Sentencia C-076 de febrero 20 de 1997 

CORTE CONSTITUCIONAL 

SALA PLENA

MODIFICACIÓN PARCIAL DE UNA LEY

PUBLICACIÓN DE LA LEY QUE SEA OBJETO DE REFORMA

EXTRACTOS: «Es necesario explicar el sentido de la exigencia que hace el inciso final del artículo 158 de la Constitución, según el cual “la ley que sea objeto de reforma parcial se publicará en un solo texto que incorpore las modificaciones aprobadas”, pues una interpretación errónea de su texto puede dar lugar a errores, como éste en que incurrió el demandante al solicitar la inexequibilidad de la Ley 191 de 1995, por el supuesto incumplimiento de este precepto.

De los antecedentes de este inciso, en las discusiones de la Asamblea Nacional Constituyente, se puede deducir que el constituyente quiso introducir cierto orden en el quehacer legislativo, al establecer que cuando existan modificaciones parciales a una determinada regulación, se codifique la ley que se modifica con sus reformas, para asegurar que la legislación sobre determinada materia esté compilada en un solo texto, hecho que facilita su aplicación, al tiempo que permite cierto grado de seguridad frente a sus destinatarios e intérpretes. Al respecto, puede consultarse la sentencia C-306 de 1996, con ponencia del magistrado Eduardo Cifuentes Muñoz(*).

La dispersión normativa es típica de nuestro sistema: no es raro encontrar, sobre un mismo tema, diversas leyes y decretos, todos vigentes, sin poder determinar con certeza si alguna de sus disposiciones ha sido derogada o modificada. El inciso final del artículo 158, busca precisamente corregir esta práctica, al ordenar que se publiquen todas las leyes que sean objeto de modificación, en un solo texto donde se incluyan los cambios efectuados.

Lo anterior significa que, una vez el legislador deroga o modifica una o varias normas sobre determinada materia, debe ordenar que se publique el texto original de la ley reformada, con las modificaciones correspondientes. Publicación que, como lo ha explicado la jurisprudencia, corresponde efectuar al gobierno, y no al Congreso de la República, como parece entenderlo el demandante.

La publicación a que hace referencia el artículo 158 de la Constitución difiere, en sus efectos, de la que debe ejecutar el gobierno, una vez imparte la sanción constitucional correspondiente.

Como se sabe, la publicación de la ley tiene por objeto dar a conocer su contenido, y exigir su observancia. Por esta razón, la ley no es obligatoria si no ha sido debidamente promulgada (art. 52 del Código de Régimen Político y Municipal). Promulgación que consiste en la inclusión de la ley, en el periódico oficial, y se entiende consumada en la fecha del número en que termine la inserción, según lo dispone el artículo 52 enunciado.

La publicación que exige el artículo 158 de la Constitución, como se ha explicado, busca establecer un parámetro de orden en nuestra legislación, pero no tiene incidencia alguna respecto de la obligatoriedad de la ley en sí misma. Es decir, la falta de publicación que exige esta norma constitucional no hace inoponible la ley que se modifica ni la que introduce las modificaciones, leyes que, independientemente, obligan desde su promulgación, salvo si en su texto se dice otra cosa.

Es decir, el mandato que contiene el inciso final del artículo 158 de la Constitución, más que incidir en el proceso de discusión y formación de las leyes, que es uno de los aspectos que analiza la Corte para efectos de determinar su exequibilidad, es una obligación adicional para el gobierno, quien debe efectuar la publicación de la ley modificada con las correspondientes modificaciones, indicando la ley que las introdujo».

(Sentencia C-076 de febrero 20 de 1997. Magistrado Ponente: Dr. Jorge Arango Mejía).

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