Sentencia C-782 de julio 25 de 2001 

CORTE CONSTITUCIONAL 

SALA PLENA

SENTENCIA C-782 DE 2001 

Ref.: Expediente D-3352

Magistrado Ponente:

Dr. Manuel José Cepeda Espinosa

Actor: Tito Enrique Orozco Prada

Demanda de inconstitucionalidad contra la Ley 609 de 2000

“Por medio de la cual la República de Colombia exalta la memoria del General Gustavo Rojas Pinilla, al cumplirse el primer centenario de su nacimiento”.

Bogotá, D.C., julio veinticinco de dos mil uno.

EXTRACTOS: «II. Norma demandada

El texto de la disposición demandada, de conformidad con su publicación en el Diario Oficial 44.133 del 18 de agosto de 2000 es el siguiente:

“LEY NÚMERO 609 DE 2000

(Agosto 18)

Por medio de la cual la República de Colombia exalta la memoria del General Gustavo Rojas Pinilla, al cumplirse el primer centenario de su nacimiento.

El Congreso de Colombia

DECRETA:

ART. 1º—La República de Colombia exalta la memoria del General Gustavo Rojas Pinilla, al cumplirse el primer centenario de su nacimiento, ocurrido el 12 de marzo de 1900, a quien fuera primer mandatario de los colombianos, egregio militar, insigne conductor del pueblo, paradigma de nuestra nacionalidad, dirigente político y estadista ejemplar, luchador infatigable por la justicia social y la paz, cuyo pensamiento penetró en lo más profundo de la conciencia colectiva.

ART. 2º—Como homenaje permanente a su memoria y para conmemorar el centenario de su nacimiento que se cumplirá el próximo 12 de marzo del año 2000, autorícese una serie de eventos, acciones y proyectos que permitan consolidar el recuerdo del caudillo desaparecido.

ART. 3º—Autorízase al gobierno para la emisión de una estampilla que deberá estar en circulación por los mismos días que se celebra el natalicio del ilustre presidente, el 12 marzo del año 2000, con la siguiente leyenda Gustavo Rojas Pinilla “Paz, justicia y libertada”.

ART. 4º—Para la construcción del auditorio Gustavo Rojas Pinilla, en la Universidad Pedagógica y Tecnológica de Tunja, el Gobierno Nacional autorizará la suma de dos mil cuatrocientos diez millones de pesos ($ 2.410.000.000).

ART. 5º—Para la adecuación del edificio municipal de la ciudad de Tunja se autorizará por cuenta del Gobierno Nacional la suma de tres mil ciento millones de pesos ($ 3.100.000.000).

ART. 6º—El Gobierno Nacional, por medio de la Unidad Especial de Aeronáutica Civil, autorizará la suma de setecientos veinte millones de pesos ($ 720.000.000) para la terminación de las obras, estudios, diseños, adecuaciones, dotaciones de radioayudas, iluminación y equipos necesarios para una apropiada operación del aeropuerto Gustavo Rojas Pinilla de la ciudad de Tunja).

ART. 7º—Para el rescate del patrimonio histórico de la ciudad de Tunja, Cojines del Zaque, la Capilla de San Lorenzo, la Casa del Fundador, Piedra de Bolívar o Loma de los Ahorcados y la Iglesia de Santa Bárbara, el Gobierno Nacional, a través del Ministerio de Cultura, autorizará una partida de dos mil millones de pesos ($ 2.000.000.000).

ART. 8º—El Gobierno Nacional recopilará y editará las obras que conciernen a su pensamiento de militar, estadista y conductor político. Igualmente, con la participación de la Academia Boyacense de Historia publicará las biografías de los presidentes de Colombia nacidos en Boyacá.

Inravisión, producirá y divulgará una documental con la vida y obra de cada uno de los presidentes referidos.

Las obras se distribuirán en todas las bibliotecas, universidades, colegios y academias del país.

ART. 9º—La presente ley rige a partir de la fecha de su sanción y deroga cualquier disposición en contra.

República de Colombia-Gobierno Nacional

Publíquese y ejecútese.

Dada en Santafé de Bogotá, D.C. a 11 de agosto de 2000”.

VI. Consideraciones y fundamentos

1. Competencia.

La Corte es competente para conocer del proceso de la referencia, de acuerdo con lo establecido en el artículo 241, numeral 4º de la Constitución Política.

2. Problema jurídico.

2.1. Corresponde a la Corte Constitucional precisar en qué medida la autorización de gasto público que a través de una ley hace el Congreso Nacional, configura una violación al régimen constitucional de competencias en manera presupuestal compartido entre las ramas legislativa y ejecutiva. Al mismo tiempo, se deberá precisar si tal autorización de gasto, cuando está contenida en una ley que exalta la memoria de un personaje público, resulta contraria al principio de unidad de materia.

2.2. Ahora bien: este problema central está acompañado por otras acusaciones atinente a la inobservancia de ciertos requisitos dentro del proceso de expedición de la Ley 609 de 2000 y a la imposibilidad de conceder honores a una persona que ha sido declarada indigna en el ejercicio de su cargo por la autoridad competente. Por esta razón, se procederá a (i) analizar los cargos presentados en contra del proceso legislativo surtido en la expedición de la Ley 609 de 2000; luego (ii) se hará una breve referencia al proceso de rehabilitación de los derechos y funciones públicas del ex general Gustavo Rojas Pinilla; y, finalmente, (iii) se precisará cuál es el alcance de las normas que autorizan la realización de gasto público.

3. De los vicios en el proceso de expedición de la ley 609 de 2000.

3.1. Señala el actor que el texto publicado del proyecto de la Ley 609 de 2000 que fue aprobado en segundo debate por la plenaria de la Cámara (20) difiere sustancialmente del artículo final, tal y como fue sancionado por el Presidente de la República e incorporado en el Diario Oficial para efecto de su promulgación (21) . De esta circunstancia se deriva el cargo de inconstitucionalidad, pues para el demandante es evidente la irregularidad en el trámite de aprobación de la referida ley (22) .

(20) En efecto, el Proyecto de Ley número 100/99 del Senado y 254/2000 de la Cámara de Representantes “por medio de la cual la República de Colombia exalta la memoria del general Gustavo Rojas Pinilla, al cumplirse el primer centenario de su nacimiento”, comenzó su proceso de trámite legislativo a través de la Comisión Segunda Constitucional Permanente del Senado de la República el 13 de septiembre de 1999, siendo debatido y aprobado por esta célula congresional y, luego, por la Plenaria del Senado, por la Comisión Segunda de la Cámara de Representantes y por la Plenaria de esta corporación, respectivamente. Así, en la gaceta del Congreso Nº 241 del 27 de junio de 2000 se publicó el texto para segundo debate del referido proyecto de ley, mismo que

fue aprobado por la Plenaria de la Cámara de Representantes tal y como lo certifica el secretario general de dicha corporación, y que posteriormente fue analizado por una comisión accidental para conciliar los textos aprobados por el Congreso y la Cámara y remitirlo al señor Presidente de la República para su sanción (Crf. el expediente legislativo de la L. 609/2000 —sin foliar—).

(21) Cfr. Diario Oficial 44.133 del 18 de agosto de 2000.

(22) Cfr. folio 2 del expediente.

Como bien lo advierte el señor Procurador, este cargo se basa en el recuento incompleto del proceso de discusión y aprobación cumplido por la Ley 609 de 2000, pues una vez que se aprobó el Proyecto de Ley por la Plenaria de la Cámara (surtiéndose así su último debate constitucional) (23) , se encontraron diferencias entre los textos del articulado estudiados por el Senado de la República y por la Cámara de Representantes (24) , siendo necesaria la integración de una comisión accidental encargada de revisar integralmente el proyecto de ley. El 20 de junio de 2000, esta comisión presentó un informe ante la plenarias del senado y de la Cámara en el que se sometía a consideración final por parte de dicha corporación “como título del proyecto, el aprobado por la Honorable Cámara de Representantes y como cuerpo del articulado, el aprobado por el Senado de la República” (25) . Dicho texto fue finalmente aprobado, el mismo día, por una y otra corporación (26) .

(23) En la sesión plenaria del 15 de junio de 2000 “fue considerado y aprobado por unanimidad de los presentes (138 H. Representantes de la Cámara), el informe con que termina la ponencia para segundo debate, el título y el articulado sin modificaciones al proyecto de ley 254 de 2000 (C) -100 de 1999 (S) por medio de la cual la República de Colombia exalta la memoria del General Gustavo Rojas Pinilla, al cumplirse el primer centenario de su nacimiento” (ver la certificación del secretario general de la Cámara de Representantes al respecto, contenida en el expediente legislativo de la L. 609/2000 sin —foliar—).

(24) Las diferencias tienen que ver con sumas de dinero aprobadas por una y otra Cámara para la realización de obras, cantidades que fueron disminuidas y unificadas (v.gr. la contenida en el art. 9º del Proyecto de Ley) en el informe presentado por la comisión accidental (Cfr. Gaceta del Congreso Nº 460, nov. 22/99, pág. 8 y Nº 241, jun. 27/2000 —pág. 15—).

(25) Cfr. el expediente legislativo de la Ley 609 de 2000 —sin foliar— en el que aparece el informe de la comisión accidental.

(26) Cfr. el expediente legislativo de la Ley 609 de 2000 —sin foliar— en el que reposa constancia del secretario general de la Cámara de Representantes certificando la aprobación del informe presentado por la comisión accidental.

Surtido este trámite en el Congreso, el proyecto fue enviado al señor Presidente de la República para su sanción. Sin embargo, mediante escrito remitido al Presidente del Senado de la República el 17 de julio de 2000, el Presidente de la República puso en conocimiento de la rama legislativa varias objeciones en contra de los artículos cuatro, cinco, nueve, diez, once, catorce, y quince del proyecto, por tratarse de normas que autorizaban la realización de obras “que requieren de la iniciativa del gobierno” (27) ; consagraban en cabeza del ejecutivo “obligaciones que de acuerdo con las competencias establecidas en la Constitución Política y en la Ley 60 de 1993, corresponden a los municipios” (28) ;y, desconocían “la autonomía consagrada a favor de las entidades territoriales para la administración y disposición del gasto” (29) . Estas objeciones fueron analizadas por una comisión accidental conformad para el efecto, concluyendo que “el ejecutivo tiene razones suficientes para no estar de acuerdo con lo aprobado por el Congreso de la República” (30) . Se procedió así, a eliminar dichas disposiciones del articulado del proyecto referido. El texto final fue aprobado por las plenarias del Senado y Cámara (31) y en esos términos fue sancionado y promulgado por el Presidente de la República el 11 de agosto de 2000.

(27) El artículo 4º del proyecto objetado autorizaba al Gobierno Nacional para efectuar las gestiones necesarias con el fin de convocar a un concurso para la elaboración de los diseños que se utilizarían en la construcción del paseo de la República en la ciudad de Tunja, también avalada por la norma. Tal autorización es contraria a los artículos 150 numeral 9º y 154 de la Constitución en lo relativo a la contratación pública (Cfr. expediente legislativo de la L. 609/2000 —sin foliar—).

(28) Esto ocurría en los artículos cinco, nueve, diez, once y catorce del Proyecto de Ley que autorizaban una serie de obras de infraestructura (v.gr. la construcción y adecuación de un museo o la construcción de un colegio) cuya realización corresponde a otras autoridades (Cfr. expediente legislativo de la L. 609/2000 —sin foliar—).

(29) El artículo 15 del Proyecto de Ley objetado disponía que el municipio de Tunja debía aportar el cinco por ciento (5%) del costo de las obras autorizadas como cofinanciación, la cual estaría representada en bienes y servicios (Cfr. expediente legislativo de la L. 609/2000 —sin foliar—).

(30) Cfr. expediente legislativo de la Ley 609 de 2000 —sin foliar.

(31) Sobre el particular, los secretarios generales del Senado y de la Cámara certifican la aprobación del informe presentado por la comisión accidental en el que se aceptan la objeciones presentadas por el Presidente de la República (Cfr. expediente legislativo de la L. 609/2000 —sin foliar—).

Se puede afirmar, entonces, que la Ley 609 de 2000 cumplió con el procedimiento fijado en la Constitución (C.P., art. 157) y en la ley (L. 5ª/92, arts. 186 a 189 y 196 a 201) para su expedición.

3.2. Por otra parte, el actor estima que en el trámite de la Ley 609 de 2000 no se acataron los términos referidos en la Carta Política que señalan que entre el primero y segundo debates deberá mediar un lapso no inferior a ocho días, y entre la aprobación del proyecto en una de las cámaras y la iniciación del debate en la otra, deberá transcurrir por lo menos quince días (C.P., art. 160).

Este cargo tampoco está llamado a prosperar, porque luego de estudiar integralmente el expediente legislativo de la Ley 609 de 2000, se logró constatar que en el Senado de la República, la Comisión Segunda aprobó el texto del Proyecto de Ley (incluidas las modificaciones hechas al mismo) el 23 de noviembre de 1999, por su parte, la plenaria del Senado lo aprobó el 28 de marzo de 2000. De otro lado, la Comisión Segunda de la Cámara de Representantes estudió y aprobó el aludido Proyecto de Ley el 24 de mayo de 2000 y la plenaria de esta corporación lo hizo el 19 de julio del mismo año. Se tiene, así, que entre los debates y la aprobación suscitadas en las comisiones de cada cámara y su estudio por parte de las respectivas plenarias transcurrieron más de ocho días; igualmente el término que hubo entre la aprobación del proyecto en segundo debate por parte de la plenaria del Senado y su estudio por parte de la Comisión Segunda de la Cámara superó los quince dias (32) . El artículo 160 superior fue obedecido integralmente.

(32) Cfr. expediente legislativo de la Ley 609 de 2000 —sin foliar.

3.3. El último de los reparos que sobre el proceso de expedición de la Ley 609 de 2000 presenta el actor tiene que ver con una expresión contenida en el artículo primero, de acuerdo con el cual, es la República de Colombia en vez del Congreso de la República, como a su juicio debería de ser, quien exalta la memoria del ex general Gustavo Rojas Pinilla. Éste es, sin duda, un argumento excesivamente formalista pues la referencia contenida en la Constitución —artículos 150 y 169— a la función reconocida a la rama legislativa para hacer las leyes y la necesidad de titularlas de manera que se establezca que es el Congreso Nacional el que hace una ley, son plenamente acatadas en esta oportunidad. En efecto, el texto de Ley 609 de 2000 inicia con la expresión “el Congreso de Colombia decreta:”.

Ahora bien: si lo que se pretende con la presentación del cargo, en los términos reseñados, es polemizar sobre el contenido y significados políticos que entraña la invocación de la República de Colombia en vez del Congreso de la República como sustento de la exaltación que se hace de una figura pública a la que se rinde homenaje, el accionante no presenta ningún argumento de constitucionalidad respecto del cual este tribunal pudiera versar su pronunciamiento.

4. Sobre la rehabilitación de los derechos y garantías políticas del ex general Gustavo Rojas Pinilla.

4.1. Tampoco el cargo que se apoya en la declaración de indignidad que profirió el Senado de la República en cabeza del ex general Gustavo Rojas Pinilla por actor cometidos en ejercicio de su cargo como Presidente de la República presenta un reparo de rango constitucional en contra de la Ley 609 de 2000. Más allá de las apreciaciones políticas e históricas sobre la época en la que Rojas Pinilla fue Presidente de la República y figuró como personaje público —totalmente ajenas al juicio que realiza la Corte—, lo cierto es que respecto del proceso penal adelantado por la Corte Suprema de Justicia por la presunta comisión de hechos delictivos en ejercicio de la presidencia (33) , La Sala Penal de esa corporación decidió “absolver [al] señor Gustavo Rojas Pinilla, por el delito de concusión que le fue imputado en el presente proceso” (34) .

(33) Cfr. Corte Suprema de Justicia Sala Penal. Sentencia del 31 de julio de 1963 M.P. Julio Roncallo Acosta. Publicaciones aparecidas en algunos periódicos capitalinos que versaban sobre presuntas irregularidades cometidas por Gustavo Rojas Pinilla en ejercicio de su cargo como Presidente de la República dieron pie para que la Cámara de Representantes abriera una investigación por tales hechos (en aplicación del artículo 102 numeral 5 de la Constitución de 1886), que terminó en una acusación que se contrajo a los siguientes cargos: (i) indignidad por mala conducta en ejercicio de la Presidencia de la República; (ii) violación de la Constitución Nacional vigente (art. 120, nums. 12 y 15); y, (iii) haber cometido delito de concusión (Código Penal, art. 156). De las acusaciones contenidas en (i) y (ii) conoció el Senado de la República declarando la indignidad del ex presidente, respecto de (iii) el órgano competente para su conocimiento era la Corte Suprema de Justicia.

(34) Cfr. ibíd. Corte Suprema de Justicia. Sentencia del 31 de julio de 1963.

Respecto de la declaratoria de indignidad hecha por el Senado de la República, y la posterior solicitud de rehabilitación del ex general en sus derechos políticos también tuvo conocimiento la Sala Penal de la Corte Suprema de Justicia (35) , quien al confirmar la sentencia de primera instancia que la concedió, afirmó que “al no ser de competencia del Senado de la República la rehabilitación de sus propios condenados, corresponde a la Sala Penal del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Bogotá —sede de aquella corporación— esa función rehabilitadora en el evento sub judice, puesto que así lo indica una recta interpretación de los cánones constitucionales y preceptos de la Ley 63 de 1945 que reglamentan el instituto en cuestión” (36) . Por estas razones, el cargo formulado por el demandante no está llamado a prosperar.

(35) Cfr. Corte Suprema de Justicia Sala Penal. Sentencia del 16 de octubre de 1967 M.P. Luis Carlos Zambrano. En esta oportunidad se confirmó el fallo proferido en primera instancia por el Tribunal Superior de Bogotá mediante el que se rehabilitaba en sus derechos al señor Gustavo Rojas Pinilla. Con posterioridad a la rehabilitación jurídica hecha por la Corte Suprema, el Congreso de la República expidió una resolución absolutoria a favor de Rojas Pinilla aprobada en sesión del 15 de diciembre de 1970 (Cfr. Anales del Congreso año 1970-1971).

(36) Cfr. ibíd. Corte Suprema de Justicia. Sentencia del 16 de octubre de 1967.

Finalmente, la Corte estima necesario anotar que la decisión de exaltar por medio de una ley de honores a un personaje público es una determinación política sobre cuyos méritos, oportunidad o conveniencia no le corresponde pronunciarse.

5. Alusión puntual a las competencias ejercidas en materia presupuestal por el Congreso de Colombia y el Gobierno Nacional.

5.1. La acusación central en contra de la Ley 609 de 2000 apunta a la extralimitación del legislador en sus competencias cuando expide una ley que, con el propósito de exaltar la memoria de un personaje público que prestó sus servicios al país, autoriza la realización de ciertos gastos. De esta manera, se considera que se desconocen las competencias distribuidas por la Constitución entre el Congreso y el Gobierno en materia presupuestal (C.P., art. 356 ), y se está quebrantando el principio de unidad normativa (C.P., art. 158).

5.1.1. La expedición de una serie de normas que dentro del articulado de una ley que decreta honores a un ciudadano, o que reconoce un hecho importante para la vida de la Nación o de una de sus comunidades, autoriza la realización de ciertos gastos, es una materia sobre la cual esta corporación ya se ha pronunciado:

“La Constitución, y tal como lo ha señalado esta corporación (37) , atribuye competencias diferenciadas a los órganos del Estado según los diversos momentos de desarrollo de un gasto público. Así, en relación con la objeción presidencial en el presente caso, es necesario distinguir entre una ley que decreta un gasto y la ley anual del presupuesto, en la cual se apropian las partidas que se considera que deben ser ejecutadas dentro del período fiscal respectivo. Así, esta Corte ha señalado que, salvo las restricciones constitucionales expresas, el Congreso puede aprobar leyes que comporten gasto público. Sin embargo, corresponde al gobierno decidir si incluye o no en el respectivo proyecto de presupuesto esos gastos, por lo cual no puede el Congreso, al decretar un gasto, “ordenar traslados presupuestales para arbitrar los respectivos recursos” (38) . Por ende, el escrutinio judicial para determinar si en este aspecto una ley es o no constitucional consiste en analizar si la respectiva norma consagra “un mandato imperativo dirigido al ejecutivo”, caso en el cual es inexequible, “o si, por el contrario, se trata de una ley que se contrae a decretar un gasto público y, por lo tanto, a constituir un título jurídico suficiente para la eventual inclusión de la partida correspondiente, en la ley de presupuesto” (39) , evento en el cual es perfectamente legítima” (40) .

(37) Ver, entre otras, las sentencias C-490/94, C-360/96, C-017/97 y C-192/97.

(38) Sentencia C-490/94, M.P. Eduardo Cifuentes Muñoz.

(39) Sentencia C-360/94, M.P. Eduardo Cifuentes Muñoz. Fundamento jurídico Nº 6.

40. Corte Constitucional. Sentencia C-324 de 1997, M.P. Alejandro Martínez Caballero. aquí se estudiaron las objeciones presidenciales al Proyecto de Ley 157/95(S) y 259/95(C) “Por medio de la cual la Nación se asocia a la celebración del sesquicentenario de la ciudad de Manizales y se vincula con la financiación de algunas obras de vital importancia para esta ciudad”; la doctrina contenida en la cita fue reiterada en la Sentencia C-196 de 2001, M.P. Eduardo Montealegre Lynett. En esta ocasión se declaró la exequibilidad el artículo 4º del Proyecto de Ley 122/96 Senado-117/95 Cámara, “por la cual se honra la memoria de un ilustre hijo de Boyacá”, salvo la expresión “y traslados presupuestales”, que se declara inexequible, como resultado de las objeciones presentadas por el Presidente de la República. Estas sentencias recogen las reglas establecidas por la Corte desde sus inicios (Cfr. sentencia C-057/93 M.P. Simón Rodríguez Rodríguez. En esta oportunidad se declararon infundadas las objeciones de inconstitucionalidad formuladas por el ejecutivo al Proyecto de Ley 134 de 1989 (S), 198 de 1989 (C) “Por la cual la Nación se asocia a la celebración de los 450 años del municipio de Marmato, departamento de Caldas y se dictan otras disposiciones”. Aquí se consideró que la autorización de gastos que hace el Congreso al gobierno no implica, en principio, la limitación de las atribuciones que tiene cada órgano en la formulación de la política presupuestal).

En el presente caso, el balance que debe existir entre la rama legislativa y ejecutiva en materias que involucran la creación de gastos se mantiene, pues es a través de una ley de la República (la 609 de 2000) que se está autorizando el gasto público a favor de ciertas obras y causas de alguna forma relacionadas con la memoria del personaje al que se rinde honores. Al hacerlo, el Congreso ejerce una función propia (C.P., art. 150, num. 15) que en todo caso guarda proporción con las demás disposiciones en la materia, pues se mantienen incólumes la facultad del legislador para establecer las rentas nacionales y fijar los gastos de la administración (C.P., art. 150, num. 11), la imposibilidad de hacer en tiempo de paz ningún gasto público que no haya sido decretado por el Congreso (C.P., art. 345), y la necesidad de incluir en la ley de apropiaciones partidas que correspondan a un gasto decretado conforme la ley anterior (C.P., art. 346). También se preservan las atribuciones del Gobierno Nacional en materia de hacienda pública pudiendo, entre otras cosas, elaborar anualmente el presupuesto de gastos y ley de apropiaciones que habrá de presentar ante el Congreso (C.P., art. 346).

Así, la Ley 609 de 2000 es, entre muchas otras, una norma legal que el gobierno habrá de tener en cuenta para incluir en futuras vigencias fiscales, dentro del presupuesto nacional, los gastos públicos que en ella se autorizan con el propósito de exaltar la memoria del ex general Gustavo Rojas Pinilla. De este modo, “la iniciativa parlamentaria para presentar proyectos de ley que decreten gasto público, no conlleva la modificación o adición del presupuesto general de la Nación[;] simplemente esas leyes servirán de título para que posteriormente, a iniciativa del gobierno, se incluyan en la ley anual del presupuesto las partidas necesarias para atender esos gastos...” (41) . En este orden de ideas, las autorizaciones que allí se hacen a pesar del lenguaje imperativo con el que están redactadas y la alusión a sumas de dinero concretas, no dejan de ser disposiciones que entran a formar parte del universo de gastos que ha de tener en cuenta el gobierno para formular el proyecto de presupuesto anual y, en todo caso, las erogaciones autorizadas que se incorporan al proyecto anual del Presupuesto General de la Nación, formarán parte de éste “de acuerdo a la disponibilidad de los recursos, y las prioridades del gobierno” (42) , siempre de la mano de los principios y objetivos generales señalados en el plan nacional de desarrollo, en el estatuto orgánico del presupuesto y en las disposiciones que organizan el régimen de ordenamiento territorial repartiendo las competencias entre la Nación y las entidades territoriales.

(41) Corte Constitucional. Sentencia C-343 de 1995, M.P. Vladimiro Naranjo Mesa. En esta oportunidad se declararon infundadas las objeciones presidenciales al Proyecto de Ley 156 de 1993 del Senado de la República y 45 de 1993 de la Cámara de Representantes “por medio del cual se declara monumento nacional el Templo de San Roque, en el barrio San Roque de la ciudad de Barranquilla, departamento del Atlántico”.

(42) Éste el principio orientador contenido en el artículo 39 del Decreto 111 de 1996 (estatuto orgánico del presupuesto).

Algo más: revisado el contenido del texto de la Ley 609 de 2000 se puede concluir (tal y como lo sugiere en su concepto el señor procurador), que ninguno de los proyectos y gastos en ella autorizados, recaen sobre actividades que correspondan ser adelantadas de manera exclusiva por alguna entidad territorial, tal y como lo dispone la Ley 60 de 1993 (43) , pues ni la construcción de un auditorio en la Universidad Pedagógica y Tecnológica de Tunja (de carácter nacional) (44) , ni el mantenimiento de bienes históricos o culturales, o la producción de obras para difundir el pensamiento del ex general Rojas, en los términos de la ley demandada, son asuntos que quepan dentro de la órbita de las competencias que en materia de educación o cultura cumplen los departamentos o los municipios (45) , lo mismo puede decirse de la autorización de dineros con destino a la adecuación del edificio municipal de la ciudad de Tunja (46) , pues nada impide que el Gobierno Nacional contribuya a la ejecución de obras públicas en beneficio de las entidades descentralizadas. Tampoco la emisión de una estampilla en recuerdo de Rojas Pinilla (47) , o las labores de readecuación del aeropuerto de Tunja (48) comprometen a los entes territoriales. Finalmente, la autorización de dineros para la adecuación del edificio municipal de la ciudad de Tunja riñe con la Constitución (49) , pues nada impide al Gobierno Nacional contribuir a la ejecución de obras públicas en beneficio de las entidades descentralizadas cuando éstas tiene un significado nacional o sean también de interés para la Nación, como lo ha declarado la Ley 609.

(43) Cfr. Ley 50 de 1993 artículos 2º, 5º y 21, entre otros.

(44) Cfr. artículo 4º de la Ley 609 de 2000.

(45) Cfr. artículos 6º, 7º y 8º de la Ley 609 de 2000.

(46) Cfr. artículo 5º de la Ley 609 de 2000

(47) Cfr. artículo 3º de la Ley 609 de 2000

(48) Cfr. artículo 6º de la Ley 609 de 2000

(49) Cfr. artículo 5º de la Ley 609 de 2000

5.1.2. La ley objeto de estudio tampoco desconoce el principio de unidad normativa en materia legislativa, tal y como lo consagra el artículo 158 superior, pues es clara la vinculación que existe entre el deseo de exaltar la memoria del ex general Gustavo Rojas Pinilla y la realización de una serie de obras en su honor, pues ésta es, en últimas, la manera como se logra el objeto perseguido por la Ley 609 de 2000. Sin embargo, no puede olvidarse que este tipo de disposiciones, denominadas leyes de honores, “producen efectos particulares sin contenido normativo de carácter abstracto” (50) .

(50) Corte Constitucional. Sentencia C-544 de 1996, M.P. Vladimiro Naranjo Mesa. Se declaró exequible el aparte demandado de la Ley 32 de 1969 “por la cual se decreta la denominación de un aeropuerto”.

Así, desde el punto de vista material, tales leyes no crean, extinguen o modifican situaciones jurídicas objetivas y generales que son propias a su naturaleza “pues simplemente se limitan a regular situaciones singulares, cuyo alcance es únicamente la situación concreta descrita en la norma, sin que sean aplicables indefinidamente a una multiplicidad de hipótesis o casos” (51) .

(51) Cfr. ibíd. Sentencia C-544 de 1996.

Por estas razones, se declarará la exequibilidad de la Ley 609 de 2000 respecto de los cargos analizados.

VII. Decisión

En mérito de lo expuesto, la Sala Plena de la Corte Constitucional, administrando justicia en nombre del pueblo y por mandato de la Constitución,

RESUELVE:

1. Declarar EXEQUIBLE la Ley 609 de 2000, respecto de los cargos analizados.

Notifíquese, comuníquese, publíquese, insértese en la Gaceta de la Corte Constitucional y archívese el expediente.

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