Sentencia C-763 de septiembre 17 de 2002 

CORTE CONSTITUCIONAL

SALA PLENA

Sentencia C-763 de 2002 

Ref.: Exp: D-3984

Magistrado Ponente:

Dr. Jaime Araújo Rentería

Demanda de inconstitucionalidad contra el artículo transitorio de la Ley 600 de 2000

Demandante: Ricardo Arturo Sánchez Núñez

Bogotá, D. C, diecisiete de septiembre de dos mil dos

EXTRACTOS: «II. Normas demandadas

A continuación, se transcribe el texto de la disposición demandada, conforme a su publicación en el Diario Oficial 44.097 del 24 de julio de 2000:

“Ley 600 de 2000

(Julio 24)

Por la cual se expide el Código de Procedimiento Penal

(…)

CAPÍTULO V

Disposiciones finales

“ART. TRANS.—Los jueces penales municipales continuarán conociendo de los procesos iniciados antes de la vigencia de esta ley por las conductas consideradas como contravenciones por la Ley 228 de 1995 y aplicarán el trámite allí previsto”.

(...).

VI. Consideraciones

1. Competencia.

La Corte Constitucional es competente para conocer de la presente demanda, de conformidad con lo previsto en el artículo 241, numeral 4º de la Constitución Política, por cuanto la disposición impugnada hace parte de una ley de la República.

2. Problema jurídico planteado.

En opinión del actor la norma acusada determina un giro o cambio en la estructura del proceso y la sanción, en perjuicio del debido proceso y del derecho a la igualdad. Argumentando al respecto que la fiscalía no puede adelantar procesos contravencionales relativos a hechos ocurridos bajo el imperio de la Ley 228 de 1995, so pretexto de no haberse iniciado instrucción formal, dada la mayor gravedad punitiva que a cargo del procesado implicaría una tal mutación de las reglas de juego. Finaliza puntualizando que, de una parte, la calidad y cantidad de la sanción no son asuntos librados exclusivamente a la voluntad democrática; y de otra, el cabal respeto que merece al derecho a la igualdad no admite la concurrencia de discriminaciones.

Pues bien, la norma cuestionada establece que:

“Los jueces penales municipales continuarán conociendo de los procesos iniciados antes de la vigencia de esta ley por las conductas consideradas como contravenciones por la Ley 228 de 1995 y aplicarán el trámite allí previsto”.

Es decir, por disposición de la Ley 600 de 2000 se le da una aplicación ultraactiva a la Ley 228 de 1995 respecto de los procesos iniciados antes de la vigencia de aquélla por las conductas clasificadas como contravencionales en la Ley 228 de 1995, autorizándose al efecto la aplicación del trámite previsto en ésta, con la competencia privativa de los jueces penales municipales.

Le corresponde entonces a esta Corte determinar si en la prenotada hipótesis jurídica resultan vulnerados los derechos al debido proceso y a la igualdad que ampara la Constitución Política. En efecto:

1. Las normas relativas al tránsito de las leyes procesales en nuestro ordenamiento constitucional.

Tal como lo ha venido sosteniendo esta corporación (1) , las normas superiores relativas a los efectos del tránsito de legislación se encuentran concentradas básicamente en los artículos 58 y 29 de la Constitución Política. El primero de ellos garantista de “(...) la propiedad privada y los demás derechos adquiridos con arreglo a las leyes civiles, los cuales no pueden ser desconocidos ni vulnerados por leyes posteriores”. Y el segundo, tuitivo del debido proceso en tanto “(…) nadie podrá ser juzgado sino conforme a leyes preexistentes al acto que se le imputa, ante juez o tribunal competente y con observancia de la plenitud de las formas propias de cada juicio (…); advirtiendo que “(…) en materia penal, la ley permisiva o favorable, aun cuando sea posterior, se aplicará de preferencia a la restrictiva o desfavorable”. En el mismo sentido los artículos 338 y 363 superiores destacan por su rechazo a la retroactividad de la ley.

(1) Sentencia C-619 de 2001.

De acuerdo con esta preceptiva constitucional el ejercicio retroactivo de la ley resulta extraño a la aplicación de sus dispositivos, toda vez que ella sólo entra a regir a partir de su puesta en vigencia, cobijando en adelante y por entero los fenómenos que se subsuman en sus supuestos jurídicos, refrendándose así el principio según el cual los hechos y actos deben regirse por la ley vigente al momento de su ocurrencia. Por donde, lógicamente, las situaciones jurídicas consolidadas bajo el imperio de una ley se tornan intangibles frente a las mutaciones que el hacer legislativo va configurando permanentemente, con la subsiguiente abarcadura legal de los nuevos hechos y situaciones.

Con todo, en las fronteras temporales de las leyes pueden militar situaciones jurídicas inconclusas, como “(…) cuando un hecho tiene nacimiento bajo la ley antigua pero sus efectos o consecuencias se producen bajo la nueva, o cuando se realiza un hecho jurídico bajo la ley antigua, pero la ley nueva señala nuevas condiciones para el reconocimiento de sus efectos (2) ”.

(2) Ibídem.

“La fórmula general que emana del artículo 58 de la Constitución para solucionar los anteriores conflictos, como se dijo, es la irretroactividad de la ley, pues ella garantiza que se respeten los derechos legítimamente adquiridos bajo la ley anterior, sin perjuicio de que se afecten las meras expectativas de derecho. No obstante, la misma Carta Fundamental en el mencionado artículo, autoriza expresamente la retroactividad de las leyes penales benignas al reo, o de aquellas que comprometen el interés público o social. Ahora bien, cuando se trata de situaciones jurídicas en curso, que no han generado situaciones consolidadas ni derechos adquiridos en el momento de entrar en vigencia la nueva ley, ésta entra a regular dicha situación en el estado en que esté, sin perjuicio de que se respete lo ya surtido bajo la ley antigua (3) ”.

(3) Ibídem.

En la misma perspectiva cabe resaltar lo que acontece en el ámbito tributario, donde en términos de los artículos 338 y 363 superiores, si bien no hay asiento para los derechos adquiridos, resulta indiscutible que los respectivos hechos generadores se consolidan durante la vigencia fiscal prevista en la ley actual, sin oportunidad alguna para hablar de hechos económicos causados al amparo de una ley antigua, pero con efectos fiscales bajo los dictados de una ley posterior (4) . Claro es que al prescribir el artículo 338 superior que la periodicidad gravable condiciona y determina la entrada en vigencia de la nueva ley, queda descartada de plano cualquier hipótesis atinente a hechos económicos inconclusos en el tránsito legislativo, pues, sencillamente, no hay condiciones positivas para la existencia jurídica de los mismos.

(4) En nuestro medio la ultraactividad de la ley tributaria es de frecuente ocurrencia, particularmente al tenor de las incesantes reformas tributarias.

Ahora bien, en relación con la irretroactividad de la ley, tal como lo ha prohijado esta corporación, la Corte Suprema de Justicia y el mismo Consejo de Estado, se tiene:

“El principio de la irretroactividad de la ley tiene plena aplicación en el ordenamiento jurídico colombiano y ha sido desarrollado por una abundante jurisprudencia de la honorable Corte Suprema de Justicia, del honorable Consejo de Estado y de esta misma Corte Constitucional”.

“Una nueva ley, dispone tal principio fundamental para la seguridad jurídica en el Estado social de derecho, no puede regular las situaciones jurídicas del pasado que ya se han definido o consolidado, y que por tanto resultan incólumes en sus efectos jurídicos, con la fuerza que les presta la ley bajo la cual se constituyeron.

“En la doctrina y la jurisprudencia sobre esta materia jurídica se recurre a términos como los “derechos adquiridos”, de mucha raigambre clásica, pero que hoy son sustituidos por las expresiones “situaciones jurídicas subjetivas o particulares”, opuestas en esta concepción a las llamadas “meras expectativas”, que apenas conforman una simple posibilidad de alcanzar un derecho, y que por tanto sí pueden ser reguladas o modificadas por la ley, según un principio generalmente aceptado en la doctrina universal“. Las meras expectativas no constituyen derecho contra la ley nueva que las anule o cercene”, dice el artículo 17 de la Ley 153 de 1887, precepto que además ha adquirido la fuerza expresiva de un aforismo. Vale la pena también anotar que en la Constitución Política sólo existe una excepción al principio de la irretroactividad en materia penal, por la prevalencia de la ley permisiva o favorable, según lo dispone el artículo 58 en concordancia con el 29 de la Constitución Política”.

“En materia de irretroactividad es fundamental la definición del artículo 58 de la Constitución Política, cuando establece que la propiedad y los demás derechos adquiridos con arreglo a las leyes civiles “no pueden ser desconocidos ni vulnerados por leyes posteriores”.

“En la Sentencia 168 de 1995 (M.P. Carlos Gaviria Díaz), luego de un amplio estudio del concepto de “derechos adquiridos” se recoge parte importante de la jurisprudencia colombiana sobre este particular. Es pertinente recoger parte de esa jurisprudencia de la honorable Corte Suprema de Justicia:”

“(…).

“La noción de derecho adquirido se contrapone a la de mera expectativa… Por derecho adquirido ha entendido la doctrina y la jurisprudencia aquel derecho que ha entrado al patrimonio de una persona natural o jurídica y que hace parte de él, y que por lo mismo, no puede ser arrebatado o vulnerado por quien lo creó o reconoció legítimamente”.

“Lo anterior conduce a afirmar que el derecho adquirido es la ventaja o el beneficio cuya conservación o integridad, está garantizada, en favor del titular del derecho, por una acción o por una excepción”.

“Ajusta mejor con la técnica denominar “situación jurídica concreta o subjetiva”, al derecho adquirido o constituido de que trata la Constitución en sus artículos 30 y 202; y “situación jurídica abstracta u objetiva”, a la mera expectativa de derecho. Se está en presencia de la primera cuando el texto legal que la crea ha jugado ya, jurídicamente, su papel en favor o en contra de una persona en el momento en que ha entrado a regir una ley nueva. A la inversa, se está frente a la segunda, cuando el texto legal que ha creado esa situación aún no ha jugado su papel jurídico en favor o en contra de una persona”. (sent. dic. 12/74).

“Y en sentencia del 17 de marzo de 1977, se expresó:

“Por derechos adquiridos, ha dicho la Corte, se tienen aquellas situaciones individuales y subjetivas que se han creado y definido bajo el imperio de una ley, y que por lo mismo han creado a favor de sus titulares un cierto derecho que debe ser respetado. Fundamento de la seguridad jurídica y del orden social en las relaciones de los asociados y de estos con el Estado, es que tales situaciones y derechos sean respetados íntegramente mediante la prohibición de que leyes posteriores pretendan regularlos nuevamente. Tal afectación o desconocimiento sólo está permitido constitucionalmente en el caso de que se presente un conflicto entre los intereses generales o sociales y los individuales, porque en este caso, para satisfacer los primeros, los segundos deben pasar a un segundo plano. Se trata de afirmar entonces el imperio del principio de que el bien común es superior al particular y de que, por lo mismo, éste debe ceder”.

“Por su parte, la Corte Constitucional en reciente fallo expresó en relación con este tema lo siguiente:

“La norma (C.N., art. 58) se refiere a las situaciones jurídicas consolidadas, no a las que configuran meras expectativas, éstas, por no haberse perfeccionado el derecho, están sujetas a las futuras regulaciones que la ley introduzca”.

“Es claro que la modificación o derogación de una norma surte efectos hacia el futuro, salvo el principio de favorabilidad, de tal manera que las situaciones consolidadas bajo el imperio de la legislación objeto de aquélla no pueden sufrir menoscabo. Por tanto, de conformidad con el precepto constitucional, los derechos individuales y concretos que ya se habían radicado en cabeza de una persona no quedan afectados por la nueva normatividad, la cual únicamente podrá aplicarse a las situaciones jurídicas que tengan lugar a partir de su vigencia (5) ”.

(5) Sentencia C-529 de 1994.

Desde la Constitución de 1886 la garantización de los derechos adquiridos y de los principios de legalidad y favorabilidad penal ostentan desarrollo legal al amparo de los principios generales sobre los efectos del tránsito de legislación vertidos en los artículos 17 a 49 de la Ley 153 de 1887. Poniéndose de presente el carácter irretroactivo de la ley frente a las situaciones jurídicas consolidadas o extinguidas al momento de entrar en vigencia una nueva ley; y por tanto, dejando bajo el rigor de la nueva ley las situaciones que se hallen en curso, tal como ocurriría con las meras expectativas. Siendo patente entonces la cabal consonancia entre el efecto general inmediato de la nueva ley y la Constitución.

Preceptiva que sin duda envuelve al conjunto de las leyes procesales, donde al decir de esta Corte:

“Dado que el proceso es una situación jurídica en curso, las leyes sobre ritualidad de los procedimientos son de aplicación general inmediata. En efecto, todo proceso debe ser considerado como una serie de actos procesales concatenados cuyo objetivo final es la definición de una situación jurídica a través de una sentencia. Por ello, en sí mismo no se erige como una situación consolidada sino como una situación en curso. Por lo tanto, las nuevas disposiciones instrumentales se aplican a los procesos en trámite tan pronto entran en vigencia, sin perjuicio de que aquellos actos procesales que ya se han cumplido de conformidad con la ley antigua, sean respetados y queden en firme (6) ”.

(6) Sentencia C-619 de 2001.

Y todo esto, desde luego, siempre que se respete el principio de favorabilidad penal.

Bajo los supuestos vistos la ultraactividad de la ley también encuentra arraigo constitucional. La ultraactividad de la ley es un problema de aplicación de la ley y está íntimamente ligada al principio de que todo hecho, acto o negocio jurídico se rige por la ley vigente al momento de su ocurrencia, realización o celebración. Dentro de la teoría general del derecho, es clara la aplicación del principio “Tempus regit actus”, que se traduce en que la norma vigente al momento de sucederse los hechos por ella prevista, es la que se aplica a esos hechos, aunque la norma haya sido derogada después. Esto es lo que explica la teoría del derecho, la denominada ultraactividad de las normas, que son normas derogadas, que se siguen aplicando a los hechos ocurridos durante su vigencia. Este fenómeno se presenta en relación con todas las normas jurídicas, cualquiera que sea su naturaleza: civil, comercial, penal, etc.

Y claro, el legislador bien podrá ordenar también que ciertas disposiciones legales formalmente derogadas, continúen produciendo efectos en torno a determinadas hipótesis, dada la favorabilidad que ellas puedan reportar a sus destinatarios. Poniéndose de relieve una coexistencia material de reglas sobre un mismo punto, de suerte que mientras la nueva ley se enerva bajo la figura de la inaplicación, por su parte la antigua ley prolonga su existencia al tenor de la ultraactividad, que es, ni más ni menos, que la metaexistencia jurídica de una norma derogada, por expresa voluntad del legislador. La cláusula general de competencia del Congreso de la República así lo avala, en tanto lo irradia de facultades para crear, mantener, modificar o derogar la legislación que estime oportuna y conveniente; siempre y cuando lo haga en consonancia con los parámetros constitucionales vistos, dentro de los cuales militan el debido proceso y el derecho a la igualdad.

2. Constitucionalidad del artículo transitorio demandado.

Como regla transitoria que es, el artículo acusado constituye una norma que se refiere a otra norma (L. 228/95), indicativa del modo de aplicación que las autoridades deben darle a esta última al amparo de la ultraactividad normativa.

Según se observa, la norma acusada mantiene incólume la Ley 228 de 1995 en lo tocante a los procesos iniciados antes de la vigencia de la Ley 600 de 2000 por las conductas consideradas como contravenciones en aquella ley, ratificando a la vez la competencia de los jueces penales municipales y el procedimiento preexistente a la Ley 600 de 2000. Lo que equivale a decir que al entrar a regir esta ley, si bien se conservan los tipos contravencionales y las concomitantes sanciones de la Ley 228 de 1995 para las respectivas conductas cometidas bajo su vigencia, es lo cierto que en materia procedimental se le dará aplicación a la Ley 600 a partir del 24 de julio de 2001 respecto de la iniciación y trámite de los procesos que sobre tales conductas sea menester adelantar desde esta fecha. Preceptiva ésta que se ajusta nítidamente a los lineamientos del debido proceso que destaca la Constitución Política en su artículo 29, pues tal como lo ha reiterado esta corporación:

“En relación con lo anterior, la Corte detecta que la legislación colombiana y la tradición jurídica nacional han concluido que las “leyes preexistentes” a que se refiere la norma constitucional son aquellas de carácter sustancial, que definen los delitos y las penas. De esta manera se incorpora a nuestro ordenamiento el principio de legalidad en materia penal expresado en el aforismo latino nullum crimen, nulla poena sine praevia lege. Pero las normas procesales y de jurisdicción y competencia, tienen efecto general inmediato. En este sentido, el artículo 43 de la Ley 153 de 1887, recoge la interpretación expuesta cuando indica:

“La ley preexistente prefiere a la ley ex post facto en materia penal. Nadie podrá ser juzgado o penado sino por ley que haya sido promulgada antes del hecho que da lugar al juicio. Esta regla solo se refiere a las leyes que definen y castigan los delitos, pero no a aquellas que establecen los tribunales y determinan el procedimiento, las cuales se aplicarán con arreglo al artículo 40”. (sic) (7) .

(7) Sentencia C-619 de 2001.

Y como quiera que en el presente caso la competencia de los jueces penales municipales no se está trasladando a funcionarios administrativos, que si a los fiscales y jueces de la causa que determina la Ley 600 de 2000, en modo alguno podría alegarse desmejoramiento o vulneración del principio del juez natural.

Se equivoca el actor al decir que: “No es lo mismo que a una persona se le impute una contravención especial, cuya gravedad y sanción son menores, a imputarle un delito, con mayor comprensión de gravedad y con mayor sanción, sólo, por cuanto no pudo abrirse o entenderse formalizada la iniciación del sumario oportunamente, trasladándole al encartado o sindicado una carga que no le corresponde, (…)”.

Yerro que nace de la diametral diferencia que media entre el mandato de la norma combatida y la hipótesis planteada por el demandante. Pues según quedó expuesto en líneas anteriores, la Ley 600 de 2000 reivindicó en la forma vista la primacía de la Ley 228 de 1995 respecto de las conductas contravencionales acaecidas durante la vigencia de esta misma ley, resultando de ello cabalmente guarnecidas la tipicidad y la punibilidad, particularmente en el marco del principio de legalidad que destaca la Constitución a partir de su artículo 1º. Siendo ello así, ni se quebranta el debido proceso ni se vulnera el derecho a la igualdad. Antes bien, mientras que de una parte el respeto a la preexistencia de la Ley 228 de 1995 —en la forma registrada— enaltece el debido proceso; de otra, no se vislumbran los presupuestos que pudieran denunciar eventuales discriminaciones en cabeza de los sindicados. Denotándose en este sentido la igualdad de tratamiento que a todos los potenciales infractores cabe, ya bajo el imperio de la Ley 228 de 1995, ora en términos de la Ley 600 de 2000, dependiendo de la época en que hayan tenido lugar las conductas punibles y de la fecha en que se hayan iniciado los correspondientes procesos. Así, los puntos de deslinde que marcan las vigencias de las anteriores leyes corren por igual para todos, al tenor del debido proceso y, particularmente, del acatamiento hacia el nullum crimen sine praevia lege y nullum poena sine praevia leye.

Con fundamento en las consideraciones expuestas, la Sala Plena de la Corte constitucional, administrando justicia en nombre del pueblo y por mandato de la Constitución,

RESUELVE:

Declarar EXEQUIBLE el artículo transitorio del capítulo quinto —disposiciones finales— de la Ley 600 de 2000 por los cargos examinados.

Cópiese, notifíquese, insértese en la Gaceta de la Corte Constitucional, cúmplase y archívese el expediente».

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