Sentencia C-776 de julio 25 de 2001 

CORTE CONSTITUCIONAL

SALA PLENA

DILIGENCIA DE COMPROMISO PARA LA LIBERTAD CONDICIONAL

SE DECLARA INEXEQUIBLE UNA OBLIGACIÓN DEL SINDICADO

SENTENCIA C-776 DE 2001 

Ref.: Expediente D-3364

Magistrado Ponente:

Dr. Alfredo Beltrán Sierra

Demandante: Marcela Patricia Jiménez Arango

Demanda de inconstitucionalidad contra el artículo 368 (parcial) de la Ley 600 de 2000 “Por la cual se expide el Código de Procedimiento Penal”.

Sentencia aprobada en Bogotá, D.C., a los veinticinco días del mes de julio dos mil uno.

EXTRACTOS: «A. Norma acusada

Se transcribe a continuación el texto de la disposición demandada, conforme a su publicación en el Diario Oficial Nº 44.097 de julio 24 de 2000 (lo resaltado es el aparte demandado):

“LEY 600 DE 2000”

(Julio 24)

“Por la cual se expide el Código de Procedimiento Penal”

“ART. 368.—Diligencia de compromiso. En los eventos en que el sindicado deba suscribir diligencia de compromiso, se le impondrán bajo la gravedad de juramento, las siguientes obligaciones:

1. Presentarse cuando el funcionario competente lo solicite y prestarle la colaboración necesaria para el esclarecimiento de los hechos. No se pueden imponer presentaciones periódicas.

2. Observar buena conducta individual, familiar y social.

3. Informar todo cambio de residencia.

4. No salir del país sin previa autorización.

5. Las que el funcionario judicial considere necesarias para preservar las pruebas, proteger a las víctimas y hacer cesar los efectos dañosos de la conducta punible.

Se dejará constancia dentro del acta de las consecuencias legales de su incumplimiento.

PAR.—Si se incumpliere alguna de las obligaciones contraídas en el acta, el funcionario judicial escuchará en descargos al sindicado y si encontrare mérito impondrá como sanción una multa de uno (1) a cien (100) salarios mínimos legales vigentes, que deberá consignar dentro de los tres (3) días siguientes a la notificación de la providencia que la imponga”.

II. Consideraciones de la Corte Constitucional

1. Competencia.

La Corte es competente, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 241 , numeral 4º, de la Constitución, pues se demanda un artículo contenido en una ley.

2. Lo que se debate.

El asunto se circunscribe a examinar si la expresión contenida en el artículo 368 de la Ley 600 de 2000, que consagra como exigencia para el sindicado al suscribir la diligencia de compromiso, que se obligue bajo la gravedad de juramento a prestarle al funcionario competente la colaboración necesaria para el esclarecimiento de los hechos, vulnera el artículo 33 de la Constitución Política, por cuanto para la demandante dicha obligación conlleva a que el sindicado declare contra sí mismo, o contra su cónyuge, compañero permanente o parientes dentro del cuarto grado de consanguinidad, segundo de afinidad o primero civil.

Ha de establecer esta corporación, si tal como lo afirma la demandante, el aparte acusado contempla una obligación que es prohibida por mandato constitucional. O si por el contrario, la expresión que obliga bajo la gravedad de juramento, al sindicado quien se encuentra en libertad provisional, a prestarle al funcionario competente la colaboración necesaria para el esclarecimiento de los hechos, no vulnera derecho constitucional alguno.

3. La razón de ser de la norma constitucional y el cargo formulado en la demanda sobre el aparte del artículo 368 de la Ley 600 de 2000

El artículo 33 de la Constitución establece que nadie puede ser obligado a declarar contra sí mismo, su cónyuge, compañero permanente o parientes dentro del cuarto grado de consanguinidad, segundo de afinidad o primero civil.

No es necesario adentrarse en largas explicaciones para determinar que el artículo constitucional citado, protege el derecho a la no autoincriminación y ampara la armonía familiar, fundada en el deber de solidaridad que consagra el artículo 1º de la Carta Política, para garantizar el derecho de las personas de procurar el bienestar suyo y de sus familiares, pues cualquier conducta que la obligue a declarar contra sí mismo o contra sus parientes mas cercanos debe ser censurada.

Es decir, dentro del proceso penal, el silencio voluntario del individuo se constituye en un derecho de carácter fundamental que hace parte del debido proceso. En efecto, en la Sentencia C-621 de 1998, se dijo:

“Con base en la garantía constitucional sobre no autoincriminación, el silencio voluntario del individuo llamado a indagatoria se constituye en una forma de defensa y por tanto en un verdadero derecho de carácter fundamental que hace parte del debido proceso.

“Ante la evidencia de que contra la persona se inicia un proceso penal que eventualmente puede culminar en una sentencia en su contra, aquélla cuenta con la garantía constitucional que presume su inocencia. Es el Estado el que corre con la carga de prueba y, en consecuencia, es de su resorte impulsar la actividad procesal orientada a establecer la verdad de los hechos y a desvirtuar, si las pruebas que aporte y que se controvierten a los largo del proceso se lo permiten, la presunción que favorece al procesado. De allí resulta que éste, quien no está en la posición jurídica activa, se halla exento de la carga de la prueba. No debe demostrar su inocencia. Le es lícito, entonces, hacer o dejar de hacer; decir o dejar de decir todo aquello que tienda a mantener la presunción que el ordenamiento jurídico ha establecido en su favor. Y en esa actitud, que es justamente la que el debido proceso protege, le es permitido callar. Más aún, la Constitución le asegura que no puede ser obligado a hablar su al hacerlo puede verse personalmente comprometido, confesar o incriminar a sus allegados.

“Las expresiones demandadas no vulneran la Constitución, pues no obligan a la persona a rendir indagatoria, ni la presionan para que deje de prestarla. Simplemente buscan, por pedagogía procesal, hacer que el llamado a la indicada diligencia comprenda claramente sus alcances y el papel que cumple dentro del proceso. La observación que en virtud del precepto debe formular la autoridad que toma la indagatoria, que debe ser prudente y no transformarse en amenaza, tiene el objeto exclusivo de que el imputado tome cabal conciencia acerca del verdadero sentido de la diligencia a la cual ha sido convocado, la que constituye valiosa ocasión para sentar las bases iniciales de su defensa, sin detrimento de la opción que el propio sistema le brinda en el sentido de hablar en ese momento o abstenerse de hacerlo.

(…).

“En efecto, la advertencia que haga el funcionario a quien es llamado a indagatoria debe recaer únicamente sobre esa diligencia y de ninguna manera referirse a otros medios de defensa dentro del proceso penal, de los cuales no puede ser despojado, rinda o no la injurada y diga lo que diga durante ella. Ni tampoco se aviene a la garantía constitucional del debido proceso la sugerencia errónea sobre la posible pérdida de oportunidades procesales, formulada a manera de apremio o estímulo para que, contra su voluntad, el llamado a indagatoria se avenga a rendirla.

“La redacción del artículo impugnado, cuando dice que “…el funcionario le advertirá que su actitud la podrá privar de medios de defensa” da a entender que la abstención en referencia se proyecta, para la persona incriminada, en consecuencias negativas o que implican el debilitamiento de su posición ante la administración de justicia, reflejadas ni más ni menos que en la eventual privación de mecanismos encaminados a defenderse, a lo largo de las distintas etapas procesales, lo cual no es ni puede ser cierto, pues se repite que la persona tiene el derecho a guardar silencio y que, en todo caso, los medios de defensa de los que dispone por mandato constitucional no dependen ni es posible que dependan de si acude o no a la aludida diligencia”.

De igual manera, ha de advertirse que la Constitución Política de 1991 no sólo consagra los derechos fundamentales de todas las personas, sino que, además, establece los deberes a cumplir por parte de ellas, de la cual se ocupa expresamente el artículo 95, cuyo numeral 7 instituye el de colaborar con la administración de justicia.

Ninguna discusión existe sobre este artículo, en cuanto todo ciudadano, y no solo él, sino toda persona residente o de paso por el país, se encuentra obligada por mandato constitucional a colaborar para el buen funcionamiento de la administración de justicia. Empero, cuando la colaboración se circunscribe a un sujeto imputable de un delito y se dice que debe, bajo la gravedad de juramento, cuando el funcionario lo solicite prestarle la colaboración necesaria para el esclarecimiento de los hechos, la norma adquiere otra connotación, pues no se fundamenta, en el mandato constitucional contenido en el artículo 95 numeral 7º de la Constitución, sino que contempla un mandato impositivo, que puede desconocer el artículo 33 de la Constitución Política, en el sentido que obliga a quien se encuentra en libertad provisional a realizar una conducta, cuyo incumplimiento puede acarrearle una sanción pecuniaria y la revocatoria de la libertad provisional.

Dentro de este contexto, la Sala entra a analizar la acusación que se hace sobre el aparte del artículo 368 de la Ley 600 de 2000, artículo que hace referencia a una persona vinculada dentro de un proceso penal, como sujeto imputable de un delito y que en el momento “goza” de libertad provisional, de conformidad con una serie de causales que previamente han sido examinadas por el funcionario competente.

Recordemos que el precepto en mención dice:

“En los eventos en que el sindicado deba suscribir diligencia de compromiso, se le impondrán bajo la gravedad de juramento, las siguientes obligaciones:

1. Presentarse cuando el funcionario competente lo solicite y prestarle la colaboración necesaria para el esclarecimiento de los hechos. (...)”

Por tanto, en términos generales la finalidad de la norma es asegurar la comparecencia del sindicado que se encuentra en libertad provisional dentro del proceso investigativo de una acción criminal, libertad que además se garantiza mediante caución prendaria.

Una cosa es el deber genérico de colaborar con la administración de justicia y, otra cosa diferente establecer para el sindicado en un proceso determinado un deber específico de colaborar de una manera especial y con un propósito determinado, como ocurre con la norma acusada. En efecto, al señalar el precepto acusado que cuando el funcionario lo solicite, puede obtener bajo la gravedad de juramento, la colaboración necesaria del sindicado para el esclarecimiento de los hechos, la norma, lleva consigo un elemento subjetivo, al dejar al arbitrio del funcionario competente la valoración de la conducta, pues el aparte demandado permite que sea el funcionario el encargado de valorar que tan necesaria fue la colaboración que prestó en su momento la persona investigada.

Entonces, la norma impone bajo la gravedad del juramento, dos tipos de obligaciones al procesado 1. la de presentarse cuando el funcionario investigador lo solicite, presentación que se requiere para garantizar el éxito del proceso, ella por sí misma no resulta inconstitucional, porque además se considera adecuada a la finalidad del proceso y en beneficio de la libertad del sindicado y 2. el precepto acusado, impone que bajo la gravedad del juramento, el procesado como requisito para mantener su libertad provisional, debe prestar al funcionario lo que allí se denomina “colaboración necesaria para el esclarecimiento de los hechos”, ésta obligación, a juicio de la Corte, resulta vulneratoria de la garantía constitucional consagrada en el artículo 33 de la Constitución, y no puede aceptarse que se trata de cumplir con el deber de colaboración con la administración de justicia (art. 95-7), norma que no puede ser interpretada en forma aislada, sino en armonía con el artículo 33 ibídem.

Es bajo este entendimiento, que la Corte reitera que de conformidad con la Constitución el sindicato no puede ser obligado a hablar, si al hacerlo puede verse personalmente comprometido, confesar o incriminar a sus allegados, puesto que el esclarecer los hechos lleva consigo, una serie conductas, como por ejemplo, saber si efectivamente el hecho ocurrió, y qué circunstancias de modo, tiempo o lugar hicieron que se cometieran el ilícito, razón por la que dentro de la declaración que profiera la persona investigada, pueden darse circunstancias que agraven posteriormente su pena o que reflejen la autoría que ésta pudiera tener dentro de la conducta punible.

En el mismo sentido, el sindicado al acudir ante el funcionario competente, no estaría exento de declarar contra sí mismo o contra sus familiares, por la imposición de una obligación y el apremio que tiene de prestar la colaboración que el funcionario califique como necesaria, so pena de verse sometido a la imposición de una pena pecuniaria, de conformidad con el parágrafo del mismo artículo, o lo que es peor, que se revoque su libertad provisional por violar la obligación contraida en la diligencia de compromiso.

Así las cosas, el sólo hecho de presentarse ante el funcionario competente, no desconoce las garantías constitucionales del investigado, pero el exigir que la presentación sea para prestar colaboración, que se repite, no es cualquier tipo de colaboración, sino la que el funcionario competente califique de necesaria para el esclarecimiento de los hechos, implica que en un momento dado se esté obligando al sindicado a declarar contra sí mismo, contra su cónyuge, compañero permanente o parientes dentro del cuarto grado de consanguinidad, segundo de afinidad o primero civil, conducta prohibida por expreso mandato constitucional.

Por tanto, la norma debe asegurar la comparecencia del sindicado, que se encuentra en libertad, entendiéndose que esa libertad es un beneficio que se debe mantener mientras duren las condiciones con base en las cuales se reconoció y no como la imposición de una serie de obligaciones que desconocen los preceptos constitucionales, al imponer al investigado cargas adicionales a las que por su misma condición ya tiene.

Agrégase a lo anterior, que en el proceso penal el sindicado se encuentra amparado por la presunción de inocencia, de tal manera que es al Estado a quien le corresponde la carga probatoria para su destrucción, y, ello explica que el artículo 250 de la Constitución asigne a la Fiscalía General de la Nación asumir, como función propia la de “investigar sus delitos” para, cuando fuere el caso acusar a los infractores ante los jueces competentes. De esta suerte, no puede imponerse al sindicado una “colaboración necesaria” para el “esclarecimiento de los hechos”, pues ese esclarecimiento le corresponde al Estado y resulta, altamente lesivo del derecho de defensa exigible al justiciable una conducta cuya eficiencia, además, queda a la calificación del funcionario.

Siendo ello así, queda claro entonces que si el proceso penal tiene entre sus principios constitucionalmente exigibles el de respetar la dignidad humana y los derechos fundamentales de las personas (arts. 1º y 2º de la Constitución), la norma acusada viola también estas disposiciones constitucionales, interpretadas armónicamente con la garantía establecida por el artículo 33 de la Carta, razones estas que llevan a la Corte a la conclusión de la inconstitucionalidad de la expresión del artículo 368 de la Ley 600 de 2000, cuya inexequibilidad se pretende.

III. Decisión

En mérito de lo expuesto, la Corte Constitucional, administrando justicia en nombre del pueblo y por mandato de la Constitución,

RESUELVE:

Declárase INEXEQUIBLE la expresión “y prestarle la colaboración necesaria para el esclarecimiento de los hechos” contenida en el artículo 368 numeral primero de la Ley 600 de 2000 “Por la cual se expide el Código de Procedimiento Penal”.

Cópiese, notifíquese, publíquese, cúmplase e insértese en la Gaceta de la Corte Constitucional.

(Sentencia C-776 de julio 25 de 2001. Magistrado Ponente: Dr. Alfredo Beltrán Sierra).

ACLARACIÓN DE VOTO

Aunque comparto la decisión adoptada por la Corte Constitucional en torno de las disposiciones acusadas, considero, como lo expresé en la sesión respectiva de la Sala Plena, que ha debido efectuarse unidad normativa entre la disposición declarada inexequible y la expresión similar que se contiene en el numeral 5º del mismo artículo 368 de la Ley 600 de 2000 que dice: “Las que el funcionario judicial considere necesarias para preservar las pruebas, proteger a las víctimas y hacer cesar los efectos dañosos de la conducta punible”, pues esta disposición resulta claramente contraria a las reglas constitucionales que se analizan en la sentencia y cuya violación sirvió de fundamento a la Corte Constitucional para la declaratoria de inexequibilidad en relación con el numeral 1º del mismo artículo 368.

Álvaro Tafur Galvis 

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