Sentencia C-762 de septiembre 17 de 2002 

CORTE CONSTITUCIONAL

SALA PLENA

Sent. C-762/2002 

Ref.: Expediente D-3972.

Magistrado Ponente:

Dr. Rodrigo Escobar Gil.

Actor: Óscar Emilio Silva Duque.

Demanda de inconstitucionalidad contra los artículos 10, 11 y 14 de la Ley 733 de 2002.

Bogotá, D.C., septiembre diecisiete de dos mil dos.

EXTRACTOS: «II. Texto de las normas acusadas

A continuación, se transcriben los textos de las disposiciones acusadas, conforme a su publicación en el Diario Oficial 44.693 de 31 de enero de 2002.

“LEY 733

(Enero 29)

“Por medio de la cual se dictan medidas tendientes a erradicar los delitos de secuestro, terrorismo y extorsión, y se expiden otras disposiciones”.

“(…)”.

“ART. 10.—El artículo 450 de la Ley 599 de 2000, quedará así: Modalidad culposa. El servidor público encargado de la vigilancia, custodia o conducción de un detenido o condenado que por culpa dé lugar a su fuga, incurrirá en multa y pérdida del empleo o cargo público. Cuando el detenido o condenado estuviere privado de su libertad por los delitos de genocidio, homicidio, desplazamiento forzado, tortura, desaparición forzada, secuestro, secuestro extorsivo, extorsión, terrorismo, concierto para delinquir, narcotráfico, enriquecimiento ilícito, lavado de activos, o cualquiera de las conductas contempladas en el título II de este libro, incurrirán en prisión de (2) a (4) años.

ART. 11.—Exclusión de beneficios y subrogados. Cuando se trate de delitos de terrorismo, secuestro, secuestro extorsivo, extorsión, y conexos, no procederán las rebajas de pena por sentencia anticipada y confesión; ni se concederán los subrogados penales o mecanismos sustitutos de la pena privativa de la libertad de condena de ejecución condicional o suspensión condicional de ejecución de la pena, o libertad condicional. Tampoco a la prisión domiciliaria como sustitutiva de la prisión, ni habrá lugar a ningún otro beneficio o subrogado legal, judicial o administrativo, salvo los beneficios por colaboración consagrados en el Código de Procedimiento Penal, siempre que ésta sea efectiva.

“(…)”.

ART. 14.—Competencia. El conocimiento de los delitos señalados en esta ley le corresponde a los jueces penales del circuito especializados”.

(…).

VI. Consideraciones de la Corte

1. Competencia.

Por dirigirse la demanda contra varias disposiciones que forma parte de una ley de la República, la Corte Constitucional es competente para decidir sobre su constitucionalidad, tal y como lo prescribe el artículo 241-4 de la Constitución Política.

2. El problema jurídico.

A partir de los cargos que se han formulado contra los artículos 10, 11 y 14 de la Ley 733 de 2002, y de lo expresado por los distintos intervinientes, en esta oportunidad le corresponde a la Corte establecer si el legislador, con ocasión de la expedición de las citadas disposiciones, excedió su ámbito de configuración política y como consecuencia de ello violó las siguientes garantías constitucionales:

— Respecto al artículo 10, el principio de igualdad, al incluir dentro de la modalidad culposa del delito de fuga de presos la pena de prisión sólo para los funcionarios que tengan a su cargo la vigilancia, custodia o conducción de un detenido o condenado por los punibles de competencia de los jueces del circuito especializados. También el principio de unidad de materia, en cuanto el citado artículo no guarda correspondencia lógica y temática con el texto de la ley.

— Respecto al artículo 11, los principios de dignidad humana e igualdad y el derecho al debido proceso, por el hecho de excluir la mayoría de los beneficios y subrogados penales para los autores de delitos de secuestro, secuestro extorsivo, extorsión y conexos.

— Respecto al artículo 14, el principio de igualdad, como consecuencia de asignarle a los jueces del circuito especializados la competencia para conocer de algunos delitos que venían siendo tramitados por los jueces ordinarios.

Para los efectos de resolver el anterior problema jurídico, antes de proceder al análisis de constitucionalidad de cada una de las disposiciones acusadas, la Corte se referirá al ámbito de competencia legislativa en la formulación de la política criminal del Estado, e igualmente, a las razones que llevaron al Congreso de la República a adoptar las medidas contenidas en la Ley 733 de 2002.

3. La competencia del legislador para regular y desarrollar la política criminal del Estado.

3.1. Conforme lo enseña la jurisprudencia de esta corporación, el Estado, como titular del ius puniendi, es el llamado a fijar los lineamientos de la política que en materia criminal ha de aplicarse para posibilitar la convivencia pacífica en sociedad y para asegurar la defensa de los valores, derechos y garantías ciudadanas, tomando como referente válido las circunstancias históricas del momento y las diversas situaciones de orden coyuntural que se generan al interior de la comunidad, atribuibles a una dinámica social, política, económica e incluso cultural de permanente cambio y evolución.

3.2. De acuerdo a la estructura de nuestro sistema jurídico, el desarrollo de la política criminal del Estado se lleva a cabo “a través del procedimiento democrático de adopción de las leyes” (2) , por lo que debe entenderse que su definición y regulación corresponde exclusivamente al Congreso de la República quien, con la colaboración del gobierno y de otras autoridades públicas, le atribuye fuerza vinculante en atención a una filosofía punitiva preestablecida.

(2) Sentencia C-038 de 1995, M.P. Alejandro Martínez Caballero.

Ciertamente, en virtud de la cláusula general de competencia consagrada en los numerales 1º y 2º del artículo 150 de la Constitución Política, al Congreso se le asigna la función específica de expedir códigos en todos los ramos de la legislación y de regular en su totalidad los trámites judiciales, de manera que, en ejercicio de tal atribución, éste goza de un cierto margen de autonomía o configuración política, tanto para definir cuáles son los comportamientos humanos que merecen reproche penal —señalando la respectiva sanción e intensidad de la misma—, como para diseñar los procedimientos que conduzcan a establecer la veracidad de los hechos y la responsabilidad penal de quienes resulten involucrados en la comisión de una determinada conducta delictiva. Todo ello, cuando se llegue al convencimiento de que es imprescindible apelar al derecho penal como ultima ratio para defender determinados intereses jurídicos.

3.3. Ahora bien, en la medida en que el propio constituyente se ha ocupado de incorporar al ordenamiento constitucional valores, principios, reglas, postulados y presupuestos —de contenido sustancial y procedimental—, que se proyectan sobre el conjunto de los derechos fundamentales y comportan una garantía para el ejercicio legítimo de los mismos, el margen de autonomía o discrecionalidad reconocida al legislador, en particular para ejercer el poder punitivo del Estado, no es del todo absoluto pues se encuentra limitada y subordinada a los mandatos que en esa materia emergen de la propia Carta Política, los cuales a su vez se convierten en criterios de obligatoria observancia dentro del proceso de adopción de la legislación penal.

3.4. Así, según lo ha dicho la Corte (3) , desbordaría el marco de configuración legislativa la decisión política de sancionar conductas constitucionalmente excluidas de tipificación penal, o la omisión de criminalizar aquellos comportamientos que, conforme a la Carta y los tratados internacionales que hacen parte del bloque de constitucionalidad, por su gravedad y daño social deben ser objeto de sanción penal (4) . En ese mismo contexto, resultaría contrario a su propia atribución que el legislador, con ocasión de la consagración de un hecho punible, optara por imponer la pena de muerte, la tortura o los tratos crueles, inhumanos o degradantes, el destierro, la prisión perpetua (5) o la confiscación, a sabiendas de que las mismas se encuentran prohibidas por el propio Estatuto Superior (C.P., arts. 11, 12, 17 y 34). O lo que es más grave, que excusándose en la protección de determinados bienes jurídicos, decidiera restringir, suspender o hacer nugatorias alguna de las garantías constitucionales —sustanciales o formales— derivadas del derecho al debido proceso (C.P., arts. 29 y ss.).

(3) Cfr., entre otras, las sentencias C-609 de 1996, C-581 de 2001 y C-489 de 2002.

(4) La Corte ha venido señalando que, en aplicación de la Constitución Política y los tratados internacionales que hacen parte del bloque de constitucionalidad, existe un deber constitucional de criminalizar o sancionar penalmente conductas tales como la tortura, el genocidio, las ejecuciones extrajudiciales, o las desapariciones forzadas. Cfr., entre otras, las sentencias C-225 de 1995, C-368 de 2000, C-177 de 2001, C-226 de 2002 y C-489 de 2002.

(5) En lo que tiene que ver con la restricción constitucional de imponer la pena de prisión perpetua, es necesario aclarar que, mediante el Acto Legislativo 02 del 27 de diciembre de 2001, se adicionó el artículo 93 de la Constitución Política el siguiente texto: “El Estado colombiano puede reconocer la jurisdicción de la Corte Penal Internacional en los términos previstos en el Estatuto de Roma adoptado el 17 de julio de 1998 por la Conferencia de Plenipotenciarios de las Naciones Unidas y, consecuentemente, ratificar este tratado de conformidad con el procedimiento establecido en esta Constitución. La admisión de un tratamiento diferente en materias sustanciales por parte del Estatuto de Roma con respecto a las garantías contenidas en la Constitución tendrá efectos exclusivamente dentro del ámbito de la materia regulada en él". Ello, bajo la consideración específica de que el Estatuto de Roma de la Corte Penal Internacional, suscrito y ratificado por Colombia, e incorporado al derecho interno mediante la Ley 742 de 2002, prevé en su artículo 77 literal b) “La reclusión a perpetuidad cuando lo justifiquen la extrema gravedad del crimen y las circunstancias personales del condenado”.

Sobre el tema en discusión, la jurisprudencia constitucional expresó:

“Es propio de una constitución democrática y pluralista como la colombiana, que sus normas materiales o sustantivas, en principio, puedan permitir, dentro de ciertos límites, diversas políticas y alternativas de interpretación. De otra parte, no podría pretender la Constitución ser eje y factor de unidad y cohesión de la sociedad si la amplitud de la materia que abarca, no pudiera remitirse a las normas abiertas que la integran y que permiten su permanente vinculación y adaptación a la realidad.

La relación de la ley con la Constitución no puede, en consecuencia, ser análoga a la existente entre la ley y el reglamento. El legislador, en estricto rigor, no ejecuta la Constitución sino que actúa y adopta libremente políticas legales —que en el tiempo pueden incluso ser contrarias entre sí en desarrollo del principio básico del pluralismo— y lo hace dentro de los marcos y espacios de actuación que la Carta habilita para el efecto y siempre que no la quebrante” (Sent. C-531/93, M.P. Eduardo Cifuentes Muñoz).

Y posteriormente reiteró:

“…el legislador tiene frente a la Constitución una relación compleja puesto que ésta es tanto de libertad como de subordinación. El legislador no puede desbordar la Constitución y está subordinado a ella porque la Carta es norma de normas (C.P., art. 4º). Pero, en función del pluralismo y la participación democrática, el legislador puede tomar diversas opciones dentro del marco de la Carta. Esto es lo que la doctrina constitucional comparada ha denominado la libertad de formación democrática de la voluntad o la libertad de configuración política del legislador” (Sent. C-038/95, M.P. Alejandro Martínez Caballero).

3.5. De este modo, respetando los límites materiales a que se ha hecho expresa referencia, y en general aquellos presupuestos que para asegurar la vigencia de los derechos fundamentales señala o describe la Constitución Política, el legislador, consultando la exigencia de tutelar bienes jurídicos superiores, la fenomenología social y el perjuicio o daño que algunas conductas humanas puedan ocasionar al interior de la comunidad, se encuentra plenamente habilitado para adoptar la política criminal del Estado y, por su intermedio, para “crear o suprimir figuras delictivas, introducir clasificaciones entre ellas, establecer modalidades punitivas, graduar las penas aplicables, fijar la clase y magnitud de éstas con arreglo a criterios de agravación o atenuación de los comportamientos penalizados” (6) , como también para modificar y complementar los procedimientos de juzgamiento preexistentes (7) .

(6) Sentencia C-013 de 1997, M.P. José Gregorio Hernández Galindo.

(7) Cfr., entre otras, la Sentencia C-609 de 1995, M.P. Fabio Morón Díaz.

3.6. En este contexto, no resultarían contrarias a la Constitución Política, ni las restricciones y limitaciones que en ejercicio del ius puniendi puedan imponerse a los derechos fundamentales y a sus presupuestos de aplicación, ni los tratamientos diferenciales que surjan con ocasión de la regulación penal, siempre que por su intermedio no se desconozca el núcleo esencial de tales derechos, y las medidas que se adopten en torno a la disminución de su efectividad sean en todo caso razonables y proporcionales al fin perseguido por el legislador. Por esta razón, lo ha destacado la jurisprudencia, el control de constitucionalidad en lo atinente a la libertad de configuración política del legislador es más un control de límites, con el que se busca evitar los excesos en que éste pueda incurrir al ejercer su competencia regulatoria en materia punitiva.

4. Circunstancias materiales que motivaron la expedición de la Ley 733 de 2002.

4.1. En concordancia con lo expuesto, y para lo que interesa resolver en este asunto, se tiene que, a iniciativa del Gobierno Nacional, el Congreso de la República expidió la Ley 733 de 2002, a través de la cual se dictaron medidas tendientes a erradicar los delitos de secuestro, terrorismo y extorsión, y se adoptaron otras disposiciones. En relación con las circunstancias materiales que motivaron su aprobación, tanto el gobierno —en la exposición de motivos— como el Congreso —en las ponencias y debates que antecedieron a su promulgación—, coincidieron en señalar (8) :

(8) Cfr., las siguientes gacetas del Congreso: 380 del 21 de septiembre de 2000, 469 del 23 de noviembre de 2000, 226 del 18 de mayo de 2001, 380 del 13 de agosto de 2001 y 628 del 7 de diciembre de 2001.

— Que el secuestro, el terrorismo y la extorsión, son por su propia naturaleza “considerados delitos atroces y abominables” que causan una gran alarma social y quebrantan o afectan, en forma grave y ostensible, valores y derechos inalienables del ser humano como la vida, la dignidad, la libertad personal, la intimidad, el libre desarrollo de la personalidad, la libre circulación, el trabajo, la familia, la libre participación ciudadana y la paz, todos amparados por la Constitución Política y las leyes.

— Que en procura de golpear y destruir la estructura delictivas de las organizaciones criminales, y de entregarle herramientas al Estado para combatir tales delitos ante su auge durante las últimas dos décadas, el legislador, al margen de lo que había sido estatuido en los códigos Penal y de Procedimiento Penal de la época, expidió la leyes 40 de 1993 y 282 de 1996, adoptando en ellas medidas especiales con las cuales se buscaba contrarrestar la “poca severidad de las penas y su falta de efectividad”.

— Que a pesar de lo anterior, con la expedición de los nuevos códigos Sustantivo y de Procedimiento Penal (L. 599 y 600/2000), medidas especiales adoptadas en las leyes 40 y 282 se vieron en cierta medida afectadas y disminuidas, no obstante que el secuestro, el terrorismo y la extorsión continúan consolidándose “como una verdadera industria y un negocio de gran rentabilidad” a cargo de los “grupos subversivos, narcotraficantes, de la delincuencia común” y últimamente también de los “paramilitares”.

— Que si bien el Estado ha venido adelantando “una lucha frontal” contra el narcotráfico y conductas afines, debilitando en gran medida su organización y sus finanzas, lo cierto es que éstas vienen aprovechando la infraestructura que han montado durante largo tiempo, para conciliar intereses con otras organizaciones delictivas y orientar su actividad hacia el secuestro, el terrorismo y la extorsión, con el ánimo de recomponer sus ingresos ilícitos.

— Que en la actualidad, es un hecho notorio que los secuestros y la extorsión, además de venir aumentando, tienen un móvil estrictamente económico, de manera que los delincuentes utilizan a las personas como objetos de comercio convirtiéndolas en simple mercancía, siendo esto último lo que determina su único y mayor valor.

— Que “los actores armados del conflicto en Colombia, especialmente los grupos guerrilleros y paramilitares”, se han dedicado a perpetrar secuestros masivos e indiscriminados contra los civiles que se transportan por vía terrestre, aérea y marítima —pertenecientes a todos los estamentos sociales— “utilizándolos como escudos humanos para dificultar la reacción de las autoridades legítimamente constituidas, y luego, exigiendo el pago de rescates o la entrega de bienes por la libertad de los secuestrados”.

— Que ante tal arremetida, la población convive con el temor permanente de ser “víctimas del flagelo de la extorsión y el secuestro”, afectándose y poniéndose en peligro con tan “dolorosas y repudiables conductas la existencia y la convivencia nacional”.

— Que esta grave situación de riesgo e inseguridad, donde se ven comprometidos los derechos más íntimos y valiosos de todos y cada uno de los integrantes de la sociedad, hace necesario reconsiderar algunas de las medidas que en relación con tales delitos fueron prohijadas en el Código Penal; debiéndose, en consecuencia, mejorar las existentes y adoptar unas nuevas, en el ánimo de combatir con mayor severidad el terrorismo, el secuestro, la extorsión y los delitos conexos.

4.2. Sobre la base de los anteriores razonamientos, en la citada Ley 733 de 2002 se dispuso: (i) elevar las penas para los punibles de secuestro y extorsión, y para aquellos que, como el concierto para delinquir, la modalidad culposa de fuga de presos y la omisión de denuncia, contribuyen a mantener la impunidad de los primeros y, en general, de los delitos considerados como de lesa humanidad (arts. 1º, 2º, 8º, 9º y 10); (ii) aumentar las circunstancias de agravación punitiva para el secuestro y la extorsión, en atención al uso de ciertos métodos de coerción que reducen aún más la voluntad y la libertad de la víctima (arts. 3º y 6º); (iii) mantener como circunstancia de atenuación punitiva para los delitos de secuestro simple y extorsivo, el que se haya puesto en libertad a la víctima en forma voluntaria y sin haber obtenido el provecho ilícito (art. 4º); (iv) excluir para el terrorismo, el secuestro y la extorsión los subrogados y beneficios penales, prohibir el otorgamiento de amnistías e indultos y eliminar la posible consideración de ser tratados como delitos políticos (arts. 11 y 13); y, en relación con los delitos contenidos en dicha ley, (v) reducir los términos de instrucción y juzgamiento a la mitad para los casos de flagrancia, y otorgarle a los jueces penales del circuito especializados la competencia para conocer de los mismos (arts. 12 y 14).

4.3. Ahora bien, como se ha venido indicando, para el demandante las medidas adoptadas en los artículos 10, 11 y 14 resultan inconstitucionales, por considerar que el Congreso excedió su marco de competencia legislativa al penalizar la modalidad culposa del delito de fuga de presos, excluir los beneficios y subrogados penales para los delitos de terrorismo, secuestro y extorsión, y asignarle la competencia para conocer de los delitos contemplados en la ley a los jueces del circuito especializados.

Dentro de lo que comporta el ámbito de configuración legislativa y el fundamento que dio paso a la expedición de la Ley 733, pasa entonces la Corte a juzgar la inconstitucionalidad de las medidas que fueron acusadas, en los siguientes términos:

5. Análisis de constitucionalidad del artículo 10 de la Ley 733 de 2002.

5.1. En lo que se refiere al artículo 10 de la Ley 733 de 2002, habrá de señalarse que, por su intermedio, el legislador introdujo una modificación sustancial al artículo 450 del nuevo Código Penal (L. 599/2000), el cual se ocupa de regular la modalidad culposa del delito de fuga de presos, fijando como sanciones para el sujeto activo de dicha conducta la multa y la pérdida del empleo. De acuerdo con el texto de la disposición acusada, el cambio consistió en establecer o introducir una excepción a la regla general de carácter sancionatorio, castigando con pena de prisión el servidor público que, habiendo sido encargado de la vigilancia, o custodia o conducción, por su culpa dé lugar a la fuga de un detenido o condenado que estuviera privado de la libertad por los delitos de genocidio, homicidio, desplazamiento forzado, tortura, desaparición forzada, secuestro, secuestro extorsivo, extorsión, terrorismo, concierto para delinquir, narcotráfico, enriquecimiento ilícito, lavado de activos, o cualquiera de los delitos contra personas y bienes protegidos por el derecho internacional humanitario (contenidos en el título segundo del C.P.).

En estos términos, se tiene que el contenido inicial del artículo 450 del Código Penal era del siguiente tenor:

“ART. 450.—Modalidad culposa. El servidor público encargado de la vigilancia, custodia o conducción de un detenido o condenado que por culpa dé lugar a su fuga, incurrirá en multa y pérdida del empleo o cargo público”.

Conforme a la modificación introducida por el artículo 10 de la Ley 733, la nueva configuración de la preceptiva citada es:

“ART. 10.—El artículo 450 de la Ley 599 de 2000, quedará así: Modalidad … (sic) el servidor público encargado de la vigilancia, custodia o conducción de un detenido o condenado que por culpa dé lugar a su fuga, incurrirá en multa y pérdida del empleo o cargo público.

Cuando el detenido o condenado estuviere privado de su libertad por los delitos de genocidio, homicidio, desplazamiento forzado, tortura, desaparición forzada, secuestro, secuestro extorsivo, extorsión, terrorismo, concierto para delinquir, narcotráfico, enriquecimiento ilícito, lavado de activos, o cualquiera de las conductas contempladas en el título II de este libro, incurrirán en prisión de dos (2) a cuatro (4) años.

5.2. Para el demandante la media adoptada en la norma impugnada viola el principio de igualdad, pues sin razón justificada el legislador penaliza la modalidad culposa del delito de fuga de presos e introduce un trato diferencial para aquellos servidores públicos que tienen bajo su vigilancia o custodia cierta categoría de sindicados o condenados. También considera que la preceptiva acusada desconoce el principio de unidad de materia, por cuanto, a su juicio, el contenido normativo no guarda relación de conexidad con el objeto de la ley.

5.3. Sobre este particular, tal y como se expresó en el punto 3 de las consideraciones de esta sentencia, habrá de reiterarse que, mientras el legislador actúe dentro del marco de la Constitución Política y adopte medidas que en forma razonable y proporcional interpreten las realidades sociales y las necesidades más urgentes de la población, en ejercicio de su potestad de configuración política está facultado para desarrollar el poder punitivo del Estado y, en su nombre, para establecer tratamientos diferenciales respecto de las conductas punibles y de las penas que les deben ser aplicables, pudiendo —en relación con estas últimas— aumentarlas y disminuirlas o agravarlas y atenuarlas de acuerdo con las circunstancias históricas imperantes (9) .

(9) Sobre el punto, resulta de interés confrontar un pronunciamiento reciente de la Corte, en el que se precisó que el tratamiento diferencial en materia punitiva hace parte de la libertad de configuración política del legislador, y que éste puede establecerse teniendo en cuenta la importancia del bien jurídico que se pretenda proteger. Se trata de la Sentencia C-709 de 2002, M.P. Alfredo Beltrán Sierra.

5.4. En el presente caso, el hecho de que el legislador haya optado por imponer la pena de prisión para la modalidad culposa del delito de fuga de presos, y la misma sólo se aplique a los servidores públicos que tienen a su cargo la vigilancia, custodia y conducción de los sindicados o condenados por los delitos más caros para la convivencia pacífica, no conlleva un desconocimiento velado de las garantías constitucionales alegadas, pues al margen de tratarse de una medida encuadrada dentro de los lineamientos constitucionales que se refieren a la tipicidad e imputación penal, por su intermedio se persigue garantizar bienes jurídicos de la mayor entidad e interés social —como la vida, la libertad, la dignidad, la tranquilidad, la justicia y la paz—, los cuales se han visto amenazados por el aumento en los índices de secuestros, extorsiones y actos terroristas, sin que las sanciones que la justicia ha impuesto a sus ejecutores se vengan cumpliendo; entre otras razones, por las constantes fugas que se vienen sucediendo al interior de los establecimientos carcelarios, en algunos casos con la participación directa o indirecta de miembros de la guardia penitenciaria.

5.5. Ciertamente, tal y como se manifestó en los debates parlamentarios, el auge y la proliferación que han tenido en nuestro país aquellos delitos catalogados como los más atroces y abominables, al margen de la problemática sociopolítica existente, tiene que ver con el alto grado de impunidad actualmente imperante. Impunidad que, valga decirlo, encuentra entre sus diversas causas no sólo algunas deficiencias del sistema de investigación y juzgamiento visible al interior de la administración de justicia, sino también las constantes fugas de los sindicados y condenados de los establecimientos carcelarios y penitenciarios, incluso de aquellos catalogados como de máxima seguridad. A este respecto, resulta apenas obvio considerar que, en la reparación y consumación de la fuga, juegan un papel protagónico los servidores públicos que tienen a su cargo la vigilancia, custodia o conducción de los retenidos, y a quienes en la mayoría de los casos tan sólo se les logra judicializar y atribuir algún grado de responsabilidad por vía de la modalidad culposa.

Sobre este particular, expresamente se dijo en el seno del Congreso de la República:

“…dentro del mismo proyecto debía clarificarse y penalizarse con mayor severidad lo relacionado con la fuga de presos diferente del concierto para delinquir. Ello, en razón a las espectaculares fugas ocurridas en los últimos años y recientemente desde los penales de más alta seguridad del Estado, en las cuales no han participado solamente los sindicados ni condenados sino que también han contado con la coparticipación de otras personas, que entre otros casos detentan la condición de servidores públicos, lo cual hace más escandalosa la conducta y la sanción es prácticamente nula” (10) .

(10) Gaceta del Congreso 247 del 29 de mayo de 2001, informe de ponencia para 2º debate, Cámara de Representantes, pág. 10.

“…”.

Creo que hubo debilidad, yo tuve oportunidad de comentarlo durante las pocas veces que asistí a la reforma, porque si un guardián se va a ganar unos cuantos millones de pesos haciéndose el dormido y no se le prueba lo contrario, sería culposa; no pasa nada” (11) .

(11) Gaceta del Congreso 226 del 18 de mayo de 2001, Cámara de Representantes, Comisión Primera constitucional permanente, primer debate, pág. 8.

“…”.

“Es que mirando yo aquí la fuga modalidad culposa, me encuentro con algo aterrador que yo había denunciado en la comisión.

Dice así:

“El servidor público o encargado de la vigilancia, custodia o conducción de un detenido o condenado que por culpa dé lugar a su fuga, incurrirá en multa y pérdida del empleo o cargo público”.

Si esto no es una burla a cualquier delito, ¿qué es esto?

Yo me hago el borracho, me quedo dormido, boto las llaves. ¡Ah, yo me quedo dormido! Se fue el secuestrador y no fue todo el día a la cárcel” (12) .

(12) Gaceta del Congreso 380 del 13 de agosto de 2002, Cámara de Representantes, Comisión Primera constitucional permanente, pág. 8.

5.6. Si el legislador, en desarrollo de una política criminal preestablecida, ha optado por otorgar un tratamiento represivo más severo para delitos como el terrorismo, el secuestro, la extorsión y, en fin, para todos aquellos que a su juicio causan un mayor impacto y daño a la comunidad, es completamente legítimo que procure que sus autores sean objeto de los mayores cuidados, buscando con ello dar un estricto cumplimiento al reproche social impuesto para este tipo de conductas, y al restablecimiento de la tranquilidad, la seguridad y la confianza en las autoridades que, a su vez, tienen el compromiso ineludible de proteger y garantizar el ejercicio de los derechos ciudadanos (C.P., art. 2º).

5.7. Por eso, exigirle a los servidores públicos a través de mecanismos más disuasivos aceptados constitucionalmente —como la imposición de la pena de prisión—, una mayor diligencia y compromiso en el cuidado de los procesados y condenados por estos delitos, si bien supone un trato diferencial frente a aquellos que tienen bajo su custodia sindicados por delitos menores, tal medida encuentra un claro fundamento de razonabilidad, según se dijo, en el fin legítimo de evitar la impunidad y asegurar el esclarecimiento de la verdad, la realización de la justicia y la reparación del grave daño que delitos como el terrorismo, el secuestro y la extorsión vienen causando a la sociedad. Dentro de este contexto, se observa que la regulación cuestionada, en cuanto sanciona la modalidad de fuga de presos —según las condiciones descritas en la norma— con una pena de prisión de dos a cuatro años, es también proporcional al fin perseguido por el legislador, pues busca garantizar un beneficio mayor al perjuicio que haya podido irrogar el trato diferencial: la protección de los derechos a la vida, a la libertad, a la dignidad, a la tranquilidad y a la paz social, con lo cual, a su vez, aquella “respet[a] los fundamentos constitucionales de la imputación penal y la necesaria correspondencia que debe existir entre la injusticia de las conductas punibles y la intensidad y cantidad de las penas y medidas de seguridad” (13) .

(13) Sentencia C-689 de 2002, M.P. Álvaro Tafur Galvis.

5.8. Desde esta perspectiva, para la Corte es claro que el artículo 10 de la Ley 733 de 2002, no vulnera los principios de igualdad y de unidad de materia como lo sostiene el demandante. En relación con el primero, porque al margen de que la medida allí adoptada está plenamente justificada y se inscribe dentro del ámbito de configuración política del legislador, en todo caso no existe un término de comparación que permita adelantar el test de igualdad, ya que las consecuencias sociales del comportamiento culposo o negligente del servidor público no es igual en una y otra situación. Es obvio que la fuga de un detenido o condenado por un delito menor, en ningún caso puede tener el mismo impacto y gravedad para la convivencia social, que la de aquél privado de la libertad por la comisión o participación en un delito atroz. En esta última hipótesis, resulta sensato que la comunidad exija del servidor público una mayor diligencia, de manera que su inobservancia o desconocimiento genere a la vez un mayor reproche jurídico.

Respecto a lo segundo, esto es, a la presunta violación del principio de unidad de materia, puede afirmarse, sin lugar a equívocos, que los argumentos utilizados en el control constitucional de límites son a la sazón suficientes para concluir que, entre la preceptiva acusada y la Ley 733, existe un grado de conexidad lógico y temático de gran solidez y estructura, que se concreta en el objetivo de combatir y erradicar los delitos de secuestro, terrorismo y extorsión. Para el caso particular de la norma acusada, exigiendo un mayor cuidado a quienes se les confía la encomiable labor de vigilar y custodiar a los implicados en tales conductas criminosas.

5.9. Así las cosas, coincidiendo con lo afirmado por el Ministerio Público, el Ministerio de Justicia y del Derecho y la Fiscalía General de la Nación en sus respectivos escritos de intervención, los reproches de inconstitucionalidad contra la previsión acusada no están llamados a prosperar. Además, por cuanto la acusación del actor partió de un entendimiento equivocado en torno al alcance punitivo de las sanciones contenidas en el artículo 450 del nuevo Código Penal, al considerar éste que la decisión legislativa de sancionar con pena de prisión la modalidad culposa del delito de fuga de presos, implicaba un cambio radical de la política criminal del Estado fijada recientemente en la normatividad antes citada, y que consistía en despenalizar tal comportamiento al sancionarlo con medidas disciplinarias como la multa y la pérdida del empleo.

5.10. Sin dejar de considerar que a la luz de lo previsto en la preceptiva estudiada, las sanciones de multa y pérdida del empleo o cargo público continúan siendo aplicables a la modalidad culposa del delito de fuga de presos —cuando recae sobre delitos menores—, es lo cierto que éstas, con anterioridad a la expedición de la Ley 733 de 2002, ya aparecían contenidas en el Código Penal, tanto en el anterior (D.L. 100/80) como en el actual (L. 599/2000), bajo la forma de típicas sanciones penales. La multa, definida como una pena principal por mandamiento expreso de los artículos 41 del antiguo ordenamiento penal y 35 del actualmente vigente; y la pérdida del empleo o cargo público, como una pena accesoria en virtud de lo preceptuado por los artículos 42 de la normatividad derogada y 43 numeral 2º del nuevo código.

5.11. En consecuencia, no era válido atribuirle al legislador un cambio o viraje intempestivo en lo que hace a la política criminal adoptada con la expedición del nuevo Código Penal (L. 599/2000), a partir de una presunta “despenalización” de la modalidad culposa de la fuga de presos, pues tal conducta, en el Código Penal de 1980 y en el actual, ha venido siendo considerada como delito independientemente del tratamiento punitivo que haya recibido, el cual, como es lógico, está determinado por las exigencias político-sociales de cada momento.

Siguiendo los anteriores razonamientos, la Corte procederá a declarar la exequibilidad del artículo 10 de la Ley 733 de 2002.

6. Análisis de constitucionalidad del artículo 11 de la Ley 733 de 2002.

6.1. Mediante el artículo 11 de la Ley 733 de 2002, el legislador decidió excluir o eliminar la concesión de beneficios y subrogados penales cuando se trate de delitos de terrorismo, secuestro, secuestro extorsivo, extorsión, y conexos. Dentro de este propósito, dispuso que en esos casos “no procederán las rebajas de pena por sentencia anticipada y confesión; ni se concederán los subrogados penales o mecanismos sustitutivos de la pena privativa de la libertad de condena de ejecución condicional o suspensión condicional de ejecución de la pena, o libertad condicional. Tampoco a la prisión domiciliaria como sustitutiva de la prisión, ni habrá lugar a ningún otro beneficio o subrogado legal, judicial o administrativo, salvo los beneficios por colaboración consagrados en el Código de Procedimiento Penal, siempre que ésta sea efectiva”.

6.2. Contra la norma citada, el actor formula un cargo de carácter general, es decir, dirigido a cuestionar la totalidad del precepto a partir de una presunta ilegitimidad de la medida legislativa. A su juicio, la mima viola los principios de dignidad humana e igualdad y el derecho al debido proceso, en cuanto que la restricción y subrogados desborda los límites de la competencia legislativa, creando una “discriminación de grupos” sin justificación lógica, que autoriza a adoptar criterios de diferenciación de acuerdo con los parámetros fijados en las normas penales aplicables, y a condenar según sus propias previsiones.

Dentro de este contexto, pasa la Corte a referirse a la norma.

6.3. Ausencia de cosa juzgada material.

6.3.1. Antes de bordar el estudio de fondo, debe tenerse en cuenta que, tanto el Ministerio Público como la Fiscalía General de la Nación, consideran que respecto al contenido normativo de la disposición acusada, ha operado el fenómeno jurídico de la cosa juzgada material. Sostienen que la Corte, en la Sentencia C-213 de 1994 (M.P. Jorge Arango Mejía), declaró exequible una norma de similar contenido, correspondiente al artículo 15 de la Ley 40 de 1993, el cual fue sometido al juicio de inconstitucional con base en los mismos argumentos que ahora se exponen. Esta última norma consagrada expresamente:

“ART. 15.—Exclusión de beneficios y subrogados. Salvo lo dispuesto en el artículo 17 de este estatuto, en el artículo 37 y la rebaja por confesión previstos en el Código de Procedimiento Penal, los sindicados o condenados por los delitos de que trata esta ley no tendrán derecho a la condena de ejecución condicional, libertad condicional ni a subrogados administrativos. En los casos del delito de secuestro, no podrán otorgarse la suspensión de la detención preventiva ni de la condena (La libertad sólo podrá concederse por pena cumplida)” (14) .

(14) La expresión que se encuentra entre paréntesis fue declarada inexequible por la Corte Constitucional en la Sentencia C-213 de 1994, (M.P. Jorge Arango Mejía).

6.3.2. Revisados los artículos 15 de la Ley 40 de 1993 y 11 de la Ley 733 de 2002, encuentra la Corte que si bien existe identidad temática entre ambas normas por referirse a una misma institución jurídica: la exclusión de beneficios y subrogados penales, sus textos presentan algunas diferencias, particularmente, a nivel de los elementos normativos que la integran y del fundamento legal bajo el cual fueron expedidas, que impiden cualquier aproximación al fenómeno de la cosa juzgada material. En relación con lo primero, se observan los aspectos distintivos: (i) que en la regulación de la Ley 40 no fueron excluidos algunos beneficios que, como los obtenidos por sentencia anticipada y confesión, sí aparecen eliminados en la Ley 733, y (ii) que las exclusiones previstas en la Ley 40 cobijaban tanto a sindicados como a condenados, mientras que en la Ley 733 son predicables exclusivamente de los condenados. En cuanto lo segundo, es claro que la Ley 40 fue expedida durante la vigencia del Código Penal de 1980 y del Código de Procedimiento Penal de 1991, mientras que la Ley 733 se promulgó luego de que fueron derogados tales ordenamientos y en vigencia de los Códigos Penal y de Procedimiento Penal de 2000.

6.3.3. La cosa juzgada material, lo ha dicho la jurisprudencia, tiene lugar “cuando a pesar de haberse demandado una norma formalmente distinta, su texto o contenido resulta ser idéntico al de otra u otras disposiciones que ya fueron objeto del juicio de constitucionalidad, sin que el entorno en el cual se apliquen comporte un cambio sustancial en su alcance y significación” (15) . Entendida en estos términos, hay lugar a declarar la existencia de la cosa juzgada material sólo en los casos en que existe una identidad del contenido normativo de los distintos preceptos jurídicos, sin que nada tenga que ver en la adopción de tal determinación, el hecho de que se presenten semejanzas o coincidencias entre el problema jurídico planteado y el que fue objeto de pronunciamiento previo (16) . En el presente caso, a pesar que el estudio de constitucionalidad del artículo 15 de la Ley 40 de 1993 se hizo a partir de los mismos cargos que ahora se esgrimen contra el artículo 11 de la Ley 733 de 2002, lo cierto es que no se cumple el presupuesto objetivo de identidad que legitima el instituto jurídico de la cosa juzgada material.

(15) C-302 de 2002, M.P. Rodrigo Escobar Gil.

(16) Cfr., entre otras, las sentencias C-427 de 1996 (M.P. Alejandro Martínez Caballero) y C-1064 de 2001 (M.P. Manuel José Cepeda Espinosa).

6.3.4. Ello, por supuesto, no implica que la Corte deba apartarse del criterio de interpretación que, con ocasión de la Sentencia C-213 de 1994, se esgrimió por la corporación para considerar legítima la competencia legislativa en materia de exclusión de beneficios y subrogados penales.

6.4. Reiteración de jurisprudencia en relación con el artículo 11.

6.4.1. Ciertamente, como se advirtió en el punto inmediatamente anterior, esta corporación tuvo la oportunidad de referirse al tema específico de la competencia legislativa para excluir beneficios y subrogados penales, a propósito de la declaratoria de exequibilidad del artículo 15 de la Ley 40 de 1993 que, como ya se anotó, reguló inicialmente la materia.

6.4.2. Sobre el particular, sostuvo la Corte que tales medidas, al igual que ocurre en el señalamiento de los comportamientos delictivos y la fijación de las penas, responden a un asunto de política criminal que compete planear y desarrollar al Congreso de la República, de acuerdo a una previa valoración de conveniencia política y, en especial, teniendo en cuenta la gravedad de las conductas delictivas y el daño que éstas puedan causar a la sociedad.

6.4.3. Respecto a esto último, precisó que la inclusión o exclusión de beneficios y subrogados penales guarda estrecha relación con la duración de la pena privativa de la libertad y, de ningún modo, con las garantías procesales que le permiten al sindicado intervenir en la actuación judicial y ejercer plenamente su derecho a la defensa. Por ello, sin tener por qué afectar, comprometer o desconocer los presupuestos sustanciales y adjetivos concebidos a favor de todos los imputados, con la exclusión de los beneficios y subrogados penales lo que se busca es evitar que resulte nugatorio, desproporcionado o irrisorio, el reproche social impuesto para los delitos más graves y de mayor impacto social como el terrorismo, el secuestro, la extorsión y sus conexos; que, como se dijo, quebrantan en forma significativa los valores de gran relevancia individual y colectiva, desestabilizando incluso el propio orden institucional.

En algunos de los apartes de la precitada Sentencia C-213 de 1994, que a su vez constituyen la ratio decidendi del fallo, la Corte manifestó sobre el particular, lo siguiente:

“Las mismas razones expuestas en relación con el artículo 14, permiten deducir la exequibilidad del 15. A las cuales cabe agregar las siguientes.

Las restricciones previstas en este artículo, tienen que ver, en últimas, con la duración de la pena privativa de la libertad, y no con garantías procesales que permitan al sindicado del delito de secuestro su defensa. Limitar o eliminar estas últimas hasta desconocer la presunción de inocencia, sí violaría la Constitución, concretamente el artículo 29. Pero, una cosa son las penas, las más graves de las cuales tienen que corresponder a los peores delitos; y otra las garantías procesales encaminadas a permitir la defensa del sindicado, garantías que no pueden eliminarse o recortarse hasta hacerlas ineficaces, con mayor razón si ello se hace en perjuicio de quienes, por estar acusados de la comisión de los delitos más graves, enfrentan la posibilidad de las penas mayores”.

De otra parte, esta norma no viola el artículo 13 de la Constitución, que consagra la igualdad, porque, se repite, la privación de la libertad debe ser mayor para quienes cometen los delitos más graves.

6.4.4. En este sentido, no cabe duda que la eliminación de beneficios y subrogados penales responde al diseño de una política criminal que, interpretando la realidad del país, está direccionada a combatir las peores manifestaciones delictivas. Ciertamente, en la medida en que exista en el ordenamiento jurídico una amplia gama de beneficios y subrogados penales, y los mismos resulten aplicables a todas las categorías de delitos en forma indiscriminada, la lucha que se promueva contra aquellos puede resultar infructuosa, pues la pena, que “constituye lo justo, es decir, lo que se merece” (17) , pierde su efectividad y proporcionalidad cuantitativa frente al mayor daño que determinados comportamientos causan a la comunidad. Por eso, resulta ajustado a la Constitución Política que subsista y se aplique la punibilidad para conductas como el terrorismo, el secuestro y la extorsión, que, por razón de su gravedad y alto grado de criminalidad, no pueden ser relevadas de un castigo ejemplarizante y de la proporcionada sanción penal.

(17) Sentencia C-069 de 1994, M.P. Vladimiro Naranjo Mesa.

6.4.5. Por vía de los beneficios penales, que hacen parte de los mecanismos de resocialización creados por el legislador a favor del imputado, no puede entonces contrariarse el sentido de la pena, que comporta la respuesta del Estado a la alarma colectiva generada por el delito, y mucho menos, el valor de la justicia que consiste en darle a cada quien lo suyo de acuerdo a una igualdad proporcional y según sus propias ejecutorias. A propósito de lo dicho, antes del fallo que ahora se reitera, en la Sentencia C-171 de 1993 (M.P. Vladimiro Naranjo Mesa), la Corte tuvo oportunidad de abordar el tema del valor de la justicia frente al reconocimiento de los beneficios y subrogados penales, destacando, precisamente, que su reconocimiento y evaluación depende del grado de afectación que los comportamientos humanos puedan hacer al bien común. Al respecto, dijo:

“En la justicia distributiva se observa el medio de acuerdo con el merecimiento de las personas. Pero ese merecimiento también se observa en la justicia conmutativa, como por ejemplo en la imposición de penas, pues será mayor el castigo a quien afecte gravemente el bien común. Como se ha venido sosteniendo, la justicia distributiva adjudica algo entre los particulares, según el merecimiento personal de cada uno de éstos. Por tanto, no se puede conceder un beneficio según la cosa en sí —exclusivamente—, sino según la proporción que guardan dichas cosas con las personas. Entre más participa la persona por medio de sus actos cotidianos al bien común, mayores deben ser las prerrogativas. Es decir, debe tenerse en cuenta el aporte objetivo al bien común y una actuación coherente con el interés general, para así aplicar el principio de igualdad donde éste corresponde no a la cantidad sino a la proporción”.

6.4.6. Conforme a lo expuesto, es claro que el artículo 11 de la Ley 733 de 2002, en cuanto elimina algunos beneficios y subrogados penales para los delitos de terrorismo, secuestro, extorsión y conexos, no desconoce ningún valor constitucional, y menos los principios de dignidad humana, igualdad y debido proceso, pues, al margen de que el mismo no se mete con las garantías procesales del imputado ni las afecta, existe un marcado criterio de diferenciación: la gravedad de las conductas punibles, que justifica su adopción y descarta cualquier posible discriminación.

6.4.7. Ahora bien, sobre el alcance de la medida adoptada por la norma impugnada, habrá de precisar la Sala que la misma no tiene un carácter absoluto e ilimitado, pues de la propia disposición se extrae que es completamente válido otorgar para tales conductas delictivas —secuestro, extorsión y terrorismo— “los beneficios por colaboración consagrados en el Código de Procedimiento Penal, siempre que ésta sea efectiva”.

En consecuencia, la Corte reitera la posición adoptada en la Sentencia C-213 de 1994, y procederá a declarar exequible la norma acusada.

7. Análisis de constitucionalidad del artículo 14.

7.1. El artículo 14 de la Ley 733 de 2002, se encarga de asignarle a los jueces penales del circuito especializados el conocimiento de los delitos señalados en dicha ley.

7.2. Para el demandante, esta decisión legislativa es contraria al principio de igualdad, en cuanto no resulta razonable y proporcionado que delitos que venían siendo conocidos por los jueces ordinarios, como el mismo secuestro simple, la colaboración en la fuga, extorsión, concierto para delinquir, deban ahora ser juzgados por los jueces especializados.

7.3. Con respecto a la acusación formulada contra el artículo 14, uno de los intervinientes, el señor Fiscal General de la Nación, le solicitó a la Corte declararse inhibida para emitir pronunciamiento de fondo, por considerar que el demandante no estructuró un verdadero cargo de inexequibilidad.

7.4. Sobre este particular, habrá de recordar la Sala que si bien la acción de inconstitucionalidad es de naturaleza pública y no se encuentra sometida al cumplimiento de requisitos o presupuestos especiales, su ejercicio sí le impone al ciudadano, quien la promueve a través de demanda, la observancia de unas cargas mínimas, llamadas a determinar la competencia del juez constitucional para proferir decisión de fondo, y a “evitar que la presunción de constitucionalidad que ampara toda norma jurídica, pueda verse injustamente cuestionada por reproches que no reflejan fielmente su verdadero origen, alcance o contenido…” (18) .

(18) Sentencia C-561 de 2000, M.P. Rodrigo Escobar Gil.

7.5. Así, conforme lo indica el artículo 2º del Decreto 2067 de 1991, para que una demanda de inconstitucionalidad se entienda presentada en legal forma y active la competencia de este organismo de control, es necesario que el actor (i) señale las disposiciones legales contra las que dirige la acusación, (ii) indique las preceptivas constitucionales que considera violadas y, particularmente, (iii) explique las razones o motivos por los cuales estima que tales normas superiores han sido desconocidas. Respecto a este último requisito, la Corte ha considerado que, “en cuanto “el juicio de inconstitucionalidad implica la confrontación en abstracto del contenido de la disposición acusada y la norma superior” (19) , su cumplimiento le impone al demandante una carga de naturaleza sustancial: formular por lo menos un cargo concreto, específico y directo de inconstitucionalidad contra la norma acusada, que le permita al juez establecer si en realidad existe un verdadero problema de índole constitucional y, por tanto, una oposición objetiva y verificable entre el contenido literal de la ley y la Carta Política” (20) .

(19) Sentencia C-357 de 1997, M.P. José Gregorio Hernández Galindo.

(20) Sentencia C-561 de 2002.

7.6. Ahora bien, según la propia jurisprudencia, se entiende que existe cargo cuando las razones en que éste se funda son “claras, ciertas, específicas, pertinentes y suficientes” (21) . En este contexto, ha sostenido que existen razones claras, cuando la argumentación sigue un hilo conductor que facilita al lector comprender el sentido de la demanda y las justificaciones en que se fundamenta. Igualmente, las razones son ciertas siempre que recaigan sobre una proposición jurídica contenida en el precepto acusado y no sobre una inferida o deducida arbitrariamente por el demandante, sin correspondencia real con la norma que somete a juicio. Tales razones son a su vez específicas, si definen en forma diáfana la manera como la preceptiva impugnada viola la Constitución Política. Así mismo, las razones son pertinentes siempre que la censura impetrada sea de naturaleza estrictamente constitucional o, lo que es igual, se “fund[e] en la apreciación del contenido de una norma superior que se expone y se enfrenta al precepto demandado”. Finalmente, se entiende que las razones son suficientes, en la medida en que se expongan los elementos de juicio —argumentativos y probatorios— que son necesarios para adelantar el juicio de inconstitucionalidad y que, si bien no consiguen “prima facie convencer al [juez] de que la norma es contraria a la Constitución, si despiertan una duda mínima sobre la constitucionalidad de la norma impugnada…” (22) .

(21) Sentencia C-1052 de 2001, M.P. Manuel José Cepeda Espinosa.

(22) El tema de la definición de las circunstancias a partir de las cuales un cargo se entiende debidamente estructurado aparace debidamente desarrollado en la Sentencia C-1052 de 2001, M.P. Manuel José Cepeda Espinosa.

7.7. La aplicación de estos criterios legales y jurisprudenciales al caso concreto, llevan a la Corte a considerar, compartiendo la posición adoptada por el señor Fiscal General de la Nación, que la demanda presentada contra el artículo 14 de la Ley 733 no reúne todos los requisitos exigidos para adelantar el respectivo juicio de inconstitucionalidad, ya que el demandante no formuló en su contra un verdadero cargo, concreto, directo y específico de inconstitucionalidad, en cuanto en realidad se abstuvo de señalar o indicar con claridad y suficiencia las razones por las cuales los delitos a los que se refiere la Ley 733, por lo menos los que venían siendo de conocimiento de los jueces penales ordinarios antes de su expedición, no pueden ser reasignados a la competencia de los jueces penales del circuito especializados sin violar el principio de igualdad.

7.7. (sic) Teniendo en cuenta que la asignación de competencias se enmarca dentro de las materias que hacen parte de la libertad de configuración política del legislador, y que existen razones fundadas para que éste se haya visto precisado a adoptar medidas como la aquí relacionada, la posibilidad de adelantar un juicio de límites y juzgar su potencial inconstitucionalidad, está determinada por la necesidad de indicar un mínimo de razones por las cuales, en cada caso, el secuestro simple, la colaboración en la fuga, la extorsión y el concierto para delinquir —por citar tan sólo los ejemplos señalados en la demanda— deben continuar siendo juzgados por los jueces penales ordinarios y no pasar al conocimiento de los jueces del circuito especializados.

7.8. Es más, si el demandante está basando su acusación en la violación del principio de igualdad, y éste es por antonomasia un derecho relacional, que propugna por la identidad de trato para situaciones iguales y avala la diferencia frente a hipótesis distintas, aquél tenía la carga de identificar con claridad los elementos de comparación requerido para posibilitar el juicio de inconstitucionalidad. Particularmente, indicando cómo la diferencia de trato que la ley promueve para ciertos delitos que venían siendo juzgados por los jueces ordinarios, por el hecho de pasar al conocimiento de los jueces especializados, resulta discriminatoria, concretamente, frente a la aplicación de algunas de las garantías propias del debido proceso.

7.9. Pero promover la declaratoria de inconstitucionalidad del artículo 14, a partir de la simple consideración según la cual, la norma es contraria a la igualdad por pasar al conocimiento de los jueces especializados algunos delitos atribuidos inicialmente al juez ordinario, no constituye una acusación clara en la medida en que no permite la comprensión del cargo, ni suficiente en cuanto no expone los elementos argumentativos necesarios para crear un criterio mínimo de sospecha sobre la validez de la norma impugnada, en particular, frente a cada una de las conductas que le han sido atribuidas al juez especializado.

(Sic) 7.9. En virtud de lo expuesto, la Corte se declarará inhibida para emitir pronunciamiento de fondo en relación con el artículo 14 (23) de la Ley 733 de 2002, por cuanto el demandante no estructuró en su contra un verdadero cargo de inconstitucionalidad.

(23) Al margen de lo anterior, no sobra advertir que, a partir del día 9 de septiembre de 2002, el artículo 14 de la Ley 733 de 2002 se encuentra suspendido por orden expresa del artículo 3º de Decreto Legislativo 2001 de 2002, “por el cual se modifica la competencia de los jueces penales de circuito especializados”, expedido por el Presidente de la República en desarrollo del estado de conmoción interior declarado a través del Decreto 1837 de 11 de agosto de 2002. Ello, por supuesto, no hubiera afectado la competencia de la Corte para adelantar el examen de inconstitucional de la preceptiva acusada, en el supuesto de haberse cumplido con los requisitos de procedibilidad de la demanda, ya que, como lo ha sostenido la jurisprudencia constitucional sobre la materia, las normas penales ordinarias tienen vocación de permanencia y, en este sentido, salvo que sean expresamente derogadas por el Congreso de la República, recuperan su vigencia y continúan produciendo efectos jurídicos, una vez las disposiciones de emergencia dejen de regir como consecuencia de que el gobierno haya declarado restablecido el orden público en los términos de los artículos 213 y 214 de la Constitución Política (Cfr. Sent. C-179/94, M.P. Carlos Gaviria Díaz).

VII. Decisión

En mérito de lo expuesto, la Corte Constitucional, administrando justicia, en nombre del pueblo y por mandato de la Constitución,

RESUELVE:

1. Declarar EXEQUIBLES los artículos 10 y 11 de la Ley 733 de 2002.

2. Declárase INHIBIDA para emitir pronunciamiento de fondo en relación con la demanda formulada contra el artículo 14 de la Ley 733 de 2002.

Cópiese, notifíquese, publíquese, comuníquese, insértese en la Gaceta de la Corte Constitucional y archívese el expediente».

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