Sentencia C-77 de febrero 8 de 2006 

CORTE CONSTITUCIONAL

SALA PLENA

Sentencia C-077 de 2006 

Ref.: Expediente D-5915

Magistrado Ponente:

Dr. Jaime Araújo Rentería

Demandante: Pablo J. Cáceres Corrales.

Demanda de inconstitucionalidad contra los artículos 25 (parcial) y 26 (parcial) de la Ley 43 de 1990.

Bogotá, D.C., ocho de febrero de dos mil seis.

EXTRACTOS: «II. Normas demandadas

A continuación se transcriben las disposiciones demandadas, conforme a su publicación en el Diario Oficial 39602 de diciembre 13 de 1990 y se resalta lo acusado:

LEY 43 DE 1990 

(Diciembre 13)

Por la cual se adiciona la Ley 145 de 1960, reglamentaria de la profesión de contador público y se dictan otras disposiciones.

El Congreso de Colombia,

DECRETA:

ART. 25.—De la suspensión. Son causales de suspensión de la inscripción de un contador público hasta el término de un (1) año, las siguientes:

1. La enajenación mental, la embriaguez habitual u otro vicio o incapacidad grave judicialmente declarado, que lo inhabilite temporalmente para el correcto ejercicio de la profesión.

2. La violación manifiesta de las normas de ética profesional.

3. Actuar con manifiesto quebrantamiento de las normas de auditoría generalmente aceptadas.

4. Desconocer flagrantemente las normas jurídicas vigentes sobre la manera de ejercer la profesión.

5. Desconocer flagrantemente los principios de contabilidad generalmente aceptados en Colombia como fuente de registro e informaciones contables.

6. Incurrir en violación de la reserva comercial de los libros, papeles e informaciones que hubiere conocido en el ejercicio de la profesión.

7. Reincidir por tercera vez en causales que den lugar a imposición de multas.

8. Las demás que establezcan las leyes.

ART. 26.—De la cancelación. Son causales de cancelación de la inscripción de un contador público las siguientes:

1. Haber sido condenado por delito contra la fe pública, contra la propiedad, la economía nacional o la administración de justicia, por razón del ejercicio de la profesión.

2. Haber ejercido la profesión durante el tiempo de suspensión de la inscripción.

3. Ser reincidente por tercera vez en sanciones de suspensión por razón del ejercicio de la contaduría pública.

4. Haber obtenido la inscripción con base en documentos falsos, apócrifos o adulterados.

PAR. 1º—Se podrá cancelar el permiso de funcionamiento de las sociedades de contadores públicos en los siguientes casos:

a) Cuando por grave negligencia o dolo de la firma, sus socios o los dependientes de la compañía, actuaren a nombre de la sociedad de contadores públicos y desarrollaren actividades contrarias a la ley o a la ética profesional.

b) Cuando la sociedad de contadores públicos desarrolle su objeto sin cumplir los requisitos establecidos en esta misma ley. Para la aplicación de las sanciones previstas en este artículo, se seguirá el mismo procedimiento establecido en el artículo 28 de la presente ley. Y los pliegos de cargos y notificaciones a que haya lugar se cumplirán ante el representante legal de la sociedad infractora.

PAR. 2º—La sanción de cancelación al contador público podrá ser levantada a los diez (10) años o antes, si la justicia penal rehabilitare al condenado.

(...).

VI. Consideraciones y fundamentos de la Corte

Competencia.

1. La Corte Constitucional es competente para conocer de la presente demanda, conforme a lo dispuesto en el artículo 241, numeral 4º, de la Constitución, por estar dirigida contra unas disposiciones que forman parte de una ley.

Problema jurídico planteado.

2. Corresponde a la Corte establecer si las normas demandadas, al prever las sanciones de suspensión y de cancelación de la inscripción profesional de los contadores públicos por causa de reincidencia por tercera vez en la comisión de faltas disciplinarias, vulneran los principios de responsabilidad sancionatoria de acto, de prohibición de juzgar dos veces por el mismo hecho (non bis in idem), de proporcionalidad entre las faltas y las sanciones y de respeto de la dignidad humana (Constitución, arts. 1º, 2º, 4º, 6º, 28 y 29).

Para tal efecto la Corte hará unas consideraciones sobre la reincidencia en materia sancionatoria y a continuación examinará los cargos formulados.

Reincidencia en materia sancionatoria.

3. Según la doctrina penal actual, las circunstancias modificativas de responsabilidad son “situaciones que rodean (“circum-stare”: estar alrededor) a la realización del hecho o que suponen especiales condiciones del autor, determinando la modificación de la pena aplicable. Por tanto, su toma en consideración exige, obviamente, la previa comprobación de la existencia del delito con todos sus elementos”.

“(...).

(...) En definitiva, se trata de circunstancias que modifican la pena porque suponen modificaciones de la responsabilidad criminal” (1) .

Desde el punto de vista de sus efectos tales circunstancias se clasifican en atenuantes o agravantes. Además, la doctrina utiliza la distinción entre objetivas y subjetivas, atendiendo a su naturaleza, o sea, a si suponen, respectivamente, una modulación del injusto (tipicidad y antijuridicidad) o de la culpabilidad.

La reincidencia es una especie de las circunstancias modificativas agravantes de responsabilidad, prevista en algunos ordenamientos penales y, más ampliamente, en algunos ordenamientos sancionatorios, en virtud de la cual se agrava la sanción impuesta al infractor cuando ha sido sancionado anteriormente por la comisión de otras infracciones.

El fundamento jurídico de dicha institución ha dado lugar a discusiones entre los autores de derecho penal, como lo señalan los antes citados, al decir que “la reincidencia ha sido objeto de una considerable discusión en cuanto a su fundamento e incluso, de cuestiones de inconstitucionalidad planteadas por órganos judiciales alegando, entre otros argumentos, la infracción al principio de igualdad ante la ley al aplicarse penas diferentes a hechos iguales en función de condenas anteriores que en nada afectan a la gravedad del hecho enjuiciado. El TC rechazó la inconstitucionalidad en STC 150/1991 de 4 de julio” (2) .

Por su parte, otro autor anota sobre el mismo tema: “(...) todas las modalidades de reincidencia responden a un mismo fundamento común: denotan en el sujeto una actitud de mayor desprecio y rebeldía frente a los valores jurídicos que aquel tuvo ocasión de apreciar no solo en su formulación abstracta e impersonal por parte de la ley, sino sobre sí mismo, ‘en carne propia’, y en la medida en que ni siquiera ello ha servido para motivar al autor de forma suficiente para que no cometiera la nueva infracción (3) . Si se concibe la culpabilidad como en este texto, como mera condición de atribuibilidad del injusto penal, que puede impedir la atribución total o parcialmente, pero no puede aumentar la gravedad atribuible al hecho, aquella actitud de desprecio y rebeldía deben considerarse causas de elevación de lo injusto del hecho (4) . Ello no obsta a que pueda reputarse políticamente inconveniente la agravación de pena por reincidir (...)”.

Se observa así que dicha figura está referida en la doctrina penal a la estructura de la conducta punible, y no a la personalidad del agente, concretamente a la magnitud del injusto (tipicidad y antijuridicidad) o al grado de valoración de la actitud interna (culpabilidad), según el criterio que se adopte.

Sobre el particular la Corte Constitucional ha expresado:

“Como se puede observar no se han puesto de acuerdo los doctrinantes sobre la significación de la reincidencia en materia penal; de ahí la razón para que dicho fenómeno tenga operancia en unos sistemas penales y en otros no, pues ello depende de la política criminal que cada legislación acoja.

En el caso sometido a estudio, se tiene que es al legislador a quien corresponde expedir los ordenamientos legales que rijan el sistema penal; en este evento, el legislador colombiano juzgó oportuno darle relieve a la reincidencia, como una forma más eficaz de desestimular conductas socialmente censurables, cuya reiteración hace inepto, a quien en ellas incurre, para asumir la grave responsabilidad que el ejercicio de una profesión como la abogacía, implica. Dado que la Carta Política no contiene disposición alguna sobre la reincidencia, bien puede incluirse o no esta figura jurídica en los distintos estatutos sancionatorios, sin contrariar la ley suprema, pues, en esa materia, la Carta no se encuentra matriculada en ningún sistema doctrinal” (5) .

Examen de los cargos formulados.

Exequibilidad de las normas demandadas.

4. El demandante considera que los apartes acusados, que disponen la suspensión de la inscripción de un contador público hasta por el término de un año en caso de reincidencia por tercera vez en causales que den lugar a imposición de multas (L. 43/90, art. 25, num. 7º) y la cancelación de dicha inscripción en caso de reincidencia por tercera vez en causales de suspensión (L. 43/90, art. 26, num. 3º), vulneran el principio de responsabilidad sancionatoria de acto, la prohibición de juzgar dos veces por el mismo hecho (non bis in idem), y los principios de proporcionalidad entre las faltas y las sanciones y de respeto de la dignidad humana (C.P., arts. 1º, 2º, 4º, 6º, 28 y 29).

5. En la doctrina penal se distingue entre el derecho penal de autor y el derecho penal de acto.

i) En el primero, el sujeto responde por su ser, por sus condiciones sicofísicas o su personalidad, que se consideran peligrosos para la sociedad, por su supuesta inclinación natural al delito, con un criterio determinista, de modo que el sujeto resulta condenado por la naturaleza a sufrir las condenas penales, por obra del destino y, por tanto, de modo fatal o inevitable. En este orden de ideas no es relevante que aquel cometa infracciones, sino que tenga la potencialidad de cometerlas.

ii) En el segundo, el sujeto responde por sus actos conscientes y libres, es decir por la comisión de conductas conocidas y queridas por el mismo, previstas expresa y previamente en la ley como contrarias a bienes fundamentales de la sociedad y de sus miembros y que hacen a aquel merecedor de una sanción.

Esta clase de derecho, inspirado por la filosofía liberal y fundado en la dignidad humana, ha sido acogido por los regímenes políticos democráticos y encuentra fundamento en varios preceptos de la Constitución colombiana, entre ellos el artículo 29.

Por sus fundamentos filosóficos y políticos, la responsabilidad derivada de esta última concepción del derecho penal es necesariamente subjetiva, es decir, exige la existencia de la culpabilidad, en alguna de las modalidades previstas en la ley, en la comisión de la conducta.

Sobre este último aspecto la Corte Constitucional ha expresado:

“41. En el ámbito de la imputación penal y disciplinaria está proscrita la responsabilidad objetiva; es decir, la responsabilidad por la sola causación del resultado —entendido este en su dimensión normativa— o por la sola infracción del deber funcional, según el caso. Y ello tiene sentido pues con razón se ha dicho que el contenido subjetivo de la imputación es una consecuencia necesaria de la dignidad del ser humano. Tan claro es ello que en aquellos contextos en los que constitucionalmente no se consagra la culpabilidad como elemento de la imputación, se entiende que ella está consagrada implícitamente en los preceptos superiores que consagran la dignidad humana como fundamento del sistema constituido. De acuerdo con esto, asumir al hombre como ser dotado de dignidad, impide cosificarlo y como esto es lo que se haría si se le imputa responsabilidad penal o disciplinaria sin consideración a su culpabilidad, es comprensible que la responsabilidad objetiva esté proscrita” (6) .

6. La Constitución colombiana consagra el derecho penal de acto, en cuanto erige un Estado social de derecho, que tiene como uno de sus pilares el respeto de la dignidad humana (art. 1º), asigna el carácter de valor fundamental a la libertad de las personas (preámbulo) en sus diversas modalidades o manifestaciones, destaca que todas las personas nacen libres (art. 13) y que toda persona es libre (art. 28) y preceptúa específicamente en relación con la responsabilidad penal que nadie puede ser reducido a prisión o arresto ni detenido sino por motivo previamente definido en la ley (art. 28) y que nadie podrá ser juzgado sino conforme a leyes preexistentes al “acto que se le imputa”, como también que toda persona se presume inocente mientras no se la haya declarado judicialmente “culpable” (art. 29).

7. Según los artículos 15, 16, 20 y 27 de la Ley 43 de 1990, por la cual se adiciona la Ley 145 de 1960, reglamentaria de la profesión de contador público y se dictan otras disposiciones, la Junta Central de Contadores creada por medio del Decreto Legislativo 2373 de 1956, será una unidad administrativa dependiente del Ministerio de Educación Nacional y será el tribunal disciplinario de la profesión, con las funciones, entre otras, de ejercer la inspección y vigilancia, para garantizar que la contaduría pública solo sea ejercida por contador público debidamente inscrito y que quienes ejerzan la profesión lo hagan de conformidad con las normas legales, sancionando en los términos de la ley a quienes violen tales disposiciones, y de hacer que se cumplan las normas sobre ética profesional.

Por su parte, el artículo 23 de dicha ley establece que la Junta Central de Contadores podrá imponer las siguientes sanciones: i) amonestaciones en el caso de faltas leves; ii) multas sucesivas hasta de cinco (5) salarios mínimos cada una; iii) suspensión de la inscripción, y iv) cancelación de la inscripción.

8. Los segmentos normativos demandados establecen que es causal de suspensión de la inscripción de un contador público hasta por el término de un (1) año, entre otras, reincidir por tercera vez en conductas que den lugar a imposición de multas (L. 43/90, art. 25, num. 7º) y que es causal de cancelación de la inscripción de un contador público, entre otras, reincidir por tercera vez en conductas que den lugar a imposición de sanciones de suspensión de dicha inscripción (L. 43/90, art. 26, num. 3º).

Con base en lo antes expuesto, la previsión de la reincidencia en dichos apartes se ajusta a la concepción de la responsabilidad penal de acto consagrada en la Constitución colombiana, en cuanto constituye una circunstancia de agravación de la responsabilidad y, por consiguiente, de agravación de la pena imponible, por causa de la reiteración de unas conductas ya sancionadas, que se sustenta en la estructura de la conducta sancionable y no en la personalidad o la naturaleza presuntamente peligrosas del agente.

Este criterio fue señalado por esta corporación en época reciente al examinar la constitucionalidad de una disposición contravencional policiva, así:

“Es claro que en la norma acusada, la sanción no se impone por la simple personalidad del agente, es decir por la posibilidad de comisión de una infracción, lo cual resultaría contrario al artículo 29 de la Carta que exige la definición previa por la ley de los hechos ilícitos por los cuales se imponga una pena y la conducta positiva en su realización. Aquí no se exime a la ley de la tipificación de las contravenciones. A nadie se autoriza sancionar sin la comisión del hecho previamente definido por la ley como contravencional. Al contrario, expresamente se exige la existencia del acto y su imputación a una persona determinada. Lo que señala la norma es que si alguien previamente sancionado por un acto contravencional incurre posteriormente en una “nueva contravención”, es decir, en un segundo acto cuya comisión ocurre antes de transcurridos dos años de ejecutoriada la condena por el primero, esa circunstancia será tenida en cuenta como agravante de la sanción para aumentarla “en una cuarta parte para la primera reincidencia y en una tercera parte para las demás” (7) .

Tal criterio del derecho penal es aplicable en el derecho disciplinario, por tener ambas modalidades del derecho sancionatorio, entre otras, unos fundamentos axiológicos y constitucionales comunes, aunque su regulación legal no sea igual, como lo ha expresado esta corporación.

Por consiguiente, el cargo por violación del principio de responsabilidad sancionatoria de acto carece de fundamento.

9. De conformidad con lo anterior, el cargo por la supuesta previsión de una responsabilidad sancionatoria objetiva en los segmentos normativos demandados no tiene fundamento, ya que, por una parte, los mismos no lo señalan expresamente, y, por otra, ello no se deduce de la institución de la reincidencia, por referirse esta a la conducta cometida y no a la personalidad o la naturaleza del sujeto, como se anotó. Además, dichos apartes deben interpretarse en armonía con los citados preceptos constitucionales que otorgan claro sustento a la responsabilidad sancionatoria subjetiva.

10. En el mismo orden de ideas, dichos apartes no vulneran la prohibición de juzgar dos veces por el mismo hecho (non bis in idem) contenida en el artículo 29 superior, teniendo en cuenta que la agravación de la sanción se aplica exclusivamente a la nueva conducta, cometida por tercera vez, por considerarse que la responsabilidad del infractor por causa de la misma es mayor, como consecuencia de su actitud de mayor desprecio o rebeldía frente a los bienes o valores jurídicos protegidos por el legislador, y no se aplica a las conductas anteriormente cometidas, por las cuales ya se han impuesto al infractor, sin agravación alguna, las sanciones previstas.

11. Así mismo, el demandante considera que se viola el principio de proporcionalidad entre las faltas y las sanciones, porque a su juicio se imponen las sanciones de suspensión y de cancelación de la inscripción de contador público por la repetición de faltas sancionables con multa, que son leves de conformidad con lo previsto en el artículo 24 de la misma Ley 43 de 1990.

Esta disposición señala que se aplicará la sanción de multa “cuando la falta no conlleve la comisión de delito o violación grave de la ética profesional. El monto de las multas que imponga la Junta Central de Contadores, será proporcional a la gravedad de las faltas cometidas. Dichas multas se decretarán en favor del Tesoro Nacional”.

A este respecto debe aclararse que el demandado artículo 26 de la Ley 43 de 1990 consagra la imposición de la sanción de cancelación de la inscripción de contador público por la reincidencia por tercera vez en conductas sancionadas con suspensión, lo que significa que, contrariamente a lo afirmado en la demanda, no contempla la imposición de dicha cancelación por la reincidencia en conductas sancionadas con multa. En cambio, el artículo 25 de la misma ley prevé la imposición de la sanción de suspensión de la inscripción de contador público por la reincidencia por tercera vez en conductas sancionadas con multa.

Del mismo modo, cabe señalar que, como se anotó, la reincidencia es una circunstancia agravante de la responsabilidad sancionatoria y, por tanto, de la sanción imponible, cuando el investigado comete repetidamente infracciones, en las condiciones dispuestas por el legislador. Con un criterio de razonabilidad, dicha agravación es gradual, y puede ser cuantitativa, cuando se impone la misma sanción en una magnitud mayor, o cualitativa, cuando se impone otra sanción. En este orden de ideas, la repetición de infracciones leves, que individualmente darían lugar a la imposición de sanciones también leves, puede válidamente originar la imposición de una sanción distinta, más grave, sin que ello sea contrario a los principios y valores constitucionales, como ocurre en la situación que se examina, en la cual por la reiteración de conductas sancionables con multa se impone la sanción de suspensión de la inscripción de contador público.

Adicionalmente, es necesario resaltar que la sanción de suspensión de la inscripción se impone por la comisión de conducta sancionable con multa en tres (3) ocasiones, y que, a su vez, la sanción de cancelación de la inscripción se impone por la comisión de conducta sancionable con suspensión en tres (3) ocasiones. Se observa, entonces, que en ambos casos la nueva sanción agravada no se impone por una repetición singular de la conducta, sino por una repetición plural, lo cual justifica racionalmente la mayor entidad de la agravación.

Por tanto, las expresiones impugnadas no vulneran el principio de proporcionalidad entre las infracciones y las sanciones.

12. De otro lado, el demandante expone que las normas acusadas quebrantan el principio de respeto de la dignidad humana (C.P., art. 1º) y el fin esencial del Estado de garantizar la efectividad de los principios, derechos y deberes consagrados en la Constitución (C.P., art. 2º), al no señalar un término para la comisión de las conductas que dan lugar a la aplicación de la reincidencia. Expresa que “(...) eso significa que una persona podría verse sometida a toda una vida de presunción de culpabilidad y responsabilidad. Basta que se le imponga una multa para que de ahí en adelante quede inscrita en el registro de sospechosos, anormales y peligrosos contadores que podrían cometer similares faltas leves y, en un momento determinado, dentro de quince, veinte o más años, incurrir en otras faltas leves que, al cabo de su vejez, le señalarán la sanción de la pérdida de la inscripción como contador público (...)” (fl. 11).

Sobre el particular, teniendo en cuenta que, como se expresó antes, conforme a la doctrina penal actual la reincidencia no se funda en el derecho penal de autor, sino en el derecho penal de acto, y, por tanto, no es contraria a la Constitución Política colombiana, que consagra esta última concepción, resulta sin validez jurídica el presente cargo, por sustentarse en los mismos argumentos del primeramente examinado.

13. Conforme a lo anterior, en ejercicio de su libertad de configuración normativa en la determinación de los delitos y las penas en el campo penal, como titular de la formulación de la política criminal del Estado, al igual que en la determinación de las faltas y las sanciones en el campo disciplinario, consagrada en los artículos 29, 114, 150, numerales 1º, 2º y 23, y 124 de la Constitución Política, el legislador puede optar por establecer o no establecer la institución de la reincidencia y, en caso de hacerlo, señalar para ella condiciones y efectos jurídicos diversos, entre aquellas la fijación o no de un término para la realización de las conductas que den lugar a su aplicación, siempre y cuando no quebrante los límites que representan los valores, los principios y los derechos constitucionales, ni el criterio de razonabilidad.

Por las razones enunciadas, la Corte declarará exequibles, por los cargos examinados en la presente sentencia, las expresiones demandadas.

VII. Decisión

En mérito de lo expuesto, la Sala Plena de la Corte Constitucional, administrando justicia en nombre del pueblo y por mandato de la Constitución,

RESUELVE:

DECLARAR EXEQUIBLES, por los cargos examinados en la presente sentencia, el artículo 25, numeral 7º, de la Ley 43 de 1990 y el artículo 26, numeral 3º, de la misma ley.

Notifíquese, comuníquese, insértese en la Gaceta de la Corte Constitucional, cúmplase y archívese el expediente».

(1) Muñoz Conde, Francisco y Mercedes García Arán. Derecho penal. Parte general. Valencia, Tirant lo Blanch, 1993, pág. 418.

(2) Ibídem.

(3) Cfr. Mir Puig. Reincidencia. Págs. 523 ss. (en las págs. 432 ss. se analizan críticamente las demás fundamentaciones ofrecidas por la doctrina). De acuerdo se manifiesta Alonso Alamo. El sistema. Pág. 672. De otra opinión Asúa Batarrita. Reincidencia. Pág. 460 (pero los datos normativos en que se apoya han desaparecido en la reforma de 1983).

(4) Cfr. Mir Puig. Reincidencia. Págs. 532 ss. No obstante en las páginas 530 ss. empiezo por señalar que, si se concibe la culpabilidad como valoración de la actitud interna, cabe pensar en la atribución de la reincidencia al ámbito de la culpabilidad. Esta es la solución que acoge Alonso Alamo. El sistema. Págs. 672 ss.

(5) Sentencia C-060 de 1994, M. P. Carlos Gaviria Díaz.

(6) Sentencia SU-901 de 2005, M.P. Jaime Córdoba Triviño; salvamento de voto de Rodrigo Escobar Gil.

(7) Sentencia C-062 de 2005, M.P. Alfredo Beltrán Sierra; salvamento de voto de Jaime Córdoba Triviño.

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