Sentencia C-775 de septiembre 13 de 2006 

CORTE CONSTITUCIONAL 

SALA PLENA

Sentencia C-775 de 2006 

Ref.: Expediente D-6205

Magistrado Ponente:

Dr. Manuel José Cepeda Espinosa

Demanda de inconstitucionalidad contra el artículo 133 de la Ley 599 de 2000, “Por la cual se expide el Código Penal”.

Demandante: Jairo Ruiz Quesedo

Bogotá, D.C., trece de septiembre de dos mil seis

EXTRACTOS: «II. Texto de la norma demandada

A continuación se reproduce el texto de la norma acusada, conforme a su publicación en el Diario Oficial 44.097 de 24 de julio de 2000:

“LEY NÚMERO 599 DE 2000

(julio 24)

Por la cual se expide el Código Penal

El Congreso de Colombia

DECRETA:

(...).

Libro segundo

Parte especial

De los delitos en particular

TÍTULO I

Delitos contra la vida y la integridad personal

(…).

CAPÍTULO OCTAVO

De la manipulación genética

(…).

ART. 133.—Repetibilidad del ser humano. El que genere seres humanos idénticos por clonación o por cualquier otro procedimiento, incurrirá en prisión de dos (2) a (6) años”.

(…).

VII. Consideraciones y fundamentos

1. Competencia.

De conformidad con lo dispuesto en el numeral 4º del artículo 241 de la Constitución Política, corresponde a esta corporación conocer de la presente demanda, por dirigirse contra una norma perteneciente a una ley de la República.

2. Inhibición de la Corte Constitucional por ineptitud de la demanda.

El artículo 2º del Decreto 2067 de 1991 dispone que las demandas de inconstitucionalidad contendrán (i) el señalamiento de las normas constitucionales que se consideran infringidas, (ii) las razones por las cuales dichos textos se estiman violados, (iii) cuando fuere del caso, el señalamiento del trámite impuesto por la Constitución para la expedición del acto demandado y la forma en que fue quebrantado y (iv) la razón por la cual la Corte es competente para conocer de la demandada.

Al respecto la Corte Constitucional se ha pronunciado en varias oportunidades para señalar que las demandas de inconstitucionalidad deben exponer razones claras, ciertas, específicas, pertinentes y suficientes, de lo contrario, la Corte terminará inhibiéndose, circunstancia que frustra “la expectativa legítima de los demandantes de recibir un pronunciamiento de fondo por parte de la Corte Constitucional” (2) .

La jurisprudencia de esta corporación también ha establecido que como requisito de procedibilidad de la acción de inconstitucionalidad es necesario haber demandado una proposición jurídica completa la cual debe ser conformada con las normas estrechamente vinculadas a la norma acusada, así esta tenga un contenido completo y autónomo (3) . En la Sentencia C-1299 de 2005 (4) , que emitió una decisión inhibitoria por proposición jurídica incompleta, se dijo:

4.3.2.1. Así, si bien en la demanda se pide como pretensión principal que se despenalice el aborto en general, o sea, que se declare inconstitucional la posibilidad jurídica de sancionar penalmente a la mujer que aborte, no obstante, la demandante solo acusa una de las normas que se ocupan del tema, y no todas las que sancionan penalmente en distintas hipótesis a la mujer que aborte.

En otras palabras, no existe correspondencia entre la petición —despenalizar totalmente el aborto— y la norma acusada (L. 599/2000, art. 122) que es exclusivamente una de las normas que regulan expresamente el tema (L. 599/2000, arts. 122, 123, 124).

Esta circunstancia no resulta en manera alguna irrelevante pues de acogerse la pretensión principal de la demanda, subsistiría en el ordenamiento jurídico, por ejemplo, el delito de aborto practicado en mujer menor de catorce años, sin importar si esta ha dado su consentimiento, el cual está sancionado en el artículo 123 del Código Penal, dado que este artículo no fue acusado por la demanda. También continuaría surtiendo efectos, con múltiples dificultades interpretativas, el aborto con atenuación punitiva, es decir, el practicado por ejemplo por la mujer violada, hipótesis sancionada en el artículo 124 del Código Penal, dado que este tampoco fue acusado en la demanda.

Cabría argüir que en estas circunstancias la Corte podría proceder a efectuar, por iniciativa propia, la integración normativa, entre las normas aludidas, es decir, a extender de oficio su competencia a los artículos no demandados. Sin embargo, la corporación pone de presente, al respecto, que a la luz de la Constitución, la ley y la jurisprudencia vigentes, la Corte Constitucional está sometida a las reglas que rigen los procedimientos judiciales y por ello no puede, en principio, juzgar normas que no han sido demandadas por los ciudadanos.

Recuérdese que si bien la Corte ha admitido, en precisas circunstancias, extender el examen de constitucionalidad a normas no acusadas, ello solamente lo ha considerado posible cuando se reúnen condiciones excepcionalísimas, ausentes en este caso y que en cualquier circunstancia suponen la existencia de una demanda en forma en contra de un texto legal (5)(6) .

Los anteriores criterios se aplicarán al caso concreto para establecer si en efecto la demanda es apta o si la Corte deberá inhibirse de emitir un pronunciamiento de mérito por ineptitud sustantiva de la demanda.

2.1. Incumplimiento de los requisitos establecidos por la Corte

La Corte encuentra que el demandante no ha cumplido con los requisitos establecidos por la jurisprudencia atenientes a haber demandando la proposición jurídica completa, por lo que la Corte deberá inhibirse.

En anterior oportunidad el ciudadano Jairo Ruiz Quesedo, presentó otra demanda de inconstitucionalidad contra el artículo 133 y otras disposiciones del Código Penal, Ley 599 de 2000, la cual correspondió al expediente D-5487. La Corte Constitucional, en Sentencia C-555 de 2005 (7) , se declaró inhibida para fallar por ineptitud sustancial de la demanda.

En el presente caso, el mismo ciudadano presenta una nueva demanda contra el artículo 133 de la Ley 599 de 2000 por presunta vulneración de los artículos 11 y 42 de la Constitución. En esencia, el demandante estima que sancionar penalmente la clonación es contrario al derecho a la vida y al derecho a conformar una familia mediante procreación con asistencia científica.

La presente demanda no ataca un aspecto específico de la norma sino que se dirige a desvirtuar la constitucionalidad de toda ella, es decir, a cuestionar la sanción penal de la clonación de seres humanos. Lo anterior cobra importancia en este caso dado que lo que se busca es que es la despenalización de la clonación. Sin embargo, la Corte encuentra que en el presente caso fue demandado el artículo 133 de la Ley 599 de 2000, Código Penal, pero no fue demandado el artículo 14 de la Ley 890 de 2004, mediante el cual la pena prevista en la norma acusada fue modificada aumentando de la tercera parte sobre el mínimo y la mitad en el máximo, quedando esta entre 32 y 108 meses de prisión. O sea, que la sanción penal que el demandante estima inconstitucional no es la atacada por él.

En el derecho penal lo esencial es la pena. Es este elemento específico lo que caracteriza a las normas penales y las distingue de otras que también establecen prohibiciones o incluso sanciones “no penales”. Por eso, la Corte Constitucional ha establecido que la punibilidad es un elemento estructural del tipo. Lo anterior se concreta en que la jurisprudencia de esta Corte referente a la cosa juzgada material ha establecido que un cambio de punibilidad en una norma penal cambia todo el tipo, por lo que no se podría predicar la cosa juzgada material de un tipo que si bien conserva el mismo texto ha cambiado el quantum de la pena o ha modificado la clase de pena. En la Sentencia C-016 de 2004 (8) la Corte se pronunció sobre una demanda contra la expresión “cónyuge” contenida en el artículo 233 de la Ley 599 de 2000, que tipifica la inasistencia alimentaria. Una norma parecida ya había sido juzgada por la Corte en anterior oportunidad. Sin embargo, aun cuando su texto había sido reproducido en el artículo 233 del nuevo Código Penal y demandado en dicha oportunidad, su punibilidad había variado, la Corte dijo:

La Corte ha explicado en efecto de manera reiterada que aún cuando el verbo rector y el modelo descriptivo del tipo penal coincidan, dicha identidad no puede predicarse cuando las consecuencias punitivas no sean las mismas, como quiera que cuando se modifica la sanción se varía la estructura de la norma penal.

Al respecto cabe recordar lo dicho por la Corte en la Sentencia C-420 de 2002

“Entonces se advierte cómo, si bien en las nuevas disposiciones se mantienen los verbos rectores y los modelos descriptivos de varios de los tipos penales consagrados en las normas demandadas, no ha ocurrido lo mismo con las consecuencias jurídicas sobrevinientes a esos presupuestos fácticos. Esta circunstancia es relevante pues las normas penales se caracterizan precisamente porque a un supuesto de hecho adscriben una sanción consistente en una pena o en una medida de seguridad, según el caso. De allí que al introducir una modificación a la pena se esté variando el contenido de la norma penal pues se está alterando la naturaleza o la intensidad de la respuesta que el Estado da al delito con fines de prevención y resocialización. Esa variación en la naturaleza o en la intensidad de la pena plantea la reconsideración de los presupuestos político -criminales valorados por el legislador penal y es jurídicamente relevante en cuanto la pena, al lado del delito, es una institución nuclear del derecho penal que comporta la legítima privación o restricción de derechos a que se somete a quien ha sido encontrado responsable de una conducta punible.

En estas condiciones, como quiera que cuando se modifica la sanción se varía la estructura de la norma jurídico penal, no puede decirse que existe identidad entre una norma penal y otra posterior en la que, si bien se ha mantenido el mismo supuesto de hecho, se ha alterado la naturaleza o intensidad de la pena”.

Así, no siendo entonces la misma norma en uno y otro caso, y al no ser posible escindir los contenidos normativos relativos a la descripción típica de la conducta de las consecuencias jurídicas que son impuestas en cada caso, la Corte constata que no resultan reunidos en este caso los presupuestos señalados en la jurisprudencia para la configuración de la cosa juzgada material (10) .

De lo anterior se desprende que la punibilidad prevista en una norma penal es un elemento estructural de la misma, por lo que esta es determinante para proceder a efectuar un juicio de constitucionalidad cuando el reproche de inconstitucionalidad se dirige a desvirtuar la penalización de toda la conducta, y no uno de los elementos del tipo. El demandante, para haber cumplido con los requisitos establecidos en el artículo 2º del Decreto 2067 de 1991 debía haber demandado tanto el artículo 133 del Código Penal como el artículo 14 de la Ley 890 de 2004; pero no lo hizo. La anterior falencia hace que no se haya demandado la proposición jurídica completa ya que el demandante aduce la inconstitucionalidad tanto del precepto como de su consecuencia, o mejor, del precepto en razón de su consecuencia penal.

El artículo 14 de la Ley 890 de 2004 no condiciona su ámbito de aplicación. Aun en el evento en que se entienda que dicho artículo solo se aplica donde ya esté operando el nuevo sistema acusatorio dicha norma ya estaría surtiendo efectos por lo que tiene incidencia en la estructura de la norma (11) .

Al respecto, cabe recordar que la regla general es que a la Corte no le está permitido juzgar normas que no han sido demandadas pues de lo contrario la acción de inconstitucionalidad se tornaría en una acción en la que el juez actúa de oficio, lo que no corresponde a su naturaleza. Tampoco podría juzgar normas que están estrecha e inescindiblemente vinculadas con otras cuando estas ultimas no ha sido también acusadas. De acuerdo a la jurisprudencia vigente la integración normativa solo ha sido efectuada cuando se dan condiciones excepcionales que no se encuentran presentes en esta demanda. La jurisprudencia de esta Corporación ha precisado que la carga mínima de definición adecuada del objeto de la demanda que pesa sobre los ciudadanos que impugnan la constitucionalidad de normas legales obedece a la naturaleza misma de las competencias de la Corte Constitucional enumeradas en el artículo 241 de la Carta Política. El control de constitucionalidad de las leyes vigentes es rogado, no oficioso. Así, en la Sentencia C-1260 de 2005 se señaló que “conforme al artículo 241 de la Constitución, no corresponde a la Corte Constitucional revisar oficiosamente las leyes sino examinar las que efectivamente hallan sido demandadas por los ciudadanos, lo que implica que esta Corporación solo puede adentrarse en el estudio y resolución del asunto una vez se presente una acusación en debida forma”. En el mismo pronunciamiento se explicó que esta carga mínima que tienen los demandantes no equivale a un formalismo técnico o procesal que desnaturalice la acción pública de inconstitucionalidad, sino que “permite hacer un uso adecuado y responsable de los mecanismos de participación ciudadana y hace viable que se profiera un fallo de fondo”.

No escapa a la Corte que en oportunidades anteriores, ya estando vigente la Ley 890 de 2004, ha proferido sentencias de mérito sobre disposiciones del Código Penal. Sin embargo, en tales sentencias la situación era diferente, como se muestra a continuación, tomando algunos ejemplos.

En la Sentencia C-535 de 2006 (12) la Corte conoció de una demanda de inconstitucionalidad contra literal b), parcial, del numeral 1º, del artículo 384 de la Ley 599 de 2000 que contempla las circunstancias de agravación punitiva por el delito de porte de estupefacientes, también modificado por la Ley 890 de 2004. En dicha oportunidad la Corte se pronunció de fondo sobre el aparte demandado declarando exequible la expresión “centros educacionales” contenida en el literal b), del numeral 1º, del artículo 384 de la Ley 599 de 2000 por los cargos examinados (13) . En el caso anterior no fue necesario demandar las normas de la Ley 890 de 2004 que modificaban dicha disposición puesto que la demanda no estaba dirigida a desvirtuar la constitucionalidad de todo el tipo, es decir tanto de la conducta como de la consecuencia, sino se atacaba solo un aspecto específico del tipo mismo.

En la Sentencia C-606 de 2006 (14) la Corte se volvió a pronunciar sobre una demanda contra un artículo del Código Penal que también había sido modificado por la Ley 890 de 2004. La demanda se dirigía contra un aparte de la norma contenida en el artículo 382 de la Ley 599 de 2000 que tipifica el tráfico de sustancias para procesamiento de narcóticos(15). La Corte declaró la constitucionalidad de los apartes demandados. Al igual que en el anterior ejemplo, en esta oportunidad tampoco era necesario demandar la disposición de la Ley 890 de 2004 que modificaba la norma pues el reproche de inconstitucionalidad solo se dirigía contra un aparte de la norma y no contra toda ella, es decir, no se atacaba que el legislador sancionara penalmente el tráfico de sustancias para el procesamiento de narcóticos.

De acuerdo a lo anterior, la Corte encuentra que el demandante omitió demandar la proposición jurídica completa. Por lo tanto, la Corte deberá declararse inhibida por ineptitud sustantiva de la demanda.

VIII. Decisión

En mérito de lo expuesto, la Corte Constitucional de la República de Colombia, administrando justicia en nombre del pueblo y por mandato de la Constitución,

RESUELVE:

Declararse INHIBIDA para emitir un pronunciamiento de fondo sobre el artículo 133 de la Ley 599 de 2000 “Por la cual se expide el Código Penal”, por ineptitud sustancial de la demanda.

Notifíquese, comuníquese, publíquese, insértese en la Gaceta de la Corte Constitucional y archívese el expediente. Cúmplase».

(2) En la Sentencia C-1052 de 2001, M.P. Manuel José Cepeda Espinosa, la Corte sintetizó en qué consisten estos requisitos así:

“La claridad de la demanda es un requisito indispensable para establecer la conducencia del concepto de la violación, pues aunque “el carácter popular de la acción de inconstitucionalidad, [por regla general], releva al ciudadano que la ejerce de hacer una exposición erudita y técnica sobre las razones de oposición entre la norma que acusa y el estatuto fundamental”, no lo excusa del deber de seguir un hilo conductor en la argumentación que permita al lector comprender el contenido de su demanda y las justificaciones en las que se basa.

Adicionalmente, las razones que respaldan los cargos de inconstitucionalidad sean ciertas significa que la demanda recaiga sobre una proposición jurídica real y existente “y no simplemente [sobre una] deducida por el actor, o implícita” e incluso sobre otras normas vigentes que, en todo caso, no son el objeto concreto de la demanda. Así, el ejercicio de la acción pública de inconstitucionalidad supone la confrontación del texto constitucional con una norma legal que tiene un contenido verificable a partir de la interpretación de su propio texto; “esa técnica de control difiere, entonces, de aquella [otra] encaminada a establecer proposiciones inexistentes, que no han sido suministradas por el legislador, para pretender deducir la inconstitucionalidad de las mismas cuando del texto normativo no se desprenden” .

De otra parte, las razones son específicas si definen con claridad la manera como la disposición acusada desconoce o vulnera la Carta Política a través “de la formulación de por lo menos un cargo constitucional concreto contra la norma demandada”. El juicio de constitucionalidad se fundamenta en la necesidad de establecer si realmente existe una oposición objetiva y verificable entre el contenido de la ley y el texto de la Constitución Política, resultando inadmisible que se deba resolver sobre su inexequibilidad a partir de argumentos “vagos, indeterminados, indirectos, abstractos y globales” que no se relacionan concreta y directamente con las disposiciones que se acusan. Sin duda, esta omisión de concretar la acusación impide que se desarrolle la discusión propia del juicio de constitucionalidad.

La pertinencia también es un elemento esencial de las razones que se exponen en la demanda de inconstitucionalidad. Esto quiere decir que el reproche formulado por el peticionario debe ser de naturaleza constitucional, es decir, fundado en la apreciación del contenido de una norma Superior que se expone y se enfrenta al precepto demandado. En este orden de ideas, son inaceptables los argumentos que se formulan a partir de consideraciones puramente legales y doctrinarias, o aquellos otros que se limitan a expresar puntos de vista subjetivos en los que “el demandante en realidad no está acusando el contenido de la norma sino que está utilizando la acción pública para resolver un problema particular, como podría ser la indebida aplicación de la disposición en un caso específico”; tampoco prosperarán las acusaciones que fundan el reparo contra la norma demandada en un análisis de conveniencia, calificándola “de inocua, innecesaria, o reiterativa” a partir de una valoración parcial de sus efectos.

Finalmente, la suficiencia que se predica de las razones de la demanda de inconstitucionalidad guarda relación, en primer lugar, con la exposición de todos los elementos de juicio (argumentativos y probatorios) necesarios para iniciar el estudio de constitucionalidad respecto del precepto objeto de reproche; así, por ejemplo, cuando se estime que el trámite impuesto por la Constitución para la expedición del acto demandado ha sido quebrantado, se tendrá que referir de qué procedimiento se trata y en qué consistió su vulneración (D. 2067/91, art. 2º, num. 4º), circunstancia que supone una referencia mínima a los hechos que ilustre a la Corte sobre la fundamentación de tales asertos, así no se aporten todas las pruebas y estas sean tan solo pedidas por el demandante. Por otra parte, la suficiencia del razonamiento apela directamente al alcance persuasivo de la demanda, esto es, a la presentación de argumentos que, aunque no logren prima facie convencer al magistrado de que la norma es contraria a la Constitución, si despiertan una duda mínima sobre la constitucionalidad de la norma impugnada, de tal manera que inicia realmente un proceso dirigido a desvirtuar la presunción de constitucionalidad que ampara a toda norma legal y hace necesario un pronunciamiento por parte de la Corte Constitucional”.

(3) Cfr. Corte Constitucional Sentencia C-898 de 2001, M.P. Manuel José Cepeda Espinosa. La Corte se inhibió de conocer la demanda contra algunos apartes de los artículos 186, 196, 208 y 214 del Decreto 1355 de 1970 por ineptitud en la demanda.

(4) Ver, entre otras, Sentencia C-448 de 2005, M.P. Álvaro Tafur Galvis; C-100 de 2005; C-409 de 1994, M.P. Hernando Herrera Vergara; C-320 de 1997, M.P. Alejandro Martínez Caballero: “Algunos podrían objetar que esta posibilidad desborda la competencia de la Corte ya que, si es necesario establecer una unidad normativa para poder estudiar los cargos, es porque la demanda es inepta, pues el actor no habría acusado una proposición jurídica autónoma. Sin embargo, la Corte considera que este argumento no es de recibo, porque confunde dos fenómenos jurídicos diversos. Así, la proposición jurídica incompleta opera en aquellos casos excepcionales en que el actor no acusa una norma autónoma, por lo cual esta no puede ser estudiada, por carecer de sentido propio. En cambio, en otros eventos, la demanda no es inepta, por cuanto el demandante verdaderamente impugna un contenido normativo inteligible y separable. Lo que sucede es que el estudio de ese contenido presupone el análisis de un conjunto normativo más amplio, por lo cual se hace necesaria la integración de una proposición jurídica mayor. Es pues diferente el caso de la demanda inepta, por falta de proposición jurídica inteligible, situación en la cual procede la inadmisión e incluso, excepcionalmente, la sentencia inhibitoria, de aquellos eventos en que el contenido normativo impugnado por el actor es inteligible y autónomo, pero no puede ser estudiado independientemente, por cuanto su examen remite inevitablemente al estudio del conjunto normativo del cual forma parte (negrilla por fuera del texto original).

Con todo, se podría objetar también que mediante estas integraciones normativas, la Corte se convierte en una instancia de revisión oficiosa de toda la legislación, cuando la Constitución le atribuye otra función más específica: pronunciarse sobre las demandas ciudadanas. Según este razonamiento, una norma siempre hace parte de un conjunto normativo mayor, el cual a su vez hace parte de otros conjuntos mayores, que se interrelacionan entre sí hasta abarcar la totalidad del ordenamiento. Entonces, conforme a este argumento, una sola demanda obligaría a la Corte a estudiar todas las regulaciones legales, lo cual no es admisible, pues desvirtúa la función del control constitucional. Esta objeción es en parte válida, por lo cual la Corte entra a precisar el alcance excepcional de la unidad normativa en estos casos. Así, esta procede cuando la proposición jurídica acusada, si bien tiene un contenido propio, se encuentra tan íntimamente ligada con otros contenidos jurídicos, que resulta imposible estudiar su constitucionalidad sin analizar las otras disposiciones. En los otros casos, esto es, cuando la relación entre las proposiciones jurídicas no es tan estrecha, la unidad normativa no procede, salvo si la regulación de la cual forma parte la disposición acusada aparece prima facie de una constitucionalidad discutible. En efecto, si esa regulación mayor es constitucionalmente sospechosa, ineludiblemente debe la Corte examinarla, pues no podría declarar constitucional un aspecto de una determinada institución, si esta última puede ser globalmente inexequible.

La unidad normativa no opera entonces exclusivamente en los fallos de inexequibilidad, lo cual explica que esta corporación, en varias decisiones, haya extendido los efectos de una decisión de constitucionalidad a contenidos normativos que no habían sido formalmente demandados por el actor, pero cuyo examen era indispensable para poder pronunciarse de fondo sobre las disposiciones acusadas. Así, frente a una acusación parcial del artículo 45 del Código de Procedimiento Penal, la Corte concluyó que “aunque es solo una expresión la acusada de inconstitucional, dado que ella solo es inteligible dentro del precepto íntegro de que forma parte, y en vista de que las consideraciones que atrás quedan consignadas se refieren a la norma en su integridad, sobre esta versará el pronunciamiento de exequibilidad”. Igualmente, frente a una demanda parcial del artículo 495 del estatuto procesal civil, la Corte concluyó que era necesario analizar la totalidad de la disposición, pues no solo “el aparte demandado constituye una unidad jurídica o un todo inescindible en relación con el texto integral de dicha norma” sino que, además, “de declararse la inexequibilidad del referido segmento normativo la norma quedaría incompleta, sin sentido, porque básicamente este es parte importante y esencial de la regulación que el legislador quiso hacer”.

5. Conforme a lo anterior, la Corte concluye que la unidad normativa es excepcional, y solo procede cuando ella es necesaria para evitar que un fallo sea inocuo, o cuando ella es absolutamente indispensable para pronunciarse de fondo sobre un contenido normativo que ha sido demandado en debida forma por un ciudadano. En este último caso, es procedente que la sentencia integre la proposición normativa y se extienda a aquellos otros aspectos normativos que sean de forzoso análisis para que la corporación pueda decidir de fondo el problema planteado por los actores. Igualmente es legítimo que la Corte entre a estudiar la regulación global de la cual forma parte la norma demandada, si tal regulación aparece prima facie de una dudosa constitucionalidad”.

(5) Sentencia C-1299 de 2005, M.P. Álvaro Tafur Galvis; S.V. Jaime Araújo Rentería, Alfredo Beltrán Sierra, Humberto Sierra Porto.

(6) Al respecto la Corte señaló, en la Sentencia C-320 de 1997, M.P. Alejandro Martínez Caballero, reiterada en numerosas ocasiones, que “la Corte concluye que la unidad normativa es excepcional, y solo procede cuando ella es necesaria para evitar que un fallo sea inocuo, o cuando ella es absolutamente indispensable para pronunciarse de fondo sobre un contenido normativo que ha sido demandado en debida forma por un ciudadano. En este último caso, es procedente que la sentencia integre la proposición normativa y se extienda a aquellos otros aspectos normativos que sean de forzoso análisis para que la corporación pueda decidir de fondo el problema planteado por los actores. Igualmente es legítimo que la Corte entre a estudiar la regulación global de la cual forma parte la norma demandada, si tal regulación aparece prima facie de una dudosa constitucionalidad” (negrilla fuera de texto). En el mismo sentido ver, entre otras, la Sentencia C-185 de 2002, M.P. Rodrigo Escobar Gil donde la Corte señaló “La atribución legal reconocida a esta corporación para integrar la unidad normativa, es decir, para vincular al proceso de inconstitucionalidad otros preceptos que no fueron materia de acusación, al margen de tener un alcance excepcional y restrictivo, solo puede ejercerse cuando se ha verificado previamente que la demanda fue presentada en debida forma; esto es, cuando se determine que la misma ha cumplido con los requisitos formales y sustanciales de procedibilidad de la acción pública de inconstitucionalidad”.

(7) Posteriormente la demanda referida se volvió instaurar en contra de varios artículos del código penal que tipificaban el aborto la Corte en la Sentencia C-355 de 2006 profirió fallo de mérito en donde los demandantes hicieron expresa referencia a la Ley 890 de 2004 para sustentar que no había cosa juzgada.

(8) Sentencia C-555 de 2005, M.P. Clara Inés Vargas Hernández. S.V. Humberto Sierra Porto y Alfredo Beltrán Sierra.

(9) Sentencia C-016 de 2004, M.P. Álvaro Tafur Galvis.

(10) Sobre la noción de cosa juzgada material ver entre otras las sentencias C-427 de 1996, M.P. Alejandro Martínez Caballero, C-774 de 2001, M.P. Rodrigo Escobar Gil.

(11) La Corte Suprema de Justicia, Sala Penal ha sostenido que la aplicación de la Ley 890 de 2004 es gradual y en consonancia con la aplicación del sistema penal acusatorio. En providencia del 16 de marzo de 2006 (proceso 25133) M.P. Orlando Pérez Pinzón se dijo: “3. El fundamento también es equivocado en lo atinente a que el artículo 6º de la Ley 890 del 2004 modificó el artículo 86 del Código Penal. Tal conclusión obedece a dos circunstancias:

Primera, a que toma como similares la resolución de acusación y la formulación de la imputación. Y, segunda, a que olvida que la aplicación de esa ley está ligada al nuevo sistema procesal implementado por la Ley 906 del 2004, esto es, debe operar en las mismas circunstancias de tiempo, modo y lugar del “sistema acusatorio oral”.

Sobre este tema igualmente se ha pronunciado la Corte, por ejemplo en el fallo de tutela (proferido por la Corte Suprema de Justicia) del 7 de febrero del 2006 (rad. 24.020), en el cual explicó:

En el asunto que hoy ocupa la atención de la Sala, el criterio judicial cuestionado en la demanda prohíja una profunda desigualdad en la aplicación de la ley penal, pues como quedó arriba reseñado, aunque se trata de un caso que no se rige por el sistema acusatorio de la Ley 906 de 2004, donde el procesado se acogió al trámite de la sentencia anticipada, de un lado, se le aplicó el aumento general de penas que estableció la Ley 890 de 2004, y de otro, se le negó la posibilidad de que le considerara la mayor rebaja de pena que establece la Ley 906 de 2004 para los casos de allanamiento a la imputación en ese sistema procesal.

La desigualdad se evidencia con claridad, pues un procesado condenado por idénticas razones a las que lo fue el aquí accionante, pero cuya conducta hubiese ocurrido en un lugar donde se aplique el sistema acusatorio, tendría la posibilidad de acceder a una mayor rebaja de pena en caso de un allanamiento a la imputación, en los términos del artículo 351 de la Ley 906 de 2004.

Pero la Sala no duda en señalar que la desigualdad evidenciada solo se deriva de una errónea aplicación del aumento general de penas que se adoptó en el artículo 14 de la Ley 890 de 2004, a un evento que no se rige por el sistema acusatorio, pues de acuerdo con los antecedentes históricos de la aludida ley, su propósito no fue otro que permitir la puesta en marcha de un sistema procesal basado en una significativa negociación de penas, que exigía por tanto el aumento general de las mismas para mantener una proporcionalidad sancionatoria razonable que respondiese a las múltiples formas de negociación y rebajas previstas, voluntad legislativa que fue ampliamente documentada y analizada por un magistrado de esta Sala, en la adición de su voto a la colisión de competencias radicada bajo el 23.312 del 7 de abril de 2005, citada por el tutelante.

Por lo tanto, se ve obligada la Sala a aceptar que al igual que la Ley 906 de 2004, la norma de aumento general de penas, vigente desde el 1º de enero de 2005, debe aplicarse gradualmente en aquellos distritos judiciales donde se vaya implantando el sistema acusatorio y con exclusividad a los casos que se rigen por el mismo.

Lo contrario, que es la interpretación que se prohíja en el fallo demandado, resulta inconstitucional, porque lleva a aplicar consecuencias distintas a situaciones fácticas idénticas.

Las penas menores se compadecen con un sistema que consagra rebajas menores; y las penas mayores, con un sistema amplio en concesiones y negociaciones, pues solo dentro de esa lógica se asegura la imposición de sanciones proporcionales y racionales a la naturaleza de los delitos que se castigan.

Además, para el caso debatido, esta interpretación resulta compatible con la ya definida imposibilidad de asimilar el instituto de la sentencia anticipada de la Ley 600 de 2000 con el del allanamiento a la imputación de la Ley 906 de 2004, contenida en la decisión de la Sala mayoritaria del pasado 14 de diciembre de 2005, radicado 21.347, entre otras determinaciones, lo cual desecha la posibilidad de invocar la favorabilidad del último precepto a casos que no están sometidos a su imperio porque, se reitera, no se trata de institutos asimilables.

Por lo tanto, en los casos de sentencia anticipada de la Ley 600 de 2000, no es posible invocar la aplicación de las rebajas más generosas de la Ley 906 de 2004, establecidas para delitos con penas incrementadas en virtud de la Ley 890 de 2004, incrementos que, se reitera, no operan para los casos que se rigen por el primer sistema, solución que dinamiza el principio de igualdad en la aplicación de la ley penal”. La anterior posición no es compartida por el magistrado Alfredo Gómez Quintero quien aclaró el voto: “Por tales razones, porque la Ley 890 no se condiciona espacialmente a sí misma como sí lo hizo la Ley 906, porque su contenido no evidencia conexidad alguna con la implementación y desarrollo del sistema acusatorio y por el contrario él expresa la modificación y adición de un ordenamiento de aplicación nacional sin sujeción a que el sistema acusatorio entre o no a operar en la forma gradual dispuesta por la Ley 906 y porque finalmente aquella es ni más ni menos que expresión de la forma de República Unitaria como Colombia se halla organizada, debe concluirse que su aplicación lo es para todo el territorio nacional por hechos cometidos a partir del 1º de enero de 2005 y no solamente para los distritos judiciales donde ha entrado a funcionar el sistema acusatorio.

Por lo mismo, como en esas condiciones resulta patente que su aplicación así generalizada no vulnera en modo alguno la Carta Política, imposible se hace la viabilidad de la excepción de inconstitucionalidad en relación con aquellos distritos donde no se ha implementado el nuevo sistema, máxime cuando aquella exige como supuesto básico la vulneración manifiesta del orden superior”.

(12) Sentencia C-535 de 2006, M.P. Clara Inés Vargas Hernández.

(13) El problema jurídico que resolvió la Corte fue “si las expresiones acusadas “centros educacionales” prevista como circunstancia de agravación punitiva viola el derecho a la igualdad (art. 13 de la Constitución), ya que en opinión de la actora al constituir el porte de estupefacientes, en cuantía que excede a la dosis personal, una conducta autónoma que no interfiere el ámbito de libertad de las demás personas resulta irrelevante el lugar donde el portador se encuentre, por lo que agravar la pena genera una discriminación entre los portadores de estupefacientes que se hallen en un centro educacional y quienes estén por fuera de dicho lugar. Además, se crea una desproporción al duplicar la pena mínima aplicable, pues, rompe la simetría con el grado de afectación del bien jurídico protegido que continúa siendo el mismo”.

(14) Sentencia C-606 de 2006, M.P. Marco Gerardo Monroy Cabra.

(15) Los cargos fueron sintetizados así: “Con el fin de depurar la discusión jurídica suscitada por la demanda, pasa la Corte a definir los puntos que deben ser resueltos en este proceso. A juicio de la corporación, la demanda puede sintetizarse del siguiente modo:

a) El reproche inicial de la demanda se dirige a descalificar el tipo penal consignado en el artículo 382 del Código Penal porque la norma remite a disposiciones de rango infralegal para completar su contenido normativo. En atención a este reproche, la Corte debe examinar si el legislador se encuentra habilitado para permitir la complementación de tipos penales en blanco a partir de normas que no tienen rango de ley en sentido formal.

b) Vinculado con el cargo anterior, el demandante advierte que el Ejecutivo es absolutamente incompetente para definir los delitos, pues dicha competencia ha sido reservada con exclusividad Legislador. En estas condiciones, la competencia asignada por el artículo 382 del Código Penal vulnera la reserva legal que protege la definición de las conductas punibles y asigna a un órgano ejecutivo funciones que le compete ejercer al legislativo, confundiéndose con ello la división tripartita del poder público. En relación con este reproche, la Corte deberá determinar si el legislador ha propiciado una intromisión indebida del ejecutivo en las competencias del legislativo.

c) En la misma línea de discusión, el actor sugiere que la norma acusada habría vulnerado el principio de reserva legal que recae, no ya sobre la definición de las conductas punibles, sino sobre la definición de la política criminal del Estado. Para responder a este cargo, la Corte deberá determinar si la asignación de la competencia indicada implica una subversión de esa reserva”.

SALVAMENTO DE VOTO

Aunque comparto el motivo expuesto como soporte de la inhibición resuelta mediante providencia de 13 de septiembre del corriente año en el asunto de la referencia, de manera respetuosa me permito expresar que, así como lo plantee en la Sala Plena, en mi concepto existía además otro motivo que impedía a la Corte abordar el estudio de fondo respectivo, consistente en que la demanda no reunía los requisitos mínimos exigidos por la ley.

En efecto, las razones aducidas por el demandante para fundamentar la inconstitucionalidad de la disposición acusada adolecían de los requisitos de claridad, pertinencia y suficiencia. Varios de los argumentos del demandante se refieren a la vulneración del derecho a la vida, pero se aducen circunstancias anteriores a la existencia de las personas e incluso a la vida misma; ello se concluye cuando el demandante afirma que “la norma condena anticipadamente el llamado a la existencia de la persona y a la vida humana a través de la clonación…”; con lo que parece confundir el derecho a la vida con la libertad de investigación científica, tal como lo anunció la vista fiscal.

Además aduce que la norma impide el derecho de reproducirse mediante técnicas artificiales y tener descendencia, poniendo en peligro la existencia de la vida humana. Igualmente, que se vulnera el derecho a procrear hijos con asistencia científica y a formar familia Genética, mencionando la inseminación in vitro. De tal manera, parece que el demandante confunde los tipos penales de manipulación genética y clonación, e inclusive confunde la clonación con el derecho a reproducirse, aduciendo supuestos de hecho no contenidos en la norma penal acusada como lo es la inseminación in vitro, con lo cual no ha expuesto de manera clara, pertinente, y suficiente las razones contra la norma acusada y las disposiciones de la Constitución que se consideran violadas.

Fecha ut supra

Clara Inés Vargas Hernández 

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