efecto, el ciudadano considera que la norma demandada vulnera el debido proceso, entre otras razones porque trasfiere la competencia para conocer de los procesos por responsabilidad médica desde la justicia laboral a la civil, con lo cual a su modo de ver se desconoce el derecho de toda persona a no ser juzgada sino “con observancia de la plenitud de formas propias de cada juicio” (C.P., art. 29). Pero como puede inferirse a partir de su redacción, no es la disposición acusada la que introduce el cambio en la competencia para conocer de estos procesos, pues dice: “los procesos de responsabilidad médica que actualmente tramitan los jueces laborales, serán remitidos a los jueces civiles competentes, en el estado en que se encuentren”. Lo que hace el precepto bajo examen, según se puede apreciar, es ordenar la remisión de las actuaciones bajo la justicia laboral a “los jueces civiles competentes”; es decir, esta norma, antes que determinar la competencia de los jueces civiles, la presupone. Son entonces otras las normas legales que definen la competencia de la justicia civil en este tipo de procesos.

4. En efecto, las disposiciones que determinan la reasignación de competencias en los procesos de responsabilidad médica son las contenidas en los siguientes artículos del Código General del Proceso: en el artículo 17 num. 1º (competencia de los jueces civiles municipales en única instancia)(12), en el artículo 18 numeral 1º (competencia de los jueces civiles municipales en primera instancia)(13), en el artículo 20 (competencia de los jueces civiles del circuito en primera instancia)(14), y en el artículo 622 (que sustrae a los jueces laborales la competencia para conocer de estos asuntos)(15). Ciertamente, no es irrazonable considerar que la norma demandada, cuando se interpreta en conjunto con las últimamente citadas, contribuye a aclarar la competencia de los jueces civiles, en la medida en que establece que también los procesos en curso ante los jueces laborales habrían de enviarse a este ramo de la jurisdicción ordinaria. Pero definitivamente no es de sólo el precepto cuestionado que se infiere la competencia de la justicia civil en estas materias, sino además de las otras disposiciones anteriormente citadas. Por lo cual, en suma, la proposición normativa que cuestiona el ciudadano, no se deduce, o al menos no exclusivamente, del texto legal acusado. En esa medida, si se entiende como un cuestionamiento autónomo, carece de certeza. Esta deficiencia, por varias razones, no puede ser subsanada de oficio por la Corte, por la vía de un procedimiento como el de integración de la unidad normativa con las normas sobre competencia de los jueces civiles e incompetencia de los laborales sobre la materia. La jurisprudencia constitucional ha sostenido que sólo procede hacer una integración de la unidad normativa, en tres casos:

“(…) En primer lugar, procede la integración de la unidad normativa cuando un ciudadano demanda una disposición que, individualmente, no tiene un contenido deóntico claro o unívoco, de manera que, para entenderla y aplicarla, resulta absolutamente imprescindible integrar su contenido normativo con el de otra disposición que no fue acusada. En estos casos es necesario completar la proposición jurídica demandada para evitar proferir un fallo inhibitorio.

En segundo término, se justifica la configuración de la unidad normativa en aquellos casos en los cuales la disposición cuestionada se encuentra reproducida en otras normas del ordenamiento que no fueron demandadas. Esta hipótesis pretende evitar que un fallo de inexequibilidad resulte inocuo.

Por último, la integración normativa procede cuando pese a no verificarse ninguna de las hipótesis anteriores, la norma demandada se encuentra intrínsecamente relacionada con otra disposición que, a primera vista, presenta serias dudas de constitucionalidad. En consecuencia, para que proceda la integración normativa por esta última causal, se requiere la verificación de dos requisitos distintos y concurrentes: (1) que la norma demandada tenga una estrecha relación con las disposiciones no cuestionadas que formarían la unidad normativa; (2) que las disposiciones no acusadas aparezcan, a primera vista, aparentemente inconstitucionales. A este respecto, la corporación ha señalado que “es legítimo que la Corte entre a estudiar la regulación global de la cual forma parte la norma demandada, si tal regulación aparece prima facie de una dudosa constitucionalidad””(16).

5. Sin embargo, ninguna de esas hipótesis concurre en este caso. Por una parte, el precepto demandado tiene un contenido deóntico suficientemente claro para adelantar un juicio de inconstitucionalidad: tiene el carácter de una obligación; que consiste en ordenar la remisión de los procesos por responsabilidad médica “que actualmente tramitan los jueces laborales”, en el estado en que se encuentren; y los sujetos destinatarios son las autoridades judiciales comprendidas en la norma (jueces laborales y civiles competentes). Este contenido no se encuentra, por otra parte, simplemente reproducido en las normas sobre competencia de los jueces civiles y laborales, pues estas lo que hacen es atribuir o sustraer competencias en términos genéricos para los procesos por responsabilidad médica, mientras la norma cuestionada no asigna competencias en sentido estricto sino que las presupone, y su función es ordenar el envío de las diligencias de procesos pendientes, en el estado en que se encuentren, a los jueces civiles. Por último, aunque estas pueden tener una relación parcial con la norma acusada —por la definición relativa a quién conoce de los procesos por responsabilidad médica—, las disposiciones no demandadas y referidas no parecen prima facie inconstitucionales. La Corte ha dicho que no es inconstitucional asignar a jueces civiles el conocimiento de asuntos que antes o en otro contexto sean competencia de la justicia laboral(17).

6. Lo anterior no es óbice, sin embargo, para que los cuestionamientos por la trasferencia a la justicia civil de los procesos por responsabilidad médica, en el estado en que encuentren, se entiendan como dependientes, y estrechamente relacionados con el cargo por violación del derecho al juez natural. Así entendido, el argumento de inconstitucionalidad por supuesta infracción del derecho a la observancia de la plenitud de formas propias de cada juicio, estaría vinculado exclusivamente a reforzar la acusación de que se hubiese introducido una alteración de competencia en los procesos en curso, y no aplicaría entonces a la reforma legislativa en general, con respecto a procesos futuros, de la justicia competente en estas materias. En el contexto señalado, el cargo por supuesta infracción del derecho a un juez natural estaría integrado, entre otros, por el hecho del cambio de formas aplicables durante el proceso. Entendido así, la Corte estudiará y decidirá el fondo del primer único cargo presentado.

Planteamiento del problema jurídico

7. El actor estima que el artículo 625 numeral 8º (parcial) del Código General del Proceso, al ordenar la remisión de los procesos de responsabilidad médica en trámite ante los jueces laborales a los jueces civiles competentes —“en el estado en que se encuentren”—, viola el derecho al debido proceso (C.P., art. 29) en cuanto desconoce una manifestación específica del derecho a un juez natural. Sostiene que el derecho a un juez natural comprende el derecho a que, una vez radicada la competencia en una autoridad judicial, esta tienda a perpetuarse (perpetuatio jurisdictionis), y a que en consecuencia no pueda alterarse en el curso del proceso. La alteración de competencia introducida por la norma acusada, implica además someter una misma causa a formas propias de dos juicios con orientaciones jurídicas distintas (al laboral y luego al civil), pues a su modo de ver las filosofías que informan uno y otro ramo de la administración de justicia son diferentes y decisivas para los procesos de responsabilidad médica. Por lo anterior, solicita a la Corte que declare inexequible el inciso demandado. Los intervinientes, salvo uno que coadyuva la demanda(18), se oponen a esta petición, en síntesis porque estiman que el derecho a un juez natural no comprende una prohibición para que el legislador reforme la competencia de procesos en curso, siempre que esto se dé dentro de la justicia ordinaria y sin establecer jueces ad hoc (para el caso específico), y además porque la reforma soluciona una diferencia de criterios manifiesta en la justicia ordinaria en torno al ramo competente para conocer estos procesos.

8. De acuerdo con los antecedentes, la Sala debe entonces resolver el siguiente problema jurídico: ¿Puede el legislador en un marco general de reformas procesales, dentro del cual se incluye una reasignación de competencias judiciales en una materia específica (responsabilidad médica), ordenar que los procesos en curso sobre esa materia sean remitidos, en el estado en que se encuentren, de un ramo a otro de la jurisdicción ordinaria, para resolver así un conflicto de interpretaciones que en la práctica conducía a que estos procesos fueran conocidos unas veces por un ramo de la justicia y otras por otro?

La Corte Constitucional se ocupará entonces del problema planteado. Para ello se referirá inicialmente a la pregunta de si el derecho al juez natural, debe ser entendido como el derecho a la inmodificabilidad de la competencia, y si de allí se derivan límites para el legislador. En ese contexto procederá a hacer un recuento de la jurisprudencia sobre el tema, para finalmente sacar las conclusiones correspondientes y resolver el cargo.

El derecho al juez natural, entendido como el derecho a la inmodificabilidad de la competencia. Límites al legislador

9. El demandante invoca como violado el derecho fundamental a un juez natural. En criterio del actor, la decisión del legislador de alterar la competencia en los procesos de responsabilidad médica en curso vulnera la garantía de la inmodificabilidad de la competencia judicial (perpetuatio jurisdictionis), en virtud de la cual está prohibido cambiar la autoridad competente para conocer y resolver un asunto cuando el correspondiente proceso se encuentra en trámite. Un interviniente, como ya se dijo, está de acuerdo con el actor. Los demás estiman que el derecho fundamental al juez natural no comprende un derecho a que la competencia judicial sea inalterable durante el proceso, ya que de hecho hay múltiples hipótesis en las cuales la competencia puede válidamente alterarse, como ocurre por ejemplo en los casos de cambio de radicación, de impedimentos, de recusaciones prósperas, entre otros. La Corte debe decidir en primer lugar si hay un derecho fundamental a la inmodificabilidad de la competencia.

10. La Constitución prevé expresamente que “[n]adie podrá ser juzgado sino […] ante juez o tribunal competente” (C.P., art. 29). No basta entonces con ser juzgado por un juez, sino que este debe además tener competencia para conocer el asunto y resolverlo. La Corte ha dicho que esta competencia debe contar, entre otras, con una calidad: la “inmodificabilidadporque no se puede variar en el curso de un proceso (perpetuatio jurisdictionis)”(19). Eso lo sostuvo en una sentencia en la cual no estaba de por medio un cargo por violación del principio de inmodificabilidad de la competencia. Luego ha reproducido esa misma caracterización en numerosos pronunciamientos. No hay duda entonces de que esta es una característica, o principio regulativo, de la competencia judicial. Pero la pregunta que provocan la acción pública y las intervenciones es distinta. La inmodificabilidad es un atributo normativo de la competencia, pero ¿significa eso que hay un derecho constitucional a que el legislador no altere, en ningún supuesto, la competencia de los procesos judiciales en curso?

11. En principio, y a partir del texto de la Constitución, parece que no es razonable introducir una prohibición con un alcance tan amplio, que le impida siempre y en cualquier caso al legislador alterar la competencia de los procesos en curso. La Constitución expresamente le adjudica al Congreso la potestad amplia de “reformar y derogar las leyes”, y de “[e]xpedir códigos en todos los ramos de la legislación y reformar sus disposiciones” (C.P., art. 150, nums. 1º y 2º), pero no establece de forma precisa que el legislador no pueda hacer reformas a las competencias judiciales de los procesos en curso. Lo cual supone que, al menos preliminarmente, el Congreso podría reformar incluso las normas sobre competencia previstas en leyes o códigos, para sustraerlas y reasignarlas, o en cualquier caso modificarlas dentro del marco constitucional, y ordenar o autorizar que se aplique a procesos en curso (C.P., art. 4º). La jurisprudencia de la Corte, por lo demás, como se mostrará ha admitido: i. en ciertas hipótesis, que el legislador, o incluso el Presidente de la República en ejercicio de competencias constitucionales especiales, faculten a determinadas autoridades para alterar la competencia de procesos en curso, con ciertos límites, y ii. que el legislador sea, directa o indirectamente, quien introduzca con reformas legales alteraciones igualmente aplicables a procesos pendientes.

12. i. En efecto, por una parte, en la Sentencia C-093 de 1993, la Corte admitió que mediante un decreto especial, dictado por el Presidente de la República al amparo del artículo 8º transitorio de la Constitución (que lo autorizaba para convertir en legislación permanente ciertas normas de estado de sitio), se le reconociera al Ministerio de Justicia la potestad de variar la radicación de los procesos de competencia de los jueces entonces llamados regionales, bajo condiciones precisas relacionadas con la afectación del orden público. En ese caso no consideró —por la particular facultad constitucional, el momento de tránsito constitucional y la situación especial de orden público— que hubiera una violación del derecho al juez competente(20). En la Sentencia C-873 de 2003, por otra parte, la Corte sostuvo que no era inconstitucional que la ley le otorgara al Fiscal General, bajo determinadas condiciones, la facultad de reasignar investigaciones en curso dentro de la fiscalía, o de asumirlas personalmente(21). Para ello tuvo en cuenta que, en la Constitución, los fiscales se consideran delegados del Fiscal General de la Nación (C.P., arts. 249 y 250). Pero en definitiva no se consideró que esta facultad del Fiscal fuera inválida.

13. ii. En otros casos, que se asemejan más a este, la Corte ha admitido que el legislador altere directa o indirectamente la competencia de procesos en curso. En la Sentencia C-208 de 1993, la Corte consideró ajustado a la Constitución un precepto —dictado también en virtud del artículo 8 transitorio de la Constitución— que asignaba al juez de conocimiento de los delitos confesados, competencia para conocer “de todos los procesos que se adelanten contra el procesado, así alguno de los delitos no sean de su competencia”, con determinadas limitaciones, lo cual podía aplicarse incluso si los otros delitos estaban siendo conocidos por autoridades judiciales distintas(22). De nuevo, por el momento constitucional, la especialidad de las atribuciones y las circunstancias de orden público, la Corte declaró exequible la norma, precisando que no se podía introducir una alteración de la competencia cuando supusiera “la alteración de la naturaleza del funcionario judicial”, o implicara el establecimiento de jueces o tribunales ad hoc(23). Una posición semejante adoptó en la Sentencia C-200 de 2002, cuando declaró exequible el artículo 40 de la Ley 153 de 1887, que preveía reglas para el tránsito legislativo en materias procesales. La norma fue reformada por el artículo 624 del Código General del Proceso(24). Pero entonces decía que las leyes sobre sustanciación y ritualidad de los juicios, dentro de las que se incluían las de competencia judicial, debían prevalecer sobre las anteriores desde que empezaran a regir, por lo cual la ley podía reformar la competencia, incluso de procesos en curso, aunque con ciertos límites. La corporación sostuvo entonces sobre el debido proceso:

“(…) la Corte considera frente al argumento del demandante, que lo que establece el artículo 29 es la exigencia de que al momento del acaecimiento del hecho punible exista un juez o tribunal competente, y un procedimiento aplicable, pero no una prohibición de variar el juez o tribunal o las formas propias de cada juicio, asuntos sobre los que como se acaba de ver tiene amplia potestad el legislador, bajo el entendido claro está del respeto a los principios y valores esenciales del orden constitucional.

(…).

En este sentido y si bien, como se ha visto, el artículo 29 constitucional no establece una prohibición de variar la competencia de jueces y tribunales que venían conociendo de un asunto [e]n curso, debe tenerse en cuenta que en virtud del principio de juez natural, consubstancial al debido proceso, no podrá en estas circunstancias establecerse jueces ad hoc (para el caso específico), ni atribuirse competencias por fuera de la jurisdicción ordinaria.

La Corte debe señalar en efecto que si bien debe entenderse que hace parte de la potestad del legislador la asignación de competencias y que este podrá modificarlas aún con posterioridad al acaecimiento de los hechos objeto de juzgamiento, dicha modificación no podrá desconocer el principio de juez natural”(25).

14. Ahora bien, ya se vio que incluso en la jurisprudencia citada se establecen ciertos límites a las competencias del legislador para autorizar, o para introducir directa o indirectamente, alteraciones a la competencia de procesos pendientes. En la Sentencia C-093 de 1993, admitió que se facultara al Ministerio de Justicia para variar la radicación de procesos en la justicia regional, pero con determinadas condiciones, y sólo por estar en un momento de tránsito constitucional, y a causa de las especiales competencias que el constituyente le adjudicó al presidente en ese período. Por lo mismo, en la Sentencia C-392 de 2000, al estudiar una norma legal semejante, pero expedida en un contexto fáctico y constitucional diferente, la Corte declaró inconstitucional que se autorizara al Ministro de Justicia para variar la radicación de procesos penales por determinados delitos, y en ciertas circunstancias, en tanto suponía admitir la alteración de competencias, en un caso de manifiesta intromisión del ejecutivo en el funcionamiento de la rama judicial(26). Superado el tránsito constitucional, ya sin facultades constitucionales especiales y expresas de convertir en permanente una normatividad anterior a 1991, dictada al amparo del estado de sitio; pero además en condiciones de normalidad institucional, no es posible atribuirle a una autoridad de la rama ejecutiva facultades de alterar la competencia en procesos en curso. Ese es el primer límite.

15. El otro límite que se infiere de los pronunciamientos antes citados es el siguiente. En la Sentencia C-873 de 2003 se dijo que el Fiscal General podía no sólo reasignar, dentro de la Fiscalía, el conocimiento de procesos, sino además que podía asumir personalmente determinadas investigaciones en curso. Sin embargo, la Corte estableció un límite preciso, y es que el Fiscal General, “(…) una vez decida, en ejercicio de sus competencias constitucionales y legales, asumir personalmente el conocimiento de una determinada investigación, deberá llevarla hasta su culminación, sin asignarla a otro fiscal distinto —puesto que de hacerlo se desnaturalizaría el acto de reasunción del conocimiento de dicha instrucción—(27). Hay por lo tanto un límite adicional, y es que no puede variarse la competencia incesantemente, y en ese caso no podía ocurrir más de una vez, si se trataba de ejercer las competencias entonces previstas en la ley. Lo cual tiene sentido, si se considera que las variaciones en el funcionario a cargo de una investigación penal, implican imprimirles menor celeridad, afectar la inmediación probatoria, e impactar la estabilidad procesal.

16. Finalmente, hay dos limitaciones adicionales, señaladas en las sentencias antes referidas. En la Sentencia C-208 de 1993, la Corte sostuvo que la Constitución se identificaba con una prohibición estructural de “alteración de la naturaleza del funcionario judicial” en conocimiento de un asunto, y de reasignar competencias a jueces o tribunales ad hoc(28). En la Sentencia C-200 de 2002, la Corporación precisó que el artículo 29 superior no prohíbe variar la competencia dejueces y tribunales que venían conociendo de un asunto, pero sí establecer “jueces ad hoc (para el caso específico)”, y atribuir, en procesos en curso, “competencias por fuera de la jurisdicción ordinaria”(29). Ejemplo de aplicación de la primera limitación, de crear jueces ad hoc, se encuentra en el caso de la Corte Interamericana de Derechos Humanos Ivcher Bronstein vs. Perú, en el que se habían creado Salas y Juzgados “Transitorios” de derecho público al tiempo en que ocurrían los hechos que habrían de enjuiciar, sin que alcanzaran los estándares de competencia, imparcialidad e independencia requeridos por la Convención Americana(30). Un ejemplo de infracción al límite de alterar competencias en procesos en curso, para sustraerlos de la jurisdicción ordinaria, se encuentra en la sentencia SU-1184 de 2001. En esta, la corporación consideró que la Sala Disciplinaria del Consejo Superior de la Judicatura había violado el derecho al juez natural, al sustraer un proceso de la justicia ordinaria que estaba en curso, y remitirlo a la justicia penal militar, en contravención a los precedentes de esta Corte(31).

17. Ahora bien, la Corte ha señalado asimismo que sí existe y es aplicable en el ordenamiento constitucional colombiano, un principio normativo en virtud del cual la competencia judicial tiende a perpetuarse a pesar de las reformas legales (‘perpetuatio jurisdictionis). De hecho, lo ha usado en el control constitucional para excepcionar la doctrina de la carencia actual de objeto, que en términos generales le exige inhibirse de emitir un fallo de mérito, por ejemplo, cuando la norma bajo control se encuentra derogada y no produce efectos(32), o es transitoria y ha perdido vigencia antes de la demanda y ha dejado de producir efectos(33), o nunca ha producido efectos ni tiene vocación de producirlos(34). La propensión normativa a perpetuarse, que tiene la competencia de la Corte en virtud del principio citado (perpetuatio jurisdictionis), ha conducido a establecer excepciones a esa doctrina, por ejemplo cuando la norma bajo revisión es derogada durante el proceso ante la Corte(35), o cuando el precepto examinado es transitorio y pierde vigencia en el proceso(36). Como se ve, no son casos de alteración de competencia, surtidos en virtud una reforma legislativa a competencias judiciales de procesos en curso, sino de una modificación o derogación de los actos bajo control de la corporación.

18. También ha sostenido que hay una vocación a perpetuarse en la competencia de los jueces de tutela para resolver las solicitudes de amparo sobre las que ya hubieran avocado conocimiento. La Corte Constitucional también ha usado el principio en mención (perpetuatio jurisdictionis), por ejemplo en el auto 080 de 2004, para sostener que un juez constitucional competente para conocer de una tutela, al que se le había asignado el conocimiento de la misma, no podía luego declararse incompetente para conocer del asunto sobre la base de que debía vincular a otras autoridades, o de que estas habían sufrido un cambio de naturaleza(37). Dijo, en específico: “(…) siguiendo el criterio de interpretación sostenido por la Corte Constitucional, en este caso se dará aplicación al principio de la perpetuatio jurisdictionis,de donde se deriva la regla, conforme a la cual, una vez radicado el conocimiento de un proceso de tutela en determinado despacho judicial, si el juez considera necesario vincular a otros sujetos para la debida protección de los derechos fundamentales, resulta inadmisible trasladarlo a otro en razón del cambio de naturaleza de las entidades demandadas”. Este mismo principio se ha aplicado a casos iguales, en lo relevante, en numerosos pronunciamientos(38).

19. En definitiva, si bien no puede decirse que la Constitución prohíba de forma terminante o absoluta al legislador alterar competencias judiciales de procesos en curso, pues ya se vio que la jurisprudencia de la Corte no sólo ha admitido facultar a determinadas autoridades para que lo hagan, sino que incluso ha considerado que se ajusta a la Carta que lo disponga el legislador directa o indirectamente, lo cierto es que el Congreso tampoco puede alterar ilimitadamente, y en cualquier caso, la competencia judicial de los procesos que se encuentren en curso. La Corte Constitucional ha señalado que hay ciertos límites a esa competencia del legislador, y a primera vista parecen diferentes entre sí. No obstante, lo cierto es que hay algo en común en esos límites, y es que todos se derivan del derecho fundamental a un juez natural, y más específicamente de una garantía no absoluta y ponderable, de inmodificabilidad de la competencia judicial. Dicha garantía tiene sustento constitucional en el derecho fundamental a un juez competente, y se justifica por los motivos que a continuación expone la Sala Plena.

20. En un Estado social de derecho, como el colombiano (C.P., art. 1º), debe procurarse cierta estabilidad y coherencia en la aplicación del derecho, no sólo por razones de seguridad jurídica, sino también de confianza legítima en las instituciones (C.P., art. 83), y de igualdad de trato (C.P., art. 13). A su turno, el constituyente estableció que las actuaciones de la administración de justicia deben ser oportunas, y por lo mismo previó que han de ser permanentes, y que los términos procesales deben observarse con diligencia (C.P., art. 228). El derecho al debido proceso es, por esa razón, un derecho a un proceso público “sin dilaciones injustificadas” (C.P., art. 29). Las personas tienen en todo proceso el derecho a “presentar pruebas y a controvertir las que se alleguen en su contra” (C.P., art. 29), justamente para que sean tenidas en cuenta sus alegaciones probatorias, lo cual significa que tienen derecho a que sus argumentos en materia de pruebas, cuando cumplan las condiciones jurídicas para ello, sean eficaces. La alteración de competencias, aplicable a procesos en curso, tiene la virtualidad de incidir en el cumplimiento de cada uno de esos fines del proceso judicial, incluso si no supone asignar las atribuciones a jueces ad hoc o a una jurisdicción distinta a la ordinaria, sino por ejemplo pasarla de una especialidad a otra de la justicia en lo ordinario.

21. En efecto, una variación de competencias aplicable a procesos pendientes, cuando introduce un cambio en la especialidad del juez (civil a laboral, o viceversa), puede suponer cambios de criterio en la interpretación del derecho, por estar cada ramo de la justicia ordinaria encabezado por salas de casación distintas en la Corte Suprema de Justicia (civil o laboral, según el caso). Los cambios de criterios en la interpretación y aplicación del derecho no están del todo prohibidos, pero inciden en la estabilidad que en principio debe tener la administración de justicia en un Estado de derecho, y como efecto de eso interfieren en la eficacia de los principios de confianza legítima y —posiblemente— de seguridad jurídica e igualdad. La trasferencia de expedientes en procesos en curso, puede a su vez impactar la celeridad procesal, y el cumplimiento de las oportunidades previstas en la ley, objetivos que si bien tampoco son absolutos, y admiten ser ponderados, sí conducen a que la competencia de procesos pendientes se altere cuando haya razones suficientes para ello. La eficacia de las pruebas, asegurada entre otros por el principio de inmediación, puede igualmente ser impactada por las variaciones de competencia en el curso del proceso jurisdiccional. La inmodificabilidad de la competencia es entonces una garantía instrumental, al servicio de otros fines constitucionales del proceso.

22. El derecho a la inmodificabilidad de la competencia no es sin embargo absoluto, y se han admitido no sólo leyes que autorizan variaciones de competencia a procesos pendientes, sino también leyes que introducen, directa o indirectamente, las alteraciones asimismo a procesos pendientes. Y debe decirse que estos son eventos, que vendrían a sumarse a otros, ilustrados por la doctrina jurídico procesal, en los cuales las codificaciones prevén para casos futuros hipótesis en las que tendría cabida un cambio en la competencia dentro de procesos en curso (y que en esa medida son limitaciones, muchas veces proporcionales, a este principio). Por ejemplo, se señala que la recusación o el impedimento pueden ser razones justas y suficientes para variar la competencia judicial durante un proceso alteración en la competencia del juez de carácter personal-. La supresión justificada de una especialidad en la justicia ordinaria (jueces agrarios o comerciales), y la remisión de los procesos pendientes a otra de la misma jurisdicción (a la justicia civil), es un caso de cambio aceptable de competencia judicial —cambio en la competencia del juez órgano—. La Constitución misma prevé que sería posible alterar durante un proceso la competencia judicial —en el sentido del juez órgano—, cuando se integra o deja de formar parte de “negocios contenciosos” un agente diplomático acreditado ante el Gobierno Nacional, en los casos previstos por el derecho internacional, ya que en esos eventos la competencia la asume o la deja de tener, según el caso, la Corte Suprema de Justicia (C.P., art. 235, num. 5º)(39).

23. Conviene entonces sintetizar que el legislador tiene amplia potestad para variar las competencias, incluidas las de procesos en curso (C-200 de 2002)(40). Sin embargo, esa atribución no es absoluta y tiene ciertos límites. En estado de normalidad, ya superado el tránsito constitucional, y sin competencia constitucional especial y expresa, no puede asignarle a la rama ejecutiva la potestad de alterar la competencia (C-093 de 1993(41) y C-392 de 2000)(42). No puede tampoco facultar a una autoridad, así sea de la rama judicial —como el Fiscal General—, para cambiar incesantemente la competencia en procesos en curso (C-873 de 2003)(43). Tampoco está autorizado para, en el curso del proceso, trastocar la naturaleza del funcionario judicial (C-208 de 1993)(44), trasferir la competencia a jueces ad hoc (caso Ivcher Bronstein vs. Perú Corte IDH,) o a una jurisdicción distinta a la ordinaria (SU-1184 de 2001)(45). En general, puede decirse que a falta de justificación suficiente, no podría entonces alterar la competencia en procesos pendientes. La variación de la competencia debe, por tanto, perseguir un fin legítimo y ser adecuada para conseguirlo.

En este caso, no se violó el derecho al debido proceso al variar la competencia para conocer los procesos de responsabilidad médica en curso, pues se persigue una finalidad legítima y la medida es adecuada

24. Con base en lo anterior, la Corte Constitucional advierte que el Congreso pretendió con la norma demandada resolver una incertidumbre en torno al ramo de la justicia ordinaria con competencia para conocer de procesos por responsabilidad médica, que había sido provocado de una parte por la legislación procesal, pero también por un conflicto entre la justicia laboral y la civil en torno a esa cuestión. En este proceso se puso de manifiesto que antes de la entrada en vigencia del artículo 625 numeral 8º del Código General del Proceso(46), había incertidumbre en torno a la especialidad de la justicia ordinaria que tenía a su cargo la atribución de resolver los procesos por responsabilidad médica que no fueran de competencia de la justicia contencioso administrativa, a causa en parte de la formulación empleada por la Ley 712 de 2001, mediante la cual se introdujo una reforma al Código Procesal del Trabajo. El artículo 2º de dicha ley estableció que a la justicia laboral ordinaria le correspondía conocer, entre otras, de “[l]as controversias referentes al sistema de seguridad social integral que se susciten entre los afiliados, beneficiarios o usuarios, los empleadores y las entidades administradoras o prestadoras, cualquiera que sea la naturaleza de la relación jurídica y de los actos jurídicos que se controviertan”. Las Salas de Casación Laboral y Civil interpretaron de manera divergente esta norma.

25. La Sala de Casación Laboral de la Corte Suprema de Justicia sostuvo reiteradamente que la justicia laboral ordinaria era la competente, en virtud de la norma citada, para conocer y resolver procesos por responsabilidad médica. “[L]a Ley 712 de 2001”, dijo inicialmente en la sentencia del 13 de febrero de 2007, “no hace ningún tipo de excepción y [d]enota más bien el interés de otorgar una competencia integral y omnicomprensiva y especializar un sector de la jurisdicción ordinaria para conocer de todos los asuntos atinentes a la referida materia”(47). Luego esta posición fue reiterada en diversas sentencias, dentro de las cuales se podrían mencionar las del 27 de marzo(48) y 26 de abril de 2007, en la última de las cuales sostuvo ya tener resuelto en su jurisprudencia “lo que atañe a la competencia de la jurisdicción ordinaria laboral, para asumir el conocimiento de las controversias suscitadas alrededor del tema de la responsabilidad patrimonial que se pueda desprender de las fallas presentadas en la prestación del servicio de salud por parte de las entidades de seguridad social, como la EPS aquí demandada”(49). La Sala de Casación Civil de la Corte Suprema opinaba sin embargo lo contrario, como se lee en esta sentencia del 4 de mayo de 2009, en un proceso de esa índole:

“(…) la inteligencia genuina de la locución seguridad social integral, concebida como el conjunto armónico de sujetos públicos y privados, normas y procedimientos inherentes a los regímenes de pensiones, salud, riesgos profesionales y servicios sociales complementarios definidos por el legislador para procurar la efectiva realización de los principios de solidaridad, universalidad y eficiencia enunciados en el artículo 48 de la Constitución Política y desarrollados por la Ley 100 de 1993 y sus normas complementarias, no comprende la atribución de competencias a los jueces ordinarios laborales, más que de estos asuntos, sin involucrar la responsabilidad médica civil, estatal o penal, siendo evidente, la competencia de esta Sala para decidir el recurso de casación.

En suma, la Sala, reitera íntegra su jurisprudencia sobre la competencia privativa, exclusiva y excluyente de la jurisdicción civil para conocer de los asuntos atañederos a la responsabilidad médica, con excepción de los atribuidos a la jurisdicción de lo contencioso administrativo y a la jurisdicción ordinaria laboral en materia de seguridad social integral, en cuanto hace exclusivamente al régimen económico prestacional y asistencial consagrado en la Ley 100 de 1993 y sus disposiciones complementarias”(50).

26. Esta situación, antes que la reforma demandada, atentaba contra el derecho a la predeterminación legal del juez competente (juez natural). En efecto, el artículo 29 de la Constitución, debe ser interpretado de conformidad con los tratados sobre derechos humanos ratificados por Colombia (C.P., art. 93), dentro de los cuales se encuentra la Convención Americana sobre Derechos Humanos(51). Pues bien, el artículo 8.1 de este último instrumento establece que toda persona tiene derecho a no ser juzgada sino con las debidas garantías, por un juez o tribunal competente, “establecido con anterioridad por la ley”. El respeto de esa garantía implica que la ley debe consagrar entonces el juez competente, lo cual —a juzgar por las decisiones encontradas de las Salas de Casación Civil y Laboral de la Corte Suprema de Justicia— no se había hecho, con claridad, antes del Código General del Proceso. La norma demandada no era la única prevista para solucionar esta disputa, y también se expidieron —como antes se dijo— los artículos 17 num. 1º (competencia de los jueces civiles municipales en única instancia), 18 num. 1º (competencia de los jueces civiles municipales en primera instancia), artículo 20 (competencia de los jueces civiles del circuito en primera instancia), y 622 (que sustrae a los jueces laborales la competencia para conocer de estos asuntos) del mismo Código General del Proceso. La revisión de los debates legislativos que antecedieron a la aprobación de dicho Código lo confirma:

“Se realizan ajustes al numeral 1º, para definir que la competencia para los procesos de responsabilidad médica contractual o extracontractual corresponde a la jurisdicción especializada en lo civil. Con ello se busca resolver un conflicto de competencia recurrente con la especialidad laboral, por el conocimiento de este tipo de procesos, cuando ellos tienen origen en el sistema de seguridad social en salud”(52).

27. La medida demandada persigue entonces una finalidad no sólo permitida sino de hecho ordenada por la Constitución, interpretada de conformidad con el artículo 8.1. de la Convención Americana sobre Derechos Humanos, tal como lo dispone el artículo 93 Superior. La reforma acusada es por otra parte idónea para afrontar esa preocupación, en la medida en que contribuye a predeterminar —con mayor precisión— el ramo de la justicia ordinaria competente para conocer y resolver los procesos de responsabilidad médica, que no sean de conocimiento de la justicia contencioso administrativa. Presta entonces una contribución positiva para alcanzar el fin que persigue. La Corte no considera en esa medida que la disposición censurada viole el derecho fundamental al juez natural o competente, y antes al contrario es un instrumento al servicio de la protección de esa garantía. Por lo demás, y aunque lo anterior es suficiente para declarar exequible el precepto acusado, la Corte advierte que la medida contemplada en la Ley 1564 de 2012 ‘por medio de la cual se expide el Código General del Proceso y se dictan otras disposiciones’, entró en vigor tiempo antes de este pronunciamiento, y como era de aplicación inmediata, la orden de trasladar las diligencias en el estado en que se encontraran de la justicia laboral a la civil ya se cumplió, en algunos casos, o empezó a cumplirse al menos, en otros. Una declaratoria de inexequibilidad en este contexto, acarrearía entonces una incertidumbre procesal inevitable y, esa sí, contraria al derecho fundamental al debido proceso (C.P., art. 29).

28. Es cierto, como el actor lo dice, que esto supone aceptar que una misma causa de responsabilidad médica se pueda ver sometida en distintos momentos ante jueces que forman parte de ramos diferentes de la justicia ordinaria. También es verdad que el derecho sustancial y procesal que informa la administración de justicia en cada ramo, presenta diferencias de principios o de orientaciones filosóficas. No obstante, esto no es suficiente para sostener que se hubiese desconocido la Constitución con la variación de competencia de procesos de responsabilidad médica en curso. Todos los jueces de la República, en la medida en que son jueces de tutela (C.P., art. 86), y en cuanto deben observar ante todo la Constitución como “norma de normas” (C.P., art. 4º), tienen un horizonte y un límite común, que está conformado por los derechos fundamentales. Mientras la variación de competencias, incluso de procesos en curso, implique trasladar los procesos pendientes a un ramo de la justicia ordinaria que respete los parámetros antes mencionados, y sobre todo mientras el funcionamiento de dicho ramo no se sustraiga del marco más amplio de los principios de la Constitución, la reforma debe juzgarse constitucional. Enmarcar un proceso en curso en uno u otro ramo de la justicia ordinaria no es entonces contrario por principio a la Carta, si en uno y otro se respetan las disposiciones de esta última. Y eso es lo que ocurre, en abstracto, con los ramos civil y laboral de la justicia ordinaria. Por lo mismo, este argumento tampoco hace prosperar el cargo.

VII. Decisión

En mérito de lo expuesto, la Corte Constitucional de la República de Colombia, administrando justicia en nombre del pueblo y por mandato de la Constitución,

RESUELVE:

Declarar EXEQUIBLE el artículo 625 numeral 8º (parcial) de la Ley 1564 de 2012 ‘Por medio de la cual se expide el Código General del Proceso y se dictan otras disposiciones’, por el cargo examinado.

Notifíquese, comuníquese, publíquese, insértese en la Gaceta de la Corte Constitucional y archívese el expediente.

(12) Código General del Proceso, artículo 17: “Competencia de los jueces civiles municipales en única instancia. Los jueces civiles municipales conocen en única instancia: 1. De los procesos contenciosos de mínima cuantía, incluso los originados en relaciones de naturaleza agraria, salvo los que correspondan a la jurisdicción contencioso administrativa. || También conocerán de los procesos contenciosos de mínima cuantía por responsabilidad médica, de cualquier naturaleza y origen, sin consideración a las partes, salvo los que correspondan a la jurisdicción contencioso administrativa”.

(13) Código General del Proceso, artículo 18: “Competencia de los jueces civiles municipales en primera instancia. Los jueces civiles municipales conocen en primera instancia: 1. De los procesos contenciosos de menor cuantía, incluso los originados en relaciones de naturaleza agraria, salvo los que correspondan a la jurisdicción contencioso administrativa. || También conocerán de los procesos contenciosos de menor cuantía por responsabilidad médica, de cualquier naturaleza y origen, sin consideración a las partes, salvo los que correspondan a la jurisdicción contencioso administrativa”.

(14) Código General del Proceso, artículo 20: “Competencia de los jueces civiles del circuito en primera instancia. Los jueces civiles del circuito conocen en primera instancia de los siguientes asuntos: 1. De los contenciosos de mayor cuantía, incluso los originados en relaciones de naturaleza agraria salvo los que le correspondan a la jurisdicción contencioso administrativa. || También conocerán de los procesos contenciosos de mayor cuantía por responsabilidad médica, de cualquier naturaleza y origen, sin consideración a las partes, salvo los que correspondan a la jurisdicción contencioso administrativa.”

(15) Código General del Proceso, artículo 622: “Modifíquese el numeral 4º del artículo 2º del Código Procesal del Trabajo y de la Seguridad Social, el cual quedará así: ‘4. Las controversias relativas a la prestación de los servicios de la seguridad social que se susciten entre los afiliados, beneficiarios o usuarios, los empleadores y las entidades administradoras o prestadoras, salvo los de responsabilidad médica y los relacionados con contratos’.”

(16) Sentencia C-539 de 1999 (M.P. Eduardo Cifuentes Muñoz. SV. Alfredo Beltrán Sierra, Carlos Gaviria Díaz y Vladimiro Naranjo Mesa). Esta doctrina se ha reiterado en numerosas ocasiones en la jurisprudencia de la Corte Constitucional. Así ocurrió por ejemplo en la Sentencia C-871 de 2003 (M.P. Clara Inés Vargas Hernández. Unánime): “(…) en primer lugar, cuando un ciudadano demanda una disposición que, individualmente, no tiene un contenido deóntico claro o unívoco, de manera que, para entenderla y aplicarla, resulta absolutamente imprescindible integrar su contenido normativo con el de otra disposición que no fue acusada; en segundo término, en aquellos casos en los cuales la disposición cuestionada se encuentra reproducida en otras normas del ordenamiento que no fueron demandadas; y, por último, cuando pese a no verificarse ninguna de las hipótesis anteriores, la norma demandada se encuentra intrínsecamente relacionada con otra disposición que, a primera vista, presenta serias dudas de constitucionalidad”.

(17) Sentencia C-1541 de 2000 (M.P. Carlos Gaviria Díaz. AV. José Gregorio Hernández Galindo y Alfredo Beltrán Sierra). En esa ocasión, se decidía la constitucionalidad de una norma que les asignaba a los jueces civiles el conocimiento de ciertos procesos laborales, cuando en los lugares donde hubieran de tramitarse no hubiese juez laboral. En cuanto a ese aspecto, dijo: “(…) La Corte no se opone a que en los lugares en donde no haya juez laboral, el conocimiento de los procesos de esa índole se asigne a los jueces civiles, por el contrario, lo encuentra plausible y constitucionalmente legítimo, pues de esta manera se garantiza a todos los ciudadanos el acceso a la administración de justicia”. No obstante, como ese proceso ante los jueces civiles suponía introducir un trato desigual e injustificado, comparado con ese mismo proceso cuando se tramitaba ante jueces laborales, la Corte declaró inexequible el precepto: “el artículo 12 del Código Procesal del Trabajo tomando como único referente la existencia o inexistencia de jueces laborales en la ciudad o municipio en donde se deba iniciar la acción, establece instancias y cuantías distintas para iguales procesos, lo cual viola flagrantemente la Constitución. Para una mejor ilustración veamos este ejemplo: si una persona debe iniciar un proceso de carácter laboral cuya cuantía es de tres o cuatro veces el salario mínimo legal mensual, en una ciudad o municipio en dondeEXISTEjuez laboral, le corresponde conocerlo a éste, enúnica instancia.En cambio, si ese mismo proceso se debe iniciar en una ciudad o municipio en donde NO EXISTE juez laboral le compete conocerlo al juez civil del circuito, enprimera instancia, lo cual viola flagrantemente el principio de igualdad entre los demandantes, pues en este último caso el proceso tendría dos instancias”.

(18) La intervención de los dos miembros de la facultad de Derecho de la Universidad Libre de Bogotá.

(19) Sentencia C-655 de 1997 (M.P. Carlos Gaviria Díaz. Unánime). Lo que sostuvo al respecto, en ese caso, no era sin embargo necesario o indispensable para la parte resolutiva, pues no se cuestionaba una atribución de competencias por haber alterado la competencia judicial en procesos en curso. En esa ocasión, la Corte declaró exequible una norma que entonces señalaba los factores a tener en cuenta al evaluar, cuando no hubiera una competencia disciplinaria expresamente prevista, a cuál de las distintas oficinas y dependencias de la Procuraduría General de la Nación le correspondía conocer del asunto. Se demandaba porque era una atribución vaga e indeterminada, cargo que la Corte consideró impróspero. Como se ve, lo que dijo sobre la inmodificabilidad de la competencia es entonces un obiter dictum, no vinculante para este caso.

(20) Sentencia C-093 de 1993 (MMPP. Alejandro Martínez Caballero y Fabio Morón Díaz. SV. Ciro Angarita Barón y Alejandro Martínez Caballero. AV. Eduardo Cifuentes Muñoz). La Corte dijo, sobre el particular: “(…) En lo que corresponde al artículo 17 del Decreto 2790 de 1991, se observa que en él se establece como competencia especial del Ministerio de Justicia la facultad de variar la radicación de los procesos de competencia de los jueces ahora llamados regionales, en determinadas condiciones relacionadas con la afectación del orden público, la imparcialidad e independencia de la administración de justicia, las garantías procesales, la publicidad del juzgamiento o la seguridad del procesado; en este sentido a juicio de la Corte Constitucional no existe fundamento alguno para decretar su inexequibilidad en atención a que se trata de una competencia expresa de carácter administrativo que debe adelantarse de conformidad con las reglas que regulan las actuaciones de la administración en su nivel superior. Adviértase que este examen se verifica con independencia de las disposiciones contenidas en el capítulo quinto del C. de P. P., en concordancia con el artículo 9º. del Decreto 2790 de 1991, que establece las reglas especiales sobre la competencia de los jueces regionales. || Se observa además, que se trata del cambio de radicación del proceso, lo que comprende tanto la etapa de instrucción como la de juzgamiento, bajo el entendido de que en esta materia existe concurrencia de competencias entre el Ministro de Justicia y la Fiscalía General de la Nación, entidades que deben participar de manera coherente y armoniosa a resolver las situaciones que motiven tan delicada situación, puesto que se trata de competencias especiales para atender unas condiciones también especiales en las que se ha colocado a la administración de justicia dentro del marco de las acciones del crimen organizado”.

(21) Sentencia C-873 de 2003 (M.P. Manuel José Cepeda Espinosa. AV. Alfredo Beltrán Sierra. SV. Jaime Araújo Rentería, Alfredo Beltrán Sierra y Álvaro Tafur Galvis). En esa ocasión, la Corte sostuvo sobre esas facultades lo siguiente: “(…) Las anteriores razones son suficientes para declarar la constitucionalidad de las normas acusadas por este cargo, bajo el entendido de que al adoptar cualquiera de estas decisiones [de reasignación de procesos de un fiscal a otro, y de asunción personal de los mismos], el Fiscal General de la Nación deberá motivar expresamente su determinación, y notificarla a los sujetos procesales afectados por un medio idóneo. Así mismo, para efectos de garantizar el ejercicio imparcial y autónomo de la función de investigación por parte del Fiscal General, se declarará que una vez decida, en ejercicio de sus competencias constitucionales y legales, asumir personalmente el conocimiento de una determinada investigación, deberá llevarla hasta su culminación, sin asignarla a otro fiscal distinto puesto que de hacerlo se desnaturalizaría el acto de reasunción del conocimiento de dicha instrucción”.

(22) Sentencia C-208 de 1993 (M.P. Hernando herrera Vergara. AV. Carlos Gaviria Díaz y Jorge Arango Mejía).

(23) Sentencia C-208 de 1993 (M.P. Hernando herrera Vergara. AV. Carlos Gaviria Díaz y Jorge Arango Mejía). La Corte dijo sobre la constitucionalidad de esa norma y los límites de las facultades de reforma: “(...) Por las razones que rodean esta especial legislación, es frecuente y necesario el uso del instrumento procedimental de la variación de la asignación de la actuación que está previsto en otras disposiciones y por motivos claramente determinados. Nada se opone dentro del marco de la Constitución a que dicha variación se estime como legal y que ella no genere nulidad alguna. Los principios del juez natural en estos casos quedan satisfechos con la no alteración de la naturaleza del funcionario judicial y con el no establecimiento de jueces y tribunales ad-hoc lo cual si constituiría una abierta transgresión al artículo 29 de la Carta”.

(24) El artículo 624 del Código General del Proceso dice: “Modifíquese el artículo 40 de la Ley 153 de 1887, el cual quedará así: ‘Artículo 40. Las leyes concernientes a la sustanciación y ritualidad de los juicios prevalecen sobre las anteriores desde el momento en que deben empezar a regir. || Sin embargo, los recursos interpuestos, la práctica de pruebas decretadas, las audiencias convocadas, las diligencias iniciadas, los términos que hubieren comenzado a correr, los incidentes en curso y las notificaciones que se estén surtiendo, se regirán por las leyes vigentes cuando se interpusieron los recursos, se decretaron las pruebas, se iniciaron las audiencias o diligencias, empezaron a correr los términos, se promovieron los incidentes o comenzaron a surtirse las notificaciones. || La competencia para tramitar el proceso se regirá por la legislación vigente en el momento de formulación de la demanda con que se promueva, salvo que la ley elimine dicha autoridad’”.

(25) Sentencia C-200 de 2002 (M.P. Álvaro Tafur Galvis. AV. Jaime Araújo Rentería). La norma decía: “[l]as leyes concernientes a la sustanciación y ritualidad de los juicios prevalecen sobre las anteriores desde el momento en que deben empezar a regir. Pero los términos que hubieren empezado a correr, y las actuaciones y las diligencias que ya estuvieren iniciadas, se regirán por la ley vigente al tiempo de su iniciación”.

(26) Sentencia C-392 de 2000 (M.P. Antonio Barrera Carbonell. AV. Fabio Morón Díaz, SV. Alfredo Beltrán Sierra, Carlos Gaviria Díaz, José Gregorio Hernández Galindo, Alejandro Martínez Caballero, Eduardo Cifuentes Muñoz, Vladimiro Naranjo mesa y Álvaro Tafur Galvis). La Corte sostuvo: “la atribución que por el artículo acusado se confiere al Ministro de Justicia y del Derecho para que, aun “oficiosamente” pueda “variar la radicación del proceso”, cuando se den determinadas circunstancias, constituye una autorización de intromisión innecesaria al ejecutivo en asuntos propios de la jurisdicción, con vulneración ostensible del artículo 116 de la Carta, circunstancia esta que impone su declaración de inexequibilidad”.

(27) Sentencia C-873 de 2003 (M.P. Manuel José Cepeda Espinosa. AV. Alfredo Beltrán Sierra. SV. Jaime Araújo Rentería, Alfredo Beltrán Sierra y Álvaro Tafur Galvis), antes referida.

(28) Sentencia C-208 de 1993 (M.P. Hernando herrera Vergara. AV. Carlos Gaviria Díaz y Jorge Arango Mejía). La Corte dijo sobre la constitucionalidad de esa norma y los límites de las facultades de reforma: “(…) Por las razones que rodean esta especial legislación, es frecuente y necesario el uso del instrumento procedimental de la variación de la asignación de la actuación que está previsto en otras disposiciones y por motivos claramente determinados. Nada se opone dentro del marco de la Constitución a que dicha variación se estime como legal y que ella no genere nulidad alguna. Los principios del juez natural en estos casos quedan satisfechos con la no alteración de la naturaleza del funcionario judicial y con el no establecimiento de jueces y tribunales ad hoc lo cual si constituiría una abierta transgresión al artículo 29 de la Carta”.

(29) Sentencia C-200 de 2002 (M.P. Álvaro Tafur Galvis. AV. Jaime Araújo Rentería), atrás referida.

(30) Corte IDH. Caso Ivcher Bronstein Vs. Perú. Fondo, Reparaciones y Costas. Sentencia de 6 de febrero de 2001. Serie C No. 74, párrafos 111 y ss.

(31) Sentencia SU-1184 de 2001 (M.P. Eduardo Montealegre Lynett. Unánime). Dijo la Sala Plena de la Corte: “(…) resulta evidente que la Sala Disciplinaria del Consejo Superior de la Judicatura incurrió en vía de hecho al desconocer el precedente de la Corte en materia de competencia de la justicia penal militar, así como al desconocer expresas reglas constitucionales sobre la competencia para juzgar a los Generales de la República. Este desconocimiento implica la violación del derecho al juez natural. Por lo tanto, se decretará la nulidad de la providencia, para que la Sala Jurisdiccional Disciplinaria del Consejo Superior de la Judicatura resuelva el conflicto con base en lo expuesto en esta decisión. La Corte advierte que la decisión que se adopte al respecto implica que los delitos conexos cometidos para ocultar o facilitar la violación a los derechos humanos, deberán ser investigados junto a los principales. Es decir, también por la justicia ordinaria”.

(32) Sentencia C-505 de 1995 (M.P. Alejandro Martínez Caballero. Unánime). La Corte se inhibió entonces de emitir un fallo de fondo, porque la norma demandada había sido derogada y no estaba produciendo efectos. En contraste, en la Sentencia C-194 de 1995 (M.P. José Gregorio Hernández Galindo. AV. Eduardo Cifuentes Muñoz, Alejandro Martínez Caballero y Vladimiro Naranjo Mesa), la Corte se pronunció de fondo sobre normas modificadas por otras, que producían efectos al momento del juicio de constitucionalidad.

(33) Autos 169 de 2005 y 266 de 2005 (M.P. Álvaro Tafur Galvis). En ambos, la Corte confirmó autos de rechazo de acciones interpuestas contra una norma con carácter transitorio. El rechazo se fundaba en que la norma había dejado de surtir efectos. La Sala Plena de la corporación ratificó el auto de rechazo, no sólo porque la norma atacada había perdido vigencia, sino también porque no producía efectos.

(34) Auto 073 de 2013. Sala Plena de la Corte Constitucional. Confirmó un auto de rechazo de una acción pública de inconstitucionalidad, dirigida contra un proyecto de reforma constitucional, que nunca había producido efectos jurídicos, ni tenía vocación de producirlos en el futuro.

(35) Sentencia C-541 de 1993 (M.P. Hernando Herrera Vergara. Unánime). En esa ocasión, la Corte emitió un fallo de mérito sobre la demanda instaurada contra una ley, pese a que se había derogado durante el proceso de control ante la Corte Constitucional. Dijo entonces la Corporación que podía pronunciarse de fondo, entre otras razones, en virtud del principio perpetuatio jurisdictionis, que había usado en su momento la Corte Suprema de Justicia, cuando estaba a cargo de guardar la integridad y supremacía de la Constitución, para pronunciarse sobre demandas de inconstitucionalidad en casos semejantes. Dijo en esa decisión: “(…) como razón adicional que justifica el fallo de fondo en el caso presente, que la demanda que ahora ocupa la atención de la Corporación, se presentó1y admitió2cuando regía la Ley 1a. de 1992 a que pertenece la norma parcialmente acusada. Por ello, y en aras de dar efectividad al derecho constitucional fundamental de acceso a la justicia constitucional a través de la interposición y decisión de acciones públicas que la Carta Política garantiza a todo ciudadano, en esta oportunidad la Corte debe observar el principio conocido como"perpetuatio jurisdictionis"que para situaciones como la que aquí se configura, postuló la Corte Suprema de Justiciacuando, para entonces, fungía de guardiana de la supremacía e integridad de la Carta Política. || De acuerdo a la tesis que se prohíja en este fallo, el órgano de control conserva plena competencia para pronunciarse sobre normas cuya derogatoria se produce después de iniciado el proceso y antes de que se dicte el fallo, sin que pueda ser despojada de ella por ulterior derogatoria del legislador ordinario o extraordinario”. Luego, ese precedente ha sido reiterado, por ejemplo, en la Sentencia C-070 de 2009 (MMPP. Humberto Sierra Porto y Clara Elena Reales Gutiérrez. AV. Jaime Araújo Rentería. SV. Mauricio González Cuervo, Gabriel Eduardo Mendoza Martelo, Marco Gerardo Monroy Cabra y Clara Inés Vargas Hernández), cuando la Corte –si bien en un contexto preciso- se pronunció sobre la constitucionalidad del decreto que declaraba el estado de excepción, a pesar de que previo a la decisión de la Corte se había levantado el estado de conmoción interior. Dijo entonces que “(…) una vez se avoca conocimiento de este tipo de decretos se conserva la competencia hasta que se produce un fallo de fondo sobre su constitucionalidad”, en virtud del principio perpetuatio jurisdictionis.

(36) Sentencia C-992 de 2001 (M.P. Rodrigo Escobar Gil. Unánime). En esa oportunidad, durante el proceso de constitucionalidad ante la Corte, algunas normas objeto de control, que tenían carácter transitorio, habían perdido vigencia por expiración del término previsto para ello. La Corte dijo, sin embargo, que tenía competencia en virtud de tal principio para pronunciarse sobre las mismas.

(37) Auto 080 de 2004 (M.P. Rodrigo Escobar Gil. Unánime). En ese caso, dijo la Corte que el asunto era el siguiente: “Según el Juzgado Quinto Civil Municipal de Cartagena, le fue repartido el proceso porque la acción de tutela se dirigió contra una entidad de carácter particular. Por lo tanto, al vincularse a una entidad del orden nacional descentralizada por servicios, ello implica necesariamente un cambio de competencia.” La Corte consideró, como se dijo, que esta no era una razón suficiente para declararse sin competencia.

(38) Por ejemplo en el auto 225 de 2012 (M.P. Alexei Julio Estrada. Unánime), en el cual sostuvo: “[…] De igual manera, al remitir la acción de tutela a la Sala de Casación Penal de la Corte Suprema de Justicia, puso en peligro la finalidad de la acción, al transgredir el principio deperpetuatio jurisdictionis.Valga recordar que este principio no permite que una vez avocado el conocimiento de una demanda, la competencia sea alterada en primera o en segunda instancia, en tanto que al presentarse dicha alteración, se pondría en peligro la inmediatez que debe tener la acción de tutela en la protección de los derechos fundamentales (C.P., art. 86)”

(39) Otros casos se tratan en la doctrina procesal. Por ejemplo Devis Echandía, Hernando: Compendio de derecho procesal civil, Tomo I, Bogotá, Editorial ABC, 1981, p. 148. Morales Molina, Hernando: Curso de Derecho Procesal Civil, Parte General, 9ª edición, Bogotá, Editorial ABC, 1985, pp. 199 y ss.

(40) Sentencia C-200 de 2002 (M.P. Álvaro Tafur Galvis. AV. Jaime Araújo Rentería).

(41) Sentencia C-093 de 1993 (MMPP. Alejandro Martínez Caballero y Fabio Morón Díaz. SV. Ciro Angarita Barón y Alejandro Martínez Caballero. AV. Eduardo Cifuentes Muñoz).

(42) Sentencia C-392 de 2000 (M.P. Antonio Barrera Carbonell. AV. Fabio Morón Díaz, SV. Alfredo Beltrán Sierra, Carlos Gaviria Díaz, José Gregorio Hernández Galindo, Alejandro Martínez Caballero, Eduardo Cifuentes Muñoz, Vladimiro Naranjo mesa y Álvaro Tafur Galvis).

(43) Sentencia C-873 de 2003 (M.P. Manuel José Cepeda Espinosa. AV. Alfredo Beltrán Sierra. SV. Jaime Araújo Rentería, Alfredo Beltrán Sierra y Álvaro Tafur Galvis),

(44) Sentencia C-208 de 1993 (M.P. Hernando herrera Vergara. AV. Carlos Gaviria Díaz y Jorge Arango Mejía).

(45) Sentencia SU-1184 de 2001 (M.P. Eduardo Montealegre Lynett. Unánime).

(46) El artículo 625 numeral 8º del Código General del Proceso entró en vigencia el 12 de julio de 2012, día de publicación de la Ley 1564 de 2012 ‘Por medio de la cual se expide el Código General del Proceso y se dictan otras disposiciones’, pues así lo dispuso el artículo 627 del mismo Código: “(…) artículo 627.Vigencia.La vigencia de las disposiciones establecidas en esta ley se regirá por las siguientes reglas: 1. Los artículos 24, 31 numeral 2º, 33 numeral 2º, 206, 467, 610 a 627 entrarán a regir a partir de la promulgación de esta ley” (énfasis añadido).

(47) Corte Suprema de Justicia. Sala de Casación Laboral. Sentencia del 13 de febrero de 2007 (M.P. Carlos Isaac Náder). Rdo: 29519. La Sala asumió competencia para resolver un recurso de casación en el contexto de un proceso de responsabilidad médica, con base en una interpretación del artículo 2º de la Ley 712 de 2001. Dijo sobre el punto, entre otras cosas, lo siguiente: “[…] la Ley 712 de 2001 [i]ntrodujo la innovación competencial que se anotó líneas arriba, mandato normativo que no hace ningún tipo de excepción y que denota más bien el interés de otorgar una competencia integral y omnicomprensiva y especializar un sector de la jurisdicción ordinaria para conocer de todos los asuntos atinentes a la referida materia, como lo reafirman las demás expresiones utilizadas en la ley, en especial cuando se refiere a que tal competencia no atiende la naturaleza de la entidad demandada ni el carácter de la relación jurídica, o sea que estas cuestiones que antes eran conocidas por diversas jurisdicciones dependiendo del tipo de entidad que causaba el perjuicio (oficial o particular), a partir de la expedición de la ley comentada se unifican en la especialidad laboral de la jurisdicción ordinaria a la cual, para reafirmar lo que viene diciéndose, se le agregó el título “y de la seguridad social”, expresión que no es un simple ornamento retórico sino que refleja fielmente el replanteamiento y los nuevos designios que se trazaron en este ámbito”.

(48) Corte Suprema de Justicia. Sala de Casación Laboral. Sentencia del 27 de marzo de 2007 (MP. Isaura Vargas Díaz). Rdo: 28983. Se limitó a reiterar la sentencia del 13 de febrero de 2007.

(49) Corte Suprema de Justicia. Sala de Casación Laboral. Sentencia del 26 de abril de 2007 (M.P. Luis Javier Osorio López). Rdo: 30285.

(50) Corte Suprema de Justicia. Sala de Casación Civil. Sentencia del 4 de mayo de 2009 (M.P. William Namén Vargas). Rdo: 05001-3103-002-2002-00099-01. Dijo sobre la competencia de la justicia civil ordinaria en procesos jurisdiccionales de responsabilidad médica: “(…) la inteligencia genuina de la locución seguridad social integral, concebida como el conjunto armónico de sujetos públicos y privados, normas y procedimientos inherentes a los regímenes de pensiones, salud, riesgos profesionales y servicios sociales complementarios definidos por el legislador para procurar la efectiva realización de los principios de solidaridad, universalidad y eficiencia enunciados en el artículo 48 de la Constitución Política y desarrollados por la Ley 100 de 1993 y sus normas complementarias, no comprende la atribución de competencias a los jueces ordinarios laborales, más que de estos asuntos, sin involucrar la responsabilidad médica civil, estatal o penal, siendo evidente, la competencia de esta Sala para decidir el recurso de casación”.

(51) Aprobada mediante Ley 16 de 1972.

(52) Gaceta del Congreso 261 de 23 de mayo de 2012. Informe de ponencia para segundo debate en Senado (Plenaria).