Sentencia C-761 de octubre 29 de 2009 

CORTE CONSTITUCIONAL 

SALA PLENA

Sentencia C-761/09 

Ref.: Expediente D-7683

Magistrado Ponente:

Dr. Juan Carlos Henao Pérez

Demanda de inconstitucionalidad contra el artículo 7º de la Ley 84 de 1989, “por la cual se adopta el Estatuto Nacional de Protección de los Animales y se crean unas contravenciones y se regula lo referente a su procedimiento y competencia”.

Actor: Óscar Andrés Acosta Ramos

Bogotá, D.C., veintinueve de octubre de dos mil nueve.

EXTRACTOS: «II. Texto de la norma demandada

A continuación se transcribe el texto de la norma demandada:

“LEY 84 DE 1989

(Diciembre 27)

Por la cual se adopta el Estatuto Nacional de Protección de los Animales y se crean unas contravenciones y se regula lo referente a su procedimiento y competencia.

EL CONGRESO DE COLOMBIA,

(...).

ART. 7º—Quedan exceptuados de lo expuesto en el inciso 1º y en los literales a), d), e), f) y g) del artículo anterior, el rejoneo, coleo, las corridas de toros, novilladas, corralejas, becerradas y tientas, así como las riñas de gallos y los procedimientos utilizados en estos espectáculos”.

(...).

VI. Consideraciones de la Corte Constitucional

1. Competencia.

1. En virtud de lo dispuesto por el artículo 241-4 de la Constitución Política, la Corte Constitucional es competente para conocer de la demanda de inconstitucionalidad de la referencia.

2. Problema jurídico.

2. Conforme a la demanda, la Corte Constitucional deberá determinar si el artículo 7º de la Ley 84 de 1989 viola los artículos 16, 22, 79, 95-1 de la Constitución, al excluir de la presunción de ser hechos dañinos y actos de crueldad, dignos de sanción (art. 6º de la misma ley), ciertas conductas efectuadas sobre los animales, cuando ellas se producen en el marco de estos espectáculos y de los procedimientos utilizados en ellos: rejoneo, coleo, corridas de toros, novilladas, corralejas, becerradas, tientas y riñas de gallos.

3. Antes de abordar dicho problema jurídico sustancial, la Corte debe responder a la cuestión planteada por el Ministerio Público y algunos intervinientes según la cual, la demanda no es apta y por tanto no debe provocar un pronunciamiento de mérito frente al asunto propuesto por el accionante.

Esto, para establecer una cuestión primordial de procedibilidad del juicio abstracto que adelanta la Corte constitucional, a saber, si están presentes o no los elementos mínimos requeridos de la demanda, que la habilitan para decidir de fondo, para resolver con fuerza de la cosa juzgada el conflicto de derechos y bienes jurídicos constitucionales que el caso representa.

4. Con tal propósito, se retomará el precedente constitucional fijado respecto de la acción de constitucionalidad y las condiciones para su ejercicio (2.1.), para verificarlos enseguida en el proceso bajo estudio (2.2.). Por último y siempre y cuando sea absuelta positivamente la cuestión anterior, procederá a resolver sobre las cuestiones materiales propuestas.

2.1. La naturaleza jurídica de la acción de constitucionalidad y las condiciones para su ejercicio.

5. La acción de inconstitucionalidad es un mecanismo de participación ciudadana, con el cual se desarrolla el principio previsto en los artículos 1º, 2º y 3º de la Constitución, de ser Colombia un Estado social de derecho democrático y participativo. Dicha acción está destinada a provocar que la Corte constitucional, como máximo órgano de la jurisdicción constitucional, tras el adelanto de un proceso, produzca una sentencia con efectos de cosa juzgada sobre un cierto problema jurídico planteado por el actor, relacionado con disposiciones creadas en general aunque no exclusivamente por el Congreso de la República, obrando como constituyente derivado o como órgano representativo legislativo.

Es, en este orden, un instrumento que combina el ejercicio de los derechos políticos (C.P., art. 40), con las prerrogativas entregadas al ciudadano para controlar el poder desplegado por el legislador a través de la creación de normas jurídicas.

6. Ahora bien, aún desde su faceta como derecho constitucional fundamental, esta facultad reconocida a los ciudadanos puede estar regulada y delimitada por la ley, a fin de hacer efectivo su ejercicio y definir las reglas a las cuales se somete. Pero al mismo tiempo, la regulación del derecho de accionar contra las leyes, busca ponderar entre el interés perseguido por el actor al demandar y los demás bienes jurídicos llamados a ser protegidos, como aquellos que recoge la norma acusada y ordenados a partir del poder de configuración legislativa reconocido en el Congreso, así como los relacionados con la seguridad jurídica y el principio de estabilidad del derecho, con los cuales se protege la confianza en el sistema normativo y en las reglas que lo integran.

7. Igualmente, y esto es algo que debe estimarse esencial en este tipo de valoraciones, la delimitación del derecho de interponer demandas de inconstitucionalidad tiene por propósito acotar el poder de la Corte Constitucional, pues las exigencias básicas establecidas también procuran determinar el ámbito dentro del cual, en términos generales, debe actuar el juez a la hora de valorar la exequibilidad o no de una disposición.

Porque, como lo ha expresado la jurisprudencia de esta corporación(2), no es función de esta actuar de oficio, suplir al demandante y pronunciarse sobre la exequibilidad de disposiciones que no han sido acusadas, ni tienen cargos concretos y conceptos de violación constitucional reconocibles, pues de actuar así la Corte se estaría convirtiendo en juez y parte, suplantando al ciudadano y contrariando su función institucional de ser guardiana imparcial de la Carta.

8. De tal suerte y no obstante su carácter de acción pública, conforme a lo previsto en el artículo 6º del Decreto 2067 de 1991, la demanda debe incluir todas las normas que deberían ser acusadas para que el fallo no sea inocuo. Y en el artículo 2º del Decreto 2067 de 1991, se establecen los demás requisitos que debe reunir la demanda, en los que se disponen las exigencias básicas con las cuales el ciudadano ejerce su derecho de modo responsable y participa activamente en el proceso del que trata el artículo 241 de la Constitución Política, suministrando la información necesaria que permite tanto activar el funcionamiento de la jurisdicción constitucional a instancias de la Corte, como la obtención de un pronunciamiento definitivo sobre la constitucionalidad o inconstitucionalidad de una determinada disposición jurídica.

9. Se trata a continuación de tales asuntos, es decir, del problema de la integración normativa (2.1.1.) y de los requisitos propiamente dichos de la demanda (2.1.2.).

2.1.1. Sobre la integración normativa.

10. Como se dijo en la Sentencia C-775 de 2006, la jurisprudencia constitucional ha reconocido como requisito de procedibilidad de la acción de inconstitucionalidad, “haber demandado una proposición jurídica completa la cual debe ser conformada con las normas estrechamente vinculadas a la norma acusada, así esta tenga un contenido completo y autónomo”(3).

11. Es cierto que, según lo previsto en el artículo 6º, inciso 3º infine del Decreto 2067 de 1991, la Corte en determinados casos puede integrar la unidad normativa(4). Sin embargo, también se ha dicho con reiteración, que el ejercicio de tal prerrogativa no puede constituirse en la regla, pues con ello se suplantaría la función que cumple el ciudadano, a más que crearía para la Corte Constitucional una posición de privilegio, peligrosa y reprochable en cualquier Estado de derecho, social, democrático y constitucional.

En este sentido, se dijo en Sentencia C-1299 de 2005(5), que no siempre cabe argüir “que en estas circunstancias la Corte podría proceder a efectuar, por iniciativa propia, la integración normativa, entre las normas aludidas, es decir, a extender de oficio su competencia a los artículos no demandados”. Lo anterior, por cuanto, “a la luz de la Constitución, la ley y la jurisprudencia vigentes, la Corte Constitucional está sometida a las reglas que rigen los procedimientos judiciales y por ello no puede, en principio, juzgar normas que no han sido demandadas por los ciudadanos”.

Opera, como se señaló en la Sentencia C-775 de 2006 “la regla general [de] que a la Corte no le está permitido juzgar normas que no han sido demandadas pues de lo contrario la acción de inconstitucionalidad se tornaría en una acción en la que el juez actúa de oficio, lo que no corresponde a su naturaleza”.

En la misma línea, en la Sentencia C-1260 de 2005 se indicó que “conforme al artículo 241 de la Constitución, no corresponde a la Corte Constitucional revisar oficiosamente las leyes sino examinar las que efectivamente hayan sido demandadas por los ciudadanos, lo que implica que esta corporación solo puede adentrarse en el estudio y resolución del asunto una vez se presente una acusación en debida forma”. La carga mínima que tienen los demandantes, no puede entenderse, entonces, como un formalismo técnico o procesal que desnaturaliza la acción pública de inconstitucionalidad, sino como el cumplimiento de un deber, aparejado a su derecho de acción pública, que busca “hacer un uso adecuado y responsable de los mecanismos de participación ciudadana y hace viable que se profiera un fallo de fondo”.

12. De esta manera, la integración normativa posee estos tres significados: a) Es la realización de un deber de quien participa en el debate democrático, a través de la acción de inconstitucionalidad de que trata el artículo 241 C.P., consistente en la identificación completa del objeto demandado, que incluye todos los elementos que hacen parte de una unidad indisoluble creada por el derecho. b) Es un mecanismo que hace más efectivo el control ciudadano a las decisiones del legislador. c) Y es, finalmente, una garantía que opera a favor de la coherencia del orden jurídico, pues su conformación determina que el poder del juez constitucional para resolver un asunto en sus problemas jurídicos sustanciales, pueda efectuarse sobre todos los elementos que estructuran una determinada construcción jurídica.

2.1.2. Los requisitos del artículo 2º del Decreto 2067 de 1991 y la interpretación constitucional sobre los mismos.

13. Por lo que hace a los requisitos del artículo 2º del Decreto 2067 de 1991, en reiterada jurisprudencia, en particular desde la Sentencia C-1052 de 2001(6) que recogió y sintetizó la línea decantada por años, esta corporación ha enfatizado sobre la importancia de requerir del ciudadano el cumplimiento de unas cargas mínimas de comunicación y argumentación, de “razones conducentes para hacer posible el debate”, con las que se informe adecuadamente al juez constitucional, para que este profiera una decisión de fondo sobre los preceptos legales acusados.

14. Tales requisitos no son otros que la definición del objeto demandado, el concepto de la violación y la razón por la cual la Corte es competente para conocer del asunto (D. 2067/91, art. 2º).

El objeto demandado hace referencia al deber de identificar las normas acusadas como inconstitucionales (D. 2067/91, art. 2º, num. 1º), cuya transcripción debe acudir a una fuente oficial que asegure la exactitud de su contenido y permita verificar las razones por las cuales para el actor ese contenido normativo se aprecia como contrario a la Constitución.

El concepto de la violación, consiste en la “exposición de las razones por las cuales el actor considera que el contenido de una norma constitucional resulta vulnerado por las disposiciones que son objeto de la demanda”. Y aunque resulta evidente que el ciudadano puede “escoger la estrategia que considere conveniente para demostrar la inconstitucionalidad de un precepto”, en todo caso debe concretar: i) los “cargos contra las disposiciones acusadas, lo que implica realizar un esfuerzo por identificar de manera relativamente clara las normas constitucionales violadas”(7); (ii.) el “’contenido normativo de las disposiciones constitucionales que riñe con las normas demandadas, es decir, manifestar qué elementos materiales del texto constitucional son relevantes y resultan vulnerados por las disposiciones legales que se impugnan(8)’”; (iii.) “las razones por las cuales los textos normativos demandados violan la Constitución (D. 2067/91, art. 2º, num. 3º)”, que sean para el juez constitucional “claras, ciertas, específicas, pertinentes y suficientes”.

Esto último significa que se deben plantear acusaciones comprensibles o claras, recaer verdaderamente sobre el contenido de la disposición acusada y en ese orden ser ciertas, mostrar de manera específica cómo la o las disposiciones objeto de demanda vulneran la Carta, utilizando para tales efectos argumentos pertinentes, esto es, de naturaleza constitucional y no legal o doctrinario ni referidos a situaciones puramente individuales. Por último, la argumentación del demandante debe ser suficiente, en el sentido de ser capaz de suscitar una mínima duda sobre la constitucionalidad de la norma impugnada.

La competencia, en fin, alude a que es la Corte Constitucional quien debe conocer del asunto sometido a su juicio, por cuanto el objeto demandado así lo determina de conformidad con lo previsto en el artículo 241 de la Constitución.

15. Por lo demás, el lleno de todos estos requisitos, es condición para que, dado el caso excepcional que se enunció en el numeral anterior, pueda la Corte constitucional integrar la unidad normativa. Pues la ocurrencia de las precisas y excepcionales circunstancias que permiten extender el examen de constitucionalidad a normas no acusadas, requieren en todo caso que se presente una demanda en forma en contra de un texto legal(9).

16. Pasa la Corte a analizar si conforme lo expuesto, la demanda completó estas exigencias básicas para justificar un pronunciamiento de fondo en el presente proceso.

2.2. Estudio de los requisitos de la demanda en el presente proceso.

17. Para atender a la pregunta sobre la aptitud o no de la demanda en términos de cumplimiento de los requisitos del Decreto 2067 de 1991, artículo 2º y 6º y su interpretación jurisprudencial, estima la Corte pertinente repasar con detenimiento los elementos que integran la demanda bajo estudio, fuente esencial de análisis para resolver este punto.

18. Los argumentos centrales presentados por el actor, fueron los siguientes:

i) La disposición acusada vulnera el artículo 16 de la Constitución, puesto que, dice la demanda, el libre desarrollo de la personalidad es un derecho que tiene límites. Por ello un espectáculo en el que “sanguinariamente” impera la supremacía del ser humano sobre el animal, va en contra de la misma condición humana. No es por lo demás admisible que una minoría torture animales indefensos con espadas hasta llevarlos a la muerte. El asesinato morboso de animales, ofende la naturaleza humana decente. Cuando estas actividades hacen parte del libre desarrollo de la personalidad de alguno, esta se encuentra en todo caso restringida por “los límites del derecho de los demás a un ambiente sano, sin violencia, ni apología de ella contra los animales” (fl. 2 de la demanda).

En este orden, encuentra que las excepciones contenidas en la disposición acusada son inexplicables, ofenden el sentido común y responden a argumentos fútiles que pretenden disfrazar de espectáculo cultural y sano a un acto censurable que promueve el derramamiento de sangre, la crueldad, la tortura y la muerte.

ii) El artículo 7º de la ley 84 de 1989 vulnera igualmente el derecho a la paz, contemplado en el artículo 22 C.P., por cuanto “la muerte por diversión de animales” es una afrenta contra aquel “sagrado” derecho, pues supone actos de crueldad indescriptible, una “enferma burla” que premia y promociona la tortura, la muerte y la sed de sangre de animales que “en nada dañan al hombre”. Si ni siquiera se puede extraer del orden jurídico esta disposición que ofende toda lógica y sentido común, “la paz es y será siempre por los siglos de los siglos inalcanzable en Colombia” (fl. 4).

iii) En cuanto a las razones para estimar transgredido el artículo 79 de la Carta Política, se estima que las corridas de toros atentan contra el ambiente social y cultural por el maltrato y muerte al que somete al animal por simple diversión, como apología de la violencia auspiciada por un público minoritario de ciudadanos. Y quienes no asisten a tales eventos, mal pueden gozar del derecho al ambiente sano a sabiendas de que dicha práctica existe en determinados lugares.

El llamado espectáculo taurino tortura y mata a seres sensibles, practicando sobre el animal toda suerte de daños causantes de un indecible dolor, solo para que unas personas se diviertan. Todo lo cual es “forzosamente incompatible” con un ambiente sano.

iv) Finalmente, el artículo 95, numeral 1º de la Carta Política se estima violado por el precepto legal que se acusa pues, las acciones sobre los animales con picas, espadas, cuchillos, representan un abuso de los derechos de quien las ejecuta, a más de un atentado contra un entorno natural sano que comprende el equilibrio armónico entre los recursos naturales vivos y no vivos. De allí que no pueda ser admitido que los animales sigan siendo considerados como cosas, según lo previsto en la legislación civil, pues son seres vivos que sienten y por lo cual merecen un tratamiento diferente.

Por esto concluye que quienes participan de las corridas de toros no respetan los derechos ajenos de los demás, atentan contra su dignidad humana y no contribuyen con el adecuado y sano desarrollo cultural, además de atentar contra los derechos de los animales y el derecho a la paz, que es al mismo tiempo deber de obligatorio cumplimiento.

19. Estas razones con las cuales se argumenta que el artículo demandado viola los preceptos de la Constitución Política señalados, se pregunta, ¿integran la unidad normativa requerida y ofrecen planteamientos jurídicos de claridad, certeza, especificidad, pertinencia y suficiencia tales que admitan una respuesta racional por parte del juez constitucional, sobre la exequibilidad o no de la disposición acusada? Es el asunto que deben absolver los apartados siguientes (2.2.1.) y (2.2.2.).

2.2.1. Falta de integración normativa.

20. El actor reclama la inexequibilidad del artículo 7º de la Ley 84 de 1989. Al formular dicha solicitud lo que en definitiva se propone es que desde el ordenamiento se prohíban y por tanto sancionen, por presumirse actos crueles, prácticas con animales directamente relacionadas con el rejoneo, coleo, las corridas de toros, novilladas, corralejas, becerradas y tientas y riñas de gallos.

21. Con todo, observa la Corte que algunas de estas actividades han sido contempladas en otros estatutos jurídicos, con los cuales no solo se autorizan como actividades privadas, sino que también se instituyen como bienes de interés cultural o semejantes, que por tanto envuelven actividades públicas.

22. De este modo, un pronunciamiento sobre el precepto acusado, sin considerar las previsiones normativas contempladas en aquellas disposiciones, tendría como resultado o bien una decisión inocua o bien un pronunciamiento con el cual se causa una ruptura de la coherencia propia del sistema jurídico.

23. A manera de ejemplo, es el caso de los espectáculos taurinos, ordenados en el reglamento nacional establecido por la Ley 916 de 2004, que además de otros elementos, los reconoce “como expresión artística del ser humano” y también indican dentro de sus definiciones y descripción de la lidia, referencias a ciertos actos como los de “barrenar”, “descabellar”, el “pinchazo” y la “puya”, así como a la función del picador, las banderillas, entre otros, los cuales se hallan estrechamente vinculados a la disposición acusada y también a la pretensión del actor en el presente proceso.

También se observa cómo a través de la Ley 1272 de 2009, el legislador declaró patrimonio cultural de la Nación la fiesta en Corralejas, que se celebra en la ciudad de Sincelejo, Sucre. Esta normatividad, a juicio de la Corte, debe ser considerada a la hora de establecer si los actos que en ellas se ejecutan sobre los toros, no de modo incidental, sino como manifestación natural de la fiesta, deben ser prohibidos y sancionados por el derecho. Estos dos ejemplos muestran disposiciones legales que se hallan en leyes diferentes, pero que estructuran una unidad normativa.

24. Es decir que, para este tribunal, no cabe duda que al acusar una disposición con el propósito de convertir en prohibidos y sancionables determinados actos y hechos que hacen parte principal de actividades no ya permitidas implícitamente conforme al principio general de libertad dispuesto en el artículo 6º constitucional, sino reguladas como libertades positivas que se ejercen en el marco de una regulación, o reconocidas como manifestación cultural, se crea una unidad indisoluble desde el punto de vista normativo. Mas al no haberse integrado, es necesario declararse inhibida para resolver de fondo, pues de no hacerlo, es decir, de absolver la cuestión material como pretende el actor, se generaría incertidumbre colectiva acerca del contenido armónico del derecho que regula esas actividades exceptuadas del artículo 7º de la Ley 84 de 1989, porque en el evento de que se llegare a encontrar inconstitucional esta disposición, por un lado resultarían ser actividades prohibidas y sancionables y por otro, seguirían siendo actividades permitidas, presentando así un contenido incoherente o inaplicable.

25. Ahora bien, no está llamada la Corte a efectuar motu proprio la integración de la unidad normativa por cuanto, a pesar la relación estrecha que existe entre el precepto acusado y las otras disposiciones, aquel tiene individualmente un contenido deóntico, claro o unívoco, pues su construcción gramatical y de sintaxis permite entenderla y aplicarla. Tampoco se hace referencia aquí a preceptos que reproduzcan la norma demandada por el actor, pues la acusada establece una excepción a una presunción y a una prohibición, mientras que aquellas o bien regulan actividades contempladas en la primera, o bien, les adscriben alguna categoría jurídica. Y finalmente, aunque se trata de normas que, en efecto, se encuentran intrínsecamente relacionadas con el precepto que se acusa y cuya integración normativa resulta indispensable para producir un fallo de fondo que mantenga la coherencia del orden jurídico, no presentan estas, a primera vista, serias dudas de constitucionalidad. En síntesis, no se estructuran los elementos decantados por la jurisprudencia para que la Corte realice la integración normativa, vistos en el fundamento jurídico 10 y siguientes de la presente providencia.

Por ello, aunque la figura de la unidad normativa se hace ostensible en este asunto, por las condiciones en las que dicha figura se presenta, era un deber del demandante integrarla y no puede el juez constitucional, como se ha visto, suplir su no cumplimiento en el caso en estudio.

2.2.2. Razones de inconstitucionalidad carentes de certeza, especificidad, pertinencia y suficiencia.

26. Con relación a los requisitos del artículo 2º del Decreto 2067 de 1991 y su desarrollo jurisprudencial, la demanda cumple con la determinación del objeto, la fijación de cargos de inconstitucionalidad y la definición de la competencia para que la Corte deba conocer del presente asunto. Así, es claro que el objeto de la demanda es el artículo 7º de la Ley 84 de 1989, en el cual se exceptúan de sanción y de la presunción de hechos crueles contra los animales ciertos actos, cuando se practican en el rejoneo, el coleo, las corridas de toros, las novilladas, las corralejas, las becerradas, las tientas y las riñas de gallos, así como en los procedimientos utilizados en estos espectáculos (fls. 1-2). Los cargos que plantea versan sobre la presunta vulneración que dicho precepto supone frente a lo previsto en los artículos 16, 22, 79 y 95-1 de la Constitución (fls. 2-6). El demandante, en fin, precisa que la Corte es competente para conocer del presente asunto, toda vez que la demanda de inconstitucionalidad se formula frente a una norma legal (fl. 7).

27. En el plano de su argumentación, lo aprecia con nitidez la Corte, la demanda es fuertemente persuasiva al señalar que el sufrimiento del animal no posee ninguna explicación ni justificación en el mundo contemporáneo. Es decir, que la solicitud de inexequibilidad cautiva y seduce al lector por la firmeza de su defensa a favor de la protección del, valga desde ya decirlo, toro del lidia, al parecer, según se desprende de las afirmaciones del libelo demandatorio, nunca atendida por la tauromaquia. Mas tal defensa se presenta como un reclamo de orden ético y moral, pero no fundado en razones jurídicas.

28. En virtud del principio pro actione, pues no lo afirma propiamente el actor, se puede entender que en la demanda se sostiene que el artículo 7º de la Ley 84 de 1989 es inexequible, en cuanto excluye de la presunción como actos crueles y hechos dañinos, las prácticas con animales contenidas en los literales a), d), e), f) y g) del artículo 6º de la misma ley, cuando ellas se desarrollan en espectáculos taurinos, esto es, con toros, vaquillas, becerros o novillos “bravos”.

Y se habla de estos y no de los demás animales vinculados a las actividades a las que se refiere el artículo acusado, porque como se aprecia con facilidad en la demanda y como lo observan varios intervinientes, el actor enfila su argumentación contra los espectáculos en donde se torean reses de lidia.

Tiene la demanda como hilo conductor, que las mismas llevan implícita la crueldad de trato a que se somete al toro, lo que supone entonces una afectación ilegítima de los derechos constitucionales al libre desarrollo de la personalidad, a la paz y al medio ambiente, así como incumplimiento del deber constitucional de respeto a los derechos ajenos y no abuso de los propios.

29. Con todo, no son ciertas las razones que respaldan los cargos de inconstitucionalidad, pues en sentido estricto, y en concordancia con lo que se indica en términos de claridad de la demanda, no recaen sobre una proposición jurídica real y existente, de contenido no verificable a partir de la interpretación de su propio texto. Pues, en concordancia con lo que arriba se indica, el ciudadano solo se refiere a los espectáculos taurinos y no excluye otras actividades, en particular el coleo y las peleas de gallos, donde las prácticas con los animales son distintas.

De esto resulta que no es cierta la acusación sobre el artículo 7º de la ley 84 de 1989, pues solo entiende que con ella se excluyen a los espectáculos taurinos de unas prohibiciones del estatuto de protección animal, cuando también ocurre lo mismo con el coleo y la pelea de gallos; pues incluye dentro del espectáculo taurino actos de crueldad como el enfrentar animales para que se acometan y peleen, así como el uso de los mismos para entrenamiento, actuaciones que a todas luces no hacen parte de tales actividades.

30. Haciendo abstracción de tal insuficiencia y nuevamente aplicando el principio pro actione para determinar lo que realmente el ciudadano acusa y que sería el admitir las excepciones de actos crueles a favor del toreo, podría plantearse que las razones que aduce el demandante son específicas, pues en ellas se formula no uno sino cuatro cargos de inconstitucionalidad concreta, según los cuales: los espectáculos taurinos vulneran el libre desarrollo de la personalidad, el derecho a la paz, el derecho a un medio ambiente sano y el deber del no abuso de los derechos.

Sin embargo, en la forma como se exponen los mismos, no se aprecia un cargo de inconstitucionalidad concreto contra la norma demandada, esto es, “la oposición objetiva y verificable entre el contenido de la ley y el texto de la Constitución Política”, a que ha hecho referencia la jurisprudencia.

31. En el mismo sentido, los argumentos que teje contra la disposición objeto de demanda frente a los artículos de la Constitución acusados, no son pertinentes, pues como ya se advertía el reproche decidido que aduce, no se formula como una argumentación jurídica de naturaleza constitucional, no está fundado en el contenido de una norma superior que se expone y se enfrenta al precepto demandado, sino en firmes razones de una ética rigurosa frente a los animales, frente al toro de lidia.

32. No puede olvidarse que, cuando el demandante estima vulnerado un derecho cuya estructura normativa es especialmente abierta, las cargas de argumentación se incrementan, pues reclaman del ciudadano, el ofrecer elementos más depurados que permitan entender el ámbito de interpretación en el cual enmarca el bien constitucional que se estima vulnerado.

Y esto es así porque, en este caso, el actor acude a disposiciones constitucionales que poseen la estructura típica de la norma- principio y que por tanto, aunque significan mucho dentro del orden constitucional, en general admiten muchas interpretaciones correctas posibles sobre lo que hace o no parte de lo protegido. De allí que puedan tener desarrollos legislativos tan disímiles.

Salvo en circunstancias extraordinarias en donde para el juez resulta flagrante la vulneración de una posición jurídica constitucional, corresponde al ciudadano distinguir y elegir dentro de esas cláusulas generales, cuál es la noción específica que alega del o de los derechos constitucionales y principios vulnerados. Y mal haría el juez constitucional en absolver un problema de inexequibilidad que no concreta, al menos prima facie, la noción jurídica que recoge de los derechos constitucionales que alega transgredidos, pues de hacerlo vendría a ser él y no el demandante, quien estaría seleccionando por su propia cuenta, una acepción dentro de las muchas que la norma jurídica constitucional contiene.

33. Para ilustrar lo anterior, basta observar que el libre desarrollo de la personalidad, en realidad no aparece en la demanda como un derecho violado en cuanto tal, sino en cuanto a los límites que le han sido impuestos. Es decir que lo que realmente está reclamando es que las corridas de toros y actividades afines, no pueden hacer parte de las manifestaciones del libre desarrollo de la personalidad, pues con ellas se vulneran los derechos de los demás y el orden jurídico. No existe empero justificación ninguna sobre tal razonamiento, distinta de la de afirmar que las prácticas que sobre el animal se ejercen, son “inexplicables”,“ofenden el sentido común” y “responden a argumentos fútiles que pretenden disfrazar de espectáculo cultural y sano a un acto censurable que promueve el derramamiento de sangre, la crueldad, la tortura y la muerte”, son “actos sanguinarios” que van contra de la condición humana.

No se ofrece empero una valoración cierta, específica y pertinente con la que se brinde a la Corte información sobre por qué un conjunto de actividades relacionadas con animales, deben considerarse excluidas de la noción del libre desarrollo de la personalidad previsto en la Constitución. Y tampoco se dice por qué vulneran el orden jurídico, ni por qué tal afirmación es consistente aún ante la existencia de normas jurídicas vigentes reconocibles en otras leyes, que las autorizan y de algún modo las protegen.

Y no se enmienda esta falta en la argumentación, cuando invocan como derechos vulnerados los de la paz y el medio ambiente, pues la explicación que da de ellos, se reduce a expresar con toda su convicción y buen sentimiento, pero sin aducir elementos de juicio provenientes del derecho, que no hay paz con los actos sanguinarios que se practican con los toros en las corridas, al representar estas una burla para con el animal, y no hay medio ambiente social sano, cuando una mayoría de ciudadanos debe soportar que una minoría se divierta con la apología de la violencia y el maltrato y muerte que se propina en los eventos taurinos al toro.

En fin, el demandante no señala por qué los espectáculos taurinos son un abuso del derecho contra los derechos de los otros. No precisa si el derecho del que se abusa es el del libre desarrollo de la personalidad u otros distintos (por ejemplo libre iniciativa y actividad económica, la libertad de profesión u oficio, el derecho y la libertad de trabajo, el derecho a la cultura), ni se presentan argumentos jurídicos para estimar como derechos abusados los de la paz y el medio ambiente, o cualquiera otro distinto, ni se justifica la equiparación que de modo implícito ofrece entre derechos humanos y derechos de los animales.

34. Tampoco, en fin, aparecen suficientes, pues el estudio sobre los preceptos constitucionales acusados, al fundarlo no en su contenido reconocible jurídicamente sino en consideraciones éticas, no persuade ni convence ni levanta, al menos prima facie, la presunción de constitucionalidad de la medida legislativa que se controvierte.

35. En definitiva, falta una estructuración jurídica en la cual se defina, por ejemplo, la naturaleza antropocéntrica o geocéntrica del derecho constitucional colombiano; si lo primero, cuál es su justo grado; qué relación existe entre el contenido de la norma acusada y otros derechos protegidos por la Constitución como la libertad de expresión artística (art. 71), o la libertad de empresa (art. 333), etc. Es decir, una estructuración de la demanda que permita al juez constitucional, a todas luces, cumplir cabalmente con su tarea frente a un tan interesante tema.

36. De todo lo anterior se deduce, que no existen condiciones para proferir una decisión de fondo que surta efectos de cosa juzgada, al reconocerse por doble vía la ineptitud sustantiva de la demanda.

VII. Decisión.

Con fundamento en las precedentes motivaciones, la Sala Plena de la Corte Constitucional, administrando justicia en nombre del pueblo y por mandato de la Constitución,

RESUELVE:

1. INHIBIRSE de emitir pronunciamiento de fondo respecto de la solicitud de inconstitucionalidad del artículo 7º de la Ley 84 de 1989, por ineptitud sustantiva de la demanda.

Cópiese, notifíquese, comuníquese, insértese en la Gaceta de la Corte Constitucional y archívese el expediente. Cúmplase».

(2) Entre otras, C-428 de 2008 y-320 de 1997.

(3) Vid, entre otras: Sentencia C-448 de 2005; C-100 de 2005; C-409 de 1994, C-320 de 1997.

(4) Conforme la reiterada Sentencia C-539 de 1999, los eventos en los cuales procede la integración de la unidad normativa por parte de la Corte, son: “En primer lugar, procede la integración de la unidad normativa cuando un ciudadano demanda una disposición que, individualmente, no tiene un contenido deóntico claro o unívoco, de manera que, para entenderla y aplicarla, resulta absolutamente imprescindible integrar su contenido normativo con el de otra disposición que no fue acusada. En estos casos es necesario completar la proposición jurídica demandada para evitar proferir un fallo inhibitorio/.En segundo término, se justifica la configuración de la unidad normativa en aquellos casos en los cuales la disposición cuestionada se encuentra reproducida en otras normas del ordenamiento que no fueron demandadas. Esta hipótesis pretende evitar que un fallo de inexequibilidad resulte inocuo./ Por último, la integración normativa procede cuando pese a no verificarse ninguna de las hipótesis anteriores, la norma demandada se encuentra intrínsecamente relacionada con otra disposición que, a primera vista, presenta serias dudas de constitucionalidad. En consecuencia, para que proceda la integración normativa por esta última causal, se requiere la verificación de dos requisitos distintos y concurrentes: (1) que la norma demandada tenga una estrecha relación con las disposiciones no cuestionadas que formarían la unidad normativa; (2) que las disposiciones no acusadas aparezcan, a primera vista, aparentemente inconstitucionales. A este respecto, la corporación ha señalado que “es legítimo que la Corte entre a estudiar la regulación global de la cual forma parte la norma demandada, si tal regulación aparece prima facie de una dudosa constitucionalidad”.

(5) Que emitió una decisión inhibitoria por proposición jurídica incompleta.

(6) Ver también sentencias C-370 de 2006, C-922 de 2007 y C-923 de 2008.

(7) Cfr. Sentencia C-142 de 2001.

(8) Cfr. Ibíd.

(9) Al respecto se señaló en la Sentencia C-320 de 1997, reiterada en numerosas ocasiones, que “la Corte concluye que la unidad normativa es excepcional, y solo procede cuando ella es necesaria para evitar que un fallo sea inocuo, o cuando ella es absolutamente indispensable para pronunciarse de fondo sobre un contenido normativo que ha sido demandado en debida forma por un ciudadano. En este último caso, es procedente que la sentencia integre la proposición normativa y se extienda a aquellos otros aspectos normativos que sean de forzoso análisis para que la corporación pueda decidir de fondo el problema planteado por los actores. Igualmente es legítimo que la Corte entre a estudiar la regulación global de la cual forma parte la norma demandada, si tal regulación aparece prima facie de una dudosa constitucionalidad” (resaltado fuera de texto). En el mismo sentido la Sentencia C-185 de 2002, donde la Corte observó: “La atribución legal reconocida a esta corporación para integrar la unidad normativa, es decir, para vincular al proceso de inconstitucionalidad otros preceptos que no fueron materia de acusación, al margen de tener un alcance excepcional y restrictivo, solo puede ejercerse cuando se ha verificado previamente que la demanda fue presentada en debida forma; esto es, cuando se determine que la misma ha cumplido con los requisitos formales y sustanciales de procedibilidad de la acción pública de inconstitucionalidad”.