Sentencia C-777 de julio 25 de 2001 

CORTE CONSTITUCIONAL

SALA PLENA

SENTENCIA C-777 DE 2001 

Ref.: Expediente D-3366.

Magistrada Sustanciadora:

Clara Inés Vargas Hernández

Actor: Marcela Patricia Jiménez Arango.

Acción pública de inconstitucionalidad contra el artículo 41 (parcial) de la Ley 600 de 2000 “Por la cual se expide el Código de Procedimiento Penal".

Bogotá, D.C., julio veinticinco de dos mil uno.

EXTRACTOS: «II. La disposición acusada

Conforme a su publicación en el Diario Oficial Nº 44.097 de 2000, a continuación se transcribe el texto de la norma acusada parcialmente, resaltándose los apartes cuestionados:

"ART. 41.—Conciliación. La conciliación procede en aquellos delitos que admitan desistimiento o indemnización integral.

"En la resolución de apertura de instrucción, el funcionario señalará la fecha y hora para la celebración de audiencia de conciliación, la que se llevará a cabo dentro de los diez (10) días siguientes y se efectuará con la presencia de sus apoderados. Sin embargo, a solicitud de los sujetos procesales o de oficio, el funcionario judicial podrá disponer en cualquier tiempo la celebración de audiencia de conciliación.

"Si alguno de los citados fuere incapaz, concurrirá su representante legal. Durante la audiencia no se permitirá la intervención de los apoderados, únicamente el diálogo con sus poderdantes con el fin de asesorarlos para proponer fórmulas de conciliación.

"Si se llegare a un acuerdo, el funcionario judicial lo aprobará cuando lo considere ajustado a la ley.

"Obtenida la conciliación, el Fiscal General de la Nación o su delegado o el juez podrá suspender la actuación hasta por un término máximo de sesenta (60) días para el cumplimiento de lo acordado. No se admitirá prórroga del término para cumplir el acuerdo. Verificado el cumplimiento, se proferirá resolución inhibitoria, de preclusión de la instrucción o cesación de procedimiento.

"Si no se cumpliere lo pactado, se continuará inmediatamente con la actuación procesal.

"No se podrán realizar más de dos (2) audiencias de conciliación durante el proceso.

"Hasta antes de proferirse la sentencia de primera instancia, el funcionario judicial aprobará las conciliaciones que se hubieren celebrado en un centro de conciliación oficialmente reconocido o ante un juez de paz".

(...).

VI. Consideraciones de la Corte Constitucional

1. Competencia.

Por dirigirse la acusación contra parte de una disposición legal, compete a esta corporación decidir sobre su constitucionalidad, al tenor de lo dispuesto en el artículo 241-4 de la Carta Política.

2. Lo que se debate.

Corresponde a la Corte determinar si el fragmento acusado del artículo 41 de la Ley 600 de 2000, al exigir la presencia de los apoderados de las partes como requisito indispensable para celebrar audiencias de conciliación, dentro de procesos penales por delitos que admiten desistimiento o indemnización integral, transgrede el artículo 229 de la Carta Política, que consagra el derecho de toda persona para acceder a la administración de justicia.

Según el actor, tratándose de los perjudicados con la infracción penal dicha exigencia constituye una formalidad irrazonable y, por ende, contraria al citado precepto superior, toda vez que impide que estas personas puedan, en desarrollo del principio de la autonomía de la voluntad, disponer libremente de derechos de contenido económico y patrimonial, cuyo ejercicio compete exclusivamente al titular de los mismos.

El Fiscal General de la Nación y el Procurador propugnan por la constitucionalidad de la medida en cuestión, el primero argumentando que es una manifestación del derecho constitucional de defensa, y el segundo haciendo énfasis en el carácter garantista de dicha medida, pues en su sentir tal determinación está orientada a hacer efectivas las facultades de disposición de los derechohabientes.

2. Cosa juzgada constitucional.

Observa la Corte que en relación con la disposición que suscita la presente causa constitucional, esta corporación en la Sentencia C-760 del 18 de julio de 2001, declaró la inexequibilidad de la frase “y se efectuará con la presencia de sus apoderados”, contenida en el artículo 41 de la Ley 600 de 2000.

Así las cosas, ha operado el fenómeno de la cosa juzgada constitucional, que a la luz de lo preceptuado en el artículo 243 de la Constitución Política, impide a esta corporación volverse a pronunciar respecto del aparte acusado del artículo 101 del nuevo Código Penal. En consecuencia, se decidirá estarse a lo resuelto en la mencionada providencia.

VII. Decisión

En mérito de lo expuesto, la Corte Constitucional de la República de Colombia administrando justicia en nombre del pueblo y por mandato de la Constitución,

RESUELVE:

ESTÉSE A LO RESUELTO en la Sentencia C-760 del 18 de julio de 2001, que declaró INEXEQUIBLE la frase “y se efectuará con la presencia de sus apoderados”, contenida en el artículo 41 de la Ley 600 de 2000.

Notifíquese, cópiese, publíquese, comuníquese e insértese en la Gaceta de la Corte Constitucional.

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