Sentencia C-781 de septiembre 10 de 2003 

CORTE CONSTITUCIONAL 

SALA PLENA

INDEMNIZACIÓN MORATORIA EN MATERIA LABORAL

APLICACIÓN DE LA NUEVA REGULACIÓN

Sentencia C-781 DE 2003 

Ref.: Expediente D-4502.

Magistrada Ponente:

Dra. Clara Inés Vargas Hernández.

Demandante: Ada Luz Hernández Montoya.

Demanda de inconstitucionalidad contra el artículo 29, parcial, de la Ley 789 de 2002, “Por la cual se dictan normas para apoyar el empleo y ampliar la protección social y se modifican algunos artículos del Código Sustantivo del Trabajo”.

Bogotá, D.C., diez de septiembre de dos mil tres

EXTRACTOS:«II. Texto de la norma acusada

Se transcribe a continuación el texto del artículo 29 de la Ley 789 de 2002, conforme a su publicación en el Diario Oficial 45.046 del 27 de diciembre de 2002, resaltando los apartes normativos impugnados:

“LEY NÚMERO 789 DE 2002

(Diciembre 27)

“Por la cual se dictan normas para apoyar el empleo y ampliar la protección social y se modifica algunos artículos del Código Sustantivo de Trabajo”.

El Congreso de Colombia,

DECRETA:

ART. 29.—Indemnización por falta de pago. El artículo 65 del Código Sustantivo de Trabajo quedará así:

ART. 65.—Indemnización por falta de pago:

1. Si a la terminación del contrato, el empleador no paga al trabajador los salarios y prestaciones debidas, salvo los casos de retención autorizados por la ley o convenidos por las partes, debe pagar al asalariado, como indemnización, una suma igual al último salario diario por cada día de retardo, hasta por veinticuatro (24) meses, o hasta cuando el pago se verifique si el período es menor. Si transcurridos veinticuatro (24) meses contados desde la fecha de terminación del contrato, el trabajador no ha iniciado su reclamación por la vía ordinaria o si presentara la demanda, no ha habido pronunciamiento judicial, el empleador deberá pagar al trabajador intereses moratorios a la tasa máxima de créditos de libre asignación certificados por la Superintendencia Bancaria, a partir de la iniciación del mes veinticinco (25) hasta cuando el pago se verifique.

Dichos intereses los pagará el empleador sobre las sumas adeudadas al trabajador por concepto de salarios y prestaciones en dinero.

2. Si no hay acuerdo respecto del monto de la deuda, o si el trabajador se niega a recibir, el empleador cumple con sus obligaciones consignando ante el juez de trabajo y, en su defecto, ante la primera autoridad política del lugar, la suma que confiese deber, mientras la justicia de trabajo decide la controversia.

PAR. 1º—Para proceder a la terminación del contrato de trabajo establecido en el artículo 64 del Código Sustantivo del Trabajo, el empleador le deberá informar por escrito al trabajador, a la última dirección registrada, dentro de los sesenta (60) días siguientes a la terminación del contrato, el estado de pago de las cotizaciones de seguridad social y parafiscalidad sobre los salarios de los últimos tres meses anteriores a la terminación del contrato, adjuntando los comprobantes de pago que los certifiquen. Si el empleador no demuestra el pago de dichas cotizaciones, la terminación del contrato no producirá efecto. Sin embargo, el empleador podrá pagar las cotizaciones durante los sesenta (60) días siguientes, con los intereses de mora.

PAR. 2º—Lo dispuesto en el inciso 1º de este artículo solo se aplicará a los trabajadores que devenguen más de un (1) salario mínimo mensual vigente. Para los demás seguirá en plena vigencia lo dispuesto en el artículo 65 del Código Sustantivo de Trabajo vigente”.

(...).

VI. Consideraciones y fundamentos jurídicos

1. Competencia.

La Corte Constitucional es competente para conocer y decidir sobre la demanda de inconstitucionalidad de la referencia, de conformidad con el numeral 4º del artículo 241 de la Constitución Política, por estar dirigida contra una norma que hace parte de una ley de la República.

2. Asunto previo. Solicitud de unidad normativa hecha por el procurador.

Antes de proceder al análisis de fondo, la Corte considera oportuno pronunciarse sobre la solicitud que ha hecho la jefe (E) del Ministerio Público, en el sentido de analizar el artículo 29 de la Ley 789 de 2002 en su totalidad, y no sólo los apartes normativos que fueron impugnados por el demandante “a efectos de hacer el estudio racional de estos”.

Con el objeto de resolver sobre esta petición, conviene recordar que según reiterada doctrina de esta corporación, la integración de unidad normativa sólo procede de manera excepcional en los siguientes eventos:

“(…) excepcionalmente, la Corte puede conocer sobre la constitucionalidad de leyes ordinarias que no son objeto de control previo u oficioso, pese a que contra las mismas no se hubiere dirigido demanda alguna. Se trata de aquellos eventos en los cuales procede la integración de la unidad normativa. Sin embargo, para que, so pretexto de la figura enunciada, la Corte no termine siendo juez oficioso de todo el ordenamiento jurídico, la jurisprudencia ha señalado que la formación de la unidad normativa es procedente, exclusivamente, en uno de los siguientes tres eventos.

En primer lugar, procede la integración de la unidad normativa cuando un ciudadano demanda una disposición que, individualmente, no tiene un contenido deóntico claro o unívoco, de manera que, para entenderla y aplicarla, resulta absolutamente imprescindible integrar su contenido normativo con el de otra disposición que no fue acusada. En estos casos es necesario completar la proposición jurídica demandada para evitar proferir un fallo inhibitorio.

En segundo término, se justifica la configuración de la unidad normativa en aquellos casos en los cuales la disposición cuestionada se encuentra reproducida en otras normas del ordenamiento que no fueron demandadas. Esta hipótesis pretende evitar que un fallo de inexequibilidad resulte inocuo.

Por último, la integración normativa procede cuando pese a no verificarse ninguna de las hipótesis anteriores, la norma demandada se encuentra intrínsecamente relacionada con otra disposición que, a primera vista, presenta serias dudas de constitucionalidad. En consecuencia, para que proceda la integración normativa por esta última causal, se requiere la verificación de dos requisitos distintos y concurrentes: (1) que la norma demandada tenga una estrecha relación con las disposiciones no cuestionadas que formarían la unidad normativa; (2) que las disposiciones no acusadas aparezcan, a primera vista, aparentemente inconstitucionales. A este respecto, la corporación ha señalado que “es legítimo que la Corte entre a estudiar la regulación global de la cual forma parte la norma demandada, si tal regulación aparece primafacie de una dudosa constitucionalidad” (Sent. C-320/97 (M.P. Alejandro Martínez Caballero)).

Salvo los tres casos mencionados, no es conducente, de ninguna manera, la integración de la unidad normativa” (1) .

(1) Sentencia C-539 de 1999, M.P. Eduardo Cifuentes Muñoz. En el mismo sentido, ver sentencias C-266 de 2002, C-204 de 2001, C-173 de 2001, C-010 de 2001 entre otras.

En el asunto bajo revisión no se configura ninguno de los supuestos a los que se refiere la jurisprudencia en mención, pues tanto las expresiones censuradas del numeral 1º del artículo 29 de la Ley 789 de 2002 como las del parágrafo segundo de esa misma disposición legal tienen por sí mismas contenido claro y unívoco, por lo que no es menester integrar su contenido normativo con los restantes segmentos de la citada norma que no fueron objeto de acusación.

Además advierte la Corte que el parágrafo 1º del artículo 29 de la Ley 789 de 2002, —en relación con el cual el Ministerio Público también pretende que se integre unidad normativa—, no está intrínsecamente relacionado con los mandatos que fueron objeto de censura, pues su contenido normativo se refiere a la obligación que tiene el empleador, para los efectos de la terminación del contrato establecido en el artículo 64 del Código Sustantivo del Trabajo, de informar por escrito al trabajador sobre el estado de pago de las cotizaciones de seguridad social y parafiscalidad sobre los salarios de los últimos tres meses anteriores a la terminación del contrato, y los efectos que produce el incumplimiento de tal deber, lo cual corresponde a un asunto totalmente distinto al de la indemnización por falta de pago previsto en el numeral 1º del mencionado precepto legal.

Por las anteriores razones, la Corte no atenderá la petición hecha por la vista fiscal y, en cambio, circunscribirá su análisis a los segmentos normativos del inciso 1º del artículo 29 de la Ley 789 de 2002 y del parágrafo 2º de esta misma disposición legal, teniendo en cuenta las consideraciones que sobre su alcance se presentan a continuación.

3. Presentación del asunto objeto de estudio y metodología a seguir.

Según el demandante, las expresiones acusadas del parágrafo 2º del artículo 29 de la Ley 789 de 2002 desconocen el derecho a la igualdad, pues autorizan un régimen de indemnización por falta de pago para los trabajadores que devenguen hasta un salario mínimo mensual vigente, y otro a los demás trabajadores, esto es, para quienes perciben más de ese salario, de tal manera que introduce una discriminación contraria al artículo 13 superior.

En su concepto también son inconstitucionales las expresiones acusadas del inciso 1º del artículo 29 del mismo ordenamiento legal, porque desconocen los derechos adquiridos de los trabajadores en relación con el antiguo régimen de indemnización moratorio regulado en el artículo 65 del Código Sustantivo del Trabajo, vulnerando de esta forma los artículos 25 y 53 superiores.

Quienes intervienen a nombre de los ministerios de Justicia y del Derecho, Hacienda y Crédito Público, Protección Social, así como el representante de la ANDI, coinciden en que las disposiciones acusadas se ajustan al artículo 13 de la Constitución Política, pues en su parecer la diferencia de trato que allí se instituye está fundada en una justificación objetiva y razonable que consiste en brindarle especial protección a los trabajadores más vulnerables que son aquellos que devengan un salario mínimo. También están de acuerdo en que no se presenta infracción a los artículos 25 y 53 fundamentales porque la norma acusada rige hacia el futuro y no pretende, por tanto, afectar los derechos adquiridos de los trabajadores.

La jefe del Ministerio Público, si bien comparte los planteamientos hechos por estos intervinientes, sin embargo estima que la Corte debe condicionar la exequibilidad del numeral 1º del artículo 29 de la Ley 789 de 2002 en el entendido que a partir del mes veinticinco de mora y hasta cuando efectivamente se pague lo adeudado, se deben liquidar intereses moratorios sobre los conceptos de salarios y prestaciones sociales debidos, previa corrección monetaria sobre lo adeudado, desde el primer día hasta cuando efectivamente se realice el pago, con la finalidad de preservar el valor real de la acreencia.

La Comisión Colombiana de Juristas es de un criterio distinto, pues piensa que las medidas adoptadas en los apartes atacados del artículo 29 de la Ley 789 de 2002, al incorporar elementos del derecho privado a la relación laboral desconocen el derecho al trabajo y la condición de Colombia como Estado social de derecho.

Así pues, de acuerdo con los planteamientos hechos en la demanda que suscita la presente causa constitucional, corresponde a la Corte dilucidar los siguientes problemas jurídicos en relación con el artículo 29 de la Ley 789 de 2002, que modificó el artículo 65 del Código Sustantivo del Trabajo:

• Si el parágrafo segundo de la citada disposición, al limitar la aplicación del nuevo régimen de indemnización por falta de pago “a los trabajadores que devenguen más de un salario mínimo mensual vigente”, establece un trato discriminatorio frente a los trabajadores que devenguen menos de dicha suma, vulnerando con ello el principio de igualdad consagrado en el artículo 13 superior.

• Si el numeral primero de la norma acusada, al modificar el régimen de indemnización por falta de pago de los salarios y prestaciones debidos a la terminación del contrato de trabajo, desconoce los derechos adquiridos de los trabajadores —que venía regulando el artículo 65 del Código Sustantivo del Trabajo—, viola los principios mínimos fundamentales que en materia laboral consagra el artículo 53 de la Constitución, y permite que estos sean burlados por los empleadores morosos, infringiendo el artículo 25 de la Carta, que consagra la especial protección al trabajo por parte del Estado.

• Si el segmento normativo del numeral primero de la disposición impugnada, al disponer que “Si transcurridos veinticuatro (24) meses contados desde la fecha de terminación del contrato, el trabajador no ha iniciado su reclamación por la vía ordinaria o si presentara la demanda, no ha habido pronunciamiento judicial, el empleador deberá pagar al trabajador intereses moratorios a la tasa máxima de créditos de libre asignación certificados por la Superintendencia Bancaria”, somete al trabajador a la morosidad de los despachos judiciales, recorta su oportunidad de recuperar lo que en justicia se le debe, y se convierte en estímulo a la negligencia del empleador, infringiendo de esta manera los artículos 13 y 25 de la Constitución.

La Sala considera necesario hacer alusión previa a la indemnización por falta de pago regulada en el artículo 65 del Código Sustantivo del Trabajo y al contenido de la reforma que en ese sentido introdujo el artículo 29 de la Ley 789 de 2002. Con fundamento en ello estudiará luego cada uno de los problemas jurídicos en el orden en que fueron planteados.

4. La indemnización por falta de pago o indemnización moratoria.

Como una medida tendiente a prevenir y reprimir la conducta del empleador que a la terminación del contrato de trabajo no paga al trabajador los salarios y prestaciones sociales que le corresponde, el artículo 65 del Código Sustantivo del Trabajo (en adelante CST) consagra el pago de una indemnización de carácter moratorio mediante la cual se pretende reparar de alguna manera el daño que tal comportamiento le ha podido ocasionar a sus derechos.

El artículo 65 del CST, antes de la reforma que introdujo el artículo 29 de la Ley 789 de 2002, y que continuará aplicándose a los trabajadores que devenguen hasta un salario mínimo mensual, dispone lo siguiente:

“ART. 65.—Indemnización por falta de pago. 1. Si a la terminación del contrato el patrono no paga al trabajador los salarios y prestaciones debidos, salvo los casos de retención autorizados por la ley o convenidos por las partes, debe pagar al asalariado, como indemnización, una suma igual al último salario diario por cada día de retardo.

2. Si no hay acuerdo respecto del monto de la deuda, o si el trabajador se niega a recibir, el patrono cumple con sus obligaciones consignando ante el juez del trabajo y, en su defecto, ante la primera autoridad política del lugar, la suma que confiese deber, mientras la justicia del trabajo decide la controversia.

3. En la misma sanción incurre el patrono cuando no haga practicar al trabajador el examen médico y no le expida el correspondiente certificado de salud de que trata el ordinal 7º del artículo 57”.

Así pues, esta indemnización no sólo exige para su procedencia el incumplimiento consistente en el no pago por parte del empleador de los salarios y prestaciones debidas al trabajador, sino además que la relación laboral haya concluido por cualquier causa, y consiste al tenor del artículo en comento en el pago de una suma igual al último día de salario por cada día de retraso hasta cuando el pago se verifique, sin que haya alguna otra exigencia adicional para el trabajador, circunstancia que ha significado en la práctica que el empleador siga cancelando los salarios que devengaba el trabajador como si estuviese a su servicio, y de ahí el nombre que se le ha dado de “salarios caídos”.

Mediante el artículo 29 de la Ley 789 de 2002 se modificó el citado artículo 65 del CST. Se transcriben los segmentos acusados del mismo:

“ART. 29.—Indemnización por falta de pago. El artículo 65 del Código Sustantivo del Trabajo quedará así:

ART. 65.—Indemnización por falta de pago:

1. Si a la terminación del contrato, el empleador no paga al trabajador los salarios y prestaciones debidas, salvo los casos de retención autorizados por la ley o convenidos por las partes, debe pagar al asalariado, como indemnización, una suma igual al último salario diario por cada día de retardo, hasta por veinticuatro (24) meses, o hasta cuando el pago se verifique si el período es menor. Si transcurridos veinticuatro (24) meses contados desde la fecha de terminación del contrato, el trabajador no ha iniciado su reclamación por la vía ordinaria o si presentara la demanda, no ha habido pronunciamiento judicial, el empleador deberá pagar al trabajador intereses moratorios a la tasa máxima de créditos de libre asignación certificados por la Superintendencia Bancaria, a partir de la iniciación del mes veinticinco (25) hasta cuando el pago se verifique.

(…)

PAR. 2º—Lo dispuesto en el inciso 1º de este artículo solo se aplicará a los trabajadores que devenguen más de un (1) salario mínimo mensual vigente. Para los demás seguirá en plena vigencia lo dispuesto en el artículo 65 del Código Sustantivo del Trabajo vigente”.

Esta nueva disposición conserva en lo esencial los elementos para que proceda dicha indemnización, cuales son: i) que haya terminado la relación laboral; ii) que el empleador esté debiendo al trabajador salarios y prestaciones y no las pague en el momento de dicha terminación; iii) que no se trate del caso en que procede la retención de dichos salarios y prestaciones; y, iv) que no se haya consignado el monto de la deuda confesada por el empleador en caso de que no haya acuerdo respecto del monto de la deuda, o que el trabajador se haya negado a recibir el pago.

Se mantiene igualmente la indemnización a cargo del empleador en cuanto al pago de una suma igual al último salario diario por cada día de retardo, hasta por 24 meses o hasta cuando el pago se verifique si el período es menor, sin que exista alguna otra carga adicional para el trabajador.

La modificación que introduce el artículo 29 de la Ley 789 de 2002 al artículo 65 del CST consiste en establecer que “Si transcurridos (24) meses contados desde la fecha de terminación del contrato, el trabajador no ha iniciado su reclamación por la vía ordinaria o si presentara la demanda, no ha habido pronunciamiento judicial, el empleador deberá pagar al trabajador intereses moratorios a la tasa máxima de créditos de libre asignación certificados por la Superintendencia Bancaria, a partir de la iniciación del mes veinticinco (25) hasta cuando el pago se verifique”.

En otras palabras, si el trabajador no ha presentado demanda por la vía judicial ordinaria dentro de los veinticuatro (24) meses siguientes a la terminación de su vínculo laboral, o si la misma no ha sido resuelta definitivamente por la autoridad judicial, ya no se continúa haciendo exigible el pago de la indemnización moratoria —un día de salario por cada día de retardo—, sino únicamente el pago de intereses moratorios.

El mencionado cambio obedeció, en opinión del legislador, a que se había constituido una “…forma de enriquecimiento de los trabajadores debido a la lentitud de la justicia cuando el trámite de un proceso laboral de primera instancia, si se cumplieran los términos no debería durar, incluida la apelación, más de seis (6) meses” pues “la manera como está prevista la indemnización por falta de pago ha dado lugar a que los trabajadores esperen para presentar sus demandas cuando están para cumplirse los tres (3) años, término de prescripción y le juegan a una cuantiosa indemnización moratoria a veces injusta ya que, de acuerdo con la jurisprudencia, en este caso se presume la mala fe del empleador” (2) (resaltado no original).

(2) Ponencia para primer debate en el Senado de la República. Publicada en la Gaceta del Congreso 444 de 2002.

Como puede observarse con facilidad, de esta forma el legislador quiso exigir de los trabajadores con ingresos superiores a un salario mínimo, una carga adicional para tener derecho a la indemnización moratoria luego de transcurridos 24 meses de terminada su relación laboral, consistente en acudir durante ese lapso ante los jueces ordinarios y reclamar el pago pronto de sus acreencias.

Cabe recordar, además, que la nueva regulación elimina como causa de la indemnización por falta de pago la práctica del examen médico de egreso y la expedición del correspondiente certificado. Esta modificación se aplica indistintamente para quienes reciban hasta uno o más salarios mínimo mensuales, pues el artículo 29 de la Ley 789 de 2002 sustituyó el artículo 65 del CST y sólo permitió la vigencia del inciso primero de la norma anterior en el caso de los trabajadores con ingreso básico.

Finalmente, el segmento normativo acusado del parágrafo segundo del artículo 29 de la Ley 789 de 203 (sic) dispone que el nuevo régimen de indemnización por falta de pago se aplicará a los trabajadores que devenguen más de un salario mínimo, dejando incólume la aplicación del antiguo régimen del artículo 65 del CST “para los demás”, es decir, para aquellos que no devengan más del salario mínimo legal mensual vigente.

En cuanto a la indemnización moratoria, es evidente que a todos los trabajadores a los que se les termine la relación laboral y no se les cancele en dicho momento los salarios y prestaciones debidas por parte del empleador, se les debe seguir cancelando a título de indemnización una suma igual al último salario diario por cada día durante los veinticuatro (24) primeros meses de retardo.

Pero, es igualmente claro, a partir del mes veinticinco (25) de retardo solo a los trabajadores que devenguen hasta un salario mínimo mensual vigente y se encuentren en el supuesto de hecho de la norma se les seguirá pagando por cada día de retardo una suma igual al último salario diario, mientras que a los demás trabajadores se les exige adicionalmente haber acudido ante la jurisdicción ordinaria durante ese período y haber obtenido un pronunciamiento judicial, pues de lo contrario se les cancelarán únicamente intereses moratorios a la tasa máxima de créditos de libre asignación certificada por la Superintendencia Bancaria, desde el mes veinticinco (25) y hasta cuando el pago se verifique.

Si se tiene en cuenta que el anterior sistema de indemnización moratoria continúa vigente para los trabajadores que devenguen hasta un salario mínimo, es incuestionable que si la mora en el pago de salarios y prestaciones debidas a la terminación del contrato supera los veinticuatro (24) meses, a estos les corresponderá a partir del mes veinticinco (25) una indemnización moratoria en mejores condiciones que la que le correspondería a los trabajadores que recibían una asignación mayor pero no demandaron judicialmente el pago durante ese período, lo cual lleva a la Corte a indagar si se justifica el establecimiento de este trato diferencial en favor de aquellas personas.

5. Sobre la presunta infracción del derecho a la igualdad.

Para la demandante, en el parágrafo segundo del artículo 29 de la Ley 789 de 2002 se establece un tratamiento que discrimina a los trabajadores que devengan más de un salario mínimo legal vigente, pues los excluye de la aplicación del régimen previsto en el inciso 1º del artículo 65 del CST, sin las nuevas modificaciones, para calcular la indemnización por no pago de salarios y prestaciones sociales al terminar el vínculo contractual. En este sentido, no comprende por qué puede haber una regulación para unos trabajadores y una distinta para otros, por el sólo hecho de que unos reciban un salario más elevado fruto de su esfuerzo y dedicación.

Pues bien, como ya se advirtió, en el parágrafo segundo del artículo 29 de la Ley 789 de 2002, efectivamente el legislador ha consagrado un trato diferencial entre los trabajadores que devengan hasta un salario mínimo mensual vigente y los demás, en lo referente a la indemnización por falta de pago, consistente en que para aquellos continúa vigente lo previsto en el artículo 65 del CST, al tiempo que para estos se aplicará lo dispuesto en el inciso primero del artículo 29 de la Ley 789 de 2002, norma que impone algunas cargas adicionales.

Corresponde entonces a la Corte determinar si esa diferencia de trato se encuentra justificada de manera objetiva y razonable, esto es, si resulta compatible con el ordenamiento constitucional.

El criterio que emplea el legislador para establecer esa diferencia de trato tiene relación con el monto de la remuneración que percibe el asalariado, acogiendo como punto de referencia el salario mínimo mensual vigente, pues si se trata de trabajadores que devenguen hasta un salario mínimo mensual vigente estos tendrán derecho, a partir del mes veinticinco (25) de mora, a un régimen indemnizatorio más favorable como es el previsto en el artículo 65 del CST; en cambio, si el trabajador recibe como retribución de sus servicios más de un salario mínimo mensual se encuentra bajo la aplicación del nuevo régimen previsto en el artículo 29 de la Ley 789 de 2002, que lo pone en riesgo de recibir una indemnización menor si no acude ante la jurisdicción ordinaria o si habiendo acudido no existe un pronunciamiento judicial definitivo durante ese período.

El CST en su artículo 145 define el salario mínimo como “el que todo trabajador tiene derecho a percibir para subvenir a sus necesidades normales y a las de su familia, en el orden material, moral y cultural”, mandato que está en consonancia con lo dispuesto en el artículo 53 de la Carta que consagra como uno de los principios mínimos fundamentales en materia laboral el de la “remuneración mínima vital y móvil, proporcional a la cantidad y calidad de trabajo”, e igualmente, con los convenios 26 de 1928 y 99 de 1948, y la recomendación 89 de la Organización Internacional del Trabajo, en los cuales se propugna por un salario mínimo que asegure al trabajador “un nivel de vida adecuado”.

La Corte ha señalado que el establecimiento del salario mínimo vital y móvil “expresa una forma específica a través de la cual se concreta la protección especial que el trabajo debe recibir del Estado y de la sociedad. Si la remuneración que el trabajador obtiene no le permite satisfacer las necesidades —materiales, sociales y culturales— que se reputan indispensables para reponer sus energías y, además, llevar una vida social y familiar normal, ella no estará a la altura de la persona humana y no podrá ser reputada digna, pues, dejará de servir como instrumento para construir una existencia libre y valiosa” (3) .

(3) Sentencia C-252 de 1995.

También ha manifestado que la institución del salario mínimo se enmarca dentro de aquellas políticas destinadas a lograr una justicia social, pues constituye una medida especial de protección a quienes por su condición económica se encuentran en situación de vulnerabilidad manifiesta. “Busca así el legislador menguar la desigualdad y de esta manera cumplir con el propósito señalado por el constituyente en el artículo 13 de la Carta, que ordena al Estado promover las condiciones requeridas para que la igualdad sea real y efectiva, mediante la adopción de medidas en favor de grupos discriminados o marginados, como también proteger especialmente a aquellas personas que por su condición económica o física se encuentran en situación de debilidad manifiesta” (4) .

(4) Sentencia C-387 de 1994, M.P. Carlos Gaviria Díaz.

Está claro que los trabajadores que reciben hasta el salario mínimo se encuentran en una situación de vulnerabilidad, por lo que es menester rodearlos de una protección superior a la que ordinariamente debe prodigarse a un trabajador en condiciones normales, medida que se justifica en razón de la función que cumple ese tipo de retribución en el Estado social de derecho, pues permite que el trabajador que la percibe pueda proyectar una vida digna y decorosa, y alcance así los objetivos que se ha propuesto en los ámbitos social y familiar.

Es así como, para proteger al trabajador que se encuentra en circunstancias de debilidad manifiesta, el legislador ha configurado ciertas cautelas orientadas a proteger la importante institución laboral del salario mínimo. De esta manera, ha dispuesto que para fijarlo deben tomarse en cuenta el costo de la vida, las modalidades del trabajo, la capacidad económica de las empresas y patronos y las condiciones de cada región y actividad; y, tratándose de los trabajadores del campo, la ley ordena que el salario mínimo debe fijarse tomando en cuenta las facilidades que el patrono proporciona a sus trabajadores, en lo que se refiere a habitación, cultivos, combustibles y circunstancias análogas que disminuyen el costo de la vida (5) .

(5) Código Sustantivo del Trabajo, artículo 146.

Con la misma finalidad tuitiva, el legislador ha establecido el procedimiento de fijación del salario mínimo, el cual comprende varias opciones: la primera, resultante de la actividad particular, en virtud de la cual el salario mínimo puede ser fijado por medio de pacto o convención colectiva; la segunda, por medio de un fallo arbitral; y la tercera, en forma concertada, consistente en que la comisión permanente de concertación de políticas salariales y laborales (6) , en la cual tienen asiento el gobierno y representantes de los empleadores y trabajadores, fija el salario mínimo de carácter general teniendo en cuenta “que se debe garantizar una vida digna para el trabajador y su familia” (7) .

(6) La comisión permanente de concertación de políticas salariales y laborales tiene fundamento en el artículo 56 de la Constitución y su composición y funciones están determinadas en la Ley 278 de 1996.

(7) Ley 278 de 1996 artículo 2º literal d).

En relación con el procedimiento concertado de fijación del salario mínimo, la ley, con un revelado espíritu proteccionista, dispone que si definitivamente no se logra el consenso en la fijación del salario mínimo para el año inmediatamente siguiente, el gobierno, a más tardar el 30 de diciembre de cada año, lo determinará por decreto motivado, “atendiendo, con el mismo nivel e incidencia, además de la meta de inflación del siguiente año, a los siguientes parámetros: la inflación real del año que culmina, según el índice de precios al consumidor; la productividad acordada por la comisión tripartita que coordina el Ministerio de Trabajo y Seguridad Social; la contribución de los salarios al ingreso nacional; el incremento del producto interno bruto, PIB; y con carácter prevalente, que habrá de reflejarse en el monto del aumento salarial, la especial protección constitucional del trabajo (C.P. art. 25) y la necesidad mantener una remuneración mínima vital y móvil (C.P. art. 53); la función social de la empresa (C.P. art. 333) y los objetivos constitucionales de la dirección general de la economía a cargo del Estado (C.P. art. 334), uno de los cuales consiste en “asegurar que todas las personas, en particular las de menores ingresos, tengan acceso a los bienes y servicios básicos” (8) .

(8) Sentencia C-815 de 1999, M.P. José Gregorio Hernández Galindo.

Otro mecanismo de protección del salario mínimo y con ello a quienes lo perciben, consiste en su carácter irrenunciable e inembargable (9) . En cuanto a lo primero, se tiene que la fijación del salario mínimo modifica automáticamente los contratos de trabajo en los que se haya estipulado un salario inferior (10) . Y en cuanto a lo segundo, se trata de una medida que armoniza con la Constitución, “no sólo en lo que hace al artículo 53, el cual garantiza una remuneración mínima, vital y móvil (salario mínimo), sino en relación con el artículo 42, pues la protección del salario no sólo se erige como una garantía para el trabajador, sino para su núcleo familiar” (11) .

(9) Código Sustantivo del Trabajo, artículo 154.

(10) Código Sustantivo del Trabajo, artículo 148.

(11) Sentencia C-710 de 1996, M.P. Jorge Arango Mejía. En esta sentencia se declaró la exequibilidad del artículo 154 del Código Sustantivo del Trabajo. Cabe precisar que según lo dispuesto en el artículo 156 del Código Sustantivo del Trabajo excepcionalmente el salario mínimo puede ser embargado hasta en un 50% a favor de cooperativas legalmente autorizadas o para cubrir pensiones alimenticias que se deban de conformidad con los artículos 411 y concordantes del Código Civil.

Para la Corte todas estas medidas son trasunto de la protección reforzada de que goza el salario mínimo en el Estado social de derecho, pero en últimas del trabajador que cuenta con ese nivel de ingreso, ya que no sólo están orientadas a evitar que su determinación quede librada a las fuerzas de la oferta y la demanda, como si fuese una mercancía o un simple factor de la producción (12) , sino que también pueda llegar a afectar su núcleo esencial, atentándose de esta manera contra los derechos fundamentales de los trabajadores que reciben esta clase de remuneración.

(12) Sentencia C-252 de 1995, M.P. Eduardo Cifuentes Muñoz.

Nada impide entonces que el legislador pueda optar los mecanismos de protección que juzgue convenientes para trabajadores que por percibir hasta un salario mínimo se encuentran en situación de vulnerabilidad, siempre que sean adecuados y proporcionados, pues al hacerlo no sólo propende por la dignificación de la persona humana (C.P. arts. 1º y 5º), sino por la efectividad del derecho al trabajo en condiciones dignas y justas (art. 25 ibíd.) ya que, como se ha expresado, el salario mínimo permite que el trabajador se realice individual y socialmente, en la medida en que puede proveer a la satisfacción de sus necesidades normales y las de su familia en sus diversos órdenes.

Descendiendo al caso que se revisa, advierte la Corte que el trato diferente establecido en el parágrafo 2º de la Ley 789 de 2002, en favor de quienes perciben hasta un salario mínimo mensual vigente, está fundado en una justificación objetiva y razonable, ya que tal medida tiene por finalidad proteger a dichos trabajadores por tratarse de personas que, desde el punto de vista económico, se encuentran en una situación de vulnerabilidad manifiesta que las coloca en inferioridad de condiciones en relación con el resto de los trabajadores que reciben una asignación salarial superior. Situación que se acentúa cuando quedan cesantes en su empleo, y la mora supera los veinticuatro (24) meses, donde el no pago oportuno de los salarios y prestaciones sociales amenaza graves perjuicios tanto para el trabajador como para quienes de él dependen.

Así las cosas, lejos de atentar contra el derecho de igualdad la norma acusada pretende hacerlo efectivo, pues al prolongar para los trabajadores que reciben hasta el salario mínimo la vigencia del régimen de indemnización moratoria previsto en el artículo 65 del CST, el legislador cumple con el mandato del artículo 13 de la Carta que le impone al Estado el deber de proteger especialmente a aquellas personas que por su condición económica se encuentran en circunstancias de vulnerabilidad manifiesta, objetivo que tal vez no se lograría si en caso de mora en el pago de las acreencias laborales por un lapso superior a los veinticuatro (24) meses, dichos trabajadores no contaran con un mecanismo como el previsto en el artículo 65 del CST, que sanciona drásticamente al empleador que a la terminación del contrato de trabajo no cancela los salarios y prestaciones sociales.

No quiere significar lo anterior que los trabajadores que perciben una asignación superior al salario mínimo hayan quedado desprotegidos en el evento en que a la terminación del vínculo su empleador no les pague los salarios y prestaciones adeudados, lo cual sí resultaría desproporcionado, pues de todas formas tienen derecho a la indemnización por falta de pago. Sin embargo, en los términos del artículo 29 de la Ley 789 de 2002, para que a partir del mes veinticinco (25) de mora continúen con el derecho a la indemnización, es preciso que hayan acudido ante la jurisdicción ordinaria, pues de lo contrario sólo podrán reclamar intereses moratorios “a la tasa máxima” para los créditos de libre asignación que certifique la Superintendencia Bancaria, exigencia que se justifica plenamente porque, como fue explicado en el seno del propio Congreso, la anterior regulación dio lugar a que algunos trabajadores esperaran mucho tiempo para presentar sus demandas, casi llegado el día de la prescripción, obteniendo así cuantiosas indemnizaciones por este concepto.

La Corte estima que las consideraciones presentadas son suficientes para corroborar la constitucionalidad de la medida enjuiciada, pues como bien lo ha precisado la jurisprudencia de esta corporación, tratándose de materias donde el legislador cuenta con una razonable facultad de configuración —como es el caso del ámbito laboral y particularmente en cuanto a las indemnizaciones—, basta con constatar que la decisión del legislador está inspirada en un mínimo de racionalidad, tal como acontece en el asunto bajo revisión, donde se ha establecido que el trato diferente instituido en favor de los trabajadores que reciben hasta un salario mínimo mensual vigente está fundado en una finalidad plausible y que no resulta desproporcionada desde el punto de vista constitucional, ante la necesidad de brindarles la protección a la que constitucionalmente tienen derecho, pues se hallan en una situación vulnerable.

De otra parte, es de precisar que el parágrafo segundo del artículo 29 de la Ley 789 de 2002, no consagra la retroactividad de la ley sino que no derogó el artículo 65 del CST para ciertos trabajadores, por lo que la aplicación del antiguo régimen de indemnización por falta de pago previsto en el artículo 65 del CST continúa vigente solamente para los trabajadores que devenguen hasta el salario mínimo, con la finalidad ya analizada de otorgarles una protección especial.

Para la Corte tal determinación es constitucionalmente válida, pues el legislador tiene libertad de configuración para regular los efectos del tránsito de legislación y disponer que ciertos preceptos puedan seguir surtiendo efectos en el ordenamiento jurídico. Sobre este fenómeno la Corte ha precisado:

“…en materia de regulación de los efectos del tránsito de legislación, la Constitución solo impone como límites el respeto de los derechos adquiridos, y el principio de favorabilidad y de legalidad penal. Por fuera de ellos, opera la libertad de configuración legislativa. Con base en ello, el legislador ha desarrollado una reglamentación general sobre el efecto de las leyes en el tiempo, contenida en la Ley 153 de 1887, según la cual en principio las leyes rigen hacia el futuro, pero pueden tener efecto inmediato sobre situaciones jurídicas en curso. Tal es el caso de las leyes procesales, pues ellas regulan actuaciones que en sí mismas no constituyen derechos adquiridos, sino formas para reclamar aquellos.

No obstante lo anterior, la regla general que se acaba de exponer según la cual las leyes procesales son de efecto general inmediato, si bien es la acogida como norma general por la legislación y también por la doctrina contemporánea, no emana de la Constitución, la cual, respecto de la regulación de los efectos de la ley en el tiempo, lo único que dispone categóricamente, como antes se dijo, es la garantía de los derechos adquiridos conforme a las leyes anteriores, los mencionados principios de legalidad y favorabilidad de la ley penal, y la constitucionalidad de la retroactividad de la ley expedida por razones de utilidad pública o interés social. Por lo tanto, en relación con los efectos de tránsito de legislación procesal, el legislador puede adoptar una fórmula diferente a la del efecto general inmediato y prescribir para algunas situaciones especiales la aplicación ultractiva de la ley antigua a todos los procesos en curso, pues, salvo los límites comentados, ninguna disposición superior se lo impide. Así como el legislador tiene competencia para mantener en el ordenamiento las leyes hasta el momento en que encuentra conveniente derogarlas, modificarlas o subrogarlas, de igual manera puede determinar el momento hasta el cual va a producir efectos una disposición legal antigua, a pesar de haber proferido otra nueva que regula de manera diferente la misma materia. La aplicación ultractiva, entendida como la determinación legal según la cual una ley antigua debe surtir efectos después de su derogación, tiene fundamento constitucional en la cláusula general de competencia del legislador para mantener la legislación, modificarla o subrogarla por los motivos de conveniencia que estime razonables. Ahora bien, a pesar de lo anterior, la competencia aludida del legislador no puede ejercerse desconociendo las normas superiores relativas a los derechos a la igualdad y al debido proceso, pues ellos en sí mismos constituyen límites generales a la libertad de configuración legislativa” (13) .

(13) Sentencia C-619 de 2001, M.P. Marco Gerardo Monroy Cabra.

De manera que no existe obstáculo que impida al legislador prolongar la vigencia de ciertas disposiciones legales cuando lo que se propone es alcanzar objetivos plausibles desde el punto de vista constitucional, como en efecto lo hizo en el parágrafo 2º del artículo 29 de la Ley 789 de 2002 al dejar vigente el antiguo régimen de indemnización por falta de pago solamente para los trabajadores que reciben salario mínimo, a fin de realizar el imperativo superior de proteger esta clase de remuneración.

Por las razones expuestas, la Corte desestima el cargo por violación del derecho a la igualdad y, en consecuencia, declarará la exequibilidad del aparte acusado del parágrafo segundo del artículo 29 de la Ley 789 de 2002.

6. Sobre el posible desconocimiento de los derechos adquiridos.

El actor afirma que el inciso primero del artículo 29 de la Ley 789 de 2002, al consagrar un nuevo régimen de indemnización por falta de pago, desconoce los derechos adquiridos de los trabajadores al antiguo régimen previsto en el artículo 65 del CST, con lo cual impide que obtengan una reparación justa y permite que sean burlados por los empleadores morosos, violando de esta forma los artículos 25 y 53 de la Constitución que ordenan la protección del trabajo y de los derechos adquiridos.

Para resolver la acusación ha de tenerse en cuenta lo siguiente:

El artículo 25 de la Constitución dispone que “el trabajo es un derecho y una obligación social y goza, en todas sus modalidades, de la especial protección del Estado”, y agrega que “toda persona tiene derecho a un trabajo en condiciones dignas y justas”. Es decir, que la ley debe rodear el trabajo humano de especiales condiciones de cuidado, estímulo, garantía y respeto. Acorde con este imperativo, la ley laboral (CST, art. 16) ha desarrollado como una de sus normas rectoras el que sus disposiciones son de orden público, por lo que tienen “efecto general e inmediato” y por tanto afectan los contratos de trabajo vigentes o en curso en el momento en que dichas normas empiecen a regir, “pero no tienen efecto retroactivo, esto es no afectan situaciones definidas o consumadas conforme a las leyes anteriores”.

Por su parte, el artículo 53 del ordenamiento superior dispone que la ley no puede menoscabar los derechos de los trabajadores. Y en el mismo sentido se orienta el artículo 58 ibídem al señalar que “se garantizan la propiedad privada y los demás derechos adquiridos con arreglo a las leyes civiles, los cuales no pueden ser desconocidos ni vulnerados por leyes posteriores”. De modo que una vez se ha consumado la situación jurídica e individual, y constituido así el derecho concreto, los derechos laborales entran al patrimonio de la persona y son intangibles frente a la nueva legislación.

Sobre la intangibilidad de los derechos adquiridos la Corte ha expresado:

“Configuran derechos adquiridos las situaciones jurídicas individuales que han quedado definidas y consolidadas bajo el imperio de una ley y que, en tal virtud, se entienden incorporadas válida y definitivamente o pertenecen al patrimonio de una persona. Ante la necesidad de mantener la seguridad jurídica y asegurar la protección del orden social, la Constitución prohíbe el desconocimiento o modificación de las situaciones jurídicas consolidadas bajo la vigencia de una ley, con ocasión de la expedición de nuevas regulaciones legales. De este modo se construye el principio de la irretroactividad de la ley, es decir, que la nueva ley no tiene la virtud de regular o afectar las situaciones jurídicas del pasado que han quedado debidamente consolidadas, y que resultan intangibles e incólumes frente a aquella, cuando ante una determinada situación de hecho se han operado o realizado plenamente los efectos jurídicos de las normas en ese momento vigentes” (14) (resaltado fuera de texto).

(14) Sentencia C-147 de 1997, M.P. Antonio Barrera Carbonell.

Así mismo, la Corte ha manifestado que el principio de irretroactividad de la ley no opera respecto de las meras expectativas:

“La noción de derecho adquirido ha sido ampliamente discutida por la ciencia jurídica, a fin de distinguirla de las meras expectativas, pues mientras el primero no puede ser desconocido por las leyes ulteriores, por el contrario las segundas no gozan de esa protección. Esta distinción se relaciona entonces con la aplicación de la ley en el tiempo y la prohibición de la retroactividad, pues en principio una norma posterior no puede desconocer situaciones jurídicas consolidadas durante la vigencia de una regulación anterior, pero en cambio la ley puede modificar discrecionalmente las meras probabilidades o esperanzas que se tienen de obtener algún día un derecho. A su vez, esta prohibición de la retroactividad es consustancial a la idea misma del derecho en una sociedad democrática, pues la regulación social a través de normas jurídicas pretende dirigir la conducta de personas libres, por lo cual es necesario que los individuos conozcan previamente las normas para que puedan adecuar sus comportamientos a las mismas. Una aplicación retroactiva de una ley rompe entonces no sólo la confianza de las personas en el derecho, con lo cual se afecta la buena fe sino que, además, desconoce la libertad y autonomía de los destinatarios de las normas, con lo cual se vulnera su dignidad” (15) (resaltado fuera de texto).

(15) Sentencia C-478 de 1998.

También debe señalarse que la intangibilidad de los derechos adquiridos no significa que la legislación deba permanecer petrificada indefinidamente y que no pueda sufrir cambios o alteraciones, y tampoco que toda modificación normativa per se desconozca derechos adquiridos, “pues nadie tiene derecho a una cierta y eterna reglamentación de sus derechos y obligaciones, ni aún en materia laboral en la cual la regla general, que participa de la definición general de este fenómeno jurídico, en principio hace aplicable la nueva ley a todo contrato en curso, aun si se tiene en cuenta aspectos pasados que aún no están consumados, y tiene por lo tanto efectos retrospectivos, de un lado, y profuturo, del otro” (16) .

(16) Corte Suprema de Justicia, Sala Plena. Sentencia 115 del 26 de septiembre de 1991, M.P. Jaime Sanín Greiffestein.

En el caso bajo examen es evidente que por razón del efecto general e inmediato que acompaña las normas laborales, la nueva reglamentación de la indemnización moratoria prevista en el artículo 29 de la Ley 789 de 2003 no puede afectar los derechos adquiridos de aquellos trabajadores que antes de comenzar a regir dicho ordenamiento legal habían concluido su relación laboral y, por tanto, se rigen por el mecanismo indemnizatorio previsto originalmente en el artículo 65 del CST cuando en presencia de tal circunstancia el empleador no cancela los salarios y prestaciones debidos al trabajador. El que el inciso impugnado no haga expresamente esta advertencia no significa que sea inconstitucional, pues se repite, dicha disposición laboral no tiene carácter retroactivo.

El actor se equivoca cuando afirma que el cambio legislativo operado con el artículo 29 de la Ley 789 de 2002 desconoce los derechos adquiridos de los trabajadores en relación con el régimen de indemnización por falta de pago consagrado en el artículo 65 del CST, pues está claro que en ejercicio de su competencia constitucional el legislador, atendiendo a las condiciones económicas y sociales del momento, puede introducir enmiendas a la legislación laboral, sin más límites que los que le imponga la misma Constitución y los derechos fundamentales de las personas (17) . Así lo hizo al modificar mediante el precepto censurado la indemnización por falta de pago, sin que en manera alguna pueda afirmarse que por esta sola circunstancia haya violado derechos adquiridos, pues, se repite, la ley rige hacia el futuro y nadie tiene derecho a una eterna reglamentación de sus eventuales derechos y obligaciones. Además, la norma debe interpretarse en armonía con lo dispuesto en el artículo 52 de la misma ley, que señaló como fecha de entrada en vigencia de las modificaciones la de la publicación de la ley (18) .

(17) Sentencia C-252 de 200, M.P. Carlos Gaviria Díaz.

(18) “ART. 52.—Derogatorias. La presente ley rige a partir de la fecha de su publicación y deroga las disposiciones que le sean contrarias”.

De otra parte, la Sala considera que si se aceptara que los efectos del artículo 38 de la Ley 153 de 1887 son asimilables en la esfera del derecho laboral, para sostener que en todo contrato de esta naturaleza se entenderán incorporadas las leyes vigentes al tiempo de su celebración, ello no implica que el esquema de la indemnización moratoria deba mantenerse inalterado en el tiempo y que el legislador no pueda introducir modificaciones en su contendido. Al respecto conviene recordar que las normas que regulan las relaciones laborales son de orden público, lo cual significa que la autonomía de la voluntad se restringe considerablemente ya que es el legislador el encargado de adoptar diseños normativos para ámbitos concretos como el de la indemnización moratoria, y de señalar sus efectos temporales, claro está, dentro del marco fijado por la Constitución.

Así, es incorrecto afirmar que el régimen de indemnización moratoria vigente hasta la expedición de la Ley 789 de 2002 se hace extensivo a todos los contratos suscritos antes de su promulgación, por cuanto el derecho a ese pago únicamente se consolida cuando a la fecha de terminación del vínculo laboral el empleador no cancela los salarios y prestaciones sociales al trabajador, pero en manera alguna nace al momento mismo de la celebración del contrato. Suponer lo contrario implicaría entonces la petrificación del ordenamiento y el menoscabo de principios constitucionales como la seguridad jurídica, tal y como lo ha señalado la propia Corte refiriéndose a los cambios normativos en materia pensional:

“Sin embargo, cabe preguntarse si este principio —igualdad— debe aplicarse de manera tal que toda mutación normativa, a través de la cual se pretenda cambiar la regulación legal preexistente, debe predicarse inconstitucional si permite la subsistencia temporal del régimen anterior, o no se retrotrae a regular situaciones consolidadas a su amparo. Este cuestionamiento se revela particularmente importante aplicado al ámbito de los derechos sociales y económicos, pues corresponde a su esencia, admitir un desarrollo progresivo, con arreglo a las posiciones políticas dominantes en las cámaras legislativas y, por supuesto, a la disponibilidad de recursos públicos.

Una respuesta positiva a este interrogante llevaría a la Corte a adoptar una de dos alternativas: (1) la petrificación del ordenamiento vigente en un determinado momento histórico, con menoscabo del principio democrático (C.P. arts. 1º, 2º, 3º, 40 y 150) y de la naturaleza misma del sistema jurídico o, (2) la aplicación retroactiva de toda ley posterior, en abierta contradicción con principios como el de la seguridad jurídica de tanta importancia para el desarrollo pacífico de una sociedad, en tanto condición de posibilidad para la realización de los derechos constitucionales fundamentales y para la progresiva evolución de una economía social de mercado (C.P. arts. 1º, 2º, 22, 333)” (19) .

(19) Corte Constitucional, Sentencia C-613 de 1996, M.P. Eduardo Cifuentes Muñoz. En el mismo sentido puede consultarse la Sentencia C-789 de 2002, M.P. Rodrigo Escobar Gil.

Ahora bien, la vigencia del principio de favorabilidad no aparece como relevante en esta oportunidad, pues aquel solamente adquiere sentido para desentrañar el sentido de una norma en beneficio del trabajador, cuando surgen dudas en la aplicación e interpretación de las mismas, pero no constituye fundamento para declarar inconstitucional una disposición por el simple hecho de que el legislador adopte una nueva regulación que podría ser menos lucrativa para el trabajador, si ella no desconoce el mandato de respeto a los derechos adquiridos.

Con todo, merece especial análisis la modificación que introduce la norma acusada en lo que tiene que ver con la mora judicial durante el trámite de reclamaciones laborales y los efectos que ello tiene para el trabajador.

7. La morosidad en el trámite de reclamaciones ante la jurisdicción ordinaria no puede traducirse en la pérdida de derechos para el trabajador.

Del contenido del inciso primero del artículo 29 de la Ley 789 de 2002 también se desprende que si el trabajador acude ante la jurisdicción ordinaria dentro de los 24 meses siguientes a la terminación de su relación laboral, pero vencido ese período el asunto aún no ha sido resuelto, el empleador solamente estará obligado a cancelar intereses moratorios porque se extingue desde entonces el deber de continuar con el pago de la indemnización moratoria como está concebida originariamente.

Dicho en otros términos, el trabajador pierde el derecho a recibir la indemnización moratoria desde el mes veinticinco (25) de no pago, cuando a pesar de haber promovido demanda ante la jurisdicción ordinaria la autoridad encargada de conocer de su caso no ha adoptado una decisión. Ello se traduce, en últimas, en que el sujeto más débil de la relación laboral —el trabajador—, se ve afectado como consecuencia directa de la tardanza de la administración de justicia en resolver sus demandas.

En efecto, si la persona acude ante los jueces en procura del pago de sus acreencias pero el asunto se mantiene indefinido durante un período prolongado, el derecho a recibir la indemnización moratoria se convierte en el derecho a recibir solamente cierta suma de dinero, pero ya no por concepto de la indemnización sino como renta de un capital que no le fue oportunamente entregado.

No obstante, a juicio de la Corte el diseño acogido por el legislador en este sentido consagra una exigencia que resulta desproporcionada para el trabajador y constituye un detrimento de sus derechos, en particular a recibir la indemnización moratoria, por cuanto aquel se vería afectado como consecuencia de una conducta que le es extraña: la tardanza de la administración de justicia en la definición de las controversias laborales.

Al respecto la Sala entiende que el trabajador mantiene intacto su derecho a la indemnización moratoria si dentro de los 24 meses siguientes a la ruptura de su nexo contractual reclama por la vía ordinaria el pago de sus acreencias insolutas, toda vez que con ello cumple con el propósito que llevó al legislador a plantear la reforma, es decir, evitar un reclamo judicial tardío con el fin de recibir una cuantiosa suma de dinero.

Ahora bien, esto no significa que el empleador sea entonces quien debe soportar la carga de la mora judicial, porque aquel cumplirá con su obligación con el hecho de consignar ante el juez del trabajo o ante la primera autoridad política del lugar la suma que confiese deber mientras la justicia decide la controversia, como expresamente lo dispone el numeral 2º del artículo 29 de la Ley 789 de 2002 en los siguientes términos:

(…) 2. Si no hay acuerdo respecto del monto de la deuda, o si el trabajador se niega a recibir, el empleador cumple con sus obligaciones consignando ante el juez de trabajo y, en su defecto, ante la primera autoridad política del lugar, la suma que confiese deber, mientras la justicia de trabajo decide la controversia.

Así las cosas, el empleador se libera de la indemnización moratoria efectuando el depósito judicial correspondiente y con ello evita que termine afectado por la eventual lentitud del sistema de administración de justicia.

Las razones expuestas son, pues, suficientes para desestimar los cargos por violación de los artículos 25 y 53 de la Constitución Política, salvo en el caso de la expresión “o presentara la demanda, no ha habido pronunciamiento judicial”, contenida en el inciso 1º del artículo 29 de la Ley 789 de 2002, que será declarada inexequible.

8. La solicitud de constitucionalidad condicionada propuesta por el Ministerio Público.

Análisis separado también merece la solicitud que ha hecho la jefe (E) del Ministerio Público, quien no obstante estar de acuerdo con la exequibilidad de las disposiciones impugnadas, considera que los incisos primero y segundo del artículo 29 de la Ley 789 de 2002 deben ser declarados exequibles en el entendido que a partir del mes veinticinco de mora y hasta cuando efectivamente se pague lo adeudado, deben liquidarse intereses moratorios sobre los conceptos de salarios y prestaciones sociales debidos, previa corrección monetaria sobre lo adeudado, desde el primer día hasta cuando efectivamente se realice el pago, con la finalidad de preservar el valor real de la acreencia. Para la vista fiscal conviene hacer este condicionamiento de exequibilidad, por cuanto de esta forma se le permitirá al trabajador recuperar en justicia lo adeudado por el empleador a la terminación de la relación laboral.

La Corte juzga oportuno estudiar dicha petición, pues si bien es cierto ella no guarda relación alguna con los cargos que ha planteado el actor en su demanda, también lo es que la decisión de exequibilidad que se ha tomado en relación con el numeral 1º del artículo 29 de la Ley 789 de 2002, podría implicar que el anterior cuestionamiento no pudiera ser considerado nuevamente por esta corporación en razón del carácter de cosa juzgada que acompaña sus pronunciamientos (C.P. art. 243).

Según la procuradora (E), el nuevo régimen de indemnización moratoria previsto en el artículo 29 de la Ley 789 de 2002 consta de dos mecanismos: el primero, de carácter sancionador e indexatorio, consistente en el pago de una suma equivalente a un salario diario por cada día de retraso hasta por 24 meses o hasta cuando el pago se verifique si el período es menor; y, el segundo, de estirpe simplemente indemnizatoria, mediante el cual a partir del mes 25, y hasta que el pago se verifique, el empleador debe pagar intereses moratorios a la tasa máxima de créditos de libre asignación certificados por la Superintendencia Bancaria, cuando el trabajador no ha iniciado su reclamación por la vía ordinaria o si presentada la demanda no ha habido pronunciamiento judicial.

Varias razones llevan a la Corte a considerar improcedente tal solicitud. De un lado, el hecho de que esta misma corporación al estudiar una demanda contra las expresiones “a la terminación del contrato” del artículo 65 del CST, haya considerado que el mecanismo de la indemnización moratoria allí consagrado está orientado precisamente a compensar la pérdida del poder adquisitivo del dinero en manos del empleador. Se dijo entonces:

“…el artículo 65 del CST, en el numeral 1º acusado, establece la indemnización moratoria —también llamada en el lenguaje corriente “salarios caídos”— en la forma de una reparación a cargo del empleador que retarda el pago de los salarios y prestaciones sociales que se le adeudan al trabajador al momento de la terminación del respectivo contrato de trabajo, consistente en una suma igual al último salario diario por cada día de demora en la cancelación de lo adeudado. Se presenta así un mecanismo de apremio al empleador que demora dichos pagos cuando ya no existe una acción con origen contractual para hacerlos exigibles pero que permite compensar la pérdida del poder adquisitivo del dinero del trabajador, por permanecer en manos del empleador(20) (resalta la Corte).

(20) Sentencia C-079 de 1999, M.P. Martha Victoria Sáchica Méndez.

De otro lado, también milita la circunstancia de que en relación con el pago simultáneo de intereses moratorios e indexación la jurisprudencia de esta corporación (21) haya señalado que el pago de intereses moratorios busca que el salario y las prestaciones sociales, conserven su valor real, por lo cual resulta incompatible el pago de esos dos conceptos al mismo tiempo pues ambos persiguen la idéntica finalidad que es compensar la pérdida del valor adquisitivo del dinero. Por ello, de proceder el pago concurrente de los mismos se tornaría desproporcionada la sanción moratoria consagrada en el artículo 29 de la Ley 789 de 2002 (22) .

(21) Sentencia T-531 de 1999, M.P. Antonio Barrera Carbonell.

(22) Sobre la incompatibilidad entre el pago de intereses moratorios e indexación también se puede consultar la Sentencia C-231 de 2003, M.P. Eduardo Montealegre Lynett.

Además se equivoca la procuradora (E) al sostener que la jurisprudencia de la Sala de Casación Laboral con anterioridad había reconocido la procedencia del pago coetáneo de la indemnización moratoria y la indexación, pues, por el contrario, lo que ese alto tribunal ha expresado es que “cuando no sea pertinente en una sentencia la condena de indemnización moratoria por el pago oportuno de prestaciones sociales, por cuanto no se trata de una indemnización automática, es viable aplicar entonces la indexación o corrección moratoria en relación con aquellas prestaciones que no tengan otro tipo de compensación de perjuicios por la mora, o que no reciban reajuste con el costo de vida...” (23) .

(23) Corte Suprema de Justicia, Sala de Casación Laboral. Sentencia del 20 de mayo de 1992. Radicación 4645.

Finalmente, la Corte no se pronunciará respecto del reclamo del actor de que el inciso primero del artículo 29 de la Ley 789 de 2002 fomenta la morosidad de la justicia y de los empleadores, pues evidentemente se trata de reparos que no se derivan del contenido normativo del precepto impugnado sino de su aplicación práctica. Al respecto, no sobra recordar que en forma reiterada la jurisprudencia ha señalado que para que la Corte pueda analizar una acusación contra un precepto que es objeto de su control, es menester que el actor cumpla con la carga mínima de presentar argumentos de índole constitucional que pongan de presente la existencia de una contradicción entre lo impugnado y los dictados del ordenamiento superior (24) .

(24) Sobre este punto se pueden consultar, entre otras, las sentencias C-712 de 1998, C-645 de 2000, C-955 de 2000, C-1052 de 2001.

VII. Decisión

En mérito de lo expuesto, la Sala Plena de la Corte Constitucional, administrando justicia en nombre del pueblo y por mandato de la Constitución,

RESUELVE:

1. Declarar EXEQUIBLE en lo acusado, el inciso primero del artículo 29 de la Ley 789 de 2003 (sic), salvo la expresión “o si presentara la demanda, no ha habido pronunciamiento judicial”, que se declara INEXEQUIBLE.

2. Declarar EXEQUIBLE en lo acusado, el parágrafo segundo del artículo 29 de la Ley 789 de 2003 (sic).

Notifíquese, comuníquese, publíquese, insértese en la Gaceta de la Corte Constitucional y archívese el expediente».

NOTA: La sentencia C-781 fue notificada por edicto Nº 268, fijado el 6 de noviembre de 2003 y desfijada el 10 de noviembre siguiente (N. del D.).

SALVAMENTO PARCIAL DE VOTO

EXTRACTOS: «A nuestro juicio, el artículo 65 numeral 1º del Código Sustantivo del Trabajo, con la redacción que a él se le dio por el artículo 29 de la Ley 789 de 2002, es contrario a la Constitución en su integridad si se aplica a contratos laborales surgidos a la vida jurídica antes de la fecha de iniciación de la vigencia de esa ley, y, en tal virtud, debería haberse declarado por la Corte su exequibilidad condicionada a la no aplicación de lo allí dispuesto a los contratos existentes en esa fecha, lo que no se hizo por la Corte.

Conforme al artículo 150 de la Constitución el Congreso de la República puede ejercer la atribución de dictar las leyes para la expedición o la reforma de los códigos en todos los ramos de la legislación, atribución que aquí no es objeto de la discusión.

No obstante, para los suscritos magistrados es claro que la nueva regulación de la indemnización por falta de pago al trabajador en las hipótesis comprendidas en el artículo 65 del Código Sustantivo del Trabajo, según lo dispuesto por el artículo 29 de la Ley 789 de 2002, debe regir para el futuro, es decir para aquellos contratos de trabajo que nazcan a la vida jurídica a partir de la vigencia de la citada ley, o sea, desde el 27 de diciembre de 2002, fecha en la cual fue publicada esa ley en el Diario Oficial Nº 45.046.

A esa conclusión se llega, sin ningún esfuerzo, si se tiene en cuenta que de acuerdo con lo dispuesto por el artículo 38 de la Ley 153 de 1887, “en todo contrato se entenderán incorporadas las leyes vigentes al tiempo de su celebración”. Ello significa, entonces, que en virtud de la norma acabada de mencionar, las leyes que regulan un contrato en cuanto sean supletivas de la voluntad de los particulares, o sean de carácter imperativo por razones de orden público, forman parte de ese contrato ante el silencio de las partes, por expresa disposición del legislador en la primera hipótesis y, desde luego si se trata de normas de orden público no pueden ser desconocidas ni alteradas por los contratantes, pues en tal caso nada pueden convenir en contrario los particulares.

Si ello es así en la legislación civil y mercantil, a fortiori lo es en los contratos laborales, máxime si se tiene en cuenta que conforme al artículo 25 de la Constitución Política el trabajo, en todas sus manifestaciones, gozará de la especial protección del Estado, norma esta que guarda estrecha armonía con el artículo 53 de la Carta en el cual se establece, sin lugar a duda alguna, que uno de los principios aplicables a las relaciones laborales es el de la irrenunciabilidad a los beneficios mínimos establecidos en normas laborales, por lo cual no pueden ser objeto de transacción ni conciliación los derechos ciertos e indiscutibles de los trabajadores.

De esta suerte, en los contratos laborales suscritos con anterioridad a la vigencia de la Ley 789 de 2002, se incorporó, por ministerio de la ley, la norma contenida en el artículo 65 del Código Sustantivo del Trabajo entonces vigente. Por ello, si a la terminación del contrato de trabajo no se le cancela al trabajador íntegramente el valor de los salarios y prestaciones debidos, salvo retención autorizada por la ley o convenio celebrado por las partes sobre el particular, la indemnización a que tiene derecho el trabajador, será de “una suma igual al último salario diario por cada día de retardo”, que es lo que en el lenguaje de uso diario y en algunas sentencias de la jurisdicción laboral se ha conocido como “salarios caídos”, por todo el tiempo que dure la mora en el pago al trabajador.

Esa es la razón por la cual nos separamos de lo resuelto en la Sentencia C-781 de 10 de septiembre de 2003, pues la declaración de exequibilidad parcial del inciso primero del artículo 29 de la Ley 789 de 2002 sin condicionarla en el sentido de no ser aplicable a los contratos de trabajo celebrados antes de la vigencia de esa ley (dic. 27/2002), desconoce derechos claros e indiscutibles de los trabajadores cuyo contrato laboral surgió a la vida jurídica con anterioridad a esa fecha. Por ello salvamos nuestro voto».

Alfredo Beltrán Sierra—Jaime Córdoba Triviño. 

ACLARACIÓN DE VOTO

Muy respetuosamente me permito presentar las razones de mi aclaración de voto solo sobre la parte que se declaró exequible, pues voté la parte declarada inexequible, en la Sentencia C-781 del 10 de septiembre de 2003.

El desacuerdo versa sobre dos temas filosófico-conceptuales, que son el valor constitucional del trabajo y la igualdad.

El primero, el trabajo en el sistema constitucional tiene una gran protección al estar consagrado en el preámbulo, en el artículo 1º como principio fundamental, en el artículo 25 como derecho y deber y el artículo 53 de la Constitución. La protección constitucional del trabajo no es solo para el tiempo durante el cual se está trabajando, sino que cobija las consecuencias o riesgos del trabajo: enfermedad, invalidez, etc.; y se extiende y continúa aún cuando el trabajador deje de trabajar: cesantías, pensiones, etc. La propia seguridad social está construida sobre el concepto del trabajo: quien ha trabajado y ayudado al patrono a crear riqueza debe ser auxiliado por este en los riesgos de su trabajo o cuando le ha entregado todas sus fuerzas. Quien ha cesado en su trabajo y ahora no lo tiene, necesita una protección mayor que quien continúa laborando, pues debe vivir de sus prestaciones o cesantías mientras consigue un nuevo trabajo y esto afecta por igual a quien tiene uno o más salarios mínimos.

El otro tema es el de la igualdad, que fue planteado por el demandante y que en este caso concreto, es necesario precisar algunos conceptos que hace más inteligible la problemática de la igualdad y sus reglas de distribución.

Antes de determinar lo que las convierte en igualitarias o desigualitarias, examinaremos brevemente la estructura de las reglas de distribución. Tales reglas especifican, explícita o implícitamente, lo siguiente: 1) un beneficio (por ejemplo, un voto) o una carga (por ejemplo, un año de servicio militar) que se debe distribuir; 2) un grupo de referencia —es decir, una clase de personas a quienes se pretende aplicar la regla, definidas a menudo por una característica común (por ejemplo, todos los ciudadanos); 3) un grupo seleccionado; es decir, una subcategoría del grupo de referencia a quien se distribuye el beneficio o la carga (por ejemplo, todos los ciudadanos de determinada edad) (1) .

(1) Oppenheim, Félix E., Conceptos Políticos una Reconstrucción, Edit. Temis, 1987, pág. 78.

Las reglas que asignan beneficios o cargas, especialmente aquellas decretadas por ley, operan en un contexto históricamente determinado. Por consiguiente, son consideradas más adecuadamente como reglas de redistribución. Hay una distribución que puede ser el resultado de la aplicación de cierta regla formal de distribución, o puede ser la consecuencia de una costumbre. Cuando se introduce una regla nueva (por ejemplo, cuando se promulga una ley) que redistribuye los beneficios o las cargas, cambia la proporción del grupo seleccionado respecto al grupo de referencia. Como politólogo, queremos determinar si tal regla de redistribución es igualitaria y en qué grado. Para ello hemos de comparar la distribución dada históricamente con la distribución que resulta de la aplicación de la regla.

Definición: Respecto a una distribución dada (y respecto a un grupo de referencia dado), una regla de redistribución de beneficios o cargas determinadas es más igualitaria cuanto mayor sea la proporción del grupo seleccionado respecto al grupo de referencia después de la aplicación de la regla, en comparación con la distribución original.

En otras palabras, la asignación es tanto más igualitaria cuanto más igualitaria sea la aplicación de la regla. Viceversa, una regla de redistribución es tanto más desigualitaria, cuanto más reduzca el tamaño del grupo seleccionado.

¿Admitir 400, de los 600 que hicieron la solicitud para entrar a la Universidad, es una política igualitaria o desigulitaria? Depende. Si el año anterior fueron admitidos 300 de los 600 que hicieron la solicitud, admitir 400 incrementa la proporción del grupo seleccionado; en consecuencia, esta nueva política constituye una regla de distribución más igualitaria. Pero esta misma política es desigualitaria si anteriormente se admitió a 500 de los 600 que hicieron la solicitud. La Constitución francesa de 1791 era igualitaria no porque sustituyera nobleza por propiedad como criterio para conferir el derecho de voto, sino porque amplió el sufragio a un número mucho mayor de ciudadanos (o sea, a más de la mitad de todos los varones adultos que pagaban cierto número de impuestos). Respecto a esta situación histórica, la posterior introducción del sufragio universal constituyó de nuevo una redistribución igualitaria del derecho de voto (2) .

(2) Ibídem, pág. 83 y 84.

Caso concreto

En el caso concreto que nos ocupa, fue el propio legislador quien avocó el tema de la igualdad, ya que discriminó entre unos trabajadores y otros, al negar el derecho a los trabajadores que devenguen más de un salario mínimo mensual vigente, que son la mayoría de los trabajadores. Habiendo puesto el legislador, sobre la mesa el tema de la igualdad, no puede el Tribunal Constitucional sustraerse a él y dejar de pronunciarse sobre una regla de redistribución desigualitaria.

Como quiera que la regla que se consagra en la ley hace menor al grupo seleccionado, esto es, quienes tenían el derecho contemplado en el artículo 65 del Código Sustantivo del Trabajo, respecto del grupo de referencia, esto es todos los trabajadores a los cuales el empleador no paga a la terminación del contrato de trabajo es que la norma viola la Constitución al desconocer la igualdad de unos trabajadores con otros, ya que todos son trabajadores y a todos se les termina el contrato de trabajo sin que se les paguen salarios y prestaciones debidas.

En este caso estamos ante una regla que aumenta la desigualdad e inequidad entre los trabajadores. Lo que hace la nueva regla de distribución es discriminar a los trabajadores. Cuando a un grupo es sustraído de un beneficio lo estoy discriminando y no estoy dando un privilegio, por cuanto antes los trabajadores tenían dicho derecho y ahora no. El legislador tiene una cierta capacidad de configuración dentro de la Constitución; pero si la configuración toca la igualdad el Tribunal Constitucional está obligado a garantizarla. El Tribunal Constitucional está obligado a pronunciarse sobre el tema de la igualdad, ya que el propio legislador está estableciendo un trato discriminatorio entre los trabajadores y eso viola el principio fundamental de la igualdad, lo que hace inconstitucional la norma.

Jaime Araújo Rentería. 

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