Sentencia C-078 de febrero 15 de 2012

CORTE CONSTITUCIONAL 

SALA PLENA

Ref.: Expediente D-8584

Magistrado Ponente:

Dr. Mauricio González Cuervo

Demanda de inconstitucionalidad: contra el artículo 36, numeral 2º (parcial) del Decreto-Ley 1278 de 2002, “Por el cual se expide el estatuto de profesionalización docente”.

Actor: Germán Espinosa Mejía

Bogotá, D.C., febrero quince de dos mil doce.

EXTRACTOS: «1. Texto normativo demandado.

El texto de la norma mencionada es el siguiente —apartes demandados con subraya—:

“DECRETO 1278 DE 2002

(Junio 19)(1)

Ministerio de Educación Nacional 

Por el cual se expide el estatuto de profesionalización docente

El Presidente de la República de Colombia,

en ejercicio de las facultades extraordinarias conferidas por el artículo 111 de la Ley 715 de 2001,

DECRETA:

(...).

ART. 36.—Resultados y consecuencias de las evaluaciones de desempeño y de competencias. Las evaluaciones de desempeño y de competencias tendrán las siguientes consecuencias según sus resultados:

(...).

2. Evaluación de competencias:

Serán candidatos a ser reubicados en un nivel salarial superior, o a ascender en el escalafón docente, si reúnen los requisitos para ello, quienes obtengan más de 80% en la evaluación de competencias. Para las reubicaciones y ascensos se procederá en estricto orden de puntaje hasta el monto de las disponibilidades presupuestales anuales (aparte subrayado demandado).

PAR.—Las evaluaciones de desempeño son susceptibles de los recursos de reposición y apelación, las cuales deben ser resueltas dentro de los quince (15) días hábiles siguientes a su presentación, por el inmediato superior y por el superior jerárquico respectivamente.

(...)”.

(…).

II. Consideraciones

1. Competencia.

La Corte Constitucional es competente para conocer de la presente demanda, al estar dirigida contra una disposición de un decreto ley —D.L. 1278/02—, en virtud de lo dispuesto por el artículo 241, numeral 5º de la Constitución Política.

2. Norma demandada y contexto normativo.

2.1. En desarrollo de las facultades conferidas por el Congreso de la República, el Presidente de la República mediante el Decreto-Ley 1278 de 2002, dictó el estatuto de profesionalización docente.

2.2. Definió la carrera docente, como el régimen legal que ampara el ejercicio de la profesión docente en el sector estatal, basado en el carácter profesional de los educadores y en el merito, garantizando la igualdad en las posibilidades de acceso a la función pública para todos los ciudadanos aptos(4), y para su organización, creo el escalafón docente, como el sistema de clasificación de los docentes y directivos docentes, mediante los diversos grados y niveles que pueden ir alcanzando durante su vida laboral, que permiten la asignación del salario profesional y que garantizan la permanencia en la carrera docente con base en la idoneidad demostrada en su labor(5).

2.3. Determinó que el ejercicio de la carrera docente está ligado a la evaluación permanente y estableció tres tipos de evaluación a saber: i) la evaluación en periodo de prueba, ii) la evaluación ordinaria o periódica de desempeño anual y iii) la evaluación de competencias(6).

2.4. Dispuso que serán inscritos en la carrera docente, los docentes y directivos docentes que obtengan una calificación igual o superior al sesenta por ciento (60%) en la evaluación de desempeño y de competencias del periodo de prueba; en tanto que para permanecer en la carrera docente, los docentes y directivos docentes deberán obtener una calificación no inferior al sesenta por ciento (60%), durante dos (2) años consecutivos en evaluación de desempeño, y finalmente, que podrán serán candidatos a ser ascendidos o reubicados en un nivel salarial superior, los docentes y directivos docentes que reuniendo los requisitos para ello, obtengan más del ochenta por ciento (80%) en la evaluación de competencias.

3. Problema jurídico constitucional.

El problema jurídico a resolver es: ¿se vulnera el derecho a la igualdad contenido en el artículo 13 de la C.P., al establecer para los docentes candidatos a la reubicación salarial o al ascenso en el escalafón de la carrera docente, un puntaje mínimo del 80% en la evaluación de competencias, en tanto para el ingreso a la carrera docente y su permanencia en ella se exige tan solo un mínimo del 60% en la evaluación en el periodo de prueba o en las evaluaciones anuales?

Para resolver el problema jurídico antes planteado, la Corte se referirá a: i) libertad de configuración legislativa; ii) El derecho a la igualdad y trato diferenciado en la jurisprudencia constitucional; iii) Análisis de la constitucionalidad de la norma demandada.

4. Cargo único: vulneración del artículo 13 C.P. por la disposición acusada del artículo 36.2 —parcial— del Decreto-Ley 1278 de 2002.

4.1. La razón de inconstitucionalidad en la demanda.

En esencia, el actor alega que el aparte de la disposición acusada constituye una carga excesiva y discriminatoria para los docentes aspirantes a una promoción salarial o de escalafón, representada en el puntaje superior que se les exige alcanzar frente al establecido para el ingreso y la permanencia en la carrera.

4.2. Libertad de configuración legislativa.

4.2.1. En ejercicio del poder de legislación, el legislador cuenta con un margen amplio de configuración de la prestación del servicio de educación, reconocido en la Constitución: en general, “corresponde al Congreso de la República “expedir las leyes que regirán el ejercicio de las funciones públicas y la prestación de los servicios públicos” (C.P., art. 150.23 y, 1); a su vez, la educación ha sido constitucionalmente definida —además de como un derecho— como “un servicio público que tiene una función social” (C.P., 67.1).

Respecto de la materia específica de la carrera docente, para asegurar la calidad de la enseñanza, confiada a personas “de reconocida idoneidad ética y pedagógica”, normas superiores disponen que “la ley garantiza la profesionalización y dignificación de la actividad docente” (C.P., art. 68.3).

En síntesis, tanto para prestación del servicio educativo como para la organización de la actividad docente, cuenta el legislador con amplias competencias regulatorias dispuestas expresamente en la Constitución.

4.2.2. Respecto de la carrera docente, en Sentencia C-508 de 2004 la Corte concluyó que el legislador, en ejercicio de su potestad de configuración normativa en virtud de los artículos 68, 114, 125 y 150 constitucionales, puede fijar los requisitos para el ingreso y ascenso en el escalafón docente, con relación a cada uno de sus niveles, con base en el mérito de los educadores y con el propósito de asegurar la idoneidad ética y pedagógica de los mismos y la profesionalización y dignificación de la actividad, respetando los derechos fundamentales y los principios y valores constitucionales(7). Al respecto, dijo también la Corte en Sentencia C-1109 de 2001(8):

“Si bien las normas relacionadas con la educación cumplen múltiples fines y desarrollan diversos programas públicos, las reglas sobre la carrera docente cumplen el mandato constitucional de profesionalización y dignificación de la actividad (art. 68) y también se encaminan a mejorar la calidad de la educación. En este sentido, la Constitución Política entrega al legislador principios conforme a las cuales debe regular lo relativo al Escalafón Nacional Docente. Del artículo 68 de la Carta, se infieren los criterios que deben presidir el diseño de la carrera para los educadores, allí se señala que la enseñanza debe estar a cargo de personas de reconocida idoneidad ética y pedagógica” (resaltado fuera de texto).

4.2.3. En relación con los criterios que el Constituyente estableció para materializar la policía de dignificación y profesionalización de la carrera docente a través del sistema de concurso de méritos, la misma Sentencia C-1109 de 2001 se pronunció:

“[E]sta corporación ha determinado que el concepto de mérito es la piedra angular de todo el sistema de educación estatal, motivo por el cual el sistema de concurso instaurado por el artículo 105 de la Ley 115 de 1994 asegura los fines de la carrera docente. Así mismo, tiene establecido que las normas que la regulan deben procurar conjugar las exigencias constitucionales en materia de carrera administrativa y el principio de igualdad de oportunidades (C.P., arts. 13 y 125) con la prestación efectiva del servicio educativo (…)”.

4.2.4. Sobre los parámetros que deben tenerse en cuenta para acceder y ascender en la carrera, la Corte ha considerado que estos “impulsa[n] […] la realización plena y eficaz de principios como el de igualdad y el de imparcialidad, pues se sustenta en la promoción de un sistema de competencia a partir de los méritos, capacitación y específicas calidades de las personas que aspiran a vincularse a la administración pública; solo cumpliendo esos objetivos, que se traducen en captar a los mejores y más capaces para el servicio del Estado, este, el Estado, está en capacidad de garantizar la defensa del interés general (…)”(9). Igualmente, esta corporación ha señalado que “los criterios de evaluación que sirven para valorar el resultado legislativo de la actividad docente: el artículo 68 en concordancia con el artículo 125 de la Constitución Política establecen la profesionalización de los docentes como un medio para garantizar la calidad en la educación y el mérito, idoneidad y preparación de los funcionarios como únicas condiciones para ingresar, ascender y pertenecer a la carrera”(10).

4.2.5. En conclusión, cuenta el legislador con expreso y amplio poder de configuración del servicio educativo. Para el cumplimiento de sus fines constitucionales y de la calidad de la educación, la Constitución entrega a la ley el desarrollo de la regulación que garantice la profesionalización y dignificación de la actividad docente, mediante el establecimiento de una carrera que permita el ingreso, permanencia y ascenso de los educadores con base en el mérito, y con apoyo en instrumentos de evaluación del mismo.

Ahora, habrá de verse el derecho a la igualdad como límite eventual al poder de configuración del legislador, en materia de educación y carrera docente.

4.3. El derecho a la igualdad y trato diferenciado en la jurisprudencia constitucional.

4.3.1. El derecho fundamental a la igualdad en sus múltiples manifestaciones —igualdad ante la ley, de trato, de oportunidades— es condición necesaria para la realización de principios básicos del Estado social y democrático de derecho, y de fines superiores de la vida social como la dignidad y la autodeterminación personal. En ese sentido, ante supuestos de beneficios otorgados a un grupo restringido de ciudadanos o de imposición de cargas de manera diversa a un mismo grupo, opera el deber de dar cuenta argumentada de la constitucionalidad del trato diferenciado. Dicho deber tiene como fundamento la necesidad de evitar que, infundadamente, se restrinja el acceso de una persona o un grupo humano al ejercicio efectivo de sus derechos y libertades, esto es, sin que medien motivos razonables y admisibles(11).

4.3.2. La jurisprudencia ha sido enfática al precisar que, en desarrollo del principio de igualdad, corresponde al legislador otorgar el mismo trato jurídico a todas aquellas situaciones que pueden ser comparadas, así como establecer las correspondientes diferenciaciones cuando se trate de situaciones fácticas disímiles(12). Un tratamiento legislativo distinto no implica per se una violación del principio de igualdad, siempre y cuando sea objetivo y razonable(13). Con el fin de verificar la legitimidad, razonabilidad y proporcionalidad del trato diferenciado, la Corte ha acudido a un instrumento metodológico, sobre cuyo alcance y límites se ha pronunciado en forma reiterada(14), para establecer la legitimidad, razonabilidad y proporcionalidad del trato diferenciado(15). Se busca establecer en cada caso: (i) si las situaciones correspondan a hechos distintos; (ii) si la decisión de tratarlos de manera diferente, esta fundada en un fin aceptado constitucionalmente; (iii) si la consecución de dicho fin por los medios propuestos es posible y además adecuada(16). La primera condición pertenece al orden de lo fáctico (hecho); la segunda, hace parte del orden de lo válido (legalidad); y la tercera del orden de lo valorativo (axiológico)(17). Una diferencia de trato en el ejercicio de un derecho encuentra su justificación en que se trate de hechos distintos, que la decisión persiga una finalidad legítima y que exista una relación de proporcionalidad entre los medios usados y los fines perseguidos.

Bajo estos parámetros, se establecerá la objetividad del trato diferenciado dispuesto en la disposición impugnada y la justificación del mismo.

4.4. Análisis de la constitucionalidad de la norma demandada.

4.4.1. Carrera docente y evaluación.

En el presente caso el Congreso de la República confirió al Presidente de la República facultades extraordinarias para dictar el estatuto de profesionalización docente(18) y, dentro de este, para regular aspectos relacionados con los requisitos de ingreso, la evaluación, capacitación, permanencia, ascensos y exclusión de la carrera, facultades que fueron desarrolladas en el Decreto-Ley 1278 de 2002, determinando los requisitos y calidades para el ingreso y ascenso a los cargos de carrera docente y las causas del retiro. A su vez, determinó que el ejercicio de la carrera docente está ligado a la evaluación permanente, para verificar que en el desempeño de sus funciones, “los servidores docentes y directivos mantienen niveles de idoneidad, calidad y eficiencia que justifican la permanencia en el cargo, los ascensos en el escalafón y las reubicaciones en los niveles salariales dentro del mismo grado”(19).

4.4.2. Las clases de evaluación.

El artículo 27 estableció los tipos de evaluación a los que serían sometidos los docentes; y los artículos 31, 32, 35 y 36 definieron cada una de ellas, su finalidad, los sujetos a la misma, el momento en que se realizarán, los porcentajes de aprobación y las consecuencias de los resultados. Así:

4.4.2.1. Evaluación en periodo de prueba:

Objetivo: determinar el ingreso a la carrera docente.

Requisitos: haberse vinculado durante el año y haber servido 4 meses durante el año.

Porcentaje de calificación: 60%

Sujetos que evalúa: candidatos a ingresar a la carrera docente.

Aspectos que evalúa: desempeño y competencias específicas.

Oportunidad: al término de cada año académico de manera obligatoria.

Consecuencias:

(i) Calificación igual o mayor al 60%, serán inscritos en el escalafón docente.

(ii) Calificación inferior al 60% serán retirados.

(iii) Directivos docentes con calificación inferior al 60%, si estaban inscritos en el escalafón, serán regresados a docentes y si no lo estaban serán retirados.

4.4.2.2. Evaluación ordinaria o de desempeño anual.

Objetivo: determinar la permanencia o el retiro del escalafón docente.

Requisitos: haber servido en el establecimiento educativo por un término superior a tres (3) meses durante el respectivo año académico.

Porcentaje de calificación: 60%.

Sujetos que evalúa: docentes o directivos docentes inscritos en carrera docente.

Aspectos que evalúa: el desempeño, el grado cumplimiento de las funciones y responsabilidades y el logro de los resultados.

Oportunidad: al término de cada año escolar de manera obligatoria.

Consecuencias:

(i) Calificación inferior al sesenta por ciento (60%), por dos (2) años consecutivos, será excluido del escalafón y, retirado del servicio.

(ii) Directivos docentes que obtengan una calificación inferior al sesenta por ciento (60%) durante dos (2) años consecutivos, serán regresados a la docencia una vez exista vacante, si provenían de la docencia estatal; en cuyo caso percibirán el salario que corresponda a dicho cargo, de acuerdo con el grado y el nivel salarial que poseían. Si no provenían de la docencia estatal, serán excluidos del escalafón docente y retirados del servicio.

4.4.2.3. Evaluación de competencias.

Objetivo: determinar ascensos o reubicaciones salariales.

Requisitos: encontrarse inscrito en el escalafón docente y cumplir los requisitos propios del cargo.

Puntaje satisfactorio: 80%.

Sujetos que evalúa: docentes y directivos docentes inscritos en carrera docente y que se presenten de manera voluntaria.

Aspectos que evalúa:

(i) Competencias de logro y acción;

(ii) Competencias de ayuda y servicio;

(iii) Competencias de influencia;

(iv) Competencias de liderazgo y dirección;

(v) Competencias cognitivas; y

(vi) Competencias de eficacia personal.

Oportunidad: Cada vez que la correspondiente entidad territorial lo considere conveniente, pero sin que en ningún caso transcurra un término superior a seis (6) años entre una y otra.

Consecuencias: Si obtienen más del 80% en la evaluación serán candidatos a ser reubicados en un nivel salarial superior, o a ascender en el escalafón docente, si reúnen los requisitos para ello.

4.4.3. Supuestos fácticos diferentes.

Como lo ponen de presente algunos de los intervinientes y lo encuentra la Corte, los supuestos fácticos en los que se encuentran los tres grupos son diferentes: una es la situación jurídica de las personas que habiendo superado el concurso docente, deben ser evaluados durante el periodo de prueba para ingresar a la carrera docente; otra situación, la de los docentes que perteneciendo a la carrera, deben ser evaluados en su desempeño anual, para permanecer en ella o ser retirados del servicio; y distinta la situación de los docentes que se someten voluntariamente a la evaluación de competencias, para ser ascendidos y reubicados salarialmente.

El aparte de la norma acusada que señala el 80% como umbral aprobatorio de la evaluación de competencias para calificar a un ascenso o reubicación salarial en la carrera educativa, consagra un tratamiento diferenciado respecto del requerido para el ingreso o permanencia en la misma, fijado en un 60%. No se está ante a un trato disímil para un mismo grupo de personas en igual situación jurídica de carrera, sino frente a diferentes regulaciones para grupos en situaciones administrativas diversas del escalafón docente.

4.4.4. El fin constitucionalmente válido.

La evaluación de los candidatos en las tres situaciones tienen objetivos diversos, como lo son en el primer caso, la selección dentro del mercado laboral, de los candidatos a ingresar a la carrera docente; en el segundo caso, la determinación de los docentes que permanecerán en la carrera docente y los que serán retirados del servicio y en el tercer caso, la selección de los docentes que serán merecedores a un ascenso en el escalafón docente o que podrán ser reubicados salarialmente.

Tratándose de grupos claramente diferenciados, es razonable que el legislador, dentro de su libertad de configuración en la materia: (i) imprima tratamientos disímiles en materia de requisitos, calidades y condiciones; (ii) diseñe evaluaciones diferentes en las que se refleje el peso prioritario que tienen los diversos criterios y factores propios a considerar para cada uno de ellos; (iii) establezca distintos porcentajes de aprobación o superación de las pruebas en función de la finalidad de cada evaluación (supra 4.4.4.1.); (iv) y consagre consecuencias no necesariamente iguales a la obtención de determinados resultados. Todo lo anterior, con el fin de que la selección de los docentes para ingresar, permanecer y ascender dentro del escalafón docente, se realice con base en el mérito, la idoneidad y el desempeño de los candidatos, como medio para asegurar los fines constitucionales del servicio de educación de calidad y garantizar el derecho al trabajo. La regulación diferenciada para las distintas situaciones de carrera —ingreso, permanencia y ascenso— es razonable por basarse en objetivos diferentes: el mejoramiento constante en la calidad de la educación a partir de la cualificación de los docentes y la determinación de esta a través de sistemas de reconocimiento del mérito propio, constituyen fines y procedimientos constitucionales justificatorios del régimen diferenciado de calificación.

En suma, el Decreto-Ley 1278 de 2002, al adoptar la carrera docente, cumple finalidades constitucionalmente válidas, ya que procura la vinculación, permanencia y ascenso de las mejores personas, a través de procesos de selección y evaluación permanente, bajo un criterio de mérito en el desempeño (C.P., art. 125). Con ello se avanza en asegurar la prestación de un servicio público educativo de calidad y en garantía de la educación como derecho de los colombianos, fin valido a la luz de los valores, principios y derechos consignados en la Carta Fundamental (C.P., arts. 67 y 68).

4.4.5. La idoneidad de los medios para la consecución del fin constitucional.

Las escalas de evaluación establecidas en la norma acusada que, según el actor, deberían ser idénticas para los tres grupos, responden a las propias finalidades de cada una de ellas: (i) los procesos de selección a través de concurso(20), permiten la selección en el mercado laboral, de las personas más idóneas para desempeñar el cargo de docente; (ii) la evaluación anual ordinaria de desempeño(21), posibilita que permanezcan en el servicio educativo los docentes que hayan obtenido los mejores resultados en el ejercicio del cargo; y la evaluación de competencias(22), permite seleccionar los mejores educadores que debido a sus méritos, calidades y resultados, están llamados a ascender en el escalafón docente o a ser reubicados salarialmente. Cada una de las pruebas, identifica los mejores educadores para cada cargo, área y nivel, constituyéndose en técnica de escogencia idónea de cada uno de los objetivos propuestos en las diferentes clases de pruebas.

El proceso de concurso para el ingreso a carrera tiene un estándar aprobatorio menos exigente —60%—, pues se dirige a la selección del universo de docentes para el sistema educativo público; en tanto la evaluación de competencias busca seleccionar los mejores educadores que por sus méritos, calidades y resultados, están llamados a ascender en el escalafón docente o a ser reubicados salarialmente, a modo de incentivo para su crecimiento profesional y la mejor calidad de la educación, lo que supone un proceso selectivo y exigente que justifica la imposición de un umbral aprobatorio —80%— superior al del ingreso o la mera permanencia.

4.4.6. Conclusión.

De las consideraciones anteriores se desprende que el cargo planteado por el actor contra el aparte acusado del artículo 36, numeral 2º (parcial) del Decreto-Ley 1278 de 2002, no está llamado a prosperar, por lo que la Corte declarará la exequibilidad de dichos textos normativos.

5. Razón de la decisión de exequibilidad.

En suma, el tratamiento diferenciado dado a docentes que pertenecen a categorías distintas —consistente en la previsión de un estándar aprobatorio más exigente para la promoción salarial y el ascenso del educador respecto del previsto para el ingreso y permanencia del mismo en la carrera—, se apoya en la amplia potestad de configuración legislativa en materia de la actividad docente, siendo, además, constitucionalmente admisible, por tratarse de un instrumento idóneo para el logro de niveles crecientes de calidad en la educación y garantía del mérito en la promoción de los educadores, fines legítimos y deliberados por el Constituyente de 1991.

III. Decisión

En mérito de lo expuesto, la Corte Constitucional de la República de Colombia, administrando justicia en nombre del pueblo y por mandato de la Constitución,

RESUELVE:

1. DECLARAR la exequibilidad de la disposición demandada del artículo 36, numeral 2º (parcial) del Decreto-Ley 1278 de 2002, por las razones expuestas en la presente providencia.

Cópiese, notifíquese, comuníquese, insértese en la Gaceta de la Corte Constitucional, cúmplase y archívese el expediente».

(1) Diario Oficial 44.840, de 20 de junio de 2002.

(4) Artículo 16, Decreto-Ley 1278 de 2002.

(5) Artículo 19 del Decreto-Ley 1278 de 2002.

(6) Artículos 26 y 27 del Decreto-Ley 1278 de 2002.

(7) En esta providencia no aceptó cargos elevados contra unas normas contenidas en la Ley 715 de 2001 que establecían unos requisitos para la homologación de estudios y el ascenso en el escalafón docente.

(8) En dicha ocasión la Corte decidió que no era contrario al derecho al trabajo de los docentes que el estatuto docente estableciera un término de prescripción de 60 días para la definición de la situación jurídica de ascenso en el escalafón docente, pues estas condiciones eran razonables “para desarrollar la carrera profesional de la docencia”.

(9) Sentencia C-563 de 2000.

(10) Sentencia C-1109 de 2004.

(11) Ver, entre otras, las sentencias C-221 de 1992, C-430 de 1993, T-230 de 94, C-445 de 1995, C-022 de 1996, T-352 de 1997, C-563 de 1997 y C-112 de 2000.

(12) Sentencia C-100 de 2004.

(13) Al respecto, ver sentencias C-1191 de 2001, C-043 de 2003, C-100 de 2004, entre otras.

(14) Sentencias T-422 de 1992, C-230 de 1994 y C-1141 de 2000, C-040 de 1993, C-410 de 1994, C-507 de 1997, C-952 de 2000, C-093 de 2001, C-673 de 2001, C-980 de 2002 C-1191 de 2001, C-973 de 2002 y C-043 de 2003, C-475 de 2003, entre otras.

(15) Ver entre otras las sentencias T-230 de 1994, C-022 de 1996, C-093/01, C-1108 de 2001, C-1176 de 2001, C-1191 de 2001, C-043 de 2003 y C-100 de 2004.

(16) Sentencia C-242 de 2009.

(17) Sentencia C-1110 de 2001.

(18) Numeral 2º del artículo 111 de la Ley 715 de 2001.

(19) Artículo 26 del Decreto 1278 de 2002.

(20) Si obtienen: 1. Una calificación igual o mayor al 60%, serán inscritos en el escalafón docente. 2. Calificación inferior al 60% serán retirados. 3. Los directivos docentes con calificación inferior al 60%, si estaban inscritos en el escalafón, serán regresados a docentes y si no lo estaban inscritos, serán retirados.

(21) Si obtienen: 1. Calificación inferior al sesenta por ciento (60%), por dos (2) años consecutivos, serán excluidos del escalafón y, retirados del servicio. 2. Directivos docentes que obtengan una calificación inferior al sesenta por ciento (60%) durante dos (2) años consecutivos, serán regresados a la docencia una vez exista vacante, si provenían de la docencia estatal; en cuyo caso percibirán el salario que corresponda a dicho cargo, de acuerdo con el grado y el nivel salarial que poseían. Si no provenían de la docencia estatal, serán excluidos del escalafón docente y retirados del servicio.

(22) Si obtienen más del 80% en la evaluación de competencias, serán candidatos a ser reubicados en un nivel salarial superior, o a ascender en el escalafón docente, si reúnen los requisitos para ello.